Técnicos de la Comisión Europea ayudarán a prevenir las inundaciones en la Región de Murcia

MURCIA.- Técnicos de la Comisión Europea participarán en el Panel de expertos para prevenir las inundaciones con propuestas ambientalmente sostenibles que complementarán las soluciones de encauzamiento y de presas. Estas propuestas buscan reducir la fuerza del agua en los cauces cuando se producen lluvias intensas con llanuras de inundación más amplias, zonas de alivio que limiten la presión del agua o medidas que mejoren la permeabilidad del suelo.

Este panel diseñará medidas para reforzar la seguridad ante temporales como los que padeció la Región en septiembre, principalmente en el Mar Menor, Campo de Cartagena, Santomera, Beniel y las pedanías murcianas de Alquerías y El Raal, entre otras zonas.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, anunció esta nueva incorporación al grupo de trabajo gracias a la solicitud realizada ayer por el presidente Fernando López Miras en su entrevista con el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja.
"Van a aportar soluciones innovadoras, integradoras y sostenibles, que se hayan puesto en práctica en otros lugares de Europa", explicó el responsable regional durante la segunda reunión del Panel de expertos que destacó la "gran acogida" de la Unión Europea a las demandas realizadas por el Ejecutivo regional que contrasta con "la poca ayuda del Gobierno de España".
"Las emergencias no entienden de gobiernos en funciones" reprochó el responsable regional y reiteró la necesidad de activar el Fondo de Solidaridad Europeo que ya ha solicitado la Región de Murcia. 

Indicó que "si el Estado no quiere actuar, nuestra obligación es hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a los habitantes de la Región de Murcia y buscaremos todas las vías para atender a los damnificados del temporal".
En la reunión de hoy se expusieron las líneas fundamentales del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Plan Inunmur) que tiene por objeto establecer la organización y los procedimientos de actuación de los recursos y servicios públicos que intervienen frente a una emergencia por riesgo de inundaciones en la Región de Murcia.
Forman parte del panel el secretario general de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom), Gustavo García; los profesores de las Universidades de Murcia, Politécnica de Cartagena y Ucam, Francisco Cabezas, Encarna Gil, Luis Altarejos y Javier Senet; el delegado regional de la Aemet, Juan Esteban Palenzuela; los ingenieros Miguel Ángel Ródenas y Alfredo Salar en representación de la Confederación Hidrográfica del Segura y del Colegio de Ingenieros de Caminos, respectivamente, además de personal de los departamentos regionales de Agua, de Territorio y Arquitectura, y Seguridad Ciudadana y Emergencias.

La creación de empleo en la construcción crece en la Región un 24,6% en un año

MADRID.- La construcción mantiene una tendencia de creación de empleo positiva, rozando los 1,3 millones de ocupados y creciendo un 5% respecto a 2018, lo que supone 61.200 trabajadores más, según un análisis sobre el sector de la construcción elaborado por Randstad. 

La Región de Murcia es la tercera comunidad con mayor crecimiento, del 24,6%.

Desde 2014, la construcción ha sufrido oscilaciones, situándose entre el millón y los 1,1 millones de ocupados, hasta rozar los 1,3 millones en 2019, una cifra que no se alcanzaba desde el tercer trimestre de 2011.

"El sector de la construcción, como gran parte de los motores económicos de nuestro país, se está moderando, estabilizándose tras experimentar un pronunciado crecimiento al salir de la crisis", ha señalado el director de relaciones institucionales de Randstad, Luis Pérez.

Por comunidades, Baleares registra el mayor crecimiento, alcanzando el 33%, seguida por La Rioja (26,5%) y Murcia (24,6%).

También con crecimientos de dos dígitos están la Comunidad de Madrid (14,2%), Aragón (13,5%), Extremadura y Andalucía, con 12% y 11,2%, cada una. También por encima de la media nacional (5%) se encuentran Asturias y Cantabria (con 9,8% y 9,2%, cada una), País Vasco (8,1%) y Comunidad Valenciana (7,4%).

Por el contrario, las comunidades con descensos en el último año han sido Canarias (-1%), Casilla-La Mancha (-1,4%), Galicia (-2,5%), Castilla y León (-2,9%), Navarra, con una caída del 6,3%, y Cataluña, el mayor descenso a nivel nacional (-13,9%).

Las provincias de Teruel (74,1%), Huesca (53,7%), Huelva (36,3%) y Vizcaya (34,4%) registran los mayores crecimientos de ocupados, mientras que Tarragona, Soria, Burgos y Ourense son las regiones con mayores caídas en la ocupación del sector, con porcentajes que oscilan entre el 32% y el 20%.

En términos absolutos, Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña suman el 46,4% de todos los ocupados del sector en el país. En concreto, Andalucía emplea a 213.000 trabajadores, Comunidad de Madrid a 196.400, y Cataluña a 182.100.

Por el contrario, Cantabria, Navarra y La Rioja son las autonomías con el menor número de profesionales de la construcción, con 17.800; 17.700 y 8.600 trabajadores, respectivamente.

Asimismo, Randstad sitúa en el 6,4% el peso de los ocupados en construcción actual respecto al total de empleados, prácticamente la mitad que en 2008 (12,4%), pero una décima más que en el mismo periodo de 2018 (6,3%).

Tres alcaldes de la Región de Murcia, entre los 80 de España que superan los 60.000 euros de sueldo

MURCIA.- Más de 80 alcaldes españoles cobran más de 60.000 euros anuales, lo que en la Región de Murcia ocurre en el caso de los de Murcia (74.523), Lorca (71.012) y Cartagena (67.022). Encabezan la lista los de Madrid, con 103.667 euros, y Barcelona, con 99.999, según un informe del Ministerio de Política Territorial en base a datos de 2018.

El ranking refleja el sueldo de 35 de los 45 regidores de la Región, 27 de ellos con dedicación exclusiva, cuatro con dedicación parcial (regidores de Albudeite, Archena, Cehegín y Ulea) y otros cuatro sin dedicación (Los Alcázares, Campos del Río, La Unión y Yecla).

Según este ranking, el alcalde de Lorca percibió un sueldo de 71.012,50 euros el año pasado, y la regidora de Cartagena, 67.022,76 euros. En los siguientes puestos del ranking está la alcaldesa de Molina de Segura, con un sueldo de 58.260,02 euros; la regidora de San Pedro del Pinatar, que percibió un sueldo de 53.765,88 euros en 2018, el alcalde de Alcantarilla, con un sueldo de 52.086,84 euros y el alcalde de San Javier con 52.000,06 euros, que percibió también 1.341 euros en por asistencias y otras percepciones. La alcaldesa de Águilas cobró un sueldo de 50.369,76 euros

El alcalde de Fuente Álamo percibió un sueldo de 49.000 euros; el alcalde de Cieza, un sueldo de 44.999,92 euros; y sin embargo, la alcaldesa de Alhama de Murcia percibió un sueldo de 20.432,30 euros en 2018 por su labor al frente del Ayuntamiento del municipio.

Con dedicación parcial, los regidores de Archena, Cehegín, Mula o Albudeite percibieron sueldos de 38.571,48, 31.472,59, 24.155,77 y 10.500 euros, respectivamente, en 2018. Según este ranking, los regidores de Los Alcázares, Campos el Río, La Unión y Yecla, sin dedicación, percibieron por asistencias y otras percepciones 26.111, 80 euros, 650 euros, 12.464,33 euros y 2.144,95 euros, respectivamente.

En su sistema de información salarial de los puestos de la administración (ISPA), que recoge las percepciones de los cargos electos y las asignaciones a esos puestos de trabajo, también aparecen los más de 2.600 alcaldes que dicen no percibir dinero de sus corporaciones, como el de Cádiz.

Su finalidad, explica el Ministerio, es permitir una visión de conjunto del colectivo de entidades locales, «imposible de conseguir por la mera agregación de la información individualizada», por el elevado número de entidades, 8.122 ayuntamientos y 52 diputaciones provinciales y forales y consejo y cabildos insulares.

Respecto a la cuantía de las retribuciones, recuerda que la competencia para determinar las retribuciones complementarias le corresponde a cada corporación local.

Además de las asignaciones para los alcaldes de Madrid y Barcelona, destacan las cuantías de los sueldos de los máximos ediles de Bilbao (92.911 euros), Valencia (85.602), San Sebastián (83.869), Vitoria (82.416), San Cristóbal de La Laguna (82.345) y Getxo (81.272).

Los sueldos no son homogéneos a la capitalidad o la población, ya que el alcalde de Alicante (331.577 habitantes) cobra 67.159 euros y el del municipio vizcaíno de Munguía, con algo más de 17.000 habitantes, tiene una retribución anual de 72.284 euros.

Otros 1.158 ayuntamientos no han facilitado información sobre las cantidades percibidas por los miembros de la corporación municipal en 218, como la de Granada, Jerez de la Frontera, Sabadell, Leganés, Getafe, Tarragona, Orense y Telde (Las Palmas), con poblaciones que superan los 100.000 habitantes.

