Con esa documentación, Rajoy que se prepare para otro escándalo tipo Valencia y, por tanto, cabe pensar que en Murcia el jefe del Gobierno en funciones no pasará ya ni una; y lo digo también por 'El Cebollino', que así lo llaman en su pueblo por talentoso sin licenciatura pero muy avispado para otras cuestiones, y que a la altura de marzo o abril pudiera ser ya otra cosa; es decir, nada otra vez por haberse creído ser el más listo del lugar. Oportunidad tendrá de comprobarlo en Campos del Río junto a otros vivos del PP regional como él sin olvidarme del 'pavo' del consejero Bernabé que todavía no sabe bien cómo se las gastan los naturales de Murcia con los tontarras que llegan a la capital.
Quiere el letrado gallego Núñez -hombre de cualificados contactos personales desde su época en el bufete Garrigues- que el Congreso de los Diputados verifique, llegado el caso, la imparcialidad de estos jueces con Valcárcel dada la proximidad entre el ex presidente de la Comunidad Autónoma y quienes llegaron a la presidencia del TSJ con el decisivo apoyo y empuje político de quien ahora pudieran tener delante para decidir sobre su suerte. Inconvenientes o ventajas de los sitios pequeños como Murcia donde los cuatro presidentes del TSJ que aquí han sido están fuertemente enraizados familiarmente y por intereses por haber nacido y ejercido casi siempre en la Región.
Nada más constituirse esa Comisión en las Cortes, el letrado gallego ha puesto en su conocimiento el estado de la Justicia en la Región de Murcia en relación con la corrupción política del PP, que preside aún sin alternativa Ramón Luis Valcárcel, sabiendo vía Pontevedra que Rajoy está de él y su gente hasta el gorro. Con esa información privilegiada, Núñez, que esta semana estuvo en Murcia y Alicante, inicia una batalla para recuperar el dinero -tres millones de euros invertidos en Totana- que la 'mafia' murciana le afanó a sabiendas de que no podría cumplir fácilmente con él mediante convenio urbanístico viciado en origen.
La querella que interpuso Núñez en octubre y que ha estado bailando de un juzgado a otro de los de Murcia, recayó finalmente en el nº 9 por decisión del Decanato, pero después del rechazo, al parecer, de otros jueces que no quieren un enfrentamiento con San Esteban y los secuaces del sátrapa murciano a cara de perro. El tal Núñez dice tener suficiente dinero como para llegar hasta el final contra la corrupción política en la Región de Murcia ahora que los vientos son más que favorables para que el PP arroje por la borda toda la inmundicia que ha ido acumulando en regiones como Baleares, Valencia o Murcia.
En consecuencia, el abogado Núñez ha solicitado ya amparo y tutela a la citada Comisión de Justicia del Congreso a través de un escrito con fecha 4 de febrero -justo al día siguiente de constituirse- poniéndola al corriente de "una macrocausa por corrupción política en la Región de Murcia", en referencia a las diligencias que ya se siguen en el juzgado nº 9- y donde cita, además de a Valcárcel, a consejeros que formaron parte de sus gobiernos durante veinte años y a otros del actual ejecutivo regional de Pedro Antonio Sánchez.
Apoyándose en la infraestructura de sociedad civil de su compañero murciano Diego de Ramón a efectos de labores de inteligencia cerca de la administración regional, Núñez Arias confiesa a la citada Comisión los temores que alberga sobre que la Justicia de Murcia pueda estar muy condicionada y presionada en su independencia, al igual que miembros de la Fiscalía que actúan en las diligencias, donde se denuncian cientos de millones de euros defraudados al erario público.
Al entender que "hemos entrado en nuevos tiempos políticos y, pese a las limitaciones competenciales de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados", entiendo porque así se dice, se va a dar batalla a la corrupción y "evidentemente esa Comisión puede ejercer su tutela en esta macrocausa para que el poder político afectado no interfiera en las decisiones judiciales y fiscales".
Según Núñez, en el caso aludido se denuncia una trama piramidal de grandes proporciones y con ingentes cantidades de dinero público detrás. Y añade: "Somos concientes que se pondrán muchas trabas, desidias y demás al tiempo que presiones" y en este punto relata en su escrito, a modo de ejemplo, que la denuncia formulada por él el pasado mes de octubre "estuvo circulando durante dos meses por varios juzgados de Murcia sin que nadie quisiera hacerse cargo de ella, debiendo intervenir el decano y turnarla a un juez determinado; en este caso el nº 9, prueba inequívoca de las fuertes presiones para que la querella no fuese admitida".
Pero no se para aquí este prestigioso abogado gallego - que se muestra sorprendido y alarmado- puesto que acaba de dirigir otro escrito al juzgado nº 9 de los de Murcia para denunciar las recientes manifestaciones en el diario 'La Opinión' por parte de Pedro Antonio Sánchez y el consejero Francisco Bernabé -testigo e imputado respectivamente en las diligencias que se han abierto en dicho juzgado por varios presuntos delitos a raíz de la denuncia de Núñez- en el sentido de que vertieron "serias acusaciones y amenazas a este letrado, que son atentatorias contra el libre ejercicio profesional contra el que atentan de forma grave; la gravedad se suma por los cargos que ambos ostentan y entendemos hasta son atentatorias contra la integridad física" al manifestar "responderá ante mí cuando se archive la acusación" en referencia directa a lo dicho y expresado por Bernabé.
