lunes, 21 de mayo de 2018

Mercedes Alaya: «PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación»


SEVILLA.- Mercedes Alaya, la juez que «tirando del hilo» destapó numerosos casos de corrupción en España, rompe su silencio y concede a Abc su primera entrevista, que se desarrolló en el Cortijo Torre de la Reina (Guillena, Sevilla), donde durante más de dos horas expuso sus opiniones sobre la independencia del poder judicial, las macrocausas y la necesidad de reformar el Código Penal para casos de corrupción, entre otras cosas. 

La que fuera juez instructora de los casos ERE, Mercasevilla, cursos de formación, avales... asegura que PSOE y PP votaron en el Consejo General del Poder judicial «apartarla» de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde -dice- habían encontrado hechos «sumamente graves».

En sus intervenciones públicas ha hecho bandera de la independencia del poder judicial. ¿Está amenazada esa independencia está en España?
De muerte no, pero sí de grave enfermedad. La independencia judicial es el baluarte y el principal pilar del Estado Social y democrático de Derecho, es la garantía de la libertad de los ciudadanos y de los derechos fundamentales. Nuestra joven democracia tiene un sistema judicial que resulta envidiable en principio para el resto de los países que nos rodean y me refiero a Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos... En esos países, quien lleva la investigación judicial de los delitos es el fiscal, que depende directamente del poder ejecutivo, más concretamente del ministro de Justicia y a veces éste forma parte del poder judicial. Allí quien termina finalmente investigando es la Policía sin apenas control alguno y rige el principio de oportunidad, que es lo mismo que discrecionalidad, que se convierte lógicamente en arbitrariedad porque se persiguen los delitos según, cómo y quién.
En España, en cambio, rige el principio de legalidad, donde se persigue cualquier delito que se cometa, sea cual sea el delincuente o quien gobierne. Por tanto, tenemos en España un sistema judicial que en teoría puede darle veinte mil vueltas al que tienen el resto de países europeos, pero en la práctica ese principio de oportunidad se pretende introducir a través del Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente politizado, y a través del Ministerio Fiscal, que depende directamente del Gobierno porque éste nombra al Fiscal General del Estado.


En los primeros años de la democracia se acordó la elección de parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte del Congreso y el Senado. ¿De aquellos polvos vienen estos lodos?
Claro. La Constitución dice que el CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces, constituido para garantizar la independencia judicial, estaría constituido por un presidente y 20 vocales. Por la desconfianza inicial hacia los jueces y otros cuerpos, como la Policía o los militares, se estableció que 8 de los 20 vocales serían nombrados entre juristas de reconocido prestigio y el resto, entre jueces. Esto hoy no tendría ningún sentido porque los jueces somos juristas de reconocido prestigio y entre nosotros hay muchas figuras de relevancia.
Las Leyes Orgánicas del Poder Judicial establecieron con posterioridad cómo se elegían los otros 12 miembros del CGPJ. Cuando llegó el PSOE al Gobierno, con la Ley Orgánica 6/1985, y al grito del señor Guerra de «Montesquieu ha muerto», fusiló la independencia del poder judicial ya que esos 12 vocales judiciales del CGPJ también iban a ser elegidos por el Congreso y el Senado. Eso no significaría nada si no fuera porque el CGPJ elige los principales órganos jurisdiccionales: el presidente del Tribunal Supremo y a su vez presidente del CGPJ, el vicepresidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de Sala, a los magistrados del Tribunal Supremo y al director del gabinete técnico de dicho Alto Tribunal; al secretario y vicesecretario del CGPJ; a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas; al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de sala de dicho órgano, así como a presidentes de las Audiencias Provinciales... Incluso, un tercio de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas son elegidos a través del CGPJ por los parlamentos autonómicos. ¿Qué han conseguido con eso? Introducir al poder político y a los partidos políticos dentro de los procedimientos judiciales porque esos altos órganos jurisdiccionales sí que intervienen en los procedimientos, creando cuanto menos una apariencia de falta de independencia judicial.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de corrupción acaban en esos altos tribunales, parece difícil que los partidos políticos vayan a renunciar a nombrar a parte de los vocales del CGPJ.
Efectivamente. Y encima nos encontramos con la falta de independencia del Ministerio Fiscal, que es normalmente la única parte acusadora en los delitos contra la Administración o también llamados de corrupción. Así es que la conclusión es que no todos somos iguales ante la justicia. Se aplica la ley a rajatabla en un delito ordinario, pero la situación no va a ser la misma en un delito de corrupción o en el que haya personajes que tengan cierta concentración de poder. Por ello soy una firme defensora de la acción popular, de que los ciudadanos puedan intervenir en esos procesos.
¿Qué opina de la reforma judicial que permitirá a los fiscales instruir las causas, en lugar de hacerlo un juez?
Con eso tendríamos la tormenta perfecta porque esa instrucción por parte de los fiscales se plantea sin que gocen de independencia, sino que seguirían dependiendo del Fiscal General del Estado y, por tanto, del Gobierno. Se plantea esa reforma de una manera muy grosera porque el fiscal irá instruyendo pero al órgano de enjuiciamiento no le llegará lo que ha instruido, es decir, el atestado, la declaraciones de los investigados y de los testigos... algo importantísimo para conocer el contenido de la investigación y hacer valer las contradicciones por las partes acusadoras. Estamos volviendo al sistema de los gobiernos neoliberales de Alemania, Francia y Reino Unido, en los que impera el principio de oportunidad, no de legalidad. Vamos en dirección contraria a Italia, donde se encuentran algunos de los mejores procesalistas del Derecho Comparado, donde el Ministerio Fiscal dependía en un principio del Poder Ejecutivo, pero conscientes de que ello suponía una falta absoluta de independencia, establecieron que el fiscal, integrado en el Consejo General de la Magistratura, como el resto de los magistrados, realizara su función instructora con total independencia. Allí la diferencia es de mera denominación pues todos son magistrados, unos dedicados a la investigación y otros al enjuiciamiento.
Se queja de que la apartaran de las macrocausas, pero fue usted quien pidió irse del Juzgado de Instrucción 6 para ocupar una plaza en la Audiencia Provincial.
Mi decisión de ascender a la Audiencia vino motivada porque tiene cuatro secciones penales y era muy difícil ascender salvo que se diera una circunstancia excepcional, como la que se dio entonces al crearse una quinta plaza de magistrado en cada sección. Con independencia de que esa oportunidad estaba ahí, yo recabé el compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial y de la Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se me iba a mantener la comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción 6 para terminar las macrocausas aunque ganara esa plaza en la Audiencia. Fue una autorización verbal porque hasta que yo no pidiera la plaza esa comisión de servicios no se podía producir. Me dieron la conformidad personas que hasta ese momento me merecían todos los respetos y confianza. Esas personas estaban en contacto conmigo casi a diario para aconsejarme qué pasos tenía que seguir.
El presidente de la Audiencia Provincial o los vocales mayoritarios del CGPJ querían que yo acabara de instruir las macrocausas, dado el conocimiento adquirido después de cuatro años investigando asuntos tan extremadamente complicados. Ese compromiso se me mantuvo en todo momento, incluso después de haber accedido a la Audiencia. De hecho, la sección séptima de la Audiencia Provincial, a la que yo me incorpore, estaba convencida de que mi estancia allí iba a durar días porque tendría la comisión de servicios en el Juzgado de Instrucción 6. ¡Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos! En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer más. La causa real de la denegación de la comisión de servicios fue, desde mi punto de vista, el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas.
¿Por qué al PP no le iba a interesar que se siguieran investigando los cursos de formación?
Porque había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas. En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE. Mi percepción personal, y la del  equipo de investigación que yo había formado con la UCO, es que no querían que investigáramos los cursos de formación, porque lo que estábamos viendo era sumamente grave, como era que una Administración impidiera físicamente a los funcionarios que controlaran el desarrollo de los cursos de formación sin ponerles coches, sin pagarles dietas, sin darles posibilidad de horarios, cursos que en muchísimos casos no se impartían; en otros supuestos, sin seguir el procedimiento expresamente previsto, se utilizaban las subvenciones a formación concedidas por la Junta para con ellas pagar nóminas a trabajadores, que en muchos casos no recibían dicha formación, pero permitiendo con ello que durante el tiempo de la supuesta formación siguieran cotizando a la Seguridad Social, lo que posibilitaba que los trabajadores pudieran acceder nuevamente a prestaciones por desempleo. Asimismo, durante años se concedieron nuevas subvenciones para cursos de formación a cientos de empresas sin haber acreditado previamente los gastos de las subvenciones recibidas el año anterior, que es lo que la normativa exige. Además estaba investigando el tema de la fundación Faffe, de la que podríamos hablar durante largo tiempo con hechos sorprendentes. Insisto en que a mi modo de ver no interesaba la investigación de los Cursos de Formación.

El caso de los avales concedidos por la Agencia IDEA, de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, era presuntamente como el de las ayudas sociolaborales pero con otro ropaje distinto, es decir, conceder avales sabiendo que no los iban a ejecutar a las mismas empresas que habían recibido ya ayudas sociolaborales o a otras diferentes. Estamos hablando de avales que no llegaron a intentar ejecutarse nunca. Cuando abandoné el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la instrucción de esta causa, con el conocimiento adquirido del tema de los ERE, la dejé expresamente ordenada, especificando todas las diligencias de investigación que debían practicarse.


