MURCIA.- La empresa Garcerán Construcciones S.L. era un chollo para altos cargos y destacados funcionarios del Ayuntamiento de Los Alcázares. Y éstos, a su vez, eran un chollo para la firma constructora. Unos se beneficiaban de los otros, y los otros de los unos, en una especie de relación simbiótica económico-política que habría permitido enriquecerse a todos ellos.
'La Verdad' desveló las conclusiones de informes realizados por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), que han sido incorporados a las diligencias del 'caso Ninette', que apuntan a que el ex alcalde socialista Juan Escudero, el concejal de Urbanismo Alfredo Blanco y el secretario municipal ya jubilado, Diego Sánchez Gómez, todos ellos imputados, habrían realizado diversas reformas en sus viviendas o negocios, incluso tres chalés en el caso de Diego Sánchez y sus dos hijos, cuyo coste, en todo o en parte, no habrían abonado a la constructora Garcerán Construcciones S.L.
Ello no implicaba, sin embargo, que la firma citada, propiedad del también imputado Valero Garcerán, trabajara gratis.
Esta empresa era concesionaria de buena parte de las grandes obras municipales, como la construcción del nuevo edificio consistorial y de un aparcamiento municipal, el cuartel de la Policía Local y de Protección Civil, la ampliación de la Casa de la Juventud, el nuevo Teatro municipal..., y supuestamente se dedicaba a hinchar las facturas para cargar al Ayuntamiento el coste de las obras realizadas al ex alcalde Escudero, al edil Blanco o al ex secretario municipal Sánchez.
Como era el arquitecto municipal, Mariano Ayuso, otro de los supuestos miembros de la 'trama Ninette', quien tenía que dar el visto bueno a esas facturas infladas, pues éstas pasaban el filtro sin problemas.
Si tales eran las conclusiones de los especialistas de la UDEF-BLA, a similar resultado llegan los inspectores de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), organismo dependiente de Hacienda, que también están trabajando en el caso. Así, un informe de la Delegación Especial de Murcia, remitido a finales del año pasado al Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, insiste en las obras que garcerán Construcciones S.L.
Realizó para Aurora de la Concepción Martínez Zapata, mujer del ex alcalde socialista, concretamente adecuando un local diáfano para la habilitación de una academia de enseñanza y una residencia escolar, por importe de 273.418 euros.
Pese a que esas obras habrían estado finalizadas en el año 2001, no existe en la contabilidad de la constructora ni una sola factura librada a la esposa del entonces alcalde y sólo en el 2002 aparece una factura, por importe de 88.325 euros más IVA.
Y, además, sólo existe constancia de que de ese dinero se abonaran realmente unos 30.000 euros, ingresados en una cuenta de La Caixa, "pero del resto no existe prueba alguna, ya que tampoco fueron objeto de contabilización cuando supuestamente se realizaron y no se declararon en las liquidaciones del IVA, siendo además todos ellos anteriores a la fecha de la factura", según los inspectores de Hacienda.
Serían, así pues, más de 240.000 euros los que Escudero y su esposa no habrían abonado, supuestamente, a la constructora, aunque ésta, según los informes policiales, los habría acabado cobrando mediante el sistema de inflar las facturas por las obras municipales que estaba realizando.
Por lo que se refiere al arquitecto municipal Mariano Ayuso, el informe de Hacienda desvela que éste también hizo reformas en dos locales comerciales, pertenecientes a una de sus sociedades, que habría acometido garcerán Construcciones S.L. y cuyo coste ascendía a 623.021 euros. Además, la constructora también emite facturas por importe de 125.000 euros al despacho de arquitectura de Ayuso, en concepto de "asesoramiento en instalaciones de edificios".
Pues bien, lo que han comprobado los inspectores fiscales es que Garcerán Construcciones S.L no llega a cobrar el total de 833.488 euros que le debía Mariano Ayuso y que la constructora se limita, en su libro de cuentas, a eliminarlos del balance de cuentas de pasivos.
A ese 'regalo' se suma la transferencia de cuatro parcelas por parte de la sociedad Promociones y Construcciones Nárcega S.L, también propiedad de Valero Garcerán, a una mercantil, Dekema Bull S.L., cuyo 50% pertenece presuntamente a Mariano Ayuso, aunque está a nombre de su cuñada y supuesta 'testaferro', Inmaculada Camacho Escudero.
Esas cuatro fincas estaban valoradas en más de 4,3 millones de euros y sólo existe constancia de que Dekema Bull llegase a pagar 1,8 millones. Los 2,5 millones restantes no habría llegado a cobrarlos Construcciones Nárcega, por que lo, teniendo en cuenta que Ayuso tenía presuntamente el 50% de Dekema Bull, el regalo recibido se habría elevado esta vez a algo más de 1,2 millones de euros.
Tal y como lo refieren los inspectores de Hacienda, "resulta que la empresa Nárcega transfiere de forma gratuita su patrimonio a Dekema Bull SL, en la que participa Inmaculada Camacho y en la que, según datos anteriores, resulta estar asimismo participada por el arquitecto municipal y otros".
Los presuntos regalos millonarios realizados a Mariano Ayuso por la firma adjudicataria de grandes proyectos municipales en Los Alcázares son los que llevan a Hacienda a exponer que "se aprecian indicios suficientes para presumir que estamos ante un presunto delito de cohecho", por el que señala al constructor Valero Garcerá, al arquitecto municipal Ayuso y a su cuñada, Inmaculada Escudero, también imputada en el 'caso Ninette'.
Además consideran que Valero Garcerán ha podido incurrir en un delito contra la Hacienda Pública, por importe de 319.148 euros, por el dinero que una de sus sociedades, Garcerán Construcciones, dice haber prestado a otra, Construcciones Nárcega, cuando lo cierto es que la primera empresa no recoge en s contabilidad dichas entregas en efectivo.
