MURCIA.- Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, presidida por el magistrado Juan Martínez Moya, ha acordado citar a declarar en calidad de imputado al consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, en relación al resort 'Novo Carthago', según han informado fuentes del tribunal, que apuntan que será el 9 de septiembre, a las 10.30 horas.
Asimismo, cita a declarar al director general del Medio Natural,
Carlos Brugarolas Molina y la asesora del consejero de Agricultura,
María Antonieta Fernández Cano, en calidad de imputados, el 10 de
septiembre, a las 10.30 y a las 12.00 horas, respectivamente.
El pasado 18 de julio decidió abrir diligencias para investigar la
actuación del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, en relación al
resort 'Novo Carthago', por los presuntos delitos de prevarización,
ordenación del territorio y del medio ambiente, y tráfico de
influencias.
El pasado mes de junio la juez titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia, Miriam Marín García, remitió una exposición razonada
al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en la que indicaba ver
indicios para imputar al consejero del ramo de un posible delito de
prevaricación administrativo al ordenar modificar el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor en favor del resort.
En concreto, consideraba que el consejero no respetó los trámites
administrativos "legalmente previstos e introdujo una modificación de la
normativa existente respecto al anterior PORN de 1998", con la
finalidad de "permitir que se pudiera llevar a cabo la construcción del
campo de golf que tenía proyectada la empresa Hansa Urbana en el espacio
protegido del Saladar de Lo Poyo de Cartagena", en el proyecto conocido
como Novo Carthago.
Un proyecto que consistía en la construcción también de hoteles y
más de 10.000 viviendas "en una zona que estaba calificada como de
especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos
eran LIC, ZEPA y ZEPIN" y por otra parte como no urbanizable de
protección del trasvase (NUPT).
Ante esto, la Sala Civil y Penal del TSJ dictó una providencia por
la que se requería al Consejo de Gobierno para que emitiera
certificación de la condición de consejero de Antonio Cerdá, y diera
traslado a la Fiscalía para que en un plazo de 15 días informara sobre
la competencia y el fondo del asunto.
Según reza el escrito actual, la Sala declara su competencia para la instrucción y, en su caso,
el enjuiciamiento respecto al consejero del ramo, aforado, en relación
con los presuntos delitos de prevarización, ordenación del territorio y
tráfico de influencias.
Así como de aquellas personas relacionadas con los hechos "en los
que ha intervenido el aforado" y en concreto contra el director general
del Medio Natural, Carlos Brugarolas Molina y la asesora del consejero
de Agricultura, María Antonieta Fernández Cano.
También incoar diligencias previas y designar instructor conforme
al turno establecido, al magistrado de la misma sala, Manuel Abadía
Vicente, a quien se le remitirán las diligencias.
UPyD pide la dimisión del consejero Cerdá
El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha pedido la dimisión del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, por su imputación en el caso 'Novo Cartago' que este jueves ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
En concreto, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, presidida por el magistrado Juan Martínez Moya, ha citado a declarar el 9 de septiembre, a las 10.30 horas, al consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, en calidad de imputado en relación al resort 'Novo Carthago'.
Sánchez ha querido distinguir las responsabilidades "judiciales de las políticas", y sin cuestionar la presunción de inocencia, ha expresado su opinión sobre la petición de dimisión de Cerdá "porque el Ejecutivo que nos gobierna a todos los murcianos no se puede permitir, por su propia imagen y por la confianza que debe generar hacia los ciudadanos, contar con dos consejeros imputados".
En este sentido, ha recordado que UPyD "también censuró la presencia en el Gobierno regional del nuevo consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, por su condición de imputado", según informaron fuentes de UPyD en un comunicado.
Rafael Sánchez cree que el hecho de que el TSJ haya tomado la decisión de imputar a Cerdá, apunta a que debe haber "consistencia" en las cuestiones que se le imputan al consejero para que se haya dado ese paso. Del mismo modo, ha señalado que la prevaricación y el tráfico de influencias son delitos de envergadura, no son "pequeñas cosas", máxime si hablamos de un consejero del Gobierno regional.
Para el coordinador de UPyD, es imprescindible que las instituciones, empezando por las que nos gobiernan, cumplan con su obligación ética de ser un ejemplo en el que se puedan mirar todos los ciudadanos.
"Si se minusvaloran o se desprecian estas graves circunstancias, como es una imputación, sólo se estará contribuyendo a incrementar la crisis de confianza en las instituciones que está asolando la credibilidad de los ciudadanos en el propio sistema", ha concluido.
UPyD pide la dimisión del consejero Cerdá
El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha pedido la dimisión del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, por su imputación en el caso 'Novo Cartago' que este jueves ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
En concreto, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, presidida por el magistrado Juan Martínez Moya, ha citado a declarar el 9 de septiembre, a las 10.30 horas, al consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, en calidad de imputado en relación al resort 'Novo Carthago'.
Sánchez ha querido distinguir las responsabilidades "judiciales de las políticas", y sin cuestionar la presunción de inocencia, ha expresado su opinión sobre la petición de dimisión de Cerdá "porque el Ejecutivo que nos gobierna a todos los murcianos no se puede permitir, por su propia imagen y por la confianza que debe generar hacia los ciudadanos, contar con dos consejeros imputados".
En este sentido, ha recordado que UPyD "también censuró la presencia en el Gobierno regional del nuevo consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, por su condición de imputado", según informaron fuentes de UPyD en un comunicado.
Rafael Sánchez cree que el hecho de que el TSJ haya tomado la decisión de imputar a Cerdá, apunta a que debe haber "consistencia" en las cuestiones que se le imputan al consejero para que se haya dado ese paso. Del mismo modo, ha señalado que la prevaricación y el tráfico de influencias son delitos de envergadura, no son "pequeñas cosas", máxime si hablamos de un consejero del Gobierno regional.
Para el coordinador de UPyD, es imprescindible que las instituciones, empezando por las que nos gobiernan, cumplan con su obligación ética de ser un ejemplo en el que se puedan mirar todos los ciudadanos.
"Si se minusvaloran o se desprecian estas graves circunstancias, como es una imputación, sólo se estará contribuyendo a incrementar la crisis de confianza en las instituciones que está asolando la credibilidad de los ciudadanos en el propio sistema", ha concluido.
