martes, 28 de julio de 2009

CajaSur faculta a su presidente para iniciar los trámites para la fusión de Unicaja

CÓRDOBA.- CajaSur comunicó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la decisión tomada ayer en su consejo de administración extraordinario que faculta al presidente de la entidad, Santiago Gómez Sierra, para iniciar oficialmente los trámites para integrarse en el proyecto de fusión de Unicaja y Caja de Jaén.

Según la comunicación remitida por CajaSur a la CNMV, el consejo de administración extraordinario de CajaSur, reunido ayer en su sede social, conoció los términos por los que la entidad financiera cordobesa se integraría en el proyecto de fusión que están llevando a cabo actualmente Unicaja y Caja Jaén, "lo que en el futuro supondrá constituir la quinta entidad financiera española por depósitos y la sexta por volumen de activos".

Dicho consejo aprobó facultar al presidente a iniciar oficialmente "los trámites pertinentes para proceder a la futura integración", que deberá ser ratificada finalmente por los órganos de gobierno de la entidad.

El consejo de administración de CajaSur, reunido ayer en sesión extraordinaria, dio su respaldo al preacuerdo que, para negociar un proceso de fusión con Unicaja, ya cerraron el pasado 20 de julio los presidentes de ambas cajas andaluzas, Santiago Gómez Sierra y Braulio Medel, respectivamente.

Según dijeron fuentes financieras, el acuerdo adoptado ayer por el consejo de administración de la caja cordobesa está aún pendiente de ser elevado a la CNMV y al Banco de España, "de modo conjunto" por CajaSur y Unicaja, una vez que la caja malagueña también dé luz verde en su propio consejo de administración al inicio formal de la negociación con la entidad cordobesa para la fusión de ambas, además de con Caja de Jaén.

El preacuerdo que perfilaron Medel y Gómez Sierra requerirá de una modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, dada la 'singularidad' de CajaSur, como entidad fundada por la Iglesia Católica (Cabildo Catedralicio de Córdoba).

Las ventas de coches en España no se recuperarán en 2010

MADRID.- El mercado automovilístico español caerá este año por debajo de las 900.000 unidades y no se recuperará en 2010, en línea con la debilidad de la demanda que caracterizará las ventas de automóviles en Europa el próximo año, según un informe sectorial de Standard & Poor's .

Tras el descenso de las matriculaciones del 28,1 por ciento registrado en 2008, hasta 1,16 millones de unidades, la agencia internacional pronostica que el mercado español caerá este año un 26,4 por ciento, con lo que las ventas se situarán en 855.000 unidades.

El informe no prevé una recuperación en 2010, sino un estancamiento, ya que cifra el volumen del mercado para el próximo ejercicio en 853.000 unidades, cifra inferior en un 0,2 por ciento a la pronosticada para 2009.

Por lo que respecta al resto de los principales mercados europeos, la agencia advierte de que el fin de los programas de incentivos provocará en 2010 un descenso de las matriculaciones, que cifra en el 32 por ciento en el caso de Alemania, en el 4,9 por ciento en Reino Unido, en el 11,5 por ciento en Francia y en el 9,3 por ciento en Italia.

Las estimaciones de Standard & Poor's son más positivas en lo referente a Estados Unidos, donde la agencia estima que este año las matriculaciones de automóviles caerán un 25 por ciento, hasta 9,9 millones de unidades, pero se recuperarán un 13,1 por ciento en 2010, con 11,2 millones de vehículos comercializados.

El informe advierte de que los apoyos gubernamentales, en forma de garantías o de créditos, que está recibiendo la industria del automóvil no solucionarán los actuales problemas del sector, sino todo lo contrario.

"Pensamos que algunas formas de apoyo de los gobiernos podría hacer menos competitivos a los fabricantes de coches, si este apoyo restringe su capacidad de reestructurarse con medidas como recortes de empleo o cierres de plantas", advierte.

El rector de la UPCT dice que la implantación de Ingeniería Química en la UMU "es un error que, a la larga, perjudicará"

CARTAGENA.- El rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Félix Faura, aseguró hoy que, la implantación de Ingeniería Química también en la UMU y con iguales atribuciones que en la Politécnica, "es un error y, a la larga, perjudicará".

Y es que la Consejería de Universidades, Empresa e Innovación propuso ayer al Consejo Interuniversitario que informe "favorablemente" la implantación en la Universidad de Murcia del Grado en Ingeniería Química con las atribuciones profesionales de los Ingenieros Técnicos Industriales.

Faura, que se mostró a disposición de reunirse con el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel para hacerle llegar la postura de la universidad, espera que el Consejo de Gobierno tenga en cuenta, antes de la aprobación de este título en la Universidad de Murcia, "todo lo comentado al respecto estos días".

"Creo que han cometido un error que tendrá sus consecuencias en un futuro en el buen gobierno del sistema universitario; pero bueno seguiremos trabajando, evidentemente con la misma intensidad e interés para hacer que la UPCT se consolide, siga creciendo y dando un buen servicio a la Región de Murcia, que es de lo que se trata", explicó.

Así, añadió, "seguiremos trabajando diariamente con renovar ilusión. Lo único, esta decepción, que no es poco y es importante".

"Supongo que si toman esta decisión serán responsables y sabrán asumir los problemas que puedan surgir en un futuro", apostilló el rector cartagenero.

Faura explicó además que la UPCT no acudió a la reunión del Consejo Interuniversitario de ayer porque "tras seis meses advirtiendo de la posibilidad de esta situación, la propuesta que se llevaba, básicamente, era no hacer nada y aprobar la de la Universidad de Murcia".

"Nos podíamos haber ahorrado bastante tiempo", esbozó.

A juicio de Faura, "no tenía sentido dar los argumentos que ya se han dado y que no han servido para que la propuesta sea diferente. No tenía sentido".

"No había más que decir y pensamos que lo mejor era no asistir y que el Gobierno siga adelante con su propuesta", apostilló.

Nosotros, insistió, "lo único que decimos es que cometen un error y que éste generará un precedente, que probablemente en un futuro dará problemas".

El implantar el mismo título en dos universidades "es contrario al espíritu al ordenamiento universitario y puede en un futuro, si se rompe esta forma de gestionar el sistema público de las regiones, poder plantear problemas en otros ámbitos del conocimiento, titulaciones o ingenierías y dar lugar a que, con el tiempo, se vaya transformando el inicio y el origen inicial de las universidades".

"El sistema, probablemente, entrará en una definición muy confusa, que generará muchos problemas desde el punto de vista de los recursos públicos; igualdad de titulaciones a 50 kilómetros, pocos alumnos... En fin, situaciones que no son deseables".

Por su parte, el rector de la Universidad de Murcia, Jose Antonio Cobacho, recordó que "nosotros no nos hemos movido en absoluto" y recordó que "venimos impartiendo Ingeniería Química desde 1994 e incluso antes hubo antecedentes de esa titulación en nuestra facultad de Química".

Al respecto, Cobacho señaló que "lo único que hemos hecho es mandarlo a verificación, atendiendo a los acuerdos de los decanos y directores de Ingeniería Química de toda España, y nuestro plan de estudios no se aparta del que hay en Valencia o Barcelona".

"No es una titulación nueva por la que la UPCT pueda sentirse afectada o agravada, y nada ha cambiado", recalcó Cobacho.

Mientras el Equipo de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Cartagena sostuvo que las carreras técnicas "deben impartirse en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)".

El consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, mostró ayer su confianza de que el final se puede llegar a un acuerdo sobre este tema.

"Nos consta que la UPCT está por trabajar conjuntamente con esta Consejería y seguro que aceptarán los acuerdos que se adopten, se seguirá trabajando codo con codo, y todo volverá a su cauce, como suele ser habitual en el ámbito universitario".

Según el informe emitido por un comité de expertos para la Aneca, puesto a disposición de la Consejería, se trata de "títulos diferentes", pues el de la UMU es una Ingeniería Química generalista y la de la UCPT una Ingeniería Química Industrial.

Ambas titulaciones han sido verificados positivamente por el Consejo de Universidades, tras el estudio técnico de la documentación por parte de Aneca, y son "la adaptación y transformación lógica de títulos que se venían impartiendo por ambas universidades, ya diferentes en su origen", añade el informe.

Así, se concluye que la oferta de títulos del Sistema Universitario Regional se "enriquece", pues ambos títulos "tienen rasgos de identidad diferentes, responden a planteamientos diferentes y perfiles profesionales también diferentes", además de que "su procedencia es distinta".

En lo que respecta al plan de estudios también se diferencian en el número de ECTS y en las materias optativas. El título de la UMU recoge una perspectiva más generalista, y el de la UPCT una orientación a la ingeniería de procesos en el contexto propio de la química industrial, tal y como su denominación recoge.

Universidades propone mantener los precios públicos universitarios

MURCIA.- La Consejería de Universidades, Empresa e Investigación propuso hoy a la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario mantener los precios públicos para el curso 2009-2010, así como crear un grupo de trabajo que "de forma rigurosa, consensuada y transparente, determine las tasa para los años próximos, con la nueva situación que surge tras Bolonia", según avanzó hoy el responsable de este departamento, Salvador Marín.

