MADRID.- El Gobierno se ha dado un nuevo plazo para dar vía libre el Real Decreto que abrirá la posibilidad de jubilarse antes de los 60 años a unos 70.000 policías locales.
El compromiso que ha puesto sobre la mesa en las últimas horas es el de
tener listo el texto con la aprobación del Ministerio de Hacienda en un
plazo de 15 o 20 días para darle luz verde a la mayor brevedad en el
Consejo de Ministros. Y aunque llueve sobre mojado –la promesa inicial era tenerlo aprobado el pasado verano,
tras lo cual se han barajado nuevos plazos—este nuevo emplazamiento ha
logrado enfriar las protestas de los sindicatos y las plataformas de
policías municipales, adelanta hoy El Independiente.
Tanto es así que la mayor parte de las organizaciones que
habían apoyado la movilización de los policías locales a favor de la
jubilación anticipada convocada para el próximo 15 de marzo han dado un
paso atrás y no acudirán a la cita.
La situación parece haberse desbloqueado por fin al compás
de la reanudación de las negociaciones para fijar subidas salariales
para los empleados públicos y una mejora de sus condiciones de trabajo.
El escenario fue la reunión mantenida este miércoles por la
Plataforma Nacional por el Anticipo de la Edad de Jubilación, integrada
por los sindicatos CCOO, UGT, CSI-F, CSL y COP, y la Plataforma Social
de Policías Locales (PSPL), que cuenta con el Colectivo Profesional de
Policía Municipal (CPPM), el Sindicato Profesional de Policías Locales y
Bomberos (SPPLB) y el Sindicato Profesional de Policía Municipal de
Cataluña (SPPM-CAT), con diputados del PP y el secretario de Estado de
Seguridad Social, Tomás Burgos.
En un principio no estaba previsto que Burgos acudiera a la
reunión, lo que a ojos de los sindicatos es una buena señal de que el
compromiso del Gobierno es firme. Además, el secretario de Estado de
Seguridad Social informó durante el encuentro de que esa misma mañana
había mantenido una conversación con el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, quien le había asegurado que los obstáculos existentes para
aprobar la jubilación anticipada de los policías locales estarían
solventados en un plazo de 15 o 20 días.
Lo que falta por concretar
Según concretan fuentes sindicales, solo hace falta ya que
el Ministerio de Hacienda emita un informe favorable a la redacción del
Real Decreto (al que le faltan por pulir algunas cuestiones) para su
posterior remisión al Consejo de Estado, máximo órgano consultivo, y,
después, al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
Sin embargo, el proceso lleva meses estancado en este punto.
Según habrían aclarado los responsables del Gobierno en la reunión, el
retraso se debe a una serie de informes complementarios que Hacienda
habría solicitado a la Seguridad Social.
Pero también estaba pendiente de remisión a la Seguridad
Social un informe de la secretaría de la Función Pública con
recomendaciones sobre la tasa de reposición que habría que acometer en
el caso de abrir la puerta a las jubilaciones anticipadas en la Policía
Municipal. Este último documento también habría sido remitido ya, según
las mismas fuentes, aunque dichas recomendaciones se estudiarán
supuestamente después de la aprobación del Real Decreto.
Con estos flecos acabando de rematarse, desde el Gobierno se
ha transmitido a las partes afectadas que la aprobación del Real
Decreto es cuestión de tiempo, y que este será breve.
¿Por qué ahora?
Más allá de las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo, la
pregunta que surge ante el previsible desbloqueo de la ansiada norma es
¿por qué ahora y no antes?
Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas apenas han
aportado información sobre estas cuestiones. En cambio, los sindicatos
creen que estos movimientos responden a las dinámicas de la negociación
del marco general de las condiciones laborales de los empleados
públicos.
Eso, según explican desde los sindicatos, ha paralizado
también otros ámbitos de negociación como es este de la jubilación
anticipada de los policías locales, y, dentro de esa lógica, tras
reanudarse las negociaciones con los funcionarios, también se ha
reactivado este proceso.
De hecho, el presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo por el PSOE, Abel
Caballero, ha instado al Gobierno a incluir el contenido del Real
Decreto en el que se apruebe para revisar las condiciones de los
funcionarios y establecer la oferta de empleo público para este año.
