La acusación directa de Iglesias a
González de tener las manos manchadas de cal viva me pareció tan
injusta, tan inicua y tan cínica que ayer subí el tuit que figura a la
izquierda a Twitter. Inmediatamente me eché encima una legión de trolls
furiosos insultándome a mansalva. No es necesario reproducir los
insultos porque está toda la panoplia. Imaginen uno cualquiera y seguro
que aparece.
¿En
dónde radicaba la rabia? La acusación es falsa, como se demostró hasta
la saciedad en su día pues el asunto de los GAL llegó al Tribunal
Supremo, que condenó a quien juzgó que debía condenar y a nadie más. Por
tanto, está claro que no hay pruebas ni puede demostrarse esa acusación
y, salvo que Iglesias tenga alguna nueva (con lo que debiera acudir a
los tribunales en lugar de echar veneno) la repetición de la acusación
es un infundio, si no una calumnia. Algo verdaderamente detestable.
Por
supuesto, mucha gente no acepta esta situación y continúa alimentando
los rumores y las falsedades más indignas, que si Mr. X, que si la
cárcel de Guadalajara, que si cuando el río suena es que agua lleva, que
si en aquella época se habló mucho de ello, que si el proceso dejó
mucho que desear, etc., etc. Lo de siempre, vamos. Todavía hay quien
dice que las bombas del 11M las pusieron etarras. Es más o menos la
misma gente con el chip político algo cambiado o quizá ni eso.
Esta
oposición al empleo del infundio y la difamación en política, se haga
contra quien se haga, también me costó ataques sañudos en Facebook. Se
esgrimían los "argumentos" esos del río que suena, etc y se añadían
numerosas recriminaciones ad hominem, en el sentido de que si mis
simpatías por González no me dejaban ver la cegadora realidad de su
condición de amparador de asesinos y lindezas de este tipo. Y se añadían
barbaridades del tipo de que si González era inocente, que lo
demostrara, como si con él no rezara el principio elemental de que la
carga de la prueba corresponde al que acusa y no al acusado.
No
hace falta que diga, pues es público, que mi buen juicio sobre González
en su etapa de gobernante no empaña mi visión crítica de su etapa
posterior, pues considero que ha actuado muy mal en muchas ocasiones
desde el punto de vista político y moral y ha acabado proyectando una
imagen francamente lamentable. Digo que no hace falta que lo diga porque
es así: no hace falta. No defiendo a González al decir que no hay
derecho a levantar falsas acusaciones contra nadie. Defiendo a todo el
mundo que sea víctima de estas malas artes, haya hecho lo que haya hecho
en otros aspectos de la vida. El señor Mas puede haber sido todo lo
amigo que se quiera de Pujol y haber hecho drásticos recortes
neoliberales con alegría sádica, pero no hay derecho a mancillar su
reputación personal con rumores, infundios y acusaciones sin pruebas.
En
el caso de González llama la atención la saña, la contumacia con la que
se lo difama. Hay en esto una envidia muy española. El más brillante
político de la transición (insisto en que su comportamiento al dejar el
gobierno es otra cosa), el que consolidó el Estado del bienestar que el
PP lleva cuatro años desmantelando y gracias al cual salió adelante
mucha gente de la que ahora lo ataca, es el más vilipendiado y, en
efecto, con auténtico odio. Hagan ustedes un repaso y díganme si no es
cosa de psiquiatra que González sea más atacado que Aznar. Porque es
así.
Por
cierto, llamo la atención, porque es muy significativo, sobre la
cobardía del PSOE que, como ya sucedió en los años 90, protesta de estos
atropellos pero en la intimidad y no se atreve a defender como merece a
uno de los suyos, víctima de una injusticia. Y ¿cómo va a luchar contra
las injusticias sociales una gente que se acobarda ante las que la
afectan directamente? Sánchez solo sacó un hilo de voz en el Congreso
para decir que estaba muy orgulloso de González y en una entrevista en
el país se pregunta maravillado de dónde le sale a Iglesias tanto odio
hacia el PSOE. Pues, si no lo sabe de verdad es que, además de cobarde,
es tonto. Le sale de la vieja frustración anguitiana de no haber
conseguido el sorpasso y la aniquilación del PSOE, que es lo
único que lo mueve. Y la difamación a González es parte de esta
estrategia de que "el PSOE es el partido de la cal viva".
