viernes, 13 de enero de 2012

Las sanciones a las CC AA tendrán en cuenta reincidencia y gravedad

MADRID.- Las comunidades autónomas tendrán que elaborar techos de gasto previos a sus presupuestos autonómicos ajustándose a una regla de gasto adaptada a la normativa europea, y serán sancionadas si no cumplen los objetivos fijados teniendo en cuenta los criterios de "reincidencia" y la "gravedad" del incumplimiento.

   Así lo ha adelantado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado las líneas generales del anteproyecto de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que el Gobierno planteará el martes a las CC.AA.
   Según Sáenz de Santamaría, todas las comunidades tendrán que ceñirse a esa regla de gasto a la hora de elaborar sus techos de gasto y sus posteriores presupuestos autonómicos. "Será un elemento clave para cumplir el objetivo de déficit", ha señalado la portavoz.
   Así y siempre que se ajusten a dicha regla, cada comunidad elaborará sus propias cuentas y decidirá a qué quiere destinar sus presupuestos sin que el Gobierno interfiera en los mismos. Si luego hay desviaciones, entrarán en juego los mecanismos correctores para reorientar los objetivos y la implementación de sanciones si es necesario.
   Los mecanismos correctores, según la portavoz, podrían ser reducciones "mínimas y obligatorias" referenciadas al PIB en los presupuestos de las administraciones responsables. "Son mecanismos de corrección casi automáticos", ha dicho.
   Por su parte, las sanciones tendrán en cuenta los criterios de "reincidencia" y "gravedad", aunque Sáenz de Santamaría no ha explicado que tipo de 'castigo' se puede poner a las comunidades que no cumplan los objetivos fijados.
   Además, la norma reforzará los principios y criterios de transparencia, ya que cada presupuesto autonómico deberá incluir la equivalencia en déficit o superávit en términos de contabilidad nacional, tal y como hace el Estado, y deberán recoger información adicional sobre niveles endeudamiento y organismos y empresas públicas, entre otras cosas.
   Al finalizar el periodo transitorio que marca la reforma de la Constitución, a partir del año 2020, todas las administraciones deberán presentar equilibrio presupuestario o superávit, de forma que el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional, salvo en situaciones excepcionales.
   Estas son las principales líneas del anteproyecto de Ley que el Gobierno llevará el martes al CPFF y después a la Comisión Nacional de Administración Local para buscar "el máximo acuerdo y consenso" entre todas las administraciones.
   Según la portavoz, la futura Ley va a ser un "elemento clave" para el control de déficit, ya que la estabilidad y la sostenibilidad son "esenciales" a la hora de construir una plataforma que permita avanzar en la senda del crecimiento y del empleo.
   Con la futura Ley, el Gobierno persigue tres objetivos: garantizar la sostenibilidad de todas las administraciones, fortalecer la confianza en las posibilidades de España y cumplir los compromisos que se han asumido con Bruselas y que se tendrán que asumir.
   De hecho, el Ejecutivo ha incluido el concepto "sostenibilidad" en el nombre de la Ley porque se trata de una norma que tiene que buscar medidas a medio y largo plazo y no solo responder a una situación coyuntural. "Hay que trasladar un mensaje de compromiso con el control de déficit público general y permanente", ha dicho.
   La portavoz ha repasado la reunión que mantuvo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con las comunidades gobernadas por el PP, a las que trasladó la necesidad de cumplir los objetivos fijados y la voluntad del Gobierno de trabajar para poder ofrecer soluciones a problemas puntuales de tesorería y liquidez.
   Además, ha dicho que Montoro también ha hablado ya con los consejeros económicos de otras comunidades autónomas para preparar la reunión del próximo martes, en la que se abordarán todas estas materias. De hecho, se analizará la situación de tesorería de cada comunidad para trabajar "todos" en la resolución de los problemas.
   De la misma forma, se abordará la reducción del sector público en las comunidades, ya que las primeras informaciones de los ministerios no llegarán hasta finales de mes, la parte que corresponde al ámbito del Estado. 
   Con todo, Sáenz de Santamaría ha trasladado la "voluntad decidida" del Gobierno de llegar a acuerdos porque se trata de asuntos que afectan a "todos". 
"Los ciudadanos reclaman un esfuerzo de contención y austeridad", ha recordado, tras mostrarse convencida de que se alcanzarán "acuerdos importantes" que permitirán volver a la senda de crecimiento económico.

jueves, 12 de enero de 2012

El PSOE pide a Marín que explique por qué la Región no ha cumplido el objetivo de déficit de 2011

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, ha pedido al consejero de Economía, Salvador Marín, "que explique a los ciudadanos por qué Murcia ha vuelto a incumplir el objetivo de déficit para 2011, con las consecuencias negativas que eso puede tener para la Región, a pesar de que durante todo el pasado año ha estado anunciando una y otra vez que se estaban tomando las medidas para cumplirlo".

   "Somos la quinta comunidad autónoma española que más colabora en el incumplimiento nacional, somos el origen del hachazo de 40.000 millones que ahora nos anuncia el presidente Rajoy", señaló en rueda de prensa.
   García Retegui informó que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado los datos de los objetivos de déficit incumplidos en 2011 por las comunidades autónomas españolas, y se constata que, si en 2010 la Región de Murcia había superado el 4 por ciento (en torno a 1.300 millones de euros más de gastos que de ingresos), en 2011 el exceso de déficit está en torno al 4% (unos 1.000 millones de euros), "cifra que coincide con las estimaciones que habíamos hecho en el PSOE".  
   Dicho de otra manera, añadió, que "la Región de Murcia necesita todos los años como mínimo 1.000 millones de euros más para poder cuadrar las cuentas, porque todos los años gasta -de media- 1.000 millones de euros más de los que ingresa".
   Para la portavoz socialista, "el Gobierno regional no ha tomado las medidas oportunas para cumplir los objetivos de déficit, pese a que ha rebajado salarios y derechos a los funcionarios, ha puesto en riesgo empleos al no pagar a las empresas y al reducir la inversión pública, y ha recortado prestaciones sociales".
   No es que hayan caído los ingresos, es que, criticó Retegui, "no se han corregido los excesos de los gastos".
   En opinión de Retegui, "la Comunidad Autónoma está absolutamente tocada, puesto que un mayor déficit hace que no sólo nos pongan problemas en los Ministerios para mandar fondos a la Región, sino que tengamos un enorme problema de financiación, porque ningún banco nos va a prestar, ni ninguna agencia de calificación va a generar ninguna confianza para la Región, si no cumplimos los objetivos".
   Y eso significa, a juicio de Retegui, menos inversión, más paro, y menos derecho para los funcionarios y para los ciudadanos.
   Por otra parte, la diputada recordó que la semana próxima se celebra un Consejo de Política Fiscal y Financiera, "donde, a las comunidades que, como la Región de Murcia, no han cumplido, se les pedirá que pongan en marcha medidas, que se aprieten el cinturón".
   Además, auguró, "nos espera en marzo un tijeretazo anunciado que tiene como origen, precisamente, los incumplimientos de comunidades como la nuestra, un hachazo no se lo sufrirán Valcárcel o Marín, sino el bolsillo de todos los ciudadanos, y fundamentalmente de las clases medias y las medias-bajas".
   "Salvador Marín nos tiene que explicar qué medidas nuevas va a tomar si el Gobierno de España le pide nuevos recortes y sacrificios, porque, a pesar de tanto anuncio y tanto plan, la realidad es que, además de no cumplirse el objetivo de déficit, ni ha pagado a los proveedores, ni ha mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos", apostilló.
   Así como que, concluyó García Retegui, "ha seguido aumentando el paro y destruyéndose empresas, y hemos ido peor que nadie en el sector turístico".

UPyD afirma que el déficit de la Región justifica el control de las cuentas autonómicas por parte del Estado

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha afirmado que la gestión y el control del gasto por parte Gobierno regional durante los últimos ejercicios de 2010 y 2011, no fueron los adecuados. 