Sin embargo, otras fuentes apuntan al efecto producido por
las presiones ejercidas por las plataformas de afectados y las propias
centrales sindicales. Mientras que UGT invitó a remitir cartas y correos
electrónicos de forma masiva al Ministerio de Hacienda pidiendo el
desbloqueo de la situación –el sindicato calcula que Montoro ha recibido
hasta 30.000 envíos-, la PSPL ha convocado para el próximo 15 de
febrero una manifestación en las inmediaciones del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
Inicialmente, los sindicatos se mostraron favorables a
secundar esta acción, pero tras la reunión de esta miércoles han
rehusado hacerlo para guardarse una bala en caso de que los 20 días
prometidos por el Gobierno no se cumplan. “Después haremos los scratches
que haya que hacer”, apuntan desde UGT.
Además, de las tres organizaciones que conforman la PSPL, la
SPPM también se ha caído de la convocatoria y solamente las otras dos
–CPPM y SPPL—seguirán adelante.
Posibles cambios en el decreto
Pese al optimismo reinante, el documento que finalmente se
apruebe podría introducir cambios de calado sobre la última redacción
conocida.
Se mantienen a priori las condiciones que deben cumplir
aquellos policías locales que quieran jubilarse antes de los 60 años.
Así, no se podrán anticipar más de seis años a la edad legal de
jubilación vigente en cada momento (actualmente es de 65 años y seis
meses), siempre que se acrediten 37 años cotizados.
Como contrapartida, para mantener el equilibrio financiero
de la Seguridad Social, la jubilación anticipada de los policías debe
acompañarse de un incremento en la cotización “en los términos y
condiciones que se establezcan legalmente”.
Salvo cambio de última hora, el tipo de adicional sobre las
bases de cotización de los policías locales en activo será del 10,6%,
del que el 8,84% será a cargo del empleador (los ayuntamientos), y el
1,76% restante, del trabajador.
Desde ese punto de vista, los sindicatos argumentan que la
medida no costará ni un solo euro a los Presupuestos de la Seguridad
Social y que, no solo eso, sino que en unos años, en tanto que se dará
salida a salarios más altos para sustituirlos por personal más joven y
con menores retribuciones, el resultado será un ahorro. Es por eso que
el informe de Hacienda no debería suponer una pega ni un obstáculo.
Sin embargo, el Gobierno ha planteado que una jubilación
masiva de policías locales en 2018 podría suponer un vacío en muchos
ayuntamientos, que plantearían problemas de seguridad ciudadana, puesto
que la apertura de un proceso selectivo y la formación de un nuevo
policía implica un plazo de al menos un año y medio, según indican desde
el sindicato CSI-F. Este problema no afectaría tanto a los grandes
ayuntamientos, donde los policías de más edad se dedican a tareas de
oficina. La cuestión sería más problemática en el caso de los pequeños
consistorios.
En estos momentos, los sindicatos calculan que unos 3.600
policías locales podrían acogerse a la jubilación anticipada en 2018
–unos 800 en Madrid y 300 en Cataluña–, e incluso creen que deberían
hacerlo antes de verse penalizados por la aplicación del factor de
sostenibilidad incluido en la última reforma de la pensiones, a partir
del 1 de enero de 2019.
Por ello, la intención del Gobierno sería aplicar la medida
de manera escalonada. Ya en el decreto elaborado en julio se preveía un
régimen transitorio con escalones hasta 2027. De esta forma, será
necesario tener 35 años y seis meses cotizados para poder acceder a la
pensión en 2018 o 2019; 36 años si se produce entre 2020 y 2022; 36 años
y seis meses para los años 2023 a 2016 y 37 años si el acceso a la
cotización se produce en 2027.
Además, el Gobierno tiene que decidir sobre si establece o
no otro cortafuegos. De acuerdo con la redacción actual, los policías
locales que se quieran jubilar antes de los 60 años, tienen que tener
cubierto el periodo de carencia de 15 años que se exige para el acceso a
la prestación de jubilación y también 15 como policía municipal.
En este punto, los sindicatos quieren que se computen dentro
de estos últimos 15 años también los periodos de desempeño en otros
cuerpos y fuerzas de seguridad.