miércoles, 15 de enero de 2020

Ciudadanos se ríe de todos y deja caer a Isabel Franco y Búhos en Puente Tocinos

La cúpula judicial, a degüello contra el nuevo Gobierno / José Antich *

Que la primera instancia en emitir un comunicado inusual y extraordinariamente crítico contra unas declaraciones del nuevo gobierno español de coalición haya sido la cúpula judicial, demuestra bien a las claras que la batalla ya se ha abierto y se va a disputar con luces y taquígrafos. 

La reacción del CGPJ contra Pablo Iglesias ha hecho las delicias de la derecha y eso que lo que ha manifestado es, aunque escueza, una obviedad. ¿O acaso las resoluciones de los tribunales europeos en lo que se refiere, primero, a las euroórdenes y, después, a la inmunidad, no han dejado en mal lugar a la justicia española? ¿Es exagerado decir, como ha afirmado el vicepresidente, que han supuesto una humillación para el Estado español? ¿Qué han hecho si no el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Alemania, Escocia, Bélgica, sino enmendar la plana al Tribunal Supremo?

Otra cosa es que irrite al deep state escuchar esto en boca de un vicepresidente del gobierno de España y que, hasta el lunes, era tan solo secretario general de Podemos. La airada reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), marcando territorio, es una señal que el conflicto va mucho más allá de Podemos y que el objetivo directo es Pedro Sánchez. 

Sorprende, eso sí, que hayan abierto tan pronto las hostilidades y que la cúpula judicial pretenda cortar de raíz lo declarado por Iglesias puntualizando que, "desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro estado social y democrático de derecho". 

Unas palabras con un destinatario claro y que encontraron a última hora de la tarde respuesta de la Moncloa, que salió en defensa de su vicepresidente y cerrando filas.

El nombramiento de la nueva fiscal general del Estado en el primer Consejo de Ministros, la polémica ex ministra de Justicia Dolores Delgado, y las virulentas reacciones que hubo, ya fue un primer signo de que la derecha y una parte importante de la izquierda española iba a responder a las primeras de cambio con agresividad. 

También, que fácilmente interpretaría que detrás de todo ello puede haber un intento por parte de Pedro Sánchez de desjudicializar el conflicto catalán y, quién sabe, si acabar reformando el Código Penal para modificar los delitos de rebelión y sedición, y facilitando la salida de los presos políticos. 

Es una propuesta electoral de los comunes si llegaban al Gobierno, y a ello se acogerán los partidos independentistas, aunque no hay ninguna garantía de que haya agua en la piscina y el PSOE acabe validándola. En cualquier caso, falta tiempo y, además, la voluntad política con Sánchez nunca es segura.

Es fácil comparar la situación política actual con la que se vivió tras la moción de censura y aquel espejismo duró muy pocas semanas. El independentismo viene, por tanto, de aquella experiencia que no es tan lejana. 

Si acaso, una cosa ha cambiado respecto a entonces: Sánchez tiene más enemigos que nunca, ha roto sus puentes con una parte significativa del stablishment, el entorno del Rey emite incomodidad, cuando no enojo, y la cúpula judicial controlada por el PP y que no puede cambiar no le va a dejar pasar ni una. 

Eso, mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene que cesar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y nombrar precipitadamente a un sustituto porque el dimisionario le había entregado al Rey un informe explosivo sobre las Fuerzas Armadas puenteando a la ministra.

Si curioso es que Sánchez cambie, como quien da la vuelta a un calcetín, aliados, discursos y compromisos, más sorprendente acaba siendo que se adentre en un terreno vedado hasta la fecha al poder político como es pretender reformar la justicia y desplazar la alta judicatura del peligroso lugar al que ha llevado el Estado español. Aquella que decía proteger la democracia y que no cesaba de actuar contra ella y quienes la defendían.


 (*) Periodista y director de El Nacional




Violacion de menores tutelados en centros de menores

Queremos dejar constancia que lo que recientemente ha pasado en Mallorca sobre la violacion de menores tutelados en centros de menores no es un caso aislado, sino que está ocurriendo a nivel nacional en algunos centros de menores de España, inclusive en algunas familias de acogida de dichos menores por lo que algunos ya han sido condenados como ocurrió en Valencia con un ex concejal y con otros muchos más entendemos que debe conocerse lo que está ocurriendo en nuestro país como venimos denunciando ya muchos años atrás.

Hemos pedido reuniones a políticos de todos los partidos, jueces y fiscales para tratar todos estos asuntos desde el año 2014 y dan la respuesta por callada pero cada dia hay más casos de violaciones de niños tutelados en centros de menores ante la pasividad de todas las autoridades que, a sabiendas lo que sucede siguen tutelando niños y poniéndolos en graves riesgos fisicos y psicilogicos lejos de protegerlos.

Y lo mas grave, que también hemos denunciado a las autoridades que muchos niños son tutelados irregularmente en base a informes falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismos, elaborados por los Servicios Sociales, Equipos Psicosociales y general el Estado y todo ello denunciado en Fiscalia que hasta la fecha ha dado callada por respuesta y ningún procesado ante semejante barbaridad y sin saberse aun si en Fiscalia estan investigando todo o no porque todo va a peor de antes de destaparse y ninguna institution con capacidad para frenar esta situación pone freno.
 
Todo es muy grave y lo pasamos a los medios de comunicacion para que se hagan eco de lo que acontece e informen a la sociedad de una vez.


Atentamente,


 José Maldonado, 
presidente de la Asociación Nacional del Menor Gitano

martes, 14 de enero de 2020

La 'policía laboral' de Podemos elevará las inspecciones y endurecerá las multas contra el fraude en la contratación, el registro horario o la igualdad de género


MADRID.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social dependerá del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el departamento capitaneado por Yolanda Díaz que ha caído en la cuota de Unidas Podemos en el Gobierno de Coalición. El destino de esta área ha sido uno de los principales puntos de fricción a la hora de separar Trabajo de Seguridad Social y finalmente serán los de Pablo Iglesias los encargados de coordinar estas políticas. Su agenda pasa por la intensificación de las actuaciones y el endurecimiento del régimen de infracciones y sanciones. Otro claro aviso a las empresas, a juicio de La Información.

Despojada de la gestión de las pensiones públicas, que se queda el independiente José Luis Escrivá, nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Díaz ha peleado hasta el último momento por hacerse con la 'policía laboral'. Se trata de una herramienta básica y prioritaria para su cartera, pues desde allí vigilará el adecuado  funcionamiento de sectores y empresas en base a la legislación laboral vigente y podrá lanzar campañas específicas contra el fraude en materias como la contratación, el registro horario o la igualdad de género.
La hoja de ruta del PSOE y Unidas Podemos es contundente en esta materia. Respecto a la contratación, por ejemplo, apuestan por reforzar el control de los contratos a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento y garantizar unas condiciones iguales al tiempo completo. Para ello intensificarán las actuaciones de la Inspección, particularmente en materia de tiempo de trabajo y de economía irregular, y endurecerán el régimen de infracciones y sanciones aplicables frente a eventuales incumplimientos por parte de la empresas. También reforzarán la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial. Todos estos aspectos son prioritarios.
Asimismo, en el acuerdo programático de los socios de la coalición progresista se avanza que se revisarán las causas del despido, otra materia que corresponde al área de Yolanda Díaz, con la derogación de la reforma laboral del PP en un horizonte no muy lejano. 
El objetivo es hacer más precisa la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y aquí apuestan por reforzar el papel de la ITSS y la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos y en otros expedientes de regulación de empleo. 
El impulso a la lucha contra el fraude laboral se hará desde las nuevas tecnologías, "automatizando y conectando procesos y 'big data' de diversas unidades administrativas y reforzando el sistema de control y sancionador", reza el documento. 
Los esfuerzos se centrarán en tres áreas: el abuso de la contratación temporal concatenada; el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial; y las relaciones extra laborales llevadas a cabo en casos de falsos autónomos, falsos cooperativistas o falsos becarios.
Este control también se llevará al área de igualdad, política medular del nuevo Gobierno. Aquí Díaz hará tándem con Irene Montero para legislar en materia salarial y aumentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en las empresas, entre otros asuntos. Para velar por el cumplimiento de estas medidas aquí también quieren potenciar las inspecciones laborales e incrementar las multas a las empresas incumplidoras. En paralelo, se creará la Oficina Estatal de lucha contra la discriminación, integrada en el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Más carga para los inspectores

