MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista no entiende que los Servicios Sociales
municipales, ya saturados por el elevado número de familias sin recursos
como consecuencia de la crisis económica, tengan que hacer frente al
pago y a la tramitación del bono social regulado por el Gobierno central
del PP
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia llevará al
Pleno a celebrar el jueves de la semana que viene una moción
defendiendo que Montoro y las empresas eléctricas corran con el coste de
la tramitación del bono social para las familias con escasos recursos
que se enfrentan mensualmente a la obligación de tener que abonar la
factura de la energía eléctrica que consumen.
El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la
figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de
protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica,
traslada a los servicios sociales de los ayuntamientos la tramitación y
el coste de la factura eléctrica de las familias que, como consecuencia
de la crisis, no puedan abonar el recibo de la luz.
La concejala del PSOE Begoña García Retegui así lo explica: "Según
dispone la nueva norma, se evitará el corte de suministro eléctrico a
los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los
servicios sociales, ya sean locales o autonómicos, abonan la factura".
"Ante una situación de impago el proceder de las compañías eléctricas
será indicar a sus clientes que acudan a los servicios sociales y si
estos pagan el 50% de sus facturas, entonces no se les cortará el
suministro", añade la edil socialista.
Igualmente se instará al equipo de Gobierno a que pida la reforma del
real decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono
social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de
energía eléctrica.
Además, para que no se haga recaer el coste de las medidas de
protección en las administraciones territoriales titulares de los
servicios sociales se solicitará que se incluya en los Presupuestos
Generales del Estado una dotación económica suficiente para sufragar el
coste de la protección al consumidor vulnerable.
Esta partida presupuestaria se repartiría entre las comunidades
autónomas según los criterios que se acuerden en el Consejo Territorial
de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.
Por otra parte, se instará al equipo de Gobierno a que solicite,
mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una norma que
impida el corte del suministro de gas a los consumidores vulnerables.
García Retegui recuerda que los Presupuestos Generales del Estado no
contemplan el impacto de la medida y que "se han obviado y ninguneado
los sistemas de protección ya existentes en algunas comunidades
autónomas y ayuntamientos", al tiempo que critica que "se discriminan
positivamente algunas circunstancias, como a las familias numerosas con
independencia de sus ingresos, mientras que otras mucho más castigadas
actualmente como la monoparentalidad o la soledad no son tenidas en
cuenta".
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