CARTAGENA.- El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha atribuido el incumplimiento
del contrato de construcción del aeropuerto de Corvera a la crisis
financiera de 2008, la pérdida de financiación por parte de Bankia, la
competencia de los aeropuertos de San Javier y Alicante, y los cambios
normativos del sector aéreo.
Así lo ha manifestado durante su
comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación de la Asamblea
Regional sobre la fallida liquidación del contrato de concesión del
Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
"En 2006
cuando se presenta la oferta del proyecto, había entidades financieras
comprometidas con su financiación. Pero en 2008, tras la adjudicación,
Bankia se retiró y el proyecto se volvió inviable económicamente", ha
explicado.
Según Manrique, la sociedad concesionaria (Aeromur)
intentó sin éxito reequilibrar económicamente el contrato y construir
el aeropuerto con recursos propios y líneas de crédito.
"Fue
una situación límite", ha reconocido, añadiendo que "entre 2010 y 2012
se culminaron las obras a pesar de todas las dificultades".
El
presidente de Sacyr ha asegurado que la concesionaria siempre tuvo
voluntad de abrir el aeropuerto, pero se encontró con nuevas exigencias
normativas, retrasos administrativos y decisiones del Ministerio de
Fomento que dificultaron su puesta en marcha.
"En 2011 se
inauguró una nueva terminal en Alicante con una inversión de 658
millones y se amplió la pista de San Javier, lo que complicó aún más la
viabilidad del aeropuerto de Corvera", ha dicho.
Respecto al
actual proceso de liquidación, Manrique ha expresado su deseo de llegar a
un acuerdo con la Comunidad Autónoma, reconociendo que la sociedad
tiene un crédito con la administración regional de 143 millones de
euros.
"Nos hubiera gustado resolver esto de forma rápida,
pero han pasado años sin lograrlo. Cuando trabajábamos juntos,
conseguimos hitos importantes. Desde que vamos por separado, llevamos 12
años en los tribunales", ha lamentado.
Durante su
intervención, Manrique ha defendido el modelo de colaboración
público-privada, destacando que "el futuro viene por la colaboración
público-privada".
Ha remarcado que "la idea extraordinaria, imaginativa y
valiente de hacer un aeropuerto en Murcia fue posible precisamente
porque empresas privadas y la administración caminaron de la mano".
A su juicio, este tipo de colaboración fue clave para lograr que el
Ministerio de Fomento declarara el aeropuerto de interés general, que se
aprobara el proyecto, y que se consiguiera el aval financiero.
"Hicimos un aeropuerto muy bueno. Pero cuando se separaron los caminos
entre lo público y lo privado, comenzaron los problemas", ha asegurado.
La sesión también ha contado con la comparecencia de Ana Tudela
García, directora de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma.
Tudela ha detallado que, tras la resolución del contrato, la
Consejería de Fomento aprobó la liquidación de las inversiones
realizadas por Aeromur por un importe de 143 millones de euros, además
de tasar en 180 millones los daños y perjuicios causados a la
Administración regional, estableciendo un saldo final de liquidación del
contrato de 36,3 millones.
Ha añadido que esta orden de
liquidación no incluía los créditos derivados de la ejecución del aval,
que fueron reclamados por separado por la Consejería de Hacienda,
generando varios contenciosos administrativos.
Tudela también
ha explicado que la sociedad concesionaria reclamaba a la Administración
más de 500 millones de euros, incluyendo inversiones supuestamente no
reconocidas, lucro cesante y la devolución de la garantía incautada.
Durante su mandato, el procedimiento se mantuvo en suspensión por
derivación a la unidad de mediación judicial del TSJ entre noviembre de
2022 y marzo de 2024.
Finalmente, según ha dicho, el TSJ dictó
sentencia anulando la liquidación del contrato por considerar caducado
el expediente de daños y perjuicios, pero desestimó las pretensiones de
la concesionaria, ratificando que la liquidación de inversiones
realizada por la Comunidad era un acto firme y consentido por no haberse
recurrido en plazo.
Además, ha expuesto que "se está haciendo
un seguimiento meticuloso del concurso de acreedores y llegado el
momento promoveremos todas las medidas que salvaguarden todos los
intereses económicos de la Comunidad".
Por parte de los grupos
parlamentarios, el socialista Alfonso Martínez ha calificado el
aeropuerto como "un fraude" que podría costar hasta 336 millones de
euros a las arcas públicas.
"No ha creado empleo y tiene menos
tráfico que San Javier", ha criticado, cuestionando también las
previsiones de tráfico aéreo que, según Aeromur, iban a superar los 14
millones de pasajeros en 2030. "Una estimación completamente irreal", ha
dicho.
Vox, por su parte, ha señalado que la crisis
financiera y el exceso de optimismo de la clase política y empresarial
fueron claves en el fracaso. "Desde 2013 la Comunidad se embarca en una
batalla judicial que hará muy difícil recuperar lo invertido", ha
advertido Ignacio Arcas.
Desde Podemos, Víctor Egío ha
insistido en que "sin el testimonio de los expresidentes de la
Comunidad, como Valcárcel, no se podrá obtener una visión completa".
Además, ha señalado que "fue un proyecto impulsado más por intereses
personales que por criterios de viabilidad", y ha pedido "autocrítica"
ante unas previsiones que nunca se cumplieron.
El Partido
Popular, a través de Víctor Martínez-Carrasco, ha recordado que el
procedimiento judicial todavía sigue abierto y que, por tanto, no se
puede hablar de una "liquidación fallida".
Ha defendido la colaboración
público-privada y ha considerado que "se actuó de forma responsable ante
los incumplimientos del contrato", reconociendo los riesgos que
conllevaba un proyecto de esta envergadura.
Igualmente,
considera que el Gobierno regional "siempre ha tenido claro que contar
con un aeropuerto es clave para que la Región de Murcia aumente su
competitividad y se convierta en un destino turístico de referencia" y
ha matizado que "además de la rentabilidad, se debe tener en cuenta el
servicio que el aeropuerto presta a los ciudadanos de la Región; las
oportunidades sociales que ofrecen las infraestructuras en general van
más allá de su coste".
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