martes, 2 de enero de 2018

El colapso en los hospitales obliga a trasladar a pacientes de Murcia a Cartagena

MURCIA.- Los hospitales de la Región afrontan una semana muy complicada, con sus servicios de urgencias y las unidades de Cuidados Intensivos colapsadas ante el aumento de la presión asistencial. La falta de camas libres en las UCI de La Arrixaca, Reina Sofía y Morales Meseguer obligó este lunes al traslado de al menos un paciente al Santa Lucía, en Cartagena, según revela La Verdad

Fuentes del Servicio Murciano de Salud (SMS) explicaron que «todas las UCI están coordinadas, y cuando se precisa, son trasladados pacientes. Cartagena es el área con mayor disponibilidad». 
La Unidad de Cuidados Intensivos habitualmente más saturada es La Arrixaca. Este lunes estaba completa porque, además de la alta presión asistencial, se han llevado a cabo tres trasplantes.
En todo caso, el servicio sufre de un colapso casi permanente porque el número de plazas es insuficiente desde hace años. El SMS tiene previsto ampliar la UCI de La Arrixaca este mes, incorporando siete camas para pacientes semicríticos. 
La Asociación de Usuarios de la Sanidad denuncia la situación en que se encuentran los hospitales. «Las UCI del Reina Sofía, Morales Meseguer y La Arrixaca están colapsadas y trasladando pacientes a Cartagena. 
¿Es esto iniciar 2018 positivamente?», se preguntaba Teresa Martín, presidenta de esta organización, ironizando de esta manera con el discurso de fin de año del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.

El Infantil, hasta arriba

La asociación ya advirtió el domingo del colapso en el servicio de Urgencias del Infantil de La Arrixaca
«Los pacientes nos cuentan que hay más de doce horas de retraso para atender, y la gente está sentada por los suelos», denunciaron a través de las redes sociales. Fuentes del SMS confirmaron que el último día del año se registró «una muy alta afluencia», lo que «originó demoras en los niños valorados como procesos de bajo riesgo». 
El servicio se ha reforzado con un pediatra adicional desde este lunes, y también se ha ampliado el número de enfermeros, con hasta tres profesionales en los 'triajes'.
Las Urgencias del Infantil estrenaron nuevas instalaciones, más amplias, a finales de octubre, pero hasta ahora no se había reforzado la plantilla, con lo que cinco de los diez 'boxes' de observación han permanecido cerrados. Desde el SMS se asegura que ya «hay personal para atender los diez puestos si son necesarios».
Para la Asociación de Usuarios de la Sanidad, el problema radica en que La Arrixaca cuenta con las únicas urgencias pediátricas de Murcia y su área metropolitana. 
«Hay un único servicio para tres áreas de salud», recuerda Teresa Martín. Esto hace prácticamente inevitable los colpasos cuando llega el invierno y, como es el caso, las epidemias de gripe y bronquiolitis, destaca.
Según el SMS, la situación había mejorado este lunes en las Urgencias del Infantil. Aunque la afluencia seguía siendo «alta», a primera hora de la tarde «no había más de dos horas de demora para los pacientes leves», recalca La Verdad.

El Ministerio de Fomento aprueba el proyecto del tercer carril de la autovía A-7 entre Orihuela y Monteagudo


MURCIA.- El Ministerio de Fomento, por resolución de 7 de noviembre de 2017, ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado del tercer carril de la autovía A-7 entre Orihuela y Monteagudo, según informaron fuentes de este departamento en un comunicado.

En concreto, se trata del proyecto de 'Autovía del Mediterráneo A-7. Ampliación a tercer carril por calzada entre los puntos kilométricos 741,00 y 757,00. Tramo: Enlace de Orihuela/Benferri -Enlace de Monteagudo/Fortuna', en Alicante y Murcia, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Por este tramo de autovía de dos carriles por sentido circulan actualmente 47.000 vehículos diarios, siendo el porcentaje de vehículos pesados muy elevado, alcanzando casi el 20%. Gracias a la actuación de ampliación a tercer carril aumentará la capacidad de la autovía, mejorando el nivel de servicio y la seguridad de los usuarios.
La longitud del tramo que se amplía es de 14,4 kilómetros y se estima un presupuesto de las obras de 84,3 millones de euros, según el Ministerio de Fomento, que ha señalado que el proyecto se localiza en los términos municipales de Orihuela, Santomera y Murcia.

Características técnicas

El proyecto aprobado se inicia a la altura del punto kilométrico 545 de la Autovía A-7 junto al enlace de Orihuela/Benferri y dentro del municipio de Orihuela para dirigirse hacia Murcia, conectándose con el trazado del futuro 'Arco Norte de Murcia', a la altura del punto kilométrico 559.
La longitud total aproximada es de 14,4 kilómetros y cuenta con 3 enlaces y un total de 20 estructuras conformadas por 10 pasos inferiores, 5 pasos superiores y 5 viaductos.
Con objeto de mejorar la seguridad vial y cumpliendo la norma de trazado, se ha previsto la construcción de un cuarto carril entre el enlace de Santomera/Abanilla y el área de servicio de Santomera.
En esta misma línea de mejora de la seguridad vial, el Ministerio ha anunciado que se colocará en la mediana separadora de los sentidos de circulación una barrera de seguridad de la máxima contención para evitar el cruce de calzada de vehículos de gran tonelaje. Asimismo, se han proyectado zonas de sobreancho en las curvas para mejorar la visibilidad de los vehículos que circulan por la autovía.
Durante la redacción del proyecto, el Ministerio destaca que se han mantenido contactos con las distintas administraciones responsables del control y seguimiento de los aspectos medioambientales para conseguir la máxima adaptación del proyecto y para minimizar las afecciones al entorno, incluyéndose las medidas correctoras.
Entre las medidas ambientales incluidas en el proyecto, valoradas en unos 4,5 millones de euros, podrían destacarse las siguientes: colocación de pantallas antirruido, pavimento asfáltico fonoabsorbente, reciclado de mezclas bituminosas, adaptaciones de pasos para la fauna, reposición de vías pecuarias, revegetaciones y medidas de protección de los suelos y de la vegetación existentes.

La diputada regional María Giménez exige a López Miras que defienda una región libre de 'fraking'

CARTAGENA.- El diputada regional y secretaria de Mundo Rural y Marino en Podemos Región de Murcia, María Giménez ha recordado al Gobierno regional que el grupo Parlamentario Podemos ya presentó en la Asamblea Regional una moción para declarar a la Región de Murcia "libre de fracking" y "siempre ha respaldado y respaldará las iniciativas tanto de los movimientos sociales, asociaciones y gobiernos municipales de las zonas afectadas de la Región".

 "Es imprescindible proteger la agricultura, la ganadería, el agua y los yacimientos que hay en el subsuelo de muchos territorios de la Región de Murcia, ante una actividad que abre la puerta a la contaminación de nuestro recursos", añade.
Por este motivo, ha mostrado su descontento ante las informaciones sobre las posibles prospecciones mediante la técnica del fracking, en el Noroeste, relativos al proyecto Escorpio, que abarca una superficie de 20.000 hectáreas en terrenos de los municipios del Noroeste, concretamente en Moratalla, Calasparra y Cehegin y que supondría la perforación de hasta 2,5 kilómetros en estos terrenos.
Giménez ha recordado que en agosto de 2017, "nos sorprendió de forma desagradable la reautorización del proyecto Leo de fracking bajo el acuífero del Sinclinal por parte del Ministerio lo cual mostraba a las claras que el Gobierno regional "convierte una vez más en papel mojado el mandato de la Asamblea Regional de declarar esta región como territorio libre de fracking".
Por lo que ha pedido al Gobierno regional, que actúe con todos los recursos que tiene a su alcance y defienda a los vecinos y vecinas de la comarca del Noroeste y a los intereses de la Región ateniéndose a las decisiones democráticas adoptadas por la Asamblea Regional y a los ayuntamientos afectados.
En definitiva, María Giménez, ha pedido al Gobierno regional que mire por la salud pública de los murcianos impidiendo cualquier prospección mediante la técnica del fracking.

La Consejería de Fomento concedió más de 4.000 títulos náuticos y subacuáticos en el ejercicio 2017

MURCIA.- La Consejería de Presidencia y Fomento expidió 4.050 títulos náuticos y subacuáticos durante el ejercicio 2017, lo que supone un incremento cercano al 50 por ciento con respecto a 2016, en los que se tramitaron un total de 2.750 certificados relacionados con estas actividades.

