MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha estudiado, en su
sesión de este viernes, el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y
de Ordenación del Sector Público de Murcia para el próximo ejercicio,
conocida como Ley de Acompañamiento, en la que se recoge la extinción de
la figura del Defensor del Pueblo de la Región y de la Entidad Pública
del Transporte.
Las competencias en materia de quejas a los ciudadanos serán
ejercidas por la Comisión de Peticiones de los Ciudadanos de la Asamblea
Regional, lo que garantiza la "adecuada" protección de los intereses de
los ciudadanos ante el funcionamiento de las Administraciones públicas.
Este proyecto se ha acordado remitirlo al Consejo Económico y
Social y al Consejo Jurídico de la Región para que emitan sus
preceptivos dictámenes.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente y
consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, quien prevé que la
cuantía a ingresar por las modificaciones tributarias que se incluyen en
dicho texto sea de unos 6,6 millones de euros.
En concreto, en materia tributaria el documento incluye una serie
de modificaciones, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en el que se deroga el tramo autonómico de la deducción estatal
por inversión en la compra de vivienda habitual, en consonancia con la
medida anunciada por el Gobierno de la Nación de eliminación a partir
del 1 de enero de 2013 de dicha deducción. Del mismo se estima una
recaudación de 4,5 millones de euros.
Mientras que en lo referido a Tributos sobre el juego, el efecto
económico, según Bernal, se estima en dos millones de euros como
consecuencia de la modificación de los tipos impositivos; y la
repercusión que se prevé por la actualización de tasas regionales, como
en ejercicios anteriores, asciende 45.000 euros.
En este apartado de tasas regionales, se incorpora la de
inscripción y realización de las pruebas de conjunto en las enseñanzas
deportivas de régimen especial y por la apertura de expediente académico
en las enseñanzas de Arte Dramático, Danza, Música, Deportivas y de
Diseño.
Bernal ha explicado que en Tributos sobre el juego se modifican
los tipos impositivos en las apuestas, la regulación del impuesto
regional sobre los premios del bingo, para dotar de una mayor cantidad
neta a los premios, y sobre la gestión administrativa del padrón de
máquinas recreativas.
Asimismo, el texto incluye diversas modificaciones tributarias,
para adaptarlas a la normativa estatal, se reordena el sector público
regional mediante la creación y extinción de varios entes y se refuerza
el control del sector público como garantía del equilibrio financiero de
la Administración regional.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se elimina el
requisito de que el donante tenga que estar ejerciendo funciones de
dirección para poder aplicar la reducción autonómica en la base
imponible por la adquisición inter vivos de empresa individual, negocio
profesional o participaciones en entidades.
También se recoge la regulación del sector público autonómico,
dando cumplimiento a lo previsto en el Plan Económico-Financiero de
Reequilibrio de la Comunidad, aprobado por el Consejo de Política Fiscal
y Financiera el 17 de mayo de 2012.
Preguntado sobre la posibilidad de futuras desapariciones de otros
entes, como el del Consejo Económico y Social, ha indicado que en esta
ley "vienen lo que serían los organismos cuya supresión tiene que hacerse por ley".
"Hay otro tipo de decisiones sobre el sector público empresarial
que requieren acuerdos del Consejo de Gobierno y no modificación de una
ley y, por tanto, entre sus tareas pendientes el Consejo de Gobierno
tiene que estudiar una reordenación del sector público empresarial que
viene fijada en el Plan de Reequilibrio, y es uno de los compromisos que
adquirimos por nuestra adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)",
ha argumentado.
Por ello, ha confirmado que será en próximos Consejos de Gobierno cuando "se revisen algunos organismos, entes públicos, teniendo que ser sometido al análisis y decisión de dicho Consejo".
La reordenación del sector público regional conlleva la creación y
extinción de diversos entes públicos. Por una parte, se crea la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia como organismo autónomo que permitirá
racionalizar la actual estructura de la Administración tributaria
autonómica y en la que se integrarán las funciones de la Dirección
General de Tributos y de la Agencia Regional de Recaudación, con la
consiguiente supresión de ambas.
Se crea el Ente Público Empresarial Instituto del Turismo de la
Región de Murcia, en el que se unifican las funciones atribuidas a la
Dirección General de Turismo y a la empresa pública Región de Murcia
Turística, S.A., lo que supone la supresión de éstas y su integración en
el nuevo organismo.
Y se crea el Ente Público Empresarial Instituto de las Industrias
Culturales y las Artes la Región de Murcia, en la que se unifican las
funciones atribuidas en la actualidad a la Dirección General de
Industrias Culturales y de las Artes y a la empresa pública Murcia
Cultural S.A., con la consiguiente eliminación e integración en el nuevo
organismo.
El régimen competencial de avales y garantías al sector privado se
reordena, concentrándose todas las competencias dirigidas a la
financiación de la economía productiva en el Instituto de Fomento. El
Instituto de Crédito y Finanzas queda como órgano ejecutivo de la
Administración regional y su sector público, para la gestión del
endeudamiento público.
Al respecto, Bernal ha avanzado que esta ley estará en vigor cuando "supere su tramitación parlamentaria y sea aprobada", desvelando que la nueva regulación sobre avales "presumiblemente estará en funcionamiento el 1 de enero de 2013".
Mientras tanto, ha subrayado, "los avales que hay solicitados se
están tramitando por su vía ordinaria y, en este sentido, en el que
afecta al aval por el proyecto de Paramount está dentro del Icref y
sigue en situación de análisis".
La Ley de Acompañamiento introduce un refuerzo del control del
sector público regional, con el fin de regular las relaciones económicas
y presupuestarias para garantizar el equilibrio financiero de la
Administración regional. Se refuerzan las competencias, en materia de
Hacienda, para dictar instrucciones de obligado cumplimiento sobre
presupuestos, control y optimización del gasto, contratos-programa,
políticas de personal, contratación y control del gasto público.
Estas medidas afectan a los entes públicos, entes fundacionales y
consorcios, y demás entidades vinculadas o dependientes del sector
público regional, que deberán elaborar, aprobar y ejecutar sus
presupuestos en términos de equilibrio financiero o superávit
presupuestario, con la obligación de remitir periódicamente información
sobre su evolución.
Asimismo, en estas medidas de control del sector público se recoge
la regulación del régimen jurídico de los puestos directivos de máxima
responsabilidad, para su homologación con la Administración General,
prohibición de indemnizaciones, aplicación del régimen jurídico de
incompatibilidades y principio de responsabilidad en su gestión.