La prueba más irrefutable de la falsedad del discurso del Gobierno
acerca de la recuperación económica y de que está intentando compensar a
los ciudadanos por los sacrificios exigidos se encuentra en uno de los
colectivos más castigados en estos años, los pensionistas, que
comenzaron a perder poder adquisitivo aquel fatídico mayo de 2010 en que
Zapatero, sin motivo, se rindió con armas y bagajes a Merkel. Los
presupuestos que el Gobierno acaba de presentar establecen para las
pensiones un incremento en 2016 del 0,25% y como la inflación, según
prevé la OCDE, será del 1,4%, se vaticina ya para ese año una nueva
pérdida de poder adquisitivo superior al 1%. Es decir, que por el
momento se rebajan las pensiones en términos reales en más del 1%,
rebaja que puede ser aún mayor si la inflación se desvía.
El 0,25% es el menor incremento que las pensiones pueden tener según
ese engendro de fórmula que se sacaron de la manga los expertos
progubernamentales sin ninguna lógica ni sentido, y que la ministra de
Trabajo santificó con la única finalidad de deprimir las pensiones hasta
el infinito. La fórmula es una simple estratagema para engañar y
disimular el objetivo que no es otro que ir deprimiendo las prestaciones
públicas a favor de los fondos privados en los que tanto interés tiene
la banca. Si cuando la economía crece cerca del 4% y la renta per cápita
a un ritmo similar las pensiones tienen que continuar perdiendo poder
adquisitivo, es evidente que ese va a ser su futuro año tras año.
El Gobierno argüirá que se trata de salvar el sistema público de
pensiones, pero este se salva y se potencia con más impuestos y no
reduciéndolos, especialmente en los tramos altos (tal como ha hecho
Montoro en la última reforma fiscal) ni eximiendo a los empresarios de
pagar cotizaciones sociales. El pasado mes de marzo el Gobierno aprobó
un límite exento de 500 euros por trabajador en las cotizaciones
empresariales que, dado el nivel tan bajo de los salarios y la picaresca
de declarar en los contratos únicamente una parte de las retribuciones
totales, implica que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo creados
están exentos de pagar Seguridad Social. Esto, junto con la tarifa
plana de 50 euros establecida para los autónomos el año anterior,
explica que, a pesar de la tan cacareada creación de empleo, los
ingresos de la Seguridad Social solo hayan crecido hasta junio un 0,77%,
mientras la afiliación lo ha hecho en el 3,4%.
El sistema público de pensiones se ha vuelto en extremo vulnerable a
partir del Pacto de Toledo con la separación de fuentes de financiación y
haciéndolo depender del montante de las cotizaciones sociales, lo que
ha dado lugar a todo ese discurso tan falaz de la relación
activos-pasivos y de la evolución demográfica (véase mi artículo del 15
de mayo de 2015), cuando lo único cierto es que mientras la renta per
cápita se incremente, no hay ninguna razón para que ningún colectivo,
sea el de los pensionistas o el de los bomberos, pierda poder
adquisitivo, como no sea por un aumento en la desigualdad de la
distribución de la renta.
El Gobierno, ante el déficit que plantea la Seguridad Social, propone
en los presupuestos que acaba de presentar para 2016 coadyuvar a su
financiación mediante impuestos. Aparentemente, esta medida iría en la
buena dirección. Recuérdese que incluso el Pacto de Toledo, en su
redacción original, y tal como fue aprobado por primera vez en el
Parlamento, no establecía una separación de fuentes total, pues a
instancias de IU, se afirmaba que las pensiones se financiarían
principalmente (y no exclusivamente) por cotizaciones. Bien es verdad
que esta matización se ha olvidado en la práctica y ahora se establece
una relación unívoca entre prestaciones y cotizaciones.
He dicho aparentemente porque cuando se ahonda en las propuestas que
circulan, el sentido es más bien el contrario. Se trata tan solo de que
determinadas prestaciones como viudedad u orfandad, al igual que ahora
las pensiones contributivas, pasen a financiarse con impuestos, con lo
que la segregación de fuentes continuará vigente presionando a la baja
las pensiones. Esta interpretación está más acorde con las últimas
medidas adoptadas por el Gobierno de sustituir las bonificaciones en las
cotizaciones sociales, que eran después compensadas por el presupuesto
del Estado, por las ayudas a cargo del presupuesto de la Seguridad
Social sin compensación alguna.
La defensa de las pensiones estriba en exigir que sean todos los
ingresos del Estado (incluyendo las cotizaciones) los que las financien
en los niveles necesarios, pero no en sustituir cotizaciones por
impuestos (por ejemplo, por IVA, tal como proponen los expertos de
FEDEA) dejando las prestaciones en el mismo grado de precariedad. El
resultado sería únicamente trasladar carga fiscal de los empresarios a
los consumidores, es decir, a todos los ciudadanos.
Por otra parte, nuestro nivel de cotizaciones (13% del PIB) está por
debajo de la media de la Eurozona (14%) y a años luz de países como
Holanda y Alemania (17%) y Francia (19%), e incluso Grecia nos supera
ligeramente. ¿Hay que continuar bajando las cotizaciones sociales? Quizá
aún más llamativo es lo relativo a impuestos. La presión fiscal en
España es ocho puntos inferior a la media de la Eurozona y de la Unión
Europea y está por debajo de países como Grecia, Polonia, Estonia,
Portugal, Malta, República Checa, Chipre, Hungría, Eslovenia, y no
digamos ya de Bélgica, Holanda, Italia, Austria, Francia, Alemania y
vale más no citar a Suecia o a Dinamarca, de las que nos separan más de
15 puntos. ¿Se puede afirmar sin cierto escándalo que no se pueden pagar
las pensiones y que hay que reducirlas? Todo es un problema de voluntad
política y de cómo se quiera redistribuir la renta. Desde luego será
difícil si lo que hace el Gobierno ante los primeros síntomas de
crecimiento y de recuperación de la recaudación es bajar los impuestos.
Para los pensionistas no solo no ha llegado la recuperación
económica, sino que no llegará nunca porque, de acuerdo con la última
reforma, se les condena año a año a que sus retribuciones bajen en
términos reales, es decir, que vayan perdiendo poder adquisitivo. Ha
desaparecido el único factor positivo del pacto de Toledo, el compromiso
de todas las fuerzas políticas de mantener la actualización anual de
las pensiones por el IPC, que si bien les negaba participar en la mejora
de la economía, al menos les garantizaba permanecer en el mismo nivel
retributivo. Lo más grave es que no parece que los partidos de la
oposición, ni siquiera los emergentes, tengan la menor intención de
cambiar la ley aprobada por el PP y retornar a la actualización. No
aparece ninguna propuesta en tal sentido. Todo lo más una leve e
inconcreta promesa de mejorar las pensiones mínimas, pero es que ya
todas son pensiones mínimas (excepto las privadas de los grandes
ejecutivos) y más mínimas van a ser en el futuro.
(*) Economista del Estado
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