La floristería del pedáneo socialista de Algezares recibe casi 16.000 euros en flores de las juntas municipales

MURCIA.- La floristería del pedáneo socialista de Algezares recibió casi 16.000 euros en flores de las juntas municipales del municipio de Murcia, en los primeros seis meses de 2019, según aparece reflejado en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

Este mismo Portal está siendo utilizado por un troll, vinculado al partido socialista, conocido con el nombre de Antonio Ros, que se dedica a tergiversar datos públicos y publicarlos en las redes sociales, en detrimento del trabajo independiente de los profesionales de los medios de comunicación que sí contrastan la información.

Concretamente, ayer dicho troll publicó el gasto de las juntas municipales en flores, 151.280 euros en seis meses, manipulando intencionadamente la información, y obvió que dicho gasto corresponde a las 67 Juntas Municipales y de Distrito.

Esta misma mañana el Grupo Municipal Socialista ha recogido como cierta dicha información tergiversada y manipulada, sin tener en cuenta que muchos de estos gastos fueron realizados en pedanías gobernadas por el propio Partido Socialista.

En este sentido, el Ayuntamiento denuncia la utilización de este tipo de información no oficial, y defiende la información contrastada de los profesionales de los medios de comunicación.

Al mismo tiempo, abrirá una investigación sobre la creación del perfil para identificar la persona o personas que están detrás de dicha cuenta falsa.

Mientras tanto, y para aclarar la información trasmitida por el troll y por el PSOE, el Grupo Municipal Popular denuncia que la nota difundida por el este grupo obvia información del Portal de Transparencia, como la siguiente:

Que el pedáneo de Algezares, Juan José Garre Navarro, del partido socialista, es el mayor beneficiado del dinero obtenido de las flores compradas por las Juntas Municipales, obteniendo casi 16.000 euros, según aparece en dicho Portal.

Que la pedanía de Aljucer, donde era pedánea la actual concejala del PSOE, Ainoa Sánchez, se ha gastado cerca de 2.500 euros en flores.

Que San José de la Vega, también socialista, ha gastado casi 5.000 euros.

-Que la información del PSOE no cuenta que el gasto en flores no es el del Ayuntamiento, sino que corresponde a las pedanías y juntas de distrito, muchas gobernadas por el partido socialista.

Que el Ayuntamiento de Murcia cuenta con un total de 67 pedanías, y que si dividimos el gasto en flores de 151.280 euros por el total de pedanías nos sale un coste aproximado de 2.257 euros por pedanía para el primer semestre.

Que las pedanías están gobernadas por partidos de distintos grupos políticos (en esta última legislatura han estado distribuidas por PP, PSOE y CS), que son juntas vecinales y que las decisiones son tomadas por los propios vecinos.

Y por último, que las pedanías son un órgano de gestión descentralizado del Ayuntamiento de Murcia con capacidad para hacer gasto de manera autónoma y bajo la supervisión del área de descentralización y la intervención municipal.

A la luz de esta información, el Grupo Municipal Popular y a raíz de la nota remitida por el grupo socialista, pide a su portavoz, José Antonio Serrano, que dejen de utilizar perfiles falsos para manipular a los vecinos y difundir informaciones falsas, frente al trabajo profesional de los medios de comunicación.

Con respecto a la información que aparece en el portal de Transparencia sobre el pedáneo socialista de Algezares, el Grupo Municipal Popular solicita que asuma la responsabilidad política y, de manera inmediata, si quiere ser coherente con su denuncia, lo cese de sus responsabilidades.

Para el Grupo Municipal Popular la transparencia es una forma de trabajar y no tiene nada que ocultar. Toda la información está disponible en el Portal de Transparencia:

https://www.murcia.es/web/portal/transparencia-municipal

Los Estatutos del PP obligan a la devolución del acta de Noelia Arroyo y sus concejales por pactar con tránsfugas

CARTAGENA.- Ante la actitud de los concejales en Cartagena del Partido Popular y Ciudadanos, quienes se mantienen en un Gobierno presidido por una edil tránsfuga del PSOE y otros cinco concejales tránsfugas en idéntica situación tras ser expulsados de su formación, el portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, envió sendas cartas a los presidentes de PP y Cs, Pablo Casado y Albert Rivera respectivamente, para que, en base al acuerdo sobre el transfuguismo suscrito por las fuerzas políticas con representación parlamentaria, a los estatutos del PP y a lo manifestado por Albert Rivera, insten a los ediles de sus formaciones en el Ayuntamiento de Cartagena a que abandonen el Gobierno local.

En el caso del PP, López ha puesto de manifiesto que "el artículo 13 de sus Estatutos recoge que se considera infracción muy grave la actuación de quienes perteneciendo a un Grupo Institucional del Partido utilicen o se valgan de tránsfugas de otros partidos para constituir, mantener o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas".

En este sentido, cabe citar que el PP manifiesta en sus Estatutos que las infracciones muy graves serán sancionadas con "la suspensión de militancia por un período de tiempo entre cuatro y seis años; la inhabilitación para desempeñar cargos en representación del Partido o en representación de éste por igual período de tiempo o la expulsión del partido".

Por ello, ha reseñado José López, "los Estatutos del PP son claros, Noelia Arroyo y el resto de concejales populares en el Ayuntamiento de Cartagena deben devolver su acta al formar parte de un Gobierno presidido e integrado por tránsfugas".

El edil cartagenerista ha recordado que, el 7 de julio de 1998, las fuerzas políticas con representación parlamentaria suscribieron el acuerdo sobre el transfuguismo en el que se recoge que "el fenómeno del transfuguismo político constituye un problema que afecta a las corporaciones locales adquiriendo unas dimensiones que la experiencia configura como patología política de nuestro sistema".

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2000 se renovó este acuerdo al suponer el transfuguismo, "desde una perspectiva política y ética, una deslealtad tanto hacia las fuerzas políticas, como hacía los electores".

Más tarde, el 23 de mayo de 2006 se renovó este acuerdo como "un compromiso por el respeto a la voluntad de los ciudadanos y a la lealtad política en los gobiernos locales", comprometiéndose los firmantes a "impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones públicas".

Sobre el transfuguismo, Ciudadanos, a través de su presidente Albert Rivera, ya lo consideró una actuación que "no es ética", tras el abandono de su partido del eurodiputado Javier Nart, añadiendo el presidente de la formación naranja que si un cargo público ya no milita en su partido "no se queda con un sueldo para cinco años, ni con el escaño y los recursos y asesores".

Por todo ello, y en base a todos estos argumentos, José López ha concluido destacando que MC reclama a Casado y Rivera que "exijan a sus concejales abandonar inmediatamente el gobierno que preside la tránsfuga Castejón para que finalice, de una vez, una situación que perjudica tremendamente a Cartagena, ya que nuestro municipio sufre las consecuencias de padecer un gobierno instalado en la inacción y únicamente válido para subir sus sueldos y satisfacer a sus redes clientelares. En definitiva, un gobierno fruto del Pacto de la Vergüenza".

UGT exige a la administración y a las empresas la aplicación más rigurosa de la ley de prevención de riesgos laborales

MURCIA.- UGT lamenta profundamente el fallecimiento una trabajadora contratada a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT), a consecuencia de un accidente de trabajo, en una empresa  de Fortuna, donde realizaba tareas de selección de cítricos, aunque en el momento del accidente estaba realizando tareas de limpieza, cuestión ésta que habrá que investigar desde el punto de vista laboral y de la prevención de riesgos laborales.

A falta de conocer los datos concretos de la investigación pertinente todo indica que ha existido un fallo de las medidas de seguridad, por lo que consideramos que el accidente se podía haber evitado.

Para UGT se vuelve a evidenciar que trabajar para una ETT en la Región de Murcia supone, con carácter general, asumir unas condiciones laborales altamente precarias. Las modificaciones legislativas relativas al mercado laboral, la aprobación del Reglamento de las ETT suprimiendo garantías para su constitución y dejando de lado la mejora en la protección y defensa de los derechos de los trabajadores puestos a disposición por este tipo de empresas, sumado a las políticas de austeridad de los últimos años, ha supuesto un aumento de la precariedad laboral y del empleo informal.

Cientos de miles de personas subempleadas, con jornadas extenuantes, junto a la proliferación de la economía sumergida y la precarización de las condiciones de trabajo provoca un fuerte impacto sobre su salud y calidad de vida.

Una vez más, la elevada tasa de empleo a tiempo parcial y la precariedad laboral conlleva una escasísima formación en prevención, el desconocimiento y la falta de experiencia en el puesto, dan como resultado este tipo de accidentes.

Insistimos en la necesidad de que los empresarios hagan un cumplimiento real y no virtual de las medidas de prevención de riesgos laborales, y que la propia Administración regional redoble sus esfuerzos de lucha contra esta lacra laboral y social. Desde UGT exigimos una investigación en profundidad de este hecho luctuoso que permita conocer las condiciones laborales en la que la trabajadora prestaba sus servicios.

Por otro lado, reivindicamos la necesidad de potenciar la labor del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia (ISSL-RM) y que se incrementen los recursos de la Inspección de Trabajo y la Fiscalía. El objetivo debe ser revertir esta situación fortaleciendo los instrumentos contra la siniestralidad.

Por esta razón, y para frenar esta sangría exigimos al Gobierno Regional y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se dediquen más medios, más esfuerzos y mayor vigilancia para que cumpla de manera escrupulosa la ley.

