miércoles, 24 de febrero de 2016

El abogado Núñez pone en manos del juez del nº 9 pruebas concluyentes y definitivas sobre las actuaciones en Corvera y Escombreras por la trama de Valcárcel


MURCIA.- El abogado gallego Manuel Núñez ha puesto hoy en manos del juez titular nº 9 de los de Murcia un escrito de ampliación de querella con documentos además de pruebas concluyentes y definitivas sobre las actuaciones en Corvera y Escombreras por parte de los gobiernos autónomos de la Región en la época de Ramón Luis Valcárcel. Y, finalmente, le suplica "que teniendo en cuenta lo manifestado y las pruebas documentales aportadas, por el señor Instructor se proceda con la inmediatez debida al impulso de las Diligencias mediante el acuerdo de las prácticas de todas las diligencias solicitadas y acotadas para una mayor economía procesal".

"Después de los meses transcurridos, casi cuatro, y siendo evidente la inacción judicial y fiscal en las citadas Diligencias, entiende esta Parte que puede resultar a simple vista que va a instruirse una gran causa, que puede llevar años en dicha tarea procesal, aunque, como es notorio, con la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal queda tasado el tiempo, dieciocho meses en concreto, y parece que en este corto espacio de tiempo no se puede dirimir esta Instrucción.

Esta Parte, después de ímprobo trabajo de investigación, acumulación y recopilación de documentos, y pruebas varias, a fin de hacer efectiva la Instrucción y poder dentro del límite legal llevar a cabo todas aquellas Diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y a la nítida calificación penal de los mismos, así como la identificación de todas aquellas personas que en grado de autoría o colaboración necesaria han sido sujetos activos en la comisión de los delitos denunciados, eleva a ese Juzgado en base a lo manifestado las siguientes:

Consideraciones

Presupuestos de los que partimos:

a- Manifestábamos que se había creado una trama piramidal de corrupción política, que ha significado sobre novecientos millones de euros de fondos públicos malversados, y cuyos destinatarios habían sido los componentes de esa trama piramidal corrupta política y los que colaboraron para que esa trama fuera efectiva.

b- Que esta Parte no acuña como propia esa denominación, aunque la hace suya en toda su extensión; es el Fiscal, Don Pablo Lozano, el que en Auto 3 de marzo de 2015 del TSJM da tal denominación, trama piramidal; denominación quién también hace suya el entonces magistrado ponente en dicho Auto, el señor Abadía Vicente, y se hablaba de un núcleo duro que componía dicha trama refiriéndose a los Consejeros de Presidencia, de Medio Ambiente, de Fomento, de Hacienda, de Ordenación del Territorio y con el Presidente Valcárcel a la cabeza.

c- Decíamos que esta trama corrupta a partir del 2003 pretendió un cambio de ciclo económico en la Región cambiando la Agricultura que era la industria principal de la Región por el desarrollo urbanístico voraz y a gran escala; de hecho pretendía hacerse de la Región lo que se denominaba por su parte la “California europea”.

d- Para sustentar y como base de esa trama, se acometieron, entre otras, dos grandes infraestructuras que fueron DESALADORA DE ESCOMBRERAS Y AEROPUERTO DE CORVERA, de aquí traen causa todos los delitos que se han cometido y derivados de los hechos de creación y desarrollo de esas dos infraestructuras; trataremos de determinar en cada una de ellas hechos puntuales y determinantes donde tienen apoyo la acusación de malversación de unos novecientos millones de euros procedentes de dinero público, cuyos fundamentos vamos a determinar para ser concisos en un análisis riguroso de la construcción de ambas infraestructuras, a saber:

Desaladora de Escombreras:

El sustento de la comisión de los Delitos está recogido en el informe del Director de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de 24 de junio de 2015, que desarrollan el iter criminal seguido por el Gobierno de la CCAA da al efecto, pertenecientes al grupo ACS, que fue el instrumento del que se prevalió la trama para que sólo de esta infraestructura se dilapiden fondos públicos por seiscientos millones de euros y significaremos hechos concretos que llevaron a ello.

1º- La creación por la Ley 4/2005 de 14 de julio del EPA (Ente Público del Agua)

- Los contratos realizados el 17 de febrero de 2006 por Desaladora de Escombreras S.A, ya participada mayoritariamente por HIDRONOSTRUM, empresa del EPA, alguno de ellos auténticamente leonino, como el llevado a cabo por HYDRO MANAGEMENT S.L el 26 de enero de 2006 (empresa del grupo ACS) y Desaladora de Escombreras S.A (también del grupo ACS) y constituida el día anterior a la firma de este documento. 

Este contrato es lo que denominaríamos el quid de la cuestión; por él Desaladora de Escombreras S.A estará obligada a satisfacer el importe íntegro de las rentas del alquiler durante el número de meses que restaran hasta la finalización del contrato de arrendamiento que tenía un periodo de veinticinco años y que contemplaba la modalidad “take or pay”, tremendamente leonina y que se emplea casiexclusivamente en el comercio del gas, ya que se trata de unmodelo de contrato de compra y venta en el que el comprador queda obligado a pagar por la encomienda que hace, consumiendo o no el producto; el contrato exige siempre que se cumpla el pago, independientemente de haber existido consumo.

3º- De acuerdo a lo manifestado en el punto anterior y como resultado del mismo, nos encontramos que, tan pronto Desaladora de Escombreras S.A pasa a ser de la CCAA de Murcia, se produce la reclamación judicial de este contrato mediante demanda interpuesta por HYDRO MANAGEMENT S.L (empresa grupo ACS) y que entendió de la misma el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Murcia bajo el número 446/2013; en esos Autos se reclamaban los “famosos” seiscientos millones de euros.

4º- El 5 de abril de 2006, el Banco Español de Crédito S.A comunica al EPA que tiene prevista toda la financiación necesaria para ejecutar las obras de construcción y puesta en marcha de la planta desaladora que iba a llevar a cabo la mercantil Desaladora de Escombreras S.A, perteneciente ya al Gobierno Autónomo, puesto que había sido comprada por HIDRONOSTRUM, empresa cien por cien del EPA.

El 6 de abril de 2006, el EPA contesta al Banco Español de Crédito, raudo y veloz, veinticuatro horas después de ser requerido, cosa inédita e inusual en este tipo de trámites y máxime por la enjundia económica que ello conllevaba; contesta diciéndole que “asumía como propias todas las obligaciones de pago derivadas del cumplimiento o terminación del contrato de alquiler que había suscrito Desaladora de Escombreras, por lo que, si esta no efectuase los desembolsos o aportaciones pactadas, el EPA se compromete a poner los medios oportunos para que Desaladora de Escombreras S.A pueda atender a su vencimiento la totalidad de las obligaciones de pago con HYDRO MANAGEMENT, como consecuencia del contrato de alquiler”, aquí se consuma la malversación de los fondos públicos de forma nítida e incontestable y es clamoroso que la Fiscalía Anticorrupción, teniendo conocimiento de ello, siga mareando la perdiz, teniendo que haber actuado de oficio hace meses y con medidas muy contundentes por la cantidad de dinero público expoliado.

5º- Evidentemente el Gobierno Valcárcel y siguientes, con su núcleo duro aquellos a los que nos hemos referido, facilitaron y promovieron este expolio en total connivencia con el grupo ACS, de lo cual sedesprende que han sido ellos los beneficiarios de este expolio sin lugar a dudas ni sin lugar a pérdidas de tiempo y con una instrucción sin fin, solo hace falta que el Órgano Judicial y la Fiscalía cumplan con la legalidad procesal penal sin interferencias políticas de ningún tipo.

Queremos traer a colación las declaraciones del Juez Decano de Guadalajara, don Jesús Villegas, en declaraciones a la revista Papel de Unidad Editorial de Revistas del sábado 21 de febrero del presente año donde habla de las presiones políticas a los jueces y su libro “El Poder Amordazado” (edit, Península) se muestran claves del posible temor de esta parte con esta Instrucción.

6º- Como trabajo didáctico para el Instructor, y ya lo hemos aportado a la querella, está el trabajo del Catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, José Francisco Bellod Redondo, quién evidentemente hace un estudio económico y jurídico de todo este affaire que él denomina “Asociación público-privada: El caso de la Desaladora de Escombreras” en donde hace un seguimiento, estudio y conclusiones del expolio efectuado.

7º- Que evidentemente no sólo fue la Asesoría Jurídica sino la Intervención General y el Tribunal de Cuentas quienes han denunciado estas gravísimas irregularidades, por tanto están muy aquilatadas las pruebas documentales que hemos mencionado y no lleva esto tantas dificultades procesales para una instrucción rápida y coherente.

8º- Decir por último que la Desaladora se construye en un claro acto de prevaricación, para evitar a la CHS que es la fiscalizadora de los recursos hídricos y con ella, y ateniéndose al artículo 25 de la Ley de Aguas apartado 4, que es de obligado cumplimiento para el territorio nacional, no hubiera sido posible llevar a cabo; queremos recordar aquí las manifestaciones del entonces presidente de la CHS, señor Fuentes Zorita, el 26 de abril de 2007 y que constan en la querella, manifestando que la construcción de la Desaladora no “tiene soporte legal alguno” y que “era un intento del Gobierno autonómico de sortear los requisitos de la Ley de Aguas respecto a la disponibilidad de los recursos para nuevas urbanizaciones”, manifiesta que es “sorprendente que una Consejería que se llama de Agricultura haga la planta para urbanizaciones”.

Aeropuerto de Corvera:

Es un plagio, en cuanto a las actuaciones, de Desaladora, en lo concerniente a los mecanismos empleados tendentes siempre a que al final la iniciativa privada, que es la encargada de estos macroproyectos, se lleve el dinero público en detrimento de las arcas públicas; ello lo reflejamos en los siguientes apartados:

1º- El 18 de marzo de 2004 se declara por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia como Actuación de Interés Regional la construcción del mentado aeropuerto, creado sobre bases utópicas e irreales, usándose a la auditora Deloitte para que justificara mediante un presunto estudio económico y de viabilidad dicha construcción, cosa que realmente es difícil de entender cuando a escasos kilómetros hay un aeropuerto competitivo que cubre las necesidades y en el que el Gobierno Central está invirtiendo grandes cantidades tanto en mantenimiento como desarrollo; éste aeropuerto ubicado en San Javier daba cumplida respuesta  las necesidades reales de la Región.