Si hubiera sabido que no le iban a dar la comisión de servicios para acabar las macrocausas, ¿hubiera perdido la oportunidad de ascender a la Audiencia?
No me hubiera movido del juzgado porque tenía un compromiso personal con estas causas y con el equipo de investigación que había formado con la UCO, con los interventores del Estado, los inspectores de Hacienda, inspectores del Consorcio de Compensación de Seguros y los funcionarios de mi juzgado, en especial con Charo, funcionaria a la que la Guardia Civil impuso una medalla por el servicio prestado, que me acompañaron en estos avatares. Yo estaba disfrutando con lo que estaba haciendo, y creía que mi lugar era ese en aquel momento.
Se le ha criticado por querer acaparar toda la instrucción del caso de los ERE y no querer compartirla con otros jueces de refuerzo.
Desde 2011 a 2013 yo había llevado los tres casos de Mercasevilla, el Betis, los ERE, junto al resto de las causas ordinarias de mi juzgado y mis guardias. En 2013 me nombraron un juez sustituto, Iván Escalera, para la llevanza ordinaria de los asuntos, cosa que hizo maravillosamente a fin de que yo pudiera dedicarme a la investigación de aquellas causas complejas. Caí enferma y a la vuelta, el presidente del TSJA me planteó que quería reforzar mi juzgado con dos jueces más para la llevanza de los macroprocesos. Yo me incorporé todavía enferma, cuando todavía tomaba 17 pastillas, y no me podía permitir el lujo de dar clases particulares a jueces que no tenían ni idea de por dónde tenían que coger esos temas. Estamos hablando de millones de folios. Me costaba más trabajo explicarles lo que había instruido, lo que tenían que hacer y luego coordinar todas las actuaciones, que hacerlo yo misma. Por eso no quise aceptar la ayuda de esos dos jueces. No quería aceptar además ninguna ayuda fuera del juez sustituto porque esa ayuda era a cambio de presiones internas del TSJA. Dicho y hecho.

Finalmente, no tuve más remedio que acceder porque se cesó al referido juez sustituto y se me impuso la ayuda de un magistrado titular de refuerzo para que llevara los asuntos ordinarios y además me obligaron a cederle las guardias. Cobrar o no cobrar esas guardias era lo de menos, pero me quitaba la posibilidad de que una vez a la semana tratara otros temas diferentes y estar en contacto con el personal de mi juzgado. Con ese magistrado titular de refuerzo fue cuando el juzgado estuvo en los asuntos ordinarios más retrasado que nunca, lo contaban los funcionarios, y eso puede verse en las estadísticas. Era muy habitual cuando llegaba la una de la tarde, que ese compañero me dijera: me voy al club Pineda a almorzar con mi mujer, o me voy a recoger a mis niñas del colegio... Imagínese la cara que se me quedaba a mí porque todavía me quedaba una larguísima jornada por delante. Sé que hubo alguna llamada de atención y ese magistrado tuvo que ponerse las pilas. Yo tuve que pasar por todo esto, y por muchísimo más que no cuento, circunstancias que poca gente conoce.


Un juez del Supremo vinculado a 'Agbar' rechaza un recurso sobre el precio del agua


VALENCIA.- Hace 7 años que agrupaciones vecinales de Murcia y Cartagena, municipios que pagan el agua más cara de España después de Lorca, empezaron una batalla judicial sin precedentes. Asesoradas por el interventor municipal Fernando Urruticoechea y amparadas por la jurisprudencia del Constitucional, pretendían que el precio del agua fuera reconocido a nivel general como una tasa sometida al control público y no como un tarifa (o precio privado) que las empresas suministradoras establecen a discreción, según publica hoy www.elsaltodiario.com

De haber progresado la iniciativa, se hubiera tambaleado seriamente todo el negocio establecido alrededor del suministro del agua en España, que actualmente es el servicio municipal que más beneficios económicos genera y está sometido al oligopolio de Aqualia, Acciona y Agbar
Sin embargo, el 10 de mayo las abogadas de estas asociaciones vecinales recogieron las dos sentencias firmadas por Joaquín Huelín (en la imagen), que desestimaban sus recursos de casación, les obligaban a pagar las costas procesales y ponían fin al recorrido de la demandas, al menos a través del Supremo.
Este magistrado fue designado como ponente del caso por la sección segunda de la sala tercera mediante providencia del Supremo en junio del 2017. Sin embargo, Huelín formaba parte en ese momento de la sección primera de la sala, donde ya en 2016 había participado en la admisión de los dos recursos de casación presentados. 
Esta decisión contraviene las normas de reparto de la sala, que impiden que un magistrado de la sección primera que ha conocido la admisión a trámite de un recurso participe más tarde en su deliberación. Pese a ello, se decidió agrupar ambos recursos, señalar la fecha del fallo para el mismo día y entregarlos a un mismo ponente: Joaquín Huelín.
Joaquín Huelín participó y se benefició de un acuerdo firmado entre la empresa Agbar y el Consejo General del Poder Judicial entre 2012 y 2015. Huelín participó junto a jueces de toda España en un convenio que contaba con ponencias y cursos de formación para magistrados organizados por Agbar que tenían como objetivo explícito “contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica” en relación a la gestión del agua.  
La revista Atlántica XXII accedió al texto del convenio y profundizó en un artículo sobre la forma que tuvo hasta 2015, cuando el abogado de Urruticoechea denunció el caso por entender que se estaba adoctrinando a los magistrados para responder a los intereses de las empresas y el CGJP tuvo que ponerle fin. 
Huelín incluso es coautor de un libro titulado “El precio del agua” editado por Agbar en el marco de este convenio. En él firma junto a nombres como Gaspar de la Peña Velasco, uno de los consejeros de EMUASA, la empresa mixta que opera en Murcia y contra la que se dirigía uno de los recursos de casación desestimados por Huelín. 
EMUASA está participada en un 49% por Hidrogea, que pertenece al grupo empresarial de Agbar. Hidrogea es el cambio de nombre que adoptó Aquagest en Murcia a partir del caso Pokemon. 
En el marco de este caso, la jueza Pilar de Lara definió a Aquagest como “una verdadera asociación ilícita”.
En el libro editado y promovido por Agbar, Huelín firma la ponencia titulada “Un sector necesitado de seguridad jurídica” donde defiende de manera contundente el sistema tarifario y afirma que “el mercado del agua está necesitado de una mayor seguridad jurídica que suministre la estabilidad imprescindible para fomentar la participación del sector privado, especialmente en lo que atañe a su régimen financiero”. 
Es decir, en lo que atañe a financiarse mediante tasas públicas o tarifas privadas. 
Ni el escrito de incidencia por nulidad de actuación que presentaron los demandantes por su designación contraria a la normativa de la sala, ni la recusación posterior por entender que la vinculación de Huelín con Agbar (y por extensión con EMUASA) le hacían parte interesada en el caso fueron aceptadas por el Supremo. 
Al contrario, el equipo demandante asesorado por Urruticoechea tuvo que pagar las costas además de una sanción de 2.000 € por mala fe contra el magistrado ponente.
No es todo el rastro que ha dejado Joaquín Huelín en su paso por la batalla judicial del agua. También se le puede encontrar ejerciendo su papel de defensor del sistema tarifario en el voto particular que firma junto a otro magistrado en una sentencia del Supremo de 2015. 
El Tribunal falló en favor del recurso del ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma en defensa de su poder tributario, entendiendo el precio del agua como una tasa que no ha de estar sujeta al sistema tarifario de las empresas sino al poder tributario de las administraciones municipales.
Esta sentencia y otra relativa al municipio canario de Los Realejos, ambas de 2015, fueron parte de la base jurídica de los recursos de casación por Murcia y Cartagena, pues generaban jurisprudencia sobre la obligación de que todos los servicios municipales del agua sean financiados mediante el concepto tasa.
De los magistrados del Supremo que ahora han deliberado sobre las demandas de Murcia y Cartagena solo queda uno de los que aparecía entonces en las sentencias de 2015. Es el mismo Joaquín Huelín que emitió el voto particular, que participó entre 2012 y 2015 en el convenio con Agbar y firma uno de sus libros, y que ha sido designado como ponente de esta última sentencia de forma contraria a la normativa de la sala.
El próximo paso de las asociaciones ciudadanas que están luchando contra los abusos de las tarifas del agua es presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Hasta entonces, estas dos sentencias del Supremo suponen un duro golpe al recorrido judicial de la deliberación del precio del agua, puesto que se hace efectiva esa “seguridad jurídica” del sistema tarifario impuesto por las empresas del agua que el juez Huelín defendía en su ponencia para Agbar.
Según afirma Fernando Urruticoechea, se trata de “un severo castigo por el atrevimiento de enfrentarse al saqueo perpetrado por el lobby del agua”. Un castigo que no solo recae sobre las asociaciones que tendrán que pagar las costas del proceso, que ascienden hasta los 16.000 euros en el caso de Cartagena y 18.000 en el de Murcia, sino sobre todos los usuarios del agua en España. Hasta que el Constitucional no se pronuncie, estarán jurídicamente indefensos frente a las tarifas de los precios del agua.
Toda la batalla jurídica sobre el precio del agua orbita, principalmente, en torno a estos dos conceptos clave: tasa y tarifa. La tesis del lobby de las empresas del agua siempre ha radicado en entender que cuando el servicio del agua se presta mediante concesiones, se aplica el poder tarifario de los concesionarios para marcar los precios. 
 La pretensión es que, por mucho que se trate de un servicio municipal y de primera necesidad, sea la forma de gestionarlo la que marque el régimen de precios al cual debe atenerse. Esta interpretación tiene importantes repercusiones en España, donde alrededor del 60% del agua la gestionan empresas privadas.
La aplicación de las tarifas no solo abre la puerta a que los precios del agua se disparen, sino que también hace casi imposible fiscalizar la actividad de las empresas en tanto que sus gastos e ingresos no figuran en los presupuestos municipales. 
Incluso en el caso de los impagos, la tarifa permite que se dé un corte del suministro de manera inmediata, mientras que cuando se trata de una tasa se requiere un procedimiento de apremio que debe pararse si se prueba la insolvencia del deudor.
Los intentos del lobby por hacer prevalecer las tarifas se remontan a la sentencia 185/95 del Tribunal Constitucional. En esta sentencia se esclareció, para evitar que se produjeran beneficios por su explotación, que el precio de los servicios públicos de recepción obligatoria o esenciales para la vida digna que se prestan en régimen de monopolio por los municipios (como es el caso del agua, el alcantarillado o las basuras) tienen que financiarse con arreglo al poder tributario de la administración. Es decir, mediante el concepto de tasa.
La sentencia insiste además en que, independientemente de la forma en que se gestione, ya sea directamente por los ayuntamientos, bajo concesiones o en empresas mixtas, lo que prevalece es el carácter del servicio que se presta. 
De este modo, contradice la tesis de las empresas y deja claro que, lo gestione quien lo gestione, el servicio del agua se ha de financiar mediante una tasa, cuya cuantía está limitada a los costes del servicio y su aprobación está muy controlada. 
Esta decisión judicial tardó 8 años ser plasmada en la legislación. En 2003 se aprueba la nueva Ley General Tributaria, que en el segundo párrafo de su artículo 2.2.a) ratifica la sentencia del Constitucional y establece que el agua se ha de considerar siempre una tasa. Sin embargo, en aquellos lugares donde el agua es gestionada por empresas privadas siguen prevaleciendo las tarifas. 
Aunque esta situación se denunció poco, el Supremo falló a favor de las tasas siempre que hubo demandas al respecto.
Pese a todo, las demandas nunca procedieron de asociaciones en defensa de los derechos del agua en vistas a garantizar una regulación pública en todo el Estado, sino que se quedaban en disputas locales. 
No es hasta 2011 que las asociaciones de Murcia y Cartagena se empiezan a organizar con este objetivo. Sin embargo, en ese año se da un paso hacia atrás al aprobarse la Ley de Economía Sostenible.
A través de una enmienda de última hora propuesta por CIU que apenas recibió resistencia parlamentaria, La Ley de Economía Sostenible eliminó el párrafo de la Ley General Tributaria que blindaba la prevalencia de las tasas en el régimen de precios del agua. De este modo, se vuelve a abrir la puerta a considerar las tarifas. 
La aplicación de la ley vino acompañada de una campaña en revistas jurídicas para informar a los interventores municipales, cosa que no se hizo en la modificación legislativa de 2003.
Ante la nueva perspectiva legislativa, los demandantes de Murcia y Cartagena se escudaron en la sentencias del Supremo basadas en hechos previos a la modificación de la ley, y más adelante en las dos sentencias de 2015 que recuperaban y ratificaban la doctrina aplicada por el Constitucional en 1995. 
No obstante, la nueva sentencia del Supremo deshace gran parte del camino realizado, al menos hasta que el Constitucional resuelva el recurso de amparo que presentarán las asociaciones vecinales que llevan 6 años librando esta batalla judicial.