En este sentido, explicó que se trata de una medida "acorde con la situación actual, sobre todo con este 'mare magnum' que hay de adaptación al proceso de Bolonia", y recalcó que, por tanto, "no habrá subida, se mantendrá a cero".

Marín agradeció la labor de las tres universidades implantadas en la Región de Murcia por la labor desarrollada para adaptar sus títulos a los requerimientos de Bolonia, y detalló que "básicamente todo lo que está acreditado por la Aneca son adaptaciones de licenciaturas".

Y es que, nuevas titulaciones, según Marín, sólo están el Grado en Biotecnología de la Universidad de Murcia, y la solicitud de la Ucam del Grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria.

No obstante, faltan todavía entre cuatro y cinco titulaciones sobre todo postgrados, por verificar por la Aneca, aunque el consejero aclaró que "no tiene la mayor trascendencia, pues lo títulos se seguirán dando con el nombre anterior hasta que se logre la verificación".

La reunión contó con la asistencia del rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho, y del presidente de la Ucam, José Luis Mendoza, no así de los responsables de la Universidad Politécnica de Cartagena, quienes anunciaron hoy su intención de no acudir como forma de mostrar su disconformidad sobre la decisión de implantar el Grado de Ingeniería Química en las dos universidades públicas de la Región.

Preguntado al respecto, Marín comentó que la UPCT comunicó esta misma tarde por fax su ausencia y opinó que "el consejo de coordinación internuniversitario es el lugar idóneo donde una universidad tiene que hacer valer su voz".

"Éste es un lugar de acuerdo y consenso y las instituciones están para utilizarlas y para respetarlas", apuntó Marín, quien lamentó que la UPCT haya declinado asistir a una reunión "que va a tratar muchos otros temas que les afectan, entre ellos los precios públicos".

No obstante, mostró su confianza de que el final se puede llegar a un acuerdo sobre este tema. "Nos consta que la UPCT está por trabajar conjuntamente con esta Consejería y seguro que aceptarán los acuerdos que se adopten, se seguirá trabajando codo con codo, y todo volverá a su cauce, como suele ser habitual en el ámbito universitario".

Por su parte, preguntado por este asunto antes del inicio de la reunión, el rector de la UMU recordó que "nosotros no nos hemos movido en absoluto" y recordó que "venimos impartiendo Ingeniería Química desde 1994 e incluso antes hubo antecedentes de esa titulación en nuestra facultad de Química".

Al respecto, Cobacho señaló que "lo único que hemos hecho es mandarlo a verificación, atendiendo a los acuerdos de los decanos y directores de Ingeniería Química de toda España, y nuestro plan de estudios no se aparta del que hay en Valencia o Barcelona".

"No es una titulación nueva por la que la UPCT pueda sentirse afectada o agravada, y nada ha cambiado", recalcó Cobacho, quien dijo "sentir mucho" que la Politécnica de Cartagena no haya asistido a la comisión "porque me gusta que se hablen las cosas y hablando se entiende la gente".

Según el informe emitido por un comité de expertos para la Aneca, puesto a disposición de la Consejería, se trata de "títulos diferentes", pues el de la UMU es una Ingeniería Química generalista y la de la UCPT una Ingeniería Química Industrial.

Ambas titulaciones han sido verificados positivamente por el Consejo de Universidades, tras el estudio técnico de la documentación por parte de Aneca, y son "la adaptación y transformación lógica de títulos que se venían impartiendo por ambas universidades, ya diferentes en su origen", añade el informe.

Así, se concluye que la oferta de títulos del Sistema Universitario Regional se "enriquece", pues ambos títulos "tienen rasgos de identidad diferentes, responden a planteamientos diferentes y perfiles profesionales también diferentes", además de que "su procedencia es distinta".

En lo que respecta al plan de estudios también se diferencian en el número de ECTS y en las materias optativas. El título de la UMU recoge una perspectiva más generalista, y el de la UPCT una orientación a la ingeniería de procesos en el contexto propio de la química industrial, tal y como su denominación recoge.

Finalmente, desde la Consejería matizaron que la regulación profesional del título de ingeniero químico está pendiente, y es competencia del Gobierno de la Nación "nunca del Gobierno regional".

"Cuando sea regulada dicha profesión nos encontraremos ante un nuevo escenario al que deberá adaptarse el título de la Universidad de Murcia, y así se le ha transmitido al Rector de dicha universidad", concluyeron.

Murcia es la cuarta comunidad autónoma con más banderas y puntos negros en 2009, con 32 y 36 respectivamente

MADRID.- Ecologistas en Acción ha 'premiado' en 2009 a 311 playas españolas con 'banderas negras' por una degradación ambiental alta y con grandes amenazas sobre sus ecosistemas y socioeconomía, y a 392 lugares con 'puntos negros' por tratarse de espacios con pequeños o puntuales impactos que agravan la situación, según informó hoy tras la presentación de su informe 'Banderas Negras 2009. La crisis, una oportunidad para la costa'.

En concreto, la Región de Murcia es la cuarta comunidad con más banderas y puntos negros, 32 y 36 respectivamente.

Así, en esta 11 edición, el número de 'galardonados' ha aumentado en comparación con los datos de 2008, que concedió 303 banderas negras y 310 puntos negros a las costas españolas y donde señalaba que el nivel de transformación de la costa o la saturación de los principales destinos turísticos dejaban a la socioeconomía de los pueblos locales en "una total incertidumbre" y a la costa "en un alarmante estado de degradación", que a su juicio, complicaría las posibilidades de reconversión económica.

En este sentido, el texto de 2009 explica que el sector urbanístico se sitúa como principal motor de desnaturalización de la costa al superar la capacidad de carga del territorio costero, a pesar de que "haya sufrido una desaceleración".

"Se ha producido una alarmante aceleración del proceso de mediterranización que está sufriendo la costa norte peninsular con, por ejemplo, alrededor de 19.000 nuevos amarres en Galicia, con más de 4.000 nuevas viviendas que se prevén en los planes de ordenación urbana de Asturias", señala.

Igualmente, indica que ante la degradación costera las administraciones públicas, central, autonómica y local, lejos de generar un modelo sostenible, se "han empecinado" en aplicar la receta de más construcción como modo de generar empleo de mala calidad y gran temporalidad que además, a su juicio, destruye el patrimonio natural, contribuyendo a la progresiva destrucción del turismo.

Según apunta la organización ecologista, la costa supone el siete por ciento del total del Estado pero es el territorio con mayor transformación, ya que concentra el 50 por ciento de la población y soporta actividades económicas de diversa naturaleza, como el turismo, puertos industriales, agricultura, pesca o comercio, entre otros.

En el análisis por comunidades autónomas, el informe recoge un ascenso generalizado de banderas y puntos negros concedidos y sitúa a Andalucía con 52 banderas negras y 63 puntos negros, a Asturias con 21 y 13 respectivamente, Baleares con 24 y 47, Canarias con 29 y 32, Cantabria con 27 y 6, Cataluña con 23 y 20, Ceuta con 6 y 4, Euskadi con 7 y 7, Galicia, 55 y 102, Melilla 2 y 4, Comunidad Valenciana 34 y 40, y finalmente, Murcia con 32 y 36 respectivamente.

Ante esta "extrema situación", Ecologistas en Acción solicita a las administraciones competentes y a la sociedad a un cambio de modelo social y económico que deba basarse en el estudio de la capacidad de carga del territorio y sus ecosistemas y con programas de restauración ambiental y reconversión de sectores "altamente depredadores" como el turismo y la construcción.

Además, pide que comience de forma urgente la gestión del mar para proteger actividades en peligro, como la pesca tradicional.

"Exigimos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) que se deje de autorizar y financiar las regeneraciones de playas en aquellos municiios que la construcción de infraestructuras, como puertos o espigones, estén impidiendo el aporte sedimentario a las playas", concluye.

Estas son las zonas de la Región de Murcia que Ecologistas en Acción ha señalado en su informe 'Banderas negras 2009' por contar con una degradación ambiental alta y con grandes amenazas sobre sus ecosistemas y socioeconomía:

MAR MENOR

Playa de la Llana (San Pedro del Pinatar)
Playa de la Torre Derribada (San Pedro del Pinatar)
Cañada Real de La Raya
Puerto de San Pedro del Pinatar
Golf Torre del Rame (Los Alcázares)
Puerto Mayor (municipio de San Javier)
Depuradora de San Javier-San Pedro del Pinatar
Playa Camping Cartagonova (Desembocadura de la Rambla del Albujón, Los Alcázares).

LA UNIÓN

Bahía de Portman
El Gorguel

CARTAGENA

LIC y ZEPA de La Muela-Cabo Tiñoso
Playa del Mojón (Mazarrón)
Desaladora de Valdelentisco
Playas del Corral y Contrabando (El Mojón-Isla Plana)
Playa de Isla plana
Playa de La Azohía
Camping Naturista de El Portús
Punta Aguilones - Isla de Escombreras
Novo Carthago
Lo Poyo
Playa de Calnegre
Cala Cortina
Cala Reona
Pedanía de Los Nietos
Depuradora de La Loma-Los Urrutias
Paseo marítimo de Marchamalo, Fase II.

MAZARRÓN

Depuradora de Mazarrón
Mirador en Cabezo de la Cebada
El Alamillo
Bolnuevo
La autopista Mazarrón-Alhama-Totana.