California limita por ley el aumento del precio de los alquileres de inmuebles

LOS ÁNGELES.- El gobernador de California, Gavin Newsom, rubricó una ley que limita el aumento de los precios del alquiler de apartamentos y de algunas casas en todo el estado, y restringe asimismo los argumentos del propietario que obligan a un inquilino a desocupar la vivienda.

La ley AB1482 fue firmada en la ciudad de Oakland por el gobernador, quien defendió la medida bajo la razón de que el costo de la vivienda ha venido a ser "el tema por sobre todos los temas".

"Estamos liderando la nación", aseguró Newsom. "Y necesitamos seguir poniendo esta energía para generar nuevas unidades de vivienda", agregó.

El tope máximo de aumento anual de las rentas en la próxima década será del 5 % más el índice de inflación, según la nueva ley que empieza regir el 1 de enero de 2020 y expira en el 2030.

El tope de renta establecido por la "Ley de Protección al Inquilino de 2019", como se denomina la medida, afecta a los edificios de más de 15 años de construidos y sólo a aquellas viviendas propiedad de corporaciones u otras entidades de inversión.

Según calculó la oficina del el asambleísta demócrata de San Francisco David Chiu, la nueva medida únicamente se va a aplicar a cerca de 8 millones de los aproximadamente 17 millones de arrendatarios del Estado Dorado.

La ley igualmente prohíbe que los arrendadores den por terminado el contrato de alquiler solamente con una comunicación dentro de un plazo de 60 días, como actualmente lo permite la ley estatal.

Al comenzar a regir la AB1482, los dueños deberán argumentar falta de pago o daño a la vivienda para remover a los inquilinos que lleven al menos un año viviendo en la propiedad.

En una reunión de dueños de apartamentos en Pasadena, realizada ayer, Dennis Block, un prominente abogado de los arrendadores, señaló que la nueva ley posiblemente hará que muchos dueños de viviendas tomen alguna acción contra arrendatarios que pagan muy poco antes de que la medida entre en vigor.

Así, los arrendadores pueden solicitar el desalojo a aquellos inquilinos que pagan precios muy bajos o son "problemáticos" con un plazo anterior al 1 de enero del año próximo, dijo Block.

California es el tercer estado del país en aprobar una ley de protecciones significativas a los inquilinos este año.

Oregón aprobó un aumento máximo en los arrendamientos de 7 % al año más la inflación, mientras los legisladores de Nueva York incrementaron las protecciones en la ciudad de los rascacielos y permitieron a otras comunidades del estado implementar políticas similares.

España pide ayuda a la UE para los sectores afectados por las posibles subidas de aranceles por EEUU

BRUSELAS.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, pidió este miércoles a la Comisión Europea (CE) la adopción de medidas para ayudar a sectores como el aceite, la aceituna de mesa y el vino ante la eventual subida de aranceles anunciada por Estados Unidos.

Planas se reunió hoy con el titular europeo de Agricultura, Phil Hogan y con la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, para abordar esa situación.

Ambos encuentros tenían por objetivo tratar de dar "una solución a la problemática creada por la imposición de aranceles adicionales", explicó en declaraciones a la prensa Planas al término de las reuniones.

A la comisaria de Comercio el ministro le pidió que "mantenga hasta el último momento la firmeza para evitar la aplicación de estas (...) sanciones injustas para el conjunto del sector agroalimentario español", dijo Planas.

Malsmtrön advirtió de la "dificultad" de la situación, teniendo en cuenta la política comercial que está aplicando EEUU, pero se comprometió a "intentar hasta el último momento lograr que de algún modo pueda evitarse esa situación", añadió el ministro.

Por otra parte, Planas calificó de "positiva" la reunión que mantuvo con el comisario de Agricultura, en la que exploraron posibles acciones para paliar los daños que puede sufrir cada uno de los sectores afectados.

España solicitó en particular a Bruselas, dijo el ministro, que le autorice a efectuar el almacenamiento privado del aceite de oliva, una de las producciones que se verán más afectadas por los posibles aranceles.

El almacenamiento privado es un mecanismo activado por última vez en 2012 que implica la concesión de ayudas europeas para retirar producto del mercado de forma transitoria para recuperar los precios con el objetivo de que al reducir la oferta los importes mejoren.

España llevaba meses reclamando esa medida por los bajos precios como consecuencia de la cosecha récord en la campaña 2018-2019 y ahora, unido a los posibles aranceles, hace aún más urgente proceder a esa medida, según el ministro.

"No hemos alcanzado el umbral de referencia para el almacenamiento privado pero sí que se dan unas especiales circunstancias", señaló Planas, que confió en que la CE sea "sensible" a la adopción de esa medida.

El comisario, según el ministro, se comprometió a examinar la petición de España y a dar una respuesta "en el plazo más breve posible".

Por otro lado, sobre la aceituna de mesa, señaló que la amenaza de EEUU supone un "mazazo adicional" a las dificultades que atraviesan los exportadores españoles como consecuencia de la imposición por parte de Estados Unidos de medidas compensatorias y "antidumping" contra las aceitunas negras de España.

Por ello consideró que, además de medidas de promoción, se debería estudiar también aquí un posible almacenamiento privado, "como remedio a la situación creada".

En el caso del vino, dijo que España ha pedido ayudas adicionales de promoción para poder "preservar o incluso desarrollar" la creciente presencia de vino de gama media y alta en el mercado americano.

Para el resto de sectores se pidió que, "si en su día se produce alguna afectación negativa por culpa de los aranceles, se puedan adoptar las medidas previstas en la Organización Común de Mercado de productos agrarios".

Fuentes comunitarias indicaron que la CE "lamenta que Estados Unidos parezca haber tomado la decisión de imponer aranceles adicionales a las exportaciones de la UE" y que esa medida "tendrá un impacto negativo para los consumidores y las empresas en ambos lados del Atlántico", por lo que evitar ese escenario sigue siendo su "prioridad".

En ese contexto, Bruselas se dijo "preparada para trabajar con Estados Unidos" para garantizar "que ambas partes cumplan con las decisiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC)".

Las mismas fuentes añadieron que "está evaluando el impacto potencial" de las contramedidas anunciadas por EEUU sobre los productos europeos en cuestión y en particular en el sector agrícola, asunto que se debatirá en el próximo Consejo de Ministros europeos de Agricultura el próximo 14 de octubre.

El FMI advierte de que la crisis climática aumentará las diferencias de productividad entre regiones españolas

WASHINGTON.- España será uno de los países avanzados más afectados por el impacto del cambio climático sobre la desigualdad entre regiones en materia de productividad laboral, según ha advertido el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo destaca el efecto adverso del calentamiento, una vez superado un determinado umbral, en sectores como la agricultura y la industria, predominantes en las regiones de menor renta.

Bajo el peor escenario planteado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en el que las emisiones no se limitarán a lo largo del presente siglo, la productividad laboral de las regiones con menor renta per capita en relación al resto "podría caer entre un 2% y un 3% en Italia, EEUU y España hasta el año 2100", mientras que en países como Suecia, Canadá, Reino Unido o Alemania el impacto adverso sería inferior al 1%.

"Esto es similar a la caída de la productividad laboral relativa de las regiones rezagadas entre 2002 y 2014", advierte el FMI.

En el escenario intermedio planteado, que asume que las emisiones tocarán techo en 2050 y comenzarán a disminuir a partir de entonces, este retroceso de la productividad laboral se limitará al 1,5%.

En este sentido, el FMI señala que un incremento de 1ºC reduce la productividad laboral de sectores expuestos al calor, principalmente agricultura e industria, mientras no tendría impacto en sectores, principalmente servicios, no expuestos al calor.

"El cambio climático puede exacerbar aún más las disparidades regionales en muchas economías avanzadas hacia finales del siglo XXI", alerta el FMI al constatar que los aumentos de temperatura lastrarán probablemente la productividad laboral de sectores como la agricultura y la industria, en los que tienden a especializarse las regiones de menor renta.

De este modo, el efecto negativo del calentamiento global en la productividad laboral puede ser mayor en las regiones rezagadas, lo que agravaría las desigualdades entre regiones hacia el final del presente siglo.

Asimismo, los autores del informe del FMI subrayan el efecto "no lineal" de la temperatura sobre la actividad económica, lo que puede llevar a que el calentamiento conlleve efectos positivos para las regiones frías, aunque apuntan que "a partir de un determinado nivel óptimo, los aumentos de temperatura pueden dañar la actividad económica y la productividad laboral".

El 9 d'octubre y los atascos a Murcia: ¿mito o realidad?

MURCIA.- El 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, es un festivo que muchos alicantinos suelen reservar para dar el salto a Murcia incluso pese a albergar el convencimiento de que esa decisión pueda resultar "una locura" por la elevada intensidad del tráfico y la generación de atascos. 

Pero lo cierto es que esa percepción ha quedado atrás, ya que los datos demuestran que no suele haber un aumento considerable de la circulación. Al menos no ocurre en el principal acceso a la ciudad de Murcia y enlace con la provincia de Alicante, el conocido como ‘Nudo de Espinardo’ de la Autovía del Mediterráneo (A7). Esta vía registró el año pasado un incremento de unos 2.700 coches en una zona por la que habitualmente circulan unos 83.000 vehículos.