El director general de Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de Revenga, valoró este incremento que "refleja el interés creciente por estas actividades deportivas y pone de manifiesto las excelentes condiciones que ofrece la Región de Murcia para disfrutarlos".
"Desde el Ejecutivo regional estamos potenciando estos deportes como elementos para romper la estacionalidad del turismo en la Región de Murcia", destacó el director general, quien indicó que el título de embarcaciones de recreo sigue siendo el más demandado. En concreto, de él se han expedido 2.585 certificados, frente a los 1.523 del año anterior. Le sigue en número el título de patrón para navegación básica, con 581 autorizaciones frente a los 399 del año anterior.
En cuanto a patrón de yate, se han concedido 376 títulos frente a los 274 del año anterior, y 225 han sido los títulos tramitados para patrón de moto náutica, mientras que en 2016 fueron 185. La acreditación de capitán de yate también ha tenido un leve incremento y se han emitido 140 titulaciones mientras que el año pasado se cursaron un total de 112.
Un total de 2.917 personas se han inscrito a las tres convocatorias ordinarias y a las dos extraordinarias celebradas en 2017. Los aspirantes han de superar las pruebas teóricas referentes a las materias de navegación, meteorología y oceanografía, cálculos de navegación, teoría del buque y construcción naval, seguridad, procedimientos radiotelefónicos, legislación y reglamentos, e inglés.

Las comunidades autónomas ingresarán más dinero que nunca por la financiación

MADRID.- En pleno debate sobre la reforma del sistema de financiación, las comunidades recibirán en 2018 más dinero que cualquier otro año. Ingresarán 105.051 millones de euros, según las estimaciones oficiales de Hacienda. Aunque dispongan de más recursos, las comunidades siguen luchando contra el déficit público, recuerda hoy El País

Aún recaudan por los impuestos vinculados al ladrillo la mitad de lo que conseguían una década atrás. Además, gestionan gastos crecientes: son las responsables de competencias como la sanidad, educación o protección social, tres de los cuatro pilares del Estado de bienestar. El envejecimiento de la población crea más necesidades de gasto. Por eso, las autonomías tienen que mantener cierta austeridad para evitar el descontrol de sus cuentas.
Los fondos que las comunidades recibirán en 2018 a cuenta del sistema de financiación serán los mayores en los 33 años de la historia de la financiación regional en España. Los ingresos autonómicos serán mayores incluso que los percibidos en 2009, cuando el Ejecutivo socialista aportó 11.000 millones más en el modelo a cambio de sacar adelante la reforma del sistema, que está vigente en la actualidad. 
Esta aportación extraordinaria resultó polémica porque se hizo en los inicios de la crisis y contribuyó a agravar los problemas de las finanzas públicas. Entonces las autonomías cosecharon 104.800 millones.
Diez años después, los presidentes autonómicos dispondrán de 105.051 millones de euros procedentes del sistema de financiación, unos 4.000 millones más que el año pasado. En esta cantidad se incluyen las entregas a cuenta del sistema: se reparte el 98% de la recaudación prevista de los impuestos compartidos —el 50% del IVA, el 50% del IRPF y el 58% de los especiales—. 
También se incluye la previsión del cierre definitivo del sistema de 2016. Aquel año el Gobierno hizo unas previsiones más prudentes pero la buena marcha de la economía desbordó lo dibujado en los presupuestos. Por eso el Estado central tiene que ajustar cuentas con los presidentes regionales.
Aunque las autonomías obtengan más dinero del sistema de financiación será insuficiente para pagar los servicios públicos con la misma calidad que en 2009, según concluyen los expertos escogidos por Hacienda para que elaboraran un proyecto de reforma de la financiación autonómica. 
De hecho, las estimaciones de estos académicos sitúan en unos 133.000 millones de euros en total —incluyendo sus ingresos propios— los recursos que necesitarían los Ejecutivos regionales para prestar los servicios de sanidad, la educación y la dependencia con las mismas prestaciones que hace una década. Es decir, necesitarían unos 16.000 millones más.
¿Por qué si reciben más dinero que en 2009 no pueden prestar los mismos servicios? Las comunidades son responsables de gastos crecientes. El capítulo que ilustra mejor este fenómeno es la sanidad. La Autoridad Fiscal (Airef) calcula que el gasto sanitario crecerá un 5% al año durante los próximos año. Tras esta evolución se esconde el envejecimiento de la población, la aparición de nuevos tratamientos más caros y el aumento del número de pacientes crónicos.
Hay más motivos que explican que las comunidades sigan manteniendo cierta austeridad. Aunque reciban más dinero procedente del sistema de financiación, la recaudación de sus impuestos propios vinculados al ladrillo, sobre todo impuesto de transmisiones (ITP), recaudan la mitad que antes de la crisis.

Pendiente de la reforma

Además, hace una década las comunidades recibían más fondos procedentes de Europa. Hasta 2006 España era el país europeo que más recursos percibía para las regiones más desfavorecidas. Pero tras la ampliación de la Unión Europea y, sobre todo, en el último presupuesto comunitario 2014-2020 se redujeron los flujos hacía las regiones.
Por eso, el debate sobre la financiación autonómica está en pleno apogeo. El Gobierno de Mariano Rajoy se ha comprometido a aprobar un nuevo marco a principios de este año. Aunque existen varios condicionantes que dificultan el proyecto. En primer lugar, el Ejecutivo central siempre ha puesto más dinero para acordar el sistema con todas las autonomías. 
Pero tras una década de crisis y con tareas presupuestarias pendientes no dispone de más recursos. Hacienda no cierra la puerta a compensar esta falta de dinero por una reestructuración de la deuda del FLA. 
Y en segundo lugar, la situación en Cataluña influirá en el sistema. La Generalitat ha liderado tradicionalmente todas las reformas y ahora existen más que dudas de que se involucre en la próxima reforma.

Las autonomías limitan al máximo la libertad de horarios comerciales


MADRID.- La apuesta que el Ejecutivo del Partido Popular hizo por liberalizar los horarios comerciales, ampliar el número de aperturas en festivos y promover la creación de zonas de gran afluencia turística (aquellas que por la alta densidad de turistas dispondrían de libertad absoluta para horarios y aperturas en festivos) se ha ido desinflando a medida que el partido presidido por Mariano Rajoy ha ido perdiendo peso en los grandes municipios y autonomías, recuerda hoy Cinco Días

Un fenómeno especialmente llamativo desde 2015, en el que el partido presidido por Mariano Rajoy dejó de gobernar en Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Baleares. 
Desde esa fecha, esas regiones y otras han desandado gran parte del trabajo realizado en la primera legislatura del PP. Fue el 3 de julio de 2012 cuando se aprobó la reforma dirigida desde la Secretaría de Estado de Comercio con cuatro grandes ejes: ampliar de 72 a 90 el número de horas que los comercios podían abrir durante la semana; elevar de 8 a 10 el mínimo de festivos para las aperturas; incrementar de 150 a 300 metros cuadrados el umbral del pequeño comercio a partir del cual disfrutaba de libertad para decidir cuántas horas y festivos abría; y la creación de 14 zonas de gran afluencia turísticas, sin ningún tipo de restricción.
Esos números eran mínimos y las autonomías disponían de libertad para elevarlos. Madrid es la única que ha apostado por la libertad absoluta de horarios y sigue defendiendo ese modelo por el impacto positivo que tiene en el empleo y en la actividad.  
Un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales a principios de 2017 subrayaba que el comercio había creado 20.8000 puestos de trabajo entre 2012 y 2016 y que de ellos 15.514 (tres de cada cuatro) estaban directamente ligados a la libertad comercial. Ese mismo estudio revelaba que la mayor actividad había generado una recaudación en impuestos de 1.107 millones en el mismo período.
Pero Madrid se ha quedado sola en su apuesta. Y una buena prueba de ello se comprueba en los festivos de apertura decretados por las comunidades autónomas para 2018. Solo hay tres regiones ( Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia) que se salen del mínimo de diez festivos de apertura para todo el año. Las restantes catorce se quedan en el suelo e incluso dos de ellas (País Vasco y Navarra) se valen de sus regímenes forales para llevarlo más abajo todavía, con ocho y nueve festivos respectivamente. 
El caso más representativo es Baleares, que de los 16 festivos de apertura que tenía fijados en 2016 pasó a 10 en 2017 y lo ha mantenido para 2018. Aragón también bajó de 11 a 10 en 2017 y lo conserva para el próximo ejercicio. Las únicas excepciones a esta tendencia han sido Murcia, que pasa de catorce a quince días, y Castilla-La Mancha, que se mantiene en 12 festivos.

