CARTAGENA.- El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado durante el Pleno de Control de la Asamblea Regional que el Gobierno regional tramitará como proyecto de ley la norma de vivienda después de que el Decreto-ley 3/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística, no fuera convalidado en la Asamblea la semana pasada por el rechazo de los grupos de oposición.
López Miras ha acusado
a la oposición de haber "bloqueado 25.000 viviendas asequibles para
jóvenes y familias" y ha asegurado que el Ejecutivo "no se va a detener
por los intereses partidistas de PSOE y Vox", defendiendo que "la Región
de Murcia necesita soluciones reales y urgentes en materia de
vivienda".
El presidente ha recordado que la norma "había sido
dialogada y consensuada con colectivos y agentes del sector" y que
"movilizaba suelo, acortaba trámites, aportaba seguridad jurídica y
revitalizaba los cascos antiguos y las urbanizaciones inacabadas".
Según ha dicho, la oposición "ha dado un portazo sin justificación a una ley que ofrecía oportunidades reales a miles de familias", pero el Ejecutivo "no va a resignarse a paralizar las medidas necesarias para que los jóvenes puedan emanciparse".
Por ello, ha avanzado que el Gobierno
regional "ya ha iniciado los trámites para registrar de inmediato la Ley
de Vivienda Asequible como proyecto del Ejecutivo" y que "acortará los
plazos al máximo para que llegue cuanto antes a la Asamblea".
El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha insistido en que la derogación
del decreto "ha devuelto a la incertidumbre los proyectos municipales" y
"ha hecho que las parcelas públicas que iban a destinarse a vivienda
vuelvan al laberinto de trámites".
Ha acusado a los grupos de la oposición de haber actuado "contra los jóvenes y las familias que buscan una vivienda" y de haber "rechazado un instrumento útil y eficaz para reducir precios y facilitar licencias".
Segado ha recordado que el PP
"ofreció tramitar el texto como proyecto de ley para corregir lo
necesario mediante enmiendas", pero "PSOE y Vox decidieron ignorar esa
vía de diálogo".
La sesión ha incluido también preguntas sobre
sanidad, seguridad y medio ambiente. La portavoz del PSOE, Carmina
Fernández, ha denunciado que "1.223 mujeres en la Región de Murcia no
tienen fecha para hacerse una mamografía", y ha acusado al Ejecutivo de
"falta de transparencia por ocultar los datos del programa de cribado de
cáncer de mama desde 2022".
Fernández ha reprochado a López Miras que
"haya prometido ampliar el cribado a las mujeres entre 45 y 74 años y
luego haya admitido que no podrá hacerlo hasta 2027", advirtiendo de un
incremento del 33 por ciento en las demoras y pidiendo una comisión de
investigación sobre los retrasos.
López Miras ha negado la
existencia de listas de espera en el programa de cribado y ha defendido
que "todas las mamografías solicitadas por los médicos de atención
primaria o especializada se están realizando en una media de 19 días".
Ha acusado al PSOE de "difundir falsedades sobre un tema tan sensible
como la salud de las mujeres" y ha rechazado las críticas socialistas,
asegurando que "quien le falla constantemente a las mujeres es el
Partido Socialista, el de la ley del 'solo sí es sí' y el que ha
ocultado casos de violencia de género".
Por su parte, el
portavoz de Vox, José Ángel Antelo, ha denunciado un aumento de los
delitos en la Región, citando un incremento del 33 por ciento en
homicidios y del 25 por ciento en agresiones sexuales, y ha vinculado
esa situación a la inmigración ilegal. Ha acusado al Gobierno regional
de "llenar la Región de centros de inmigrantes ilegales" y ha asegurado
que "ya no hay barrio libre de inseguridad ni de ocupaciones".
López
Miras le ha respondido que "la seguridad es una competencia exclusiva
del Estado", y ha defendido que el Ejecutivo regional "ha hecho todo lo
que está en su mano" con el plan Región de Murcia más segura, dotado con
120 millones de euros, que prevé la incorporación de 3.000 policías
locales, nuevas comisarías y más medios materiales.
Finalmente, la portavoz del Grupo Mixto (Podemos-IU-AV), María Marín, ha
preguntado qué medidas se han tomado desde la DANA de 2019 para evitar
nuevas inundaciones en el Mar Menor y ha acusado al Gobierno de "no
tener ni un plan antiinundaciones ni un plan de ordenación territorial".
Marín ha advertido que "la derogación de la moratoria urbanística en 2023 ha dejado la zona más expuesta a posibles desastres".
López Miras ha replicado que la Comunidad "ha invertido más de 75 millones de euros en colectores de pluviales y tanques de tormenta en Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Playa Honda", y ha asegurado que "estas infraestructuras han evitado que 200.000 metros cúbicos de agua con arrastres llegaran al Mar Menor".
Además, ha reclamado al Gobierno central y a la Confederación Hidrográfica del Segura que actúen "en los cauces y en el dominio público hidráulico, donde la Comunidad no tiene competencias".
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