La Delegación del Gobierno de la Región de Murcia, por tanto, no ha previsto ningún dispositivo especial. También influye que el festivo no coincide con ningún puente, con lo que se espera todavía una afluencia menor a la Región de Murcia.

Con todo, fuentes de la Guardia Civil de Tráfico aseguraron que se realizará un refuerzo del control de las patrullas, sobre todo en las horas punta, por si se produjese alguna incidencia en los accesos a los centros comerciales desde la autovía A-30, sentido llegada desde Alicante, aunque no se espera "que la situación sea especialmente conflictiva, pese al escaso aumento de desplazamientos que se producirán al ser festivo en la Comunidad Valenciana".

El año pasado, en concreto, el tránsito de automóviles aumentó en 1.000 vehículos en sentido Almería y en 1.700 en sentido Alicante, según detallan desde la Delegación del Gobierno, que apuntan que habitualmente el punto kilométrico 567 (el ‘Nudo de Espinardo’) registra una media de 33.428 turismos en sentido Almería y en sentido Alicante una media de 50.000 vehículos.

Sin embargo, en lugares como Orihuela persiste el temor a "una avalancha" en las carreteras que conectan con la Región de Murcia durante el festivo del 9 d'octubre y muchos prefieren quedarse en Alicante para evitar las colas. "Quien quiera ir a Murcia está loco", exclama Isabel, una administrativa oriolana. "Es una locura acercarse allí, prefiero ir a Alicante", señala Rocío, una profesora de Orihuela.

Hubo un tiempo en que estas temidas retenciones sí se producían, como sucedió en el año 2006, cuando se registraron hasta sesenta kilómetros de atascos. Aquellos años coincidieron con la apertura de los centros comerciales de Murcia, como Thader, Nueva Condomina y, posteriormente, El Tiro (hoy llamado Myrtea).

En la Vega Baja, los centros comerciales más próximos, Ociopía y Zenia Boulevar, permanecen cerrados este miércoles, por lo que una opción para los alicantinos pasa por desplazarse a los centros comerciales de Murcia. Pero, aun así, algunos oriolanos tienen muy claro que es preferible hacer las compras otro día. "Yo tengo que ir a la Condomina, pero este miércoles no es el mejor día. Te puedes morir con los atascos y todo", asegura Rocío, una maestra de Orihuela.

Sin embargo, en los centros comerciales murcianos no esperan ninguna llegada masiva de visitantes. Carmen Munuera, responsable de Marketing del Centro Comercial Thader, manifestó que no se ha preparado ningún dispositivo especial para encarar la llegada de visitantes procedentes de la Comunidad Valenciana, ya que su previsión es que "sea como un festivo de apertura cualquiera, con más afluencia de coches pero sin problemas de acceso, para lo cual el centro está preparado".
Igualmente, consideró que "años atrás se registraban más problemas de acceso debido a la concentración de centros comerciales, pero en la actualidad la oferta está más diversificada".

Ikea en Murcia, el favorito de los alicantinos

Y es que mientras que para la Región de Murcia este miércoles es un anodino día de octubre, caluroso e incrustado en mitad de la nada, alicantinos, valencianos y castellonenses celebran el Dia de la Comunitat Valenciana, por lo que esta jornada es un pequeño regalo para que los días de trabajo se acorten con un pequeño salto festivo. 

Muchos son los que aprovechan este momento para hacer compras y pasar el día en Murcia, y qué mejor manera que darse una vuelta por Ikea Murcia, en lo que se ha convertido una clásica salida, especialmente de los alicantinos, al complejo comercial que se ubica junto a la autovía de Alicante.

Solo hay que recordar que el 30% de los clientes que visitan cada año Ikea Murcia proceden de Alicante y provincia, por lo que se ha convertido en el segundo cliente de la firma sueca en la región, por encima de almerienses y albaceteños, las otras provincias limítrofes con la comunidad murciana.

Desde la inauguración en 2005 de Ikea Murcia, este día festivo en la Comunidad de Valencia está marcado en rojo para los trabajadores de esta tienda. La cercanía entre ambas capitales de provincia supone un incentivo añadido para darse una vuelta por la tienda, comprar algún producto y comer en su restaurante.

La industria química aumenta un 4% sus ventas en 2018 y consolida a España como segundo exportador de perfumes

MADRID.- La industria química española registró unas ventas en 2018 por valor de 65.647 millones de euros, lo que supone un aumento del 4% respecto al año anterior y consolida a España como el segundo mayor exportador mundial de perfumes, solo por detrás de Francia.

Según el último informe sectorial de la economía española, elaborado por Cesce, el aumento de la demanda interna por parte de los consumidores durante el año pasado explica este crecimiento tanto de la producción como de la facturación, así como por la demanda externa y los precios.

De hecho, los expertos estiman que la demanda interna del sector aumentará un 4,5% anual hasta 2030, al tiempo que las exportaciones continuaron al alza en 2018, con un aumento del 5,1% y representando ya un 57,5% del total de ventas, es decir, más de la mitad de los productos químicos españoles acabaron exportándose en el último ejercicio.

Destaca la venta de productos de perfumería y cosmética, que alcanzaron los 6.954 millones de euros de facturación, tras crecer un 2%. 

En concreto, los productos de higiene personal y cuidado de la piel son los más consumidos, mientras que en la perfumería, España sigue consolidándose como segundo mayor exportador del mundo.

El mercado de gases, tanto de uso industrial como medicinal, incrementó sus ventas un 5%, hasta los 1.376 millones de euros, presentando los gases medicinales presentan un mejor comportamiento, con un alza del 4,4% por las terapias respiratorias.

A su vez, el sector de fertilizantes se vio favorecido por la meteorología, que conllevó un incremento del valor de mercado del 10%, hasta los 1.482 millones de euros, al mismo tiempo que el positivo comportamiento del consumo de los hogares hizo que el sector de productos de limpieza continuase con la subida iniciada en 2013, con un valor de mercado de 2.185 millones de euros (+2,1%). 

Así, el mercado de detergentes, lavavajillas y suavizantes fue el responsable del mayor volumen de ingresos, 1.500 millones de euros.

Por su parte, el buen comportamiento de las pinturas para la construcción, la decoración profesional y el bricolaje compensó el desfavorable comportamiento de las pinturas de automoción en 2018, contabilizándose unas ventas de 1.615 millones de euros, un 2,9% más que en 2017.

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Desde 2014, la industria farmacéutica viene registrando una trayectoria de crecimiento gracias al repunte en el gasto público en medicamentos, que en 2018 aumentó un 3%, y a las mayores ventas en especialidades de venta libre. Esta industria creció un 2,9% en 2018, hasta los 16.500 millones de euros.

Por otro lado, las oficinas de farmacia aumentaron su facturación media un 2,1% en 2018, consiguiendo una facturación global en el mercado de farmacias de 20.149 millones de euros (+2,2%). Este aumento se produce principalmente gracias a las mayores ventas en medicamentos, manteniéndose estable el mercado de productos de medicina de consumo.

Por último, las mayores ventas de especialidades farmacéuticas de prescripción obligatoria permitieron también un comportamiento al alza del 2,5% del valor de mercado de la distribución de productos farmacéuticos, facturando 12.110 millones de euros en 2018.

El auge del alquiler y el incremento de los impagos de rentas aumentan un 160% la contratación de seguros especializados

MURCIA.- El auge del mercado de la vivienda de alquiler durante los últimos años ha representado una importante transformación social en un país tradicionalmente constituido de forma mayoritaria por propietarios. Según la reciente Encuesta sobre Condiciones de Vida del INE, el número de hogares en régimen de alquiler se situaba algo por encima de los 3 millones en 2018, frente a los 2,4 millones de 2008, lo que equivale a un crecimiento del 25% en una década.

Según el estudio Evolución reciente del mercado del alquiler de vivienda, publicado por el Banco de España (BdE), "la dificultad de los colectivos con menor renta para incrementar sus ingresos por la aún elevada incidencia del desempleo, la escasa duración de los nuevos contratos laborales o la mayor relevancia de la jornada reducida habrían aumentado la demanda de alquiler residencial, especialmente entre los hogares jóvenes". 

Concretamente, la proporción de población que vive en España en una vivienda de alquiler alcanzó en 2018 el 23,9%, cuatro puntos y medio por encima del 19,4% que se registraba en 2005.

Este incremento de la demanda ha ido, consecuentemente, acompañado de un aumento en los coste de los alquileres. Siguiendo con el informe del BdE, "los precios de oferta del alquiler residencial en el conjunto de España han mostrado un notable dinamismo desde su mínimo a finales de 2013", con crecimientos acumulados hasta mediados de 2019 en el entorno del 50%.

Este aumento de los precios de alquiler junto con la precariedad laboral, ha dado lugar a que la morosidad en los alquileres haya aumentado notablemente en los últimos años. Una consecuencia de ello es la subida del número de lanzamientos (desahucios) por impago de rentas de alquiler, que entre 2016 y 2018 ha crecido un 9%, según cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De hecho, el número de este tipo de lanzamientos prácticamente duplica al relacionado con los impagos de hipotecas.

Este auge en la demanda de vivienda de alquiler, el incremento de los precios en el mercado y el aumento en los impagos por parte de los inquilinos han generado inquietud entre los propietarios de inmuebles, que ven como la citada morosidad hipotecaria que han venido soportando los bancos durante la crisis se ha trasladado progresivamente al impago de rentas por alquileres en los últimos años.