Zonas de gran afluencia turística
Pero esa no es la única vía que han encontrado los municipios para tratar de limitar la libertad de horarios comerciales. La obligatoriedad de crear zonas de gran afluencia en municipios con más de 200.000 habitantes que registren un millón de pernoctaciones al año o que cuente con puertos donde atraquen cruceros con más de 400.000 pasajeros ha generado una picaresca entre algunos gobernantes. 
Así sucedió en el caso del Ayuntamiento de Coruña, que optó por decretar dos zonas de este tipo en la Torre de Hércules y en el cementerio de San Amaro, ambas alejadas del centro comercial. 
Algunas autonomías, como la Comunidad Valenciana, han optado por utilizar estas zonas para acotar la libertad de horarios y festivos en sus establecimientos, de tal manera que el resto no se podrá beneficiar. El pacto al que han llegado el Ejecutivo presidido por Ximo Puig y los representantes de las empresas y sindicatos establece que los comercios incluidos en esas cinco zonas, que según su criterio absorben gran parte de la oferta comercial de la comunidad, podrían abrir los 63 domingos y festivos del año.
El resto de comercio, incluidas las grandes superficies, se tendrán que conformar con 11 aperturas, una más al mínimo establecido para toda la comunidad. De esta manera, los grandes establecimientos situados en zonas comerciales de la periferia son los que salen peor parados, a menos que sus tiendas se encuentren dentro de una de las cinco zonas de gran afluencia turística. Y los grandes beneficiados son los trabajadores, que verán reducidos el número de festivos que tienen que trabajar, ya que bajan de 63 a 38.

Rebajas todo el año
Otra de las medidas que el Ejecutivo popular aprobó para estimular la actividad y el empleo ha sido la liberalización de las rebajas para que pudieran realizarse en cualquier temporada del año y no acotarse a las navidades.  
Esta propuesta se ha encontrado con el rechazo del pequeño comercio, que cree que le ha dejado en una situación de indefensión frente a las grandes superficies. “Las rebajas son un período que se fija para que las tiendas puedan desprenderse del stock de productos que no se han vendido en temporada, haciendo para ello un descuento sobre el precio original. Ese es el fin, y si se liberaliza, como ocurrió, se desvirtúa el concepto”, asegura Pedro Campo, vicepresidente de la Confederación Española de Comercio. 
En su opinión, la libertad para fijar períodos de rebajas hace que el pequeño comercio tenga más dificultades para competir con la política de precios de las grandes cadenas de moda. “No pueden comprar un producto para hacer rebajas a mitad de temporada, están en situación de desigualdad”, señala.



La UCO insiste en investigar a Zaplana por maniobrar en adjudicaciones a favor de la 'trama Púnica'


BARCELONA.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil insiste al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que el ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, debe ser investigado en el ‘caso Púnica’ por haber mediado entre cargos del PP para que favorecieran a la trama, principalmente a los empresarios investigados David Marjaliza y Alejandro de Pedro, según adelanta hoy La Vanguardia.

En un informe fechado el pasado 18 de diciembre, y al que ha tenido acceso La Vanguardia, los agentes encargados de los investigación señalan a Zaplana, ministro en la época de José María Aznar y ex presidente de la Generalitat valenciana, por haber realizado movimientos a favor de trama.
En un informe de noviembre, la UCO ya señalaba que podría haber cometido un delito de tráfico de influencias por contactar a la trama con la ex alcaldesa de Madrid y mujer de Aznar, Ana Botella. 
En el nuevo documento entregado en la Audiencia Nacional, los investigadores explican que a cambio de que le pusiera en contacto con políticos, De Pedro -dueño de una empresa encargada de hacer trabajos de reputación ‘on line’- le habría ofrecido alguna participación en un proyecto empresarial que tenía en marcha en Sudamérica.

Provecho de los contactos políticos

La Guardia Civil se basa para sus sospechas en conversaciones mantenidas entre De Pedro y el propio Zaplana, a quien le daba cuenta de los pasos que iba a seguir en sus contactos con autoridades en países como Panamá, Brasil o Guatemala. 
En este negocio tenía previsto invertir otro de los investigados en la causa, Javier López Madrid, yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir.
”De Pedro y su socio José Antonio Alonso formaban parte de un grupo de personas, vinculadas entre sí por relaciones personales y empresariales, que sacaban provecho de los vasos comunicantes entre el mundo empresarial y la vida política, siendo la puerta de entrada la reputación ‘online’, dimensión de la vida pública actual de una importancia
 creciente, muy en especial para personas o instituciones que dependen de la percepción social que se tenga de ellos, como es el caso de los cargos públicos electos”, recoge el informe.

Zaplana, expresión del tráfico de influencias

Asimismo, la UCO destaca que “una de las expresiones del uso del tráfico de influencias del que hacían uso De Pedro y Alonso han sido los repetidos contactos con Eduardo Zaplana de quién perseguían que les beneficiase en procesos de licitación”. 
En concreto, señalan la construcción de colegios a favor de David Marjaliza -amigo y socio durante años del ex número 3 de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y principal investigado en la causa- así como en una obra a una empresa vinculada al hermano de De Pedro.
En las conversaciones relativas a estos contactos existen “alusiones veladas” al pago de
comisiones. “La proximidad al poder político la habría labrado gracias a las labores de reputación personal de cargos ‘públicos y la contribución a las campañas electorales a través de los servicios web en lo que se conocía como ‘campañas 2.0’ y a través de los contactos en la vida política de su socio, José Antonio Alonso Conesa”, ex alcalde de Cartagena (Murcia).

“Participación encubierta”

En este ámbito, la Guardia Civil sostiene que Zaplana les facilitó los contactos con personas vinculadas con el Ayuntamiento de Elche (Alicante) para la contratación de una campaña de desprestigio en Internet en el marco de una situación de crisis política del gobierno municipal que había perdido la mayoría, que se pretendía financiar como la contratación de banners publicitarios.
”Ha quedado evidenciado el proyecto para dar participación a Zaplana en alguno de las iniciativas empresariales que tenía previsto poner en marcha Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso. 
En este punto, llama la atención que la participación de Eduardo Zaplana fuera de naturaleza encubierta, desconociendo el trasfondo del conflicto de intereses que pudiera existir en este aspecto”, concluye el informe.

Ignacio González, señalado

En otro informe, la UCO señala al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por presunta responsabilidad penal por haber favorecido a la trama con dinero del Canal de Isabel II a cambio de trabajos de reputación ‘online’ para su persona. 
Según el documento, De Pedro habría realizado trabajos de reputación ‘online’ tanto para González como para su antecesora, Esperanza Aguirre.
A cambio, desde la Comunidad de Madrid se habría adjudicado a las empresa de De Pedro de manera irregular para beneficiarle. 
Según la UCO, “el uso instrumental de empresas públicas como Canal de Isabel II e ICM, , donde varios de los implicados, como González, y los ex consejeros Borja Sarasola y Salvador Victoria, ocupaban cargos de responsabilidad, fue la estrategia nuclear empleada para encontrar vías alternativas de pago de la deuda por servicios reputacionales prestados a altos cargos de la Comunidad”.
González está encausado por otro asunto conocido como ‘caso Lezo’ por el que fue enviado a prisión el pasado 21 de abril y donde permaneció durante siete meses hasta que consiguió su libertad provisional durante la fase de instrucción.

La deriva centralista del Tribunal Constitucional limita los avances sociales


MADRID.- De un tiempo a esta parte, el Tribunal Constitucional (TC) se ha convertido en la instancia de primer orden para dilucidar conflictos meramente políticos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, según sostienen los expertos en derecho constitucional, según revela Público

Entre las sentencias más mediáticas dictadas en los últimos meses por el tribunal se encuentran la declaración de inconstitucionalidad de las leyes catalanas de transitoriedad jurídica y del referéndum de autodeterminación. No obstante, la inmensa mayoría de normas recurridas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy al TC tienen que ver con materias sociales, impidiendo a las comunidades autónomas cualquier desarrollo legislativo contrario al devenir del Gobierno.
Para tratar de esclarecer la mesura de los recursos de inconstitucionalidad planteados por el PP, el Tribunal Constitucional resuelve acudiendo al artículo 149 de la Constitución Española. Este apartado define la competencia exclusiva del Estado en materia de defensa, justicia, energía, actividad económica, nacionalidad y extranjería, o legislación civil, laboral y penal. El resto de materias que no competen en exclusividad al Estado, como la sanidad o la educación, corresponden a las comunidades autónomas “en virtud de sus respectivos Estatutos”.
Con la carta magna remando a su favor, el Gobierno del PP se ha decidido a impugnar toda aquella norma que llegue de los distintos territorios, en lo referente a pobreza energética, autoconsumo eléctrico, corridas de toros, emergencia social de vivienda, mejoras laborales, cobertura sanitaria a inmigrantes o cambio climático. El Estado suma ya a estas alturas diecisiete recursos de inconstitucionalidad presentados, fijando su punto de mira en Cataluña. El Gobierno ha impugnado en este ejercicio diez leyes catalanas, desde las referentes al “procés” hasta leyes del cine y del deporte.
Frente a la claridad de exposición que parece mostrar la Constitución al respecto, un apartado genera discordia en las comunidades autónomas respecto a las “supuestas” competencias exclusivas del Estado en diferentes materias. 
En el primer apartado del artículo 149.1 queda plasmado que el Estado asumirá “la regulación de las condiciones básicas” y, en las materias no atribuidas expresamente al Estado, el derecho estatal será suplementario. Aunque el porcentaje de fallo a favor del Gobierno es cercano al 100%, las comunidades autónomas y grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados han intentado, con escaso éxito, solicitar la protección de sus leyes en un total de treinta y cuatro ocasiones.
Al margen de quien recurre en mayor medida al órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución, la llegada de Rajoy a La Moncloa ha supuesto una escalada a la hora de recurrir al TC para conservar su importante parcela de poder desde el Ejecutivo. Las cifras son abrumadoras, en siete años de gobierno del PP las sentencias referentes a recursos y cuestiones de inconstitucionalidad no baja de la centena. En la década previa, el Tribunal Constitucional oscilaba entre veinte y sesenta sentencias al año, según detalla la memoria que publica anualmente el TC.