   "El hecho de que, a pesar de las medidas que se han tomado en el último año, la Región sea la quinta Comunidad Autónoma con mayor déficit, viene a confirmar que el descontrol entre lo que se ingresaba y lo que se gastaba fue mayúsculo", ha señalado Sánchez.
   En este sentido, ha recordado que la situación de déficit en la Región fue la que obligó al Gobierno regional a adoptar  la Ley de Medidas Extraordinarias que afectó directamente a los empleados públicos de la educación y sanidad, y ha señalado que el Gobierno regional "debería insistir en la senda de reducir gastos superfluos e innecesarios y suprimir entes y consorcios que en la actual situación son insostenibles."
   Sánchez ha recordado que el problema del déficit afecta por  igual a CC AA de uno u otro color político. "De hecho, Cataluña, Valencia y Andalucía ocupan  el podio de las CC AA campeonas del déficit". Este hecho, ha continuado, "justifica el control de las cuentas autonómicas por parte del Estado".
   Para UPyD no tiene sentido que el Estado no ejerza sobre las CC AA el mismo control presupuestario que la UE ejerce sobre sus países miembros.
   Así, ha señalado que cree necesaria la propuesta del ministro de Economía, Luis de Guindos, de aprobar en marzo una ley para poder controlar de forma previa los presupuestos de las comunidades autónomas, algo sobre lo que ayer  el ministro de Hacienda, Cristóbal  Montoro, no se pronunció en la reunión que mantuvo con los consejeros de Economía de las CC AA del PP. Esta medida de control presupuestario ya había sido demandada por UPyD durante la pasada legislatura
   UPyD viene proponiendo desde  hace más de tres años y para todo el Estado, la racionalización de las administraciones públicas y la reforma del modelo territorial como la mejor herramienta para eliminar duplicidades, disminuir gastos y reducir el déficit.
   "Hemos sido los primeros en poner encima de la mesa cuestiones como la supresión de las Diputaciones, la fusión de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y la devolución de competencias al Estado, como Sanidad y Educación. Lo que hace falta es decisión política para abordar esas imprescindibles reformas", ha concluido Sánchez.

UPyD califica de preocupante el descenso de pasajeros en San Javier durante 2011

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha mostrado su preocupación por el descenso de un 6,4 por ciento del número de pasajeros en el aeropuerto de San Javier durante 2011. 

   Sánchez considera el dato especialmente negativo, teniendo en cuenta que en el resto de aeropuertos españoles se ha incrementado el tránsito de viajeros en una media de un 6 por ciento. "El de Alicante, que es nuestra referencia más cercana, ha tenido un incremento del 5 por ciento", añadió en comunicado de prensa.
   En este sentido, Sánchez ha afirmado que "a unos poco meses de la inauguración de Corvera, este descenso no aporta optimismo". Rafael Sánchez ha expresado el deseo de su formación de que la actividad del nuevo aeropuerto "sea un éxito", aunque ha mostrado sus dudas sobre la cifra de tres millones de viajeros anuales para Corvera, que el consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, mencionó hace unos días.
   Rafael Sánchez ha señalado que "para UPyD está claro que el Gobierno regional magnificó lo que el aeropuerto de Corvera, su número de viajeros, su impacto en el turismo y la economía regional o la creación de empleo, podrían suponer para la Región.
   Así, cree que el modelo económico basado en una "actividad inmobiliaria desmesurada, contribuyó a éste cálculo erróneo sobre el numero de visitantes o residentes que podrían venir a la Región utilizando el aeropuerto".
   Para finalizar, Sánchez ha manifestado que quiere ser moderadamente optimista, y ha mostrado su confianza en que el aeropuerto mantenga el número de viajeros de San Javier, incluso algunos más, y "que no vivamos la frustración colectiva de encontrarnos con un aeropuerto sin aviones".
   En ese caso, ha resaltado Sánchez, "la responsabilidad política sería del Gobierno regional, pero su coste sería para todos los ciudadanos".

Bruselas augura menor volatilidad en precios de cereales y otros productos del campo

BRUSELAS.- La Comisión Europea cree que en los próximos años habrá una menor volatilidad en los precios de productos agrícolas como el cereal, el azúcar y las oleaginosas, si bien espera que tales precios se mantengan en niveles altos por una mayor demanda de alimentos y de materias primas para biocombustibles, según un informe publicado este jueves.

   "En el futuro habrá menos volatilidad, pero los precios serán mayores que los registrados en el pasado", según han explicado fuentes comunitarias sobre la evolución de distintos cereales, fundamentalmente maíz, trigo blando y cebada.
   El Ejecutivo comunitario ha publicado un informe con las perspectivas del mercado de productos agrícolas hasta 2020 que tiene en cuenta datos de organismos como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que combina distintos escenarios, pero que obvia el impacto que tendrá la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que la Unión Europea va a decidir de aquí a 2014.
   Entre las principales conclusiones, el documento apunta que "puede darse una presión al alza" sobre algunos productos agrícolas debido a la progresión de los biocombustibles, pero desde la Comisión no dan por seguro que esta evolución "se traduzca en un aumento del precio".
   Sobre el mercado de los cereales, Bruselas estima que las condiciones serán "estrictas" por los bajos niveles de las reservas y unos precios superiores a la media de los últimos años, si bien contempla un incremento en el consumo interno en la UE, sobre todo para destinar el producto a biocarburantes.
   Dentro del mercado europeo, Bruselas cree que aumentarán los cultivos de trigo blando y maíz, mientras que otros cereales perderán presencia, como la cebada, cuya siembra caerá un 21 por ciento.
   El informe del Ejecutivo comunitario estudia otros mercados agrícolas como el lácteo y el cárnico, para los que ofrece perspectivas favorables respecto a la situación difícil de los últimos años.
   Así, ve un futuro "favorable" para el sector lácteo a medio plazo gracias al crecimiento de la demanda mundial y prevé un aumento "moderado" de la producción de leche en la Unión Europea de entorno al 7 por ciento de aquí a 2020. También espera una mayor producción de derivados del lácteo como el queso y productos frescos.
   De la producción cárnica en la Unión Europea, Bruselas espera que "siga su recuperación", tras la caída en los años 2008 y 2009, y calcula un incremento del 2,4 por ciento para 2020. Con todo, el informe señala diferencias por sectores, desde caídas de entre el 1,3 y el 7,9 por ciento para vacuno y bovino hasta aumentos del 3,6 por ciento en el cerdo y las aves.

Condenada una entidad socia de Caja Murcia en 'Mare Nostrum' por práctica bancaria inadecuada

BARCELONA.- La justicia ha decidido embargar las cuentas de Caixa Penedés, la caja catalana del grupo Banco Mare Nostrum (BMN) liderado por Caja Murcia. La intención es presionar a la caja catalana para que devuelva el dinero obtenido a través de contratos swap.

Un contrato swap consiste en un pacto entre dos entidades financieras para intercambiar bienes o servicios en el futuro y de acuerdo con algún tipo de variable económica. Es un tipo de contrato de cobertura financiera.
Pues bien, el Juzgado de primera instancia nº 6 de Barcelona ha embargado 55.000 € de Caixa Penedés para que devuelva cuanto antes los 19.932 € que le debe a un empresario con el que la caja habría firmado uno de estos contratos.
Anteriormente, el juzgado había fallado a favor del empresario representado por el bufete de abogados Colectivo Ronda
Además de declarar nulos los contratos, la sentencia, del pasado mes de septiembre, establecía la necesidad de que la caja indemnizase al demandante porque la caja no había proporcionado toda la información debida al empresario, con el agravante de que los productos acordados no le convenían al perjudicado.
El embargo ha sido ejecutado tras una solicitud del bufete de abogados, que exige la aplicación del embargo y el pago de un recargo al perjudicado.

Ana Pastor dice que el AVE es "irrenunciable"

MADRID.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, considera que la construcción de la red ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) es "irrenunciable", con lo que asegura que "velará" para que las obras de estos proyectos "se puedan hacer y se puedan pagar".