En este sentido, entre enero de 2016 y agosto de 2019, las contrataciones de seguros contra el impago de alquiler se han disparado un 158%, según cifras propias de DAS Seguros. Este tipo de seguros además de cubrir en favor del propietario el adelanto de las rentas de alquiler si el inquilino no paga, ofrecen asistencia legal ante un eventual proceso de desahucio y el asesoramiento y protección legal frente a los vecinos, la comunidad de propietarios, al comprar bienes para el inmueble, etc.

Tras los vaivenes legales iniciados a finales 2018, la aprobación por parte del Gobierno del decreto de medidas urgentes de vivienda y alquiler el pasado mes de marzo no ha hecho más que confirmar la preocupación de los propietarios. El contenido de dicha normativa (se aumentó el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada de 3 a 5 años para personas físicas y hasta 7 años si es persona jurídica) ha provocado que los arrendadores quieran protegerse mejor contra posibles impagos en una relación que ha prolongado su duración potencial.

Más allá de la contratación de seguros contra el impago de alquileres, la preocupación social sobre esta cuestión se refleja en otros campos. A nivel legal, las consultas de los ciudadanos sobre arrendamientos que recibe el Centro de Asistencia Jurídica de DAS Seguros han crecido más de cuatro puntos porcentuales entre 2018 y 2019 y ya representan el grupo más numeroso en términos absolutos, por encima de las multas de tráfico, los problemas relativos al consumo o los temas de derecho laboral.

Vox Cartagena exigirá que desaparezca el grupo municipal socialista con todas sus consecuencias

CARTAGENA.- Tras conocerse el pasado viernes la expulsión definitiva del partido de los seis concejales del PSOE en Cartagena, incluida la actual alcaldesa Ana Belén Castejón, desde Vox Cartagena se preguntan en qué condiciones queda el pacto de gobierno que firmaron con el PP y C's. 

"Ha de tenerse en cuenta que, según el Reglamento Orgánico del Pleno de este Ayuntamiento, los concejales, expulsados de su partido, pasan a la condición de miembros no adscritos, desapareciendo, en el caso de expulsión de todos ellos, el grupo municipal, y, por tanto, perdiendo los derechos a obtener medios materiales, dotación económica y personal eventual. 

Desde Vox Cartagena van a exigir el cumplimiento del citado reglamento y así como el de participación ciudadana, "por lo que entendemos que se debe revisar la composición de las comisiones del pleno y de las juntas vecinales, cuyos vocales son designados por los grupos municipales. 

Por último, exigimos al Partido Socialista que la ruptura con sus ex-concejales de Cartagena no acabe perjudicando a nuestra ciudad, como parece que ya está ocurriendo".

Impugnan los presupuestos de Alcantarilla por falta de fondos para el patrimonio

ALCANTARILLA.- La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) impugna la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcantarilla para el ejercicio de 2019. Se trata de una reclamación en la que pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que el Consistorio no publicó de forma electrónica en la web municipal los presupuestos íntegros, sometidos a exposición pública desde el pasado 17 de septiembre cuando se publicó en el BORM el anuncio.

Según Huermur, el Ayuntamiento «incumple así las obligaciones recogidas en la Ley 19/2013 de Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno y la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común, que exigen que dicha documentación se publique de forma digital en la web o sede electrónica durante el plazo de exposición pública correspondiente».

En el mismo sentido, la asociación conservacionista lamenta la falta de transparencia del Ayuntamiento de Alcantarilla a la hora de facilitar documentación pública, «indispensable» para poder realizar una adecuada labor de protección y salvaguarda del patrimonio histórico, cultural y natural del territorio, y de fiscalización de la administración pública.

Desde Huermur remarcan que la transparencia y las peticiones de información no deben verse como un problema o un obstáculo por el Ayuntamiento, «sino como una herramienta de los ciudadanos para mejorar el funcionamiento de la administración pública», por lo que pide que los dirigentes locales recapaciten.

Huermur también alegó la falta de fondos adecuados y suficientes para una correcta conservación y protección del patrimonio histórico y cultural de Alcantarilla y su huerta. Concretamente, la entidad solicitó partidas presupuestarias específicas para un plan de recuperación e instalación de los escudos heráldicos BIC de Alcantarilla, «que a día de hoy están almacenados en palets por los suelos del Museo de la Huerta».

También pusieron de manifiesto la falta de dotación presupuestaria suficiente «para la correcta vigilancia, mantenimiento y ornato» del entorno del Acueducto de la Rambla de las Zorreras en Alcantarilla, así como la falta de presupuesto suficiente para el correcto mantenimiento, custodia y conservación del yacimiento íbero del Agua Salá y su entorno, junto al río Segura y la Rueda de Alcantarilla.

Huermur propone al Ayuntamiento que en los presupuestos del Alcantarilla se dote una partida específica para elaborar un plan director para la conservación y recuperación del patrimonio cultural del municipio que está incluido en los catálogos urbanísticos de protección del Ayuntamiento.

Por último, el presidente de Huermur, Sergio Pacheco, señaló que «La mayoría de monumentos y bienes culturales del Alcantarilla están en un estado de conservación deplorable, y sin planes de actuación específicos que marquen las directrices para poner en valor el gran legado cultural del municipio. Un legado que, de estar en las debidas condiciones, supondría un gran impacto económico y turístico en esta zona de la Huerta de Murcia».

La CNMC multa con 650.000 euros a la empresa cartagenera 'Mecánicas Bolea'

CARTAGENA.- La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) multó a 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial con sanciones que suman 54,26 millones, entre ellas, la cartagenera Mecánicas Bolea, por crear un cártel que durante 17 años encareció sus servicios, fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico. 

El organismo supervisor sancionó a varios de sus directivos con 280.500 euros y, además, puso el expediente en conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que se prohíba contratar con el sector público a estas firmas, excepto a las que ayudaron a desmantelar el cártel. Asimismo, la CNMC vigilará a las sociedades montadas, entre las que se encuentran Duro Felguera, Sacyr o MASA, para que no vuelvan a repetir esta conducta ilícita, informó el organismo sancionador en un comunicado.

El montaje y mantenimiento industrial requiere estándares complejos y específicos de seguridad, calidad y medioambiente, por lo que las grandes empresas del sector energético y petroquímico adjudican a firmas especializadas el mantenimiento de instalaciones como depósitos o tanques en centrales de generación o aeropuertos mediante licitaciones privadas. Según la CNMC, las empresas sancionadas crearon un entramado para repartirse clientes y licitaciones, intercambiar información sensible con sus competidores, realizar ofertas de cobertura y fijar compensaciones y precios.

Durante unos 17 años -enero de 2001 a julio de 2017- el cártel se repartió al menos 746 licitaciones convocadas por una veintena de clientes, fundamentalmente empresas del sector energético y petroquímico. El 'modus operandi' de la trama fue evolucionando debido a su larga duración. En una primera etapa, la empresa designada para ser la adjudicataria de la obra daba sus precios para que fueran elevados por las demás mediante ofertas de cobertura hasta un cierto porcentaje.

Posteriormente, intercambiaban versiones de archivos de excel, que iban rellenando cada una con los precios y las ofertas de cobertura. Más tarde, establecieron códigos propios, como números o siglas para las empresas participantes. Los mecanismos de contacto de la trama también fueron evolucionando para dificultar su detección, desde faxes, contactos telefónicos, hasta whatsapp o correos electrónicos.

La detección del cártel fue posible por la denuncia realizada por Navec que, al poner en conocimiento de la CNMC su existencia a través del Programa de Clemencia, se benefició de la exención en el pago de la multa impuesta. Sin embargo, uno de sus directivos, también sancionado, no se benefició de las reducciones al no colaborar.

Por otra parte, tras las inspecciones realizadas por la CNMC, otra de las empresas participantes en el cártel, Enwesa, presentó una solicitud de reducción del importe de la multa y aportó elementos de prueba adicionales, por lo que se le ha reducido la multa impuesta un 50%.

Las mayores multas corresponden a MASA (14,5 millones), Navec (9,3 millones), IMASA (9,2 millones), MEISA (4,84 millones), MAESSA (3,49 millones), Tamoin (3,44 millones), Duro Felguera Operaciones y Montajes (1,32 millones), Sacyr Nervión (1,16 millones) y TMS (1,12 millones).

También formaban parte del cártel ACSA (110.000 euros), Atrian Technical Services (914.000), HGL (873.834), Enwesa, (860.000), Montajes Bardadun Industrial (38.577 euros), Mecánicas Bolea (650.000), Millecasa (937.507), Montajes Mecánicos la Puertollanense (560.999), Montajes Metálicos Faysol (267.229), y Pregabricación y Montales del Norte (471.036 euros).

Las empresas sancionadas pueden recurrir ante la Audiencia Nacional. El programa de clemencia permite que los miembros arrepentidos de un cártel pueden quedar eximidos de multa o ver reducida su cuantía si denuncian al resto de miembros y facilitan pruebas.