Ya el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Económica Europea en un informe de 14 de diciembre de 2014 manifestaba que estaba infrautilizado y que el Ministerio de Fomento estaba invirtiendo grandes cantidades de dinero en la ampliación del mismo, y, oh paradoja, el Gobierno de Murcia promovía la construcción de uno nuevo, el de Corvera.

2º- El 31 de mayo de 2007 fue adjudicado a AEROMUR la concesión de la explotación de dicho aeropuerto, se vende a la opinión pública que es la empresa SACYR la que lleva a cabo el proyecto, debido a su solvencia técnica y económica, y ello no es cierto puesto que se cera la Sociedad Concesionaria del Aeropuerto de Murcia S.A, de la que SACYR es un socio más; aquí está ya el primer fallo por cuanto esta empresa no tenía la solvencia económica para llevar a cabo este proyecto como luego se demostró, así que no es entendible que una Administración Pública como es el Gobierno Regional no se haya cerciorado cumplidamente y exigido la solvencia económica para no comprometer los fondos públicos; no hizo lo primero pero sí lo segundo; la connivencia de intereses entre el entonces presidente regional, Valcárcel Siso, cabecilla de la trama, y el entonces presidente de SACYR y empresario murciano, Luis del Rivero, da las claves de este expolio.

3º- La mercantil concesionaria en enero de 2010 acude al crédito bancario por importe de 200 millones de euros, crédito sindicado que encabeza la Caixa junto a cuatro entidades financieras más, y, como la sociedad concesionaria no cumplía las obligaciones bancarias y  a fin de evitar la ejecución de dicho crédito, actúa ante la CCAA para que esta sea garante mediante aval de dicho crédito; es aquí donde se produce el esperpento pero también la maquinación para la malversación de los fondos públicos, ya que la Ley de Hacienda de la CCAA exige en casos como estos que el beneficiario del aval contraavale estas cantidades, hecho que no se llevó a efecto; muy al contrario, el Consejo de Gobierno autoriza este aval sin la mentada contragarantía ya que el 14 de febrero de 2014 decidió dejar en suspenso el pedir garantías bancarias por el aval prestado, lo que significó que el entonces Consejero de Hacienda, Juan Bernal, se opusiera y dimitiera. Y lo calamitoso del tema, por no darle otro calificativo, es que el entonces Consejero proponente de tal felonía era Manuel Campos, ex fiscal del TSJM entonces en excedencia, y hoy reincorporado a la Fiscalía, algo no entendible. Pero es más, también se frena la actuación de los servicios jurídicos de la CCAA para que actúen en consecuencia, ya que también ese 14 de febrero del mismo año se autorizó a la dirección de los Servicios Jurídicos no formular oposición a la solicitud de suspensión sin garantías de esa obligación.

4º- El 20 de septiembre de 2013, la banca concesionaria del crédito había comunicado a la mercantil AEROMUR, la resolución y vencimiento anticipado del contrato de préstamo. El 4 de octubre de mismo año, se ejecuta el crédito a la concesionaria y el aval de la Comunidad, pero, al no poder esta pagar, le es concedido un crédito por 182 millones de euros a tres años, cuyo crédito está en vigor y satisfaciéndose los correspondientes intereses por parte de la CCAA, que vuelve de nuevo a involucrar los fondos públicos en beneficio de la trama y en beneficio de terceros, en este caso la empresa concesionaria y sus socios.

5º- La Comunidad Autónoma tendrá que tragarse este crédito porque este aeropuerto jamás será operativo, y el exconsejero, Manuel Campos, algún día deberá explicar en sede judicial por qué a resultas de un viaje a Madrid con el entonces presidente regional, Alberto Garre, fue de Consejero y regresó cesado. Igualmente deberá explicar el enfrentamiento con un Ministro porque la gravedad es inusitada ya que la construcción de este aeropuerto puede atentar contra la seguridad nacional, en caso de ponerlo operativo; pensemos en los recintos militares, San Javier, Alcantarilla, Cartagena, fundamentalmente el primero, todo ello bajo la supervisión de los radares en el Morrón de Espuña y bajo supervisión de la OTAN, con lo que ello representa. Entendemos que, dada la gravedad del tema, es en sede judicial y con la cumplementación de exhortos al Ministerio de Defensa como esta cuestión se debe clarificar.

6º- Ya en Diligencias solicitadas, concretamente el 18 del corriente a ese Juzgado, pedíamos cumplimentarlas para aclarar el destino de esos casi 200 millones de euros a los que la CCAA ha tenido que hacer frente, como son auditar técnicamente las obras para saber exactamente el coste de la construcción y dinero empleado; si la ejecución del aval de la CCAA significó la novación del crédito de la concesionaria y el aval de sus socios, si estos a su vez recuperaron los 50 millones que habían puesto o recuperaron estos o más a costa del crédito firmado por la CCAA.

Hemos dado la clave de las pruebas en la comisión de hechos delictivos en la construcción de esta segunda infraestructura, que facilitará  a la Instrucción el ir directamente a las pruebas aportadas sin perderse en un largo peregrinaje instructivo que dilate la actuación en el tiempo".

El Grupo Parlamentario de 'Podemos' trabajará para revitalizar el sector pesquero


SAN PEDRO DEL PINATAR.- La diputada regional de Podemos, María Giménez, se ha reunido este miércoles con el secretario de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, quien le ha transmitido las preocupaciones y demandas del sector. 

La semana que viene la parlamentaria de Podemos estará en Bruselas para tratar la situación del sector pesquero de la Región en el ámbito europeo.
Giménez ha explicado al representante de la Cofradía que todas las propuestas recogidas del sector en las diversas reuniones que está llevando a cabo por toda la costa murciana, serán trasladadas a la europarlamentaria de Podemos encargada del sector pesquero en la Unión Europea.
Una de las vías en las que Podemos incidirá es en la pesca turismo como parte de la diversificación que necesita el sector. Y por ello, como ha señalado María Giménez, "es muy interesante nuestra presencia en Bruselas, puesto que esta propuesta depende de fondos europeos.
También han tratado sobre la reciente aprobada Oficina Técnica del Mar Menor, oficina a la que dio luz verde la Asamblea Regional a iniciativa de Podemos. Según Giménez, el representante de la Cofradía la ha calificado como "fundamental para que todos los actores que tienen algo que decir en torno al Mar Menor se integren de verdad en el Plan de Gestión que debe regir las políticas de la laguna, y que podrá ser articulado desde dicha oficina".
Por otro lado, Ángel Pérez Blaya, miembro del Círculo de Podemos de San Pedro del Pinatar, ha incidido en lo importante que es "trabajar en torno al Mar Menor y su recuperación para todos los habitantes del municipio, puesto que es uno de los pilares fundamentales para muchas de las familias que vivimos aquí".
Por último, la diputada María Giménez se ha comprometido a llevar "toda la problemática expresada por la Cofradía acerca de las condiciones de las aguas en las que están desarrollando su trabajo" a la Asamblea Regional y al grupo de trabajo sobre el Mar Menor que han creado los círculos de Podemos en diversos municipios de la zona.

El PSRM apoya que se reconozca el derecho de los trabajadores interinos de Educación a cobrar en verano

CARTAGENA.- La diputada socialista, Choni Ludeña, ha trasladado el apoyo del PSOE a la campaña organizada por AIDMUR, #MismoTrabajoMismoSalario https://goteo.org/project/mismotrabajomismosalario para que se reconozca a nivel nacional el derecho del cobro durante los meses de verano de los trabajadores interinos del sector de la educación pública.

La campaña de AIDMUR tiene como fin último llevar esta petición al Tribunal Supremo, con el objetivo de que siente jurisprudencia.

Choni Ludeña animó a secundar esta iniciativa, ya que desde 2012 la mayoría de los gobiernos autonómicos decidieron eliminar a estos profesionales el derecho a la paga de las vacaciones. "Es una situación injusta con la que debemos terminar".

AIDMUR está llevando a cabo la recaudación de fondos, ya que hasta ahora los gastos del recurso colectivo los ha pagado esta asociación con las cuotas de sus asociados, pero empieza a ser inasumible dado que representan esta causa a nivel nacional.

Denuncia de 'Aidmur'

La Junta Directiva de la Asociación de Docentes Interinos de Murcia (Aidmur) valoró hoy el nuevo acuerdo para organizar las listas de profesores sin plaza acordado por los sindicatos y la Consejería de Educación, y destacó que aunque «supone una mejora respecto al lamentable decretazo de Sotoca y Buendía, gracias a la no caducidad de notas, no se ajusta al mandato de la Asamblea Regional, pues la experiencia se valora muy insuficientemente y no se tiene en cuenta la formación de los docentes para la configuración de las nuevas listas».

Los docentes interinos justifican en cualquier caso el apoyo de los sindicatos al acuerdo, ya que, consideran, hubiese sido una «irresponsabilidad no firmarlo por parte de los sindicatos, pues no hacerlo nos situaba nuevamente en la indeseable situación del decretazo de 2013, y sin un horizonte claro de desbloqueo».

Aun así, denuncian, «no podemos olvidar la tremenda injusticia cometida con los compañeros que han sido expulsados de las listas a resultas de un sistema cruel y desconsiderado con el buen hacer de los docentes».

La llegada de polvo sahariano dispara la contaminación del aire en la Región

MURCIA.- Ecologistas en Acción denunció hoy ante la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente que la intrusión de polvo sahariano que ha llegado a la Península procedente del norte de África disparó la concentración de partículas menores de 10 micras (PM10) en el aire que respira la mayor parte del país, incluida la Región de Murcia, superando "con creces" el valor límite diario, fijado legalmente para la protección de la salud, de 50 microgramos por metro cúbico, tal y como se aprecia en los datos que ofrece la propia Consejería en su web ('http://sinqlair.carm.es/calidadaire').