   En este sentido, en declaraciones a Onda Cero, indicó que "la financiación estará dispuesta para que las obras avancen a la velocidad que permitan los medios técnicos".
   La titular de Fomento reveló que "en estos días" se está reuniendo "uno a uno" con los correspondientes consejeros de las distintas comunidades autónomas para analizar las distintas obras y proyectos de todo el país, y anunció que la próxima semana mantendrá encuentros con los distintos partidos políticos con ese mismo fin.
   "Tenemos un montón de infraestructuras, de zanjas abiertas, en toda España y ahora hay que planificarlo todo, hacer un diagnóstico, gestionar y dirigir bien, y comprometerse con la conexión territorial", declaró la ministra.
   En materias de carreteras, Pastor reveló que se ha encontrado con que el compromiso de gasto para el ejercicio 2012 "casi duplica" al presupuesto con que el Ministerio contó para esa materia en 2011. "Se ha comprometido dinero que no hay y eso sí que es un problema", añadió.
   En este punto se refirió a las concesiones (infraestructuras cuya construcción y gestión se ceden a la iniciativa privada y que el Estado empieza a pagar una vez se ponen en servicio) para reconocer que actualmente "es un tema muy delicado" y avanzar que lo está "revisando, con la posibilidad de abordar un nuevo modelo concesional en España".
   Pastor reiteró su disposición y voluntad de trabajar, acordar y priorizar las necesidades con todos (sector privado, partidos y comunidades autónomas).

Moody's amenaza con rebajar el rating de la Región de Murcia

LONDRES.- La agencia de calificación de riesgos Moody's ha rebajado dos escalones, dentro ya del grado especulativo o 'bono basura', la nota de solvencia de la Comunidad Valenciana, que pasa a 'Ba3' desde 'Ba1', a la vez que mantiene su amenaza de más recortes de 'rating' sobre la región levantina, que extiende además a otras nueve comunidades autónomas españolas, entre ellas Andalucía, por las presiones de liquidez y sus dudas sobre si estas serán capaces de cumplir con los objetivos de déficit para 2012.

   En concreto, Moody's explica que ha decidido recortar la nota de la Comunidad Valenciana "por sus problemas de liquidez y por los inminentes e importantes vencimientos de deuda" a los que debe hacer frente la región.
   Asimismo, la agencia mantiene bajo vigilancia la calificación de la Comunidad Valenciana para otro posible recorte porque entiende que la posición de liquidez de la región es todavía "muy precaria" y depende de las medidas de apoyo que tome el Gobierno central.
   En este sentido, Moody's recuerda las dificultades de la Comunidad Valenciana para hacer frente en plazo a un pago de 123 millones al Deutsche Bank, lo que subraya, a juicio de la agencia, la cada vez más complicada posición de liquidez de la región.
   Por otro lado, Moody's ha situado en "revisión para una posible rebaja" las calificaciones de País Vasco, Galicia, Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Cataluña y Castilla-La Mancha, además de los 'ratings' de Guipúzcoa, Vizcaya y del Consorcio de Transportes de Vizcaya.
   A este respecto, la calificadora de riesgos destaca las "crecientes presiones de liquidez sobre los gobiernos regionales y locales" por el deterioro de las condiciones de los mercados para los emisores subnacionales españoles.
   "Las regiones calificadas por Moody's se enfrentan a vencimientos de deuda por importe aproximado de 17.000 millones de euros en 2012", apunta la agencia, que subraya que las comunidades cuentan "cada vez con menos opciones de financiación, normalmente con altos intereses y vencimientos más cortos" ante sus dificultades para acceder a los mercados de capitales.
   "De hecho, varias regiones emitieron bonos dirigidos a inversores minoristas en 2011, lo que incrementa aún más los riesgos de refinanciación, tal como evidenció la incapacidad de Valencia de refinanciar completamente sus 1.500 millones en bonos minoristas del pasado mes de diciembre", añade.
   Por otro lado, Moody's explica que su amenaza de rebajar el 'rating' de estas autonomías refleja su preocupación respecto a la capacidad de las regiones españolas de cumplir con el objetivo de déficit fijado para 2012, después de que el Gobierno anunciara que las regiones incumplieron el objetivo de 2011 por un amplio margen, con un saldo negativo estimado del 2,7% frente al 1,3% previsto.
    De este modo, Moody's subraya la incertidumbre respecto al cumplimiento de objetivos de déficit en 2012 por parte de las regiones en el actual contexto, así como por el deterioro del entorno macroeconómico, tal y como refleja la previsión de Moody's de que el PIB español se contraiga entre un 0,5% y un 1% este año.

La Defensora del Pueblo investiga la gestión de las bolsas de maestros interinos en todas las CC AA

MADRID.-  La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha iniciado una investigación de oficio para conocer cómo se gestiona la bolsa de interinos del cuerpo de maestros de Educación Primaria en las 17 administraciones educativas autonómicas y en Ceuta y Melilla. 
 
   Según informa este organismo, la investigación se inició tras las quejas de ciudadanos llegadas al Defensor del Pueblo, que ponían de manifiesto que en varias comunidades autónomas, el procedimiento de gestión de la bolsa de interinos de este cuerpo no estaba dando preferencia los maestros especializados en Primaria, sino en otras materias, como Música, Educación Física, Educación Infantil, Lengua extranjera, Educación Especial, Audición y Lenguaje y Pedagogía terapéutica.
   Por tanto, los maestros que se consideran perjudicados por esta situación, reivindican que en la bolsa de maestros se debe dar prioridad a los especializados en primaria, por delante de maestros que no tengan dicha especialidad.

La crisis pone en el disparadero las delegaciones autonómicas en el extranjero

MADRID.- Bruselas, París, Berlín, Nueva York, México DF, pero también Maputo, Osaka, La Paz, Vancouver o Brisbane. Viajar por el mapa de la representación exterior española supone literalmente dar una vuelta al mundo, aunque, en muchos casos, esa presencia pueda parecer más simbólica que estrátegicamente necesaria. Antes de nada, porque, en la mayoría de esas etapas, a las embajadas, consulados y organismos del Estado se añaden dos, tres, cinco o más delegaciones u oficinas autonómicas. A la diplomacia se suma así la llamada paradiplomacia y, con ella, más gastos y, a menudo, duplicidades de funciones o descoordinación.

Esta es la clave de un debate de actualidad desde que el pasado 22 de mayo se renovaran la mayoría de Gobiernos autónomos y, dentro de los nuevos planes de austeridad, se planteara la reducción de las embajadas territoriales como medida de ahorro, a juicio de 'El País'.