Murcia y Alicante volverán a estar conectadas por tren desde mañana jueves 10

VALENCIA.- Murcia y Alicante volverán a estar comunicadas por ferrocarril desde el inicio del servicio de este jueves. Adif restablecerá el tráfico en el tramo de la red de ancho convencional Murcia-El Reguerón-Beniel, una vez que sus técnicos de mantenimiento han acondicionado la infraestructura que se encontraba gravemente dañada por los efectos de la DANA del pasado mes de septiembre, han informado fuentes del administrador ferroviario.

Adif ha destinado hasta 30 máquinas de diferente tipología y equipos de 25 operarios por turno de mañana y tarde. Esto ha permitido restablecer la circulación de trenes 10 días antes de la previsión inicial, que se estimaba para el para el 20 de octubre.

Los esfuerzos se han centrado en la reposición de la vía de ancho convencional para el restablecimiento del tráfico. De forma paralela, se prosigue con los trabajos para la reparación de las zonas afectadas de las obras de la Línea de Alta Velocidad, que comparte plataforma con la línea de ancho ibérico, en el entorno de la localidad de Alquerías (pedanía de Murcia).

Concretamente se han limpiado 2.000 metros de caminos y carreteras locales; reconstruido la plataforma, levantado y montado la vía en 340 metros (170 metros de ancho convencional ya realizados y 170 metros de Alta Velocidad en ejecución); se han colocado 270 metros de tubería de un metro de diámetro; y se ha extendido y compactado 1.650 metros cuadrados de capa de forma (capa intermedia entre plataforma y subbalasto), 800 metros cúbicos de subbalasto y mil metros cúbicos de balasto; además de la reposición de sistemas de señalización e instalaciones de seguridad.

Otras obras ya previstas en este conjunto de actuaciones son la adecuación y mejora del drenaje longitudinal para prevenir posibles daños ante nuevos temporales y la protección de taludes con escollera.

La reapertura de este tramo permite prolongar la conexión desde Valencia y Alicante hasta Murcia, lo que beneficia a las relaciones del Corredor Mediterráneo.

Los técnicos de Adif siguen trabajando intensamente en el resto de las líneas que permanecen interrumpidas por el temporal para poder restablecer el tráfico en el menor plazo posible e incluso acortando los plazos previstos en las relaciones Murcia-Cartagena y Lorca Sutullena-Águilas de la red de ancho convencional, y en el trayecto El Estrecho-Los Nietos, de la red de ancho métrico.

Estudian la viabilidad del hotel 'Peninsular' como sede temporal de los nuevos juzgados de Cartagena

CARTAGENA.- La gerente territorial del Ministerio de Justicia en la Región de Murcia, Julia García, acompañada de un arquitecto, ha realizado esta mañana una visita a las instalaciones del antiguo Hotel Peninsular para estudiar su viabilidad como sede provisional para nuevos juzgados. La directora general de Urbanismo, Ángeles López, junto a varios técnicos municipales de la Concejalía, ha acompañado a la delegación ministerial para conocer el estado del edificio, así como sus accesos.

"Cartagena necesita una Ciudad de la Justicia cuanto antes, pero mientras tanto desde el ayuntamiento de Cartagena hemos puesto a disposición del Ministerio este espacio para que se puedan instalar los nuevos juzgados que el partido judicial de Cartagena necesita y que tanto han demandado abogados y jueces, así como la sociedad civil", ha declarado la alcaldesa de Cartagena y responsable del Área de Urbanismo, Ana Belén Castejón.

Este edificio, situado en la calle Cuatro Santos, fue adquirido por el Consistorio en el año 2016 y cuenta con 920 metros cuadrados repartidos en 5 plantas.

La alcaldesa ha manifestado que esta infraestructura es la más adecuada por su ubicación, en el centro de la ciudad, y por su proximidad a otros edificios administrativos, y que además de solucionar el grave problema de espacio en el ámbito judicial ayudaría a revitalizar las calles del casco antiguo de Cartagena.

El municipio necesita cuanto antes la construcción de la Ciudad de la Justicia ya que las actuales instalaciones no sólo son insuficientes sino que han quedado obsoletas. Por este motivo, desde el Ayuntamiento se iniciaron negociaciones con los ministerios de Justicia y Defensa para que la parcela que actualmente acoge la Factoría de Subsistencias de la Armada se destinara a este uso.

"El espacio que planteamos es suficiente para albergar los dos juzgados de Primera Instancia que Cartagena precisa y uno de lo Mercantil, como han solicitado los miembros del partido judicial. Confío que en breve tendremos buenas noticias por parte del Ministerio. 

En el caso de Justicia, que aceptan esta cesión y que en breve iniciarán las obras necesarias, y en el caso de Defensa, que las negociaciones siguen avanzando para que su parcela pase a municipal y nosotros podamos cederla a Justicia", ha precisado Castejón.

El delegado del Gobierno critica la "ignorancia absoluta" de la Comunidad y el Ayuntamiento de Cartagena ante la crisis de las pateras

MURCIA.- El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Jiménez, ha atribuido hoy a un "profundo desconocimiento" en la gestión y los protocolos de actuación el "acoso institucional y político" que, a su juicio, está sufriendo el organismo público por parte del Ayuntamiento de Cartagena y del Gobierno autonómico.

Según Jiménez, ambos "están empleando una estrategia de reiteradas y estudiadas acusaciones en relación a la llegada de inmigrantes a las costas en los últimos días".

"Lamento profundamente el uso político de un drama humanitario como la inmigración y considero injustificable la deslealtad de las dos administraciones en este asunto", ha comentado el representante del Ejecutivo central, tras insistir en que "solo puedo atribuir estas manifestaciones a su ignorancia más absoluta o a un uso partidista de una política de Estado, cuyas medidas y actuaciones trascienden nuestras fronteras, con el único fin de agitar el escenario político y crear inestabilidad en esta época de precampaña electoral".

El delegado del Gobierno ha asegurado que la vicealcaldesa de Cartagena, la popular Noelia Arroyo, miente cuando afirma que el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera La Verde está cerrado. 

"Está a pleno rendimiento, y ahí y a otros CIE de España vamos derivando a los inmigrantes a medida que se liberan plazas al ejecutar órdenes de expulsión", ha explicado Jiménez, que sostiene que el año que viene se acometerá una importante reforma y ampliación de sus instalaciones para mejorar la atención a los inmigrantes, una cuestión que "no ha sido acometida por gobiernos anteriores a pesar de cifras de llegada de inmigrantes considerablemente superiores".

Jiménez ha retiterado, en contra de las afirmaciones de Arroyo, que la delegación del Gobierno no ha ignorado el ofrecimiento de ayuda del ayuntamiento de Cartagena. "Simplemente, para esas primeras 72 horas, el Ayuntamiento no puede prestar ninguna ayuda de acogida, pues, durante ese tiempo, los inmigrantes sólo pueden estar bajo custodia policial y, posteriormente, los que no ingresan en un CIE, son derivados a las ONG del Sistema Nacional de Acogida, competencia exclusiva del Ministerio del Interior y el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social".

El delegado ha insistido en que si el Ayuntamiento quiere ayudar, lo que tiene que hacer es "mostrar la debida lealtad, dejar trabajar a los cientos de profesionales del Estado que se sacrifican personal y profesionalmente cada día para salvar a estas personas en alta mar y atenderlas con la mayor dignidad posible y esperar a que su ayuda sea solicitada".

"En las reuniones mantenidas con la alcaldesa de Cartagena quedó muy claro que pediríamos su ayuda, la única que pueden prestar en esas primeras 72 horas, cuando hiciera falta habilitar un pabellón ante una avalancha excepcional y continuada, como la sucedida hace dos años, y que afortunadamente no se ha producido en esta ocasión. Nosotros hemos sido absolutamente transparentes desde el principio y nos hemos mantenido al margen de polémicas, pero cuando compruebas que, reiteradamente, se hace un uso interesado y desleal de este asunto, nos vemos obligados a desmentir ciertas acusaciones y a defender a la institución y al Gobierno de España", ha añadido Jiménez.

Respecto a la posible construcción de un Centro de Atención Temporal a Inmigrantes (CATE) en el puerto de Cartagena, y lo que considera "el impostado rechazo" manifestado por el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, ha sostenido que se trata de un ejemplo evidente de la utilización política de este drama.

"No puede ser que una idea lanzada en marzo de 2018 por el entonces delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, del Partido Popular, fuera extraordinaria, y que ahora que lo pedimos nosotros, porque es necesario, nos acusen de fomentar el efecto llamada y de dañar la imagen turística de Cartagena. Pero, sobre todo, no puede ser que esas acusaciones las lance la misma persona que en octubre de 2018, siendo presidente de la Autoridad Portuaria, estudiara con mi predecesor Diego Conesa, sobre plano de la Autoridad Portuaria, la posible ubicación de ese CATE".

Según Jiménez, esa instalación "ni será un CIE, ni dañará la imagen turística de la ciudad, como no lo hace en Málaga, Motril, Algeciras o Cádiz, y permitirá atender con la máxima dignidad a los inmigrantes en esas primeras horas de obligada custodia policial".

"No entendemos cómo pueden oponerse, tanto el Ayuntamiento como los parlamentarios populares, a una idea que ya propusieron ellos y que persigue, precisamente, acabar con las supuestas alertas o emergencias sociales, sanitarias y de seguridad que en su opinión originan las infraestructuras actuales para atender a unas personas que huyen de un drama humanitario y que hay que recordar que no son delincuentes. Además, se trata de una instalación que mejorará notablemente las condiciones de trabajo de Policía Nacional y Cruz Roja".