En definitiva, mayor control... y más carga de trabajo para los inspectores. Unos profesionales que han denunciado en numerosas ocasiones la saturación y la falta de medios ante los nuevos planes de choque puestos en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez: los 'riders', las camareras de piso, la contratación temporal, el salario mínimo, el registro de jornada... 
Durante la etapa de Magdalena Valerio se alcanzó una plantilla récord de 2.055 efectivos, pero insuficiente para hacer frente a la carga de actuaciones, según se quejan los sindicatos de inspectores.
Este control también se llevará al área de igualdad, política medular del nuevo Gobierno. Aquí Díaz hará tándem con Irene Montero para legislar en materia salarial y aumentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en las empresas, entre otros asuntos. Para velar por el cumplimiento de estas medidas aquí también quieren potenciar las inspecciones laborales e incrementar las multas a las empresas incumplidoras. En paralelo, se creará la Oficina Estatal de lucha contra la discriminación, integrada en el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
A esta sobrecarga de trabajo se añade la incertidumbre sobre la nueva situación. Fuentes de la Inspección trasladan que, aunque dependan directamente del Ministerio de Trabajo, seguirán teniendo competencias en distintas áreas como Igualdad, Inclusión y Migraciones... y Seguridad Social. Y es que el contrato de trabajo empieza con el alta en el sistema de la Seguridad Social y, por tanto, esa base de datos es indispensable para el desempeño de la labor de los inspectores.
Desde el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social habían reclamado permanecer en el área que dirige Escrivá tras la división del Ministerio, poniendo en valor que gracias a esa base de datos han podido convertir más de 270.000 contratos temporales en indefinidos, cerca de 66.000 contratos a tiempo parcial en tiempo completo y aflorar casi 160.500 empleos irregulares que antes no estaban dados de alta. 
Para poder seguir en esta línea los inspectores reclaman a las distintas administraciones (ministerios y comunidades autónomas) que pongan en marcha mecanismos de colaboración en función de sus competencias.

El Presidente de la Asamblea aboga por una educación de calidad que no adocene ni adoctrine, capaz de formar ciudadanos con espíritu crítico


CARTAGENA.- El presidente de la Asamblea Regional de Murcia, Alberto Castillo, ha presentado esta mañana las VI Jornadas “Una Educación para el Siglo XXI. Miradas desde las Ciencias y las Artes”, evento organizado por docentes jubilados que, a través de esta iniciativa, siguen batallando por una “Escuela pública de calidad, como garante del derecho a la educación, la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad”.

La sala de conferencias de la sede parlamentaria ha sido el escenario elegido en esta ocasión para presentar las jornadas que pretenden convertirse en un “espacio que permita el análisis de la realidad y  el contraste de ideas” sobre la Educación y la necesaria renovación pedagógica, con actividades organizadas en dieciocho municipios de la Región.
El presidente de la Asamblea ha expresado su admiración por la labor desarrollada por estos docentes jubilados y ha elogiado el éxito logrado en apenas cinco años de existencia.
 “Si nos preguntaran a todos y cada uno de los que estamos hoy aquí, tendríamos opiniones muy distintas sobre los  métodos o técnicas pedagógicas que consideramos más idóneos para las nuevas generaciones de nativos digitales que estamos creando.
Defenderíamos también posiciones muy distintas sobre las bondades de la enseñanza pública y de la privada, o sobre la conveniencia de primar las Ciencias frente a las Letras o  las enseñanzas artísticas frente a las técnicas….
Pero todos coincidiríamos en la defensa de una Educación, con mayúsculas, que no adocene, que no adoctrine.
Una Educación en valores, de calidad,  como herramienta clave para formar ciudadanos comprometidos y con espíritu crítico, capaces de enfrentarse al mundo y mejorarlo”.
La diversidad, el medio ambiente, la economía circular, las energías renovables, la igualdad de género, la situación de la mujer y la conciliación familiar, la educación afectivo sexual….
son algunas de las materias que se abordan en estas jornadas, que inaugurará  el 16 de enero  Joaquín Araujo en el Paraninfo de la Universidad de Murcia, con una conferencia sobre “El sistema educativo y la catástrofe climática”, y concluirán el 26 de marzo con un concierto de clausura de la Banda de Música “Las Musas” de Guadalupe-Murcia en el auditorio Víctor Villegas.
El acto ha contado con la participación de Ginés Gómez Sabeter, presidente de la “Asociación Futuro de la Educación de la Región de Murcia”, entidad organizadora de las Jornadas, y de los vicerrectores de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, Francisco Javier Martínez y Sergio Amat.

El delegado del Gobierno se reúne con la presidenta de Navantia para conocer su Plan Estratégico


MURCIA.- El delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, ha mantenido un encuentro con la Presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, en la que ha sido informado del Plan Estratégico que la empresa pública está desarrollando con la finalidad de garantizar su viabilidad y competitividad internacional, impulsando la innovación tecnológica y afianzando la cohesión social.

Dicho Plan Estratégico permitirá consolidar el negocio comercial de la empresa en su fabricación de fragatas, corbetas, así como el programa de fabricación de submarinos de la serie S-80. También pretende garantizar la eficiencia operativa, incorporando tecnología de calidad en los procesos mediante el programa Astillero 4.0.
Por otra parte, Susana Sarríá ha explicado que se está llevando a cabo el rejuvenecimiento de la plantilla y la apuesta por el talento, mediante la ampliación de la tasa de reposición, para lo cual mantienen una relación fluida con la UPCT y la UMU, así como con los centros de Formación Profesional Dual.
Finalmente ha explicado que Navantia está experimentando una importante evolución cultural, para que la empresa responda a los estándares de transparencia y agilidad, incorporando la Responsabilidad Social Corporativa en su gestión. También contempla la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en los procesos de fabricación.
Navantia también apuesta por el desarrollo de acciones sociales, entre las que destaca la formación continua de una plantilla propia de mil trabajadores, así como otros mil procedentes de empresas contratadas. Como es sabido, la empresa apuesta por empleo estable y de calidad, como quedó de manifiesto en el Convenio Unico firmado por unanimidad a finales de 2018 por los ministerios y sindicatos con representación en la empresa.
El delegado del Gobierno ha felicitado las iniciativas que se están llevando a cabo en una empresa modélica para la Región de Murcia, y ha mostrado total disposición a colaborar en el desarrollo de aquellos aspectos que requieran el apoyo de la Administración del Estado. 

El PSOE reclama que el Ayuntamiento de Murcia lidere la ampliación del Polígono Industrial Oeste

MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a visitar el Polígono Industrial Oeste, donde se ha reunido con su presidente, Antonio Castillo, para comprobar la situación en la que se encuentra actualmente y realizar propuestas que potencien esta gran infraestructura que actualmente acoge a 1.130 empresas.

La concejala Carmen Fructuoso explica que "la crisis y el poco empuje de las administraciones municipal y regional han hecho mella en este polígono que hace diez años albergaba a 1.500 empresas y ahora nos encontramos con poco más de 1.100". 
Añade que "este parque va a menos por el poco interés de la Comunidad Autónoma y del propio Ayuntamiento que no han apostado decididamente en los últimos años por realizar las inversiones necesarias, olvidando que el Polígono Industrial Oeste ha sido un referente a nivel nacional por dimensión y volumen de negocio".
Por ello, la concejala considera que "no debemos abandonar aquellas infraestructuras, inversiones y proyectos que son seña de identidad de nuestro municipio, por lo que creemos que debe ser el Ayuntamiento de Murcia quien lidere la potenciación del Polígono Industrial Oeste, como motor económico y empresarial", y que para ello se alíe con la Comunidad y el SEPE.
Precisamente, una de las principales reivindicaciones es la necesidad de ampliación, pero también tienen un grave problema con el transporte público y exigen más líneas de autobús. En este sentido, Fructuoso recuerda la propuesta socialista, presentada durante la pasada campaña electoral municipal, denominada 'Conecta Oeste' y consistente en crear rutas de acceso desde diferentes puntos del municipio a través de autobuses hasta el Polígono Industrial Oeste.
No obstante, también es necesario el asfaltado de muchas calles, construcción de aceras, más alumbrado, limpieza, incluso seguridad. Al respecto, otra exigencia planteada en la citada reunión es la reapertura del parque de bomberos.
Para la concejala socialista, "todas las mejoras e inversiones que se realicen en el Polígono va a beneficiar a todo el municipio, principalmente a las poblaciones cercanas", e insiste en que estas instalaciones deben concentrar el principal foco de creación de empleo.
"Con la debida ampliación y mejora el Polígono Industrial Oeste podría acoger a muchas de las empresa diseminadas por la huerta y que no tienen los servicios necesarios, incluso habría que ubicar un vivero de empresas", señala Fructuoso como propuestas socialistas.
En este sentido, apunta que "este parque sigue siendo un polo económico único en el municipio gracias a los propios trabajadores y empresarios y hay que seguir esforzándose para que nunca deje de ser así, lo que se logra invirtiendo y apostando por una mayor accesibilidad, más servicios y más oferta".
Finalmente, señala que "nosotros vamos a apostar por que se cumpla el deseo de los empresarios del polígono de que alcance la primera posición dentro del Arco Mediterráneo y apoyaremos también la solicitud de la 'Q' de Calidad".

