MURCIA.- El Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea Regional se fija como
"prioridad" para el nuevo curso político sacar adelante una nueva Ley
por el Mar Menor, al ser el "mayor reto" que tiene hoy por hoy la
Comunidad, y trabajará para la puesta en marcha un Pacto Social por el
Agua "que dé estabilidad a los agricultores murcianos".
Así lo hizo saber el secretario general de Podemos en la Región y
portavoz del Grupo Parlamentario, Óscar Urralburu, quien ofreció una
rueda de prensa para desgranar las medidas que su formación impulsará en
este nuevo curso político y que contemplan un plan de lucha contra el
desempleo y la precariedad laboral, una ley por la Educación y una ley
de Ordenación del Sistema Sanitario, entre otras cuestiones.
En materia hídrica, Urralburu consideró que los agricultores "no
pueden vivir bajo la promesa continua de agua". Por ello, el pacto que
propone Podemos "debe incluir medidas como una auditoria del regadío
regional, para conocer la situación real y legal y que las reglas de
juego sean iguales para todos". Asimismo, propone el abaratamiento de la
factura del agua con la utilización de la energía fotovoltaica.
Lamentó que el año hidrológico terminara con una reunión de urgencia
de la Mesa del Agua regional "porque una vez más nos encontramos en la
misma situación, la de una sequía pertinaz y unas enormes dificultades
para lograr que los gobiernos de Pedro Antonio Sánchez y de Mariano
Rajoy, alcancen un acuerdo que permita salvar decenas de miles de
hectáreas de arbolado en el campo murciano".
En este sentido, Podemos apuesta por poner en marcha un plan de
gestión y planificación nacional del agua y un plan regional del uso del
agua en el sector agro-ganadero con grandes objetivos que pasan por la
planificación anual pública de los recursos hídricos existentes así como
su distribución geográfica por parte de la CHS.
De la misma forma, estos objetivos pasan por la puesta en marcha
inmediata de la producción hídrica a través de las energías renovables y
por lograr un acuerdo estable para que agricultores y cooperativas de
la Región puedan planificar su producción.
En lo que respecta a la situación del Mar Menor, Podemos propone
medidas que frenen las roturaciones ilegales en la zona de Las Matildes y
en La Unión, así como sancionar los regadíos ilegales y prohibir las
desalobradoras ilegales, "que se pongan freno a los vertidos y que se
apruebe al mismo tiempo un plan de sostenibilidad para todo el regadío
intensivo del Campo de Cartagena".
"No nos basta con las declaraciones de intenciones del Gobierno
regional ni con que la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente,
Adela Martínez-Cachá, salga diciendo hoy que el Mar Menor tiene 17 veces
menos concentración de nitratos respecto al mes de junio, cuando no
sabía la concentración en junio", lamentó.
A su juicio, "no basta con que desvíen los vertidos de la rambla del
Albujón", ya que "hay filtraciones subterráneas de nitratos a través del
acuífero del Campo de Cartagena", una "negligencia" que "tiene que ser
superada".
Podemos también plantea un plan de lucha contra el desempleo y la
precariedad laboral, porque "es el segundo gran reto" que tiene la
Región, con una tasa de desempleo que "no consigue bajar del 24 por
ciento", tal y como lamentó Urralburu.
Urralburu señaló que el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio
Sánchez, tiene una propuesta de pacto por el empleo que extendió a los
agentes sociales y que habla de una "cifra ficticia de 600 millones de
euros".
Podemos está a la espera de conocer con detalle la propuesta pero no
cree en lo que dice Sánchez, por lo que va a seguir trabajando por su
cuenta en el seno de la Comisión Especial de Empleo que se aprobó el
curso pasado, planteando una revisión en profundidad del Plan de
Garantía Juvenil y de las políticas de formación destinadas a los
jóvenes.
De la misma forma, Podemos propone medidas de dinamización del
mercado laboral regional, "apostando por la protección laboral y por la
lucha contra los accidentes de trabajo, que son una auténtica lacra en
el último año". Asimismo, apuesta por la recuperación salarial y la
lucha contra la precariedad, especialmente en el caso de los jóvenes,
las mujeres y los inmigrantes.
La tercera prioridad de Podemos es impulsar una ley por la Educación
en la Región que "ponga freno al desastre educativo del Gobierno
regional". Y es que Urralburu no confía en Pedro Antonio Sánchez ni en
su propuesta de Pacto por la Educación.
A este respecto, Podemos apuesta por poner freno a la Lomce, que
"está en pleno funcionamiento ya en este curso", según Urralburu, quien
recordó que Sánchez fue consejero de Educación e impulsó la Ley a pesar
de que, posteriormente, cuando fue presidente de la Comunidad reconoció
que "se había aprobado sin consenso suficiente y que había que
cambiarla".
Sin embargo, lamenta que el Gobierno regional está aplicando la Lomce
"con la máxima radicalidad en el conjunto del país". Esto demuestra, a
su juicio, que "lo que dice Sánchez no concuerda con lo que hace en sus
políticas, y por eso hace falta ponerle coto a su política educativa
conservadora".
Precisamente, la ley por la Educación que propone Podemos, dentro de
los límites marcados por la Ley Orgánica, pretende definir "un espacio
propio en la Comunidad". El objetivo es que reconozca la necesidad de
revitalizar la educación superior en la Región de acuerdo a todas las
propuestas aportadas por los rectores.
Al mismo tiempo, Podemos va a plantear en la Asamblea una Ley de
Ordenación del Sistema Sanitario, porque "la población regional ha
envejecido y cambian los hábitos de vida, pero las prácticas sanitarias
no cambian, con un modelo de gestión que nos deja un déficit estructural
anual de unos 400 millones de euros".
Además, el modelo está "hiperhospitalizado y tiene una red de
intereses creados que se están convirtiendo en un auténtico lastre para
la economía y los presupuestos regionales".
Frente a ello, podemos propone una ley que recoja toda la asistencia
sanitaria en su conjunto, desde la atención primaria hasta la
especializada, la asistencia hospitalaria, la salud pública, la salud
medioambiental y el conjunto de la asistencia sociosanitaria.
Del mismo modo, Podemos va a proponer una ley de Inclusión Social que
garantice la igualdad de oportunidades para una vida digna para el
conjunto de la ciudadanía, "y también para quienes están en riesgo de
exclusión social, que constituyen en torno al 35 por ciento de la
población".
Podemos también se propone continuar con sus políticas de
regeneración democrática y de lucha contra la corrupción, y lo primero
que va a poner sobre la mesa es la modificación del Estatuto de
Autonomía para eliminar el aforamiento de los cargos del Consejo de
Gobierno y de los miembros de la Asamblea. "Basta ya de privilegios",
aseveró.
Por otro lado, Podemos va a continuar con el trabajo en las
comisiones de investigación, ya que "han dado sus frutos". Recordó que
hay cinco habilitadas, tres de ellas a pleno rendimiento y otras dos que
están constituidas pero no están funcionando.
Por ejemplo, señaló que la Comisión sobre Escombreras va a hacer
públicas sus conclusiones y su objetivo fundamental, además de depurar
responsabilidades políticas, es que la ciudadanía ahorre el coste de 600
millones de euros que habría que pagar a ACS. Abaratando esta carga
financiera, señaló que se podría generar "más agua, más barata y que
podríamos entregar a los agricultores".