Este fenómeno anticiclónico que incluye una masa de polvo africano, superó ampliamente los límites establecidos por la legislación estatal y la Organización Mundial de la Salud, y afectó especialmente a la Región de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León, según expone Ecologistas en comunicado de prensa.

Ecologistas en Acción criticó la "pasividad" de las autoridades autonómicas y locales "que no ha difundido ningún un aviso a la población de esta intrusión de polvo sahariano y sus posibles efectos".

Esta organización ambiental demanda que se informe a la población sobre los efectos de estas partículas aconsejando que las personas sensibles se protejan evitando la exposición al aire libre y que se adopten medidas de reducción del tráfico "para no aumentar más los niveles de contaminación por partículas".

Los grupos más sensibles, recordó, son los de ancianos, niños, embarazadas, enfermos del sistema respiratorios y personas con problemas cardiovasculares crónicos, a las que recomienda que se protejan evitando en lo posible la exposición al aire libre.

C's considera acreditado que el Ente Público del Agua fue creado 'ad hoc'

CARTAGENA.- El portavoz de Ciudadanos y presidente de la Comisión Especial de Investigación de la desalinizadora de Escombreras, Miguel Sánchez, consideró "acreditado" el hecho de que el Ente Público del Agua "fue un organismo creado 'ad hoc' para sortear el artículo 25 de la Ley de Aguas, que establece que todos los desarrollos urbanísticos y los planes generales de ordenación que emanen de los ayuntamientos deban contar con un informe positivo por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura".

Sánchez hizo esta afirmación tras la comparecencia este miércoles ante la comisión del exconsejero Joaquín Basacuñana que descargó en los ayuntamientos la responsabilidad política derivada del hecho de que se planearan hasta 250.000 nuevas viviendas en una treintena de proyectos y planes generales.

"No nos parece lógico que Bascuñana diga ahora que la Comunidad Autónoma no tenía responsabilidad política sobre los ayuntamientos cuando era su consejería la que daba el visto bueno definitivo a los planes generales y grandes proyectos de desarrollo urbanístico", aseguró Sánchez.

A su juicio, de las palabras de Bascuñana "se desprende que la consejería que controlaba se limitaba a dar su visto bueno o a actuar como una asesoría o gestoría, diluyendo además su competencia en materia de ordenación del territorio al mencionar a la Comisión de Política Territorial, la administración del Estado e incluso la Federación de Municipios como entes con capacidad de influencia en la decisión final sobre esos desarrollos".

El presidente de la comisión sí agradeció, tanto a Bascuñana como el ex director general de Aguas y actual máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, su disposición, "más allá de alguna discrepancia semántica" a responder a las cuestiones propuestas por los miembros de la comisión.

Sánchez lamentó, no obstante, que Bascuñana evitara responder de forma clara a la pregunta de "si le parecía que la construcción de la desalinizadora fue un negocio ruinoso consagrado a través de contratos leoninos", afirmando que fue una decisión política que hubo que tomar.

"Parece que la decisión fue tomada a otros niveles, como ratifica cuando responde 'hice lo que tuve que hacer' a la cuestión de si está satisfecho de su gestión en el asunto o cuando asegura que desconocía los contactos del entonces presidente regional Ramón Luis Valcárcel con Florentino Pérez", añadió el portavoz de Ciudadanos.

Sánchez también destacó el hecho de que Bascuñana reconociera que no fue lo más apropiado acometer una obra tan compleja y costosa sin informes de la propia Comunidad Autónoma y sí confiando en informes encargados a asesorías externas.

Bascuñana se escuda en los tecnicos para justificar su actuación con la desaladora de Escombreras

CARTAGENA.- El ex consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana ha comparecido hoy ante la comisión de la Asamblea que investiga la desaladora de Escombreras y ha afirmado que todos los urbanísticos municipales fueron aprobados por su departamento "con todos los informes favorables" porque "nunca he aprobado un expediente con informe desfavorable de un técnico" y que el documento que necesitaban de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para aprobar el planeamiento era "preceptivo, pero no vinculante".

Bascuñana ha comparecido hoy ante la Comisión Especial de Investigación de la obra y puesta en marcha de la desalinizadora de Escombreras, dónde ha señalado que los servicios jurídicos y técnicos de su consejería, que dirigió entre 2003 y 2007, dictaminaban que los planes generales tenían una vigencia de 30 años, y que la CHS garantizaba agua para un millón de personas más a partir de 2010.

A su juicio, es la CHS quién "se tiene que aclarar" con el cambio de criterios sobre la disponibilidad de agua, que hasta 2007 era negativa, en la línea que manifestó la semana pasada su sucesor en el cargo, José Ballesta.

"Alguien tendrá que explicar por qué donde dije digo, digo Diego", ha indicado en alusión a los responsables del organismo de cuenca. En este sentido, ha calificado de "casualidad" que la CHS hubiera dado luz verde en 2007 a suministrar agua a los nuevos planeamientos de Calasparra y Santomera, gobernados en ese momento por el PSOE, mientras que en el caso del municipio de Abanilla, regido por el PP, el citado documento fue negativo y tuvo que recurrir al certificado del Ente Público del Agua (EPA) para garantizarse los caudales.

Bascuñana ha negado que hubiera "sorteado" el informe de la CHS para aprobar los planes parciales, sino que se "cumplimentaba" la información aportada por los 26 ayuntamientos que firmaron con el EPA para que le suministrara caudales a través de la desalinizadora de Escombreras.

Para el compareciente, el nuevo texto del artículo 25 de la Ley de Aguas en 2005, por el que las confederaciones hidrográficas son las únicas que pueden regular los recursos hídricos y supeditarlos a los desarrollos urbanísticos, fue adoptada por el Gobierno socialista para "hacer daño" a la Región de Murcia.

El exconsejero ha indicado que su departamento actuaba "como asesoría o gestoría" de la modificación o aprobación de los planes municipales los informes aprobados por los servicios jurídicos y la aquiescencia de la Comisión de Política Territorial, donde estaban presentes la Federación de Municipios de la Región de Murcia y la Administración General del Estado.

Bascuñana ha negado que haya aprobado planes de desarrollo privados o se haya reunido con promotores urbanísticos, sino que se firmaban con los municipios para sus planes "globales", sin entrar "en el detalle" de los planeamientos, al se Preguntado por uno de estos planes, el de Cartagena, que incluía la recalificación de suelo para Novo Carthago, ha rehusado contestar si conocía al promotor, Rafael Galea, porque "no es motivo de esta comisión".

Bascuñana está imputado en las diligencias del llamado caso Novo Carthago por presunta corrupción en el cambio de uso de un suelo parcialmente protegido junto al Mar Menor para la construcción de una urbanización con campo de golf, hoteles y unas 10.000 viviendas.

Bascuñana, quien ha manifestado que no recuerda que el Consejo de Gobierno autorizara la compra del EPA de las acciones de la desalinizadora de Escombreras, ha remarcado que "tan legal" era construir desde el principio la planta a partir de un procedimiento público como la opción elegida, que fue incorporarse a un proyecto ya en marcha.

El exconsjero ha incidido en que toda la tramitación realizada por los bufetes que asesoraron la compra de la planta fueron validados por los servicios jurídicos y técnicos de la Comunidad Autónoma, y que se hizo con "las mejores garantías" y sin "mala voluntad".

Tras Bascuñana ha sido el turno para Miguel Ángel Ródenas, presidente de la CHS, que compareció en calidad de responsable de Aguas durante la etapa en la que se configuró la titularidad pública de la desaladora de Escombreras, periodo que investiga ahora la comisión de la Asamblea regional.

Ródenas destacó que la decisión de la Comunidad permitió obtener agua de Escombreras en 2009 mientras que las plantas promovidas por el Estado en Águilas, Valdelentisco (Mazarrón) y San Pedro del Pinatar no fueron productivas hasta hace unos tres años.

La desaladora de Escombreras "era un proyecto en marcha, con una localización concreta y se ahorraba tiempo". Y ha recordado la situación "agonizante" por la falta de agua en la Región en el año 2004, cuando se derogó el Plan Hidrológico Nacional que contemplaba el trasvase desde el río Ebro.

Pero, advirtió de que "se tomó la decisión y yo no entro a valorar si eso está mejor o peor". Aunque formó parte de los consejos de administración del Ente Público del Agua y de la empresa pública Hidronostrum, dijo desconocer muchas de las decisiones adoptadas porque se incorporó a esos órganos de administración con el proyecto de Escombreras ya en marcha. 

"El objetivo está cumplido" porque en la actualidad Escombreras produce agua", respondió al portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez.

Los vecinos del Mar Menor se manifestarán el martes en Murcia para exigir que se salve la laguna

CARTAGENA.- Los afectados por la situación de deterioro y abandono que sufre el Mar Menor han realizado un llamamiento para emplazar a todos los ciudadanos a salir a la calle el próximo martes día 1 de marzo en una manifestación que recorrerá las calles del centro de Murcia.

El alcalde de Cartagena, José López, que se sumará a la manifestación, ha presidido esta mañana la rueda de prensa en la que se ha informado de este acto y ha hecho una recapitulación de la situación de la laguna. 

Junto al primer edil han estado presentes el concejal del área de Transparencia y Buen Gobierno, Juan Pedro Torralba; la presidenta de la Federación de Vecinos de Cartagena y Comarca, Cristina Roca; y los presidentes de las Asociaciones de Vecinos de Los Urrutias, Severo Sánchez; el de Mar de Cristal, Angel Monedero; y los demás representantes del Arco Sur: Estrella de Mar, Punta Brava, Los Nietos, Carmolí, Camping Caravaning, Playa Paraíso, así como varios miembros de la junta directiva.

Según ha informado López, algunos de los problemas que afectan al Mar Menor son la acumulación de fango, que en algunos casos llega al metro y medio, así como las plagas de moscas, el arrastre de sedimentos, los aportes de la rambla de El Albujón y otros agentes contaminantes que provocan la mala salud de sus aguas.

