MADRID.- El instructor de la trama Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco,
afirmó en un momento del interrogatorio que realizó el pasado 31 de
octubre al exsecretario del PP en Madrid y presunto líder de la trama
que creía que parte del "dinero hinchado" en los
contratos que varios ayuntamientos realizaron con la empresa Waiter
Music se repartía entre cargos públicos, el propio Granados y el PP en
la Comunidad de Madrid.
A lo largo de su declaración ante el
titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Granados niega esta
acusación al "cien por cien", así como que ejerciera de "mediador" para
conseguir contratos para diferentes empresas el responsable de Waiter Music, José Luis Huerta, también imputado en la trama.
"Qué tiene que ver el PP con Waiter Music, conmigo...yo que sé...", señala Granados, que niega igualmente que haya pagado a cargos públicos en Madrid para que contrataran con este empresario. "No llamo jamás a nadie para que le contraten en ningún pueblo, es mentira", insiste en su declaración.
Huerta
obtuvo un contrato del Ayuntamiento de Valdemoro para la organización
de las fiestas de la localidad, por un importe de 400.000 euros, y según
declaró él mismo en el juzgado Granados le ayudó mucho desde el
principio, tal y como recordó la propia fiscal Anticorrupción al término
del interrogatorio.
Granados negó ante el juez tener
responsabilidad en estos contratos inflados y dijo no saber tampoco por
qué en muchos de los casos éstos se adjudicaban por el trámite de
urgencia. "No soy alcalde desde 2003, no sé lo que lo que pasa en los ayuntamientos ni me importa. Yo qué voy a aconsejar a nadie. Las cosas no funcionan así, ni mucho menos", señala a preguntas del magistrado y la fiscal.
No obstante, el exmandatario popular sí reconoce durante su declaración una relación con Huerta. "Cuando era mi cumpleaños me llevaba un grupillo de música o un humorista, era lo que me regalaba",
admitió en un momento de la declaración, para añadir que le facilitó un
encuentro con el empresario Enrique Cerezo porque quería que éste le
produjera una película sobre el grupo Cantajuego.
La fiscal de la
Operación Púnica acusó al exconsejero madrileño Francisco Granados, al
finalizar su interrogatorio, de haber utilizado sus influencias para
"ayudar a gente" a conseguir contratos a cambio de recibir él una
contraprestación.
Tras
conocer las escuchas, comprobar la información aportada por la Agencia
Tributaria y la proporcionada por el ministerio público, la fiscal
encontró evidencias de que Granados, siendo alcalde de Valdemoro y en su
posterior cargo en el Gobierno regional, "procuró la adjudicación de numerosos contratos de obra y venta de parcelas a su gran amigo David Marjaliza (el presunto cerebro de la trama Púnica) y a las empresas vinculadas al mismo".
Según
el sumario, Marjaliza, socio del exsecretario general del Partido
Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, mandó construir un zulo en su
casa de Valdemoro (Madrid) al objeto de "
ocultar parte de su patrimonio",
que el juez Velasco eleva a un total de 33.498.675,30 euros. En un auto
el magistrado detallaba que la sobrina del constructor, a pesar de
haber nacido en 1997, acumula en la actualidad "un patrimonio de 14
inmuebles, valorados catastralmente en 589.600,24 euros".
Durante
su declaración, que duró más de dos horas, el presunto conseguidor de la
trama Púnica, Alejandro de Pedro, detalló los trabajos de publicidad y reputación 'on line'
que realizó, entre otros, para el expresidente de la Comunidad de
Madrid Ignacio González, los expresidentes de la Diputación de León
Isabel Carrasco y Marcos Martínez o el exconsejero de Industria y
Turismo de la Región de Murcia, Juan Carlos Ruiz (en la imagen), durante la presidencia de Alberto Garre.
Tal y como avanzó
en su declaración ante la Guardia Civil, el informático detalló en su
comparecencia judicial que el ex consejero delegado de la Agencia
Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid José
Martínez Nicolás, imputado en el procedimiento, le anunció que le
pagarían 10.000 euros a través de la empresa Indra.
"Pepe me dijo que fuera a un sitio, que me estaba esperando una persona de Indra y asistí. Cuál fue mi sorpresa que cuando asistí, tenía un sobre debajo del asiento.
Me dijeron: 'Coge el sobre y abre la puerta'. Había 10.000 euros",
relata. El pago se produjo en La Moraleja, según explicó a los agentes
del instituto armado, en "un Audi, un Mercedes o un BMW" de un directivo
de la compañía.
En otro momento de la declaración, De Pedro
explica que se planteó con su socio, el exalcalde de Cartagena José
Antonio Alonso Conesa (PSOE), si debían cobrar a Granados por unos
trabajos de reputación 'on line' que le habían prestado. "No, no, es que
Paco nos ha ayudado muchísimo", contesta.
Al ser preguntado por
el juez en qué les ayudó Granados, el experto en redes sociales señala
que, después de hacerle trabajos de posicionamiento en la red cuando era
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, les presentó "gente en el PP
de Madrid".
"Yo creo la empresa hace cuatro años y entro en el PP de
Madrid gracias a que él era el secretario general del partido. Yo no le conocía de nada pero para mí fue un impulso trabajar con algunos alcaldes", explica.
Los
trabajos, según explica, los pagaba siempre el PP de Madrid y estaban
relacionados con cursos de formación en redes sociales para alcaldes y
cargos públicos. Entre los municipios en los que trabajaron, según su
versión, estaban Alcorcón y Coslada.
En relación con el PP
nacional, De Pedro indica que su único contacto era el exvicesecretario
de Organización y Electoral, a quien conoció "hace dos años". También
contactó con el exdiputado Ignacio Uriarte para
intentar tener acceso a la secretaria general de la formación, María
Dolores de Cospedal, a la que quería proponerle sus trabajos sobre "lo
que estaba suciediendo en las comunidades autónomas respecto del PP" en
las redes sociales.
En otro pasaje del interrogatorio la fiscal Carmen García pregunta a De Pedro por qué guardaba 82.000 euros en efectivo en una chaqueta que
tenía en un armario de su domicilio. De Pedro explica que se trataba de
un dinero que había "ido ahorrando" y 17.000 euros procedentes de la
venta de un coche. Según dice, durante un tiempo se lo guardó su suegra
pero se lo devolvió cuando se fue a vivir "de Valencia al pueblo".
"La
familia de mi mujer es así", argumenta.
En este sentido, niega
haber utilizado el dinero en metálico para efectuar el pago de "favores,
comisiones o influencias" a cargos públicos a cambio de la adjudicación
de contratos. "¡Eso jamás y quiero decirlo en grande. Jamás!", insiste.
El
imputado asegura también no reconocer una conversación que le fue
intervenida por orden del juez Velasco en la que su mujer le preguntaba
que hacía con "dos bolsas de dinero" y si lo ingresaba "en las cuentas
de siempre".
"No, no, seguro que no", dice.