Empecemos el curso compartiendo
ballena. El Arponero Ingenuo acaba de avistarla pero pesquémosla juntos.
La maniobra de aproximación es muy sencilla. Basta teclear www.pp.es/actualidad-noticia/pp-recurre-ley-aborto para toparse de frente con el más desafiante surtidor de desfachatez política.
Hemos entrado en la actualizada
página oficial del partido gobernante. Ahí está en la parte superior
izquierda el nuevo logo podemizado, con el charrán en el lugar de la
gaviota y la expresión “populares” a la derecha. Su problema es que han
podido cambiar de emblema pero no borrar sus huellas. Tiempo al tiempo,
que pronto habrá un movimiento para que los partidos puedan acogerse al
derecho al olvido en Internet.
Acerquémonos entre tanto a las
fauces del Leviatán barbado. Lo primero que vemos es una foto que
muestra al entonces mano derecha de Rajoy y hoy embajador en Londres,
Federico Trillo, marchando apresurado con aire de quien no puede perder
ni un minuto para entregar el candente dossier que lleva en la zurda. Le
escoltan dos palafreneros de los grupos del Congreso y Senado y un
agente de seguridad. Luego avistamos el título -“El PP recurre la Ley
del Aborto”- y bien destacada la fecha: 1 de junio de 2010. Ayer como
quien dice.
Que los pusilánimes den la
vuelta a la chalupa porque ahora toca franquear las fauces del rorcual y
adentrarse como Jonás en el corazón de las tinieblas. El río que nos
lleva, en medio de una manada de refulgentes peces rosáceos de ojos
saltones, es la versión oficial, con estructura de crónica periodística,
de la que fue una de las principales iniciativas del PP durante la
pasada legislatura. Arponeros, tensad las cuerdas que os sujetan a la
quilla. Vais a necesitarlas para dominar vuestras arcadas.
El primer párrafo anuncia la
presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional y concreta la
impugnación de “ocho preceptos” -no uno, ni dos… ¡ocho!- de la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada por el Gobierno de
Zapatero. El segundo párrafo especifica que “entre esos preceptos se
halla el que prevé la posibilidad de abortar en las catorce primeras
semanas por la mera decisión de la madre” porque “la vida del no nacido…
queda absolutamente desprotegida”. El tercer párrafo añade que esto
“resulta incompatible con el artículo 15 de la Constitución Española que
reconoce que todos tienen derecho a la vida”.
Tras un cuarto, quinto y sexto
párrafo dedicados a aspectos menos nucleares del conflicto -incluido el
derecho de las menores a abortar sin conocimiento de sus padres-
llegamos, contened todos el aliento, al tremendo párrafo séptimo en el
que la prosa administrativa nos arroja frente al único absoluto de la
condición humana: “Una importante novedad es que se solicita que se
suspenda la aplicación de los preceptos impugnados hasta que no se
resuelva el recurso de inconstitucionalidad cuya tramitación se pide que
sea preferente”. ¿Por qué tan drástica demanda? “Porque la aplicación
de las normas recurridas generaría perjuicios irreparables evidentes, al
tratarse de vidas humanas cuya eliminación sería irremediable”.
Sí, lo han leído bien, aquí no
hay eufemismos que valgan: según el PP, es decir según Mariano Rajoy
Brey, de lo que se trata no es de la interrupción, obstaculización o
resolución de un proceso biológico incompleto sino de la “eliminación”
-zis zas, fuera, uno menos, descanse en paz, aquí yace, RIP, los tuyos
no te olvidan- de “vidas humanas”. No se habla del nasciturus, ni del
feto, ni del óvulo fecundado, ni de ninguna categoría presuntamente
intermedia o pretendidamente ambigua. No, no… “vidas” tan “humanas” como
la del niño de la isla de Bodrum. Así de claro. Y el plural no se
refiere ni a dos, ni a tres, ni a cien, ni a mil… sino a diez decenas de
miles al año. Casi medio millón por legislatura. Quinientos mil
cadáveres extraídos del mar de nuestro sistema sanitario. O sea que
Auschwitz se hizo carne y habitó entre nosotros.