Entonces solo algunas Administraciones lo hicieron (por ejemplo, María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y Francisco Álvarez-Cascos en Asturias), mientras que hace una semana el recién estrenado ministro de Asuntos Exteriores del Gabinete de Mariano Rajoy, José Manuel García-Margallo, volvió sobre la cuestión y ofreció a las comunidades autónomas las instalaciones de las sedes diplomáticas del Estado para reducir costes de intendencia. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no tardó en rechazar públicamente la oferta para hacer valer el “perfil propio” de Cataluña en el extranjero. Otras comunidades, como Cantabria o La Rioja, apoyan esa propuesta. La pelota en el aire ya se la disputan por un lado un ejército de expertos, políticos y gestores que hablan de despilfarro, y por otro, quienes alertan del riesgo de hacer demagogia fácil alegando que la mayoría de estos organismos sobrevive gracias a becarios y personal aún en etapa de formación.
César Colino, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UNED, resume así las implicaciones para España: “Las hay positivas, ya que la acción exterior autonómica proporciona en algunos ámbitos valor añadido a la política exterior española y, por otro lado, existen riesgos de una proliferación desordenada, de despilfarro de recursos y un potencial conflictivo a veces de carácter simbólico y de imagen exterior”. De esto se trata precisamente ahora, cuando cada partida de gasto de las Administraciones públicas adquiere un valor insospechado en épocas de bonanza.
Para comprenderlo mejor, veamos en qué consiste el entramado de la paradiplomacia autonómica en el mundo. Las comunidades autónomas tienen alrededor de 200 oficinas en el exterior, entre las que se cuentan delegaciones del Ejecutivo regional, institutos de comercio, turismo o misiones de cooperación al desarrollo. Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía (que ha multiplicado su representación en la última legislatura) son las autonomías con mayor presencia, con unas 50 oficinas la primera y más de 20 las otras dos. En total, existen dos centenares de embajadas repartidas por casi 40 países y todas las comunidades tienen su delegación en Bruselas, salvo Castilla-La Mancha y Asturias, que decidieron cerrarla tras los últimos comicios autonómicos. El Partido Popular pidió hace año y medio al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero una estimación del gasto que generaban estos organismos y el Ejecutivo lo cifró en 150 millones por ejercicio. Pese a eso, los nuevos estatutos de autonomía aprobados en los últimos ocho años han reforzado entre otros también el capítulo dedicado a la acción exterior.
Lo recuerdan, por ejemplo, desde la Secretaría de Asuntos Exteriores de la Generalitat, destacando que el Estatuto de 2006 establece que Cataluña “debe” impulsar su representación en el extranjero, promover los intereses de la Generalitat en el exterior a través de oficinas y delegaciones y apoyar la cooperación al desarrollo. La consecuencia es que el Gobierno catalán tiene, de una forma o de otra, presencia en Mozambique, Ucrania y otros países (según el mapa del Departamento de la Presidencia) donde la intensidad de las relaciones bilaterales no parece, a simple vista, determinante.
En opinión de Jaume Saura i Estapà, profesor de Derecho Internacional y coordinador del master interuniversitario en Diplomacia y Función Pública, “la paradiplomacia es un tema muy amplio y [con respecto a los recortes] se corre el riesgo de hacer demagogia”. “Lo que hay que valorar en cada caso es la forma en que se justifica esa presencia en el exterior. Cataluña tiene delegaciones que suponen un valor añadido”. A este respecto, la mayoría de los expertos coincide en que una sede diplomática en Bruselas puede ser clave para el desarrollo de la región. “En cualquier caso”, agrega, “sí hay que tener margen para cooperar. Siempre lo hay. La diplomacia siempre tiene que ser cooperativa y tener una presencia física cuando esté justificada”. Saura aborda así otro de los aspectos clave de la cuestión: la colaboración entre organismos del Estado y los territoriales.
Abundemos en eso. “La coordinación no viaja en primera clase, sino en el vagón de carga. Las instancias e instrumentos de coordinación intergubernamental no forman parte del núcleo de las políticas del Gobierno central y las comunidades autónomas, sino que constituyen un apéndice, que en su diseño y funcionamiento reproducen esta idea de segundo orden y excepcionalidad”, razona Kattya Cascante. Esta analista de la Fundación Alternativas se refiere a un ámbito concreto, el de la cooperación internacional, que sin embargo puede resultar revelador. La experiencia de Cascante habla de retrasos, falta de información, duplicidades, descoordinación en definitiva: inconvenientes habituales en las relaciones con las instituciones y la burocracia y que, sin embargo, se multiplican exponencialmente como los actores del proceso.
“Se observa”, prosigue “un paralelismo con la construcción de la Unión Europea, en el que uno de sus padres fundadores, Altiero Spinelli, advertía que no acabaría convirtiéndose en una unión política a través de pasos económicos... Parece que la cooperación española necesita con urgencia un Altiero Spinelli que nos recuerde que la construcción de 18 sistemas paralelos, pero en todo caso separados, es una maniobra políticamente legítima pero ineficiente”.
Pero ¿qué ocurre en otros países? Canadá y Alemania cuentan con una larga tradición de representación territorial exterior, respectivamente la provincia de Québec (que tiene actualmente una veintena de delegaciones en el extranjero, entre ellas una en Barcelona) y los länder, como Baviera. Sin embargo, una de las experiencias más interesantes de gestión diplomática frente a la crisis económica es la de los países nórdicos. La solución que han adoptado Dinamarca, Suecia o Noruega se parece al fin y al cabo a la que propone García-Margallo. Se trata de compartir instalaciones, parte del personal, limpieza e intendencia y racionalizar así los gastos. Ocurre en una veintena de destinos, por ejemplo, Amman, Bagdad, Bamako o Jakarta. Además, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia, cuentan en Berlín con una embajada en el mismo edificio. “En la ultima reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de los países nórdicos”, explica Catharina Skoog, de la Embajada sueca en Madrid, “se discutió precisamente el tener en un futuro cercano más delegaciones nórdicas en un mismo recinto o edificio, sobre todo en países donde se requieren muchas y costosas medidas de seguridad”.
Este tipo de soluciones y una mayor coordinación entre instituciones constituyen el camino señalado por la mayoría de los expertos. Lo demuestra también el índice de presencia global elaborado por el Real Instituto Elcano, que mide “la proyección exterior de los países en los terrenos económico, militar, científico, social y cultural”. “Durante mucho tiempo se dijo que España boxeaba por encima de su peso porque iba cumpliendo con éxito su objetivo de ser reconocida como potencia media, pese a no disponer objetivamente de empresas, ejército, u otros activos internacionalizados en la escena mundial”, apuntan los investigadores Ignacio Molina e Iliana Olivié. Pero ahora, con una alta presencia global efectiva en casi todos los ámbitos, “podría concluirse que se corre el riesgo de boxear por debajo de peso”. Y así, alertan, podría ocurrir “si el empeño continúa demasiado enfocado a la inserción en una foto histórica antes que en planificar a largo plazo una actuación” más racional y coordinada. También con respecto a la acción exterior autonómica Molina destaca la “falta de una planificación estratégica”. Esto es, un panorama en el que, quizá con las salvedades de Cataluña y País Vasco, se diseña primero “el instrumento antes de reflexionar sobre el producto que se quiere lograr”, además de una reducción razonable de los gastos y una mayor colaboración.

Ranking de oficinas

Número de delegaciones, oficinas de turismo y comercio, según el último informe oficial del Gobierno, anterior a los recortes:
  • Cataluña: 48.
  • Valencia: 23.
  • Andalucía: 22.
  • País Vasco y Asturias: 13.
  • Galicia y Murcia: 12.
  • Madrid: 11.
  • Castilla y Leon, Aragón, Canarias y Navarra: 5.
  • Extremadura: 4
  • La Rioja, Baleares, Cantabria y Castilla-La Mancha: 2.

Despilfarros exteriores / J.I. Torreblanca *

Jean Monnet decía que un problema no podía entenderse correctamente hasta que no se visualizaba en una tabla. Sus tablas, a cuya preparación dedicaba ingentes esfuerzos, ayudaban a los estados a visualizar las ineficiencias que se derivaban de las duplicidades en su gasto y las ventajas de la cooperación y la coordinación. Siguiendo su inspiración, en algún momento de la pasada década, alguien decidió contar cuántas embajadas y consulados tenían los (entonces) 25 estados miembros de la Unión Europea.

El resultado fue revelador: frente a las 243 misiones que mantenía EEUU, los 25, a los que había que añadir la Comisión y el Consejo Europeo, sumaban nada menos que 3.230 delegaciones. Con 110.545 personas a su servicio, la UE era el actor diplomático más extenso dotado del mundo. Si nadie se había dado cuenta hasta la fecha, era por una buena razón: el retorno de ese inmenso despliegue era ínfimo. La UE era el primer bloque económico y comercial del mundo, también el segundo en gasto militar, muy por delante de China o Rusia, pero diplomáticamente apenas existía.

Con ese diagnóstico en la mano, la UE adoptó un plan increíblemente ambicioso: fusionar los servicios diplomáticos de la Comisión y el Consejo e integrar en el nuevo servicio hasta un tercio de diplomáticos provenientes de los Estados miembros. En la cúspide del sistema habría un “ministro” de Exteriores (llamado alto representante) asistido por un comité de embajadores permanentes con sede en Bruselas, además de otros servicios de planeamiento, gestión de crisis, etcétera. 

Para muchos Estados, este plan, plasmado en el Tratado de Lisboa, abriría la posibilidad de cerrar o compartir embajadas en todos aquellos lugares donde sus intereses fueran sobre todo europeos más que exclusivamente nacionales, permitiéndoles concentrarse en aquellos temas y regiones donde su valor añadido fuera mayor. Las diplomacias nacionales se veían obligadas a pensar en cómo reinventarse y desplegarse, toda vez que una gran parte de sus funciones tradicionales (especialmente en el ámbito comercial y consular) estaban ya en manos de la Unión Europea, no de los Estados.