Finalmente, el delegado del Gobierno lamenta el fondo, y fundamentalmente el tono, de las declaraciones de la vicepresidenta regional, Isabel Franco, en las que le acusa de hacer dejación de funciones y favorecer el efecto llamada.

"Me sorprenden y decepcionan mucho las declaraciones de Franco en las que me acusa de dejación de funciones. Yo no la acuso a ella de nada ni me inmiscuyo en la situación de sus centros de acogida. Esto es una responsabilidad de todos y la verdadera dejación de funciones es acusar a los demás para no asumir tus propias obligaciones y responsabilidades. No estamos dilatando nada porque nunca antes, en situaciones mucho peores, se ha declarado en la Región de Murcia la emergencia social a la que ella alude para casos de inmigración. Estamos trabajando sin descanso para atender un asunto muy complejo que no puede ni debe ser utilizado y aireado públicamente".

Según cifras de la delegación del Gobierno, durante este año han llegado a España 18.591 inmigrantes por vía marítima, de los que un 4,53% lo ha hecho por la Región de Murcia. Hasta la fecha, las costas de la Comunidad Autónoma han recibido a 844 personas, cifras muy similares o incluso inferiores a las de 2018, cuando llegaron en total 1.672, o 2017, año en el que lo hicieron 2.084.

La Abogacía del Estado autoriza los anticipos de Hacienda para las CC AA

MADRID.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que con la aprobación "en días" de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se sentará un "precedente" que el Gobierno quiere plasmar en la ley de financiación, para desligarlas para siempre de los Presupuestos Generales del Estado.

Montero considera que se va a producir un "hito" en la financiación autonómica con esta medida, al desligar también las entregas a cuenta de que el Ejecutivo esté o no en funciones, y que al mismo tiempo permite que "no haya excusa" para que las comunidades autónomas dejen de aprobar sus propios presupuestos.

Montero ha confirmado que las entregas a cuenta ya disponen del informe favorable de la Abogacía del Estado y se van a aprobar, por tanto, en unos días, aunque no ha querido confirmar si será en el Consejo de Ministros de este viernes.

En su opinión, con la inminente aprobación de este decreto ley, "se fortalece la autonomía de las comunidades" que ya "no van a depender de que se conforme un Gobierno o de que haya un presupuesto estatal aprobado para hacerles llegar el dinero de sus recursos".

Considera además que la decisión del Gobierno de dar ahora estos adelantos sienta un "precedente fundamental" para la arquitectura y la vertebración territorial, porque permite a futuros Ejecutivos hacer lo mismo cuando sea necesario, y que no haya "excusas" para que las autonomías puedan elaborar sus cuentas.

Aunque no las ha citado, hay comunidades como Madrid que aún no han presentado sus presupuestos al no contar con las entregas a cuenta, y la presidenta de esa región, Isabel Díaz Ayuso, habló incluso de "presupuestos secuestrados" para justificar no aprobar las cuentas autonómicas.

"Las autonomías tienen el derecho y la obligación de hacer sus presupuestos y seguir proveyendo los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos" ha insistido Montero.

La idea ahora es que la futura reforma de la financiación autonómica recoja ese cambio en su ley orgánica.

Y que en esa norma, ha señalado la ministra, quede "absolutamente claro que no puede haber una jerarquía presupuestaria de las comunidades autónomas respecto al Estado".

Porque creer lo contrario, que para que una comunidad haga su presupuesto tengan que estar aprobados los del Estado y el Ejecutivo deba estar a pleno rendimiento y no en funciones es "subordinar la autonomía de las comunidades a la propia conformación del Gobierno", ha concluido.

Espera en cualquier caso que esta medida "marque el camino" no solo a futuros gobiernos sino también a las comunidades para que lleven a la práctica su autonomía financiera y saquen adelante sus cuentas.

María Jesús Montero defiende en cualquier caso haber tomado esta decisión ahora porque se acerca el final del año y las dificultades financieras son mayores para algunas comunidades, y asegura que ni éste ni otros anuncios económicos hechos en los últimos días por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, son electoralistas.

"Para nada", ha dicho Montero, quien considera que son determinados acontecimientos los que han llevado al Gobierno a acometer estas medidas o al líder socialista a anunciarlas.

Ha señalado así que "las cosas resultan urgentes cuando surgen", como es el caso de los aranceles que Estados Unidos ha anunciado contra productos europeos y que llevan al Ejecutivo a tomar medidas como la reducción de las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario.

Cita también las medidas que se van a tomar para paliar los duros efectos que ha tenido la quiebra del gigante Thomas Cook sobre las economías canaria y balear y el turismo en ambas comunidades.

Y sobre la anunciada subida de las pensiones en plena precampaña también la justifica. "Siempre hemos dicho había que revalorizarlas con respecto al IPC", ha recordado Montero, para quien con su anuncio "el presidente le ha dado más intensidad" a esta promesa.

Tras escuchar a Sánchez -esta mañana en Telecinco- decir que debe haber nuevo Gobierno en diciembre, Montero lo cree posible. "Tiene que serlo", dice.

Y ha insistido en la "urgencia" con la que el país se enfrenta a diversas materias como el brexit, el enfriamiento de la economía o el impacto o la "crisis" que puede provocar la sentencia del 'procés'.

"Necesitamos que el Gobierno esté a pleno rendimiento y necesitamos un presupuesto ya", ha dicho la ministra, quien querría aprobar las cuentas del Estado en el primer trimestre de 2020, y para eso es necesario que el Ejecutivo se haya constituido "al menos dos o tres meses antes".

María Jesús Montero espera que las urnas "robustezcan al PSOE" y permitan salir del bloqueo, y a partir del 11 de noviembre se muestra dispuesta a volver a negociar con Unidas Podemos "en solitario o con Más País", mientras insiste en que, en su opinión, "los acuerdos programáticos son la mejor forma" de pactar.

Una vez que los ciudadanos se pronuncien cada partido debe analizar si sus estrategias "han sido las correctas" y sobre todo, en su opinión, tendrá que hacerlo la formación que lidera Pablo Iglesias, que ha "impedido cuatro veces" un Gobierno progresista.

En cualquier caso ha insistido en que lo que habrá que poner sobre la mesa desde el principio son los programas y medidas a tomar.

"Habrá que ponerse como siempre a intentar que sean los problemas de los ciudadanos lo primero de lo que hablemos y lo primero sobre lo que acordemos", ha señalado, Montero, quien ha admitido que quedó muy decepcionada cuando en el intento de negociación con Podemos vio que la formación morada solo quería hablar "de los sillones y del reparto de carteras".

En cualquier caso ha insistido en la necesidad de buscar el pacto con las fuerzas de izquierdas, y no habla a priori de pedir la abstención de las derechas, porque eso "va a depender de cómo sea la configuración" del Congreso.

Ha recordado que en su momento los socialistas pidieron a PP y Cs su abstención para no depender del independentismo pero ahora sería "osado" por su parte anticipar qué va a ocurrir o qué fuerza van a tener los independentistas o las derechas "en sus tres vertientes".

Sí admite su "desconfianza" en Ciudadanos pese a la disposición de su líder, Albert Rivera, de pactar con el PSOE ahora.

Se ha preguntado en este sentido por qué Rivera parece estar interesado ahora en "no estar tan separado del PSOE" cuando "se ha abrazado a la ultraderecha" y mantiene sus acuerdos de derechas en varios territorios.

Por eso, y porque es una formación que se ha decantado claramente por la derecha y se ha quedado "atrapada" tratando de liderarla, ve graves dificultades para que Ciudadanos se "recomponga" como "fuerza bisagra".

Mariano Caballero Carpena nuevo director general de la radiotelevisión de la Región de Murcia

CARTAGENA.- PP, Ciudadanos y Vox han apoyado este miércoles en el pleno del Parlamento autonómico la designación del periodista Mariano Caballero Carpena, natural de Santomera, como nuevo director del ente autonómico público Radio Televisión Región de Murcia, con la televisión 7 RM, que trabaja en régimen de concesión a Secuoya, y la radio Onda Regional.

Caballero Carpena, exdirector adjunto de La Verdad de Murcia, ha logrado el apoyo necesario en una segunda votación, en la que se requería mayoría absoluta, una vez que los votos de los tres partidos que han apoyado su designación eran insuficientes en una primera en la que se pedían los votos favorables de dos tercios del hemiciclo.
El PSOE ha votado en contra al considerar que no se le ha pedido el apoyo y los dos diputados de Podemos que deben sustituir a los parlamentarios que dimitieron para pasarse a Más País, Óscar Urralburu y María Giménez, no han tomado posesión de su escaño, por lo que no han podido votar.