El paso a nivel de la Senda de los Garres cerrará mañana por las obras del AVE

MADRID.- Adif Alta Velocidad (Adif AV) ejecutará durante la noche de mañana martes al miércoles las operaciones para la supresión del paso a nivel de la Senda de los Garres, en Murcia. De este modo, se podrá proseguir con el montaje de la vía provisional en este ámbito y liberar el espacio necesario para avanzar en la construcción de las estructuras del futuro trazado soterrado en la ciudad.

La supresión de este paso a nivel constituye un importante hito en el avance del cumplimiento de los compromisos adquiridos por Adif AV para la ejecución de las diferentes actuaciones, tanto para la construcción del acceso provisional como del proyecto de soterramiento, de acuerdo con el cronograma vigente.
Para el cierre del paso a nivel al tráfico de peatones y vehículos se procederá a desmantelar todas las instalaciones de dicho paso. Una vez suprimido, se realizará el montaje de la vía provisional para garantizar la circulación de los trenes de cercanías, alta velocidad, larga y media distancia y de mercancías, mientras se avanza en la ejecución del futuro trazado soterrado, a una cota de 8 metros de profundidad. La previsión, de acuerdo con los compromisos adquiridos por Adif AV, es finalizar el montaje del acceso provisional el próximo mes de agosto.
En este punto, y al igual que en otras zonas, el espacio liberado en superficie se destinará a usos ciudadanos, según la planificación de desarrollo urbanístico.
Para garantizar la permeabilidad por el cierre del paso a nivel se han establecido rutas alternativas de paso a través de los Puentes de La Tiñosa y de la Ronda Sur, así como el paso inferior de El Rollo y el paso a nivel de Santiago el Mayor, que se mantendrá abierto hasta la puesta en servicio de la nueva pasarela provisional.
Por otro lado, Adif AV sigue avanzando en la construcción de las estructuras del soterramiento, iniciada el pasado mes de noviembre, y hasta la fecha se han excavado 385 metros en la zona de la estación y 75 metros en Senda de los Garres, es decir, un total de 460 metros.

Procesan sólo a tres exconsejeros de Valcárcel por el caso 'Novo Carthago' pero no al ex presidente

MURCIA.- El instructor desde 2009 del caso Novo Carthago de presunta corrupción urbanística en zonas protegidas junto al Mar Menor  ha decidido procesar a diez de los investigados, tres de ellos exconsejeros del Gobierno murciano por prevaricación, y archivar las actuaciones respecto a otros once.

La causa que investiga además en algunos casos los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales va a continuar para los exconsejeros Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana.
Se archivan las actuaciones sobre una hija del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, Rosario Valcárcel, y su esposo, y el exconcejal de Cartagena, Agustín Guillén.
El auto señala que el proyecto urbanístico fue emprendido por la empresa Hansa Urbana, cuyo consejero delegado, Rafael Galea, figura entre los procesados.
Ese plan preveía construir 10.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de lujo en Lo Poyo, que incluía terrenos con protección medioambiental junto al Mar Menor.
Según los indicios encontrados en la instrucción, se considera que los investigados llevaron a cabo presuntamente actuaciones para modificar los planes generales de ordenación urbana de Cartagena y de los recursos naturales de la zona para que el proyecto fuese viable.
Entre los exaltos cargos del Ejecutivo murciano contra los que continuará el procedimiento abreviado se encuentran también varios exdirectores generales, entre ellos, los del Medio Natural, Carlos Brugarolas y Antonio Alvarado.
Al referirse al expresidente Valcárcel, el auto indica que no se ha encontrado indicio alguno de que hubiera podido ordenar o imponer ninguna de las medidas adoptadas en un intento de que Novo Carthago pudiera salir adelante.
Y añade que del hecho de que asistiera a la presentación del proyecto, llevada a cabo en junio de 2003 en un hotel de La Manga del Mar Menor, no se puede derivar una trascendencia penal.
En cuanto a su hija y a su yerno, llamados a declarar como investigados por si algunos regalos de bodas procedían de donaciones de Galea, el juez señala que tampoco se ha demostrado esa posibilidad, por lo que deben quedar fuera del procedimiento.
Por el contrario, sí considera que puede haber existido un trato de favor por la empresa Hansa hacia el exconsejero y exdelegado del Gobierno central en la región murciana Francisco Marqués en la venta de una vivienda.
El juzgado ha rechazado distintas peticiones de prueba solicitadas a lo largo del proceso por el fiscal y varios de los investigados.
En cuanto a las reclamadas por la fiscalía, que solicitaba que la Agencia Estatal de Administración Tributaria investigara sociedades participadas por exconcejales de Cartagena, dice que no proceden por tratarse de personas que no han sido investigadas y porque sería una información prospectiva.
El auto indica que en un plazo de 10 días el ministerio público y los investigados podrán presentar sus escritos de acusación o defensa.
La resolución recuerda que las diligencias fueron abiertas en 2009 y que en 2013 fueron elevadas al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia dado el aforamiento del que gozaba entonces Cerdá, que desapareció cuando dimitió de su cargo, lo que supuso que las diligencias volvieran al juzgado de origen.

'Anse' retira 20 sacos de basura de dos playas del Rincón de Cabo Tiñoso


CARTAGENA.- Anse ha retirado veinte sacos de basura de dos playas del Rincón de Cabo Tiñoso. Voluntarios de la asociación y del Programa Mucho Más Mayo retiraron este domingo una quincena de grandes sacos de basura conteniendo más de 500 fragmentos y botellas de plástico, 30 fragmentos de tubos de gotero, más de 300 tapones de botellas de plástico, varias amarras de barcos, 30 zapatos, varias botellas de vidrio, latas, vasos y platos de plástico, envases de comida, cajas de plástico y poliestireno, etc.