Recurrir
a estos procedimientos de infundios, e Iglesias lo hizo el otro día, no
tiene nada que ver con la izquierda democrática sino que es más propio
del fascismo.
Y
aquí es donde empecé a ver quizá la raíz de los ataques furibundos que
recibía mi tuit. Por eso insistí en la tecla. Subí más tuits como: "El
fascismo siempre ha sido muy mediático. Y el de izquierdas de ahora, ya
ni te cuento: confunde el Congreso con el plató de la tele" o bien "El
pensamiento crítico de algunas "nuevas izquierdas" se convierte en
rebuzno en cuanto les tocas a sus amados líderes" o incluso "Cuidado con
llamar fascistas a los fascistas que van de izquierdistas. Se cabrean y
les sale el fascio por las narices".Y, efectivamente, ahí había un
punto sensible. La legión de trolls de Podemos llegó al paroxismo, dando
la razón al aviso. Algún amigo me recordó que los "revolucionarios" son
los que menos aceptan la crítica y la independencia de criterio.
Si hubiera sido un experimento, no hubiera dado mejor resultado.
El peligro del fascismo de izquierdas, pintado con los colores de la nueva política está ahí.
¿Por qué no un tripartito?
Terminada la primera fase de la guerra
de las investiduras, conviene entrar en la segunda con el ánimo más
abierto y más firme propósito de encontrar una solución rápidamente para
no agotar los dos meses y, sobre todo, para evitar las elecciones en
junio.
Lo
primero es despejar la cuestión del Rey. Patxi López va a verlo el
lunes supongo que a comunicarle que sigue sin haber presidente del
gobierno, como si no se hubiera enterado. Lo mejor es que el Rey desista
de nombrar a nadie de momento y deje que los políticos inicien las
rondas de contactos que quieran. Si acaban teniendo un candidato, ya se
lo comunicarán.
La
negociación para la formación de un gobierno de izquierda arranca con
un pie forzado nuevo: PSOE y C's irán a todas las mesas de negociación
juntos, como las parejas de la Guardia Civil. Quieren dar mayor
sensación de coordinación y tándem y trasmitir más confianza el uno en
el otro. Se recordará a Rivera diciendo muy serio hace un par de semanas
que, si fracasaba la investidura, se replantearía el pacto PSOE-C's y
C's retiraría su apoyo a Sánchez. El citado pacto ha sido robustecido y
por supuesto que C's sigue apoyando un gobierno de Sánchez. Está bien
que Rivera se haya comido sus palabras anteriores. Si los políticos
fueran presa de sus afirmaciones o negaciones y estuvieran obligados a
atenerse a ellas, a lo mejor el mundo sería más justo pero también más
aburrido.
Así
como Rivera ha cedido y ha cedido Sánchez, ¿por qué no va a hacerlo
Iglesias? Podemos lleva semanas exigiendo al PSOE que rompa con C's si
quiere negociar con ellos, una doctrina Hallstein tan absurda como ella.
¿Por qué el PSOE no va a sentarse a negociar con C's? Los izquierdistas
suelen argumentar que este partido es la marca blanca del PP y que es
el PP con otras formas o un PP en diferido. Es posible pero, al decir que es como o parecido al PP, ya se está diciendo que no es igual, que no es el mismo PP, con el cual el PSOE también se ha negado a negociar.
En
este asunto de las investiduras y las negociaciones conviene que los
españoles aprendan de los catalanes que los han pasado hace un par de
meses y tienen cosas que enseñar. La primera de todas que CiU, la ahora
inexistente federación, con la que han pactado ERC, que no es menos de
izquierda que el PSOE y ls CUP, que no son menos de izquierda que
Podemos es la derecha catalana, tan derecha como la española. Se dirá
que CiU, ahora solo Convèrgencia, no puede compararse del todo con el
PP. Es verdad, Convèrgencia es una derecha europea, civilizada,
demócrata, mientras que el PP es derecha nacionalcatólica y oligárquica
española, mucho más bronca y bruta. Pero en lo que hace a recortes
neoliberales, restricciones, compadreo de capitalismo de amiguetes los
dos son similares. Y si las CUP pueden pactar con Convèrgencia, ¿por qué
no puede pactar Podemos con C's que no son el PP?