Dos sindicatos de clase denuncian que el Gobierno regional asuma el 'pin parental' impuesto por la ultraderecha

MURCIA.- La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Región Murcia (FECCOO) Región de Murcia denuncia que el Gobierno regional promueva el discurso del odio al ceder ante las pretensiones de la ultraderecha de legalizar las instrucciones irregulares del 'pin parental' tan sólo para sacar adelante los Presupuestos.

El hecho de que el Ejecutivo se ponga en manos del partido nazi para aprobar los presupuestos, una herramienta institucional al servicio de lo público, es coherente con el discurso que el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, esgrimió durante la investidura al asumir el programa de la ultraderecha.
La Federación de Enseñanza de CCOO-RM considera "una indecencia política" consentir las exigencias de la extrema derecha para adoptar los presupuestos, y no optar por dejar fuera la argumentación contra el odio a cambio de obtener la aprobación de los prepuestos que permitan la continuidad de la coalición gubernamental formada por el Partido Popular y Ciudadanos.
En sus explicaciones sobre el 'pin parental', el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, hace un 'totum revolutum' al mezclar completamente conceptos como actividades complementarias y extraordinarias, mostrando su desprecio por la normativa educativa vigente. "La consejera de Educación debería haber cubierto estas lagunas de su compañero para no permitirle desorientar a los ciudadanos", explica Nacho Tornel, secretario general de la FECCOO RM.
"Al afirmar que el objetivo pasa por dar legalidad a las instrucciones a los centros escolares del pasado 29 de agosto, que contravenían claramente lo establecido por los decretos curriculares, Celdrán está admitiendo que estas eran irregulares", prosigue Nacho Tornel.
CCOO Enseñanza reitera que interpuso sendos recurso de alzada contra las resoluciones que pretenden reclamar la autorización expresa de la familia para permitir la asistencia de sus hijos e hijas a las actividades complementarias, de carácter "obligatorio" y "evaluable, según la normativa curricular.
En cuanto a la supresión de las "ayudas no justificadas" a organizaciones sindicales y empresariales, el consejero desacredita la labor de su equipo al sugerir que su propio gobierno estaría cometiendo tamaña irregularidad. "Sobre este extremo el consejero de Hacienda debería dar explicaciones claras", reclama Tornel.
El propio consejero de Hacienda pone en duda su competencia como gestor al proponer para el futuro la aplicación de criterios "transparentes, justificados y objetivos" en la concesión de los que solo él denomina "ayudas".

Para UGT, "esta situación, que no nos pilla en ningún caso de sorpresa, ya fue en su día criticada por la FeSP-UGT, y reincidimos en nuestra repulsa a las directrices marcadas el 29 de agosto de 2019 por la Consejería de educación.
Expresamos en su día nuestra negativa al apartado 25 de dichas instrucciones de comienzo de curso, que dejaban en entredicho nuestra labor docente, utilizando términos como adoctrinamiento en las aulas y un largo etc..
Como docentes no estamos dispuestos a que se cuestione nuestra labor y así mismo, impedir que nuestro alumnado consiga el desarrollo integral educativo.
Las actividades complementarias forman parte de la programación docente y por ende, han de ser aprobadas previamente por el consejo escolar del centro, donde ya intervienen los representantes de las familias, por lo que sin su autorización, dichas actividades no se podrían realizar. Las mismas, son evaluables y obligatorias, tanto en su desarrollo para la labor docente, como para el logro de la adquisición plena del currículum para el alumnado.
Por tanto, una vez más, criticamos dicho pacto, así como exigimos a la consejería, que no permita su aplicación.
Destacar a su vez que el 30 de octubre de 2019 la junta de personal docente (junta que representa a todos/as los docentes de nuestra Comunidad Autónoma), dicho pin parental fue desaprobado por todos los sindicatos".

C's denuncia que el equipo de Gobierno de San Pedro del Pinatar pone en riesgo el futuro de la feria de Lo Pagán

SAN PEDRO DEL PINATAR.- Ciudadanos ha denunciado hoy que el equipo de Gobierno de San Pedro del Pinatar “está poniendo en cuestión el futuro de la feria de Lo Pagán al negarse a poner en marcha medidas de apoyo a los empresarios que la impulsan”. 

Así lo ha asegurado el portavoz local liberal, José Luis Ros, quien ha añadido que “estos empresarios han solicitado hasta en dos ocasiones que el Ayuntamiento articule medidas para paliar el impacto negativo que tendrá en sus negocios la actual situación del Mar Menor, pero éstas han sido rechazadas por el equipo de Gobierno”. 
Ros ha explicado que los feriantes pedían en sus escritos la prórroga de las concesiones de 2019 por dos años y una reducción de la tasa al 50%, “simplemente como medidas que contrarrestasen la reducción de ingresos fruto de la crisis turística que este verano se cierne sobre el Mar Menor”.
Ciudadanos considera que el colectivo empresarial es “fundamental para la temporada turística de verano” y que, como todos los pertenecientes al sector servicios, “están viendo amenazados sus negocios por la crisis del Mar Menor”, ha añadido el edil naranja. 
“Si no hacemos nada, es probable que estos empresarios elijan otros destinos para situar sus negocios, si no este próximo verano, sí en los que están por llegar, lo que supondría una estocada en la ya difícil situación del turismo de San Pedro”, ha advertido José Luis Ros. Ciudadanos considera que la actitud del equipo de Gobierno “es como mínimo irresponsable al negarse a aceptar las propuestas de los feriantes y no poner encima de la mesa ninguna otra acción de apoyo y ayuda al sector”. 
“El gobierno municipal no se da cuenta de la gravedad de la situación, en un momento en el que están cerrando decenas de negocios en San Pedro del Pinatar. La feria de Lo Pagán es uno de los motores de dinamización económica del municipio y sin ella la situación de otros muchos negocios de hostelería irá a peor”, ha sentenciado Ros.
Desde la formación naranja se apuesta por “escuchar a los empresarios” del sector para mejorar el recinto ferial y las condiciones en las que estos empresarios desarrollan su actividad: “Nos consta que hay propuestas de mejora por parte de estos empresarios, que no se han escuchado sin dar motivo alguna. Debemos aspirar a dar un salto de calidad en servicios e instalaciones y al mismo tiempo mejorar las condiciones de trabajo de los empresarios”, ha explicado el portavoz liberal, quien considera que “la concesión global a una asociación puede ser la mejor salida para una zona tan relevante y con tanta afluencia en verano”.

La reserva hidráulica española se encuentra al 56,6% de su capacidad y el Segura al 35,4


MADRID.- La reserva hidráulica española está al 56,6 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.480 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, que disminuye en la última semana en 260 hectómetros cúbicos (el 0,5 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
  • Cantábrico Oriental se encuentra al 84,9 %
  • Cantábrico Occidental al 74,3%
  • Miño-Sil al 78,7%
  • Galicia Costa al 80,6%
  • Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
  • Duero al 72,6%
  • Tajo al 50,3%
  • Guadiana al 40,8%
  • Tinto, Odiel y Piedras al 76,9%
  • Guadalete-Barbate al 49,7%
  • Guadalquivir al 45,5%
  • Cuenca Mediterránea Andaluza al 49,9%
  • Segura al 35,4%
  • Júcar al 41,0%
  • Ebro al 77,9%
  • Cuencas internas de Cataluña al 73,3%
Las precipitaciones han sido escasas en la vertiente mediterránea y muy escasas en la vertiente atlántica. La máxima se ha producido en Barcelona (A) con 21,1 mm (21,1 l/m²).


Gómez emplaza a Urbamusa a entregar más de una decena de proyectos a los técnicos municipales para su licitación


MURCIA.- El concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez (C's), ha emplazado a Urbamusa a entregar más de una decena de proyectos del Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías para que sean los técnicos municipales quienes dirijan estos trabajos y puedan ser licitados y adjudicados cuanto antes.