ÁGUILAS Y LORCA

Según señala Ecologistas en Acción en su informe, el Plan General de Ordenación Urbana de Águilas supone, en primer lugar, la construcción de 144.000 nuevas viviendas en un municipio que actualmente cuenta con 20.000 viviendas, el paso de 33.565 habitantes a más de 400.000 y la recalificación de más de 1.300 hectáreas, lo que "consolida la desprotección de la Marina de Cope (Parque Regional Calnegre-Cope), iniciada por el Gobierno Regional en 2001 para su posterior urbanización".

Asimismo, consideran que este Plan recalifica el paraje de La Zerrichera (ZEPA y LIC de la Sierra de Almenara). Finalmente, entienden que el municipio de Águilas está afectado además por la autopista de peaje Cartagena-Vera.

Los marroquíes vuelven a ser el mayor colectivo de extranjeros en España

MADRID.- El colectivo más numeroso de extranjeros en España vuelve a ser el marroquí -729.672 personas-, superando al rumano -675.481 personas-, según datos a 31 de marzo de 2009 del Observatorio Permanente de la Inmigración.

Los marroquíes encabezan pues el primer puesto de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia, un puesto que antes era ocupado por los rumanos, ya que el padrón de 2008 indicaba que en España vivían y trabajaban 728.967 rumanos, mientras que los marroquíes eran 644.688.

En el nuevo ránking de este Observatorio, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, a los rumanos les siguen los ecuatorianos (438.388), los colombianos (282.635), los británicos (210.120), los chinos, los peruanos, los italianos, lo búlgaros y los portugueses.

El número total de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, con datos del primer trimestre de este año, es de 4.495.349, de los que 2.413.144 (el 53,76%) son hombres y 2.075.977 (el 46,24%), mujeres.

Este dato implica un aumento del 0,49% (21.850 personas) respecto al trimestre anterior y del 7,22% (302.514 personas) en los últimos doce meses.

De los casi cuatro millones y medio de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, 235.542 han nacido en España (4.192 extranjeros más que el 31 de diciembre de 2008).

Sin embargo, 4.083.610 han nacido en el país correspondiente a su nacionalidad, 33.267 en otro país del mismo continente que el de su nacionalidad y el resto en un país de un continente distinto.

Además, de los 235.542 extranjeros nacidos en España, el 60,35% tiene nacionalidad de un país africano y otro 19,60%, de la Europa Comunitaria.

Marruecos también es el principal país en número de nacionales nacidos y residiendo en España a 31 de marzo de 2009, con 113.273 niños (1.296 más que el trimestre anterior), constituyendo el 48,16% del total de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor nacidos en nuestro país.

El siguiente colectivo en importancia es el chino, con 19.121 nacidos, seguido del rumano, con 13.329 nacidos.

Cuadro de las principales nacionalidades de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia:

31-03-2009 / Trimestral respecto 31-12-08

TOTAL 4.495.349 -0,49

Marruecos 729.672 -1,71

Rumanía 675.481 -6,03

Ecuador 438.388- 4,00

Colombia 282.635 -2,84

Reino Unido 210.120 -4,38

China 143.273- 3,40

Perú 138.559 -5,85

Italia 137.488 -1,18

Bulgaria 134.705 -6,71

Portugal 120.236 -1,38

Alemania 100.961 -1,21

Argentina 100.211- 3,02

Bolivia 98.578- 15,39

Polonia 84.202 -3,21

Rep. Dominicana 82.850 -2,32

Resto de países 1.010.390 -2,50

Apátridas y No consta 7.600- 0,16

lunes, 27 de julio de 2009

Murcia, Tarragona y San Sebastián tienen las tarifas de taxis más caras de España

MADRID.- Tarragona, San Sebastián, Murcia y Lugo tienen las tarifas de taxi más elevadas, y las más bajas son las de Santa Cruz de Tenerife, Ceuta, Logroño y Cádiz, y en diez municipios se aplican tarifas especiales en los fines de semana que encarecen los viajes hasta 2 euros o un 28 por ciento.

Según explicó en rueda de prensa Rubén Sánchez, portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, esta organización ha realizado un estudio sobre las tarifas de los taxis de cuarenta y una ciudades españolas que revela diferencias de hasta el 169,4% en viajes de similares características.

Desde septiembre de 2008, fecha del anterior estudio de FACUA, hasta julio de 2009, todas las ciudades salvo Melilla y Murcia han actualizado sus tarifas, con una subida media del 5,8%, y todas ellas, con la única excepción de Segovia, las han incrementado más del doble del IPC interanual de 2008, que se situó en el 1,4%.

En diez de las ciudades han aumentado las tarifas más de cinco veces el IPC, y las mayores subidas se han producido en Huelva, un 13,8% de media, Gerona, un 10,4%, y Valladolid, un 9,8%.

"FACUA demanda a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que realicen las inspecciones necesarias a fin de garantizar que los taxímetros pasan cada dos años", ha explicado el portavoz de la Organización, Rubén Sánchez a los periodistas, que pide a las administraciones controles sobre la calidad del sector.

Un trayecto realizado en horario diurno en el que el taxímetro marque la tarifa equivalente a la bajada de bandera más un kilómetro cuesta en Ourense 1,83 euros, mientras que en Tarragona supone 4,93 euros, un 169,4% más.

FACUA ha estudiado los precios de los recorridos de uno, cinco, diez y quince kilómetros realizados de día, de noche y las noches de los fines de semana y, tras analizar los doce trayectos, el estudio clasifica a las ciudades asignándoles puntuaciones, siendo las dos más caras son Tarragona (120) y San Sebastián (66), y las más baratas Ceuta (11) y Santa Cruz de Tenerife (5).

La tarifa media por kilómetro recorrido es de 0,80 euros en horario diurno y de 1,00 euros en noches y festivos, un 25,0% más cara.

Las diferencias en las tarifas por kilómetro alcanzan el 87,0% en la tarifa día y el 146,3% en la tarifa noche y festivos.

En horario diurno la tarifa por kilómetro más elevada se localiza en Tarragona, con un coste de 1,01 euros, seguida de Castellón y Madrid, donde supone un importe de 0,98 euros.

En horario nocturno las más caras se encuentran en Lugo, donde el precio es de 1,33 euros por kilómetro, seguida de los 1,25 de Murcia.

Los precios más económicos por kilómetro tanto en horario diurno como nocturno son los 0,54 euros de Santa Cruz de Tenerife, seguido por el día de los 0,63 euros de Cádiz y de los 0,65 euros de Ceuta por la noche.

De las treinta y nueve ciudades estudiadas que han aumentado sus tarifas, el precio por kilómetro ha subido una media de 6,0% en la tarifa día y un 5,4% por la noche y festivos.

Diez ciudades tienen tarifas especiales durante ciertos horarios en los fines de semana, y así, incrementan el precio con respecto a la tarifa noche entre 0,80 y 2 euros por trayecto o entre un 25% y un 28%.

Se aplican estas tarifas en Barcelona (incremento de 2 euros), Córdoba (un 25%), Gijón (un 28%), Granada (un 25%), Huelva (1,20 euros), Madrid (0,90 euros), Málaga (2 euros), Melilla (0,80 euros), Oviedo (28%) y Sevilla (1,99 euros).

La bajada de bandera cuesta una media de 1,66 euros en la tarifa día y un 33,7% más, 2,22 euros, en la tarifa noche y festivos.

El precio de la bajada de bandera varía en hasta un 335,6% en la tarifa diurna de los días laborables y un 383,6% en la tarifa noche y festivos, según la ciudad.

La más cara en tarifa día es la de Tarragona, 3,92 euros y 5,32 euros en la tarifa noche y festivos. Las bajadas de bandera más económicas son la de Ceuta, 0,90 euros, en la tarifa diurna, y los 1,10 euros de Castellón en la nocturna.

El precio medio de la carrera mínima es de 2,96 euros en horario diurno y de 3,93 euros, un 32,8% más, las noches y los festivos.

Las carreras mínimas varían hasta un 165,7% en la tarifa día y un 201,5% en la tarifa noche y festivos y la más cara en horario diurno es San Sebastián, con un coste de 4,65 euros. En horario nocturno, la carrera mínima más elevada es la de Valencia, 6,00 euros.

Las más baratas, las de Lugo, 1,75 euros en horario diurno y Pontevedra 1,99 euros en nocturno. Se trata de dos de las diez ciudades donde la carrera mínima coincide con la bajada de bandera.

La carrera mínima ha subido este año una media del 4,6% en la tarifa día y un 5,4% en el horario nocturno en las treinta y nueve ciudades que han actualizado sus tarifas. En este caso, la subida más elevada ha sido la de Barcelona, un 11,1% en el horario diurno y en horario nocturno la más excesiva es la de Gerona con un 45%.

Funcas apunta que la Región de Murcia podría percibir financiación de más de un fondo del nuevo modelo

MADRID.- La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) calcula que el nuevo modelo de financiación autonómica dará lugar este año a un repunte del déficit del conjunto de las administraciones públicas hasta situarlo cerca del 10% del PIB, porcentaje del que entre dos y tres puntos será consecuencia de los desequilibrios existentes en las comunidades autónomas.

