El dinero del Estado que a la Región de Murcia debiera corresponderle 
por financiación lo recibimos como préstamo. Es algo así como si la 
empresa para la que usted trabaja, al ingresarle su nómina, le 
advirtiera de que se trata de un préstamo que más tarde ha de devolver. 
El Gobierno central, con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ha
 tenido a bien conceder 430 millones de euros a la Comunidad para el 
pago de facturas, y encima tendremos que aplaudir el gesto y mostrar 
agradecimiento. 
Pero la realidad es que la deuda autonómica sigue
 creciendo, y ya casi dobla el presupuesto. Da igual si crece a mayor o 
menor ritmo que en el periodo álgido de la crisis. El caso es que crece,
 y no hay modo de frenarla. Nos manejamos con unos 4.000 millones de 
presupuesto, y esto poniendo alguna imaginación sobre los ingresos que 
habrán de producirse, mientras que el debe, acerca del que no hay 
ninguna imprevisibilidad, va ya por los 7.000 millones o por ahí. Es 
obvio que jamás de los jamases se podrá devolver la deuda. Si la 
Comunidad Autónoma cerrara desde el próximo 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2016, dejara de prestar todos sus servicios, clausurara 
escuelas, universidades y hospitales y sus miles de empleados se tomaran
 el año sabático a su propia cuenta, a la vuelta nos encontraríamos con 
que aun después de haber ahorrado 4.000 millones seguimos debiendo casi 
otros 4.000. Y esta posibilidad, claro, es de política-ficción. 
¿Hacia
 dónde vamos? No hacia la ruina absoluta, puesto que ya estamos en ella.
 La Comunidad de Murcia es inviable técnica y económicamente con las 
cifras que se manejan. Y lo es hasta el punto de que si mañana mismo se 
actualizara el modelo de financiación, seguiría siendo inviable a no ser
 que se realizara una quita que eliminara la deuda con el Estado que 
desde hace años se viene cebando. No hablamos ya de la ´deuda 
histórica´´ „nunca satisfecha, y menos reconocida, porque el Gobierno 
del PP murciano sólo la reclamaba cuando en España gobernaban los 
socialistas„, sino de la ´deuda posthistórica´, la que ahora mismo 
estamos acumulando.
La normalización del sistema de financiación 
habría sido posible en la actual legislatura, con un Gobierno de mayoría
 absoluta „da igual que sea del PP, pero con autoridad para hacer una 
distribución justa sin apaños para ajustar la hegemonía parlamentaria„, 
pero esa oportunidad ha pasado. Y el futuro es incierto. Muy incierto. 
Es obvio que la cuestión catalana, si todavía pudiera parchearse, sería a
 cuenta de privilegiar financieramente a ese territorio respecto a los 
que menos políticamente pintan en el conjunto del Estado. Pero, además, 
los Presupuestos Generales, no están para bromas, y hay que contemplar 
que entramos en una fase en que los capítulos militar y de seguridad van
 a arrebatar cualquier tentación a la alegría. 
El camino por el 
que nos llevan no conduce a la normalización del sistema de 
financiación, sino a una perspectiva de mayores y más feroces recortes. 
Vendrán tras el 20D, y no hace falta ser agorero. Esta Comunidad, que 
recibe una financiación muy inferior a lo que le correspondería y que ha
 de mantener sus servicios, especialmente la Sanidad, gracias a los 
préstamos del Gobierno central con que intenta compensarse el desajuste 
de manera provisional, no puede ni podrá cuadrar sus cuentas. Vive 
técnicamente del aire, en el préstamos infinito. Pero los préstamos hay 
que devolverlos. Puede llegar un momento, y no muy lejano, en que si 
esta manera de huir hacia adelante no se frena, sólo habrá dinero, si lo
 hay, para pagar la deuda. La deuda se lo comerá todo. Incluso a pesar 
de que el FLA llega al cero por ciento de interés, pero no está 
garantizado que esto sea eterno, pues las fluctuaciones en los mercados 
internaciones y los cambios en los mecanismos de regulación de EE UU o 
de Europa, a expensas de todas las eventualidades imaginables, pueden 
eliminar esa idealidad de un día para otro. 
Nada es seguro. O mejor, lo único seguro es que ante cualquier convulsión la deuda será lo único que persista. Esto lo sabe cualquiera en la vida cotidiana, Pero en política, que se lo pregunten a los griegos, por ejemplo.
Cada 
murciano, incluyendo los bebés de pecho, los apolíticos y los 
mediopensionistas debe unos 5.000 euros, pero si nos remitimos tan sólo a
 la población activa la cifra puede alcanzar a los 20.000 por cabeza. 
Sí, usted que tiene un empleo y también su mujer o marido, debe 40.000 
euros y no lo sabe. Alguna vez alguien se lo querrá cobrar y lo hará en 
los servicios para los que ya paga sus impuestos. Empezando por la 
calidad de esos servicios hasta la supresión de muchos de ellos. 
Esto
 es consecuencia de los años de pasividad de unos políticos que han 
estado pensando en donde colocar su culo en vez de trabajar por el 
interés general, y que en vez de reivindicar ante Madrid una adecuada 
financiación han utilizado sus contactos en su partido y en el Gobierno 
para proveerse de una jubilación a placer. Al actual Gobierno le ha 
caído esta herencia inmanejable, y esto a pesar de que el equipo 
económico, empezando por el consejero de Hacienda, es de una 
incontestable solvencia y capacidad. Pero lo que no pueden pretender es 
que aplaudamos que el Gobierno del partido al que pertenecen nos coloque
 como deuda aquello que nos debe por financiación. Es decir, que nos 
robe por partida doble. ¿Cuándo lo van a denunciar?

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