El
mantenimiento del pacto es un acierto y más lo será si los firmantes
está de acuerdo en abrirlo a una negociación con Podemos, de forma que
este pueda marcar su impronta en el texto y no se limite a firmar lo que
le ponen delante, que es el trágala que quisieron hacer C's y PSOE. Es
el mecanismo más rápido para resolver el asunto también en un plazo
brevísimo. Si Podemos firma ya el acuerdo para investir a Sánchez, la
primera consecuencia será de universal aplauso: nos habremos librado del
presidente de los sobresueldos y la banda de presuntos ladrones por una
temporada. Lo cual no es moco de pavo. La segunda es también esencial:
echaría a andar de inmediato un gobierno del cambio que atendería a sus
tareas más urgentes con la correspondiente premura a base de poner en
marcha la legislación de emergencia más necesaria.
Por
mucha tirria que el PSOE y C's le tengan a la idea de un referéndum
catalán, habrán de reconocer que el proceso independentista plantea una
situación de excepcional gravedad para la supervivencia de España. Tanta
que hace recomendable no aferrarse a negaciones abolutas ni a
maximalismos estériles. Si la respuesta es que "no" al referéndum, ¿a
qué estarán dispuestos a decir sí? Si la opción de que la ciudadanía
decida no es de su agrado, ¿qué proponen en concreto?
Por
lo demás, si las discrepancias de las tres formaciones residen en el
referéndum, habiendo acuerdo en todo o casi todo lo demás, no se ve por
qué no habrá un pacto teniendo el cuidado de dejar fuera de él la
cuestión del referéndum. Cada una de las partes debe respetar el
criterio de la otra y su derecho a seguir propugnando su punto de vista.
Podemos deberá aceptar que el PSOE y C's no quieran saber nada del
referéndum y estos que Podemos siga propugnándolo. Carece de sentido
obligarlo a renunciar a él, como si esto fuera un auto de fe.
De
este modo, Podemos no podrá poner en marcha el referéndum pero es obvio
que tampoco podría hacerlo si no llegara a un acuerdo tripartito que
es, al menos desde el punto de vista de Palinuro y en las circunstancias
actuales, lo más práctico. Y lo llamo "tripartito" por uso habitual,
pero había que contar también con los dos diputados de IU.
En
cuanto al fondo de la cuestión catalana, cada vez es más evidente que,
digan lo que digan en el PSOE y en C's el referéndum acabará siendo
inevitable porque lo impondrá la Unión Europea. Así que, entre tanto,
más vale un gobierno de centro izquierda que otro de gran coalición.
P.S.
como aclaración: construyo sobre lo que hay. Por supuesto, sigo
prefiriendo el pacto de izquierdas, PSOE+Podemos+IU+canarios+ERC+DiL,
lo que quiere decir que el PSOE acepta el referéndum. También puede
hacerse aparcando el referéndum, PSOE+Podemos+IU+Canarios, pero este
depende de la abstención de C's. Ninguna de las dos cosas parece muy
viable.
La ley contra el pueblo.
Siempre
que se plantea el ejercicio de la autodeterminación de Cataluña, los
unionistas, centralistas y nacionalistas españoles responden que no es
posible porque la ley no lo permite. Esgrimen la ley como límite
absoluto al ejercicio de un derecho del pueblo. Hacen servir a la ley
contra el pueblo. Es una posición demagógica y tramposa que juega a la
confusión mezclando tres órdenes que es preciso distinguir si queremos
entendernos.
Primero,
el orden más abstracto. Se insinúa que los partidarios del referéndum
catalán son contrarios al principio civilizatorio general del imperio de
la ley. Que pretenden romper los fundamentos mismos del Estado de
derecho. El discurso implícito es que España es un Estado de derecho y,
cualquier intento de replantear su estructura, atentará contra aquel
principio básico de la convivencia del rule of law. Con ello se desliza
asimismo la sospecha de que, si se salieran con la suya, los
independentistas establecerían una especie de despotismo arbitrario, una
tiranía posiblemente de carácter etnicista. Se pasa por alto el hecho
de que la autodeterminación es un derecho, que pretende ejercerse dentro
de la ley y que es precisamente ese espíritu respetuoso con la
legalidad el que justifica el recurso a la voluntad del pueblo, que es
el origen de toda ley.