A juicio del responsable de Contratación, "es imprescindible dar salida a estos proyectos y obras de Urbamusa, por lo que todos los expedientes deberían pasar por la supervisión de los técnicos municipales para revisar, dirigir y ejecutar los proyectos pendientes, si el servicio promotor y Urbamusa siguen sin justificar que el encargo del trabajo cumplía los requisitos que marca la ley".
En este sentido, Mario Gómez ha recordado que del total de 51 proyectos encomendados a Urbamusa y que forman parte del Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías, unos 38 están en proceso de ejecución y tramitación y más de una decena siguen sin licitarse y adjudicarse. 
En su mayoría se trata de obras destinadas a la construcción o ampliación de dependencias municipales, instalaciones deportivas, consultorios, cubrición de pistas en colegios, jardines, salas de estudio, así como mejora de las infraestructuras viarias, pavimentación, adoquinado, aceras, entre otras.

Granada cierra 2019 con récord de visitantes, principalmente nacionales


GRANADA.- La Comunidad Valenciana y Cataluña, con un 18,38%, 16,96%, y 12,09%, respectivamente, seguidas del País Vasco, con 6,40%, Castilla y León, con 5,43%, Castilla-La Mancha, con 5,13%, Aragón, con 3,10%, Islas Baleares, con 2,69%, Murcia, con 2,39%, Galicia con 1,37%, Islas Canarias, con 1,17%, Extremadura, con 0,91%, La Rioja, con 0,61% y Asturias, con 0,61%.

Las Comunidades de las que recibió menos turismo fueron Cantabria y Navarra, con un 0,30% y 0,10%, respectivamente.
En cuanto a visitantes de procedencia extranjera, Francia, con un 26%, e Italia, con un 16%, fueron los países que más turismo internacional aportaron, seguidos de Reino Unido, con un 10%, Corea del Sur, con un 8% y Estados Unidos, con un 4%.
Aunque La Alhambra es una de las grandes premisas que atraen cada año a miles de visitantes a Granada durante cualquier período del año, la ciudad reúne un conjunto monumental que, conjugado con sus barrios históricos y la oferta cultural y de ocio que ofrece, conforman diversas rutas para disfrutar que no dejan indiferentes a quienes la visitan.
Desde la Asociación de Guías Intérpretes del Patrimonio de Granada (AGIP), con casi 100 años de historia, se ofrecen servicios de guía turística en 18 idiomas, tanto en Granada como en su provincia, para cubrir la demanda de visitantes que año tras año sigue aumentando en la ciudad nazarí, procedentes de todas las partes del mundo.
Como miembros de la Confederación de Guías de Turismo de España (CEFAPIT) y de la Federación Europea de Guías (FEG), los más de 200 profesionales que pertenecen a AGIP muestran cada día los rincones y monumentos granadinos más simbólicos y distintivos, a todas las personas que tienen interés por conocerlos a fondo.
Ante la gran cantidad de visitantes, por tanto, esta Asociación recomienda disfrutar de visitas ordenadas y de calidad, que permitan conocer cada rincón granadino de forma amena y divertida, para hacer llegar a todo el mundo sus historias, lugares y aspectos más emblemáticos, teniendo en cuenta la amplia oferta cultural y de ocio que ofrece Granada.

MC Cartagena estudia denunciar la estafa a los funcionarios municipales

CARTAGENA.- "Lo sucedido con el acuerdo de condiciones de trabajo es como una gran estafa". Con estas palabras ha comenzado argumentando el portavoz de MC Cartagena y ex alcalde, José López, el procedimiento adoptado por el antiguo gobierno del PSOE que se materializó el pasado 11 de abril con la firma 'exprés' del acuerdo de condiciones de trabajo de los funcionarios y del convenio del personal laboral del Ayuntamiento para los próximos cuatro años (hasta el 31 de diciembre de 2022.

López ha recordado que, ante la inminencia de la campaña electoral, "los firmantes (el Ejecutivo del PSOE) se saltaron el procedimiento y engatusaron a los funcionarios en abril para conseguir votos. Por su parte, el actual Gobierno (PP, C's y tránsfugas) ha mantenido el engaño con cargo al bolsillo de todos los cartageneros hasta que no han podido más".
El dirigente cartagenerista ha continuado reconociendo que "entendemos que los empleados públicos reclamen lo firmado, como también que si es inviable exijan la dimisión del Gobierno en pleno, con Arroyo, Castejón y Nieto a la cabeza".
Al hilo de este posicionamiento, el edil ha afirmado que "incluso creemos que deberían exigirles que respondan con su patrimonio de las condiciones que no pueda cumplir el Ayuntamiento, porque se han reído de todos. En este punto conviene recordar que hay algún representante sindical de esos que ayudaron a crear esta 'trinca' que ahora debería responder con ellos".
Para finalizar, José López ha declarado que "estamos estudiando la situación legal y podemos anunciar que si el Gobierno local dice la verdad en su actual posición (y lo comprobaremos en el expediente), lo tendremos que llevar a los tribunales porque podría tratarse de un supuesto de prevaricación y malversación del dinero público".

El Ayto.de de Cieza informa de que es preceptivo solicitar autorización para realizar las lumbres de San Antón

CIEZA.- El Ayuntamiento de Cieza informa de que es preceptivo solicitar autorización para realizar las lumbres de San Antón. 

Las solicitudes deben presentarse hasta el 15 de enero en el registro general del Ayuntamiento, indicando los datos del solicitante y el lugar donde se solicita el permiso para realizar el evento.
Se recuerda que la colocación y encendido de las lumbres deberá realizarse adoptando las medidas de seguridad necesarias para evitar incendios o daños en las fachadas de los edificios próximos. 
Para ello, en cada lugar de ubicación de las lumbres, deberá existir una persona responsable que se haga cargo del normal desarrollo del festejo.
Con las solicitudes realizadas, se realizará un listado con los puntos autorizados que será publicado a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

La descarga del acuífero al Mar Menor es cinco veces inferior a lo que se creía

MURCIA.- Un primer avance de las mediciones de drenajes desde el Campo de Cartagena al Mar Menor realizado por Tragsatec para el Ministerio de Transición Ecológica sobre el volumen de agua subterránea que llega desde el acuífero al Mar Menor, concluye que la descarga es de entre 5 y 13 hm3 al año.

Un estudio publicado en la revista Environmental Reviews en septiembre de 2016 había cuantificado en 68 hm3 al año ese volumen y había concluído que la descarga de agua subterránea suponía la principal aportación de la parte terrestre a la laguna del Mar Menor y por tanto de contaminantes. 
Otro estudio, encargado por la Comunidad de regantes Arco Sur del Campo de Cartagena, lo cifraba entre 38 y 46 hectómetros cúbicos anuales, dependiendo de la pluviometría de ese año.
Para realizar el informe, al que ha tenido acceso Onda Cero, Tragsatec ha realizado 632 mediciones. Las conclusiones definitivas se publicarán el próximo mes de marzo.
El informe preliminar de Tragsatec también concluye que se trata de agua con unas conductividades muy elevadas (14.000 microsiemens por centímetro) y con concentraciones de nitratos promedio de 148 mg/l.
En una muestra ubicada en Los Urrutias midieron hasta 700 mg/litro de nitratos cuando la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) establece que para alcanzar el buen estado en la masa de agua subterránea la concentración de nitratos debe ser inferior a 50 mg/ litro.
También se ha analizado el contenido en metales pesados disueltos en agua en cuatro puntos ubicados en la zona sur de la zona de estudio para comprobar la influencia en las aguas subterráneas de la Sierra Minera.
Los metales analizados han sido Arsénico, Cadmio, Cromo, Mercurio, Níquel, Cobre, Plomo y Zinc. Los resultados obtenidos indican que la concentración de metales en las aguas es baja ya que en la mayoría de los casos están por debajo del límite de detección.
El único parámetro que iguala el valor umbral establecido por la Normativa Holandesa para aguas subterráneas (Soil Remediation Circular 2013, version of 1 July 2013) es el mercurio, en una muestra ubicada al sur del saladar de Lo Poyo, en las proximidades de la Rambla de Ponce, concluye el informe preliminar encargado por el Ministerio de Transición Ecológica.
Para realizar este trabajo, Tragsatec ha llevado a cabo 7 campañas de control de la profundidad de las aguas del acuífero entre junio de 2018 y octubre de 2019. Las campañas se han realizado coincidiendo con las épocas de aguas altas y bajas así como después de la DANA de septiembre de 2019.

La lorquina 'Sodelor' entra en preconcurso de acreedores

MURCIA.- La constructora lorquina Sodelor presentó un preconcurso de acreedores a finales de 2019. Su página web detalla proyectos con casi mil viviendas en desarrollo.