Pero resulta que mientras los 27 Estados de la UE dedicaban casi una década a la ingente tarea de diseñar los instrumentos legales, políticos y financieros que les permitieran coordinar sus capacidades diplomáticas y racionalizar su despliegue exterior, dentro de España, las Comunidades Autónomas recorrían el camino exactamente inverso abriendo un ingente número de delegaciones exteriores (hasta 200) y estableciendo sus propias agencias de cooperación al desarrollo pese a sus elevados niveles de endeudamiento o incluso, al hecho de que, como en el caso de Andalucía, se tratara de regiones que recibían importantes subsidios por parte de los países más ricos de la UE.


Retrospectivamente, el problema no reside tanto en las competencias de acción exterior en sí, pues estas tienen cierto sentido en un Estado descentralizado, máxime en los ámbitos de promoción cultural, turística o comercial, sino en el volumen de gasto (150 millones de euros) y, sobre todo, en la falta de coordinación y búsqueda de sinergias. Se trata de un problema endémico de nuestro sistema autonómico, en el que la cooperación horizontal entre CCAA y la supervisión por parte de terceros actores brillan por su ausencia o son extremadamente débiles. Esto da lugar a situaciones paradójicas.

Por ejemplo: de acuerdo con el procedimiento denominado “semestre europeo” Bruselas puede examinar los presupuestos del Estado con antelación a su aprobación por la Cortes Generales, pero las Comunidades Autónomas no estén sometidas a la misma exigencia por parte del Estado central, ello pese a que este tendrá luego que responsabilizarse de su déficit ante Bruselas, incluso haciendo frente a importantes multas y sanciones.


Todo ello pone de manifiesto una situación difícil de entender y para la que en absoluto parecíamos estábamos preparados. Mientras, como consecuencia del proceso de integración europeo, el Estado central se ha “europeizado” y cedido competencias de supervisión a Bruselas hasta niveles insospechados (y más que lo está haciendo y lo hará con la crisis actual), las Comunidades Autónomas han logrado en gran medida zafarse del control y supervisión, de sus ciudadanos, por abajo, y de otros entes, sean el Estado o la UE, por arriba. La crisis podría, al menos, servir para corregir esta contradicción entre la europeización de la Administración central y la “deseuropeización” de las Comunidades Autónomas.

(*)  Del Instituto Juan March, de estudios e investigaciones

¡Que prediquen con el ejemplo! / Carta de CC OO en Banco Mare Nostrum

El pasado 30 de diciembre, ante la presión del Banco de España (sensibilizado por la repercusión mediática de la publicación del dossier de CC.OO. sobre las remuneraciones de los consejeros y la alta dirección del sector financiero), la mayoría de las direcciones de las entidades intervenidas o que han precisado ayudas del FROB se rindieron e hicieron públicas de manera individualizada los datos referidos a su remuneración fija y variable, las cláusulas de blindaje, las pensiones, los créditos y retribuciones en acciones que perciben.

Os adjuntamos los links a la información referida a Banco Mare Nostrum y a las cuatro cajas que lo han creado.

Consejo de Administración
Comité de Dirección

Lo que queda patente es que esas retribuciones son del todo desproporcionadas para los tiempos que corren y está totalmente fuera de lugar que quienes se las han auto asignado se atrevan a plantearnos a los trabajadores de a pie, totalmente ajenos a la orgía de despropósitos cometidos a la hora de conceder estratosféricos préstamos prácticamente irrecuperables, que aceptemos una moderación salarial si esa misma cúpula no predica con el ejemplo.

Y eso que sólo hablamos de los datos “voluntariamente” publicados (algunos directivos se han acogido a la Ley de Protección de Datos Personales), que no hacen referencia a dietas por asistencia a los Consejos de Administración de las empresas participadas (que en nuestro grupo bien pasan del centenar), ni hablamos tampoco de los viajes en preferente, ni de los gastos cargados a la tarjeta-empresa, ni de los cargados a la tarjeta-empresa-participada.

¿Qué purgante necesitaremos los trabajadores de a pie para paliar la indigestión que nos produce el tenernos que tragar que encima se repartan incentivos los que nos han llevado a esta situación insostenible? ¿Desde cuándo se premia la incompetencia? Se ha eliminado mucho empleo en el sector. La intervención sindical ha posibilitado que se haya hecho de manera no traumática y compañeros prejubilados están contentos con su nueva situación, pero... nos proponen más destrucción de empleo directo. Y no nos olvidamos que, en su afán por reducir gastos, no sea que se les acabe el chollo, han destruido mucho, muchísimo empleo indirecto. ¿O es que quizás reducir la frecuencia con la que se limpian las oficinas a la mitad no destruye empleo? ¿O distribuir la valija interna cada no se sabe cuando, no reduce empleo? 

Pues esa política es como el pez que se muerde la cola: esos trabajadores que han perdido su ocupación son los que al final no están pudiendo pagar su hipoteca (en más de una ocasión contratada con alguna de estas cuatro cajas), con la consiguiente asignación de más ladrillo a los balances de las cajas, origen, según nos explican, de todos los actuales males que nos afectan.

Estamos en plena negociación para homologar las condiciones laborales de todos los que conformamos el Grupo BMN. Las propuestas que hemos recibido por parte de la Dirección, como ya ha denunciado la totalidad de la representación laboral, nos parecen insultantes. ¿Qué tal si empezásemos a discutir cuál ha de ser la retribución total de nuestros directivos? ¡Qué el salario del Grupo 1, Nivel I del Convenio de Cajas de Ahorro tampoco está tan mal!

miércoles, 11 de enero de 2012

IU-Verdes ve en la caída de pasajeros del aeropuerto de San Javier un "anuncio" para el de Corvera

MURCIA.-   El coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha dicho este miércoles que el descenso de pasajeros en el aeropuerto de San Javier en 2011 es "un anuncio de lo que se le puede venir encima" al aeropuerto de Corvera.

    Pujante ha indicado que en los últimos años "se ha vendido mucho humo y ladrillo", lo que ha dado lugar a una "deriva especulativa" que, sumada a la "incapacidad" del Gobierno regional, ha desembocado en una crisis del sector turístico de la Región.
    Asimismo, ha hecho referencia a casos de aeropuertos privados como el de Castellón, todavía inactivo pese a que fue inaugurado en marzo de 2011, y ha insistido en la cercanía de los aeropuertos de Corvera y El Altet, en Alicante.

Datos de San Javier
El aeropuerto de San Javier ha registrado un total de 1.262.541 pasajeros de enero a diciembre de 2011, lo que supone un descenso del 6,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
   Asimismo, el aeropuerto murciano realizó menos operaciones de tráfico aéreo con respecto a 2010, un total de 12.711, un 5,7 por ciento menos que sobre el año anterior.
   Respecto al transporte de mercancías, el total transportado fueron 1.454 kilos, un 43,7 por ciento menos entre enero y diciembre de 2010.
   En concreto, en el pasado mes de diciembre el aeródromo registró 28.753 pasajeros y contabilizó 495 operaciones, lo que supone un crecimiento del 2,5 por ciento. En noviembre fueron 36.141 pasajeros, 562 operaciones (-1,9%).
   Además, transportó 44 kilos de mercancía, es decir, un 91,3 por ciento más que en diciembre de 2010.

El Gobierno baraja congelar sus aportaciones a las CCAA si incumplen el déficit

MADRID.- El Gobierno quiere que el régimen de sanciones a las comunidades comprometido en la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria permita al Estado congelar o incluso reducir las aportaciones que realiza a las autonomías que no cumplan los objetivos de déficit público, en la línea de las medidas previstas por la Unión Europea.

Así lo ha explicado el ministro de Hacienda y Presupuestos, Cristóbal Montoro, en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso, donde ha indicado que primero escuchará las demandas que las regiones le transmitan. Este miércoles recibe a las presididas por el PP y la próxima semana organizará una reunión del Consejo Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Montoro está dispuesto a atender demandas de las comunidades autónomas que se quejan de asfixia económica, e incluso no descarta nuevos incentivos, pero ha recalcado que todo ello estará condicionado al cumplimiento de los objetivos de déficit.