"En un contexto de fuerte caída de los ingresos tributarios, y sin mecanismos efectivos que garanticen la vigilancia de las desviaciones, podría esperarse un nuevo repunte en el déficit público del conjunto de las administraciones públicas para este ejercicio", señala Funcas al analizar los efectos del nuevo sistema sobre el déficit público.

Así lo asegura Funcas en una nueva edición de sus 'Cuadernos de Información Económica', en los que dedica un artículo firmado por César Cantalapiedra y Susana Borraz, socios de Analistas Financieros Internacionales, a la financiación autonómica.

Funcas reconoce que el nuevo modelo supone un incremento "significativo" de recursos respecto al sistema anterior y concluye que, con el sistema acordado ahora, la capacidad tributaria de los gobiernos autonómicos se "altera sustantivamente" respecto al modelo vigente, al ampliarse su participación en los tributos cedidos hasta el 50% en el caso del IRPF y del IVA y hasta el 58% en los impuestos especiales.

Así, para financiar lo que es propio de sus competencias, las comunidades dispondrán de un 25% de recursos por esta vía, mientras que el 75% restante se aportará a un fondo común denominado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. El montante global de dicho Fondo, según lo acordado, se repartirá en función de la población ajustada.

El modelo contempla además otros tres Fondos. El de Suficiencia Global, que pierde peso en el volumen total de financiación respecto al sistema vigente; el de Cooperación, dotado con 1.200 millones de euros; y el Fondo de Competitividad, que contará con el doble de fondos, financiados con recursos adicionales.

Con respecto a éste último, Funcas anticipa que las comunidades autónomas que podrían acceder a ese Fondo debido que su financiación por habitante se encuentra por debajo de la media serán Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, Valencia y Murcia.

No obstante, considera que queda pendiente de conocer si habrá incompatibilidad en la percepción simultánea de recursos del Fondo de Cooperación y del Fondo de Competitividad, pues, por ejemplo, Murcia podría cumplir los requisitos exigidos para percibir financiación de ambos fondos.

El consejo de administración de CajaSur respalda preacuerdo de Medel y Gómez Sierra para la fusión con Unicaja

CÓRDOBA.- El consejo de administración de CajaSur, reunido hoy en sesión extraordinaria, ha dado su respaldo al preacuerdo que, para negociar un proceso de fusión con Unicaja, ya cerraron el pasado 20 de julio los presidentes de ambas cajas andaluzas, Santiago Gómez Sierra y Braulio Medel, respectivamente.

Según dijeron hoy fuentes financieras, el acuerdo adoptado hoy por el consejo de administración de la caja cordobesa está aún pendiente de ser elevado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Banco de España, "de modo conjunto" por CajaSur y Unicaja, una vez que la caja malagueña también dé luz verde en su propio consejo de administración al inicio formal de la negociación con la entidad cordobesa para la fusión de ambas, además de con Caja de Jaén.

El preacuerdo que perfilaron Medel y Gómez Sierra, que dará lugar a Unicajasur, la quinta caja española en depósitos y la sexta en volumen de activos, requerirá de una modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, dada la 'singularidad' de CajaSur, como entidad fundada por la Iglesia Católica (Cabildo Catedralicio de Córdoba).

El preacuerdo con Unicaja que hoy ha refrendado el consejo de CajaSur contempla, según las mismas fuentes, gran parte de las condiciones planteadas previamente por la caja cordobesa, en cuanto a la estabilidad del empleo en la misma y sobre otras cuestiones, como mantener "el compromiso con Córdoba", pues, aunque que la nueva entidad tendrá domicilio social en Málaga, habrá una cosede operativa en Córdoba "que será cabecera del negocio de la nueva caja en lo que se refiere a Córdoba y el resto de Andalucía occidental, menos Cádiz".

Asimismo, en este acuerdo se presta especial atención al hecho de mantener la vinculación de la Obra Social y Cultural a Córdoba y al Cabildo Catedralicio, de forma que se creará una vicepresidencia ejecutiva en la nueva caja vinculada a la obra social, para su gestión desde Córdoba, a lo que se sumará la creación de una fundación específica dentro de la nueva caja, vinculada especialmente al Cabildo y a Córdoba, a la que quedarán adscritos una serie de inmuebles y activos de CajaSur.

En cuanto a la presencia de la Iglesia y de la otra entidad fundadora de CajaSur (la Diputación de Córdoba) en la nueva caja, las fuentes precisaron que ambas tendrán un peso en la nueva caja del ocho por ciento en los órganos de gobierno, mientras que las cinco entidades fundadoras de Unicaja tendrán un diez por ciento de representación.

La Unión Europea aprueba la norma que obliga a registrar y supervisar las agencias de 'rating'

BRUSELAS.- Los países de la UE aprobaron este lunes de manera definitiva y sin discusión una norma que obligará a registrar y supervisar el funcionamiento de las agencias de calificación de riesgos --entre ellas, las tres que dominan el sector, Moody's, Standard & Poor's y Fitch-- tras las insuficiencias detectadas a raíz de la crisis financiera.

El texto aprobado entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Los Estados miembros tendrán 6 meses para aplicar las nuevas disposiciones.

Las agencias de 'rating' han sido acusadas de no avisar a tiempo de los problemas de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos y de tener por ello una gran responsabilidad en la actual crisis financiera.

Para evitar que estos problemas se repitan, la nueva norma pretende garantizar que las calificaciones no se vean afectadas por conflictos de intereses, que las agencias velen de forma constante por la calidad de la metodología empleada y que actúen con mayor transparencia.

El reglamento prevé que el Comité Europeo de Reguladores Bursátiles (CESR), un órgano consultivo creado en 2001, actúe a modo de ventanilla única en la que tendrán que registrarse las agencias de 'rating' que quieran operar en la UE. El CESR tramitará todas las solicitudes de registro e informará a las autoridades competentes en todos los Estados miembros.

Los reguladores nacionales decidirán sobre el registro y también sobre la pérdida de la licencia en caso de incumplimiento de las reglas comunitarias. La norma prevé la creación de un colegio de supervisores, en el que estén representadas las autoridades de los 27, que servirá como plataforma para intercambiar información en materia de supervisión y para mejorar la coordinación.

Para evitar los conflictos de interés entre las agencias y las empresas a las que evalúan, la norma establece que los analistas que elaboran los 'rating' estén sometidos a un mecanismo de rotación. Las agencias deberán desvelar las metodologías que utilizan para elaborar su calificaciones y publicar anualmente un informe sobre transparencia.

Además, no podrán prestar servicios de asesoría y deberán poner en marcha un sistema de control interno de la calidad de sus calificaciones. Su consejo de administración deberá contar con al menos dos miembros independientes cuya remuneración no dependa de los resultados económicos de la agencia.

Estos miembros estarán nombrados para un mandato único de cinco años. Sólo podrán ser destituidos en caso de falta profesional. Uno de ellos, como mínimo, deberá ser experto en seguros y financiación estructurada.

Los Veintisiete dieron también su aprobación a la nueva norma sobre requisitos de capital para los bancos. Su principal novedad es que trata de restringir las inversiones de los bancos comunitarios en productos de alto resgo y evitar así que se repita el 'efecto contagio' que han provocado los activos tóxicos que tienen su origen en las hipotecas de alto riesgo estadounidenses.

Para ello, la norma prohibirá a los bancos de la UE invertir en instrumentos con riesgo transferible, como titulizaciones de créditos, a menos que la entidad que les haya vendido este tipo de producto conserve al menos el 5% como medida de seguridad.

De este modo se garantiza que el creador de estos productos esté expuesto a los mismos riesgos que los bancos que los compran y así no se atreva a vender activos tóxicos porque en última instancia él también resultaría perjudicado.

Además, se limitará también la cantidad de dinero que los bancos pueden prestarse entre sí en el mercado interbancario. La exposición de un banco a otra entidad no podrá superar en ningún caso el 25% de sus fondos propios o bien un límite de 150 millones de euros.

Finalmente, se crearán "colegios de supervisores" para controlar a los grupos bancarios que tengan actividades en más de un Estado miembro. Estos colegios reunirán a las autoridades de control de los diferentes países en los que esté presente la entidad paneuropea.

El PP sitúa en 40.000 millones "el agujero" de las CC.AA.

MADRID.- El Partido Popular estima que las CC.AA. tendrán "un agujero" de casi 40.000 millones de euros de deuda con el Estado en el año 2011, a pesar de la puesta en marcha del nuevo modelo de financiación autonómica, que aportará un cantidad adicional de 11.000 millones a las CC.AA. en un periodo de tres años.

Así lo pusieron de manifiesto hoy en un encuentro informativo el portavoz económico del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, y el secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, que explicaron que el partido ha realizado estos cálculos a partir de la propia previsión de caída de ingresos del Gobierno para este año y de una congelación de los anticipos del Estado a las CC.AA.

En concreto, el PP estima que las CC.AA. tendrán que devolver al Estado un total de 12.313,3 millones de euros sólo en 2008 debido a unos anticipos a cuenta muy superiores a la cifra final recaudada por los impuestos cedidos y el fondo de suficiencia, cantidad que se elevará a 14.774,9 millones en 2009 y que caerá a 9.224,7 millones en 2010 y 3.719,4 millones en 2011, gracias a las aportaciones del nuevo modelo de financiación.