La actividad estaba enmarcada dentro de las acciones del Programa Mucho Más Mayo y del Proyecto Libera, impulsado por SEO-Birdlife y Ecoembes, que también colabora con Anse en un estudio de las basuras flotantes en la Zona de Especial Conservación Valles Submarinos del Escarpe de Mazarrón, una de las más extensas áreas protegidas para delfín mular y tortuga boba de la costa española, que se extiende entre el Este de Cabo de Palos y Águilas.
Aunque los residuos retirados de la playa del Pozo de La Avispa, la más próxima a Salitrona, fueron abundantes, destaca la poca basura encontrada en esta última, por primera vez en 20 años, y después de dos limpiezas realizadas durante 2017. 
La dirección del Espacio Protegido de La Muela-Cabo Tiñoso, donde se encuentran estas playas, ha informado a Anse que no le consta ninguna limpieza desde la que esta asociación realizó a finales del pasado mes de septiembre, por lo que es probable que la poca basura encontrada se deba a que la mayoría de los vientos que han soplado durante los últimos meses han sido de componente SW, en lugar del NE del año anterior.
La disposición geográfica de Cabo Tiñoso sirve de freno a las corrientes marinas, acumulándose en las pequeñas calas del denominado 'Rincón de Cabo Tiñoso' las basuras arrojadas al mar y arrastradas por las corrientes y el oleaje, que no tienen accesibilidad desde tierra ni cuentan con servicio de limpieza, sobre todo cuando soplan de componente NE, E y SE. 
En cambio, las basuras flotantes pasan de largo en dirección a Cartagena y costa Este cuando soplan vientos del SE, también denominados "de lebeche" por la población local.
Anse desplazó al litoral de La Muela-Cabo Tiñoso el velero Else y una embarcación auxiliar para el traslado de 14 voluntarios a Cala Salitrona y otra próxima, en las que viene realizando limpiezas de basuras desde hace ya casi 20 años. 
Durante la navegación, y frente a la playa de El Portús, los participantes tuvieron la fortuna de avistar una manada de más de 20 delfines mulares, que se alimentaban en fondos de unos 50 metros de profundidad, y que acompañaron al velero de Anse durante parte de la navegación. Las basuras fueron trasladadas al puerto de Cartagena.
Las dos playas más próximas al Rincón de Cabo Tiñoso han quedado casi completamente limpias por primera vez en mucho tiempo. Anse volverá en los próximos meses con voluntarios para comprobar si se mantienen así durante un tiempo o si es necesario realizar nuevas acciones de limpieza, y si es posible retirar ahora residuos semienterrados o incrustados entre las rocas por la acción del oleaje y desprendimientos, e incluso extraer algunos depósitos de alquitrán acumulados desde hace años en unos pocos puntos.
La Muela-Cabo Tiñoso, junto al cercano Cabezo de Roldán, constituye una de las más extensas áreas litorales sin urbanizar de la costa mediterránea peninsular española. Un total de 11.000 hectáreas de montañas costeras donde se refugian especies como las águilas perdicera y real, halcón peregrino, búho real, camachuelo trompetero, chova piquirroja, gineta, garduña, y donde encontramos hábitats vegetales prioritarios entre los que destacan diversas especies de flora iberonorteafricana, que han motivado la declaración de la zona como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) respectivamente.
Anse viene solicitando desde hace años la declaración de la zona como Parque Natural Marítimo Terrestre, con el fin de preservar los valores naturales existentes y recuperar parte de los que se han perdido durante las últimas décadas. El Plan de Ordenación de Recursos Naturales de este espacio protegido aún no ha sido aprobado definitivamente.

El Tribunal Supremo cita a Alejandro de Pedro en la investigación contra Pilar Barreiro

MADRID.- El Tribunal Supremo ha citado para el día 1 de junio al empresario Alejandro de Pedro, uno de los principales implicados en el caso Púnica investigado en la Audiencia Nacional, para que declare en el sumario abierto contra la exsenadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.

De Pedro está citado para las 10:30 horas del viernes 1 para ser interrogado sobre un supuesto concierto para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y otro para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia, ambos supuestamente desarrollados para mejorar la imagen de Pilar Barreiro.
La exsenadora del PP ya no figura en el grupo del PP en el Senado tras abandonarlo "para no perjudicar al partido".
La juez del caso, Ana Ferrer, ha citado, además de a De Pedro, al ex jefe de gabinete de la Alcaldía de Cartagena, Francisco de Asís Ferreño, y a la funcionaria y asesora, María del Mar Conesa, ambos para el día 8 de junio.
Todos ellos están citados como testigos, aunque al tener condición de imputados en el sumario del caso Púnica seguido en la Audiencia Nacional, comparecerán acompañados de abogados y con derechos propios de los investigados.
La magistrada celebrará además el 1 de junio una videoconferencia para tomar declaración, como testigo, al periodista de Ibiza, Isaac Vaquer, que no pudo comparecer en una citación anterior.
Ana Ferrer continúa de este modo la investigación a pesar de que la Fiscalía ante el Supremo pidió al tribunal el archivo de la causa abierta por delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho contra Barreiro.
La magistrada escuchó recientemente la declaración de Francisco Javier Bueno, un arrepentido de la Púnica, quien declaró ante ella que la senadora y exalcaldesa de Cartagena acudió al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, para mejorar su imagen personal tras verse implicada en el caso Novo Carthago.
Barreiro está acusada de haber usado fondos públicos del consistorio de Cartagena y de la Comunidad de Murcia para mejorar su imagen a través de un plan de reputación personal a través de, entre otros medios, un diario creado "ad hoc" para ese fin.
Según fuentes jurídicas, el testigo ha señalado que se produjo una primera reunión en junio de 2014 a la que asistió Pilar Barreiro, De Pedro y el que fuera jefe de gabinete de la exalcaldesa, Francisco De Asís Ferreño, para cerrar un primer acuerdo.
Tres meses después, ha añadido, tuvo lugar una segunda reunión entre Bueno y Ferreño en la que este último le dijo que la exalcaldesa había dado su visto bueno al nuevo plan sugerido por De Pedro, que consistía no solo en posicionar el contenido de las noticias referentes al Ayuntamiento sino en generarlas para mejorar la imagen de Barreiro tras el estallido del caso Novo Carthago, en el que estaba implicada.
Barreiro declaró ante la magistrada que sí se contrató y se pagó desde el Ayuntamiento de Cartagena una determinada publicidad en los contratos que se investigan, pero no en favor de su imagen, sino para mejorar la del Ayuntamiento.
Además, aceptó que se ideó una campaña de reputación en su favor, pero que no iba a correr a cargo de la Comunidad de Murcia, sino que "se iba a pagar por el partido, pero al final no se hizo", según explicó a los medios de comunicación su abogado tras su comparecencia voluntaria ante el tribunal.
Esta última afirmación, la relativa a que iba a ser el partido el pagador de esos gastos, fue refrendada por el expresidente del PP de Cartagena, Francisco Celdrán, en su testimonio ante el Supremo.

La Región de Murcia llega a su menor cifra de parados de larga duración en ocho años

MURCIA.- La Región de Murcia alcanzó tras el mes de abril su menor cifra de parados de larga duración en los últimos ocho años y desde que arrancó la recuperación económica. En concreto, la cifra actual de personas que acumulan 12 meses consecutivos en desempleo es de 44.695, un dato que no era tan bajo desde julio de 2010, cuando el número de parados de este colectivo era de 44.528. 

En el cuarto trimestre de 2013 y el primero de 2014, considerado como el tramo de inicio de la recuperación de actividad económica y de puestos de trabajo, el número de parados de larga duración rozaba los 70.000 en la Región.
Así, por ejemplo, la cifra era de 68.916 tras enero de 2014, por lo que desde ese punto se produjo una caída del 35,14 por ciento del desempleo prolongado, lo que se ha traducido en 24.221 parados de larga duración menos en ese periodo.
Los datos de abril ponen de manifiesto, igualmente, que el paro de larga duración continúa disminuyendo en la Región a un ritmo que es más del doble que la bajada del desempleo en el conjunto de la población.
Así, si en los últimos 12 meses el paro 'general' bajó un 4,67 por ciento, el de las personas en situación de desempleo prolongado descendió un 10,09 por ciento. Esto supone que desde abril de 2017 se acumulan 5.016 parados de larga duración menos.
De mantener esta progresión, la Región lograría cerrar el año en el entorno de los 41.000 desempleados de larga duración, y seguiría reduciendo el número de este colectivo sobre el total de parados. Dicha proporción es actualmente del 42,58 por ciento, mientras que doce meses atrás era del 45,14 por ciento, es decir, 2,56 puntos superior.
El director general del Servicio Regional de Empleo y Formación SEF, Alejandro Zamora, ha subrayado que "el paro de larga duración se está reduciendo de forma constante y firme, lo que se traduce en que el periodo medio que pasa un murciano en desempleo es cada vez menor. Hablamos de un colectivo con problemas muy específicos para acceder al empleo, porque además buena parte de ellos son mayores de 45 años, pero vienen teniendo cada vez más oportunidades".
La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, a través del SEF, dirige al colectivo de parados de larga duración diversas medidas para facilitar su acceso a un puesto de trabajo, que van desde la orientación mediante servicios de atención personalizada a las acciones formativas específicas y con compromiso de contratación, pasando también por las ayudas a empresas para su contratación y por las subvenciones para facilitar que se establezcan como autónomos.
Las ayudas a la contratación, por ejemplo, fueron activadas recientemente, y permiten que una empresa de la Región que realice un contrato fijo a un parado de larga duración pueda recibir 6.000 euros del SEF en caso de ser un vínculo a tiempo completo, y 3.000 si es a tiempo parcial. 
En caso de ser un parado de larga duración mayor de 45 años, la ayuda llega a los 7.000 euros, y a 9.000 si además tiene cargas familiares.
Por lo que respecta a la Cuota Cero, si el parado de larga duración se da de alta como nuevo autónomo, la Comunidad asume el pago de la tarifa de su primer año de actividad. Además, el beneficiario recibe una ayuda inicial para facilitar sus primeros pasos, que oscila entre los 2.000 y los 3.500 euros.

