MURCIA.- La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red,
Consumur, tras conocer la propuesta del gobierno regional de suprimir la
disposición adicional única, sobre el personal en las instalaciones de
venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción, de la Ley 4/1996,
de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la
Región de Murcia, muestra su absoluto rechazo, al generar una grave
situación de indefensión en los consumidores y usuarios.
En
el año 2015, a raíz de la proliferación de gasolineras "low cost",
carentes de personal, y tras un debate sobre las mismas, el gobierno
regional incorporó una disposición adicional única a la mencionada Ley,
en la que se regulaba:
"Al efecto, entre otros, de
lo previsto en el artículo 4 de la presente ley, todas las
instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción
deberán disponer en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas
y en servicio, al menos de una persona responsable de los servicios que
en ellas se prestan, al objeto de garantizar el ejercicio de los
derechos reconocidos en esta ley.
Las personas con
alguna discapacidad que les impida el suministro de combustible en
régimen de autoservicio serán atendidas por una persona responsable de
las instalaciones. Todo ello sin perjuicio de lo establecido para las
instalaciones que disfrutan de un régimen especial de distribución y, en
particular, las cooperativas que no presten servicios a terceros."
No
obstante, durante estos años ha existido una laxitud en la aplicación
de la normativa, hecho que ha sido continuamente denunciado por
representantes del sector y organizaciones de consumidores y usuarios.
Para Consumur, la eliminación de esta obligatoriedad supondrá una
vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios, recogidos en
el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
La ausencia de personal provoca que el consumidor no
pueda presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura,
verificar si las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas o
si el surtidor funciona correctamente. Además, vulnera los requisitos de
seguridad exigidos en la normativa del sector de hidrocarburos, al
trasladar toda la responsabilidad al consumidor.
Así mismo, la ausencia de medios humanos vulnera especialmente la protección de las personas con discapacidad.
Ante
esta propuesta política, Roberto Barceló Vivancos, Presidente de Consumur, considera que "Los derechos de los ciudadanos como
consumidores y usuarios no pueden sufrir un retroceso. Y menos para los
colectivos más expuestos y desprotegidos. Legislar a favor de la parte
empresarial, teniendo en cuenta plenamente sus demandas y beneficios
económicos, la vulneración de leyes que legitiman el avance social, solo
pone de manifiesto, la falta de sensibilidad y la desprotección a la
que se nos somete por parte de las administraciones públicas, quienes
tienen el deber de proteger nuestros intereses, cuando son justos, ante
el Mercado. Mal ejemplo de gobierno y de praxis política. Ante ello el
desencuentro ciudadano debe expresarse públicamente".
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