En conjunto, estas cantidades suponen que las CC.AA., según los cálculos del PP, tengan una deuda con el Estado en el año 2011 próxima a los 40.000 millones de euros, lo que supone un "agujero" que no es "sostenible" porque deja a las comunidades con un déficit "muy sustancial" que se irá acumulando en el tiempo.

Por este motivo, Montoro aseguró que los territorios deberán una cantidad mucho mayor a la que recibirán del nuevo modelo de financiación autonómica, un sistema que, a su parecer, no llegará a compensar "ni de lejos" lo que deben las CC.AA. al Estado por culpa de la mala gestión presupuestaria acometida por el Gobierno socialista en los últimos años.

En este sentido, aseveró que un Gobierno "responsable y sensato" no puede presentar este nuevo modelo como una reforma en un momento como el actual, en el que ni siquiera puede garantizar los ingresos de las CC.AA. ni la cobertura de los servicios mínimos a los ciudadanos. De hecho, consideró que lo que tendría que haber hecho el Ejecutivo era un Presupuesto de emergencia y no reinventar el modelo de reparto en estas circunstancias.

"Era el peor momento para vertebrar una nueva Hacienda Pública", añadió.

Por otro lado, Nadal aventuró que el nuevo modelo llevará inevitablemente a una "salvaje y masiva" subida de impuestos que tendrá que afectar a todas las figuras impositivas y a todas las rentas porque el actual sistema "no es sostenible" y porque se necesitarán unos 18.000 millones más al año en impuestos para equilibrar las cuentas de las comunidades.

Todo esto llevará, según los 'populares', a que en los próximos años haya menos recursos que hoy en día para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales, ya que, a su parecer, las comunidades aún no se han visto plenamente afectadas por la caída de la recaudación de las principales figuras impositivas, algo que sí se notará cuando se liquide definitivamente el ejercicio 2008.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Fátima Báñez, también presente en el encuentro informativo, se limitó a criticar el nuevo modelo de financiación autonómica, y recordó que el Partido Popular votará en contra del proyecto a su paso por el Congreso de los Diputados y por el Senado.

Criticó la forma del Gobierno en el desarrollo y pacto del nuevo modelo y recordó que el sistema es "inoportuno" en el tiempo e "insolidario" con algunas

Consideró que se trata de un modelo que castiga las bajadas de impuestos, que se desentiende de la dependencia, que utiliza variables de reparto "muy arbitrarias" en ocasiones, que abre la puerta a la desigualdad, que no garantiza la suficiencia dinámica del modelo y que es "poco transparente y muy complejo".

El Banco Popular prevé que haya "cinco o seis grandes cajas" en España en 2012

MADRID.- El director financiero del Banco Popular, Jacobo González-Robatto, pronosticó este lunes que "acabarán quedando cinco o seis grandes cajas de ahorros" en España tras las fusiones e integraciones que se llevarán a cabo en el proceso de reestructuración financiera que se desarrollará entre 2010 y 2012 al amparo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En la presentación de resultados semestrales de la entidad, González-Robatto consideró que el número de cajas de ahorros en el país se reducirá "significativamente", porque este tipo de entidades financieras presentan una mayor morosidad que los bancos, asi como un mayor solapamiento de oficinas.

En este sentido, González-Robatto valoró la creación del FROB para depurar los excesos llevados a cabo en la expansión de la red comercial e incentivar las integraciones, al tiempo que confió en que el fondo no sirva para que las entidades obtengan recursos públicos y no compitan en igualdad de condiciones con las que no los reciban.

Un decálogo sobre recursos hídricos insta a considerar el agua como motor de desarrollo económico sostenible

VALENCIA.- El Parque Natural de L'Albufera acogió hoy la presentación del 'Nuevo Decálogo del Agua' en la que se resumen las propuestas de actuación con respecto al uso de los recursos hídricos en la Comunidad Valenciana. Entre otras medidas, el documento insta a considerar este bien como "motor de desarrollo económico sostenible".

El decálogo está extraído de las conclusiones obtenidas tras la realización de tres Jornadas Formativas en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. El acto de presentación estuvo a cargo del secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), José Antonio Redorat Fresquet.

Además, el equipo de profesionales quienes impartieron sus ponencias ha llegado a unas conclusiones sobre los recursos hídricos, su utilización y tratamiento plasmándolo en el siguiente Decálogo.

El grupo está formado por Manuel Lázaro Armengol, presidente de FoSAMA Valencia, Alberto Comos, director de la Fundación Agua y Progreso de la Comunidad Valenciana; y Francisco Cabezas Calvo-Rubio, director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, en Murcia.

Entre otros puntos el decálogo de agua contempla que hay que considerar el medio ambiente y la gestión integral del agua, como un importante motor de desarrollo económico sostenible, así como generador de empleo duradero y confiable.

Asimismo, recalca que la recirculación del agua en suelo y atmósfera son necesarios. La reforestación selectiva y los trasvases son además "indispensables" por cuanto mitigan y palian los efectos negativos del cambio climático.

También es preciso continuar con las políticas de ahorro y de eficacia en el uso del agua. La Comunidad Valenciana es "ejemplo en ello con una superficie del 80% de nuestro regadío modernizado por riego por goteo y reutilizando prácticamente el 50% del agua que se depura en España", señalan los responsables de la iniciativa.

Las mismas fuentes indicaron que es necesario satisfacer adecuadamente las demandas hídricas, garantizando definitivamente, a las futuras generaciones, las demandas ambientales y de recuperación del ciclo hídrico y la "solidaridad territorial" en lo referente a energía, agua, infraestructuras y recursos naturales.

El acto fue clausurado por José María Benlliure, director general del Agua, quien recalcó la labor de los ponentes y "padres" del nuevo 'Decálogo del Agua', que está destinado a "dilucidar y resolver dudas y a aportar soluciones respecto a nuestras políticas hídricas", dijo.

El Gobierno Zapatero comienza a modernizar el ferrocarril de la Región

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha aprobado, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, los expedientes de información pública y audiencia y los Estudios Informativos para la remodelación de las redes arteriales ferroviarias de las ciudades de Murcia y Cartagena.

Estos estudios informativos definen los accesos e instalaciones necesarias para la llegada de la red de alta velocidad a estas ciudades, así como para su integración urbana, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado de prensa.

Esta actuación se lleva a cabo en desarrollo del Protocolo de colaboración suscrito el 22 de junio de 2006 entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Región de Murcia, los Ayuntamientos de Cartagena y Murcia y el ADIF para la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia.

La actuación aprobada tiene su origen a la salida de la estación de Murcia-Cargas y se desarrolla a lo largo del actual pasillo ferroviario hasta la zona de conexión con la nueva variante ferroviaria de acceso a Murcia por el Norte, la Variante del Reguerón. La longitud de la actuación es de 7,8 kilómetros.

En todo el pasillo ferroviario existente se han contemplado los equipamientos y parámetros necesarios para la implantación de servicios ferroviarios de alta velocidad, de forma compatible con los restantes tipos de tráfico, disponiéndose triple vía en todo su recorrido. Inicialmente sólo estaba previsto implantar triple vía en el acceso Norte.

La estación de Murcia del Carmen se ha mantenido en su céntrico emplazamiento actual, adecuándola a la prestación de los nuevos servicios previstos, manteniendo y mejorando su accesibilidad y garantizando su intermodalidad. La estación contará con ocho vías, cinco de ellas con andén de 400 metros de longitud útil. Inicialmente estaban previstas siete.

En lo referente a la integración urbana del pasillo ferroviario, se ha contemplado el soterramiento a lo largo de 4.272 metros entre la futura ronda de Barriomar y la zona de inicio de la variante del Reguerón.

El ámbito del Proyecto se extiende desde el actual punto kilométrico 497,500 de la Línea Férrea Chinchilla-Cartagena hasta la actual estación de Cartagena, siendo la longitud de actuación de 5,9 kilómetros.

En el proyecto se ha contemplado la adecuación del actual pasillo ferroviario de acceso a Cartagena a los parámetros y equipamientos necesarios para la implantación de servicios ferroviarios de alta velocidad.

En particular se ha previsto la ampliación de la plataforma para permitir la implantación de una doble vía en el acceso a la estación de Cartagena y una tercera vía de conexión con el puerto de Escombreras.

Asimismo, se ha previsto la adecuación de la estación para la prestación de los servicios previstos, manteniendo y mejorando la accesibilidad y centralidad actuales; además se ha definido una nueva configuración de la estación con dos zonas diferentes, una con cuatro vías y andenes de 200 metros de longitud y otra subterránea paralela a la anterior con dos vías que permitirán acoger trenes de 400 metros de longitud.

En lo referente a la integración urbana del pasillo ferroviario, se ha contemplado su soterramiento, a lo largo de 762 metros, entre la avenida del Pintor Portela y la futura prolongación de la avenida de Alfonso XIII.

Saura cree que hay que llegar a un pacto para salvar la agricultura regional

MURCIA.- El secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM), Pedro Saura, afirmó hoy, tras reunirse con los representantes del sector agroalimentario regional, que "el PSOE está dispuesto a llegar a un acuerdo con el Partido Popular (PP) para la creación de un pacto para salvar y potenciar la Agricultura, porque es un sector claramente de futuro".

