Desde finales de agosto, he estado bastante tiempo ausente de estas
paginas digitales. En parte porque, a la vuelta del verano presentamos
en Madrid, y el 14 de septiembre, en Barcelona, el libro colectivo
“Escucha España, escucha Catalunya”, en cuya redacción he participado
junto con Piqué, De Carreras, y Lopez Burniol, que es un alegato, de lo
que podríamos llamar el “frente constitucionalista”, contra la secesión y
a favor del entendimiento entre Catalunya y España. Y, con alguna
notable excepción, los medios de comunicación han respondido con un gran
interés a un libro que no podía aparecer en un momento más apropiado.
Escrita antes del verano, acabé mi contribución cuando el president
Puigdemont ponía como condición para comparecer ante el Congreso, como
en su día hizo Ibarretxe, que el gobierno español se comprometiese a
aceptar un “referéndum de autodeterminación”, dicho ya sin esconderse
tras el burladero del “derecho a decidir”. Y ha llegado a las librerías
cuando, el pasado día 6 de septiembre, el Parlament de Catalunya vivía
una jornada esperpéntica y, haciendo caso omiso a toda la legislación
vigente, tanto la catalana como la española, y a sus propios
reglamentos, aprobaba las leyes fundacionales de la República Catalana y
se convocaba un referéndum inmediatamente declarado ilegal por el
Tribunal Constitucional.
Estamos hablando de acontecimientos de una extrema gravedad, de un
verdadero golpe de Estado, cuya dimensión histórica recuerda los que
protagonizo Companys en 1933. Unos y otros son de sobra conocidos y
comentados, pero estos días en Barcelona han servido para hacerme
todavía más consciente de la gravedad de la situación.
Después de haber tenido la ocasión de presentar dicho libro, y el
anterior “Las cuentas y los cuentos de la independencia” ante un
numeroso grupo de empresarios la mayoría de ellos extranjeros, aunque
afincados en Catalunya desde hace muchos años, entiendo su preocupación
por las negativas consecuencias que lo ocurrido, y lo que esta por
venir, tendrá sobre la economía española, y no solo sobre su componente
catalana.
Para seguir con el hilo de los acontecimientos, esta tarde, en un
nuevo ejemplo de su doblez, los líderes de la sedición, acompañados esta
vez por la alcaldesa de Barcelona que ya sale del armario de su
calculada ambigüedad, le mandan una carta a Rajoy, que previamente han
mandado a Finantial Times pidiendo negociar con la mejor de su buena
voluntad y “sin condiciones”. Una nueva operación de propaganda
destinada a mostrar al mundo entero que ellos son los buenos de esta
historia.
¿”Sin condiciones”, dicen?. Pues entonces que empiecen desconvocando
ese pseudo referéndum ilegal. Ya es evidente que no lo van a hacer, no
porque crean en su efectividad, que saben de sobras que para nada
servirá, sino porque es un excelente instrumento para la escalada de la
tensión y de la provocación al Estado.
No se puede pedir diálogo mientras se mantienen actuaciones
contrarias a la legalidad y se violan las normas mas básicas de los
procedimientos parlamentarios. Cuando exigen un referéndum de
autodeterminación, Puigdemont y Junqueras han dejado de hacer política
para situarse en el desacato de las leyes. Pueden desafiar al Estado, y
pueden ganar o perder su desafío. Pero lo que no pueden pretender es a
la vez desafiar y pretender negociar con el que desafían.
En esta línea, poco antes del verano, la asociación cívica Portes
Obertes del Catalanisme presentaba (el 11 de mayo) un manifiesto
titulado Contra la ley, no; solo con la ley, tampoco. En él se señalaba
que la llamada a “la desobediencia tampoco ayuda a resolver los
problemas y además degrada nuestras instituciones de autogobierno […] y
deteriora la convivencia democrática”, pues «solo desde el diálogo y la
negociación se puede cambiar el actual marco legal para reformarlo y
adaptarlo a las necesidades e inquietudes de la sociedad actual». En el
acto, destacados juristas subrayaron el callejón sin salida en el que el
independentismo ha colocado a Cataluña y rechazaron la absurda
comparación entre la democracia española y Turquía que Puigdemont había
hecho en unas conferencias en el extranjero.
