SEVILLA/CALASPARRA.- Representantes del sector
arrocero reunidos por Asaja-Sevilla y la Federación de Arroceros de
Sevilla han asegurado que el 60 por ciento del arroz que importa la
Unión Europea (UE) entra en el continente "sin pagar ningún tipo de
arancel" y el 40 por ciento restante paga sólo 30 euros por tonelada, un
arancel casi un 90 por ciento inferior al que pagaban hace diez años.
Así lo han señalado en el XV Día del Arroz, organizado por
Asaja-Sevilla y los arroceros sevillanos, en la finca Isla Mínima (La
Puebla del Río). Además, han apuntado que esta situación ha provocado
que grandes productores de arroz como son Camboya, Birmania o la India,
en clara competencia desleal, saturen los mercados europeos de arroz.
Este incremento de las importaciones indiscriminadas de arroz supone
"una seria amenaza" a la continuidad del cultivo en la Unión Europea.
La jornada, organizado con el tradicional patrocinio de la
Fundación Caja Rural del Sur y con la colaboración de Asegasa, Dow
AgroSciences y la Diputación de Sevilla, se articuló en torno a una mesa
redonda en la que participaron representantes de la industria arrocera,
el sector productor, el sector de los fitosanitarios, las
administraciones, el Parlamento Europeo y el Espacio Natural de Doñana.
En ella se abordaron los asuntos de mayor preocupación para
este sector: importaciones, precios y mercado o las ayudas de la nueva
Política Agraria Común (PAC).
Andalucía es la primera región arrocera de España. En las
marismas de Sevilla y en la comarca gaditana de La Janda se produce el
44 por ciento de todo el arroz que se cosecha en España, y el peso de la
producción andaluza va en aumento, puesto que es la única comunidad
que, ante la imposibilidad de buscar un cultivo alternativo y pese a la
reducción del precio en origen, ha mantenido constante su superficie en
las últimas cinco campañas.
Tal como destacó el director gerente de la Federación de
Arroceros, Manuel Cano, la provincia de Sevilla cuenta con 37.000
hectáreas dedicadas al arroz, con un claro predominio de la variedad de
grano largo o índica, que engloba el 80 por ciento de la producción,
mientras que el 20 por ciento restante es de la variedad de grano
redondo o japónica.
La cosecha media de la provincia rondará esta campaña las
350.000 toneladas, con un rendimiento medio cercano a los 9.000 kilos
por hectárea, lo que sitúa a los productores sevillanos de arroz como
los primeros del mundo por su productividad.
Son precisamente estos altos rendimientos los que permiten que
el cultivo aún se mantenga, pues con los elevados costes de producción
que soportan los arroceros, si los rendimientos fueran menores, el
sector estaría en pérdidas. Puesto que como puso de manifiesto Manuel
Cano, las cotizaciones han arrancado muy bajas, entre 280 y 285 euros
por tonelada para la variedad índica y entre 300 y 340 euros por
tonelada para la japónica.
Sin embargo, de cara a la presente campaña, algunos expertos
apuntan a que puede darse un giro en el mercado, pues si bien las
cotizaciones actuales son más bajas que hace un año en todas las
variedades, los países exportadores cuentan con menos disponibilidad de
arroz, el fenómeno climatológico de 'El Niño' ha reducido la previsión
de cosecha en el sudeste asiático y se espera que el consumo mundial sea
superior a la producción.
Esto puede crear ciertas tensiones en el mercado y repercutir
en un alza de precios de la que podrían beneficiarse los arroceros
europeos, máxime en un momento como el actual, en el que el valor del
euro es bajo con respecto al dólar. Esta fue la tesis que apuntó Juan
Carlos Marcos, consejero técnico de la Subdirección General de Cultivos
Herbáceos e Industriales del Ministerio del ramo.
No obstante, y tal como señaló el responsable de compras de Ebro Foods, Juan Parias, la viabilidad del cultivo en Europa no puede depender
del fenómeno de 'El Niño' ni de la posibilidad de una catástrofe natural
en el resto de países productores, sino que es "necesario tomar medidas
para evitar la competencia desleal del arroz barato del sudeste
asiático", por lo que o bien "se suben las compensaciones a nuestros
agricultores en la misma proporción en la que bajan los precios, o bien
conseguimos que la Unión Europea haga uso de la cláusula de salvaguarda
para proteger a su sector arrocero, o bien contingenta la cantidad de
arroz que puede entrar de cada uno de esos terceros países".
Según señala Asaja-Sevilla en su nota, estas soluciones no las
ve factibles la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo, Clara Aguilera, quien recordó que la tendencia de la
PAC en las últimas reformas ha sido la de reducir los apoyos a la
agricultura y, en paralelo, abrir el mercado europeo a producciones
agrícolas de terceros países.
En esta línea, Aguilera indicó que la UE tiene 1.600 acuerdos
comerciales en vigor y está inmersa en más de una decena de
negociaciones para facilitar el comercio con terceros países. Si bien,
tal como reconoció la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura,
estos acuerdos se toman sin un estudio de impacto previo en la
agricultura de la UE y sin un impacto de las supuestas mejoras en las
poblaciones de los países beneficiarios, por lo que apuntó que uno de
los objetivos que va a perseguir desde el Parlamento es el de lograr que
la Comisión Europea se comprometa a hacer un seguimiento de las
consecuencias de estos acuerdos.
En su opinión, una gran parte de la responsabilidad de la
reducción del precio en origen del arroz se debe al desequilibrio de la
cadena alimentaria por la presión de la gran distribución, que en su
afán por vender más barato distorsiona precios y mercados.
Y es que tal y como señala Manuel Cano para que los
productores europeos produjeran arroz de manera rentable, el valor en
origen tendría que situarse por encima de los 350 euros por tonelada. El
arroz europeo es de mejor calidad que el arroz asiático con el que está
compitiendo de manera desleal, pues la regulación y la legislación
social y medioambiental europea obliga a producir con unos gastos que no
los tienen países como Camboya, Tailandia, Vietnam o India.
En esta línea profundizó también la directora del departamento
de Registros para España y Portugal de Dow Agrosciences Ibérica,
Cristina Adalid, quien señaló que la UE se lo está poniendo cada vez más
difícil a la industria de los fitosanitarios y a los propios
agricultores, que están quedándose inermes para hacer frente a las
enfermedades de sus cultivos.
Así, en los últimos diez años el coste que tiene que asumir
una empresa que pretenda sacar un nuevo producto fitosanitario al
mercado supera los 250 millones de euros. Y es que, tal como puso de manifiesto Cristina Adalid,
la nueva legislación más restrictiva se ha aprobado sin medir su impacto
en el sector agrícola y en la producción.
Por su parte, el jefe de Servicio de Producción Agrícola de la
Consejería de Agricultura, Marcelino Bilbao, se interesó por los
problemas detectados en algunas partidas de semillas certificadas en la
presente campaña, y se comprometió a mantener un encuentro con los
semillistas y con todo el sector para analizar el asunto y para evitar
este problema en la próxima campaña.