En la reunión se repasó la situación actual del sector agroalimentario la Región de Murcia, en el que "el sufrimiento de los agricultores es mucho mayor de lo que se refleja en las estadísticas", subrayó Saura.

Y es que, para el dirigente socialista, la Agricultura es un sector "verdaderamente estratégico que ha sido olvidado por los dirigentes del Partido Popular (PP) en los últimos años", y recordó que hubo municipios de la Región de Murcia "que cambiaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para hacer urbanizable el 90 por ciento del suelo".

Saura criticó que el Gobierno regional "entendiera antes que la agricultura no era un sector estratégico y ahora se acuerdan de la ella. Bienvenidos sean a la idea de que es un sector de futuro".

En este sentido, confirmó que el PSRM está dispuestos a llegar a un acuerdo con el PP para alcanzar un Pacto por la Agricultura, "porque entendemos es un sector claramente de futuro y porque el año que viene puede ser un año muy complicado para los trabajadores del sector".

Asimismo, explicó que las competencias en la materia están residenciadas en la Comunidad Autónoma, al tiempo que recordó que en la Región de Murcia existe un Plan del Sector Agroalimentario que se creó hace dos años.

"Vamos a pedir en la Asamblea Regional un pleno monográfico para hablar de la evolución de la agricultura y evaluar el cumplimiento de ese plan", adelantó Saura.

Por otro lado, mostró su preocupación por la diferencia "tan exagerada" y "tan poco justificable" que existe entre los precios que reciben los agricultores y los que pagamos los consumidores.

"En ese sentido habría que trabajar en la Región de Murcia, porque ¿cómo es posible que la Región de Murcia sea la comunidad autónoma donde más han crecido las grandes superficies en los últimos años?", preguntó.

El dirigente socialista explicó que esto es un error porque, al final, "con los oligopolios no se consigue abaratar el precio de los productos y los agricultores pierden, además, poder de negociación", por lo que añadió que con estas decisiones del Gobierno regional "Murcia va en la dirección equivocada".

Por su parte, Lencina indicó que en estos momentos en los que se están ultimando las cosechas y los agricultores tienen que comenzar a preparar los terrenos para la nueva campaña, "nos encontramos con un problema de circulante, por la diferencia de precios en origen y destino que han motivado los monopolios y oligopolios del sector".

Aún así, el presidente de COAG señaló que la agricultura murciana "es la mejor y más competitiva del Mediterráneo, pero no por las subvenciones que reciben los agricultores, sino por su trabajo diario", y añadió que "aunque ha servido de colchón, la Agricultura no puede sostener más la situación de crisis en la Región, como dijo el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá".

Finalmente, recordó que la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, dijo a los representantes de los agricultores, durante la inauguración de la depuradora de San Javier, que "debe ser el sector el que regule los precios", aunque Lencina se mostró en desacuerdo con estas afirmaciones y pidió a los políticos leyes para que las condiciones sean más justas.

Valcárcel exigirá en septiembre a la ministra Espinosa la regeneración de Portmán

LA UNIÓN.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, se reunirá a principios de septiembre con la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, para exigirle que se inicie la regeneración de la Bahía de Portmán y salgan a licitación sus obras, según informaron fuentes municipales.

El alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, que mantuvo hoy una reunión con el presidente autonómico, agradeció "la especial sensibilidad mostrada y el firme compromiso de Ramón Luis Valcárcel con los importantes proyectos de futuro de La Unión".

El municipio de Murcia se encamina a superar el medio millón de habitantes

MURCIA.- El municipio de Murcia tendrá 552.870 habitantes en el año 2014, lo que supone un incremento del 26,02% en relación a las casi 440.000 personas que integran el Anuario de Población de 2008, según datos de las Proyecciones de Población difundidas por el Centro Regional de Estadística.

En la actualidad, y según la última información del censo disponible correspondiente a 2008, el municipio de Murcia cuenta con 438.687 habitantes, lo que supone un 2,96% menos que la proyección realizada por el citado informe, que para ese año estimaba una población de 451.674 personas, esto es, 12.987 residentes más.

El 58,8% de la población del municipio de Murcia vive en pedanías, ya de que del total de habitantes censados a 31 de diciembre del pasado año, un total de 180.361 reside en los barrios que configuran el casco urbano.

El Palmar es la pedanía más poblada de Murcia, con 22.111 habitantes según el Padrón Municipal de 2008, mientras que Cañada Hermosa y Carrascoy son las que menos población cuentan, ya que en cada una de ellas residen 121 personas.

Respecto a la proyección de población para la Región de Murcia, el estudio estima que en 2014 se llegará a los 1.824.509 habitantes.

En relación a la situación actual, con datos a 31 de diciembre de 2008 del Instituto Nacional de Estadística, en la Región viven 1.445.410 personas, por lo que el incremento estimado para 2014 es del 26,22%.

domingo, 26 de julio de 2009

Obispo Lorca Planes: 'La calumnia no es cristiana'

TERUEL.- Es el primer prelado que habla, y lo hace sin tapujos, sobre el pasado conflicto entre el Obispado y la Fundación San Antonio en torno a la propiedad y titularidad de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), que provocó el traslado de su antecesor, Juan Antonio Reig Pla. El nuevo pastor de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes (Espinardo, 1949), considera hoy en 'La Verdad' que se han cometido calumnias sacando de contexto las donaciones de la Fundación que dirige la UCAM y se siente dolido por los ataques que han recibido los obispos Javier Azagra, Antonio Cañizares y Manuel Ureña, con los que trabajó antes de marcharse a Teruel.

El nuevo obispo defiende a todos los movimientos y sensibilidades que crecen dentro de la Iglesia, como el Opus y los kikos. «Si no existieran, habría que inventarlos», señala. Está preparando las maletas para dejar Teruel y tomar el sábado próximo las riendas de una diócesis quince veces mayor.

Regresa a una Diócesis que conocía al dedillo hasta 2004 en que se fue a Teruel, pero que en los últimos tiempos ha estado sacudida por el conflicto entre el Obispado y la Fundación San Antonio que rige la Universidad Católica. Los ecos de ese enfrentamiento obligaron a la Santa Sede a intervenir directamente, que decidió el traslado de su antecesor, Reig Pla. ¿Ve demasiado poder en la Fundación que dirige José Luis Mendoza?

- Me han sorprendido muchas manifestaciones que se han realizado sobre este asunto. He visto en muchos blogs y cosas así verdaderos disparates con las interpretaciones que se han hecho. Creo que hay... no sé si intenciones ocultas en toda esta serie de manifestaciones. Que hubieran más o mejores dificultades en las relaciones soy consciente de ellas porque nadie podrá decir que no las supiera, pero cuando uno ha estado cinco años fuera no es sensible para todos los detalles de las cosas y pretender juzgarlas cuando no se conocen al dedillo es una irresponsabilidad. Con respecto a todas las afirmaciones que se hacen de poderes, de dominio sobre personas y de comprar voluntades creo que son calumnias y la calumnia no es cristiana. Alguno tendrá que confesarse.

- ¿Se refiere a las donaciones realizadas por la Fundación San Antonio?

- Toda aquella historia está sacada de contexto. Me dolió muchísimo que se hayan metido con mis obispos, a los que he conocido y con los que he trabajado de una forma muy próxima. Jamás se me habría pasado por la cabeza que hubieran actuado así. He estado cerca de ellos, de don Javier Azagra y de don Antonio Cañizares y de otros que han salido en los medios, y nunca pasó por la mente de ninguno de ellos algo semejante. Quienes han movido esas calumnias deberán confesarse.

- Usted fue testigo directo del nacimiento de la UCAM. ¿La propiedad y titularidad de esta universidad pertenece a la Fundación o al Obispado?

- Me remito a lo que ha dicho la Santa Sede, que es de la Fundación San Antonio. Desde el origen, este proyecto universitario lo estuvo moviendo la Fundación. Yo estaba en la Mesa del Consejo de Vicarios donde quedó claro que la intención y la voluntad de todos, incluida la del Consejo, era que no hiciéramos nada que luego pudiera revertir negativamente en la Diócesis. Así se lo transmitimos a don Javier Azagra. La Universidad Católica y la Diócesis de Cartagena eran realidades diferentes por vías diferentes. Es lo que siempre se pretendió. Yo hablo de lo que fui testigo. Ahora la Santa Sede ha hablado y este tema no me ofrece ningún problema. Es una causa cerrada. Seguiré trabajando en la Diócesis porque es el primer y principal objetivo que me ha puesto el Papa. Pero en la Diócesis también está la UCAM, a la que ofreceré todo mi apoyo porque hay 7.000 alumnos y trabajadores y un amplio claustro de profesores. Esa realidad no se puede despreciar. Una universidad católica necesita también toda la cobertura para su desarrollo y crecimiento. ¿En qué otras diócesis existe una realidad tan hermosa? Es verdad que su inspiración católica le puede molestar a alguien, pero recuerdo que estamos en un Estado de Derecho y por lo tanto puede haber una universidad católica.

- Como nuevo obispo, ¿desea recuperar la tarea de vigilancia de la fe y la catolicidad de la UCAM que se traspasó a la Nunciatura Apostólica?

