Una mujer mayor que reside en San Pedro del
Pinatar preguntaba retóricamente cómo podía ser que en pleno siglo XXI
se siga cortando el agua a familias que tienen pocos ingresos. La
entrevistaba un conocido canal de televisión tras conocer que varias
familias de ese municipio habían decidido dar el difícil paso de
explicar, no sin vergüenza, que no podían pagar la factura de un recurso
básico para la vida, viéndose necesitadas de abordar el problema de la
mano de las organizaciones que luchan por el derecho humano al agua ante
la pasividad de los responsables públicos directos.
Aquí, la compresión del contexto hace que de un aparente problema de responsabilidad individual que siempre les invocan las empresas e instituciones que gestionan el agua a quienes sufren los cortes, se elabore todo un discurso que centra su atención en un modelo político y económico que mercadea con nuestros derechos básicos. De esta manera, es fácil intuir como esa responsabilidad cambia de bando, la acción se vuelve colectiva con objetivos sociales y políticos claros. Mucho más difícil es explicar la relación entre el capital global de las grandes multinacionales del agua que dirigen las de nuestros pueblos y nuestras ciudades, capital que presiona para que se aprueben los tratados de libre comercio como el TIPP, que pretenden crear marcos en los que se vede la gestión pública, la remunicipalización y el control democrático de los servicios básicos. Pero en esas está la sociedad civil movilizada.
Los problemas de cortes de agua y luz, de su encarecimiento exponencial, de la expulsión de cientos de miles de familias de sus viviendas, tienen que ver mucho con aquello que teorizaba D. Harvey como «acumulación por desposesión». El capital en época de crisis acelera estos procesos de desposesión de derechos y bienes comunes a quienes menos tienen, y lo hace mercantilizando todo lo esencial para la vida: «La ola de privatización del agua y otros servicios públicos que ha arrasado el mundo, constituye una nueva ola de 'cercamiento de los bienes comunes'. Como en el pasado, el poder del Estado es usado frecuentemente para forzar estos procesos, incluso en contra de la voluntad popular. Como también sucedió en el pasado, estos procesos de desposesión están provocando amplia resistencia». (D. Harvey en El 'nuevo' imperialismo).
Si observamos los acontecimientos en los últimos meses en torno a la gestión privada del agua en nuestras ciudades podremos observar el terrible impacto que conlleva:
Incremento del precio del agua: en marzo de este año, la empresa mixta que gestiona el agua en la capital anuncia que obtuvo cerca de cinco millones de euros de beneficios en 2013, y reconoció que somos la ciudadanía más ahorradora, pero aún así, el recibo del agua sigue subiendo para todos los murcianos y murcianas. Además, a pocos meses de aumentar la dotación del fondo social para familias con incapacidad económica, se les dice a las familias que se ha acabado. A principio de año un director de la entidad anunció a bombo y platillo, y en compañía del alcalde, una tarifa plana que aún no se ha hecho efectiva. Recordemos que un análisis de 2013 de Facua-Consumidores en Acción situaba a Murcia como la ciudad con el agua más cara de España.
Cortes de agua: la pasada primavera se denunciaron cortes de agua a familias de las Torres de Cotillas y durante el verano en San Pedro del Pinatar. Los Ayuntamientos siguen sin tener reconocido el derecho humano al agua en sus reglamentos excluyendo a miles de familias (300.000 cortes conocidos en todo el Estado) del disfrute de sus derechos, al poner en riesgo su salud y una calidad de vida digna.
Mantenimiento escaso: Este verano también se pudo observar en la Región como las empresas privadas no cumplen con sus deberes de mantenimiento y renovación de infraestructuras, causando roturas con daños a las viviendas familiares como en Lorca, o lo que es más grave, desalojando a familias de trece viviendas tras una avería que desestabilizó dos edificios en Beniaján.
Estos son sólo algunos de los ejemplos del fuerte impacto social y ambiental que supone la privatización de un servicio básico como es el agua para nuestra Región. Dejar el agua en manos privadas invisibiliza al ciudadano, le arrincona en el papel de cliente moroso, aún justificando su delicada situación social y familiar, y le somete a un aumento desproporcionado de las tarifas sin contar con información que lo justifique de manera transparente.
La sociedad civil cree que ha llegado el momento de abrir un debate abierto sobre la #Remunicipalización de todos los servicios públicos, en concreto el del servicio de suministro de agua. El objetivo es exigir a los distintos grupos políticos y plataformas ciudadanas, de cara a las próximas elecciones municipales, el cambio a un modelo 100% público de los servicios básicos de competencia municipal que garantice una calidad de vida digna para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Con la idea de adquirir herramientas de empoderamiento ciudadano, se ha convocado en Murcia la Jornada de #Remunicipalización: el retorno de los servicios básicos a manos públicas bajo control ciudadano, con la participación de diversos ponentes relacionados con los movimientos sociales del agua, tanto de ámbito estatal como europeo. En la misma Jornada se presentó el Pacto Social por el Agua Pública, denominado #iniciativagua2015, promovido por movimientos sociales, organizaciones vecinales, de consumidores, ecologistas, científicas, operadores públicos y de otros ámbitos. El Pacto defiende el carácter del suministro como derecho humano, en línea con la declaración de Naciones Unidas y con la primera iniciativa ciudadana promovida en la UE (right2water). Persigue apartar de las leyes del mercado nuestros bienes comunes, impulsando en su lugar una gestión pública basada en criterios de sostenibilidad social, económica y medioambiental.