MANIFESTACIÓN

La convocatoria de manifestación se realizará a las 11.00 horas en la Glorieta de España de Murcia, donde se concentrarán y se comenzará la marcha a las 11.30 horas.

La manifestación recorrerá la calle del Arenal, la plaza de Belluga, la calle del Escultor Salzillo, la calle Azucaque - donde pararán a hacer el primer manifiesto frente a la Confederación Hidrográfica del Segura -calle Escultor Salzillo de nuevo, atravesarán calle Trapería hasta la plaza Santo Domingo, y en la avenida Alfonso X El Sabio volverán a hacer otro manifiesto frente a la Demarcación de Costas del Estado. Para terminar, irán por Gutiérrez Mellado, la calle José Tapia Sanz, Antoñete Gálvez para acabar en la plaza de Santoña y realizar el último manifiesto ante la Consejería de Fomento, donde acabarán.

Será un recorrido prácticamente peatonal para cruzarse con la gente y poder explicar cara a cara los problemas que acontecen en el Mar Menor, y han informado de que llevarán flores marinas (algas) para mostrar directamente lo que sufren a diario aquellos que viven en las zonas del Mar Menor.

Para facilitar a los interesados la asistencia a la manifestación, se oferta un autobús gratuito que saldrá de Los Nietos y recorrerá Estrella de mar, Los Urrutias, Punta Brava, El Carmolí y El Algar. El plazo para apuntarse finaliza el jueves 25 de febrero. Toda la información se puede consultar haciendo clic aquí.

CONTEXTO

Tal como ha explicado el alcalde, la situación es la siguiente: de nuevo hay un atraso en la retirada de espigones, que lleva adjudicada a Construcciones Castillejo desde el mes de octubre y en un principio se tenía que haber contratado el pasado noviembre. Sin embargo, se decidió por parte del Gobierno nacionalque se dejaba para principios de este año, ya con los nuevos presupuestos, y que se contrataría en enero ya que la licitación ya estaba y solamente faltaba el acto administrativo de contratar.

Dijeron que durante enero no podían contratar porque no les daba tiempo, ha añadido López, pero que a lo largo de febrero iban a sacar la contratación. Una vez que el director general de Costas, Andrés Martínez Muñoz, le hizo llegar esa información, se dieron cuenta de que si se retrasaba la contratación hasta final del mes de febrero, no tendrían el plazo normal para poder quitar esos espigones del Mar Menor porque comenzaba una parada biológica que transcurre del 1 de marzo hasta el mes de octubre.

Así pues, José López habló con la consejera de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, para plantearle la cuestión. Ella se reunió con los técnicos y entendieron que era mejor para el Mar Menor retirar los espigones de Los Urrutias durante marzo, aunque con medidas preventivas para evitar que cualquier vertido se extendiera por la laguna.

A partir de ahí, se le comunicó a la Dirección General de Costas que ya se contaba con la autorización de la Dirección General de Medio Natural, y fue entonces cuando encontraron una información - que necesitamos contrastar, según ha detallado el alcalde - de que había un dictamen de la abogacía del Estado que decía que en este periodo de gobierno en funciones, se había decidido no contratar, alegando que solo podían atender los casos urgentes.

Hasta aquí llega la situación, y tras no obtener respuesta por parte del Ministerio, José López ha afirmado que se mantiene a la espera y mientras tanto apoya a los vecinos en la idea de lanzarse a la calle para manifestarse por esta situación que lleva contaminando el Mar Menor durante más de 30 años.

OTRAS CUESTIONES

A petición de los periodistas, José López ha hecho mención a la situación del AVE en Cartagena, pediente también del nuevo Gobierno de la Nación.

MC sostiene que su trabajo allana el camino para la restauración del Monasterio de San Ginés

CARTAGENA.- Esta mañana hemos conocido que el alcalde de Cartagena, José López (MC), ha emitido un escrito a Hansa Urbana requiriendo a la citada empresa a que acometa, de forma inmediata, la restauración del Monasterio de San Ginés de la Jara, dice un comunicado de Movimiento Ciudadano.

Esta acción viene motivada por la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 19 de febrero de 2016, que estima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Cartagena, considerando conforme a derecho el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 27 de abril de 2012 que, con relación a la restauración del Monasterio de San Ginés de la Jara, contemplaba los siguientes puntos:

Requerir a la Sociedad Hansa Urbana S.A. para que, en el plazo máximo de 10 días, adoptara las medidas constructivas y de seguridad para evitar la degradación del monumento.

Instar a la empresa a que en el plazo máximo de un mes iniciara las obras de restauración del monumento, siguiendo el proyecto y la licencia otorgada en 2007.

En caso de ignorar el requerimiento o de paralizarse o ralentizarse las obras de restauración, el Ayuntamiento actuaría subsidiariamente con cargo a Hansa Urbana.

De estos tres puntos, únicamente Hansa Urbana afrontó las obras de conservación y mantenimiento, sin que el anterior Consistorio ejecutara el resto de apartados.

Conviene recordar que el acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de abril de 2012 fue fruto de la presión ejercida por colectivos, particulares y asociaciones en defensa del patrimonio. En esta sentido, justo es reseñar la insistente labor de oposición llevada a cabo por el entonces concejal de MC, hoy alcalde, José López.

MC ha demostrado un firme compromiso en la defensa y protección del patrimonio histórico del municipio. De este modo, ejerciendo su labor de oposición, se elevaron al pleno diversas propuestas encaminadas a la recuperación de San Ginés de la Jara, como la moción presentada el 6 de febrero de 2012 en la que se instaba a "comenzar con las obras de protección y restauración del Monasterio de San Ginés de la Jara de oficio por este Consistorio".

Del mismo modo, MC, con el concejal José López, presentó diversas cuestiones al pleno, adhiriéndose a los requerimientos de la abogada María Dolores Ruiz, quien, de manera decidida, ha venido trabajando para impeler al Ayuntamiento a la restauración y protección del BIC Monasterio San Ginés de la Jara.

Además, MC ha ejercido una importante función de vigilancia dando conocimiento y denunciando los paulatinos deterioros que ha ido sufriendo el Monasterio a causa de la inacción de anteriores gobernantes.

La defensa del Monasterio de San Ginés de la Jara ha venido acompañada de una denuncia constante del deterioro sufrido por las Ermitas del Monte Miral, que forman parte del conjunto del Monasterio de San Ginés de la Jara.

MC, ayudado por la abnegada labor de particulares como María Dolores Ruiz, solicitó en mayo de 2014 que la Administración regional estableciera de inmediato medidas urgentes para garantizar la protección de los eremitorios del Monte Miral en Cartagena.


En ese sentido, la Dirección General de Bienes Culturales comunicó a MC, en junio de ese mismo año, la ejecución urgente de medidas de protección. A pesar de esta resolución, más de un año después y, habiendo obviado los incumplimientos de la mercantil de acometer medidas de protección y conservación de las ermitas, la Dirección General de Bienes Culturales determinó, en octubre de 2015, el archivo de las actuaciones previas a la incoación de un procedimiento sancionador a la empresa Portman Golf, S.L., sobre la protección y conservación de las ermitas del monte Miral.

Ante estas circunstancias, los servicios jurídicos de MC presentaron recurso de alzada ante dicha resolución, en un ejemplo más de que el compromiso de esta formación política con la defensa, protección y recuperación del patrimonio histórico de Cartagena es producto de la responsabilidad adquirida por sus integrantes con la sociedad cartagenera, más allá de los cargos políticos que se ostenten en cada momento.

MC se congratula de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que considera prioritaria la recuperación del Monasterio de San Ginés de la Jara, al tiempo que reitera su compromiso para la recuperación efectiva del Monasterio, deseando que esté cercana la recuperación de uno de los símbolos del patrimonio histórico cartagenero.

Aclara el PP

``La sentencia del TSJ que da la razón a la Corporación anterior sobre la restauración del Monasterio de San Ginés ha vuelto a ser utilizada por el actual alcalde como un triunfo personal, igual que hace su gobierno con cada acontecimiento que considera rentable´´, ha manifestado Francisco Espejo, portavoz del Grupo Municipal Popular.

``Además de recoger premios y banderas azules, ahora se apropian de sentencias que ellos no promovieron´´, ha puntualizado Espejo.

Hay que recordar que la iniciativa legal la adoptó el anterior Gobierno en el año 2012 porque los informes jurídicos consideraron que era un derecho del Ayuntamiento, no por las presiones, en contra de lo que se afirma en la nota oficial del Ayuntamiento que el gobierno ha vuelto a utilizar de manera partidista.

El PSRM afirma que empieza a demostrarse que las decisiones sobre la desaladora de Escombreras se tomaban en un círculo muy reducido

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Navarro, ha manifestado que la comparecencia de Joaquín Bascuñana, exconsejero de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no ha aclarado muchas cuestiones acerca de la desaladora de Escombreras.

Sin embargo, la conclusión a la que llega el diputado socialista es que según van avanzando las comparecencias " se va cerrando el círculo y empieza a demostrarse que la toma de decisiones sobre esta planta desaladora se tomaban en un ámbito muy reducido, por lo que se va acotando cada vez más la autoría de dichas decisiones".

Otra de las cuestiones que se ha sabido con esta comparecencia ha sido que cuestiones como los informes jurídicos o el entramado contractual no se llevaban al Consejo de Gobierno, evadiendo de esta manera los informes de los servicios jurídicos y económicos de la Comunidad.

"Bascuñana ha querido justificar como todos- que el EPA era competente para autorizar las dotaciones de agua y así aprobar los convenios urbanísticos y los planes generales". En concreto durante la etapa de Bascuñana fueron dos los convenios urbanísticos aprobados: el de Puerto Lumbreras y el de Aledo, que son los que el Tribunal Superior de Justicia ha tirado para atrás, por carecer del informe preceptivo del Órgano de Cuenca competente, considerando que el EPA no era competente para emitir los informes que en su momento emitió.

