A las dependencias judiciales llegó José Joaquín García Yelo, que fue presidente de esta comunidad de regantes en el periodo que va desde 1981 hasta 2006 y responsable del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura por esos mismos años. A instancias de las denuncias de varios comuneros, la Fiscalía acusa a García Yelo de un presunto delito fiscal, otro delito societario, falsedad documental y delito medioambiental, según recoge 'La Opinión'.
Son los mismos cargos que el Ministerio Público atribuye a Manuel Mora, quien hasta hace seis meses fuera presidente de la Comunidad de Regantes de Casablanca, también de Abarán, y actual gerente de la Comunidad General de Regantes de este municipio.
Junto a otros gestores de los riegos en Abarán, los dos imputados supuestamente habrían vendido agua de los caudales de la cuenca del Segura al precio que costaba la proveniente del trasvase del Tajo, obteniendo un beneficio durante varios años de unos 200 millones de pesetas, equivalentes hoy a 1,2 millones de euros.
El corto interrogatorio que la jueza mantuvo con los dos imputados apenas duró media hora. La primera toma de contacto de la jueza con otros imputados proseguirá la próxima semana, cuando están citados en los juzgados de Cieza Antonio Morte y Jesús Tornero.
El inicio de este proceso se remonta al 8 de febrero de 2010, cuando la Fiscalía de Medio Ambiente de Murcia, que entonces dirigía José Luis Díaz Manzanera, dio la orden de registro de las instalaciones de la Comunidad General de Regantes de Abarán, que engloba a los comuneros de ´Motor Resurrección´ y ´Grupo 1485´ y cuyas oficinas se encuentran en la denominada Casa Alcántara.
Una veintena de guardias civiles tomó y desmanteló aquella mañana estas dependencias, haciéndose con toda la documentación que se acumulaba en los archivadores.
Fuentes de la investigación ya explicaron entonces a este periódico que, durante años, los comuneros presentaron reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por la gestión irregular de la citada comunidad de regantes. En muchos casos, los demandantes alegaban que se les estaba cobrando el agua de la cuenca a precio de trasvase, que era entonces tres veces más cara.
Además, estos agricultores, alrededor de 1.000 que riegan más de 1.800 hectáreas en los municipios de Abarán y Blanca, pensaban que tenían adjudicados seis millones de metros cúbicos para regar. A mediados de junio de 2005, en plena sequía, se enteraron de que habían consumido la cantidad asignada para todo el año hidrológico, que acaba en septiembre, por lo que el motor que eleva el líquido a las zonas regables había sido precintado por la Confederación Hidrográfica.
Ante las manifestaciones de protesta, responsables locales y de la gestión del agua tanto regionales como nacionales «consiguieron aflorar» otros dos millones de metros cúbicos que «hasta entonces los comuneros desconocían que era parte de su dotación o derecho de riego», señalaron las citadas fuentes, que añadieron que después de todas estas maniobras, los regantes tuvieron agua todo el verano y al final del año hidrológico todavía les habían sobrado unos 300.000 hectómetros cúbicos.
Son los mismos cargos que el Ministerio Público atribuye a Manuel Mora, quien hasta hace seis meses fuera presidente de la Comunidad de Regantes de Casablanca, también de Abarán, y actual gerente de la Comunidad General de Regantes de este municipio.
Junto a otros gestores de los riegos en Abarán, los dos imputados supuestamente habrían vendido agua de los caudales de la cuenca del Segura al precio que costaba la proveniente del trasvase del Tajo, obteniendo un beneficio durante varios años de unos 200 millones de pesetas, equivalentes hoy a 1,2 millones de euros.
El corto interrogatorio que la jueza mantuvo con los dos imputados apenas duró media hora. La primera toma de contacto de la jueza con otros imputados proseguirá la próxima semana, cuando están citados en los juzgados de Cieza Antonio Morte y Jesús Tornero.
El inicio de este proceso se remonta al 8 de febrero de 2010, cuando la Fiscalía de Medio Ambiente de Murcia, que entonces dirigía José Luis Díaz Manzanera, dio la orden de registro de las instalaciones de la Comunidad General de Regantes de Abarán, que engloba a los comuneros de ´Motor Resurrección´ y ´Grupo 1485´ y cuyas oficinas se encuentran en la denominada Casa Alcántara.
Una veintena de guardias civiles tomó y desmanteló aquella mañana estas dependencias, haciéndose con toda la documentación que se acumulaba en los archivadores.
Fuentes de la investigación ya explicaron entonces a este periódico que, durante años, los comuneros presentaron reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por la gestión irregular de la citada comunidad de regantes. En muchos casos, los demandantes alegaban que se les estaba cobrando el agua de la cuenca a precio de trasvase, que era entonces tres veces más cara.
Además, estos agricultores, alrededor de 1.000 que riegan más de 1.800 hectáreas en los municipios de Abarán y Blanca, pensaban que tenían adjudicados seis millones de metros cúbicos para regar. A mediados de junio de 2005, en plena sequía, se enteraron de que habían consumido la cantidad asignada para todo el año hidrológico, que acaba en septiembre, por lo que el motor que eleva el líquido a las zonas regables había sido precintado por la Confederación Hidrográfica.
Ante las manifestaciones de protesta, responsables locales y de la gestión del agua tanto regionales como nacionales «consiguieron aflorar» otros dos millones de metros cúbicos que «hasta entonces los comuneros desconocían que era parte de su dotación o derecho de riego», señalaron las citadas fuentes, que añadieron que después de todas estas maniobras, los regantes tuvieron agua todo el verano y al final del año hidrológico todavía les habían sobrado unos 300.000 hectómetros cúbicos.