- No tengo ninguna prisa en nada. Haré lo que me diga la Santa Sede. Estoy tranquilo porque esa responsabilidad la tienen Roma y el nuncio. Descanso porque está en buenas manos. No me preocupa ahora que me digan si lo llevo yo o no. Mi punto de partida es hacer las cosas lo mejor posible y trabajar por la Iglesia. Si la Santa Sede me asigna otras responsabilidades, lo aceptaré porque siempre le dicho sí a todo lo que me ha pedido la Iglesia.

Paraísos fiscales y desarrollo: un resumen del Informe noruego / Juan H. Vigueras *

Con la intermediación de los paraísos fiscales, el dinero que sale de los países en desarrollo corresponde aproximadamente a diez veces la ayuda al desarrollo que se les concede. Es uno de los muchos datos que aporta el informe publicado el 18 junio 2009 por la Comisión sobre “Fuga de capital desde los países pobres”, que hace un año recibió tal encargo del gobierno de Noruega. Con abundante información rigurosa obtenida de fuentes solventes, llega a la conclusión del nefasto papel que desempeñan los paraísos fiscales en las relaciones comerciales y financieras con los países en desarrollo; con un significado adicional por su carácter de documento oficial de un país pequeño pero influyente y con cierta relevancia en las finanzas mundiales derivada de su riqueza petrolífera.

El sector petrolífero de Noruega alimenta unos fondos estatales de inversiones en el exterior, los llamados fondos soberanos, que canalizan el excedente de ingresos públicos y que se invierten en el extranjero siguiendo criterios políticos legalmente establecidos. Entre estos se encuentra el Norfund (Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo) que está legalmente destinado a facilitar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, mediante inversiones de capital riesgo en negocios rentables de países en desarrollo. Estas inversiones noruegas abarcan una gama muy variada que van desde una central hidroeléctrica en Chile, a un banco en Uganda, pasando por un hotel en Kabul; y revisten modalidades también diversas, desde participaciones financieras en empresas gestoras o la gestión directa con empresas propias de referido Fondo soberano. La crisis financiera global ha generado inquietud entre los políticos noruegos sobre la eficacia real de esas inversiones de dinero público para el logro de los objetivos de desarrollo.

Con el mandato de definir una nuevas directrices para el Norfund, en junio de 2008 el gobierno de Noruega nombraba por Real Decreto una comisión multidisciplinar, integrada por reputados profesores de Escuelas de Negocios, un fiscal especializado en delincuencia y otros altos funcionarios entre los cuales estaba la ex magistrada francesa y ciudadana noruega, Eva Joly, famosa desde su instrucción del caso de la petrolera francesa Total-Elf en años recientes y recientemente elegida presidenta de la comisión de desarrollo en el nuevo Parlamento europeo.

Esta comisión gubernamental recibió el mandato de examinar el papel de las “secrecy jurisdictions” en relación con la fuga de capitales desde los países en desarrollo; con el encargo de evaluar los efectos dañinos que los paraísos fiscales están causando en los países en desarrollo, documentando su alcance y asimismo se le pedía que presentara recomendaciones que pudieran aliviar los problemas de los países en desarrollo creados por los paraísos fiscales, proponiendo una guía para las operaciones del Norfund.

Después de un año de investigaciones y trabajos, el pasado 27 junio la Comisión designada entregó al gobierno noruego su informe, bajo el título Tax havens and development (Paraísos fiscales y desarrollo), disponible en inglés en Internet. Sus 217 páginas documentadas se apoyan en estudios solventes, informes de organismos internacionales, de ONGs y los documentos de Tax Justice Network (La Red por la Justicia Fiscal, una coalición de organizaciones y expertos, a la que pertenece Attac-España y a la que está vinculado el autor de este articulo).

A modo de resumen incompleto del citado informe noruego, expondremos algunos de sus apartados más significativos a nuestro juicio, a la espera que el gobierno noruego o alguna ONG publique pronto su traducción íntegra al español.

La imprecisión de la expresión “paraísos fiscales”

Una muestra del rigor y la solvencia de este informe es que comience por subrayar que “paraíso fiscal” (tax haven) “no es un término preciso” y que “no existen criterios generalmente aceptados que determinen los elementos que deberían pesar en la clasificación de paraísos fiscales. Por tanto, el concepto no tiene aplicación en el derecho internacional o en los textos legales nacionales, pero aparece en ciertas propuestas legislativas que buscan la autorización de medidas contra las estructuras dañinas y la falta de intercambio de información fiscal en asuntos tributarios”.

Sin embargo, se reconoce que paraíso fiscal es una expresión muy conocida y usada frecuentemente en los medios de comunicación y en las conversaciones diarias, aplicándose con imprecisión a Estados caracterizados por la adopción de tipos impositivos inusualmente bajos, tanto para toda la economía como para las sociedades fantasma de propietarios extranjeros. A menudo paraíso fiscal tiene como sinónimo centro financiero extraterritorial u offshore y jurisdicción con secretismo (secrecy jurisdiction), pero no existe consenso sobre qué define esa condición.

Este grupo de trabajo muestra sin pretenderlo la falacia de las declaraciones de los gobiernos del G-20 cuando decían combatir los paraísos fiscales sin precisar previamente de que estaban hablando. Y cuando llegó la hora, el G-20 se acogió al falso criterio determinante de la suscripción de convenios bilaterales de intercambio de información fiscal a petición de parte, como se denuncia en nuestro libro Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20 (Icaria. Colección Más Madera, junio 2009)

En cualquier caso, dependiendo de la definición que se elija, aparecen entre 30 ó 70 paraísos fiscales, lo que supone que entre el 15 y el 30 % de los países del mundo podrían entrar en la catalogación de “paraísos fiscales” y las expresiones afines. De ahí que a la Comisión haya considerado oportuno no incluir ningún listado en su informe, aunque ofrece un cuadro comparativo con los listados de la OCDE, del FMI, del Senado estadounidense y de Tax Justice Network. La Comisión gubernamental noruega considera que “los paraísos fiscales” se caracterizan por el modo en que se regula el secreto bancario y su protección, dentro de un sistema normativo construido de manera que pretende sortear los intereses públicos y privados en otros Estados, es decir, aquellos Estados donde los propietarios de las compañías tienen su domicilio o están sometidos a sus obligaciones legales. Luego “el secretismo y la falta de transparencia son la principal característica”, se concluye en el informe.

Son particularmente interesantes las análisis de ciertas estructuras de los paraísos fiscales, como las regulaciones del secreto bancario, las ficticias sociedades instrumentales y los fideicomisos (trusts) así como sus efectos perjudiciales en general; incluso se dedica un apartado para exponer la interferencia de los paraísos fiscales con los derechos humanos definidos por la Convención europea de 1950.

El significativo sector financiero de los paraísos fiscales

En un apartado especifico ilustrado con cuadros de datos reales, la Comisión noruega señala que el capital fluye a las “secrecy jurisdictions” de muchas maneras diferentes. En parte, los fondos entran como depósitos u otros tipos de cuentas bancarias; otra parte se vale de sociedades mercantiles instrumentales, fideicomisos (trusts) y otras entidades propias de los paraísos fiscales y luego ese dinero se coloca en bancos o en otras entidades financieras antes de que sea canalizado hacia países con actividades rentables financieramente.

Aunque sean importantes las inversiones directas hacia o desde los paraísos fiscales, son muchos mayores las inversiones financieras y es mucho mayor el sector financiero en esos países y territorios offshore. Y cita, entre los paraísos fiscales mas notorios (con pequeñas economías y grandes balances financieros), el caso de las Islas Caimán que disponen de la mayor cifra de depósitos bancarios con 1,67 billones $ (doce ceros); en comparación con los 150,000 millones $ de las Islas Vírgenes Británicas. Cierto número de paraísos fiscales, incluidos Hong Kong, Holanda y Suiza, reciben mayores inversiones que las Islas Vírgenes, pero estos países tienen una actividad económica sustancial que no está asociada con el secreto bancario.

En un cuadro estadístico (Página 107) con las cifras de activos bancarios internacionales, Suiza aparece en segundo lugar y el enorme sector bancario de las Caimán dispone de unos activos internacionales que totalizan 700 veces su PIB; mientras los activos nacionales e internacionales de los bancos noruegos se corresponden con 1,3 veces el PIB y los de los bancos de la Eurozona alcanzan 2,5 veces el PIB conjunto.

Con datos de 2008 se recoge otro cuadro sobre la importancia de los sectores financieros en los paraísos fiscales. Por comparación, mientras los EEUU y el Reino Unido representan los dos centros financieros mayores del mundo, con una actividad financiera muy significativa, el sector financiero de la Isla de Jersey representa el 50 % de su PIB y muchos otros paraísos fiscales superan el 17 % del PIB.

La Comisión registra, asimismo, la importancia de las sociedades instrumentales o ficticias domiciliadas en paraísos fiscales que ejercen su actividad económica fuera de esa jurisdicción, en el plano internacional. Como ejemplos relevantes, el citado informe registra que el número de sociedades o compañías por cada 1000 habitantes es de 17.917 en las Islas Vírgenes Británicas; de 1815 en las Islas Caimán y de 213 en las Bermudas. Como comparación, Noruega tiene 40 sociedades mercantiles por 1000 habitantes.