Entiende Núñez que, aparte de amenza muy grave, y tal como se manifiesta, "entendemos que es de extrema gravedad lo manifestado, por no decir la seguridad de la que hace gala en cuanto al archivo de la denuncia. Hecho que, dicho por tan alto cargo público, crea alarma social porque se entrevé manipulación judicial, puesto que las diligencias están empezando a instruirse y del resultado de las mismas será su Señoría quien deba pronunciarse y no terceros que, a su vez, están implicados".
"Somos conscientes -añade en su escrito Núñez- que estas manifestaciones son amenazas y coacciones al libre ejercicio profesional y a la persona que lo ejerce a la par que difamatorias y atentatorias contra la independencia judicial, viniendo estas manifestaciones de dos cargos, uno de ellos la máxima autoridad política regional, por lo que sus manifestaciones tienen gran repercusión social".
En consecuencia, Núñez le dice al juez que quiere darle cuenta de estos hechos para que se abran diligencias en pieza separada y se dé cuenta al Ministerio fiscal por entender que esto "puede tener muy graves consecuencias y de diversa índole, inclusive contra la integridad física del dicente, debiendo tomarse las medidas que correspondan".
(*) Pseudónimo de un veterano periodista de Murcia
En consecuencia, el abogado Núñez ha solicitado ya amparo y tutela a la citada Comisión de Justicia del Congreso a través de un escrito con fecha 4 de febrero -justo al día siguiente de constituirse- poniéndola al corriente de "una macrocausa por corrupción política en la Región de Murcia", en referencia a las diligencias que ya se siguen en el juzgado nº 9- y donde cita, además de a Valcárcel, a consejeros que formaron parte de sus gobiernos durante veinte años y a otros del actual ejecutivo regional de Pedro Antonio Sánchez.
Apoyándose en la infraestructura de sociedad civil de su compañero murciano Diego de Ramón a efectos de labores de inteligencia cerca de la administración regional, Núñez Arias confiesa a la citada Comisión los temores que alberga sobre que la Justicia de Murcia pueda estar muy condicionada y presionada en su independencia, al igual que miembros de la Fiscalía que actúan en las diligencias, donde se denuncian cientos de millones de euros defraudados al erario público.
Al entender que "hemos entrado en nuevos tiempos políticos y, pese a las limitaciones competenciales de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados", entiendo porque así se dice, se va a dar batalla a la corrupción y "evidentemente esa Comisión puede ejercer su tutela en esta macrocausa para que el poder político afectado no interfiera en las decisiones judiciales y fiscales".
Según Núñez, en el caso aludido se denuncia una trama piramidal de grandes proporciones y con ingentes cantidades de dinero público detrás. Y añade: "Somos concientes que se pondrán muchas trabas, desidias y demás al tiempo que presiones" y en este punto relata en su escrito, a modo de ejemplo, que la denuncia formulada por él el pasado mes de octubre "estuvo circulando durante dos meses por varios juzgados de Murcia sin que nadie quisiera hacerse cargo de ella, debiendo intervenir el decano y turnarla a un juez determinado; en este caso el nº 9, prueba inequívoca de las fuertes presiones para que la querella no fuese admitida".
Pero no se para aquí este prestigioso abogado gallego - que se muestra sorprendido y alarmado- puesto que acaba de dirigir otro escrito al juzgado nº 9 de los de Murcia para denunciar las recientes manifestaciones en el diario 'La Opinión' por parte de Pedro Antonio Sánchez y el consejero Francisco Bernabé -testigo e imputado respectivamente en las diligencias que se han abierto en dicho juzgado por varios presuntos delitos a raíz de la denuncia de Núñez- en el sentido de que vertieron "serias acusaciones y amenazas a este letrado, que son atentatorias contra el libre ejercicio profesional contra el que atentan de forma grave; la gravedad se suma por los cargos que ambos ostentan y entendemos hasta son atentatorias contra la integridad física" al manifestar "responderá ante mí cuando se archive la acusación" en referencia directa a lo dicho y expresado por Bernabé.
Entiende Núñez que, aparte de amenza muy grave, y tal como se manifiesta, "entendemos que es de extrema gravedad lo manifestado, por no decir la seguridad de la que hace gala en cuanto al archivo de la denuncia. Hecho que, dicho por tan alto cargo público, crea alarma social porque se entrevé manipulación judicial, puesto que las diligencias están empezando a instruirse y del resultado de las mismas será su Señoría quien deba pronunciarse y no terceros que, a su vez, están implicados".
"Somos conscientes -añade en su escrito Núñez- que estas manifestaciones son amenazas y coacciones al libre ejercicio profesional y a la persona que lo ejerce a la par que difamatorias y atentatorias contra la independencia judicial, viniendo estas manifestaciones de dos cargos, uno de ellos la máxima autoridad política regional, por lo que sus manifestaciones tienen gran repercusión social".
En consecuencia, Núñez le dice al juez que quiere darle cuenta de estos hechos para que se abran diligencias en pieza separada y se dé cuenta al Ministerio fiscal por entender que esto "puede tener muy graves consecuencias y de diversa índole, inclusive contra la integridad física del dicente, debiendo tomarse las medidas que correspondan".
(*) Pseudónimo de un veterano periodista de Murcia