El PP, Cs y Vox también han acordado ocupar los tres puestos asignados para representar a la Asamblea Regional en la Comisión Mixta de Transferencias Administración Central-Comunidad Autónoma, para la que han obtenido más votos que la candidatura del PSOE la lista integrada por los portavoces parlamentarios del PP, Joaquín Segado, y de la formación naranja, Juan José Molina, y el diputado de Vox Pascual Salvador.
Por otra parte, todos los grupos han apoyado una moción del PSOE que pide al Gobierno de Murcia dinero para que los ayuntamientos repares infraestructuras y servicios básicos municipales afectados por la gota fría y ayudas a particulares para bienes de primera necesidad.
El hemiciclo también ha apostado por que el Ejecutivo autonómico acometa un plan de choque para la recuperación de zonas afectadas, al tiempo que ha incorporado una enmienda del PP en la que se pide al Gobierno central la máxima celeridad en la concesión de ayudas.
También ha salido adelante por unanimidad una moción del PP para crear una Comisión Especial de Estudio sobre la Financiación Autonómica durante un año, que partirá de los trabajos de la creada en la anterior legislatura y las resoluciones del debate monográfico sobre ella materia celebrado en la Asamblea en marzo de 2017.
A pesar de que las dos iniciativas anteriores han sido apoyadas por todos los grupos, sus representantes se han reprochado la falta de voluntad política de los Gobiernos regional y central en la puesta en marcha de medidas que palíen los efectos de la gota fría y la infrafinanciación autonómica.
El PP, Cs y Vox han aprobado una moción del primer partido que pide al Gobierno central un nuevo decreto de sequía para este año hidrológico, mientras que el PSOE se ha abstenido al recordar que el Consejo de Estado ha emitido un informe que desaconseja prorrogarlo.
El PP y Cs han provocado con sus votos en contra que decaiga una moción del PSOE, que ha apoyado Vox, que pedía el cumplimiento de la ley para poner a pleno rendimiento el hospital cartagenero Santa María del Rosell y la apertura durante 24 horas al día de la unidad de hemodinámica en el Santa Lucía, también en esa ciudad portuaria.
En cambio, el PP y Cs han registrado una que insta al Gobierno regional a cumplir esa ley aprobada en 2016 con los votos del PSOE, Podemos y Cs para que el Rosell sea el "segundo hospital" de referencia de esa área de salud en función del dinero que se reciba del sistema de financiación autonómica".
El texto insta al Gobierno a que "habilite una segunda unidad de hemodinámica para el tratamiento durante 24 horas diarias del infarto agudo de miocardio" y que se garantice su culminación con cargo al presupuesto regional para el próximo año.
Siguiendo el pleno ha estado el portavoz municipal de Movimiento Ciudadano, José López, quien ha denunciado que Cs "está jugando con la salud" de los cartageneros al haber rechazado la moción del PSOE.
El representante de la Plataforma Salvemos el Rosell, Fulgencio Sánchez, ha considerado una "vergüenza" el resultado de la votación y ha anunciado que estudian convocar una manifestación.

Los ayuntamientos rebajan en 59 millones los daños por la gota fría calculados por la Comunidad Autónoma

MURCIA.- Los ayuntamientos han rebajado en 59 millones de euros la valoración de daños por la gota fría realizada por el Gobierno murciano, pues han hablado este miércoles de un total de 532 millones, cuando el pasado 3 de octubre el Ejecutivo autonómico los cifró provisionalmente en 591.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno español en esa comunidad ha informado de que 44 de sus 45 municipios han calculado un total de 131 millones en daños en infraestructuras, bienes y servicios públicos de titularidad municipal en sus territorios.

A ellos suma 46 millones en los de titularidad estatal, otro tanto en los autonómicos y los 102 que han pedido los ayuntamientos por daños en infraestructuras exclusivamente agropecuarias y pérdidas en cultivos, ganadería y piscifactoría.

Por último, hay que añadirle otros 206 millones pedidos por ciudadanos en los 25.572 expedientes tramitados por el Consorcio de Compensación de Seguros.

CARM y Gobierno central, a la gresca por la valoración de daños de la gota fría

MURCIA.- La Comunidad Autónoma lamenta la "actitud cicatera" sobre la valoración de los daños ofrecida este miércoles por la Delegación del Gobierno de España en la Región de Murcia ya que sospechan está excluyendo conceptos presentados por los propios ayuntamientos, por tecnicismos legales, lo que pone en duda las propias tasaciones municipales.

Los consejeros de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, y de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, han mantenido un encuentro esta tarde con asociaciones de vecinos de los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Los Alcázares en el que han manifestado su desacuerdo ante la actitud de "defensa" del Estado, "porque demuestran que, en lugar de trabajar y colaborar con los damnificados como hace el Ejecutivo regional, ponen piedras en su camino".

"Aún se están realizando valoraciones de perjuicios en la agricultura", han señalado los consejeros, quienes han recordado que las cifras facilitadas por la Administración regional siguen siendo provisionales hasta que no concluyan las valoraciones. Al encuentro, celebrado en Los Alcázares, han asistido también los alcaldes o concejales responsables de cada una de las localidades, así como representantes de la Confederación Hidrográfica del Segura.

"El Gobierno regional tiene un firme compromiso con aquellos que más han sufrido las consecuencias de la gota fría, estuvimos con ellos durante los peores momentos y estamos a su lado ahora en la búsqueda de ayudas y soluciones", ha destacado José Ramón Díez de Revenga, quien ha añadido que "lo fundamental ahora es que esas soluciones ayuden a evitar que en un futuro se vuelvan a repetir estas situaciones".

Por su parte, Luengo ha manifestado que "es fundamental que funcione la coordinación entre administraciones, y para ello necesitamos contar con el Gobierno de España". Para ello, "exigimos que se mejore el Decreto de ayudas, cuyo presupuesto es insuficiente para afrontar las actuaciones que demandan los afectados, por lo que no vamos a tolerar que se trate a la Región de Murcia como una comunidad de segunda", ha expuesto Luengo.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ha informado de que, hasta el día de ayer, en la Oficina Comarcal Agracia de Cartagena-Mar Menor se recibieron 461 declaraciones de daños que afectan a 732 hectáreas y alcanzan unas pérdidas de dos millones de euros sólo en cuanto a los daños provocados en el producto. Los cultivos de alcachofa, lechuga, brócoli y limón son los más afectados.

Desde el Gobierno regional recuerdan que la valoración inicial de las pérdidas en este sector en la Región de Murcia supera los 125 millones de euros, que incluye los daños en infraestructuras de producción (52.456.000 euros), las pérdidas en producción de cultivos (23.275.000 euros) y en ganadería y piscifactoría (25.025.000 euros). 

A esto se suman los desperfectos en caminos rurales e instalaciones de titularidad municipal (18.497.000 euros) y las infraestructuras de medio natural y depuración autonómicas (5.662.000 euros).

La Comunidad Autónoma lamenta la "actitud cicatera" sobre la valoración de los daños ofrecida este miércoles por la Delegación del Gobierno de España en la Región de Murcia ya que sospechan está excluyendo conceptos presentados por los propios ayuntamientos, por tecnicismos legales, lo que pone en duda las propias tasaciones municipales.

Los consejeros de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, y de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, han mantenido un encuentro esta tarde con asociaciones de vecinos de los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Los Alcázares en el que han manifestado su desacuerdo ante la actitud de "defensa" del Estado, "porque demuestran que, en lugar de trabajar y colaborar con los damnificados como hace el Ejecutivo regional, ponen piedras en su camino".

"Aún se están realizando valoraciones de perjuicios en la agricultura", han señalado los consejeros, quienes han recordado que las cifras facilitadas por la Administración regional siguen siendo provisionales hasta que no concluyan las valoraciones. 

Al encuentro, celebrado en Los Alcázares, han asistido también los alcaldes o concejales responsables de cada una de las localidades, así como representantes de la Confederación Hidrográfica del Segura.

"El Gobierno regional tiene un firme compromiso con aquellos que más han sufrido las consecuencias de la gota fría, estuvimos con ellos durante los peores momentos y estamos a su lado ahora en la búsqueda de ayudas y soluciones", ha destacado José Ramón Díez de Revenga, quien ha añadido que "lo fundamental ahora es que esas soluciones ayuden a evitar que en un futuro se vuelvan a repetir estas situaciones".

Por su parte, Luengo ha manifestado que "es fundamental que funcione la coordinación entre administraciones, y para ello necesitamos contar con el Gobierno de España". Para ello, "exigimos que se mejore el Decreto de ayudas, cuyo presupuesto es insuficiente para afrontar las actuaciones que demandan los afectados, por lo que no vamos a tolerar que se trate a la Región de Murcia como una comunidad de segunda", ha expuesto Luengo.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ha informado de que, hasta el día de ayer, en la Oficina Comarcal Agracia de Cartagena-Mar Menor se recibieron 461 declaraciones de daños que afectan a 732 hectáreas y alcanzan unas pérdidas de dos millones de euros sólo en cuanto a los daños provocados en el producto. Los cultivos de alcachofa, lechuga, brócoli y limón son los más afectados.

Desde el Gobierno regional recuerdan que la valoración inicial de las pérdidas en este sector en la Región de Murcia supera los 125 millones de euros, que incluye los daños en infraestructuras de producción (52.456.000 euros), las pérdidas en producción de cultivos (23.275.000 euros) y en ganadería y piscifactoría (25.025.000 euros). A esto se suman los desperfectos en caminos rurales e instalaciones de titularidad municipal (18.497.000 euros) y las infraestructuras de medio natural y depuración autonómicas (5.662.000 euros).