En 2017 se recogieron 2.500 toneladas de ropa, calzado y juguetes en la Región

CARTAGENA.- Proyecto Abraham recogió en 2017 unas 2.500 toneladas de ropa, calzado y juguetes, según han expuesto ante la Comisión de Pobreza y Exclusión Social, su vicepresidente, Juan Antonio Conesa, y la educadora social Sonia Martínez. 

Ambos han expuesto, además, las dificultades que están teniendo para acceder a la financiación para desarrollar sus proyectos, ya que ahora cualquier entidad social puede acceder por concurso a optar a la asignación que antes percibían por parte de la Comunidad.
"La asociación pone gran parte de la financiación, pero los fondos regionales suponen una gran ayuda porque realizamos proyectos de continuación", ha manifestado Martínez.
En ese sentido, han detallado que en 2017 realizaron 27 cursos y talleres con 1.433 horas de formación. Proyecto Abraham mantiene también una vivienda de acogida donde dan hogar a diez personas, así como un programa de lucha contra la pobreza y exclusión social mediante el cual dispensan ropa, calzado y juguetes.
Durante su comparecencia han explicado que con ese proyecto abastecen tanto a personas individuales como a centros de noche y de acogida. Actualmente destacan "más" las familias españolas que hacen uso del proyecto Ropero. En 2017 atendieron a 1121 personas, una cifra muy similar a la de 2016.
Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Consuelo Cano ha alabado la labor social de Proyecto Abraham, destacando el "alza" de las familias necesitadas. La parlamentaria ha echado en falta los recursos residenciales para los menores no acompañados porque "una vez cumplen los 18 años son abandonados en la calle. Todavía son niños y no hay recursos de vivienda para ellos".
Por parte de los 'populares', Adoración Molina, ha afirmado que han tomado nota para potenciar una alternativa que sea productiva para las personas que en situaciones difíciles tienen carencias laborales.
"Es fundamental la firma de convenios con los ayuntamientos".
Desde Ciudadanos, Juan José Molina, ha advertido que hay otras organizaciones que ponen contenedores en la calle y lo usan como negocio, por lo que han pedido conciertos con los ayuntamientos para que se hagan auditorías sociales y ambientales.

La podemita Micol vuelve de nuevo al centro de la polémica, ahora por su incoherencia descubierta


MURCIA.- OK Diario ha desvelado lo que ha denominado el "Falcon Crest" de María Ángeles Moreno Micol, concejala de Ahora Murcia en el Ayuntamiento. La edil de la marca blanca de Podemos ya protagonizó los titulares del mes de abril por poner a su hijo al frente de una empresa pantalla, creada únicamente para continuar un proyecto iniciado por ella para el fondeadero del Club Náutico La Puntica de Lo Pagán (San Pedro del Pinatar).

Tal y como declaró María Ángeles Moreno Micol en la web de Transparencia del Ayuntamiento de Murcia, es propietaria de una finca rústica con vivienda unifamiliar de 5.640 metros cuadrados.
Según informa ahora OK Diario, "la casa ha pasado de ser la típica casa vieja de pueblo a convertirse en una renovada y acomodada casa de lujo con piscina, avenida de acceso, jardines, zona de solarium, portón motorizado, escalinata de acceso, casita refugio, etc". Además, añaden: "Micol, que siempre militó como defensora de la Huerta de Murcia, no ha visto ahora problema en rehacer la casa talando árboles para mejorar su estatus de vida".

Bienes declarados por María Ángeles Moreno Micol en el Ayuntamiento





El nuevo recorrido de La Fuensanta en romería será por Ronda Sur, según el Obispado


MURCIA.- El Cabildo de la Catedral ya ha decidido la ruta alternativa por la que bajará y subirá a su Santuario del monte la Virgen de la Fuensanta en las romerías de septiembre y primavera. En el encuentro, celebrado hace unos días, los responsables acordaron que la Patrona de Murcia cruzará Ronda Sur desde la intersección del barrio del Progreso con Santiago El Mayor y hasta la redonda de la avenida de Los Dolores y la calle Pintor Almela Costa, según nota de prensa del Obispado.

El deán de la Catedral, Juan Tudela, asegura que el Cabildo Catedralicio lleva varias semanas estudiando en profundidad este recorrido alternativo motivado por las obras de soterramiento de las vías del tren a su paso por Santiago El Mayor. Una situación que hizo que se llegara a plantear como la opción con más adeptos la de recuperar el camino tradicional de la Fuensanta por la pedanía de Patiño.
"No sabemos cuándo se llevará a cabo el cambio provisional, pues todo dependerá de lo que nos indiquen según el estado de las obras de soterramiento. Pero, para cuando sea necesario, el Cabildo ha previsto este recorrido alternativo. Para ello, hemos hablado con todos los agentes implicados para conocer su parecer y tener en cuenta todas las alternativas posibles", explica el deán.
El recorrido alternativo modificará tan sólo un tramo de la ruta tradicional. La imagen de la Patrona de Murcia bajará desde su Santuario por la carretera de Algezares (avenida del Progreso), pero en lugar de cruzar Ronda Sur hacia Santiago El Mayor cogerá esta avenida hasta la rotonda que la une con la calle Pintor Almela Costa, para dirigirse entonces de nuevo a Torre de Romo, hasta la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. La Romería tendrá este mismo recorrido en sentido inverso.
Para elegir el nuevo itinerario de la Virgen, los responsables del Cabildo, junto a los Caballeros de la Fuensanta y el equipo municipal, han mantenido varias reuniones en las que se han tenido en cuenta cuestiones como la seguridad de las calles y de los romeros que acompañan a la Virgen, que las vías por las que tengan que pasar sean practicables y que el recorrido no se alargue demasiado, ya que con el actual por Santiago El Mayor la romería suele tener una duración de unas seis horas.
Además, en los últimos meses ha estado funcionando una comisión formada por vecinos de Algezares que han estado recogiendo firmas en favor de que la Patrona de Murcia siguiera pasando por la pedanía al considerar que estos días de romería el pueblo se convierte en una verdadera fiesta con miles de fieles que acompañan a la Virgen en su trayecto.

Firmas para que siga pasando por Algezares


La Comisión La Virgen de la Fuensanta por Algezares presenta hoy, en el Obispado de la Diócesis de Cartagena, el conjunto de firmas recogidas entre los vecinos para pedir que la Patrona de Murcia siga manteniendo su trayecto de bajada y subida de su Santuario del monte y este no cambie por el de la vecina pedanía de Patiño.
El Cabildo Catedralicio planteó a finales de 2017 que este año el recorrido cambiaría de una pedanía a otra para sortear el paso a nivel de Santiago El Mayor, que estaba previsto que estuviera cerrado por la obras de llegada del AVE.
Sin embargo, el retraso en el proyecto hizo que este cruce ferroviario siga funcionando, lo que ha llevado a vecinos y responsables políticos de Algezares a reclamar que se mantenga el tradicional trayecto.
Para ello constituyeron una comisión que ha recopilado hasta la fecha información histórica relacionada con esta tradición, según explican desde la propia comisión, entre los que se encuentran las crónicas en prensa de la primera romería de la Morenica tras su coronación canónica, en 1927, o el acta transcrita del archivo del cabildo de la Catedral de la primera bajada de la Virgen de la Fuensanta en 1694, donde queda reflejado su paso por Algezares ya en aquella fecha.
Para hacer llegar a los ciudadanos esta información, realizan reuniones vecinales periódicas y comparten toda la documentación a través de las redes sociales, como una cuenta en Facebook que suma ya cerca de 1.500 seguidores.
Sobre este tema, el alcalde pedáneo de Algezares, Juan José Garre, considera la decisión de cambiar el recorrido «un tanto descabellada» y y mantiene que la Virgen puede seguir bajando por Algezares y llegar hasta Ronda Sur, donde cambiaría el trayecto habitual para dirigirse hacia la redonda de Mediáramos, de ahí a Almeza Costa y Torre de Romo.
Las firmas serán entregadas por los alcaldes pedáneos de Algezares, Barrio del Progreso y Santiago El Mayor.

El pleno del CES nombra a José Antonio Cobacho para la presidencia

MURCIA.- El pleno del Consejo Económico y Social ha aprobado por unanimidad la candidatura del exrector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho, para la presidencia de esta la institución. De esta forma, ha aceptado la propuesta que realizó el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para sustituir a José Luján en la presidencia del CES.

Luján dejó el puesto hace un mes al ser elegido rector de la Universidad de Murcia.
A su vez, José Antonio Cobacho era hasta ahora miembro del Consejo Jurídico de la Región, el órgano consultivo de la Comunidad encargado de dilucidar si las nuevas leyes y las decisiones adoptadas por el Ejecutivo regional se adaptan a la normativa por la que deben regirse.
El nuevo presidente del CES tiene 63 años y es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Murcia.
El pleno del CES comunicará ahora su decisión unánime al Consejo de Gobierno para que haga efectivo su nombramiento y se publique en el BORM.

En la Región, 28 nuevos ciclos de FP para el próximo curso

MURCIA.- La nueva oferta de FP para el próximo curso, que se ha diseñado en colaboración con las administraciones locales y los agentes sociales y educativos, se amplía con 535 nuevas plazas más respecto al curso actual y 28 nuevos ciclos.

Así lo ha explicado la consejera del ramo, Adela Martínez-Cachá, quien ha señalado que en total se ofertarán 29.034 plazas para los diferentes cursos de Formación Profesional, y 129 títulos de diferentes familias profesionales, siete más que este curso.
De los siete nuevos títulos, cuatro corresponden a FP Básica y son 'Artes Gráficas', que se impartirá en el centro San Vicente de Paul de Cartagena; 'Actividades de Panadería y Pastelería', en el CC Montepinar de Murcia; 'Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios', en el IES Mediterráneo de Cartagena, y 'Mantenimiento de Viviendas', en el IES D. Pedro García Aguilera de Moratalla.
También se impartirá uno de Grado Medio, el de 'Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas', en el IES Sierra de Carrascoy de Murcia, y dos nuevos títulos de FP de Grado Superior: el de 'Acondicionamiento Físico', en los Institutos de Educación Secundaria Villa de Abarán, Mediterráneo de Cartagena, Mar Menor de San Javier y Rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras, y el de 'Enseñanza y Animación Sociodeportiva', que sustituirá al de 'Animación de Actividades Físicas y Deportivas'.
En los últimos ocho años la oferta de FP en la Región de Murcia se ha incrementado en más de un 70 por ciento, ha explicado la consejera, que ha señalado que el próximo curso se ofertarán 129 títulos, de los que 19 corresponden a FP Básica, 45 a Grado Medio y 65 a Grado Superior.
Además, en Formación Profesional Dual, se ampliará el número de plazas ofertadas para el próximo curso y se prevé implantar 24 nuevos proyectos con más de 780 nuevas plazas, con lo que, en total, la Región de Murcia ofertará 47 ciclos de FP Dual y más de 1.680 plazas, cerca de 200 más respecto a este curso.
Actualmente, 310 empresas colaboran en la enseñanza de Formación Profesional Dual en la Región de Murcia.

Sólo 540 euros de multa por cortar 420 almendros en Cehegín para hacer leña

MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por uno de los tres hombres contra la sentencia de un Juzgado de lo Penal de esta ciudad que les condenó al pago de una multa de 540 euros por haber cortado 420 almendros de una finca de Cehegín para hacerlos leña y sin el conocimiento de su dueño. 

La sentencia les condenó también a pagar al propietario una indemnización cercana a los 3.800 euros, por los perjuicios causados.
Señala la Audiencia Provincial que el relato de hechos probados por el juez, que hace suyo, recogía que los mismos se produjeron el 16 de septiembre de 2013, cuando los acusados accedieron a una finca rústica propiedad de la empresa "Gestión, Planificación y Desarrollo 2006, S.L", ubicada en el paraje La Vereda, en Cehegín.
Según la denuncia, una vez en el lugar procedieron a talar 630 árboles, que luego, en el acto de juicio, se concretaron en 420.
En el recurso presentado por uno de los condenados, el mismo alegó que no tuvo participación alguna en los hechos, por lo que solicitó su absolución.
Sin embargo, el tribunal señala que el juicio contó con pruebas de cargo suficientes para dar por acreditada su participación, por lo que quedó claramente enervado su derecho a la presunción de inocencia.

El Reino de España y de las Jons / Juan Antonio Molina *

Ortega afirmó que los españoles se saltaron la época de la Ilustración y que, por tanto, nos falta un “siglo insustituible.” La Europa negra dejó de serlo gracias al esfuerzo de racionalización de las ideas y el afinamiento de las costumbres que fue la Ilustración. Sin embargo, la España negra posterior, al contrario, es el resultado de haber carecido en nuestra historia de todo lo que el siglo XVIII representó. 

A partir de ahí se inicia lo que Ortega llama tibetización de España, es decir, el aislamiento de nuestro país de los aires ilustrados que soplaban en el resto de Europa, mientras aquí no sólo seguíamos haciendo una burda filosofía escolástica y se obviaba la gran aventura de la ciencia moderna, sino que tampoco la nueva sensibilidad moral hizo mella en la Península.


Es este alejamiento intelectual y moral de la corriente que configuró culturalmente a las naciones europeas lo que le hacía escribir a Manuel Azaña en plena guerra civil que “Las cosas españolas no quedan bien traducidas a una lengua extranjera, ni pueden, por tanto, entenderse rectamente con la simple traducción literal de los nombres. Así, siendo equivalentes las palabras, no denotan lo mismo. Traducidas al idioma de cualquier gran país ciertas palabras, por ejemplo: regimiento, universidad, obispo, escuadra, catolicismo, masonería, ametralladora, general, escuela, reforma agraria, etc., la representación de lo español que adquiere el extranjero mediante la versión de tales palabras, es falsa.”


No es de extrañar, por ello, que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena encuentre tanta incomprensión por parte de los jueces europeos en la atribución de delitos a los nacionalistas catalanes. Y lo más significativo y gravoso de estas “traducciones erratas” es que donde los jueces alemanes o belgas no ven delito tal como lo plantea el instructor del Tribunal Supremo, en el reino de España los “delincuentes” nacionalistas padecen prisión provisional sin posibilidad de remisión por un criterio poco homologable por la justicia europea. Es una parte de las “peculiaridades” que diferencian al reino de España del resto de las democracias: la continuidad histórica de un tiempo político y moral destinado a pasar.


La crisis del régimen de poder del 78, régimen construido para darle continuidad enjalbegada al franquismo sociológico, se produce cuando ya es imposible, mediante la apariencia y la propaganda devenida en uniformidad mediática, mantener el autoritarismo estructural del sistema bajo la traza de una democracia en exceso degradada. El régimen se atrinchera, para lo cual criminaliza el malestar y la protesta ciudadana, la discrepancia y la alternativa política, convirtiendo todo ello en materia de orden público y delito común. 

El hecho de que todos los resortes del Estado, en su vertiente más retardataria y coactiva, incluyendo la uniformidad en los partidos, con independencia de la autodefinición ideológica, se hayan volcado contra el nacionalismo catalán desde los elementos institucionales más represivos y autoritarios es porque éste se ha posicionado desde el tímido reformismo a la ruptura con el régimen de poder vigente.


Se podía haber producido este movimiento de ruptura democrática como decantación del conflicto social, sin embargo, la demolición controlada del mundo del trabajo por las mismas organizaciones políticas llamadas de progreso ha privado de instrumentos de autodefensa social a las clases populares, así como el control por las minorías económicas de los mass media y la industria cultural, mediatiza la influencia de los intelectuales con compromiso social en favor de los adocenados y complacientes con el sistema. 

Cataluña es el foco, sin embargo, el ciclo represivo del régimen de la Transición es global y los poderes del Estado, ejercidos ya sin atrezo, sujetos al concepto predemocrático de: unidad de mando y diversidad de funciones, no supone ya la judicialización de la política, sino, además, la abolición de la misma política como instrumento de convivencia democrática y ejercicio libre de la voluntad de la ciudadanía.


(*) Periodista


La hora decisiva del PNV / Pablo Sebastián *

Vamos a ver qué hacen los primeros dirigentes nacionalistas vascos del PNV el lehendakari Íñigo Urkullu y el presidente del partido Andoni Ortuzar, ante el nuevo desafío al Estado lanzado por el reciente presidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra.

Porque el PNV cometió el error de entrometerse en la política nacional y la catalana exigiendo la retirada del artículo 155 de Cataluña, como condición para apoyar los Presupuestos de 2018 de Rajoy, y calificando de ‘presos políticos’ a los golpistas que están a la espera de juicio en la prisión, para evitar fugas como las de Rovira y Puigdemont.

Porque una cosa es pedir más dinero para el cupo vasco, transferencias de competencias del Estado y otra bien distinta es que, ahora que ETA parece disolverse, el PNV y el Gobierno vasco se echen al monte tras la senda que ha abierto Puigdemont y camino de la autodeterminación que Urkullu desea introducir en una reforma del Estatuto de Guernica.

Ósea el PNV se acerca a la hora de la verdad y tendrá que optar entre subir al monte o la legalidad. Porque todo apunta a que Rajoy, con el visto bueno de Sánchez y Rivera, no piensa retirar el 155 visto el envite que le acaba de lanzar Torra al nombrar consejeros de su gobierno a dos presos preventivos, Rull y Turull, y a dos prófugos de la Justicia, Comin y Puig.

Lo que constituye una prueba definitiva de que Torra, siguiendo órdenes de  Puigdemont, no pretende gobernar desde la legalidad ni dialogar con Estado sino volverlo a desafiar. Y todo para provocar nuevas elecciones catalanas en las que Puigdemont pretende aislar a Junqueras y ERC, manteniendo así movilizados a sus seguidores del secesionismo catalán.

 Por todo ello y si la salida del laberinto pasa por las nuevas elecciones en Cataluña es Rajoy quien las debería convocar, y en esta ocasión sin prisas, y destituyendo previamente a Torra por la vía de 155 y cuando antes mejor.

No en vano la estrategia de Puigdemont consiste en mantener activo y bajo tensión mediática el circo político catalán para que el ruido llegue a Berlín donde a la espera está de la decisión final de la Justicia de Alemania sobre su posible extradición a España.

Sabiendo como además lo saben el prófugo Puigdemont y su delegado en Barcelona, Torra, que mientras esté vigente el 155 en Cataluña el PNV, salvo un cambio de posición, no le aprobará a Rajoy los Presupuestos Generales de 2018 y en ese caso las elecciones generales españolas se tendrán que adelantar.