Su deseo es no llegar a la posibilidad de recortar o congelar aportaciones del Estado, pero en todo caso quiere contar con las herramientas adecuadas para actuar si se llega a ese extremo.

El modelo sería el que se aplica en la Unión Europea con los Estados miembros, aunque el diseño concreto busca una mayor eficacia que las sanciones de Bruselas. Su objetivo es empezar a trabajar para "crear una imagen de país" comprometido con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Asimismo, ha explicado que la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno aprobará antes de los Presupuestos Generales del Estado, comprometida en la reforma constitucional que impulsaron el PP y el PSOE, incluirá techos de gasto y, "como consecuencia de la situación económica", también de déficit.

Respecto a otra de las cuestiones que se abordarán en el próximo CPFF, la reducción de entes públicos, el Gobierno ha encargado un informe sobre esta cuestión para evaluar la situación.

Inyección de recursos

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha garantizado a los gobiernos regionales del PP que la subida de impuestos supondrá una inyección de recursos adicionales para las regiones y los ayuntamientos y ha defendido la autonomía económica y financiera de las Comunidades Autónomas.


   Montoro ha mantenido este miércoles una reunión "informal" con los consejeros de Economía y Hacienda de las CCAA en las que gobierna el PP para trasladarles el compromiso del Gobierno y del partido con el déficit público y el equilibrio presupuestario, así como con las medidas necesarias para alcanzar dicho objetivo.

   Tras repasar el contenido del real decreto ley de medidas urgentes económicas aprobado por el Congreso, el titular de Hacienda ha explicado a los consejeros que los ajustes contemplados serán soportados prácticamente por el Estado y ha enfatizado que la subida de impuestos supondrá una inyección de recursos adicionales para las Comunidades y ayuntamientos porque revierte en parte en las administraciones locales y autonómicas.

   Asimismo, Montoro ha reafirmado el "pleno respeto" del PP a la autonomía económica, política y financiera de las Comunidades Autónomas y, en esta línea, ha recalcado que un Estado descentralizado no tiene por qué ser despilfarrador y generador de déficit.

   El titular de Hacienda ha abordado con los consejeros la necesidad de reducir el déficit y racionalizar el gasto público de todas las administraciones, una prioridad para el Ejecutivo, y en este contexto se ha abordado la posibilidad de establecer sanciones a las CCAA que no cumplan con el objetivo de déficit en línea con lo que aplica la Unión Europea con los Estados miembros.

   La reunión también ha servido para debatir otros temas como la Ley de Estabilidad presupuestaria, el plan de saneamiento del sector público en el que trabaja el nuevo Ejecutivo de Rajoy, la necesidad de establecer un techo de gasto para las regiones, así como de atender a los problemas de liquidez para que las CCAA puedan seguir financiando los servicios públicos.

   Finalmente, Montoro ha insistido en la responsabilidad de los gestores públicos y en la transparencia de los distintos gobiernos.

Diego de Ramón plantea presentar una demanda de responsabilidad patrimonial a cuatro niveles en la CAM

ALICANTE.- El abogado que denunció a los antiguos gestores de la CAM ante la Audiencia Nacional, Diego de Ramón, ha pedido a una plataforma de afectados por Caja Mediterráneo en Alicante que se adhieran a una "demanda de responsabilidad patrimonial en cascada" que afecta a cuatro niveles y que son los directivos, los miembros del consejo de administración, los representantes políticos en el consejo de administración.

   Diego de Ramón ha hecho estas declaraciones momentos antes de participar en un acto con esta asociación, que se ha celebrado este miércoles en la sede de CCOO en Alicante, y que ha contado con la asistencia de la diputada autonómica del PSPV-PSOE, Ana Barceló, y la diputada de Compromís, Mireia Mollà, ya que la asociación había invitado a los diputados autonómicos que participan en la Comisión de Investigación de la CAM en las Corts Valencianes.
   Así, el letrado ha indicado que la reunión se ha celebrado con la finalidad de que los miembros de esta asamblea y los afectados se adhieran a una demanda, que tiene previsto presentar "inmediatamente", en caso de recibir apoyo del colectivo alicantino, ante la Audiencia Nacional, para que se depuren todas las responsabilidades patrimoniales.
   El abogado ha explicado que, en su opinión, hay "cuatro niveles de responsabilidad: los primeros son los directivos de CAM, en segundo lugar están los miembros del consejo de administración y, los políticos representantes en el consejo, y en tercer lugar el Instituto Valenciano de Finanzas y la Consejería de Economía del Gobierno murciano, que todos los años tenían los balances y auditorías y no actuaron porque los propios vigilantes tenían créditos de la propia caja" a la que tenían que vigilar.
   En su opinión, "el cuarto nivel de responsabilidad sería del FROB, Banco de España y la CNMV", al entender que cuando "la comisión tuvo conocimiento de la creación del Banco CAM, por falta de solvencia patrimonial y económica, tenía que haber suspendido la cotización".
  "Por eso nos dirigiremos en acciones judiciales, buscando esos cuatro niveles de responsabilidad para que respondan las instituciones del Estado, la policía bancaria, por no haber intervenido la caja antes, salvaguardando así los intereses de los cuotapartícipes porque las cuotas no están protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos".
   De Ramón ha resaltado que en 2008 envió un escrito a la CNMV en el que se oponía a la emisión de cuotas participativas, pidiendo "una garantía de solvencia patrimonial para que la caja pudiera obtener esa liquidez".
   Además, ha indicado que "un mes antes de la intervención, la CAM separa el Banco CAM, donde se deja la parte buena, los depósitos puros y limpios, y deja los créditos contaminados y de dudoso cobro y las cuotas en la CAM", por lo que la CNMV tendría que haber "suspendido la cotización un mes antes de la intervención" porque, de esa forma, no habría habido el perjuicio económico de los cuotapartícipes". Desde su punto de vista, "hubo una dejación de funciones por parte de la CNMV y del Banco de España".
   Respecto a la primera denuncia presentada ante el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, ha indicado que su titular, Grande-Marlaska había pedido una fianza para la personación de 60.000 euros. De Ramón ha recurrido y la fianza se ha rebajado a 6.000 euros, pero ha vuelto a recurrir con el fin de poder asumir la cantidad para poder ejercer la acción popular.
   Además, según ha dicho, el juez le ha pedido al Banco de España, al FROB, "una documentación contable de esos agujeros económico-financieros que tenía la CAM". Ha recordado que ha solicitado al Banco de España que abra una investigación más "exhaustiva" de los posibles delitos penales cometidos por los gestores de esta entidad, así como información relativa a los negocios de CAM "en la oficina de Miami, en paraísos fiscales y también en la oficina de Londres".
   Según ha avanzado, también pretende recabar "información sobre la participación de responsables políticos en las grandes concesiones de los macrocréditos para ver si los consejos de administración tenían los informes de análisis y qué tipo de garantías complementarias se les exigieron".
   A este respecto, el abogado ha mantenido que la CAM "concedió créditos por valor de 1.600 millones de euros sin garantías" y ha exigido que lo "expliquen".

Denuncia de la CIC

La Confederación Intersindical de Cajas (CIC) presentará este jueves una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor en el cargo y actual responsable del Banco Internacional de Pagos, Jaime Caruana, por presunta prevaricación, según informa el sindicato en un comunicado.
   CIC responsabiliza a ambos dirigentes de la situación que atraviesan las entidades financieras y las cajas de ahorro españolas, ya que considera que disponían de informes elaborados por los propios inspectores del Banco de España en los que se advertía del alto nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español.
   Los citados informes detallaban que el riesgo era consecuencia de la "anómala" evolución del mercado inmobiliario español y alertaba de que los "errores cometidos por las entidades acabarían siendo transferidos a la sociedad en conjunto".
   La presentación de la demanda correrá a cargo del presidente de la CIC, Gonzalo Postigo, y del secretario general, Jordi Oller. 
Fernández Ordóñez, actualmente en el cargo, fue designado gobernador del Banco de España el 8 de marzo de 2008 en sustitución de Jaime Caruana, que ocupó el cargo desde julio de 2000.