Los últimos resultados publicados, los relativos a 2018, mostraban un cambioen negativo  en su cuenta de pérdidas y ganancias. De ganar 291.958 euros en 2017 pasó a perder 4,4 millones de euros en 2018, según publica este martes el portal Merca2.

Según el citado portal y aunque hay administrativos en la sede central de Lorca, los directivos han prohibido que les pasen llamadas. Clientes de algunas de sus promociones confirman que el 15 de noviembre avisaron del preconcurso a gestoras de cooperativas y promotoras.

La ley concede tres meses a la empresa para lograr el acuerdo con los acreedores. Una vez finalizado ese periodo, y si no se logra el convenio, la empresa insolvente tiene otro mes más para presentar al juzgado la solicitud de declaración de concurso. Por tanto, marzo será el mes clave para conocer el futuro de Sodelor. “Es una manera de ganar tiempo”, aseguran fuentes jurídicas a Merca2.

La compañía fundada en 1995 está presidida por Pedro Cazorla. En la actualidad, según su página web, tiene un total de 29 promociones en España. La zona centro representa el 65,5% de ellas con 19 desarrollos. Tiene obras en Madrid capital y en algunos de los principales municipios de la Comunidad. Entre otros, Villaviciosa de Odón, Pozuelo, Alcalá de Henares, Boadilla y Móstoles.

Además de residencial, en Murcia levanta el centro de ocio infantil del centro comercial Thader.

Los transportistas podrán reclamar las comisiones bancarias indebidas de los últimos 15 años


MURCIA.- Los transportistas asociados a Froet, así como sus empleados y familiares, podrán reclamar las comisiones bancarias cobradas indebidamente durante los últimos 15 años, en virtud al acuerdo de colaboración suscrito con Comiflix, por el que no tendrán que realizar ningún desembolso inicial hasta la devolución de las cuantías demandadas a las entidades financieras.

El convenio, que fue rubricado por el secretario general de la Federación de Transporte de Murcia, Manuel Pérezcarro, y el director de Comiflix, Andrés Morata, ofrece un servicio integral hasta el final de la reclamación, a través de un modelo de negocio inspirado en la filosofía americana “a éxito”.
Esto supone que el cliente no tiene que realizar ningún desembolso inicial, ya que Comiflix se hace cargo de todos los gastos hasta conseguir la devolución de las comisiones cobradas indebidamente.
Con este acuerdo, los asociados a Froet, sus empleados y familiares se beneficiarán, de forma gratuita y sin compromiso, del estudio previo inicial para la determinación de los importes por tipo de comisión y entidad financiera.
Por su parte, los honorarios se fijarán en función de un porcentaje de lo recuperado, e incluyen los gastos necesarios en caso de tener que recurrir a los tribunales.
En cuanto al tipo de cobro de comisiones que se pueden reclamar, comprenden tanto las de posiciones deudoras, como de descubierto, por devolución de efectos, por impago, o por exceso de póliza.

Jerónimo Moya, Valle Miguélez y David Sánchez integran la gestora de C's en la Región

MURCIA.- La dirección nacional de C's -una ejecutiva de transición presidida por Manuel García Bofill- ha aprobado este martes el nombramiento de una gestora en Murcia. Este órgano estará dirigido por tres personas: el concejal de Cehegín Jerónimo Moya, la diputada regional y secretaria de Organización, Valle Miguélez, y el catedrático de la UPCT, David Sánchez.

"Ante nosotros tenemos el reto de seguir trabajando para conseguir que nuestros valores marquen el presente y futuro de nuestro país", reza un comunicado interno de Ciudadanos, en el que informa de los nuevos nombramientos, que se han tomado "en cumplimiento de los estatutos y del reglamento de Organización".

Los regantes del Campo de Cartagena piden seguir recibiendo agua del trasvase Tajo-Segura

CARTAGENA.- El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha mantenido este martes una reunión de trabajo con integrantes de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, así como representantes de los ayuntamientos de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Murcia y Pilar de la Horadada que concluyó con la firma de un manifiesto por parte de los asistentes, en el que se mostró el rechazo ante “la amenaza de dejar sin agua a la agricultura de la zona”.

En este manifiesto se apunta que "el Trasvase Tajo-Segura es la infraestructura hidráulica más importante de España, referencia internacional en la gestión compartida del agua entre regiones y la cooperación entre cuencas como solución a la sequía y el déficit estructural del levante español".
"Ha venido siendo durante los últimos 40 años, la única herramienta que han tenido las regiones de estas zonas para luchar contra el avance de la desertificación que padecen".
"Abastece directamente a 2,5 millones de habitantes, crea 250.000 puestos de trabajo. La zona que utiliza el agua trasvasada lidera la producción nacional hortofrutícola, el 70 % de estos productos se destina a la exportación, lo que supone un importante aporte económico al PIB regional y nacional".
Se apunta también que "en los meses de noviembre y diciembre de 2019, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera en contra del criterio técnico, autorizó un trasvase distinto del propuesto por la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo Segura, que es quien propone el trasvase que se debe realizar en nivel 3. En ambos casos negó el trasvase para riego, dejando sin agua a los agricultores y regantes del levante español, poniendo en el caso de diciembre, como excusa la situación del Mar Menor".
Antonio Luengo ha manifestado que se va a impulsar este manifiesto, que se enviará al Ministerio para la Transición Ecológica, en el que se recuerda que “deben ser criterios técnicos, y en base a la Ley, los que marquen el volumen de agua trasvasable cada mes”.
“No podemos comprender cómo el Gobierno de España está valorando la posibilidad de dejar sin agua al Campo de Cartagena, a los 40.000 regantes que trabajan en esa zona", según Antonio Luengo.
Durante el encuentro quedó clara “la unión de todos en un frente común que nos permita defender los intereses de la Región de Murcia”, según el consejero.
El presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez ha pedido a todos que moderen sus discursos para evitar la confrontación. Pide a todas las administraciones que "aparquen sus diferencias y trabajen juntas en la defensa del Mar Menor y del regadío de toda esta zona, habilitando partidas presupuestarias necesarias para este fin".

En Lorca, IU dice que no apoyará los presupuestos de PSOE y C's


LORCA.- "No vamos a facilitar la aprobación de los presupuestos municipales que no responden a los compromisos acordados en el pacto de investidura ni en un 5%", ha señalado el portavoz del grupo municipal de IU en Lorca, Pedro Sosa, quien cree que esto "sería traicionar las políticas de izquierdas y nuestro apoyo está supeditado a que se aplique".

Sosa no ha quedado conforme tras la reunión mantenida con el PSOE para evaluar el grado de ejecución de ese acuerdo alcanzado en junio y por el que facilitaba la investidura como alcalde de Diego José Mateos para gobernar con Ciudadanos como socio de Gobierno. Señala que de los 44 puntos de ese documento, se ha cumplido nada más que una pequeña parte, "un 5%", ha dicho, y que algunas de sus propuestas "ni siquiera han sido tenidas en cuenta".
El portavoz de IU reprocha a los socialistas sus contradicciones y falta de medidas en cuestiones como el problema de la infravivienda en algunos varrios lorqiunos, la indeterminación con las obras de la alta velocidad, los asuntos aún pendientes de las ayudas del terremoto, el casco histórico o la protección ambiental de Marina de Cope.
"Estos presupuestos no van encaminados a corregir la desigualdad en Lorca, es un presupuesto continuista", ha lamentado Sosa.
Desde el equipo de Gobierno, la concejala socialista Isabel Casalduero defiende que, al contrario de lo que señala IU, "en seis meses hemos conseguido dar cumplimiento a la mitad de los acuerdos de ese pacto de investidura y lo hemos hecho con mucho esfuerzo, ya que manejábamos un presupuesto ajeno y prácticamente agotado".
"Si no conseguimos sacar adelante estos presupuetos, será muy difícil poder dar cumplimiento al resto del pacto", insistía Casalduero, quien ha recordado que el presupuesto incluye la puesta en marcha de las juntas vecinales en barrios y pedanías, más recursos para la plantilla de la Policía Local, inversiones en pedanías y más fondos para asociaciones y colectivos del municipio.
A pesar de la postura de IU, la portavoz municipal confía en obtener "el apoyo necesario para poder sacar adelante las cuentas para este ejercicio en la sesión extraordinaria del Pleno, prevista para este próximo lunes, 20 de enero".