Comparecencia de Miguel Ángel Ródenas

Por otro lado, sobre la comparecencia de Miguel Ángel Ródenas, exdirector general del Agua, el diputado socialista comentó que "se ha limitado a tirar balones fuera, ya que según él no participó en la toma de las grandes decisiones".

Lo que sí ha reconocido, en contra de lo dicho por el resto de comparecientes, es que de 2005 a marzo de 2009 el Órgano Competente para las concesiones de agua era la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Es a partir del 31 de marzo de 2009 cuando la CHS otorga al Ente Público del Agua (EPA) esa concesión. "En esa misma fecha se otorgó la concesión de captación de agua por parte de la CHS, lo que demuestra que se iniciaron las obras de la desaladora sin tener autorización ni la concesión de la CHS".

Jesús Navarro destaca que por fin alguien reconoce "la falta de competencia del EPA" para otorgar concesiones sobre el uso del agua para abastecimiento a los municipios, en contra de lo dicho por el resto de comparecientes que han pasado por esta Comisión hasta el momento.

La economía de nuestra vecina Alicante ya está en una situación equivalente a 2008

ALICANTE.- La coyuntura socioeconómica de la vecina provincia de Alicante ya es "equivalente" a la de comienzos de 2008, cuando estalló en España la crisis, gracias, principalmente, al buen comportamiento del turismo y al reciente auge del sector de la construcción.

Así lo refleja el informe de coyuntura socioeconómica de la provincia de Alicante 2015 elaborado por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia (Ineca) a partir del estudio de 4.192 variables económicas desde el primer trimestre de 2008.
El presidente de Ineca, Perfecto Palacio, ha señalado que Alicante ha experimentado "una mejoría leve" con respecto a hace un año debido a que la mayoría de los valores estudiados presentan una "evolución favorable", aunque ha admitido que "queda camino por mejorar".
Entre las asignaturas aún pendientes, el "lastre" de la alta tasa de paro, que se sitúa en el 22,96 por ciento (aún hay 80.000 desempleados más que en enero de 2008 pese a que en 2015 se han incorporado al mercado 20.000 personas), el alto endeudamiento crediticio de las familias y empresas ("seguimos muy endeudados"), y la carencia de un sector industrial, lo cual podría ser paliado con el desarrollo de la Zona Franca, según este 'lobby' empresarial.
Para Palacio, "el sector servicios tira de la economía pero sin industria para repartir el peso, nos costará volver al Estado del Bienestar".
Uno de los datos más novedosos presentados ha sido el denominado 'indicador Ineca', que revela el mismo valor acumulado que el que había a comienzos de 2008, y se debe al comportamiento "muy positivo" tanto del turismo, donde la pernoctación media hotelera en la provincia es de un día más que la media nacional, como a la evolución ascendente de la construcción.
De hecho, el informe de Ineca señala que, a noviembre de 2015, Alicante sumaba el 26,22 por ciento de los visados de nueva vivienda del país y efectuaba el 8,24 por ciento de las transmisiones, con un total de 7.707 operaciones a un precio medio de 122.917 euros, cantidad que "barata" o competitiva, al situarse 13 puntos por debajo de la media nacional.
Además, la provincia de Alicante acaparaba el 23,54 por ciento de las viviendas vendidas a extranjeros en España, con un total de 3.670, lo que supone una importante entrada de capital y a la vez un "efecto llamada" para más operaciones.
El experto Joaquín Melgarejo ha recordado que cada vivienda nueva genera dos empleos directos y otro indirecto, así como actividad en terceros sectores, por lo que el 'tirón' de la construcción ayudará, previsiblemente, a seguir reduciendo el paro.
En cuanto al turismo, Ineca apunta que la provincia necesita incentivar nuevos atractivos y más oferta hotelera y complementaria de actividades deportivas, de negocios, gastronómicas, de sanidad, ambiental y cultural, especialmente de corta duración, que donde mayor competencia tiene en España.
Uno de los datos que más "sorpresa" ha suscitado ha sido que, pese a la generalizada creencia de que Alicante es una provincia netamente exportadora, las ventas en el exterior suponen sólo el 2,13 por ciento del conjunto de España, muy lejos de entre el 4 y 5 por ciento que la provincia representa en PIB y población.
Palacio ha destacado que hay que "hacer un esfuerzo por reindustrializar la provincia" con iniciativas como la Zona Franca, liderada por la Diputación a partir de los ejes del puerto y el parque industrial de Torrellano, en Elche, lo que conllevaría elevar las exportaciones.
Pese a que el índice podría incrementarse hasta cerca del 3 por ciento si se cuenta lo enviado a otros países a través de la aduana del puerto de Valencia o de la frontera por carretera de Gerona, el dato de Alicante es inferior a otras provincias limítrofes como Murcia (3,69 por ciento del total nacional), Valencia (6,67) e, incluso, Castellón (2,48).

La revisión del catastro afectará a 900.000 inmuebles en la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- El plan de regularización catastral para localizar construcciones no declaradas en los últimos años incluye 107 municipios valencianos y un total de 911.132 inmuebles, 78.061 de ellos en Castellón, 383.767 en Valencia, y 449.304 en Alicante.

Según ha informado la empresa Impuestalia, dedicada a la optimización impositiva tanto en la tenencia y transmisión de bienes inmuebles, el motivo de dicha regularización se debe a la aplicación de nueva legislación al respecto.
Concretamente se trata de la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), introducida por el apartado tres del artículo 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas.
En dicha Disposición se regula incorporar al Catastro los inmuebles urbanos y rústicos con nuevas construcciones, así como las modificaciones de sus características en el caso de que no hayan sido declaradas, con el fin de lograr la concordancia de los datos de los bienes inmuebles que posee la Administración con la realidad.
Se prevé que al menos en un 10 % de inmuebles de estos municipios se localicen discrepancias, con lo que sus propietarios deberán pagar el incremento del IBI correspondiente por dichas alteraciones.
La previsión del gobierno es que casi toda España haya pasado la inspección a finales de 2016, pero la nueva publicación en el BOE estima como fecha de finalización para estos nuevos municipios julio de 2017.
Según Clementina Caballero, directora de gestión de Impuestalia, al menos en el 7 % de los inmuebles a los que el Catastro notifique un aumento de IBI por la nueva regularización, podrán existir equivocaciones.
"En caso de discrepancias con la valoración de la administración, el beneficio para el titular del inmueble supondrá un ahorro vitalicio", ha advertido.
Este escrutinio masivo, que se está llevando a cabo en toda España (salvo País Vasco y Navarra), comenzó para 176 municipios en 2013 y se ha extendido a otros 3.025 en 2014.
Según figura en los Presupuestos Generales del Estado, durante el año pasado se envió a 1,5 millones de inmuebles su correspondiente notificación de regularización para dar conocimiento a los propietarios de los errores catastrales de sus inmuebles, y se prevé otra remesa de 1,4 millones en 2015.
Para 2016, se estima que se habrán revisado 1.412 municipios más a mediado de año, los cuales harán un total de 4.613 dispuestos para ser regularizados desde 2013, sin contar los que se comuniquen a partir de ahora para 2017, último año de esta regularización que probablemente se ampliará a más ejercicios y plazos, según las mismas fuentes.
En términos económicos, el coste por esta regularización será una tasa de 60 euros por cada inmueble que se detecte, y se destinará a pagar los trámites administrativos que genere esta regularización.
Este importe se sumará al derivado del incremento por las construcciones o modificaciones no ingresadas en los años anteriores no prescritos.

Rafael Catalá pide no incriminar a nadie hasta que no haya sentencia judicial

LOGROÑO.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recomendado hoy a todos "prudencia, moderación" y "no incriminar ni dar por supuesta la responsabilidad penal de nadie hasta que no haya una sentencia judicial" y le parece "peligrosísima" esta situación, porque "hoy es Rita Barberá, mañana no sé quién será".

Así ha respondido Catalá en una rueda informativa en Logroño al ser preguntado por la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá en relación con una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.
Ha añadido que "se está en una fase de investigación judicial muy inicial" y a él no le consta que haya ninguna acusación concreta y formal contra Barberá, aunque "llevamos no sé cuánto, dos, tres semanas, diciendo si tiene que dimitir, si ha hecho esto, si ha hecho aquello".
Cree que se está entrando en una circunstancia "peligrosísima" para la democracia y para los derechos de todos los españoles porque "hoy es Rita Barberá, mañana no sé quién será".
Ha precisado que "se está insinuando, se le está imputando anticipadamente o injustificadamente, incluso, algún tipo de conducta que no se acredita con actuaciones judiciales", pero "el derecho al honor, a la intimidad, a la presunción de inocencia valen mucho en una sociedad democrática" y todos deberían comprometerse en la defensa de esos derechos.
"Me parecen muy importantes el derecho a la información y a la comunicación y el derecho a la presunción de inocencia", ha dicho Catalá, para quien, "antes de que haya un proceso, nos preguntan ustedes si no tiene que asumir consecuencias", pero se ha preguntado "en relación con qué, en relación con alguna actuación suya, con una responsabilidad de ámbito general".
También le preocupa "notablemente" leer o escuchar en los medios de comunicación que "fuentes de la investigación dicen" cuando esta está sometida a secreto del sumario, dado que "la revelación de secretos es un delito".
A ello ha sumado que le preocupa que se esté entrando en este momento con esta proliferación de información y entiende perfectamente la demanda de los ciudadanos por conocer todos los casos judiciales, por luchar por la transparencia.

Un juzgado de Alicante asume la causa de las dietas del expresidente de la CAM

ALICANTE.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha asumido la investigación contra el expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo y una veintena de consejeros de esta entidad, ya desaparecida, por el presunto cobro de dietas millonarias.