¿Recentralización encubierta?

Una de las acusaciones que los gobiernos autonómicos aluden reiteradamente, es el ataque indiscriminado al autogobierno de las comunidades, que estaría detrás del aumento de conflictividad con el Gobierno. 
Así lo expone Francisco Javier Palao, director de la Cátedra Institucional de Derecho Foral Valenciano en la Universitat de Valencia: “Estamos asistiendo ante una recentralización de las competencias. El Estado piensa que las comunidades han ido demasiado lejos y está plegando velas”. 
En el caso de la Comunidad Valenciana, expone el catedrático, al menos treinta normas han sido recurridas al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia. “Estamos hablando de normas que no suponen ningún peligro de secesión o de ruptura con la Constitución, sino de normas de aspecto social como la economía colaborativa o la prestación de la sanidad”, denuncia Palao.
En la misma línea se pronuncia José Antonio Montilla, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada: “El Tribunal Constitucional está haciendo una interpretación de las bases estatales que limita las competencias autonómicas. Esto se está demostrando en todas las sentencias con cuatro o cinco votos particulares de magistrados que rechazan esa interpretación”. 
Montilla expone una de las últimas sentencias que declara inconstitucional las pretensiones del reglamento del País Vasco, que pretende ampliar las prestaciones sanitarias a los extranjeros en situación irregular.
 “El TC rechaza que las comunidades autónomas estén ofreciendo esa prestación porque había una norma estatal en 2012 que les sacaba del Sistema Nacional de Salud. Los votos particulares aseguran que el mínimo común lo establece el Estado, pero no pueden impedir que las comunidades autónomas hagan mejoras con cargo a sus presupuestos. Eso es limitar su capacidad de autogobierno”.
Según asegura el catedrático de la Universidad de Granada, el TC está convirtiendo las bases que establece el Estado en el agotamiento de la materia y en una regulación exclusiva por parte del Gobierno central.
 “La mejora de las bases que pone el Estado por parte de las comunidades autónomas debería ser el sentido natural de la legislación y no al revés, que las bases agoten la regulación de la materia”, añade el experto en derecho constitucional.
El afán del Partido Popular por declarar inconstitucionales las normas autonómicas ha tenido el beneplácito del Tribunal Constitucional, aunque la legislación autonómica precediera a la existencia de una ley estatal en la materia. Este caso extremo se produjo en el conflicto entre Gobierno y Generalitat con la prohibición de las corridas de toros en 2010. “Esta sentencia una clara muestra del giro centralizador al que estamos asistiendo. Tras la ley catalana que prohibía las corridas de toros, el Gobierno por mayoría absoluta aprobó una ley que calificaba la fiesta de los toros como bien de interés cultural. Se aprovechó esta legislación sobrevenida a la prohibición para declarar inconstitucional la norma. 
Por lo tanto, se invadió el ámbito competencial de la comunidad autónoma de protección de los animales, que estaba antes de la declaración de interés cultural de las corridas”, detalla Xavier Arbós –catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona-.
El aumento de la suspicacia hacia el sesgo del TC a favor del Gobierno tiene su punto de inflexión en 2015 con la reforma del órgano, que cambiaba sus atribuciones con intención de confrontar a los líderes soberanistas encargados de la consulta del 9N en 2014. 
“El Gobierno de España pedía expresamente al TC que asistiera a los miembros del Govern de que tenían que cumplir las resoluciones del órgano. El Tribunal Constitucional no tramitó requerimientos concretos y eso tuvo como consecuencia que la ulterior acusación penal contra Mas, Ortega y Rigau naciera con una base endeble. Fue entonces cuando el PP, con la mayoría absoluta en el Congreso, promovió esa reforma competencial que añadía entre sus nuevas atribuciones la famosa multa coercitiva, y la suspensión de empleo y cargo público”, recuerda Arbós.
Pese a ese hecho puntual, la mencionada reforma tiene implicaciones de mayor calado para el papel de árbitro que venía ejerciendo el TC, reflexiona el catedrático de la Universitat de Barcelona: “Esta reforma conlleva que se esté colocando al Tribunal Constitucional en el primer plano del conflicto, cuando debería tener una imagen neutral. 
Además de árbitro, lo han convertido en agente sancionador que amenaza al que invade el campo competencial, porque ya había instrumentos para forzar la ejecución de sus sentencias. El resultado es que el Tribunal Constitucional cuando recibe un requerimiento de alguna de las partes para que ejecute sus resoluciones ya no se puede negar”.
La semana pasada, un grupo de diez catedráticos expertos en derecho constitucional presentaban el documento “Ideas para una reforma de la Constitución”, destinado a corregir los déficits de nuestra carta magna. 
 Entre el grupo de expertos, se encuentra el catedrático José Antonio Montilla, quien defiende una solución urgente para un reparto de competencias que ha resultado ser extremadamente conflictivo. “La mejor forma para limitar esa conflictividad es que exista un Senado transformado, que esté compuesto por los gobiernos autonómicos y que tenga que acordar esas bases con el Estado. 
Tenemos el ejemplo de Alemania, donde apenas hay uno o dos recursos de inconstitucionalidad al año, con una segunda cámara que está formada por los gobiernos de los länder y que, para aprobar determinadas leyes que afectan a las regiones, se negocian. Hay un respeto y un acuerdo mutuo para no pisarse”, sostiene José Antonio Montilla.
A las mismas conclusiones llega Jorge O. Bercholc, quien acaba de publicar la obra “La producción del Tribunal Constitucional de España a través del control de constitucionalidad”. 
En su exhaustivo análisis de la labor del tribunal, llega a la conclusión de que ha habido una judicialización de la puja política por el reparto territorial del poder, agravada por la ausencia de un contrapeso parlamentario, que acarrea el riesgo de extralimitación en sus funciones. 
A lo largo de su obra, también deja constancia del marcado sesgo ideológico que impregna al TC desde la última etapa de Aznar en el Gobierno, que facilitó en la siguiente legislatura una disidencia entre los magistrados conservadores hacia las normas del Ejecutivo de Zapatero. 
En el análisis cuantitativo de la batalla competencial, Bercholc concluye que “las declaraciones de inconstitucionalidades de normas autonómicas son, proporcionalmente, casi el doble que para las nacionales”. 
En cuanto a comunidades, País Vasco y Cataluña han centrado la mayor cantidad de conflictos, con una treintena de normas declaradas inconstitucionales entre 1980 y 2011.

Defensa invertirá unos 1.500 millones adicionales para el nuevo submarino S-80


CARTAGENA.- El Ministerio de Defensa y el astillero público Navantia ultiman ya el acuerdo para elevar el presupuesto del nuevo submarino S-80 de la Armada Española en unos 1.500-1.800 millones de euros adicionales, según fuentes cercanas a este programa especial de armamento, que hoy cita Abc

Con un techo de gasto actual de 2.135 millones de euros y después de haberse solventado los problemas del diseño original por la desviación de pesos aparecidos en diciembre de 2012, Navantia ya trabaja en sus astilleros de Cartagena en la versión definitiva conocida como S-80 Plus. El calendario de entregas de los cuatro nuevos submarinos de la clase S-80 se estima ahora en: septiembre de 2022, mayo de 2024, marzo de 2026 y julio de 2027.

Estos nuevos sumergibles con nombre Isaac Peral (S-81), Narciso Monturiol (S-82), Cosme García (S-83) y Mateo García de los Reyes (S-84) deberán relevar a los actuales Galerna (S-71), Mistral (S-73) y Tramontana (S-74), que alcanzarán así los 40 años de servicio al final de su vida útil después de las obras de revisión a las que van a ser sometidos en los próximos años. El Siroco (S-72) fue dado de baja en 2012.
La elevación del techo de gasto del submarino S-80 hasta la horquilla final de los 3.635-3.935 millones de euros es uno de los proyectos que maneja el Ministerio de Defensa para el nuevo ciclo de inversión industrial, anunciado por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el pasado 5 de diciembre.
Además de esta nueva fase del submarino, necesaria para seguir con el proyecto, se esperan concretar nuevas inversiones en proyectos como la nueva fragata F-110 de la Armada Española, el nuevo vehículo de combate 8x8 del Ejército de Tierra o nuevos aviones Eurofighter que permitan sustituir a los veteranos F-18 de la base de Gando (Gran Canaria).

