Este jueves nos despertábamos con una noticia de las que realmente ponen en jaque las estructuras de un Estado: unas grabaciones en las que se oía a la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, explicando con todo lujo de detalles un viaje a Colombia de diferentes personas de la judicatura, entre ellos jueces del Tribunal Supremo y miembros de la Fiscalía General del Estado en que habrían acabado con "unas tías de 17 años", chicas menores de edad. 

El testimonio de Delgado fue narrado en un almuerzo en 2009 con el célebre comisario Villarejo y otros mandos policiales y en aquella época la hoy ministra era fiscal de la Audiencia Nacional.

La historia, realmente, no puede ser más truculenta y reprobable, ya que afecta muy directamente al funcionamiento del propio Estado. Es cierto que se ha sabido por el chantaje que está haciendo el comisario Villarejo, hoy en prisión en Estremera, para recuperar la libertad. A estas alturas descubrir a este policía es innecesario ya que es de sobras conocido por su papel muy relevante con varios ministros en las denominadas cloacas del Estado. 

Hoy sabemos que lo grababa todo y que está en condiciones de destrozar muchas carreras políticas y empresariales. El caso no es denunciar lo que hacía Villarejo, que por eso está en prisión, sino qué hacer con el material que parece decidido a seguir suministrando. ¿Pueden el Gobierno y la clase política española cerrar los ojos ante todo el material que se está publicando y zanjar el debate señalando que se trata del pulso al Estado de un policía corrupto?

Ya se hizo así cuando se filtraron los audios en que la princesa Corinna daba detalle de comisiones cobradas por el rey emérito haciendo de intermediario en concesiones a empresas españolas, como por ejemplo el AVE a la Meca. Se puso tierra encima de estas acusaciones tanto por parte de la fiscalía como del Parlamento, donde PP, PSOE y C's se opusieron a la creación de una comisión de investigación. Ahora, los partidos recelosos del material de que pueda disponer Villarejo van con pies de plomo a la hora de emplearlo. Es su problema.

Pero el Estado tiene otro de más grave: ¿puede dejar que el hedor se extienda sin hacer nada? ¿Una fiscal de la Audiencia Nacional puede explicar como si tal cosa la relación de jueces y fiscales con menores, en el transcurso, dice ella, de un viaje de una delegación oficial? ¿Dónde empiezan y acaban sus responsabilidades en este escabroso episodio? 

Dice la ministra de Justicia que empezó negando que conociera al comisario Villarejo, y ahora hemos podido oír estas grabaciones durante un almuerzo restringido en el que él también estaba, que no dimite. Y, realmente, me parece lo menos importante. Cuando el hedor es tan intenso no es un tema de una dimisión. Es mucho más grave.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia