Miguel Sánchez, exportavoz de
Ciudadanos en la Asamblea Regional, fue apartado de sus funciones y
relegado de la primera línea de la política por haber demostrado que el
Partido Popular de la Región de Murcia trabajaba más bien poco y más
bien mal, porque no cumplía con las exigencias presupuestarias de los
naranjas y, año tras año, hasta cuatro, demostró con las enmiendas en la
mano que los populares habían incumplido los acuerdos firmados.
El
de Caravaca, que había crecido políticamente a la sombra de los
gobiernos del PP, evolucionó desde la complacencia hacia el hartazgo y
llegó al punto de considerar imposible alargar más la permanencia del PP
al frente de las instituciones públicas. Casi al final de la
legislatura, los que mandan en Ciudadanos (Paco Álvarez y Miguel
Garaulet) fueron avisados por los prohombres del PP de que Miguel
Sánchez se había convertido en un obstáculo y que la erosión del
gobierno regional había llegado al punto de poder perder la suma de
mayoría absoluta de azul + naranja, como finalmente pasó.
Hubiera sido un escándalo mayúsculo que la destitución
viniera desde la misma Región de Murcia, así que se hizo vía Madrid.
Fran Hervías seleccionó a Isabel Franco, se inventaron unas primarias
exprés y el resultado es historia conocida. Nada podía frenar la orden
que ponía al Partido Popular como socio preferente para conformar nuevos
gobiernos, una orden que venía de la derivada, mal estudiada, de que la
mayor parte de los votantes de Ciudadanos procedían de los caladeros
del PP. Mal estudiada porque se consideró en Madrid que el electorado no
es dinámico y, por tanto, no fluctúa. Falso.
En la
Región de Murcia se prometió a Miguel Sánchez la designación de senador
autonómico dada su delicada situación personal, se había dejado la piel
por levantar la imagen de Ciudadanos y abandonado su despacho
profesional, con lo que eso conlleva. Una promesa que el exdiputado no
terminó de creerse y por lo que afirmó que iba a “dedicarse a su
familia”, apenas seis meses después tendrá que volver a olvidarse de sus
obligaciones caseras para irse al Senado, las vueltas de la vida.
No
fue esta comunidad autónoma una excepción del posicionamiento de los
peones de Albert Rivera en todo el territorio nacional. Póngase como
ejemplos más cantados la operación de Toni Cantó o el fiasco en Castilla
y León que trajo a Francisco Igea a la presidencia del partido. Todavía
por resolverse por vía judicial varios de esos procesos.
Antes
de eso, a finales de 2018, una desbandada de cargos intermedios sacudió
el partido naranja. En esas fechas fue Carolina Punset y varios
parlamentarios valencianos los que dieron el portazo, acusando a la
dirección de una deriva derechista y de convertirse en la "marca blanca
del PP". Ahora se reproduce ese capítulo, con la salida de los pesos
pesados como Toni Roldán (portavoz nacional en economía), Javier Nart
(Eurodiputado), Vázquez (diputado asturiano) y Miguel L. Bachero
(exsecretario Programas en Murcia). Habrá más, sólo es cuestión de
tiempo.
En su huída hacia delante, Albert Rivera se
llevó al Congreso de los Diputados a Inés Arrimadas, descabezando
Cataluña, para que los golpes se los llevara ella, quemándola. No sólo
salva así su propia piel, mediáticamente hablando, sino que evita que
los críticos se lo coman y buscaran un relevo en la única persona que
hubiera podido hacerle sombra, la propia Arrimadas.
En
el colmo del absurdo, cuando los socios europeos (ALDE, liberales,
ahora en proceso de liderazgo de la UE a manos de Enmanuel Macron)
amenazaban con dejar fuera de la formación y del núcleo de las
decisiones a Rivera por sus pactos con Vox, éste e Inés Arrimadas
encargaron a los responsables de prensa del partido que encontraran 100
casos en los cuales el PSOE hubiera dado alcaldías a presuntos grupos
radicales.
Se materializó en una campaña en Twitter llamada
#PactosdelaInfamia que las propias redes se encargaron de desmontar,
señalando horquillas de gobierno imposibles y diciendo que los
socialistas habían dado alcaldías al PNV, cuando la otra opción hubiera
sido dársela a Bildu… inenarrable.
El autor de semejante desastre no es
otro que el asesor de Ciudadanos, Pablo Sarrión, conocido por instigar
contra el movimiento LGTBI con hazañas tales como la campaña
#OrgulloLibre, que perseguía el descrédito de cuarenta años de activismo
equiparando la manifestación estatal a una feria subvencionada por la
izquierda.
Al punto en que la CEOE, en boca de su
presidente Garamendi, sigue exigiendo la formación de gobiernos PSOE-CS
porque suman mayorías absolutas y, por tanto, estabilidad, los de Rivera
se encuentran en la tesitura de encontrarse desnudos frente al espejo.
Ya no hay más excusas ni más tiempos en los cuales puedan esconderse
para dar la espalda a la extrema derecha, y le quedan pocos días, pocas
horas en realidad, para dar un giro (en política todo es posible) y
dejar al PP en la estacada, superándolo institucionalmente, y
visibilizarse como opción de gobierno solvente, apoyado por sus socios
europeos.
Lo contrario, como ya advertimos en este
medio, será el suicidio político a 4 años vista. Una legislatura de vida
en la que buscar acomodo a centenares de cargos, muchos de ellos
profesionales en sus propios campos, que apostaron por la
responsabilidad y estabilidad de la vida pública que un pacto, entero o a
medias con Vox, nunca le dará.
(*) Analista Institucional y Político. Licenciado en Historia del Arte.