Respecto al submarino S-80, el propio secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, ya reconoció en su comparecencia del pasado 30 de marzo ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados que con el actual techo de gasto de 2.135 millones (de los que ya se habían pagado 1.774 millones, financiados por el Ministerio de Industria) sólo se permitiría entregar la primera unidad de los cuatro submarinos previstos.
Evidentemente, los contratiempos acaecidos en el diseño del submarino han originado la desviación del presupuesto inicial. En total ha habido cuatro retrasos en el proyecto del submarino S-80, siendo el más importante el detectado en el desvío de pesos en el submarino de 125 toneladas, siendo necesario acometer un nuevo rediseño del mismo, con un incremento de la eslora en 10 metros.
Desde el astillero de Navantia en Cartagena ya se da por superada esa etapa de contratiempos tras haber pasado con éxito la fase de Revisión Crítica de Diseño (CDR, en sus siglas en inglés) en julio de 2016 y su último gran hito, el pasado mes de noviembre, con la Revisión de Integración de Sistemas (SIR), necesaria para comprobar que en el doble casco del submarino se podrán adaptar los sistemas de comunicaciones, navegación, sonar, combate, torpedos…
«El submarino S-80 es el mayor reto tecnológico al que nunca se ha tenido que enfrentar Navantia. Hasta ahora éramos constructores de submarinos pero no diseñadores», especifican fuentes del astillero participado en su totalidad por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Efectivamente, en los 102 años de historia del Arma Submarina en España siempre se construyeron o estuvieron en servicio submarinos con diseño estadounidense, italiano, alemán o francés. 
Para explicar los contratiempos o retrasos del submarino S-80, también se alude a la dificultad que estos proyectos de tecnología puntera siempre conllevan. Por ejemplo, Reino Unido ha experimentado similares adversidades con su recién estrenado portaaviones Queen Elizabeth o EE.UU. ha tenido grandes desviaciones presupuestarias con el destructor de la clase Zumwalt o el portaaviones de la clase Gerald Ford.
El proyecto del submarino español S-80 implica a más de 2.127 empresas, 854 de ellas españolas siendo las principales Navantia, Indra, Saes, Técnicas Reunidas, Gamesa, Exide, Bionet, Sainsel o la estadounidense Lockheed Martin, que integrará el sistema de combate.
Asimismo, y para solventar la última crisis acontecida con la desviación de los pesos, el astillero Navantia ha contado con el apoyo técnico del astillero estadounidense General Dynamics Electric Boat y la US Navy. 
«Además de revisarse el proyecto con el alargamiento de los diez metros de eslora que equivalen a 16 cuadernas para ganar flotabilidad, se ha cambiado el diseño de construcción con un modelo más próximo a la ingeniería de sistemas aeroespacial», explican las mismas fuentes.
Los cuatro nuevos submarinos S-80 resultantes tendrán una eslora de 80,81 metros, una manga de 11,68m., un diámetro de 7,30m., una autonomía de hasta 50 días de navegación bajo la superficie y una dotación de unos 40 marinos (frente a los 69 actuales) dada la digitalización de sus sistemas.
Una de las novedades de este submarino diesel-eléctrico es su sistema de propulsión anaerobia que le hará navegar en las profundidades independientemente del aire («Air Independent Propulsión», AIP) lo que le proporcionará mayor autonomía y discreción (no tendrá que ir a flote con la actual frecuencia).
La obtención tecnológica de este sistema de propulsión AIP es otra de las dificultades del proyecto del submarino S-80 Plus. Finalmente, y para salvaguardar el calendario de entregas tras el rediseño del submarino, se ha optado por «desacoplar el desarrollo del AIP de la construcción».
Es decir, los trabajos de desarrollo del AIP irán en paralelo: «Los dos primeros submarinos entregados no contarán con AIP, a los que se les acoplará posteriormente en una parada de mantenimiento. El tercero y cuarto sí se entregarán con AIP», explican por su parte fuentes de la Armada Española.
Dos empresas nacionales –Técnicas Reunidas y Abengoa– trabajan en el desarrollo del AIP, una propulsión que hasta ahora no había sido desarrollada en submarinos de unas 3.000 toneladas como lo será el S-80. El Ministerio de Defensa deberá decidir cuál de los dos proyectos se hace acreedor finalmente del desarrollo final.
En estas fechas, los trabajos en el astillero de Navantia de Cartagena continúan a paso firme construyendo los cuatro submarinos a la vez. Se espera como próximo gran hito que en el verano de 2020 se pueda sacar del dique seco el primer sumergible y ponerlo a flote, «un momento en el que el submarino ya está construido al 90 por ciento». 
Además, en 2019 comenzarán las obras en las infraestructuras del Arsenal de Cartagena para adaptarlas al futuro submarino de la Armada Española.

La Armada ya ha recibido el primer simulador de Indra

En abril de 2017 la tecnológica española Indra entregó a la Armada el primero de los dos simuladores del submarino S-80. Se llama Simpla (simulador de plataforma) y en él se instruyen los marinos de la Escuela de Submarinos de Cartagena en el manejo del puesto de timonel (un «joystick» conducirá al submarino), el sistema de propulsión y baterías. 
«En total hay 30.000-50.000 señales de las que hay que estar pendiente», explica el teniente de navío Salvador Martínez, jefe de logística de la Flotilla de Submarinos. La digitalización en el manejo del S-80 respecto al S-70 permitirá una gestión de la información más fácil.
A lo largo de 2018, la Escuela de Submarinos recibirá ya el segundo simulador (Simtac) que recreará escenarios tácticos con empleo de armas y sensores. El plan de adiestramiento que ya ha trazado la Armada Española contempla que a finales de 2019 se designe la primera dotación del submarino S-81 Isaac Peral.

El AVE llegará en 2018 a Castellón, Granada, Burgos, Murcia y a las puertas de Galicia


MADRID.- La red española de ferrocarril de Alta Velocidad seguirá extendiéndose este año 2018, cuando está previsto que llegue a Castellón, Murcia, Granada y Burgos y, además, alcance las 'puertas' de Galicia.

De esta forma, la red AVE española, que actualmente suma una longitud de 3.146 kilómetros, se consolidará como la segunda del mundo detrás de la china y la primera de Europa.
La puesta en servicio de nuevas conexiones de Alta Velocidad tendrá lugar después de que en 2017 se haya conmemorado el 25 aniversario de la inaguración de la conexión Madrid-Sevilla, la primera línea del AVE del país, que actualmente conecta directamente más de treinta de ciudades.
A ellas se unirán a lo largo de este año Granada y Castellón, toda vez que las obras de conexión con estas ciudades, desde Antequera y desde Valencia, respectivamente, ya concluyeron a lo largo de este pasado ejercicio y actualmente se realizan las pruebas previas a su puesta en servicio comercial.
Asimismo, Fomento estima que durante este nuevo año concluirán los trabajos y comenzarán dichas pruebas en el caso de la conexión desde Palencia con Venta de Baños y Burgos, y en el enlace con Murcia, en este caso desde Alicante.
De igual forma, el AVE a Galicia alcanzará ya las 'puertas' de esta Comunidad, dado que a lo largo del ejercicio concluirá la construcción del tramo desde Zamora hasta la localidad de Pedralba de la Pradería, próxima a la 'frontera' con Ourense.
Además, el Ministerio que dirige Iñigo de la Serna espera la terminación también este año de la conexión subterránea y por vías de AVE entre las estaciones de tren madrileñas de Chamartín y Atocha.
Se trata de un importante enlace, ya que, además de complementar los ya existentes de vías convencionales entre las dos estaciones, permitirá la permeabilidad y comunicación entre los corredores AVE del Norte, que ahora parten de Chamartín, y los del Sur y el Levante, que salen de Atocha.
En paralelo, Fomento, a través de Adif, seguirá trabajando en el desarrollo de los corredores AVE en construcción, como son la 'Y' vasca y su conexión con Burgos, el Corredor Mediterráneo, el AVE extremeño, el enlace con Asturias por los túneles de Pajares, y el AVE de Navarra.
La extensión de la red AVE, que promueve y gestiona Adif, permitirá a su vez a Renfe ampliar los servicios que presta por estas líneas y combinando las de Alta Velocidad con las convencionales para extender los ahorros de tiempo que permite la Alta Velocidad a las ciudades a las que aún no llega directamente.
Así, la operadora prevé cerrar el año con un nuevo récord de viajeros transportados en este tipo de trenes, que será el quinto consecutivo, toda vez que en 2016 un total de 35,2 millones de usuarios eligieron el AVE y la Larga Distancia.
Renfe calcula que en sus primeros 25 primeros años en servicio, los trenes AVE han transportado a unos 140 millones de euros y 52 millones de pasajeros más en los combinan los dos tipos de vías. Además, el AVE ha ganado la 'batalla' al avión en la conexión directa desde Madrid con las distintas ciudades a las que conecta.

El Consell contrata el plan para definir el modelo de Alicante y Elche


ALICANTE.- La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha adjudicado la redacción del Plan de Acción Territorial (PAT) de Alicante y Elche a un grupo de expertos encabezados por la Universidad de Alicante (UA), consultoras especializadas, además de profesionales y técnicos con experiencia en la elaboración de planes territoriales de alcance supramunicipal dentro de la Comunitat Valenciana, por un importe total de 255.000 euros. 

Este plan afectará a 14 municipios y a una población de unos 765.000 habitantes, lo que supone el 15% de la población de la Comunidad Valenciana y el 40% de la población provincial. Abarcará una superficie de un total de 1.233 kilómetros cuadrados con una densidad de 621 habitantes por kilómetros, casi tres veces por encima de la media regional, detalla la Generalitat. El Consell espera que se pueda exponer al público en una primera versión durante el segundo semestre de 2018.
El documento deberá contener la definición de la infraestructura verde del área funcional de Alicante y de Elche y del sistema de movilidad sostenible, así como la propuesta del sistema de ciudades. Un gran apartado del PAT será la propuesta del sistema de ciudades donde se analizará todo el planeamiento municipal, su estado jurídico y su compatibilidad con la infraestructura verde y la Estrategia Territorial de la Comunidad. 
Además, se estudiaran las zonas de oportunidad y de nueva centralidad, susceptibles de acoger los nuevos usos y actividades estratégicas de futuro, que deberán estar conectadas con sistemas de transporte sostenible de alta capacidad.

Podemos: Aeropuerto 2018 / Andrés Pedreño *


1. El Aeropuerto de Corvera (denominado oficialmente y con cierta sorna Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia) nunca debió construirse, no solamente porque ha resultado una ruina para la ciudadanía, sino porque era absolutamente innecesario dada la proximidad del Aeropuerto de San Javier y del Aeropuerto de Alicante, ambos integrados en la red estatal de AENA. El Aeropuerto de Corvera fue un capricho muy caro de los gobernantes del PP.

2. El Aeropuerto de San Javier ha demostrado ser un aeropuerto en continuo crecimiento y exitoso, no habiendo ninguna razón económica que justifique su cierre. Además el hecho de estar integrado en la red estatal de AENA garantiza que sus hipotéticas pérdidas en un momento determinado queden compensadas con las ganancias de otros.

3. El modelo aeroportuario español es un modelo centralizado, en el que una empresa mixta con mayoría de capital público (51%), AENA, estructura la gestión aeroportuaria de un red de aeropuertos en los que su know how, su experiencia de gestión y su solvencia financiera combina la rentabilidad con la seguridad y la pervivencia de una red que presta servicios en todo el territorio. 

En este sentido, AENA es la garante del sistema público de transporte aéreo. El sistema puede ser mejorable, pero en última instancia es el control público de la empresa, ejercido a través de ministerio de Fomento el que sirve de tutela y conciliación de los intereses generales y los puramente mercantiles de optimización del beneficio y rentabilidad.

Por tanto, un aeropuerto en la Región de Murcia, integrado en la red pública de AENA viene a garantizar la inclusión de nuestra Región en un sistema de transporte público que otorga seguridad, calidad y rentabilidad. Dicho así, podría pensarse que estamos ante una quimera, pero el Aeropuerto de San Javier ha venido a demostrar en los últimos años que resulta posible aunar estos tres vectores con éxito. Ha sido reconocido como el mejor aeropuerto de los de su categoría en dos ocasiones y con más de un millón de pasajeros al año y beneficios en su cuenta de resultados, constituye una de las joyas de la corona de AENA.

4. El problema estriba en la incompatibilidad de dos aeropuertos tan próximos (entre Corvera y San Javier hay apenas 40 km.). El Gobierno regional e incluso AENA ha reconocido que abrir el Aeropuerto de Corvera supondría el cierre de San Javier. Por ello, Podemos Región de Murcia siempre ha defendido que, independientemente de su ubicación (San Javier o Corvera), nuestra opción es un aeropuerto público en la Región de Murcia y, por tanto, integrado en la Red de AENA y regulado por los Presupuestos Generales del Estado. Consideramos que esta es la única garantía real de que la ciudadanía no seguirá siendo esquilmada con más aventuras aeroportuarias y de que los trabajadores del aeropuerto de San Javier sean recolocados sin problemas.

5. Podemos Región de Murcia defendió un acuerdo multilateral entre el ministerio de Fomento (AENA), el ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que el Aeropuerto de Corvera fuera adjudicado a AENA, incluido en la red pública de transporte e incorporase un traslado ordenado de San Javier con plena garantía de los derechos de los trabajadores, del área comercial y de las compañías aéreas con slots vigentes en el aeropuerto marmenorense.

Pero de nuevo el empecinamiento de la nueva hornada de líderes populares, con Pedro Antonio Sánchez a la cabeza, y la defensa a ultranza del modelo privado discrecional (privado para los amigos) dirigió los destinos de Corvera hacia el concurso y con ello a la gestión privada, a la exclusión de aeropuerto regional de la red pública de transporte aérea y a buscar una competencia incomprensible con el único y rentable aeropuerto público de la Región.

6. El Gobierno regional apostó por la vía del concurso para adjudicar el aeropuerto de Corvera, una concesionaria que ha resultado ser finamente AENA. ¿Significa esto que el aeropuerto de Corvera estará dentro de la Red Estatal de Aena y regulado por los Presupuestos Generales del Estado? No, pues la concesión se la ha llevado una filial de AENA que gestionará el aeropuerto como un negocio privado. 

El resultado es el que todos conocemos, AENA se ha adjudicado el concurso ante la incomparecencia de otros postores (que asomaron únicamente al albur del interés depredatorio), pero lo ha hecho bajo la fórmula de aeropuerto privado y a fin de asegurar un ordenado desmantelamiento de su negocio en San Javier, a fin de poder derivarlo a otros destinos y sin tener la obligación de incluir Corvera en la red pública estatal.

7. En estas condiciones, el cierre del Aeropuerto de San Javier plantea un serio riesgo de que en la Región de Murcia terminemos sin disponer de un aeropuerto público. Además de que esto no ofrece suficientes garantías para el mantenimiento de los derechos de los trabajadores. Este caso puede terminar siendo el primer experimento de privatización aeroportuaria del PP. Los murcianos volveremos a ser conejillos de indias de un nuevo experimento en política de infraestructuras. AENA se sacude el servicio público en la Región de Murcia y lo pone en bandeja para vender el nuevo negocio a un tercero en el medio plazo.

8. Podemos sigue insistiendo en la devolución de los más de 200 millones de dinero público del aval concedido a Aeromur para abrir el Aeropuerto de Corvera y que sigue costando a los murcianos más de 15.000 euros diarios. Recordemos que el empecinamiento en erigir el así denominado Aeropuerto Internacional en la Región de Murcia, a mayor gloria de los fastos inmobiliarios que acabaron protagonizando la crisis, condujo al gobierno regional a proyectar y ejecutar un aeropuerto, Corvera, que nació ruinoso y cuyo plan de negocio resultó tan inconsistente que la entidad concesionaria, Aeromur, se desmarcó del mismo provocando la ejecución del aval prestado por la administración regional con un coste para las arcas públicas de 182 millones de euros, coste que se ha ido incrementando año a año.

Pese a las maniobras maquilladoras que siguen vendiendo la ventura de este aeropuerto, debemos parar unos momentos y analizar el pecado original de Corvera, que no es otro que el haber sido concebido como un aeropuerto privado, situado fuera de la red pública estatal. 

Solo así se conciben las prácticas predatorias que sobre el mismo han practicado parte del empresariado murciano, la propia administración popular e incluso las empresas gestoras low cost que se han asomado a los concursos públicos a fin de tantear pelotazos al estilo aeropuerto de Castellón.



(*) Sociólogo, profesor de la UMU y diputado regional de Podemos

Año nuevo: ¿PP nuevo? / Alfonso Rojo *

La fórmula infalible para convertir un problema en una catástrofe es ignorarlo y me da que este PP que nos gobierna anda en ello.

Lo estuvo durante años, en los que con ingenuidad escolar se aferró a la tesis de que pasaría nada dramático en Cataluña, porque lo que pregonaban la Generalitat y los apóstoles del independentismo era contrario a la Constitución, ignorando que el que algo sea ilegal, irracional o perjudicial no lo hace imposible.

Nadie puede alegar que no estaba avisado, porque los golpistas se hartaron de anunciarlo, de viva voz, por escrito y en prime time en TV3 y RTVE.

Y todo lo que Rajoy y sus ministros creían que no iba a ocurrir, ha ocurrido: las leyes de desconexión, el referéndum ilegal, la declaración de independencia...

No tiene sentido ponerse a llorar por la leche derramada, pero hay que sacar consecuencias con urgencia, porque los golpistas siguen a lo suyo y aunque a algunos les ha entrado el cagazo, volverán a las andadas en unos días, cuando retuerzan el reglamento del Parlament, para que el prófugo Puigdemont sea investido en Bruselas.

Y si les sale bien, lo que es probable porque cuentan con el respaldo de Pablo Iglesias y los zarrapastrosos de Podemos, darán nuevos pasos.

El drama en Cataluña no ha sido nunca la falta de leyes, sino la ausencia de voluntad real de aplicarlas y la creciente y vergonzosa incomparecencia del Estado.

Quizá me equivoque, pero creo que el PP, no está capacitado para pilotar ese enérgico cambio de rumbo que necesita España. Se ha anquilosado como organización y prueba de ello es que en La Moncloa y en la calle Génova todavía no se han enterado de la razón real por la que se llevaron el cacharrazo del 21-D.

No hace mucho, me preguntaba cariacontecido un dirigente popular cómo es posible que, teniendo los socialistas casos de corrupción de mucha más envergadura que los suyos, siempre se identifique al PP con la podredumbre y no al PSOE.

Es evidente: porque el mangante del PSOE reparte, coloca gente, arregla la pensión de una suegra o ayuda a su chófer cocainómano y el del PP lo pilla todo para él.

Pues con Cataluña les pasa igual: en lugar de asumir la culpa colectiva y aceptar que Rajoy apareció débil o diletante y sigue flojo, están el sálvese quien pueda de siempre y se aferran como lapas a que el fallo estuvo en el candidato o en la comunicación.

Que les den, pero si siguen así va a ser difícil votarles.


(*) Periodista


Presidente 'in partibus' / Ramón Cotarelo *

Sí, presidente en la parte del infiel. Pues, aunque el catolicismo es mayoritario en Bruselas, se trata de un catolicismo muy poco católico porque, por ejemplo, nunca gustó de la Inquisición, gran organizadora de festejos y hogueras populares. 
 
Por eso hubo que decapitar a Egmont, para que sentara la cabeza. Decapitar en serio, no como esos descabezamientos de Rajoy que más parecen descabezamientos de la Hidra. Nueve cabezas por cada una que corta. Diez independentistas cada vez que abre la boca.

La cuestión de la investidura de Puigdemont como legítimo presidente de la Generalitat, sobre la que parecen devanarse los sesos los independentistas no es una cuestión jurídica, sino política. No es cosa de saber si tal o cual artículo del reglamento permiten una investidura in absentia, entre otras cosas porque para ello antes debe constituirse el Parlament y no está claro que pueda con ocho diputados electos ausentes. 

Se trata de posibilitar la aplicación del resultado de las elecciones para lo cual hay que retirar los cargos que se formulan contra los presos preventivos y los exiliados. De no hacerse así, pretextando una imaginaria separación de poderes, la única alternativa es que Rajoy otorgue un salvoconducto a Puigdemont para entrar en Catalunya al modo en que el Rey de los Romanos, Segismundo, se lo otorgó al hereje Juan Hus en tiempos que cada vez se parecen más a estos. Y no creo que M punto Rajoy sea más de fiar que Segismundo. 

Una acusación frecuente al independentismo desde el bloque del 155 es la de jugar a hechos consumados. Es discutible e irrelevante desde el momento en que hecho consumado típico es decirle a otro: "elige lo que quieras que yo haré lo que me dé la gana". Como hecho consumado fue encarcelar a los dirigentes independentistas. Y en ambos casos justificados con el mismo error: la seguridad de que, consumado el hecho, habría una pequeña reacción y volvería la calma de inmediato. Fue falso, es falso y seguirá siendo falso. 

Proseguir con el 155 en Catalunya es fomentar la inoperancia, la inestabilidad. Cuando no la turbulencia que no se produce a causa del carácter democrático, cívico y pacífico del movimiento que se pretende sofocar.
Si el bloque del 155 retorna a la sensatez, tan invocada en sus discursos, reconocerá los resultados de las elecciones del 21D, liberará a presos y exiliados políticos, allanará el camino para la constitución de un gobierno apoyado en una mayoría absoluta indpendentista. Y, luego, abrirá un diálogo y una negociación con ese govern para encontrar una solución libremente aceptada por las dos partes.
 
Noche de máscaras
 
Ayer tuve que pelear con blogger un buen rato para que me dejara subir una foto de fiesta de fin de año. Lo conseguí, pero solo me dejó subir una. Luego se cerró y ya no pude ni editarlo. Hoy parece la cosa más normal, así que subo también esta foto como complemento para que se vea que venimos preparados para todo. 

¡Guy Fawkes y máscaras venecianas seremos los impasibles espectadores de vuestras derrotas! Gentes de la mala hora, las que seguís empañadas en amargar la vida a los demás, las que dejáis sin recursos a los débiles mientras llenáis los bolsillos de los privilegiados y los ladrones de toda laya. 
 
Las que os dais golpes de pecho mientras robáis el dinero de los desempleados, los dependientes y pensionistas; las que machacáis a la ciudadanía en la calle cuando protesta; las que perseguís y encarceláis catalanes por querer decidir democráticamente su destino; las que soltáis a vuestros matones y parientes a amenazar a los ciudadanos; las que tenéis a la gente en el paro o cobrando salarios de miseria o yéndose al extranjero; las que os gastáis nuestro dinero en comprar armas al amo que ni siquiera sabéis manejar; las que hacéis guerra sucia financiada con fondos públicos que malversáis; las que robáis esos mismos fondos públicos en forma de comisiones, mordidas y sobresueldos y vais luego dando lecciones de ética; las que condecoráis vírgenes pero tenéis a los mendigos buscando comida en los contenedores o a los niños en barracones; las que dejáis sin fondos la lucha contra la violencia de género pero financiáis unas torturas salvajes llamadas corridas de toros; las que compráis a precio de oro a esbirros que canten vuestras glorias en los medios, auténticos truhanes capaces de vender a su madre por una colaboración en la tele. 
 
A vosotros, políticos tramposos y corruptos, empresarios explotadores, policías sádicos, jueces vendidos, señoritos de medio escupitajo, expertos a tanto el consejo, economistas trileros, sociólogos de canutazo, escritores a la voz del amo, curas rijosos y violadores, filósofos de varias verdades, politólogos en almoneda, funcionarios aprovechados, enchufados, asesores analfabetos, banqueros usurarios. 

Y a todos los que sostenemos con nuestro voto a esta manga de sinvergüenzas, logreros y arribistas del PP, el PSOE, C's o Podemos que ha destruido el país convirtiéndolo en el vomitorio de Europa.

Mal año a todos.

Libertad para los presos y exiliados políticos.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
 

La vía Junqueras / José Antich *

El mes de enero que se acaba de iniciar tendrá antes de la constitución del Parlament, el próximo día 17, al menos dos platos fuertes judiciales: el día 4 el vicepresident Oriol Junqueras comparecerá ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que debe estudiar el recurso que presentó para su puesta en libertad, y el día 11 el conseller Forn y los Jordis, Sánchez y Cuixart, han pedido ampliar su declaración ante el juez instructor del Supremo Pablo Llarena con el mismo objetivo de abandonar la prisión.

En el caso de Junqueras son 60 noches privado de libertad. Las mismas que las de Forn. Los Jordis suman una veintena más, ya que ingresaron en Alcalá Meco unas semanas antes. Ha sido el president Puigdemont el primero que no ha querido esperar muchas horas del nuevo año para destacar que en España había presos políticos por defender sus ideas y reclamar su urgente puesta en libertad.

Aunque la fiscalía mantiene en los cuatro casos el criterio de que han de permanecer en prisión preventiva, es obvio que las circunstancias han cambiado desde su ingreso con las elecciones del pasado día 21, además de ser muy discutible las medidas que se han adoptado, como ha puesto de relieve el magistrado Martín Pallín. 

Si la prisión y el exilio tuvieron sus consecuencias durante la campaña, es obvio que también las tiene en la apertura del Parlament y en la negociación del nuevo Govern. Tanto es así que el PP no deja de animar a Ciudadanos y al PSC a que intenten apoderarse de la Mesa del Parlament, aprovechando las circunstancias judiciales. Ocho diputados de Junts per Catalunya y de Esquerra podrían tener dificultades desde la prisión o desde el exilio para acceder al Parlament. Siempre que los comuns mantengan una actitud equidistante en las votaciones. 