El 'pequeño Nicolás' se sentará en el banquillo en junio

MADRID.- La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para los días 23, 24 y 25 de junio de 2020 el juicio a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, oriundo de Murcia, por hacerse pasar por representante del Gobierno en un viaje a Ribadeo (Lugo), tras el aplazamiento decretado en mayo.

La Sección 17 de la audiencia madrileña ha fijado para esa fecha el juicio contra el Pequeño Nicolás y dos policías municipales que presuntamente le acompañaron en el viaje, después de que el pasado 20 de mayo la letrada del principal acusado denunciara que había recibido presiones.
Ese día el juicio comenzó pero a la media hora de vista la abogada de Gómez Iglesias, Ana Blanco Vázquez de Prada, expuso al tribunal las "presiones" y "coacciones" que presuntamente había sufrido por defender al joven, y por las que había renunciado a su defensa.
El Pequeño Nicolás se mostró entonces "muy decepcionado y muy triste porque todavía existen en el Estado de derecho presiones y coacciones que hacen que no pueda tener una buena defensa", así como "triste, decepcionado y cansado" tras cinco años de proceso que le suponen un "calvario".
La Fiscalía pide para el joven siete años de cárcel y una multa de 81.000 euros por los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo.
Para cada uno de los policías -Jorge González Hormigos y Carlos Pérez López-Dávila- solicita cuatro años y dieciocho meses de prisión y multa de 4.500 euros por los delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo.
La acusación popular que ejercen la Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid (APMU) y Podemos pide 11 años de prisión para Gómez Iglesias; la Abogacía del Estado, 21 meses de cárcel y una multa; y el Ayuntamiento de Madrid reclama tres años y medio de prisión.
Los hechos se remontan a agosto de 2014, cuando presuntamente el joven contactó con el empresario Jorge Cosmen para concertar una reunión haciéndose pasar por representante de la Casa Real y de la Vicepresidencia del Gobierno, una cita que fue fijada para el día 13 de agosto en un restaurante de la localidad lucense de Ribadeo y a la que dijo que acudiría una personalidad importante de la Casa Real.
La comitiva, con los agentes haciendo presuntamente de escoltas, partió de Madrid con varios coches con rotativos policiales y el Pequeño Nicolás comió con el empresario pero no fue nadie de la Casa Real.
La Fiscalía sostiene que el principal acusado abonó al policía Jorge Hormigos 2.000 euros, y éste entregó 400 a Carlos Pérez.
Además de este proceso, Francisco Nicolás Gómez Iglesias tiene pendientes otros dos para los que ya se ha decretado apertura de juicio oral: uno acusado de simular en 2014 que era asesor del Gobierno para estafar a un empresario y otro por crear supuestamente una red con policías y cargos políticos de Madrid para obtener información policial y usarla a cambio de favores.
En 2018 fue absuelto por la Audiencia Provincial de un delito de injurias y calumnias al CNI.
El Pequeño Nicolás fue detenido el pasado 19 de noviembre acusado de agredir a un camarero de un restaurante madrileño durante un altercado que protagonizó con un amigo, que también fue arrestado.

El Gobierno designa nuevo Jemad al general del Aire, Villarroya


MADRID.- El Gobierno ha nombrado este martes nuevo jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) al general del Ejército del Aire Miguel Ángel Villarroya, con lo que comienza la renovación de la cúpula militar que la ministra había postergado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconfirmada en el puesto que ocupa desde junio de 2018, optó inicialmente por mantener en sus cargos a los integrantes de la cúpula militar designada por la anterior titular de Defensa, María Dolores de Cospedal.
El propio Villarroya era hasta ahora director del Gabinete Técnico de Robles, como antes lo fue de Cospedal.
Al frente del Jemad sustituye al general del Ejército de Tierra Fernando Alejandre, en el cargo desde marzo de 2017.

Currículum de Villarroya

Según ha detallado el Ministerio de Defensa, Miguel Ángel Villarroya nació en La Galera (Tarragona) el 15 de mayo de 1957 y pertenece a la XXXII Promoción de la Academia General del Aire, donde obtuvo el despacho de teniente el 14 de julio de 1980.
Fue promovido al empleo de capitán en 1983 y al de comandante en 1990. El ascenso al empleo de teniente coronel ocurrió en noviembre de 1998 y al de coronel en agosto de 2005.
General de Brigada desde enero 2011, y de División desde junio de 2014, Villarroya fue ascendido a teniente general en abril de 2017.
A lo largo de su carrera ha estado destinado en la Escuela de Transporte y Tránsito Aéreo, en el Ala 31, como piloto de avión T-10 y como jefe del 312 Escuadrón; en el Mando Operativo Aéreo, posteriormente Mando Aéreo de Combate; en el Grupo 45 como segundo jefe y desde 2005 hasta 2011, en esta misma unidad como jefe.
Ya como general fue jefe de la Secretaría General del Estado Mayor del Aire, subdirector del Grupo Aéreo Europeo (High Wycombe, Reino Unido). Entre julio de 2015 y abril de 2017 ha sido el Jefe del Mando Aéreo de Canarias (MACAN).
Desde abril de 2017 y hasta la actualidad ha desempeñado el cargo de director del Gabinete Técnico de la Ministra de Defensa.
Ha realizado un total de 9.800 horas de vuelo, principalmente en avión T-10 (C 130 Hércules), y entre otras ha participado en misiones durante la Campaña de Liberación de Kuwait, en los Balcanes, tanto como miembro del Destacamento Ícaro en Aviano como desde territorio nacional, y durante la guerra civil en Ruanda.

Se acumulan las críticas de oposición y colectivos al Gobierno y Cs por aceptar el 'pin parental'

MURCIA.- PSRM-PSOE, Podemos, Comisiones Obreras y la Asociación de Familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia (Asfagalem) han criticado este martes que PP y Ciudadanos, socios del Gobierno regional, hayan aceptado aplicar el denominado "pin parental" para recibir el apoyo de Vox a los presupuestos autonómicos de 2020.

Así, el PSRM-PSOE ha señalado que la Región de Murcia será la primera comunidad autónoma en aplicar la "medida estrella" de Vox para "bloquear" la educación contra la LGTBIfobia y la violencia de género en los centros educativos.
"Es lamentable que PP y Cs vendan las políticas educativas a la ultraderecha para salvar su apoyo", ha añadido el comunicado del PSOE tras conocer que el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha asegurado que hay "consenso" entre los tres partidos para implantar el "pin parental".
Por su parte, la diputada de Podemos en la Asamblea Regional María Marín ha apuntado que esta decisión supone poner en marcha el programa de la "ultraderecha" con tal de seguir el PP y Ciudadanos "aferrándose al sillón".
Marín ha censurado la "incoherencia" de la vicepresidenta y consejera en materia LGTBI, Isabel Franco, quien "por la mañana promete a las asociaciones LGTBI que no apoyará esta medida y por la tarde pacta con Vox su aplicación".
En esta misma línea se ha mostrado Asfagalem, cuyos integrantes se sienten "muy decepcionados" con Isabel Franco, que, "personalmente", les transmitió que no iba a "tragar con el pin parental, que no era legal y que estaba con nosotros".
"Son ya demasiadas oportunidades para cumplir con su palabra, la cual cada vez tiene menos valor", ha resumido esta asociación.
Mientras, la Federación de Enseñanza de CC OO ha denunciado que el Gobierno regional "promueva el discurso del odio" al ceder ante las pretensiones de la "ultraderecha de legalizar las instrucciones irregulares del pin parental tan sólo para sacar adelante los presupuestos".
Finalmente, Alberto Cruz, exconsejero de Cultura con el PP, ha subrayado que, con cada "cesión" a Vox, Ciudadanos "se convierte en un partido con un futuro más cierto: tras esta legislatura en el Gobierno, desaparecerá".

"Con el 'pin parental' la Comunidad Autónoma es cómplice de la LGTBIfobia y el machismo", dice Podemos

CARTAGENA.- La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha lamentado que el Gobierno regional de Fernando López Miras pretenda poner en marcha el programa de Vox "con tal de aferrarse al sillón" y ha asegurado, por ejemplo, que "el ataque contra la libertad y la diversidad que supone el 'pin parental' convierte a la Administración en cómplice de la LGTBIfobia y el machismo".