Los flujos de capital desde y hacia los paraísos fiscales

El referido informe reconoce que no se puede determinar con precisión el alcance del dinero ilícito que fluye desde los países en vías de desarrollo hacia los paraísos fiscales; pero es indiscutible que excede con mucho, por ejemplo, a la ayuda al desarrollo o a las inversiones directas en esos países. El Banco Mundial estimaba en 571,000 millones $ el volumen total registrado de capital que llegó a los países en desarrollo en 2006; mientras que la ayuda de los países donantes alcanzó los 70,000 millones $. Sobre el dinero ilegal que sale desde los países en desarrollo, la estimación mas solvente (Kar & Mamadoy, 2008) señala que el total de estos flujos de capital ilegal se sitúa entre los 641,000 y 979,000 millones $. Incluso la estimación menor sugiere que los flujos de salida de capitales exceden las entradas netas de capital. Los fondos que salen corresponden grosso modo a diez veces la ayuda al desarrollo que se concede a los países en desarrollo.

Aunque no todo el dinero ilícito va a parar a los paraísos fiscales, el informe considera documentado que son enormes las inversiones en esas jurisdicciones y que gran parte de esos fondos colocado allí no se declaran para la tributación. Y el informe hace referencia a la estimación que hizo Tax Justice Network para 2004, que cifraba entre 11 y 12 billones $ las fortunas personales colocadas en paraísos fiscales. Y las estadísticas oficiales indican que esas cifras se elevaron en años posteriores, aunque la crisis financiera ha llevado a su disminución desde 2007.

La justificación de la utilización de paraísos fiscales por Norfund

El informe gubernamental referido deja constancia que en la información aportada por el propio fondo soberano Norfund (Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo) a la Comisión, se explica por qué los fondos de inversiones en los que invierte están a menudo localizados en paraísos fiscales. Los directivos del Fondo estatal argumentan que “no es el secretismo lo que hace a los paraísos fiscales atractivos para localizar los fondos sino el hecho de que estas jurisdicciones frecuentemente ofrecen lo siguiente:

  • La gestión segura y menores costes en las transacciones entre los países de origen de los inversores y las compañías en las que se invierten los fondos.
  • Un buen marco legal estable especialmente a la medida de las exigencias del sector financiero.
  • Disposiciones que evitan la tributación innecesaria en terceros países.
  • Y estabilidad política.”

Más aún, los directivos del Norfund aseguran que con frecuencia los paraísos fiscales donde se localizan los fondos disponen de sistemas avanzados para los pagos transfronterizos, destacando, por ejemplo, que los fondos en la Isla Mauricio en los que participa se benefician de las redes bancarias de que disponen en el continente africano los bancos que utilizan; en muchos casos con disposiciones legales muy apropiadas para los fondos porque permiten operaciones que no serían posibles bajo la legislación noruega. Otras argumentaciones abundan en esta defensa.

Es obvio – añadimos nosotros – que, como era de esperar, los argumentos presentados por los gestores son puramente funcionales, pero resultan muy ilustrativos de la filosofía neoliberal que fundamenta las practicas de las entidades financieras globales, privadas y públicas, y que subyace en la globalización de los mercados financieros sin control por los Estados.

Los efectos dañinos de los paraísos fiscales

La Comisión noruega ha identificado los conocidos efectos dañinos que genera la utilización de los paraísos fiscales. Puesto que estos centros financieros offshore o para no residentes contribuyen a la pérdida de ingresos fiscales en los países en desarrollo; asimismo contribuyen a su perpetuación al proporcionarles rentas y legitimación, al mismo tiempo que disminuyen el crecimiento en los países pobres; e igualmente contribuyen al blanqueo de dinero sucio y al fraude fiscal

Sin embargo, el citado informe apunta otros nuevos efectos dañinos menos divulgados, de los cuales tres merecen especial atención; como son el hecho de que los paraísos fiscales incrementen la prima de riesgo en los mercados financieros internacionales; que socaven el funcionamiento de los sistemas tributarios y las finanzas públicas; y que dañen la calidad institucional y el crecimiento de los países en desarrollo.

A) Los paraísos fiscales incrementan la prima de riesgo en los mercados financieros internacionales

La crisis financiera ha revelado que muchas entidades financieras soportaban deudas extracontables que parcialmente estaban registradas en paraísos fiscales y, por tanto, eran opacas. Los ejemplos incluyen instrumentos de inversión y productos estructurados registrados en paraísos fiscales, que al final aumentaban los riesgos de la contraparte y al aumento de los costes de los préstamos las primas de riesgo para todos los países. El informe referido alude a las consecuencias nefastas del funcionamiento financiero opaco que la crisis ha puesto de manifiesto; y que por nuestra parte hemos desvelado con el análisis de casos de rescate bancarios significativos y del sistema bancario en la sombra analizados en nuestro reciente libro ya citado sobre el rescate de los paraísos fiscales por la cumbre de Londres del G-20.

B) Los paraísos fiscales socavan el funcionamiento de los sistemas tributarios y las finanzas públicas

Al ofrecer normas de secreto bancario y domicilios ficticios combinados con regímenes de “cero impuestos” destinados a incentivar la llegada de fondos que dejan de tributar en sus países de origen, los paraísos fiscales incrementan la competencia para atraer el capital volátil, haciendo difícil para los demás países mantener sus tipos impositivos sobre el capital y, por consiguiente, contribuyen a disminuir esta tributación. Los países en desarrollo tienen una base impositiva más estrecha que la de los países ricos y la mayor parte de sus ingresos fiscales procede de la tributación del capital. Según esto, menores impuestos sobre el capital significan bien una disminución en los ingresos y/o bien impuestos más elevados sobre una base mas estrecha. En definitiva, el resultado es que los paraísos fiscales contribuyen a elevar los costes socioeconómicos de la tributación y debilitan el crecimiento en los países en desarrollo.

C) Los paraísos fiscales dañan la calidad institucional y el crecimiento de los países en desarrollo

Las mayores consecuencias negativas potenciales de los paraísos fiscales son su contribución a la debilitación de la calidad de las instituciones y del sistema político en los países en desarrollo. Esto se debe a que incentivan el propio interés de ciertos políticos y burócratas en que se debiliten esas instituciones propias. La falta de una efectiva vigencia de las organizaciones locales significa que los políticos pueden en mayor medida aprovecharse de las oportunidades que los paraísos fiscales les ofrecen para ocultar los beneficios derivados de los delitos económicos, de la corrupción, de la búsqueda ilegal de ingresos provenientes del erario público o de la ayuda exterior. Al facilitar la ocultación de los beneficios de la delincuencia económica, los paraísos fiscales crean incentivos políticos para demoler en lugar de fortalecer las instituciones y/o debilitar en vez de reforzar los procesos de la gobernación democrática.

Apelando a la benevolencia del lector, hemos de expresar nuestra complacencia porque este Informe oficial del gobierno noruego corrobore la conclusión básica de nuestra primera investigación al respecto sintetizada en el subtítulo “cómo los centros offshore socavan las democracias” de nuestro libro Los paraísos fiscales (AKAL, 2005).

Recomendaciones del informe noruego

La principal recomendación del Informe de la Comisión gubernamental atañe a la política de desarrollo de Noruega como país que, como es sabido, es muy activo internacionalmente. La Comisión señala que las autoridades noruegas deberían aumentar su compromiso para reforzar y mejorar los regímenes fiscales y las medidas anticorrupción en los países en desarrollo, trabajando para reforzar sus procesos democráticos, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras cosas.

Pero, asimismo, el Informe de la comisión gubernamental presenta unas “guidelines for Norfund”, es decir una serie de pautas detalladas para las políticas de este Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo, que incluyen la preparación de unas directrices éticas sobre las opciones de la localización de esas inversiones y sobre cómo este Fondo estatal debería informar de sus operaciones.

“En opinión de la Comisión, Norfund debería gradualmente dejar de hacer nuevas inversiones financieras mediante paraísos fiscales en un período de tres años desde la aprobación del Informe de la Comisión. La Comisión ha notado que las consecuencias de eso probablemente serán que Norfund incremente las inversiones directas en compañías de países en desarrollo sin que necesariamente tenga un efecto negativo en los beneficios de las inversiones de la institución. Más aún, la Comisión es de la opinión que, como Norfund tiene objetivos relacionados con la creación de valor y los ingresos fiscales en países en desarrollo, la rentabilidad antes de impuestos de sus inversiones debería ser el parámetro de inversiones más importante. La gestión de conformidad con la rentabilidad post impuestos significa que Norfund dedicaría recursos para minimizar sus pagos tributarios en países en desarrollo. Esto no es reconciliable con el objetivo de la institución de contribuir al desarrollo en los países pobres. A la Comisión no le ha parecido apropiado recomendar que el gobierno pida a Norfund que se retire de los fondos existentes en paraísos fiscales.”

La Comisión dice haber optado, pues, por un período de transición que enviará una señal importante sobre el significado de la no utilización de los paraísos fiscales. Una conclusión final que no puede considerarse revolucionaria; pero que hemos de admitir que marca un camino para todos los gobernantes europeos, particularmente españoles, que han expresado públicamente su disposición a combatir los paraísos fiscales.-

(*) Juan H. Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

http://www.redjusticiafiscal.org