Todo ello se ha de dirimir en lo que respecta a la posición judicial en los próximos diez o quince días. Casualidades o no, ambos calendarios se van a solapar. Y la primera señal será la evaluación de la Sala Penal del TS. La vía Junqueras y su salida de la prisión sería un primer paso para normalizar la legislatura y rebajar la tensión. Igualmente, la libertad el día 11 de Forn, Sánchez y Cuixart.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


Revista de Prensa / Alfredo López-Luque *


Portadas de prensa y di­gi­tales ge­ne­ra­listas do­mi­nadas este primer día la­bo­rable de 2018 tras el largo fin de de Nochevieja y Año Nuevo por el desen­lace de la tra­gedia de Diana Quer y la pri­sión para El Chicle. Y un re­galo an­ti­ci­pado de Reyes en pri­mera plana de El País: ‘Las au­to­no­mías re­ci­birán este año más di­nero que nunca: el sis­tema de fi­nan­cia­ción apor­tará 105.051 mi­llones por el tirón eco­nó­mico' (J. Sérvulo González). 

La tensa calma chicha en Cataluña para formar Govern en es­pera de si Junqueras sale o no de la cárcel y si Puigdemont se atreve o no a re­gresar de Bruselas llena pá­ginas y pan­ta­llas con múl­ti­ples ver­sio­nes, en medio de un clima po­lí­tico to­tal­mente cam­biado en toda España tras el 21-D, como re­velan hasta cuatro en­cuestas al ce­rrar y abrir año: La Sexta re­coge que Cs le pisa los ta­lones al PSOE; Simple Lógica con­firma que esos dos par­tidos están a punto de al­canzar a su vez al PP; en El Español, pri­mera parte de un sondeo de SocioMétrica: El 58% de los es­pañoles cree que la si­tua­ción po­lí­tica em­peo­rará en 2018 y sólo un 5% que me­jo­rará; el 41,7% de los ciu­da­danos con­si­dera que España fue a peor en 2017 res­pecto a 2016; tam­bién em­peora la per­cep­ción de los ciu­da­danos sobre la si­tua­ción eco­nó­mica (Alberto Lardiés). Y NC Report en La Razón: El ‘efecto Arrimadas’ im­pulsa a Cs como ter­cera fuerza con 25 es­caños más (Andrés Rojo). 

Mucho im­pacto de las de­cla­ra­ciones de Guindos sobre los mil mi­llones que ha cos­tado hasta ahora el 'procés' a la eco­nomía es­pañola, y ex­pec­ta­tiva ante la reac­ción a la pri­mera emi­sión de bonos del Tesoro tam­bién el jue­ves, como cuenta José Hervás en CapitalMadrid. 

OTROS TITULARES DESTACADOS. Cinco Días: Las subidas del gas, la luz, el te­lé­fono y los peajes abren 2018 (Elisa Castillo). Otro ti­tu­lar: Luis Galiano, del es­tudio RCCyP: 'Habrá un mag­ní­fico hotel en el Edificio España sin ne­ce­sidad de de­mo­lerlo' (Alfonso Simón Ruiz). Expansión: ACS, Acciona y FCC dis­paran su ne­gocio ex­te­rior: las cons­truc­toras es­pañolas re­fuerzan su car­teras in­ter­na­cio­nales con más de 44.000 mi­llo­nes. Otro ti­tu­lar: Así irá la eco­nomía es­pañola en 2018: tendrá un im­por­tante cre­ci­miento pese a la in­cer­ti­dumbre de Cataluña. Otro ti­tu­lar: Citi, JPMorgan y Santander li­deran la banca de in­ver­sión. Otro ti­tu­lar: Vips, 100 Montaditos, Telepizza, Lizarrán y Rodilla ganan mer­cado: abren más es­ta­ble­ci­mien­tos. 

Capital Madrid: Analistas e in­ver­sores pre­fieren el Santander al BBVA para 2018 (Quesada Vargas). Otro ti­tu­lar: AVE La Meca-Medina, la obra fa­raó­nica que puso en jaque al Gobierno es­pañol y al Rey, ame­nazó la marca España y su repu­tación in­ter­na­cio­nal, cuando Arabia Saudita debió buscar fi­nan­cia­ción ex­te­rior por el hun­di­miento de los pre­cios del pe­tróleo (Julián González). El Confidencial: Hacienda in­ves­tiga al dueño de Endesa al no pagar im­puestos por su in­ver­sión en España (Agustín Marco). Otro ti­tu­lar: La AN se­guirá in­ves­ti­gando Caixabank hasta 2020 al de­clarar el caso 'causa com­pleja' (Daniele Grasso). Otro ti­tu­lar: Santander y Blackstone lanzan el mayor cré­dito in­mo­bi­liario desde la cri­sis: 7.000 mi­llones para el vehículo del la­drillo del Popular (Eduardo Segovia). 

El Economista: Bruselas ya sólo man­tiene a España en el pro­ce­di­miento por dé­ficit ex­ce­sivo (José Luis Bajo Benayas). Otro ti­tu­lar: Multa de 83 mi­llones a BBVA por una ope­ra­ción irre­gular en EEUU: el banco es­pañol no ds­carta pre­sentar un re­curso de ape­la­ción (Fernando Tadeo). Vozpopuli: Peligra la ope­ra­ción Chamartín: la len­titud de Carmena as­fixia los plazos (Raúl Pozo). Otro ti­tu­lar: Metro con­firma que la eco­nomía ma­dri­leña fun­ciona: crece el trá­fico en 42 mi­llones de pa­sa­je­ros, un 7% Pedro Blasco). La Información: Fomento desatasca las in­ver­siones pro­me­tidas en el ae­ro­puerto de El Prat (Fernando H. Valls). 

OPINIONES. Editorial en El Periódico: 'Un 2018 a la sombra del 'procés'. Josep Martí Blanch en el mismo dia­rio: 'Lo justo, lo po­si­ble, lo ne­ce­sa­rio: ni Puigdemont ni Junqueras de­be­rían ya li­derar el pró­ximo Ejecutivo ca­ta­lán'. Editorial en La Vanguardia: ‘Jugarse el fu­turo: lo que Barcelona se juega en estos mo­mentos es su fu­turo ar­ti­cu­la­do'. Alfredo Pastor en el mismo dia­rio: ‘Pueblo, na­ción, so­cie­dad'. Miquel Roca Junyent en el mismo dia­rio: 'Diálogo entre no­so­tros: Catalunya está fuerte y cla­ra­mente di­vi­di­da'. Editorial en El País: ‘Urgencias eco­nó­mi­cas: en 2018 es cru­cial re­ducir la ten­sión ca­ta­lana y li­mitar la pre­ca­rie­dad‘. Xavier Vidal-Folch en el mismo dia­rio: ‘El in­de­pen­den­tismo busca brú­ju­la'. Editorial en El Mundo: ‘La one­rosa se­cuela ju­di­cial del ‘procés’. Arcadi España en el mismo dia­rio: ‘El co­barde Puigdemont’. Vicente Lozano en el mismo dia­rio: ‘El sín­toma Tabarnia’. 

Luis Alcaide en Capital Madrid: ‘Arrimadas, al­ter­na­tiva en Cataluña mo­ral­mente obli­gada: la triunf­dora de las elec­ciones ‘tine que mo­jarse para cruzar el río’. José Antonio Zarzalejos en El Confidencial: 'En Cataluña se va a co­meter un fra­tri­ci­dio'. Editorial en La Razón: 'Fuga de elec­tores a Ciudadanos'. Javier Benegas en Vozpopuli: ‘2018: un año pre­rre­vo­lu­cio­na­rio’. José Carlos Rodríguez en el mismo me­dio: ‘2018, un buen año: será otro año de cre­ci­miento glo­bal’. Estela López en El Economista: ‘Las doce me­didas ur­gentes que tiene que tomar el nuevo Govern para re­lanzar la eco­nomía ca­ta­la­na’. Carmen Obregón en el mismo dia­rio: 'Los de­beres pen­dientes del Gobierno para 2018: Presupuestos, fi­nan­cia­ción au­to­nó­mica, pen­siones y Bankia'. 

Editorial en El Español: ‘Que el de­sá­nimo no se con­vierta en re­sig­na­ción‘. Daniel Lacalle en el mismo me­dio: ‘2017 ha sido de sor­pre­sas, pero en 2018 se acerca el in­vier­no’. Editorial en Libertad Digital: ‘'Indigna TV3'. Federico Jiménez Losantos en el mismo me­dio: 'En un lugar de Tabarnia, a co­mienzos de 2018'. José García Domínguez en el mismo me­dio: 'Este año se aca­bará España'. Editorial en Cinco Días: ‘Cautela con las subidas de los costes y los pre­cios que mo­vi­liza el ci­clo‘. Ángeles Gonzalo en el mismo dia­rio: ‘¿Y si fuera una mujer la pró­xima go­ber­na­dora el Banco de España?’. 


(*) Periodista


https://www.capitalmadrid.com/news_links/2528