Marín ha reaccionado de esta forma tras conocer que el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha anunciado este martes que el preacuerdo de los Presupuestos de la Comunidad para 2020 incluye el denominado 'Pin parental' o eliminar subvenciones de gastos de funcionamiento "no justificados" de cualquier entidad empresarial o agente social.
En este sentido, la diputada de la formación naranja ha lamentado que el consejero de Hacienda haya anunciado "la intención del Gobierno regional de ceder en las medidas más retrógradas planteadas por la extrema derecha como exigencias para apoyar los presupuestos regionales".
En concreto, critica que el Gobierno de López Miras e Isabel Franco "estarían dispuestos a asumir como política de gobierno el llamado 'pin parental', planteado por Vox como una medida para que las charlas contra la LGTBIfobia y el machismo tengan que contar con autorización paterna previa".
Para la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, este anuncio supone que "el Gobierno regional pone en marcha el programa de la ultraderecha con tal de seguir aferrándose al sillón". 
La diputada ha señalado la "incoherencia" de Isabel Franco, vicepresidenta y consejera en materia LGTBI, quien "por la mañana promete a las asociaciones LGTBI que no lo apoyará, y por la tarde pacta con Vox su aplicación".
Podemos Región de Murcia insiste en que el "mal llamado" 'pin parental' "vulnera la ley", ya que "los padres y madres ya están informados de las actividades que se van a realizar durante el curso, porque estas se incluyen en la Programación anual, que pasa por el Consejo Escolar en el que también están representadas las familias de los estudiantes".
Además, señalan que uno de los puntos clave de la ley educativa es "el fomento de la igualdad y el respeto a la diversidad". 
 En opinión de Marín, "lo que busca Vox es generar el derecho inexistente a educar en la homofobia o el machismo, sosteniendo además que el respeto a la diversidad sexual o de género es una opción moral, cuando es una obligación democrática".
La diputada ha insistido en que "Vox, y ahora todo el Gobierno regional, está lanzando el mensaje a miles de jóvenes de que respetar o no a las diferentes orientaciones sexuales es opcional", y ha asegurado que "con esta medida se está fomentando la LGTBIfobia en las aulas, y eso es algo muy serio".
Marín ha calificado de "irresponsable" a López Miras por aplicar una medida "tan retrógrada que ninguno de sus compañeros presidentes autonómicos ha querido poner en marcha. En Murcia, el miedo a Vox hace que su programa se cumpla aunque sean otros quienes gobiernen".
Desde Podemos Región de Murcia anuncian que contactarán con los diferentes colectivos LGTBI y educativos de la comunidad autónoma para mostrarles su apoyo y defender conjuntamente la movilización social y política contra esta medida.

El Gobierno regional defiende que la Ley del Mar Menor "es mucho más restrictiva"

MURCIA.- El consejero de Presidencia y Hacienda de Murcia, Javier Celdrán, ha defendido que la Ley de Protección Integral del Mar Menor "es mucho más restrictiva" que la normativa existente hasta ahora, pero ha lamentado que "no va a ser suficiente si no se pone las pilas quien se las tiene que poner: el Gobierno de España que, de momento, no ha hecho absolutamente nada".

Celdrán ha contestado de esta forma a la Plataforma SOS Mar Menor, que este lunes ha lamentado que la Ley de Protección Integral del Mar Menor supone "un paso atrás" en "muchos aspectos" y, por ejemplo, el 75% de sus contenidos ya están regulados en otras leyes o planes, de forma que "no servirá para proteger la laguna salada".
A este respecto, Celdrán ha defendido que "se ha hecho un trabajo profesional, técnico y de consenso". 
Admite que puede haber colectivos que piensen que "hay que ir a más o a menos" pero "lo cierto es que tenemos ya en aplicación una ley que permite seguir avanzando en la protección del Mar Menor y que va a permitir que tengamos una completa recuperación a medio y largo plazo".
Sin embargo, ha advertido que "no es posible recuperar el Mar Menor solo con la ley, porque para eso hacen falta muchos más compromisos". No obstante, cree que el texto legal "viene a marcar el ámbito de compatibilización de usos en torno al Mar menor, siendo mucho más restrictivo en lo que tiene que ver con cualquier tipo de vertidos".
"Ojalá no pase pero, desgraciadamente, todo apunta a que podemos volver a tener una DANA y, entonces, la Ley no va a permitir que entren toneladas de lodo y barro arrastrados por las ramblas si no hay una actuación del Gobierno de España para priorizar y ponerse a trabajar en un plan que permita eliminar cualquier tipo de avenida", tal y como ha señalado el consejero. 
Así, critica que eso supondrá "una nueva puñalada medioambiental al Mar Menor".
Igualmente, lamenta que la Ley no servirá de nada "si no conseguimos que se hagan las inversiones necesarias en los ámbitos competenciales del Mar Menor". 
Ha recordado que la Comunidad trató de probar una tecnología para extraer lodos del Mar Menor, a pesar de que no cuenta con competencias para hacerlo. "Tendrá que hacerlo quien tenga las competencias", según Celdrán, quien justifica que, por este motivo, está pidiendo constantemente al Gobierno central que "actúe".
"Entiendo que ha habido unas elecciones, pero ya hay un Gobierno de España", ha señalado Celdrán, quien ha instado al nuevo Ejecutivo central a que "priorice" la situación del Mar Menor, "que vengan por aquí a ver qué pueden hacer y que se pongan a trabajar como lo estamos haciendo nosotros, porque si no, la ley no va a servir de nada".
 Celdrán ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa acompañado por la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, tras la reunión mantenida por la regidora municipal con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.
En este sentido, Martínez ha pedido la implicación de "todas las administraciones" en la recuperación del Mar Menor, que "siempre ha sido el motor económico y turístico de San Pedro del Pinatar y de todos los municipios ribereños". 
A este respecto, ha señalado que no solo es necesario que el Ejecutivo regional lleve a cabo las actuaciones previstas en la Ley, sino que también hace falta que el Gobierno de la nación "nos eche una mano".
Ha destacado que la Semana Santa "está muy cerca" y "hay preocupación en todos los sectores". A su juicio, "hay que apostar por hacer definitivamente todo lo que haga falta". 
Ha reconocido que en San Pedro del Pinatar hay un problema de lodos y la Administración de Costas, dependiente del Estado, tiene que actuar. 
"Estamos preocupados porque se acercan las campañas y necesitamos que esa recuperación se consolide", ha remachado.
Al ser preguntada por el montante de la cuantía que el Presupuesto de la Comunidad para 2020 consignará a la recuperación del Mar Menor, Martínez ha recordado que las cuentas no están cerradas todavía, pero López Miras le ha confirmado que "las inversiones del Mar Menor tendrán un peso muy grande y que son la prioridad".
Además, desde el punto de vista turístico, se desarrollará un plan de promoción de la comarca, donde se implementarán nuevas líneas además del 'Sol y playa', como el turismo de naturaleza, gastronómico, el náutico o el deportivo, en el caso de San Pedro del Pinatar.
Durante la reunión también se abordaron proyectos de infraestructuras sanitarias y educativas, como la construcción de un nuevo consultorio médico en Lo Pagán, cuya licitación está prevista para este año o la sustitución de la cubierta de amianto en uno de los módulos del instituto Manuel Tárraga Escribano, proyecto que ya ha sido licitado y que se espera llevar a cabo en verano.
Asimismo, durante el encuentro, el presidente de la Comunidad y la alcaldesa de San Pedro del Pinatar abordaronla construcción de un nuevo parque de bomberos "que permitirá reducir los tiempos de respuesta a menos de ocho minutos para cualquier tipo de incidencia", según subrayó Celdrán.
A este respecto, la alcaldesa puso a disposición del Gobierno regional los terrenos necesarios para la instalación de un parque de bomberos en el municipio. Este parque sustituirá y ampliará el servicio que actualmente se ofrece desde un retén instalado en la localidad.
En el área educativa también se abordó la construcción del módulo de acuicultura en el Instituto Manuel Tárraga Escribano y del nuevo pabellón de educación infantil en el colegio Maspalomas.

Bruselas da pasos hacia un salario mínimo europeo

BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) dio este martes el primer paso para que en el futuro todos los países de la Unión Europea (UE) establezcan un salario mínimo "justo" mediante la apertura de una consulta pública sobre sus planes con sindicatos y patronales comunitarios.