Según han confirmado hoy fuentes judiciales, el magistrado ha recibido la causa por reparto días después de que la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, se inhibiera y la remitiera al Decanato de los Juzgados de Alicante.
Crespo está investigado (figura que sustituye a la de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por un delito de apropiación indebida por, presuntamente, embolsarse 300.000 euros en dietas al ser designado presidente de Tinser Cartera, una empresa participada por la CAM, en 2009.
En su declaración ante la Audiencia Nacional, defendió que no percibía retribución alguna como presidente de la extinta caja, dado el carácter institucional de su cargo, y, por esa razón, el consejo de administración avaló que fuera retribuido con las citadas dietas.
La juez Lamela decidió acumular la pieza sobre las cuotas participativas emitidas por la CAM a la causa principal por posibles irregularidades en la entidad, en la que también están investigados Crespo y los exdirectores Roberto López Abad y María Dolores Amorós, entre otros, por esconde la real situación de la caja en beneficio propio y cobrar indebidamente 47,3 millones en retribuciones.
No obstante, la magistrada remitió las pesquisas relativas a las dietas, por las que hay imputada una veintena de antiguos consejeros de la entidad, a los juzgados de Alicante.
Manrique Tejada deberá ahora proseguir la instrucción, que está prácticamente terminada, y resolver, en primer lugar, las peticiones de sobreseimiento realizadas por la mayoría de las defensas, antes de dictar un auto de procedimiento abreviado, según las fuentes consultadas,
Este juez es el mismo que investiga las supuestas irregularidades detectadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, una causa derivada de la denominada 'Operación Brugal' en la que figuran como principales investigados los exalcaldes de la ciudad Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, y el empresario Enrique Ortiz.

El TSJ respalda el sellado del vertedero de Jumilla

JUMILLA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) desestimó el recurso presentado contra la orden de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de junio de 2011 que acordó el cierre y sellado del vertedero municipal de Jumilla por un tiempo no inferior a treinta años.

Señala la sentencia que la administración regional ordenó a la empresa gestora, como entidad que se encargaba de la explotación del vertedero, el cierre del mismo al haberse detectado varias irregularidades.
En concreto, el acuerdo recogía que durante las visitas de inspección realizada a las instalaciones se comprobó que se había sobrepasado la capacidad máxima contemplada en el Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que recibía residuos sin autorización de otras comunidades autónomas, como Valencia.
Igualmente se exponía que en una de las zonas del vertedero se utilizaba un antiguo barranco y que no se registraba el tipo de vertido a su llegada.
También se tuvo en cuenta para adoptar la medida de cierre que se seguía manteniendo la actividad en un vaso que no había sido autorizado.
La sentencia del TSJ, que tiene como ponente al magistrado Indalecio Cassinello, dice que "acreditada por la prueba practicada que la empresa, como explotadora del vertedero, no cumplió los requisitos establecidos, resultaba procedente la clausura definitiva de sus instalaciones".
Y añade que debe asumir la responsabilidad de su mantenimiento "y la vigilancia, análisis y control de los lixiviados y, en su caso, de los gases generados".

'Huermur' rechaza la cesión de caudales de los Hacendados de la Huerta de Murcia

MURCIA.- La asociación para la conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) ha remitido a la Mancomunidad de Canales del Taibilla una comunicación acompañada de un dossier sobre la trayectoria de expedientes, multas y denuncias que acumula la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, tras conocerse que entre los puntos a debatir en el próximo Juntamento General se encuentra la cesión de derechos de agua a la Mancomunidad. 

Huermur recuerda que en los dos últimos años las cesiones realizadas han acabado recurriéndose en los tribunales. 

El dossier ha sido remitido también a los alcaldes de Cartagena, Alicante, Lorca, Elche y Catral, que forman parte del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad, para que tengan conocimiento de los hechos protagonizados por la Junta de Hacendados. 

Huermur considera necesario que cualquier cesión, acuerdo o venta de caudales «se estudie con las máximas precauciones, para que la trayectoria casi centenaria de Canales del Taibilla no pueda quedar asociada a los escándalos que se han repetido en torno al agua en los últimos años en otros organismos, empresas públicas y comunidades de regantes, que tanto daño han hecho a Murcia y a los verdaderos regantes».

Murcia es la cuarta ciudad más barata de España para llenar la cesta de la compra

MURCIA.- Murcia es la cuarta ciudad más barata de España para llenar la cesta de la compra, según la web de ahorro Kelisto, que realizó un estudio sobre las capitales de provincia más caras y más baratas de España teniendo en cuenta 14 productos y servicios de cinco categorías.

En concreto, analizan la compra y alquiler de vivienda, impuestos (IBI, impuesto de circulación y tasas municipales), transporte público y privado (precio del billete sencillo de autobús, del bono de 10 viajes, de la gasolina y de los taxis), compra (cesta de la compra, coste de una barra de pan y de un litro de leche) y ocio (precio de una entrada de cine y de una cena para dos).
Murcia es la vigésimo primera capital de provincia más cara de España y a la hora de alquilar o comprar una vivienda, Murcia ocupa los puestos 11 y 13, respectivamente, de las capitales más baratas.
En materia de impuestos, Murcia es la quinta ciudad con el IBI más caro del país, un 42,13% más que la media y en relación al transporte privado, Murcia se encuentra en octavo lugar del ranking de las ciudades más caras para un trayecto en taxi.
Murcia es la cuarta capital más barata de España a la hora de llenar la cesta de la compra, con un coste de 5.508,36 euros anuales (un 4,71% más barato que la media) y respecto al ocio, Murcia es la quinta ciudad donde es más barato pagar una cena para dos personas, con un coste de 40,87 euros, un 17,56% menos que la media.

El Ayuntamiento de Cartagena requiere a 'Hansa Urbana' la inmediata restauración del Monasterio de San Ginés de la Jara

CARTAGENA.- La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha resuelto estimar el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Cartagena por lo que se considera conforme a derecho el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 27 de abril de 2012 que contemplaba los siguientes puntos respecto a la restauración del Monasterio de San Ginés de la Jara:

1) Requerir a la Sociedad Hansa Urbana S.A. para que, en el plazo máximo de 10 días, adoptara las medidas constructivas y de seguridad para evitar la degradación del monumento.
2) Instar a la empresa a que en el plazo máximo de un mes iniciara las obras de restauración del monumento, siguiendo el proyecto y la licencia otorgada en 2007.
3) En caso de ignorar el requerimiento o de paralizarse o ralentizarse las obras de restauración, el Ayuntamiento actuaría subsidiariamente con cargo a Hansa Urbana.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cartagena, en sentencia del 25 de mayo de 2015, estimaba que la Junta de Gobierno no tenía competencia para resolver este tipo de acuerdo, aceptando la postura de Hansa Urbana que mantenía que no estaba obligada a acometer las obras mientras no hubiera proyecto de urbanización. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 19 de febrero de 2016, declara la validez del acuerdo de la Junta de Gobierno local de 27 de abril de 2012.
Este acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de abril de 2012 vino motivado por la presión ejercida por colectivos y asociaciones en defensa del patrimonio, así como por los grupos políticos de la oposición.
De los tres puntos citados, únicamente Hansa Urbana afrontó las obras de conservación y mantenimiento sin que el Ayuntamiento ejecutara los siguientes apartados.
En la línea del compromiso mostrado por el Gobierno municipal en la defensa y protección del patrimonio histórico del municipio, el alcalde, José López, ha emitido un escrito esta mañana a Hansa Urbana requiriendo a la citada empresa a que acometa, de forma inmediata, la restauración del Monasterio de San Ginés de la Jara.
Cabe recordar que el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 27 de abril de 2012 faculta al Ayuntamiento de Cartagena a exigir a la mercantil a que proceda a la restauración del Monasterio. En caso contrario, la administración local puede hacerse cargo del proyecto de restauración actuando subsidiariamente con cargo a los avales de Hansa Urbana que obran en su poder, cuya cuantía asciende a 15.003.050,52 euros.
El Gobierno municipal expresa su satisfacción ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia al considerar como una actuación prioritaria la recuperación para Cartagena, la Comarca y la Región, del Monasterio de San Ginés de la Jara, símbolo del patrimonio histórico cartagenero que ha estado abandonado a su suerte durante demasiados años.  

El PP pide que el proyecto "para ensanchar La Manga" se explique en el Ayuntamiento de Cartagena

CARTAGENA.- El Grupo Municipal Popular presenta para el pleno municipal de manaña una moción donde se pide que el proyecto anunciado por el alcalde sobre "ensanchar La Manga" sea explicado en el Ayuntamiento de Cartagena.

El portavoz Popular, Francisco Espejo, ha dicho que "hemos oído en varias ocasiones declaraciones de José Lopez donde propone "ensanchar" La Manga, pero hemos comprobado que estas afirmaciones van más allá de su mero enunciado, pues se ha dirigido a la asociación de vecinos de La Manga animándola a presionar públicamente para impedir que se realice el proyecto de paseo marítimo de la Comunidad Autónoma y que se use el dinero público para avanzar en su propia propuesta".
Esta propuesta que lleva por título "Propuesta de Regeneración de La Manga del Mar Menor", se basa en una reconfiguración de La Manga que supone la creación de un nuevo vial, multiplicar por diez la zona urbanizada entre las edificaciones y la playa, construir diques y duplicar la anchura de los arenales.
"El alcalde propone profundos cambios estructurales que producen modificaciones en el Plan General, afectan al dominio público marítimo-terrestre, tienen claras implicaciones medioambientales y están dentro de competencias administrativas de instituciones que no son la institución municipal", ha señalado Espejo, quien ha añadido, "no sabemos si es una si es propuesta del Gobierno Municipal o del Alcalde del Municipio. No sabemos si ese croquis es obra de algún especialista ni si lo ha elaborado algún funcionario municipal".
Para el portavoz popular, "no parece que una propuesta de este calado pueda ser realizada a los vecinos a espaldas de este Pleno, ni de las administraciones competentes en Costas o Medio Ambiente, una propuesta como esta necesita del consenso de la sociedad y de las organizaciones y colectivos afectados, como los grupos ecologistas. Esto no es serio".
Por ello, el Grupo Municipal Popular instará al Pleno a que la propuesta sea presentada en la comisión informativa de Urbanismo, donde se explique quién ha realizado los diseños y en base a qué estudios.
Además, solicitaremos que si se trata de una propuesta del Gobierno, que se lleve a la comisión informativa de Urbanismo un informe sobre las implicaciones legales de la propuesta, los trámites que debería superar, plazos estimados para hacerlo y una estimación sobre su coste.

