MADRID.- Al igual que la noche anterior en el 'Rincón Huertano', de Beniaján, se pudo vislumbrar a un PPRM pasado de tiempo y bajo fuerte sospecha, esta tarde, en Madrid, en la Convención Nacional del PP, se ha vuelto a evidenciar cómo Ramón Luis Valcárcel, muy cerca también de tener problemas en los tribunales, se ha inclinado del bando de los imputados y ha hecho colla pública con ellos, capos regionales del partido y algunos satélites con pretensiones.
Valcárcel estaba arropado por el alcalde de Murcia y secretario regional del PP, el imputado Miguel Ángel Cámara; el consejero imputado Pedro Antonio Sánchez, el imputado delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, el opaco exconcejal Antonio Sánchez Carrillo y la emergente alcaldesa de Archena, Patricia Fernández.
Por el contrario, en otro lugar del Palacio Municipal de Congresos, de Madrid, Garre se sentaba junto a los consejeros Juan Carlos Ruiz, José Gabriel Ruiz y el imputado Antonio Cerdá, así como su jefe de gabinete, el ex diputado a Cortes Pío Pérez Laserna; el alcalde de Molina, Eduardo Contreras, y la secretaria de la Asamblea Regional, Belén Fernández-Delgado.
Durante la mañana de ayer circularon rumores en algunos despachos de la ciudad de Murcia sobre una eventual dimisión de Garre al frente de la Comunidad Autónoma, antes de que acabe enero, por serias discrepancias con Valcárcel, lo que parece muy dificil a estas alturas de la VIII Legislatura de la Asamblea Regional de entre cuyos integrantes debería salir su sustituto.
Otro rumor que circulaba esta tarde en la Convención Nacional del PP, ya en Madrid, era que la presidenta del PP vasco, Arancha Quiroga, podría ser el cartel del partido en las elecciones generales de este mismo año en sustitución de Rajoy. Precisamente hoy se sentó a la izquierda de Valcárcel en este Palacio Municipal de Congresos.
Intervención de Garre
Alberto Garre ha afirmado en su intervención pública que "sería bueno que una vez que se elaboraran los planes de las distintas cuencas españolas se abordara un PHN", tras lo que se ha referido a las palabras pronunciadas por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en esta Convención Nacional del PP, resaltando la necesidad de que "se recobre el principio de solidaridad constitucional".
Tras poner en valor a la agricultura murciana, una agricultura que ha tachado de "segura", y las "limitaciones" del veto ruso donde "se ha empleado como nadie la ministra Tejerina", el presidente murciano ha aludido a la inexistencia de una planificación hidrológica nacional, aunque, ha dicho, el Gobierno de la nación "se ha empeñado en que la haya y en hacer lo que otros no hicieron, los planes hidrológicos".
Y es que, ha recordado, "han tenido que pasar casi 20 años del decreto Narbona, la derogación de parte del PHN y del trasvase del Ebro"; un decreto, critica, que fue "un desastre para el medio ambiente".
Ha ensalzado la labor de los regantes murcianos, que "han hecho sus deberes" y la capacidad de la Región de "ahorrar y depurar agua".
"En la Región disponemos de 100 hm3 anuales de agua depuradas y se depura el 98 por ciento de las aguas del núcleo de población", ha puntualizado Garre.
No obstante, advierte Garre que con eso "no tenemos bastante, ya que tenemos la necesidad de los trasvases a la cuenca del Segura cuando hay reservas en la cabecera", teniendo en cuenta el déficit estructural de 600 hm3 que padece esta cuenca.
Y es que, añade, "hemos aprovechado la oportunidad de un presidente, Mariano Rajoy, y del PP, y de cinco presidentes de las comunidades afectadas, entre las que está Cospedal, para recobrar el principio constitucional de solidaridad para España a través de una ley de evaluación ambiental que ha hecho posible aumentar los volúmenes para los usos de C-LM y dar constancia y seguridad a los trasvases desde la cabecera del Tajo a la cuenca".
A su juicio, "cuando se defiende la Constitución y hay buenas voluntades la cosa funciona, pero cuando intervienen intereses partidistas las grandes obras de Estado se destruyen".
Luego ha hecho un recorrido por la historia hidráulica en España, recordando que en 1934 con la II República, el socialista Indalecio Prieto "intentó un trasvase y tuvieron que pasar más de 40 años para que se elaborase en 1971 la Ley de creación del acueducto Tajo-Segura y en 1980 con las reglas de explotación y en 1985 con el mismo régimen de democracia parlamentaria, la ley de aguas con Felipe González que mandataba hacer un PHN y años después el PHN de Aznar".
"Todos con distintos regímenes políticos y dentro del sistema parlamentario y distintos partidos apostaron por lo mismo, hasta que llegó el fenómeno", ha lamentado Garre, quien ha concluido afirmando que ahora, una vez más, "tenemos que recobrar el principio de solidaridad constitucional y llevar agua de donde sobre a donde falta".