IU presentará en la Asamblea Regional una solicitud de información para conocer el coste "real" de la campaña 'No-Typical'

CARTAGENA.- El coordinador regional de IU-Verdes en Murcia, José Antonio Pujante, ha anunciado que su formación va a presentar en la Asamblea Regional una solicitud de información para conocer el coste "real" de la campaña 'No-Typical' desde su puesta en marcha, en 2009, tras lo que ha reclamado al consejero del ramo, Pedro Alberto Cruz, que asuma "responsabilidades políticas por el coste de dicha campaña".

   En opinión de Pujante, "la sustitución de la citada campaña recientemente por una nueva marca denominada 'Destino Región de Murcia' evidencia el fracaso de la política institucional del Gobierno regional en materia de turismo durante los últimos años".
   Por ello, ha responsabilizado al consejero de "perder un tiempo precioso, además de mucho dinero, con ocurrencias estrambóticas como la marca turística 'No-Typical'" que, a su juicio, han resultado ser "un gran fiasco con resultados negativos".
   En este sentido, ha recordado que el número de turistas extranjeros en la Región "descendió un 6,8 por ciento entre enero y agosto de 2011 respecto al mismo periodo del año anterior, frente al incremento del 7,8 por ciento que registró de media España, según datos de Frontur".
   Sobre el "rechazo del Gobierno central a la aplicación de un IVA reducido al sector turístico", Pujante ha asegurado que se trata de una "contradicción más" del PP, ya que en la Región "defendió la puesta en marcha de esta medida en la pasada legislatura", según fuentes de la federación de izquierdas.

El PSOE de Los Alcázares denuncia "incongruencias" del Gobierno local, resintiendo servicios y subiendo impuestos

LOS ALCÁZARES.- El PSOE denuncia la "incongruencia" del PP en Los Alcázares, con unos recortes aplicados por el Gobierno de Anastasio Bastida, alcalde de la localidad, "que resienten los servicios municipales", al tiempo que critica la subida "considerable" de impuestos. 

   Así lo ha explicado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Los Alcázares, Joaquín Menárguez, quien aseguró que la primera consecuencia de ese recorte ha sido el cierre del SPA de la localidad, que lleva Aqualia, y el despido de once personas, aprobado en el Pleno del 29 de diciembre.
   Pero, añadió en rueda de prensa, en referencia al informe que les ha presentado el PP, "pretenden un recorte de 289.000 euros en el capítulo de Personal, lo que supone que habrá más despidos".
   Por desgracia, Menárguez prevé que con el recorte en los horarios de las instalaciones que lleva esta concesionaria, Aqualia, "habrá además del orden de tres a cuatro despidos más".
   A este punto el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento alcazareño recordó que en el año 2010, el PP presentó una moción para que se respetaran todos los puestos de trabajo del SPA municipal, que se aprobó con el voto de todos.
   En esta legislatura, añadió, el PSOE preguntó, a raíz de los acontecimientos, si iban a respetar los puestos de trabajo y le aseguraron que así lo harían. Se trata, apostilló, "de una mentira más de las que va llevando el Grupo Municipal Popular".
   Además se ha cifrado como una de las principales deudas del Ayuntamiento, de siete millones de euros, "que luego la reducen bajo su criterio a cinco millones" y desde ese momento "el PSOE ha estado Pleno tras Pleno haciendo mociones, ruegos y preguntas para conseguir tener conocimiento de los verdaderos números de la deuda real de Aqualia con el Ayuntamiento".
   Menárguez ha asegurado que se les ha negado "todo", con lo que, a su juicio, "este tema ha sido perfectamente programado y coordinado entre la concesionaria y el Ayuntamiento".
   En cuanto a los Presupuestos municipales para 2012, aprobados también en el último Pleno del año, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Los Alcázares ha puntualizado que se ha pasado de ingresar 13,8 millones de euros a los 17,5 millones de euros "a costa de subir los impuestos a los ciudadanos" sin estudiar otras medidas de recorte.
   De hecho, criticó, "el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sube un 38 por ciento, el Impuesto sobre Vehículos a Motor sube un 45 por ciento y la recogida de basura un 23,6 por ciento".
   Además, "retiran la partida para el pago del alquiler de las viviendas para la Guardia Civil", lo que les hace sospechar que "con el cambio de Delegado del Gobierno nos retirarán completamente el servicio de la Benemérita en Los Alcázares".
   A lo que se une, remarcó, que el Gobierno local fomente antes el turismo privado que el público y destine una partida de 15.000 euros a un club deportivo privado y otros 36.000 euros a otro, y solo 5.000 euros al comercio.
   "La incongruencia viene hasta tal punto de que el actual alcalde mantiene al anterior asesor financiero, al cual acusa de ser el causante de llevar al Ayuntamiento a una situación caótica", concluyó Joaquín Menárguez, o que aún no haya realizado la auditoría que prometió en su programa electoral.

La socialista aguileña Paca Baraza se 'apunta a un bombardeo' al marcar distancias con María González Veracruz

MADRID.- La secretaria de Ciudades y Política Municipal de la Ejecutiva del PSRM-PSOE y jefa de la Demarcación de Costas en funciones, la bióloga aguileña Francisca Baraza, forma parte del equipo político de la precandidata a la Secretaría General del PSOE Carmen Chacón.

   Chacón ha puesto en marcha un "equipo político" paritario, formado por seis hombres y seis mujeres, para trabajar en su candidatura y ha señalado que su proyecto se diferencia del de su candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, en que quiere "abrir un nuevo tiempo".
   Chacón ha comparecido acompañada de dos miembros de ese equipo, el alcalde de Soria, Carlos Martínez; y la exalcaldesa de Palma, Aina Calvo. A la reunión han asistido también el expresidente del senado y dirigente socialista alavés Javier Rojo, el secretario general del PSN y vicepresidente del Gobierno navarro Roberto Jiménez, la teniente de alcalde de Avilés (Asturias) Ana Concejo y la exsecretaria de Estado de Empleo la castellano-manchega Mariluz Rodríguez.
   Del equipo político forman parte también los exministros Josep Borrell, Cristina Narbona y Francisco Caamaño, el exalcalde de Olula del Río (Almería), Antonio Lucas y la secretaria de Ciudades de la Ejecutiva del PSOE de Murcia, Francisca Baraza, que no han podido participar en la reunión. 
Junto a este equipo "político", la exministra contará con un equipo de organización en el que estarán el todavía delegado del Gobierno en Cuenca, Máximo Díaz Cano, y el diputado del PSC José Zaragoza.
   En el encuentro de este martes sí ha participado el jefe de gabinete de Chacón, Germán Rodríguez; y también se ha acercado al lugar del encuentro, un hotel de Madrid, la exdirectora general de Coordinación Informativa en el Gobierno de Zapatero, Angélica Rubio, que está colaborando como voluntaria con la candidatura de la exministra.
   La propia Chacón ha adelantado que a partir de ahora sus reuniones de trabajo se celebrarán en el local que la Secretaría de Organización del PSOE ha puesto a su disposición, en la calle Ferraz 55, y ha dado las gracias a Marcelino Iglesias por la rapidez.
    La exministra ha evitado valorar las críticas surgidas este lunes durante la Ejecutiva del PSC sobre el hecho de que todos los socialistas catalanes del Comité Federal del PSOE la hayan avalado en bloque y se ha limitado a señalar que ella no contempló la recogida de avales para ser precandidata como una "competición" sino como un "trámite" y que su equipo dejó de recogerlos cuando tuvo suficientes.

El riesgo bancario inmobiliario a debate / Ángel Tomás Martín *

Un gran desacierto, no sólo en la política económica sino en cualquier otra actividad, sería calificar negativamente un producto, una gestión o una corporación en su lanzamiento.