Lamentablemente, la realidad vivida hasta ahora ha demostrado como los compromisos políticos adoptados en precampañas electorales suelen llenar de sueños rotos el imaginario colectivo de la ciudadanía; sin embargo, el Pacto pretende desarrollarse como herramienta de empoderamiento y control ciudadano del recurso. La sociedad estará vigilante, atenta, ejerciendo su derecho a denunciar cada incumplimiento que se vayan produciendo, porque el agua es nuestra.
Aquí, la compresión del contexto hace que de un aparente problema de responsabilidad individual que siempre les invocan las empresas e instituciones que gestionan el agua a quienes sufren los cortes, se elabore todo un discurso que centra su atención en un modelo político y económico que mercadea con nuestros derechos básicos. De esta manera, es fácil intuir como esa responsabilidad cambia de bando, la acción se vuelve colectiva con objetivos sociales y políticos claros. Mucho más difícil es explicar la relación entre el capital global de las grandes multinacionales del agua que dirigen las de nuestros pueblos y nuestras ciudades, capital que presiona para que se aprueben los tratados de libre comercio como el TIPP, que pretenden crear marcos en los que se vede la gestión pública, la remunicipalización y el control democrático de los servicios básicos. Pero en esas está la sociedad civil movilizada.
Los problemas de cortes de agua y luz, de su encarecimiento exponencial, de la expulsión de cientos de miles de familias de sus viviendas, tienen que ver mucho con aquello que teorizaba D. Harvey como «acumulación por desposesión». El capital en época de crisis acelera estos procesos de desposesión de derechos y bienes comunes a quienes menos tienen, y lo hace mercantilizando todo lo esencial para la vida: «La ola de privatización del agua y otros servicios públicos que ha arrasado el mundo, constituye una nueva ola de 'cercamiento de los bienes comunes'. Como en el pasado, el poder del Estado es usado frecuentemente para forzar estos procesos, incluso en contra de la voluntad popular. Como también sucedió en el pasado, estos procesos de desposesión están provocando amplia resistencia». (D. Harvey en El 'nuevo' imperialismo).
Si observamos los acontecimientos en los últimos meses en torno a la gestión privada del agua en nuestras ciudades podremos observar el terrible impacto que conlleva:
Incremento del precio del agua: en marzo de este año, la empresa mixta que gestiona el agua en la capital anuncia que obtuvo cerca de cinco millones de euros de beneficios en 2013, y reconoció que somos la ciudadanía más ahorradora, pero aún así, el recibo del agua sigue subiendo para todos los murcianos y murcianas. Además, a pocos meses de aumentar la dotación del fondo social para familias con incapacidad económica, se les dice a las familias que se ha acabado. A principio de año un director de la entidad anunció a bombo y platillo, y en compañía del alcalde, una tarifa plana que aún no se ha hecho efectiva. Recordemos que un análisis de 2013 de Facua-Consumidores en Acción situaba a Murcia como la ciudad con el agua más cara de España.
Cortes de agua: la pasada primavera se denunciaron cortes de agua a familias de las Torres de Cotillas y durante el verano en San Pedro del Pinatar. Los Ayuntamientos siguen sin tener reconocido el derecho humano al agua en sus reglamentos excluyendo a miles de familias (300.000 cortes conocidos en todo el Estado) del disfrute de sus derechos, al poner en riesgo su salud y una calidad de vida digna.
Mantenimiento escaso: Este verano también se pudo observar en la Región como las empresas privadas no cumplen con sus deberes de mantenimiento y renovación de infraestructuras, causando roturas con daños a las viviendas familiares como en Lorca, o lo que es más grave, desalojando a familias de trece viviendas tras una avería que desestabilizó dos edificios en Beniaján.
Estos son sólo algunos de los ejemplos del fuerte impacto social y ambiental que supone la privatización de un servicio básico como es el agua para nuestra Región. Dejar el agua en manos privadas invisibiliza al ciudadano, le arrincona en el papel de cliente moroso, aún justificando su delicada situación social y familiar, y le somete a un aumento desproporcionado de las tarifas sin contar con información que lo justifique de manera transparente.
La sociedad civil cree que ha llegado el momento de abrir un debate abierto sobre la #Remunicipalización de todos los servicios públicos, en concreto el del servicio de suministro de agua. El objetivo es exigir a los distintos grupos políticos y plataformas ciudadanas, de cara a las próximas elecciones municipales, el cambio a un modelo 100% público de los servicios básicos de competencia municipal que garantice una calidad de vida digna para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Con la idea de adquirir herramientas de empoderamiento ciudadano, se ha convocado en Murcia la Jornada de #Remunicipalización: el retorno de los servicios básicos a manos públicas bajo control ciudadano, con la participación de diversos ponentes relacionados con los movimientos sociales del agua, tanto de ámbito estatal como europeo. En la misma Jornada se presentó el Pacto Social por el Agua Pública, denominado #iniciativagua2015, promovido por movimientos sociales, organizaciones vecinales, de consumidores, ecologistas, científicas, operadores públicos y de otros ámbitos. El Pacto defiende el carácter del suministro como derecho humano, en línea con la declaración de Naciones Unidas y con la primera iniciativa ciudadana promovida en la UE (right2water). Persigue apartar de las leyes del mercado nuestros bienes comunes, impulsando en su lugar una gestión pública basada en criterios de sostenibilidad social, económica y medioambiental.
Lamentablemente, la realidad vivida hasta ahora ha demostrado como los compromisos políticos adoptados en precampañas electorales suelen llenar de sueños rotos el imaginario colectivo de la ciudadanía; sin embargo, el Pacto pretende desarrollarse como herramienta de empoderamiento y control ciudadano del recurso. La sociedad estará vigilante, atenta, ejerciendo su derecho a denunciar cada incumplimiento que se vayan produciendo, porque el agua es nuestra.
(*) Miembros de la Asamblea Agua Pública 100% Región
Murciana.