Después,
en el orden concreto, el de la legislación vigente en un momento
histórico determinado, se esgrime la ley positiva como el límite a las
aspiraciones de autodeterminación de los pueblos, entre ellos el
catalán. En el Estado democrático de derecho, se dice, cualquier
aspiración es legítima y no tiene otro límite que la ley, a la que se
someten por igual gobernantes y gobernados. El ordenamiento jurídico,
con la Constitución a la cabeza, no permite ejercicio de
autodeterminación de ninguna de sus partes. Ninguna Constitución lo
hace, salvo algún caso estrafalario e insignificante. Este positivismo
jurídico, que pretexta la vigencia de la ley como límite absoluto e
inamovible de toda pretensión o acción ignora obstinadamente la realidad
en que se mueve. Igualmente se opone a las inevitables tendencias de
cambio que se dan en toda sociedad y que, forzosamente, obligan a
ignorar o derogar las leyes que hayan quedado anticuadas o sean
injustas.
¿Quién decide si una
ley es o no injusta? Obviamente, la conciencia moral de quienes han de
acatarla y cumplirla. Por supuesto, ningún orden legal puede permitir a
los ciudadanos arrogarse el derecho a desobedecer las leyes por razones
morales. Ningún orden legal puede aprobar una ley que autorice a
desobedecer la ley. No obstante, eso es lo que sucede, que las leyes que
son injustas (o que devienen injustas) son desobedecidas de hecho hasta
que, finalmente, el ordenamiento jurídico cambia. Así es como han
progresado todas las sociedades que han progresado. Si las sufragistas
en el Reino Unido no hubieran desobedecido la ley vigente, las mujeres
seguirían sin poder votar. Si Rosa Park no hubiera desobedecido la ley
en Alabama, los negros seguirían viajando en la parte de atrás de los
autobuses en los Estados Unidos. Si George Washington no hubiera
desobedecido la ley inglesa, los Estados Unidos no existirían.
Por
último, en el orden específico, el aquí y ahora, el debate adquiere sus
tintes más estrambóticos y decididamente hispanos. Tanto Rajoy como
Sánchez y Rivera, la santísima trinidad del nacionalismo español, se
escudan en la vigencia de la ley, que es imperativo acatar. Además el
sedicente derecho de autodeterminación de los catalanes no existe ya que
pertenece al campo del derecho internacional en la relación entre
metrópolis y colonias y no es el caso. Que sea o no el caso es materia
discutible, pero innecesario hacerlo aquí, en donde hay cuestiones
conflictivas más urgentes.
El
referéndum catalán no es posible porque la ley y la Constitución no lo
permiten y obligan por igual a gobernantes y gobernados, reiteran los
tres tenores del unionismo. Pero esto no es cierto. Los dos partidos
dinásticos no necesitan desobedecer la ley, como Rosa Parks, cuando les
incomoda, porque tienen la llave para cambiarla siempre que les place.
El PSOE y el PP se pusieron de acuerdo en 24 horas en reformar la
Constitución y en un asunto fundamental como el artículo 135, sin dar
cuentas a nadie más. El PP lleva cuatro años valiéndose sin escrúpulos
de su mayoría parlamentaria absoluta para cambiar las leyes a puñados
cuando le ha interesado. Esas mismas leyes cuyo cumplimiento pretende
luego imponer a los demás, quieran o no. Si la X legislatura puede pasar
a la historia con un nombre, será con el de la “ley del embudo”.
Se
dirá que los nacionalistas españoles cambian a su antojo la ley que sin
embargo imponen a los demás como barrera mediante un procedimiento
legal, ya que cuentan con la mayoría requerida para ello. Su acción es
consecuencia legal del principio democrático de la decisión de la
mayoría. Si otros quieren cambiar las leyes pueden hacerlo consiguiendo
ser ellos mayoría a su vez. Pero en este caso concreto (y en muchos
otros) este principio es falso y una trampa: los catalanes son una
minoría nacional estructural en el Estado español y jamás conseguirán
ser mayoría de forma que, para ellos, toda decisión de la mayoría de los
españoles tendrá elementos de tiranía de la mayoría si es que no lo es
por entero y, como tal decisión, radicalmente injusta, antidemocrática y
antipopular.
Por
último solo los ingenuos o los malintencionados aceptan que la decisión
de la mayoría se refiera a la obligación de acatar la ley y la
Constitución. Eso no existe. Lo que hay es la obligación de acatar una
determinada interpretación de la ley y la Constitución ya que estas,
como toda norma jurídica, son interpretables. Lo que los nacionalistas
españoles imponen no es la ley y la Constitución sino su interpretación
de la ley y de la Constitución, dentro de su manifiesta voluntad de
emplearlas en contra de la voluntad del pueblo catalán y con la sola
finalidad de sojuzgarlo.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
