Emilio Valerio murió repentinamente cuando se dirigía a pie a su domicilio, víctima de un derrame cerebral. Tenía 68 años.
Su familia ofrecerá hoy una misa funeral en Madrid y después conducirá el cadáver para su entierro a Navarra, su tierra natal. El funeral se celebrará en la más estricta intimidad, según Fuentes Informadas.
El medioambiente y el urbanismo de Madrid deben mucho a la tenacidad y valentía jurídica del fiscal Valerio.
En la Región de Murcia investigó temas relacionados con el agua de riego a partir del sospechoso manejo regional de los fondos europeos distribuidos por el Ministerio de Agricultura.
El
ex fiscal Valerio intentó hace años, entre 2004 y 2007, desde su cargo de fiscal de Medio
Ambiente, acusar a altos cargos de la Comunidad Autónoma de Murcia
del uso presuntamente fraudulento de fondos comunitarios en la Región
distribuidos por Bruselas a través del Ministerio de Agricultura, con
sede en Madrid, por lo que este fiscal se consideraba competente para
poder actuar desde la Fiscalía de Madrid.
En 2005 Valerio llegó a solicitar al juzgado nº 36 de Madrid que citase como imputados al director general de Regadíos de la Consejería de Agricultura y Agua de Murcia, Julio Bernal, y al funcionario Antonio Mendoza por un presunto delito de prevaricación o cooperación para obtención de subvenciones ilegales por un valor de unos seis millones de euros.
Bajo la jefatura de Mariano Fernández Bermejo, Emilio Valerio fue el fiscal que empezó a poner orden en el urbanismo y el medioambiente de la Comunidad de Madrid en una época, los años noventa, en que muchos ayuntamientos y sus gobernantes mostraban desidia y despreocupación en relación con estas materias y trataban de sacar tajada con el urbanismo.
Emilio Valerio Martínez de Munaín era una persona muy inteligente. Se licenció, a la vez, por la Universidad de Deusto, en Matemáticas y Derecho, con matrícula de honor en ambas. Pero decidió dedicar su vida al Derecho.
En sus investigaciones a lo largo de los años contra las tramas urbanísticas y medioambientales de las grandes poblaciones del extrarradio madrileño salieron a la luz los primeros conatos de lo que después se llamó el caso Gurtel, entre otros muchos asuntos de relevancia que él investigó.
El ex fiscal general Jesús Cardenal elogió su labor en reiteradas ocasiones por su actividad al frente de medioambiente.
Tras dejar la fiscalía hace unos años, donde también llevó las área de delitos laborales, económicos y de vigilancia penitenciaria, decidió dedicarse a la abogacía. Uno de sus hijos ha seguido sus pasos, el Derecho.
Absuelto
El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, con sede en Pamplona, lo dejó absuelto en enero de 2022 y también a su esposa, la periodista Marlen García García, de los 33 delitos por los que había sido acusado por el Ministerio Fiscal al no haberse podido probar que hubieran ideado una trama de falsificación de facturas falsas a través de las que reflejaban entregas inexistente de bienes y prestaciones de servicios a otras sociedades, según avanzó igualmente confilegal.com.
Consiguiendo con ello la devolución indebida, por parte de la Hacienda Tributaria de Navarra, del IVA supuestamente soportado en las mencionadas facturas.
El matrimonio fue enjuiciado, cada uno individualmente, por un total de 15 delitos contra la Hacienda Pública, 15 delitos de falsedad documental, un delito de frustración de la ejecución, un delito de blanqueo de capitales y un delito de pertenencia a banda armada.
También fueron absueltas sus empresas, Laderas de Montejurra, S.L.; La Vasconia Compañía de Cervezas, S.L.; Bandera de San Andrés, S.L.; Olaldea Compañía de Compercio, S.L.; Abbatia Compañía Cervecera del Norte, S.L.; Abauntza, S.L.; Talleres de Costura. S.L.; Izar & Alai, S.L.; y Compañía Agraria San Veremundo, S.L.
Todas ellas habían sido imputadas, como personas jurídicas, por delitos contra la Hacienda Pública, delitos de falsedad en documento mercantil oficial, delitos continuados de blanqueo de capitales, delitos de frustración de la ejecución y delitos de organización criminal.
Los magistrados José Francisco Cobo Sáenz –presidente–, Aurora Ruiz Ferreiro y Ana Montserrat Llorca Blanco, como ponente, tampoco consideraron que se hubiera conseguido probar en el juicio que la constitución de la sociedad Hacienda Agraria de DiCastillo, con fecha de 31 de mayo de 2017, se hubiera llevado a cabo para ocultar bienes y dificultar el embargo de seis inmuebles propiedad de cuatro mercantiles de Valerio y de García.
Nada de ello se habría podido acreditar, según la sentencia 7/2022, que tiene fecha de 28 de diciembre de 2021.
El Ministerio Público solicitaba 37 años de prisión para el ex fiscal y multas que ascendían a un total de 4.499.805,01 euros y 4 años de cárcel para su esposa, como partícipe a título lucrativo.
La petición de la Comunidad Foral de Navarra, aunque sensiblemente inferior en años de cárcel para el ex fiscal Valerio y para su esposa –7 años y nueve meses de prisión–, era sensiblemente superior en multas: 15.894.696,86 euros (tres veces y media la cuantía defraudada en cada uno de los 15 delitos contra la Hacienda Pública).
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