MURCIA.- El Juzgado de 
Instrucción nº 9 de Murcia abre diligencias previas por la interrupción de 
una celebración religiosa en una Iglesia Evangélica de la ciudad, según 
ha informado este viernes en un comunicado la Asociación Española de 
Abogados Cristianos, que denunció al delegado del Gobierno en Murcia, 
José Vélez, por un posible delito de "interrupción de culto" recogido en
 el artículo 523 del Código Penal. 
 La
 citada asociación considera que los policías que llevaron a cabo la 
operación actuaron cumpliendo sus instrucciones y recuerda que el Real 
Decreto por el que se declara el estado de alarma dice textualmente en 
su artículo 11: "La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias
 civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la 
adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones 
de personas, en función de las dimensiones y características de los 
lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad 
de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro". 
 La
 presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, defiende que 
"en el Real Decreto hay un anexo en el que se detalla de forma 
exhaustiva la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al 
público queda suspendida, entre las que no se encuentran las iglesias u 
otros lugares de culto análogos". 
 Castellanos
 recuerda que "el de Murcia no es un caso aislado. Hemos presentado más 
de una decena de denuncias en distintas partes de España por actuaciones
 similares". Destaca por ejemplo la interrupción de una celebración en 
la Catedral de Granada o en la de Valladolid, así como en la Iglesia de 
San Genaro en Madrid, entre otras. 
 "Consideramos
 que estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar 
durante el estado de alarma son un abuso por parte del Gobierno, que 
está utilizando la situación para imponer su agenda laicista. Se trata 
de una persecución religiosa. La reiteración evidencia que no es algo 
casual. El gobierno está aprovechando el Estado de Alarma para acabar 
con la libertad religiosa", concluye. 
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