El presidente Rajoy se ha declarado satisfecho por haber "convencido a
 las autoridades europeas a dar un préstamo a la banca española". 
Además, su Gobierno asegura que las condiciones que acompañen a los 
fondos conseguidos, hasta 100.000 millones de euros, quedarán en los 
límites del sistema financiero, sin consecuencias negativas para el 
Estado ni para el resto de la economía. Como ya se ha escrito y dicho 
mucho sobre el significado de la palabra rescate, y sobre si debe 
aplicarse plenamente o no al caso de la banca española, desviando el 
debate hacia cuestiones de honor o de prestigio político, yo me voy a 
centrar en las posibles consecuencias económicas del mismo y en su 
validez como solución duradera de los problemas del sistema financiero 
español.
Sabemos que el éxito de quien toma prestado debe medirse por la 
capacidad de devolución de los fondos. En el caso que nos ocupa, la 
nebulosa es muy grande, pues todavía se desconoce el montante de los 
tipos de interés, los plazos de devolución y las condiciones adicionales
 que impondrán los organismos europeos. Por si acaso, los comisarios 
europeos y la directora del FMI ya nos han leído la cartilla. Con toda 
seguridad, los sacrificios que soportará el sistema bancario serán muy 
grandes. La troika estará muy encima. Se argumenta que los señores 
vestidos de negro podrían imponer fuertes coberturas en las líneas de 
crédito, las cuales podrían menguar el volumen de negocio, obligando al 
cierre de muchas oficinas y a fuertes recortes de plantillas. La 
consecuencia sería una disminución de la rentabilidad de los bancos y 
mayores dificultades para devolver sus préstamos.
Esperemos que predominen las perspectivas positivas y que los bancos 
puedan sanear sus balances. Pero, en todo caso, no podemos ignorar la 
posibilidad de que, ante la caída de rentabilidad y quizás de 
desaparición de algunas entidades se deriven dos tipos de implicaciones.
 Por un lado, los problemas bancarios volverían a recaer sobre el Estado
 español, puesto que él figura como garante de los fondos; lo cual 
supondría más deuda y mayor déficit público y, por consiguiente, una 
presión más alta sobre la prima de riesgo. Una prueba más del círculo 
vicioso o del abrazo de la muerte entre el sector bancario y el Estado. 
Por otro lado, no fluiría el crédito entre bancos, ni tampoco entre 
estos y el sector privado. Y, dado que el crédito es una condición 
necesaria, aunque no suficiente para que vuelva el crecimiento 
económico, la recesión se prolongaría de forma dramática y cruel, 
especialmente para los parados.
No deseo ser pesimista, pero sí consciente de los escenarios malos 
que nos pueden deparar las soluciones provisionales como la que se acaba
 de adoptar. El peligro de nuevas recaídas y de contagio de problemas 
financieros importados seguirá presente si no se resuelven los problemas
 de fondo. La UE ha perdido la oportunidad de diseñar un sistema de 
protección mutuo creando una verdadera unificación bancaria. La solución
 permanente ha de ser un fondo europeo con capacidad de asistir 
directamente a los bancos necesitados, acompañado de medidas que eviten 
el riesgo moral y el aprovechamiento abusivo y desleal por parte de los 
bancos nacionales. Sabemos que esta solución no es viable ahora por 
razones normativas y estatutarias, pero los jefes de Estado y de 
Gobierno podrían aprovechar la cumbre del 28 de junio para discutir las 
bases o poner las primeras piedras de las reformas legales que permitan 
esa solución. Además, se necesita crear un Fondo Europeo de Garantía de 
Depósitos acompañado de una supervisión y una reglamentación bancaria 
supranacional. Es hora de que este tipo de acciones se entiendan no como
 opcionales sino como necesarias para que desaparezcan los riesgos de 
desvertebración europea y de desaparición del euro.
Por fortuna, los defensores de las soluciones europeas, en contraste 
con las válvulas de escape nacionales, son cada vez más numerosos. La 
canciller Merkel y algunos de sus ministros se van quedando solos. Hasta
 que logren entender que las soluciones al sistema financiero europeo 
redunda también en los propios intereses alemanes. Si la zona euro se 
resquebraja, las empresas alemanas perderán un destino muy importante de
 sus exportaciones, y no podrán conseguir préstamos en unas condiciones 
de privilegio como las que disfrutan ahora. Los líderes europeos suelen 
reaccionar tarde, a remolque de los acontecimientos económicos.
Ojalá que la crisis financiera actual sirva para ampliar la 
integración fiscal y política de la zona euro y, como consecuencia, para
 dar una solución comunitaria a los problemas bancarios no solo de 
España, sino de toda la zona euro. Quizás sea mucho pedir, pero no hay 
otra vía para lograr las soluciones permanentes. Los ciudadanos nos 
estamos cansando de los parches y de los enfoques provisionales.
(*) Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Murcia

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