Pero de nada han servido estas advertencias que proceden de la propia
sociedad catalana. Azuzados por la voluntad de la CUP de dinamitar el
sistema, incluido la pertenencia a la Unión Europea, el llamado procés
hacia la independencia de Cataluña se dirige a marchas forzadas hacia un
callejón sin salida en medio del entusiasmo de parte muy importante de
la sociedad, el hastío y el silencio más o menos temeroso de otros
muchos y el expreso rechazo de unos pocos.
Para los secesionistas, basta y sobra con las leyes de “desconexión”
aprobadas por procedimientos inaceptables en el normal funcionamiento de
un parlamento democrático, y sin haber alcanzado ni siquiera la mayoría
absoluta de votos en las elecciones autonómicas a las que dieron un
carácter refrendario.
Pero puesto que el mantenimiento de su integridad territorial es la
primera preocupación de un Estado y la primera responsabilidad de su
gobierno, en los próximos días viviremos acontecimientos que pueden ser
de extrema gravedad y que no terminarán el 1 de octubre, pase lo que
pase ese día. Mis contribuciones a estas paginas digitales pueden servir
de cauce al seguimiento y análisis de una repetición de la Historia que
corre el riesgo de ser más una tragedia que una farsa.
Hay que empezar señalando e insistiendo, aunque los independentistas
sigan contándonos la falsa historia de “un sol poble”, que la sociedad
catalana vive un empate entre una mitad que se reconoce en una identidad
exclusivamente catalana, que reclama la construcción de un Estado
propio, y otra mitad que no quiere renunciar a su condición de
españoles, y la considera compatible con su identidad catalana, o cree
que los costes de una secesión serían demasiado grandes.
Para unos, la soberanía reside en el conjunto del pueblo español,
como reza la Constitución, y para otros la soberanía es troceable; los
distintos territorios que lo deseen podrían decidir por sí y ante sí,
seguir formado parte de España, o montárselo por su cuenta. Catalunya
sería soberana, pero llegado el caso, porque no Murcia también.
Esta es la verdadera línea divisoria que separa las posiciones de
unos y otros en este momento. Y los autores del libro citado, nos
situamos del mismo lado, aunque pertenezcamos a distintos partidos
políticos, enfrentados en otras muchas cuestiones, o no tienen
militancia política conocida.
Podemos se ha situado claramente del lado de los que no aceptan que
la soberanía sea del conjunto de los españoles, acompañando a Otegui en
las manifestaciones del 11 de septiembre, que ha dejado en la practica
de ser la fiesta nacional de Catalunya, y abrazando al embajador de
Quatar que no se sabe muy bien que pintaba allí a no ser que estuviese
como gran financiador del Barça.
Esta por ver cual será el coste electoral de esta actitud, porque no
creo que les guste a la mayoría de los españoles, de derechas o de
izquierdas, o de centro, o se sitúen donde se sitúen en el nuevo sistema
de coordenadas políticas que pretende utilizar Podemos.
Estos días, en Catalunya he ido exponiendo consideraciones como las
siguientes, extraídas de las conclusiones de mi contribución a la obra
citada:
La primera es que pretender conseguir la independencia es una opción
política legitima, como ha señalado el Tribunal Constitucional; de lo
contrario, no serían legales los partidos políticos que la defienden.
Pero decidirlo por una mayoría simple de diputados, cuando hacen falta
dos tercios para reformar el Estatuto o para tomar decisiones de
importancia infinitamente menor, es un despropósito. Y hacerlo de forma
unilateral, rompiendo con la legalidad constitucional, es un viaje a
ninguna parte.
La segunda es que ya está bien de engañar a la gente envolviendo sus
propuestas con demenciales referencias a la singularidad de los genes
catalanes, más parecidos, según Junqueras, a los de franceses y suizos
que a los del resto de los españoles, o a la existencia de un superior
ADN cultural carolingio en Cataluña, según Mas, derivado de su
pertenencia a la Marca Hispánica en el siglo IX. Dejemos de ensoñarnos
con proyectos de imposible cumplimiento.
