MADRID.- El auge y proliferación de gasolineras desatendidas en
España irá a más en los próximos meses. El Gobierno ha traslado a la
Comisión Europea su voluntad de impulsar este tipo de establecimientos
-conocidos coloquialmente como low cost o fantasmas- ante las barreras impuestas por algunas Comunidades Autónomas a su instalación.
La
respuesta se ha llevado a cabo a través de una carta consensuada entre
el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que dirige Luis de Guindos, y el de Energía, Turismo y Agenda Digital, coordinado por Álvaro Nadal.
En la respuesta, "el Gobierno ha alegado que este tipo de gasolineras
tiene suficientes garantías de seguridad y generan competencia,
beneficiando al consumidor final", según explican a El Mundo fuentes
próximas al Ejecutivo.
La respuesta del Gobierno supone un enorme aval para estas instalaciones, impulsadas en España en la Ley de Hidrocarburos del año 2013 que profundiza en la liberalización
del sector.
La Comisión Europea había requerido previamente a España
que se pronunciara sobre este asunto tras la denuncia interpuesta por la
patronal de gasolineras desatendidas (AESAE) contra el país por las
restricciones al libre mercado que supone la normativa de autonomías
como Navarra, Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares y Murcia.
Bruselas
admitió a trámite la demanda el pasado mes de marzo y el país tenía
hasta el pasado viernes para pronunciarse. El aval a la instalación de
estos puntos de suministro automáticos -en los que es obligatorio pagar
con tarjeta de crédito por la falta de personal- ha ido acompañado de
una modificación técnica que unifica a nivel nacional los requisitos de
seguridad que debe cumplir una estación de servicio, ya sea atendida o
desatendida.
"Así, las autonomías ya no podrán alegar
que estas gasolineras son inseguras si cumplen con los criterios fijados
por el Gobierno", explica Manuel Jiménez Perona, presidente de AESAE.
Cambio normativo
La
modificación reglamentaria aprobada a través de real decreto en el
Consejo de Ministros dedica un capítulo exclusivo a las "estaciones
desatendidas". Estas instalaciones están en plena expansión ofreciendo
una rebaja de entre el 5% y el 10% frente a las
estaciones de servicio de grandes petroleras como Repsol o Cepsa. El año
pasado se abrieron en el país un total de 241 nuevos puntos
de suministro, lo que equivale a una apertura cada 36 horas. Sólo entre
las cuatro grandes cadenas de este tipo de gasolineras -Ballenoil,
GasExpress, Bonarea y Petroprix- suman ya más de 200 establecimientos.
El
cambio refuerza los requisitos de seguridad de estas instalaciones. "En
el campo de las estaciones desatendidas, este Real Decreto es
continuista con el anterior, no regula la actividad, sino que define de
manera más precisa los requisitos necesarios de seguridad aplicables a
las estaciones desatendidas", explican en el Gobierno.
Entre
los requisitos que se exigirán a este tipo de estaciones de servicio
figuran, por ejemplo, instalar interruptores de paro de emergencia que
permitan el corte de corriente, además de la conexión a una central
receptora de alarma y cámaras de seguridad que registren las 24 horas la
actividad de la estación. Los depósitos deberán ser sometidos a
revisiones periódicas de detección de fugas.
La nueva norma también afecta a las gasolineras tradicionales en lo que se refiere a reformas medioambientales para evitar la contaminación del subsuelo. Estos cambios implicarán inversiones globales próximas a los 450 millones de euros,
según los cálculos del sector. Las grandes petroleras consideran que
las nuevas reglas son positivas ya que "adecúan la normativa técnica y
de seguridad industrial a las nuevas realidades del sector,
especialmente en lo referente a las estaciones de servicio
desatendidas".
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