Salvo que el PSOE, con generosidad, se abstenga durante la votación de los Presupuestos aunque sólo sea para frenar el chantaje del PNV y facilitar la mejora de las pensiones. Argumento este último que Urkullu también podría utilizar para alejarse de Puigdemont y frenar las marchas de los jubilados de Bilbao. Y para evitar que muchas empresas del País Vasco, si ven a Urkullu echarse al monte, empiecen a emigrar en bloque como ya ha ocurrido en el territorio catalán.


(*) Periodista


Llegó la Patria / Ramón Cotarelo *

La Vanguardia no se corta y habla de "carrera electoral", justo lo que todos los demás, unos más sinceramente que otros, rechazan. No es el momento; no es el momento.

El bloque del 155 se niega a autorizar la publicación del decreto de nombramiento del govern en el DOG en su integridad porque incluye los nombres de dos presos y otros tantos exiliados políticos. De inmediato se ha armado un guirigay jurídico por entenderse que el gobierno se extralimita groseramente en sus funciones e incurre en ilegalidad e inconstitucionalidad. 
 
De un lado invade el territorio de los jueces que son quienes deben decir si sus presos salen o no y, de otro, incumple una obligación taxativa, pues la publicación del decreto en el DOG no es discrecionalidad sino un acto debido.

Todo esto son las quisicosas del funcionamiento institucional ordinario. Un revoltijo confuso en el que prevalece el hosco ceño del PSOE, dispuesto a prolongar un 155 endurecido hasta las calendas griegas y a reformar el Código Penal para convertir en delito el independentismo. Es decir, dispuesto a liquidar el remedo de Estado de derecho que es España para convertirla en dictadura.

Tan autoritaria y represiva es la respuesta española que, sin temor al ridículo, El País afirma que la extensión del 155 obliga a Torra a gobernar con Rajoy y sus ministros. Alguien con sentido del humor podría decir que la Gran Coalición que se vislumbra no es PP-PSOE, sino PP-Independentistas. 
 
Con menos sentido del humor y más realismo, se puede interpretar que el Estado español intensifica su tratamiento colonial de Catalunya. Si el Govern no puede gobernar ni el Parlament legislar ni la Hacienda catalana administrar, si la intervención del Estado en forma de gobierno directo alcanza, como parece que hará, a los medios de comunicación públicos, ¿qué otra opción queda a la Generalitat sino convocar elecciones y a la población ofrecer resistencia pasiva a la autoridad española?

La hipótesis de elecciones generales cobra fuerza. Sostenemos que los dos partidos dinásticos, PP y PSOE juegan a ellas, perfilando una posible alianza de Gran Coalición. Y, con todo descaro, C’s. El mitín de ayer, una especie de aggiornamento de la estética fascista de los años treinta ha encontrado un eco alarmado en las redes y preocupa mucho a los partidos “de orden”. 
 
La retórica patriótica del joven cara al viento “solo veo españoles”, es como la del Kaiser Guillermo II que solo veía alemanes antes de enviarlos a matarse contra los franceses. El culto a la nación española más resabiado y cañí con los efluvios seudoliberales del “patriotismo constitucional”. El eclecticismo de Rivera, que otros consideran erróneamente falta de principios, lo absorbe todo. Lugar al que va, conflicto al que se enfrenta, consigna que se apropia si cuenta con mayoría electoral.

Los dos partidos dinásticos tradicionales miran con horror el ascenso del fascismo sonriente de espabilados brokers que, además plagian tácticas vencedoras en Catalunya, esto es, la movilización social, un éxito del independentismo. Lo han intentado en la propia Catalunya con organizaciones como SCC y similares, pero no les ha salido. Están muy identificados con la extrema derecha española. 
 
Ahora prueban suerte en España. Es la segunda vez que Rivera lo intenta. Lo hizo en 2012, con un Movimiento Ciudadano de escaso éxito y reincide ahora con una España ciudadana, en un alarde de sincretismo comunicativo en donde se juntan los patriotas del garrote y los de las tarjetas black. El terror de los dos partidos de la vieja escuela conmueve el ánimo. No saben cómo hacer frente a un discurso con el que, en el fondo, se identifican. Debieran tranquilizarse porque el nuevo experimento tampoco cuajará.

La situación de la izquierda es de velorio. Podemos ha quedado reducido a una cuestión de catastro y el PSOE, en su frenesí nacional español, está aceptando las motivaciones de la “cruzada” de 1936.

El horizonte electoral se complica por otras vías. Hay también municipales y autonómicas; queda por ver si las catalanas son antes o después o durante las generales; y, sobre todo, queda por ver si los independentistas se presentan a las elecciones generales. Es un asunto que afecta a la República Catalana. 
 
¿Tiene sentido enviar representantes al órgano legislativo de un país extranjero? Teóricamente, no; prácticamente, es posible que sí. Poco o mucho, el poder en España reside en el Parlamento. Si los independentistas no envían diputados, toda la representación catalana será unionista, salvo que aquellos sostengan que las generales no se celebran en Catalunya y lo impongan, pero ello abriría un escenario lleno de imponderables. Quizá la imposición no pudiera mantenerse pero dejaría sin valor legitimatorio a las elecciones.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El golpe / José Antich *

El gobierno español, de la mano de Ciudadanos y del PSOE, está dispuesto a dar lo más parecido a un golpe de estado jurídico para impedir la publicación del Govern del president Quim Torra en el Diari Oficial de la Generalitat. 

En una decisión sin base jurídica alguna, que puede conllevar responsabilidades penales a quien la ejecute, el gobierno español ha decidido asumir por la vía de los hechos atribuciones que no le son propias y que son de exclusiva competencia del president de la Generalitat.

Con 155 o sin él, el presidente del gobierno español no puede tomar decisiones que o bien son del president de la Generalitat —los nombramientos— o de un juez —la suspensión si hay una ilegalidad—. Solo en la España actual, donde los gobernantes, una gran mayoría de su clase política y sus medios de comunicación —de allá y muchos de los de aquí— han optado sin recato por violentar la legalidad, es posible que estemos discutiendo sobre esto. 

Como solo en la Catalunya meliflua que muchos imaginan y desean, sus cabeceras históricas representativas pueden responsabilizar a Quim Torra del mantenimiento del 155 con el Govern que designó y que, por cierto, no tenía hueco en algunas de sus portadas. 

Un total de ocho asociaciones del mundo jurídico catalán, que representan todas ellas a millares de afiliados, han denunciado la arbitrariedad del gobierno español y de sus socios parlamentarios del 155 con el último desatino. Las entidades soberanistas han anunciado movilizaciones, los comunes han dicho estar en contra y el PSC se ha distanciado algo. 

El president Torra, incrédulo, ha expresado su confianza en que todo sea tan solo una amenaza y el decreto de nombramiento se acabe publicando este lunes, el día que tocaría ya que la toma de posesión está prevista para el miércoles. Y el president Puigdemont, contundente, ha manifestado que “los golpistas del 155 piensan que el estado de derecho es un interruptor”.

El bloqueo institucional que busca nuevamente el gobierno español no tiene razón de ser. Ni política, ni jurídica. Tres candidatos a la presidencia de la Generalitat —Puigdemont, Sànchez y Turull— fueron bloqueados por la justicia española en unas decisiones muy, muy discutibles, que ya dilucidarán en su día los tribunales internacionales. 

Se puso un cuarto nombre encima de la mesa y desde aquel momento no hay instante en que no se haya intentado usurpar las funciones de Torra. El gesto del independentismo para no ir a nuevas elecciones parece insuficiente si no va acompañado de un president humillado políticamente y agraviado como nunca antes, entre ataques e insultos no solo a él sino también a su familia. Un precio que no hay que pagar.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


La obstinación de Quim Torra hace peligrar los Presupuestos / José Hervás *

De nuevo en­tramos en una se­mana llena de in­cer­ti­dum­bres que no van a re­sol­verse hasta el jue­ves. Será en el mo­mento en que se voten los Presupuestos Generales del Estado. ¿Mantendrá el PNV su apoyo a los mismos pese a que el Gobierno ha acor­dado man­tener vi­gente el ar­tículo 155 de la Constitución? 

El Gobierno confía en el compromiso que anunció el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, el pasado día 25 de que su partido había llegado a un pacto con el Gobierno para subir todas las pensiones al menos un 1,6% y vincular el incremento del próximo año al IPC. Además, también anunció que el pacto incluía el retraso hasta el 2023 del Factor de Sostenibilidad, ligado a la esperanza de vida. Cuando entre en vigor, supondrá un recorte en la percepción de las pensiones de los nuevos jubilados.

Con ocasión del debate en la Comisión del Congreso de los Diputados de los Presupuestos la pasada semana, las enmiendas se han incluido al proyecto, por supuesto con el voto del PNV, y sin advertencia alguna de que no vayan a actuar así dentro de tres días.

La incertidumbre surge ahora porque se daba por hecho que esta semana dejaría de estar en vigor el artículo 155 una vez que se constituyera el Gobierno de la Generalitat. La inclusión por parte del presidente de la Generalitat, en una actitud desafiante, de 4 consejeros que están en la cárcel o huidos en el extranjero añade otra incertidumbre más a la ya compleja situación catalana.

El Gobierno, con el apoyo del primer partido de la oposición, el PSOE, y de su socio de legislatura, Ciudadanos, ha decidido mantener la aplicación del artículo 155. El PNV todavía no ha respondido a esta nueva circunstancia. Pero la incertidumbre no es buena para nadie.
Veremos la respuesta oficial de la Generalitat a la comunicación oficial del Gobierno anunciando que no publicaría el decreto de los nombres de los nuevos consejeros.