El Consejo de Gobierno declara BIC la imagen de la Virgen del Rosell, antigua patrona de Cartagena

MURCIA.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia ha declarado hoy BIC la imagen escultórica de la Virgen del Rosell, antigua patrona de Cartagena, mediante un decreto y a petición del Consejo de Pastoral de la Parroquia de Santa María de Gracia de Cartagena.

Su declaración como BIC está justificada por su sobresaliente valor cultural basado en su antigüedad y valor histórico, vinculado a la obra del rey Alfonso X el Sabio y su advocación como patrona de la antigua Orden de Santa María de España, que rebasa el ámbito estrictamente regional. Asimismo, constituye una de las más interesantes muestras de la escasa escultura medieval conservada en la Región, además de una gran singularidad en el contexto de la plástica escultórica regional.
A estos valores se añaden los inmateriales, representados por la relevancia de los vínculos emocionales establecidos y mantenidos desde época medieval por el pueblo de Cartagena con la advocación de la Virgen del Rosell, antigua patrona de la ciudad.
La talla de la Virgen del Rosell, de la que se tiene conocimiento desde el siglo XIII, preside en la actualidad el altar mayor de la parroquia de Santa María de Gracia. Su interés histórico es sobresaliente, pues ya en las Cantigas del rey Alfonso X el Sabio se hace referencia a esta virgen, así como a la orden militar creada por el Rey Sabio en 1272, la Orden Militar de Santa María del Mar, también conocida como Santa María de España o como Orden de la Estrella. Esta última denominación procedía del simbolismo de la estrella asociado a la iconografía de la Virgen, y el escudo de la orden militar era una estrella de ocho puntas en cuyo interior se inscribía la figura de la virgen o cuatro cuarteles con castillos y leones.
Además, en las ilustraciones de la Cantiga 78 del Códice de Florencia se muestra a los caballeros de la Orden Militar de Santa María del Mar, de España o de la Estrella, ataviados con túnica talar negra y capa roja con el emblema de la estrella bordado. De esta manera, Cartagena se establece como la cabeza marítima del reino de Castilla en el Mediterráneo, como sede de la Orden de Santa María, agrupada en torno a la venerada imagen de la Virgen del Rosell.
Estos argumentos históricos retrotraen la datación de la imagen al siglo XIII y la vinculan con Alfonso X el Sabio. No obstante, aunque la imagen responde a un tipo muy utilizado desde el periodo románico, estilísticamente responde a características formales más propias de los siglos XIV-XV, sin que se pueda descartar una cronología un poco anterior.
Antigua patrona de Cartagena, hasta que el creciente fervor popular en torno a la imagen titular del Hospital de Caridad la fue relegando a un segundo plano, ha conservado siempre una devoción especial que denota la solidez de los vínculos emocionales del pueblo de Cartagena con esta imagen mariana.
En la tramitación del expediente han emitido informe favorable la Universidad de Murcia y la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca.

IU-V: “El Gobierno lorquino del PP está, cada vez, más noqueado”

LORCA.- José García Murcia, concejal portavoz del grupo municipal de IU-Verdes, ha opinado esta mañana sobre la acción política que viene desarrollando el PP en Lorca, y ha resaltado que los continuos errores en la gestión están asediando al Gobierno local, sobre todo en lo concerniente a las inversiones BEI, pero también en otros ámbitos de la actividad política, como pueda ser la falta de impulso a la economía, la escasa innovación en las políticas de empleo, la deficiente atención a las pedanías, o el propio estancamiento de las políticas culturales.

Por otra parte, José García Murcia también ha dicho que en contra del PP también juega su incapacidad para comunicarse con naturalidad tanto con la sociedad lorquina, sus colectivos y representantes, como con los propios grupos de la oposición, lo que a la postre le está llevando a cerrarse sobre sí mismo, refugiándose en ruedas de prensa de tono triunfalista que arropan los consejeros regionales, donde se reiteran los anuncios de obra y se ocultan permanentemente las cuestiones espinosas.
El concejal de IU-Verdes piensa que “el PP está totalmente noqueado” y que no saldrá de la espiral centrípeta en la que está inmerso, lo que a la postre repercute muy negativamente sobre Lorca, ya que incluso cortapisa iniciativas sociales.
En relación con todo ello el concejal de IU-Verdes se ha quejado nuevamente de los incumplimientos y falta de respuesta a los continuos requerimientos de convocatoria de distintas comisiones municipales para tratar sobre el estado, resultados y balance  de las inversiones BEI. Lo que evidentemente, según el concejal, pone en evidencia al equipo de gobierno y desmiente la política de transparencia informativa de la que alardean.
En cuanto a la gestión de las obras BEI, el concejal de IU lamenta que no estén sirviendo para ilusionar a la ciudadanía, tengan fallos de diseño garrafales y no se estén terminando con el gusto suficiente.
En lo que concierne a la situación económica del Ayuntamiento, García Murcia incide en la falta de iniciativa de la Concejalía correspondiente, en el obstáculo que supone el pago de los convenios urbanísticos, y el nuevo endeudamiento que se avecina con la firma de nuevos préstamos, sin que ello conlleve repercusión favorable en la prestación de servicios.

Urbina: "El entramado de Escombreras se diseñó para abastecer proyectos urbanísticos, algunos anulados por el TSJ"

CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos, Antonio Urbina, ha dicho que hoy el propio Bascuñana ha confirmado "que la desaladora nunca se pensó para suplir la verdadera demanda de agua en la Región, que era y es la de los agricultores".

Tras la comparecencia del que fuera Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, el parlamentario del grupo Podemos ha asegurado que hoy "se ve más claro que nunca" que la desaladora de Escombreras "fue realizada únicamente para atender los futuros planes urbanísticos que contemplaba el Gobierno regional".
Antonio Urbina ha manifestado que en la época en la que fue construida Escombreras "no había escasez de agua para consumo humano, lo ha dicho el mismo Bascuñana, y tampoco se había firmado ningún convenio para abastecer a los agricultores, por lo que se apuntala la idea de que el único motivo para construir la desaladora era el desarrollo urbanístico".
Asimismo, Urbina ha señalado que el modelo que el Gobierno regional utilizó para levantar Escombreras "es un entramado de empresas de carácter privado que ha acabado generando una gran deuda pública". 
El motivo por el que, según el diputado de Podemos, se utiliza este método es porque "el ejecutivo del Partido Popular necesitaba construir una desaladora propia para apoyar el boom del ladrillo, puesto que las desaladoras del Estado que había, y que funcionaban a menos de la mitad de su capacidad, sólo podían ser utilizadas para uso agrícola o para una demanda en tiempo real de consumo humano".

El PSOE denuncia las trampas, el ocultismo y la chapuza del Gobierno regional con el presupuesto de Fomento

CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha aclarado que "tras el debate de enmiendas, el presupuesto aprobado de la CARM publicado en el BORM el pasado 6 de febrero, mantiene la inversión en materia de Transporte Público con un presupuesto que solo ha quedado reducido en 282.225 euros.

Ha añadido que este descenso corresponde al ahorro en gastos corrientes en bienes y servicios del organismo competente en esta materia, pero en ningún caso afecta a la inversión real en transporte público tan necesario para la ciudadanía.
Además, es destacable que se han reducido en 58.000 euros otros gastos corrientes de la consejería, aumentando en 2.053.000 euros el presupuesto en materia de vivienda, y en 924.225 euros el presupuesto en materia de conservación de la red viaria regional.
Joaquín López ha señalado que el Grupo Parlamentario Socialista está moderadamente satisfecho de haber reorientado hacia las personas estas políticas, a pesar de un presupuesto insuficiente en el seno de una consejería pésimamente gestionada en los últimos años, en la que ni la vivienda, ni el transporte público han sido entendidos como derechos esenciales de la ciudadanía.
"Más bien al contrario, se ha asumido como una obligación molesta de gobernantes que no creen en esa apuesta social y económica fundamental, más necesaria que nunca en tiempos de crisis", ha añadido.
Por último. López Pagán ha afirmado que "solo el Gobierno regional de Pedro Antonio Sánchez, con el consejero Bernabé como cómplice, ha generado graves problemas en la tramitación del presupuesto de Fomento con sus trampas, compromisos ocultos y chapuzas varias que ahora pretenden imputar a grupos parlamentarios de la oposición".
"Están tratando una vez más de buscar culpables fuera de su propia incompetencia y alarmando de forma irresponsable a empresas y trabajadores del sector del transporte", ha concluido.

El PSOE apuesta por reactivar los seguros agrarios y pide la dimisión del presidente de la CHS

MURCIA.- El secretario general del PSOE-RM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Rafael González Tovar, ha asegurado que la situación del seguro agrario se ha ido deteriorando en los últimos años y está al borde de la desaparición, por lo que "hay que hacer una apuesta política clara por reactivar algo que da seguridad a nuestros agricultores".