La idea, una de las propuestas destacadas del nuevo Ejecutivo comunitario, no es fijar un salario mínimo común en todos los países -de hecho, la UE no tiene competencias salariales- sino asegurar que los existentes en cada Estado permiten tener unos ingresos decentes.
Aunque la Comisión no plantea una cifra, el ahora vicepresidente de la institución Frans Timmermans propuso el año pasado que el salario mínimo fuese de al menos el 60 % del sueldo medio del país, que ahora no se alcanza en la mayoría de ellos.
En la mitad de los países, el salario medio no llega al 50 % y, en algunos -como Alemania o Luxemburgo-, no permite evitar el riesgo de pobreza.
La consulta es el primer trámite de un proceso que durará meses hasta elaborar una propuesta que tenga en cuenta las sensibilidades de los Veintiocho, entre los que la situación es muy diferente.
"Nunca se planteó introducir un salario mínimo con una única cifra en la UE. En cambio, trabajamos sobre un marco legal para un salario mínimo en Europa. No todos los Estados miembros lo tienen establecido por ley", comentó en una rueda de prensa el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit.
La gran mayoría de países de la UE tiene un salario mínimo, a excepción de Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia, dónde se fijan a través de convenios colectivos, y Chipre, que establece importes reglamentarios para diferentes empleos.
Mientras Italia y Chipre están planteándose introducir un salario mínimo general, los países nórdicos y Austria defienden que su sistema de negociación colectiva ha funcionado durante décadas y se niegan a modificarlo. 
"No se trata de fijar un salario mínimo europeo uniforme ni de obligar a los países a introducir un salario mínimo reglamentario. Se respetarán las tradiciones nacionales de negociación colectiva", insistió el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, al presentar la iniciativa ante la Eurocámara.
De hecho, los ingresos mínimos en esos países se encuentran entre los más altos de la UE, con Dinamarca a la cabeza (27.341 euros netos al año), seguida de Luxemburgo (21.489 euros), mientras que los más bajos se dan en Bulgaria (2.902 euros netos anuales), Rumanía (3.252 euros) y, en general, en el este del continente.
En España, el país que más subió el salario mínimo en 2019, a 900 euros mensuales, los ingresos netos anuales con este sueldo son de 11.573 euros, en la mitad de la tabla en comparación con sus socios europeos, según Eurofound.
La abultada diferencia es explotada por algunas empresas que, usando las normas que permiten a los trabajadores europeos ejercer libremente en todos los países de la UE, emplean en aquellos con salarios más bajos a personas que terminan ejerciendo en Estados con sueldos más altos, causando así el llamado "dumping" social.
Schmit apuntó hoy que espera proponer una nueva garantía juvenil "reforzada" antes del verano, ya que los jóvenes siguen afrontando problemas para acceder al mercado laboral o no cuentan con suficiente preparación.

La subida de las pensiones beneficiará a cerca de 250.000 murcianos

MURCIA.- El portavoz del PSRM-PSOE y viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, ha destacado la primera medida que ha tomado el Consejo de Ministros en el que ha aprobado la subida de las pensiones, una medida que hará que "los cerca de 250.000 pensionistas de la Región cobren 27,6 millones de euros más durante 2020".
Se trata, según ha explicado Lucas, de una subida cuatro veces superior a la que planteó el PP en 2013. "A esta cifra tendremos que sumar las 15.000 nuevas jubilaciones que se producirán a lo largo de este año. De igual modo, habrá que computar la mayor subida prevista para aquellos que cobran una pensión mínima. En nuestra comunidad ascienden a la cifra de 74.231 pensiones", ha señalado.
El portavoz socialista ha afirmado que, con esta subida, por primera vez, la nómina de los pensionistas de la Región "superará los 300 millones de euros; de hecho, si tenemos en cuenta solamente los pensionistas actuales, su nómina alcanzaría los 306,6 millones de euros".
Asimismo, ha señalado que "se trata también de una gran noticia para la evolución económica de la Región, ya que las pensiones tienen una influencia creciente en el conjunto del consumo".
"Con esta subida, adoptada en el primer Consejo de Ministros, el Gobierno de España empieza a dar cumplimiento a su agenda de justicia social y de restañar las heridas que los gobiernos del Partido Popular produjeron en el estado de bienestar de los españoles", ha concluido Lucas.

Podemos: "La movilización social debe continuar"

El diputado de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, también ha celebrado la medida: "Empezamos esta nueva etapa pisando el acelerador de la Justicia Social", según el dirigente morado, quien dice ser consciente de que se trata de una subida "considerable", pero "aún insuficiente para las cuantías más bajas". 
Así pues, ha señalado que el Consejo de Ministros se ha comprometido a aumentar antes de final de año las pensiones mínimas.
Para el diputado murciano, la medida aprobada esta mañana supone la demostración de que "hemos llegado al gobierno para mejorar la vida de la gente y dar respuesta a lo que nos está exigiendo la calle".
En esta línea, Sánchez Serna ha considerado que "la subida de las pensiones no sería una prioridad de no ser por los miles de jubilados y jubiladas que están movilizándose durante los últimos dos años. Ahora hay un gobierno que recoge esas demandas y las convierte en medidas sociales. Empezamos esta nueva etapa pisando el acelerador de la justicia social".
Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha aplaudido la medida, si bien ha considerado que "la movilización social debe continuar para empujar estos cambios y hacer que se materialicen estos compromisos".
La diputada ha recordado que "aún hay miles de pensionistas, en su mayoría mujeres, que están cobrando cantidades claramente insuficientes para sostener una vida digna", y ha mostrado su convicción de que "si continúa el movimiento en la calle, seguro que veremos cómo se cumplen las expectativas".
Marín ha recogido la consigna del movimiento por las pensiones públicas, apuntando que "gobierne quien gobierne, aunque seamos nosotros mismos, las pensiones se defienden. La movilización popular debe ser las espuelas que hagan que el gobierno no pierda de vista que su función es estar al servicio de la mayoría social".

'SOS Mar Menor' considera que la ley se hizo "de forma apresurada y opaca"

CARTAGENA.- La plataforma SOS Mar Menor ha criticado este martes en una rueda de prensa celebrada en Los Alcázares el decreto ley del Mar Menor en un amplio informe al considerar que se ha hecho de forma "apresurada y opaca" y que además "no protege" realmente la laguna.

El representante de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, ha dicho que no se trata de poner sobre la mesa una única solución estrella, sino que se trataría de un compendio, si bien consideró necesario poner en marcha una banda perimetral de dos kilómetros como mínimo para "renaturalizar" el entorno de la laguna, "revegetar" ese entorno y recuperar secanos que harían que la agricultura sea compatible con la protección, así como la reconversión total del sector primario en la zona.
Advirtió que el proceso parlamentario que se abre ahora en la Asamblea Regional no garantiza que se incluyan estas propuestas, pero sí que participen diversos colectivos sociales que no lo hicieron para elaborar ese decreto con el que "hemos ido para atrás y realmente no parece que se vaya a avanzar nada, incluso estamos peor que antes de sacar el decreto", aseveró Luengo, quién criticó que se haya recortado lo que venía en la ley de medidas urgentes.
Indicó que el 42 por ciento de los artículos se refieren a contenidos ya recogidos en normativas anteriores, el 21 por ciento a avances menores y de eficacia "muy limitada", y el 37 por ciento a retrocesos significativos con respecto a lo aprobado en la ahora derogada ley de medidas urgentes.
Entre los retrocesos, Ecologistas en Acción señala la eliminación de la prohibición de nuevos regadíos; el que deje de ser obligatorio el código de buenas prácticas agrarias en la cuenca del Mar Menor, que la agricultura ecológica deje de ser referente como modelo agrario en esa cuenca, la eliminación de la implementación obligatoria de un sistema de reducción de nitratos por parte de los titulares de las desalobradoras y el minimizar las obligaciones relativas a las estructuras vegetales de conservación.
Además señalan la eliminación de la prohibición de utilizar fertilizantes de gran poder contaminante, y la minimización de las limitaciones al uso de estiércoles y otros fertilizantes orgánicos.
Los artículos 18, 19 y 20 dedicados a gestión del medio natural no realizan avances respecto a la normativa e instrumentos de planificación ya existentes, siendo lo más relevante de la ley en este ámbito para los ecologistas, que no se propongan ampliaciones de calado de la superficie protegida actual y que no haya normas adicionales de protección de la naturaleza de carácter zonal como la recuperación de humedales.
Asimismo, mencionan que no hay normas adicionales de protección de la naturaleza de carácter transversal como ampliación de supuestos sometidos a evaluación de impacto ambiental o el establecimiento de umbrales más exigentes.
La gestión ambiental cuenta solamente con 5 artículos (21 al 25), según la plataforma SOS Mar Menor, "limitándose a abordar los vertidos y ni siquiera aportan avance alguno, más bien retrocesos respecto a lo ya existente en materia de control de vertidos al mar Menor y gestión de aguas pluviales".
El artículo 3, añaden, incluye algunos fines no relacionados con los ambientales como simplificar los procedimientos administrativos que afecten a la autorización de actividades y proyectos, lo cual, según la plataforma, "supone menos protección ambiental del Mar Menor y su cuenca".