Un referéndum de autodeterminación no tiene cabida en nuestro
ordenamiento constitucional actual. Y no somos un caso muy raro: lo
mismo ocurre en países como Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania,
cuyas constituciones deben ser de tan “baja intensidad democrática” como
Mas cree que es la española. No le demos más vueltas, y digamos la
verdad: el derecho a la autodeterminación de Catalunya no existe en el
Derecho positivo, ni en el nacional, ni en el internacional, por mucho
que Junqueras asegure que se lo conceden las resoluciones de las
Naciones Unidas, desoyendo la opinión de su propio Consell Asessor per
la Transicio Nacional que le advierte que esas resoluciones solo se
aplican a situaciones de dominación colonial, de ocupación militar o de
sistemática violación de los derechos humanos.
Por eso, Catalunya no es titular de un derecho a la autodeterminación
en su aspecto externo, de acuerdo con lo dispuesto en el Derecho
internacional, y no sería reconocida después de una declaración
unilateral de independencia. Y tampoco lo es desde el punto de vista de
lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico interno, y el Tribunal
Constitucional ya ha dejado clara su posición al respecto, lo impediría.
La tercera es que es imperioso dedicar nuestros recursos y nuestras
energías a resolver de forma más constructiva y realista el grave
problema de la relación entre Cataluña y España. Porque una sociedad no
puede desarrollarse normalmente en el seno de un Estado si la mitad de
sus ciudadanos está convencida de que estaría mejor fuera de él.
Y me temo que la “conllevanza” orteguiana no es ya la solución, si es
que alguna vez lo fue. Es cierto que en muchos países, como Canadá,
Italia, Bélgica e Italia, incluso en Alemania y ya veremos si en el
Reino Unido, el «ir tirando» ha sido la solución práctica a falta de
otra. Pero en nuestro caso las cosas han ido demasiado lejos, y la
abúlica indiferencia de Rajoy ha agravado el problema hasta requerir
soluciones estructurales.
Ya se que a estas alturas le estoy pidiendo peras al olmo, pero si de
verdad ofrecen ahora “negociar sin condiciones“, los secesionistas
deberían suspender la celebración de ese referéndum de autodeterminación
que tan solo servirá para aumentar la escalada de la tensión. Y el
Gobierno español debería esforzarse en resolver los problemas, grandes o
pequeños, que son utilizados para alimentar y amplificar el sentimiento
de agravio.
La cuarta es que tarde o temprano habrá que elegir una vía de
solución. Básicamente hay dos opciones, y ambas requieren un proceso de
diálogo, negociación y pacto, que es la única salida al problema: una
singular y específica para Cataluña, la que se ha venido en llamar el
“encaje de Cataluña en España” —como han propuesto, entre otros, Miguel
Herrero de Miñón—, y la de la reforma del Estado en clave federal para
resolver las disfunciones del modelo autonómico, promover el
plurilingüismo en España y defender activamente el bilingüismo en
Cataluña.
La primera tiene la ventaja de ser más sencilla en su redactado y más
fácil de implementar, pero seguramente también más difícil de aceptar
por el conjunto de España.
La segunda puede ser más laboriosa, pero también más resolutiva
frente a los problemas pendientes y con mayor potencial de futuro.
Porque no solo hay un problema de Cataluña con España, también existe un
problema general de diseño del funcionamiento del Estado español en la
distribución territorial del poder, de los recursos y de las
responsabilidades.
En palabras de Joaquim Coll, la solución no es tanto la de
singularizar Cataluña, que podría devenir en una nueva versión de la
caduca “conllevanza” orteguiana, sino la de federar España culminando
así lo que ya estaba en germen en el debate constitucional de 1978, e ir
más allá de lo jurídico, para recuperar emocionalmente a una parte de
esa parte de la sociedad catalana que ha dejado de sentirse española.
(*) Ex presidente del Parlamento Europeo y
militante del Partido de los Socialistas de Cataluña.