Según el escrito del Gobierno redactado por el subsecretario del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, José María Jover, y enviado al secretario del Govern de la Generalitat, Víctor Cullel, le recuerda que no puede publicar el decreto de nombramiento de los consejeros propuestos por Quim Torra porque está estudiando la viabilidad del mismo. Le recuerda que, sin su autorización, ese acuerdo carece de validez y efecto.

Lo dice porque Torra pretende que Jordi Turull sea consejero de Presidencia, Josep Rull de Territorio y Sostenibilidad, Antoni Comin de Salud, y Luis Puig de Cultura, que están en la cárcel o en el exilio.

La respuesta del presidente de la Generalitat deja una puerta abierta a creer que va a aceptar la legalidad; aunque solo sea porque no quiere acabar como su predecesor, huido o en la cárcel.

Es cierto que ha respondido inicialmente reivindicando el derecho del presidente de la Generalitat a nombrar a los consellers, en unas declaraciones realizadas este mismo domingo en un acto celebrado en Vilafranca del Penedés.

Pero también parece que no está dispuesto a generarse más problemas a sí mismo. Por ello Torra ha descartado, en esta ocasión en declaraciones al ‘El Punt-Avui’, acudir a Bélgica o a la cárcel para hacer que los exconsellers tomen posesión, pues su "autoridad" como ‘president’ se ciñe a "dentro de la jurisdicción catalana".

Las espadas quedan en alto. Pero todo apunta a que las decisiones de Quim Torra estarán dirigidas en las próximas semanas a preservar su libertad. Las declaraciones tratarán de tensar la situación y movilizar a los nacionalistas, pero los hechos serán otros, respetar la ley.


(*) Periodista

Revista de Prensa / Alfredo López-Luque *


Torra y su Govern con presos y fu­gados que no acepta Rajoy y el ple­bis­cito con el que Pablo Iglesias pre­tende que los suyos le avalen la compra del chalet do­minan este lunes las por­tadas y ti­tu­lares de aper­tura, junto a la vic­toria de Maduro, sólo fal­taba, en la elec­ción pre­si­den­cial en Venezuela con una es­cuá­lida par­ti­ci­pa­ción. 

En las arenas mo­ve­dizas ca­ta­lanas se ana­lizan desde todas las óp­ticas las im­pli­ca­ciones po­lí­ti­cas, ju­rí­dicas y pre­su­pues­ta­rias del pulso entre Torra (léase Puigdemont) y Rajoy, mien­tras los ra­tones de bi­blio­teca sacan pe­tróleo de las obras com­pletas del pre­si­dent: fo­mentó una edu­ca­ción en la que se en­señara que Cataluña fue dueña de la Acrópolis de Atenas y alabó como 'uno de los me­jores ejem­plos' del in­de­pen­den­tismo a los her­manos Badia, que como ti­tula La Vanguardia 'crearon mi­li­cias pa­ra­mi­li­tares de corte fas­cis­ta'. 

Otros ejes de ac­tua­li­dad: el lan­za­miento por Albert Rivera de la pla­ta­forma pa­trió­tica es­pañola con vistas al fu­turo elec­to­ral; el agri­dulce primer aniver­sario de la se­gunda vida de Pedro Sánchez como líder del PSOE; Unas cuantas en­cuestas y son­deos on­line dan al­guna idea de por dónde van las co­sas. 

En Público: ¿Crees que Pablo Iglesias e Irene Montero deben di­mitir tras la po­lé­mica por la compra de su vi­vienda? Sí 57%, No 43%. En Eldiario.es: ¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben se­guir al frente de Podemos tras la compra de su casa? Sí, deben se­guir 14%; No, deben di­mitir 86%. En El Español: Sondeo Sociométrica: El 66% de los es­pañoles con­si­dera que Torra de­bería estar in­ha­bi­li­tado por su xe­no­fobia (Alberto Lardiés). 

Y este lu­nes: Un 52% de es­pañoles cree que los se­pa­ra­tistas ganan el pulso al Estado: sólo una cuarta parte opina que la res­puesta del Gobierno y los tri­bu­nales esté siendo eficaz (Alberto Lardiés). 

En El Periódico: Barómetro Gesop: Colau acusa el des­gaste pero ga­naría de nuevo. BCN en Comú re­tiene entre 9 y 10 con­ce­ja­les, ante el em­pate de ERC y Ciutadans a 8 ó 9 edi­les; los crí­ticos con la al­cal­desa son ma­yoría por pri­mera vez y la sus­penden en vi­vienda. 

OTROS TITULARES DESTACADOS. Capital Madrid: Caja de Ingenieros, la be­ne­fac­tora de Pablo Iglesias, es de las más in­efi­cientes del sector (José Luis Marco). La Información.com: Hacienda es­tudia un plus de 100 euros a fun­cio­na­rios con más de cinco trie­nios, por Bruno Pérez). 

Otro ti­tu­lar: El Santander 'convence' al juez de EEUU para unir el pro­ceso de Del Valle y Pimco (Eva Contreras). Vozpopuli: Slim allana el te­rreno para tomar la par­ti­ci­pa­ción de Koplowitz en FCC y ex­cluirla de Bolsa (Raúl Pozo). Otro ti­tu­lar: El Corte Inglés des­pide a una de las di­rec­tivas clave de la era Dimas (Alberto Sanz). 

 Otro ti­tu­lar: Moncloa ul­tima el pro­yecto de di­vi­sión de la CNMC sin tener ga­ran­ti­zado el apoyo par­la­men­tario (Rubén Arranz). La Información.com: Hacienda es­tudia un plus de 100 euros a fun­cio­na­rios con más de cinco trie­nios (Bruno Pérez). 

Otro ti­tu­lar: El Santander 'convence' al juez de EEUU para unir el pro­ceso de Del Valle y Pimco (Eva Contreras). El Español: Slim se ‘apiada’ de Esther Koplowitz y per­mite que man­tenga el 5% de FCC (Juan Carlos Martinez). 

ABC: Entrevista a Mercedes Alaya, la juez de los ERE: ‘Claro que sufrí pre­siones de Susana Díaz’; ‘La pre­si­denta de la Junta con­tactó con el CGPJ para pro­testar en re­la­ción al caso ERE’. 

Expansión: IAG ofre­cerá 1.520 mi­llones para com­prar Norwegian: el hol­ding de British Airways e Iberia pro­pone una prima del 32% a los ac­cio­nistas de la nór­dica. Otro ti­tu­lar: CaixaBank apuesta por las ofi­cinas Store. Otro ti­tu­lar: Ofensiva del Gobierno contra las 'empresas bu­zón'. 

Otro ti­tu­lar: Telefónica llega con su fibra óp­tica a 20 mi­llones de ho­ga­res. El Confidencial: La vieja guardia man­tendrá sus asientos en el con­sejo de El Corte Inglés para arropar a las hijas (Agustín Marco). Otro ti­tu­lar: Engie re­clama una in­dem­ni­za­ción a España por dis­cri­mi­na­ción apo­yán­dose en Iberdrola (Juan Cruz Peña). 

Otro ti­tu­lar: El Gobierno pre­para una tra­mi­ta­ción ex­prés para los PGE sin en­miendas en el Senados (Javier G. Jorrín). ABC: El Gobierno busca un go­ber­nador con au­to­ridad en la cú­pula del BdE. Otro ti­tu­lar: La banca sube co­mi­siones pero sigue fac­tu­rando menos que la eu­ro­pea. Otro ti­tu­lar: La oferta de Airbnb en Madrid y Barcelona se du­plica desde 2015. 

Otro ti­tu­lar: La opa de la eléc­trica china CTG sobre la lusa EDP reaviva los re­celos en Europa. Capital Madrid: BBVA y DIA en­cienden las alarmas con la tor­menta de las di­visas emer­gentes (Héctor Chamizo). 

El Economista: Las pen­siones re­que­rirán prés­tamos de 20.000 mi­llones al año hasta 2020 (J.L. Bajo Benayas). Otro ti­tu­lar: Las her­manas Álvarez atan el cese de Gimeno: con­tarán con el apoyo de Martínez Echavarría y Lasaga (Javier Romera). Otro ti­tu­lar: Fomento ace­lera la Y vasca con las ma­yores obras de Adif en dos años por 300 mi­llones (J.Mesones). 

Otro ti­tu­lar: Iberia arre­bata a American Airlines el li­de­razgo en el trá­fico aéreo a EEUU (África Semprún). Otro ti­tu­lar: El se­gundo ac­cio­nista de EDP, Capital Group, en­fría una po­sible con­tra­opa: re­baja su par­ti­ci­pa­ción del 12% al 9,7% a un precio su­pe­rior al de la oferta china (Rubén Esteller). 

Otro ti­tu­lar: Repsol in­tegra Talisman to­tal­mente y ac­tua­liza sus re­servas de pe­tróleo (Tomás Díaz). Cinco Días: Azora capta 800 mi­llones de CBRE tras el fre­nazo de su sa­lida a Bolsa. Otro ti­tu­lar: El dueño de La Tagliatella puja con más de 150 mi­llones por Goiko Grill. Otro ti­tu­lar: Economía exi­girá cu­rrículos lim­pios a 80.000 ven­de­dores de se­gu­ros. 

Otro ti­tu­lar: Entrevista a Juan Fernández Palacios, con­se­jero de­le­gado de Mapfre Vida: ‘Es falaz decir que que­remos pri­va­tizar las pen­siones pú­bli­cas’. Otro ti­tu­lar: El grupo is­raelí Fattal re­dobla su apuesta por los ho­teles ur­banos en España (Carlos Molina). 


(*) Periodista


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