Este principio lo sabe cualquier líder responsable y sería automáticamente cesado si usase expresiones degradantes en los productos o servicios que gestionase. Es el caso de la tan usada y extendida denominación de ‘banco malo’ que se pretende crear para incorporarle los activos inmobiliarios ‘tóxicos’ de los bancos y de casi imposible realización inmediata a causa de un exceso de promoción-demanda, y de unos precios que alcanzaron niveles actualmente inaceptables, impulsados por una especulación y descontrol sin precedentes. Tal calificación podría aplicársele a los gestores económicos y financieros carentes de visión y ausencia de regulación y control.

Banco se define como un organismo público de crédito y de operaciones de banca para facilitar el desenvolvimiento de empresas y particulares; actuaciones desarrolladas con ánimo de lucro. Hay diversas especialidades de bancos: ‘banca privada’, cuya actividad va dirigida a la gestión de patrimonios y asesoramiento integral; ‘banco comercial y de negocios’, especializado en apoyo financiero a empresas y particulares; ‘bancos centrales nacionales’, emisores, con funciones de tesorería de los Estados, de control y de servicio central de balances; Banco Central Europeo; Banco Mundial, organismo económico internacional fundado junto al FMI en 1944 para conceder créditos a los Estados. Todos cumplen sus funciones de financiación, pero siempre acompañadas de la facultad de lucro.

Ente público de gestión patrimonial
Si el mal llamado ‘banco malo’ va a tener como misión la incorporación de activos tóxicos procedentes de la banca privada y comercial, en modo alguno debe llamársele ‘banco’. Debe crearse un ente público de gestión patrimonial sin ánimo de lucro cuya actividad sea la administración y realización de los bienes inmobiliarios incorporados, apoyada por una buena política de mercado que haga posible, en el tiempo, ajustar precios razonables en coyunturas favorables basadas en una demanda nacida del crecimiento económico. Es indiscutible que limpiar los balances, de urgente necesidad, con cargo al Tesoro sería un grave error, dado el alto endeudamiento público y el incumplimiento con las exigencias de los reguladores europeos.

Los balances de las entidades financieras necesitan sanear sus activos, seriamente afectados por la obligada incorporación de inmovilizados ajenos a la habitual actividad para la que han sido creadas. Los valores de incorporación son superiores a los de mercado actuales por razones coyunturales conocidas, lo que, unido a la inversión en deuda soberana, ha paralizado en gran medida sus posibilidades crediticias, indispensables para la recuperación económica que España necesita con urgencia.

Estos activos deben ser liberados a los precios contables actuales, ya que de aplicarse los de mercado vigentes originarían unas pérdidas en el ‘pasivo no exigible’ en muchos casos insoportables y una posición no permitida por el Banco de España, y seguiría sin resolverse el crédito a la economía real. Regularizarlos con cargo a beneficios futuros implicaría un deterioro en las cotizaciones bursátiles sin haber eliminado los activos tóxicos, lo que obligaría a una gestión añadida a la financiera habitual, sin la estructura especializada de la que carecen.

Si se obliga a la entidades de crédito a realizarlos directamente y con urgencia, se provoca una crisis bancaria, una recesión inevitable y una pérdida de credibilidad internacional de muy difícil recuperación. No olvidemos que el conjunto de activos absorbidos supera la cifra de 400.000 millones de euros (que incluye, entre otros, morosos, de dudoso cobro y fallidos, que alcanzan un total de más de 160.000 millones de euros potencialmente problemáticos, aunque en parte ya provisionados ).

Siendo el valor de los ‘créditos débiles’ 70.000 millones aproximadamente, éste es el importe que debería obtenerse del FMI con garantía del propio Ente y del Estado (vayamos ganándonos el favor de EEUU, poseedor de casi el 20% del mismo) para ser inyectado al ente público de gestión patrimonial con destino a compensar los inmuebles recibidos de cada entidad financiera a los precios contables. Estos fondos recibidos por el sistema financiero tendrían como único destino la economía real. La nueva gestión inmobiliaria debería dotarse de un equipo humano especializado de alto nivel técnico y comercial, y contar con el apoyo de las oficinas de los bancos regularizados.

Los terrenos, calificados o sin calificar, deben gestionarse por la propia banca, responsable de haber financiado en la mayoría de los casos con excesiva ligereza, sin que olvidemos en adelante corregir el débil control del Banco de España y del Tribunal de Cuentas del Estado.

(*) Economista y empresario

Cada español pagará 679 euros más este año por recibos e impuestos

MADRID.-   La Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) estima que cada contribuyente deberá afrontar este año un pago extra de 679 euros debido a las subidas del IRPF, IBI, hipotecas y servicios básicos, como el gas natural y el agua.

   En concreto, FUCI calcula que la subida del IRPF supondrá para cada contribuyente una media de 222 euros anuales, a los que hay que añadir los 360 euros al año de las hipotecas que deban revisarse ahora.
   Por otro lado, la subida prevista del IBI de entre un 4 y un 10%, dependiendo del año en el que se revisará el valor catastral de las viviendas, supondrá un incremento medio por inmueble de 42 euros al año, de acuerdo con las estimaciones de esta organización de consumidores.
   Respecto a los servicios básicos, y a pesar de la congelación de las tarifas eléctricas y del butano, el incremento en un 0,5% en el recibo de gas natural supondrá un gasto medio de 0,57 euros al mes.
   En cuanto al precio del agua, cuya subida la decide cada ayuntamiento, es uno de los conceptos que más se va a encarecer este año, pues la factura puede elevarse hasta un 60%, lo que puede implicar un gasto medio de 4 euros mensuales.
   El presidente de FUCI, Gustavo Samayoa, ha denunciado que estas subidas "van a acabar por ahogar a las rentas medias que cada día ven más reducido su poder adquisitivo y su capacidad de ahorro que, en muchas ocasiones es nula, provocándoles incertidumbre en el negro futuro que se vislumbra".
   Ante estas subidas, la organización de consumidores recomienda seguir pautas de control de gasto y ahorro, así como una correcta planificación de la economía para poder afrontar el encarecimiento de los servicios básicos que tienen lugar a principios de año.

El Telediario de Intereconomía se impone en Murcia al de La Sexta

MADRID.-El Telediario de Intereconomía ya ha consolidado su espacio en la parrilla televisiva del mediodía a nivel nacional. Si hace unas semanas los datos reflejaban su superioridad en algunas comunidades autónomas como Madrid, ahora los datos podrían trasladarse al conjunto del país.

De esta manera, el Telediario del mediodía conseguía ayer un 2,1% de share a nivel nacional, situandose en el ranking de audiencias por encima de los informativos de La Sexta, que marcaron un 1,9% de share.Como es habitual, las cifras se disparan si separamos los datos por Comunidades Autónomas. 

Es en Madrid donde el Telediario del mediodía sigue manteniendo su liderazgo, sitúandose dos puntos por encima de la audiencia de Cuatro con un 5,5% de share.

Le sigue Murcia, donde mantiene la misma situación que Madrid, superando también a La 2 y a las autonómicas con un 4,3%. 

En Galicia, Andalucía y Asturias los resultados cosechados tambien se mantuvieron por encima de la media.

Los alimentos multiplican por cinco su precio desde el campo a los hogares

MADRID.- El precio de los productos agrarios y ganaderos se multiplicó por más de cinco desde su cotización en el campo hasta la venta al público en los establecimientos comerciales al cierre de 2011, según el Índice de Precios en Origen y Destibo (IPOD) que publica COAG junto a UCE y Ceaccu.

De esta forma, el diferencial entre origen y destino se acentuó el pasado año, al pasar de 3,93 en diciembre de 2010 a 5,13 en el mismo mes de 2011.
Entre las principales causas se encuentra el desplome de los precios hortofrutícolas, que ha agrandado la brecha entre el campo y la mesa. Productos como las patatas, cebollas, pimientos, calabacines, naranjas, limones o plátanos se pagan en origen hasta un 50% más baratos que hace un año.
De esta manera, los márgenes más desorbitados coinciden con la mayoría de estos productos: cebolla (1.600%), plátanos (805%), patatas (786%), limones (759%) y naranjas (712%).
El índice se elevó hasta el 5,69 en el caso de los productos agrarios, mientras que el de los productos ganaderos se situó en diciembre en 2,96. En concreto, la carne de cerdo y ternera multiplicaron por 5,35 y 4,42 su precio de la granja al hogar.