González Tovar se ha mostrado preocupado por todos los agricultores afectados por las heladas de los últimos días, y ha defendido que los trabajadores agrarios tienen que ejercer sus labores "sin el riesgo de tener una inclemencia del tiempo que le haga perder todo el esfuerzo del año".
"En las condiciones en las que están, solo pueden asegurar el 20 por ciento de sus cosechas, y el capítulo de ayudas por parte de la consejería de Agricultura prácticamente ha desaparecido, lo que nos ha llevado a presentar una enmienda a los presupuestos de la Región para que la Comunidad Autónoma afronte este problema tan importante".
Para el dirigente socialista, es imprescindible que se ponga en marcha una política agraria de la Región de Murcia, ahora inexistente, y, especialmente, que las personas que estaban aseguradas anteriormente y que, por motivos de la crisis y de las malas condiciones del seguro dejaron de estarlo, tengan un decreto de ayudas por ser afectados de las heladas.
"En el PSOE creemos que no hay política agraria en la Región de Murcia, y eso es una necesidad imperiosa en un sector clave para la economía murciana", ha afirmado González Tovar.
En su opinión, los agentes agrarios tienen que tener más voz y más posibilidad de influir, "y sobre todo, pactar el futuro de nuestra agricultura con sus auténticos protagonistas, que son los agricultores".
Asimismo, ha instado a la Comunidad Autónoma a destinar fondos propios a la producción agraria, "a proteger esa joya que es la agricultura murciana y a que los agricultores puedan ver su futuro despejado".
En materia de agua, González Tovar ha asegurado que el PSOE defiende "a ultranza" el Trasvase Tajo-Segura y repudia cualquier manifestación que vaya en contra.
"Estamos en desacuerdo con las actuaciones del presidente de Castilla La Mancha, creemos que ese no es el camino, como tampoco es el camino estar desunidos en Murcia, tenemos que estar totalmente unidos porque la batalla no la tenemos que dar en Castilla La Mancha, por mucho que nos provoquen, la tenemos que dar en Madrid, porque este es un tema de estado", ha remarcado.
Según el dirigente socialista, el PSOE nacional ha conseguido que en los acuerdos de gobierno se incluya el tema del agua, y se tenga en cuenta el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas claves (trasvase y desalinizadoras).
Además, González Tovar ha recordado que "ante una situación de sequía, se echan más en falta que nunca esos 160 hectómetros cúbicos que hemos perdido con el memorándum, y esa falta de inversión por parte Gobierno de Rajoy en los últimos cuatro años".
"Rajoy no ha invertido en temas de agua en esta Región y por eso no están hechas las tuberías de las desalinizadoras, ni los embalses, y ahora va deprisa y corriendo con ese decreto de sequía que lleva ya un año y pico y no termina de verse su efecto", ha señalado.
Ha destacado además "la dejadez y la indolencia" del Gobierno de España en materia de agua, y del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, "al que tienen que cesar fulminantemente como responsable político del PP de dicho organismo".

'Ciudadanos' de Lorca propone regular la publicidad institucional en medios de comunicación

LORCA.- Ciudadanos ha dado a conocer dos de las propuestas que presentará al Pleno Ordinario del mes de febrero y que se suman a la moción que hicieron pública donde instarán a que el Ayuntamiento recupere el control de la empresa mixta de mayoría pública Aguas de Lorca. 

Antonio Meca, portavoz del grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lorca, ha hecho públicas estas dos mociones. En la primera pedirán la implementación del reglamento de Distritos de Lorca y democratización en la designación de los alcaldes pedáneos, y en la segunda la elaboración de un protocolo que regule la publicidad institucional en los medios de comunicación.
En esta primera moción, Ciudadanos reclamará que se cumpla de manera inmediata la Ley de municipios de gran población aplicada a Lorca, con el reglamento de Distritos, que ya debería estar en vigor. Dicha Ley (9/2007) se publicó en el BORM el 10 de enero de 2008, mientras que el Reglamento local de Distritos fue publicado en el BORM el 8 de octubre de 2014. Para la formación naranja, que no se haya llevado a la práctica se debe exclusivamente a la falta de voluntad política. C's ha hecho especial hincapié con esta propuesta en la designación de la figura del alcalde pedáneo, que actualmente es nombrado 'digitalmente', a dedo, y que con esta ley es sustituida por una figura designada democráticamente en función de los resultados obtenidos en las elecciones municipales en el ámbito territorial en cuestión.
En palabras de Antonio Meca, "no se trata de poner en cuestión a ninguna persona en concreto, ni su dedicación y valía, pero ganaría en legitimidad una persona que haya sido elegida por los vecinos a los que debe representar."
Para Ciudadanos, "no hay excusas para avanzar en su democratización, y por ello, mientras no se aplica este reglamento de distritos, y de manera transitoria, proponen la realización de consultas populares en las pedanías para elegir pedáneo/a, y dejen así de nombrarse personas a dedo por el alcalde de Lorca". Y es que, esta medida hará tornar el mandato de los vecinos, pasando el pedáneo de ser un delegado del gobierno municipal, a representar a los vecinos ante éste, defiende Antonio Meca.
La otra de las propuestas de Ciudadanos es la elaboración de un protocolo que regule el uso y gasto de la publicidad institucional con cargo a los fondos públicos en los medios de comunicación. Según Antonio Meca, esta medida debe orientarse a "defender la independencia y libertad de los medios de comunicación como garantía de derecho constitucional de los ciudadanos a obtener una información limpia, veraz e independiente".
Y es que, para la formación naranja, es importantísima la independencia de los medios de comunicación y la libertad de prensa. Además, señalan que "debemos separar muy bien cuando se trata de un anuncio, edicto, publicación institucional, etc., y por tanto su contratación y abono económico, y cuándo hablamos de cobertura informativa diaria".

Ha vuelto a quedar claro que la desaladora de Escombreras era una infraestructura necesaria, dice el PP en la Asamblea

CARTAGENA.- El diputado del GPP, Juan Luis Pedreño ha manifestado tras la comparecencia del exconsejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñaña en la Comisión especial de Investigación de la Desaladora de Escombreras que ha quedado claro que la desaladora era una infraestructura necesaria para la Región de Murcia destinada a satisfacer las demandas que tenían los Ayuntamientos. Y ha añadido que esas peticiones se materializaban en unos convenios que habían pasado todos los trámites legales hasta llegar a su aprobación final por la Consejería. 

Para el portavoz del PP en la Comisión especial de Investigación de la Desaladora, en esta nueva comparecencia no ha habido nada nuevo, las mismas preguntas y repreguntas y considera que, otra vez se ha puesto de manifiesto que el Ente Público del Agua no contrató con promotoras privadas sino con 26 ayuntamientos de la Región de Murcia de todos los colores.
Juan Luis Pedreño ha señalado que en esta nueva sesión también se ha incidido en que la desaladora se construye porque hay un bloqueo de la Confederación Hidrográfica del Segura, a través del Ministerio, a los nuevos desarrollos ya que se limita el abastecimiento de agua a una Región, como la nuestra con un claro déficit de recursos hídricos.

El PSOE reclama al Ayuntamiento que tengan prioridad las obras que faltan de la Costera Sur desde Algezares a Torreagüera

MURCIA.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia debatirá mañana dos mociones que afectan directamente a pedanías del sur de la ciudad, y en concreto a las poblaciones de la Costera Sur, desde El Palmar hasta Torreagüera.

Por una parte, una iniciativa en que el Grupo Municipal Socialista reclama al Ayuntamiento que se le dé prioridad al inicio de las obras de la tercera fase de la Costera Sur, para la conclusión de la obra desde Algezares hasta Torreagüera. Por otra, que la Comunidad Autónoma cumpla el plan aprobado en 2002 para acometer la ampliación de calzadas y mejora de aceras en las calles de Santo Ángel y La Alberca que circundan la estación Sericícola.
La carretera de la Costera Sur es una vía de alta capacidad que debe conectar, a lo largo de 10,2 kilómetros, las pedanías de El Palmar y Torreagüera, pasando por La Alberca, Santo Ángel, Algezares, Los Garres, San José de la Vega y Beniaján. El nuevo vial es la alternativa a la actual carretera RM-302, y debe liberar del paso constante de vehículos a las calles principales de las pedanías de la zona. En la actualidad la costera Sur se corta en Algezares, desde La Alberca.
A juicio del PSOE, la zona sur del municipio está muy abandonada a la hora de llevar a cabo infraestructuras, ya que la inmensa mayoría de las inversiones realizadas en los últimos años se han dedicado a la parte norte de la ciudad. "Los retrasos en la ejecución de las obras de la Costera Sur son un inconveniente para la vida diaria de miles de murcianas y murcianos que viven, trabajan o se desplazan por esa zona", indica la concejala Begoña García Retegui.
Por otra parte, el Grupo Socialista quiere que el Ayuntamiento de Murcia se dirija a la Comunidad Autónoma exigiendo las cesiones previstas en el plan aprobado en 2002 que afectaba al Estudio de Detalle de la Estación Sericícola, un recinto que alberga la sede del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Agroalimentario (IMIDA). Esas cesiones permitirán acometer la ampliación de calzadas y mejora de aceras en las calles Verdolay de Santo Ángel, y Malecón y Turbintos de La Alberca, con la consiguiente mejora de la comunicación entre ambas pedanías, con la garantía de la seguridad de peatones y vehículos.
La sede del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Agroalimentario (IMIDA) de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se encuentra entre las pedanías de Santo Ángel y La Alberca, en un área conocida como la Estación Sericícola. El Estudio de Detalle de la Estación Sericícola fue aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación con fecha 31 de enero de 2002 y, posteriormente fue modificado por el Pleno del 25 de marzo de 2010.
El Plan fijaba una anchura de 16 metros para las calles perimetrales del recinto (Verdolay de Santo Ángel y Malecón y Turbintos de La Alberca). En la actualidad, las calles Turbintos y Verdolay tienen apenas 9 metros de anchura, mientras que en la calle Malecón la anchura es menor. Las tres calles perimetrales soportan un intenso tráfico porque, además de facilitar el paso a viviendas y vías de comunicación entre pedanías, con zonas de paso para el acceso a colegios y centros residenciales y vía común de camino a nuestro Parque Regional de Carrascoy-El Valle y sus instalaciones y servicios deportivos y turísticos.
La cesión para ampliar las calles tenía que hacerla la parcela objeto de Ordenación, que tenía una superficie total de 97.000 metros cuadrados. La superficie que tenía que ceder superaba los 6.500 metros cuadrados. La modificación del año 2010 no afectaba a las cesiones. La parcela es propiedad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en ella sí se han ejecutado las previsiones del estudio de detalle.
El Plan, sin embargo, se ha incumplido en lo que respecta a las cesiones previstas, sin que ni el Ayuntamiento de Murcia ni las respectivas juntas municipales afectadas hayan defendido hasta ahora los intereses de vecinos y vecinos de las pedanías.