Pido perdón si alguien se
siente ofendido, en unas u otras convicciones, por mis expresiones
literarias. No banalizo nada. No es mi opinión la que emito. Ni tampoco
la que cuenta en este conflicto de suma negativa en el que se elige
entre dos males. Sólo me atrevería a decir con Isaiah Berlin que del
fuste torcido de la humanidad es difícil que salga nada derecho. Y a lo
más que puedo llegar es a la inevitabilidad de legislar de forma
ponderada. Pero ni yo ni ninguno de ustedes ganó las elecciones con
mayoría absoluta el 20 de noviembre de 2011. La única opinión que a
efectos prácticos cuenta es la de quien sí lo hizo. O sea la del
susodicho Rajoy Brey. Y ya la conocemos: “eliminación” en masa de “vidas
humanas”. Ergo…
Si tan perentorio era que el
TC ejerciera de ángel bíblico interponiendo su mano cada vez que el
escalpelo del cirujano fuera a acuchillar a uno de esos cientos de miles
de desvalidos, sería inexorable que encontráramos en la referencia del
primer Consejo de Ministros de diciembre de 2011 la remisión a las
Cortes, por el procedimiento de urgencia, de un proyecto de ley que
derogara al menos los ocho artículos recurridos. Pero, ¡ah, no!, aquel
día no fue posible porque había que subir los impuestos.
Bueno, estará entonces entre
los acuerdos del segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto Consejo de
Ministros de ese omnipotente Gobierno con ideas tan claras… Y resulta
que tampoco, tal vez porque al democristiano Arenas le venía mal que se
aplicara el programa de su partido cuando estaba en pleno intento de
engatusar a los andaluces enarbolando el de sus adversarios.
El vértigo, el “horror vacui”,
el estupor maremagno sobrevienen cuando, hoja de calendario tras hoja
de calendario, resulta que a Rajoy le pasó con la “eliminación” de
“vidas humanas” lo mismo que a Pujol con el dinero negro de su padre y
en cuatro años nunca encontró el momento de regularizar la situación. Ni
siquiera cuando su ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón le
presentó un proyecto de ley que no era una futesa. Al final para todo lo
que ha dado de sí la mayoría absoluta del PP es para que, reformilla de
tapadillo mediante, las menores de edad sólo puedan contribuir a esa
“eliminación” masiva de “vidas humanas” tras comunicarlo a sus
progenitores. El sarcasmo no es mío sino del legislador.
El otro día me encontré con
Zapatero y le comenté que, si yo fuera él, tan pronto como Rajoy
disolviera las Cortes escribiría un artículo titulado “Gracias, Mariano,
estás perdonado”. La primera parte incluiría la relación de los
controvertidos preceptos legales aprobados durante sus dos mandatos que
permanecen intactos o apenas maquillados tras la mayoría absoluta
popular. Y la segunda, el catálogo de denuestos que esas iniciativas
merecieron por parte de Rajoy y su equipo, empezando, claro, por lo de
la “eliminación” masiva de “vidas humanas”. Zapatero me miró perplejo,
como si el nefelibata fuera yo, y vino a decirme que la complejidad de
la España real se abre camino cuando uno gobierna.
Pongamos que al cinismo
universal se le llame ahora así; demos por hecho -de lo contrario sería
cómplice consciente de una monstruosidad- que Rajoy ya no piensa que
medio millón de abortos, fruto de una ley de plazos, equivalga a la
“eliminación” de medio millón de “vidas humanas”; y asumamos que sólo un
hombre excepcional, en el extremo opuesto del orden zoológico, sería
capaz de rectificar o al menos matizar públicamente categorizaciones tan
insoslayables. Pero convengamos también en que el mínimo minimorum de
coherencia exigible para no merecer que te arrojen huevos podridos por
la calle o te embadurnen con brea y recubran con plumas de gallina,
hubiera requerido la discreta retirada del bendito recurso ante el
Constitucional.
Porque, al no haber ocurrido
ni eso ni lo contrario para que los refulgentes peces rosáceos de ojos
saltones no se escabullan ni hacia Vox ni hacia Ciudadanos, llevamos
casi cuatro años instalados en la repulsiva contradicción de que el PP
de Rajoy pide a los magistrados que detengan urgentemente la matanza de
inocentes, mientras el Gobierno de Rajoy se rasca la entrepierna pasmado
de que una parte importantísima de sus votantes siga viendo en esos
procedimientos quirúrgicos legales la misma matanza de inocentes que
ellos veían y describían sólo cinco años atrás. Y no me siento capaz de
dictaminar con cuál de los dos Rajoy está la razón ética o la verdad
científica, pero de lo que no me cabe duda es de que su coexistencia es
desalmadamente obscena.
¿A alguien le sorprende que los magistrados del Tribunal Constitucional sigan aplazando ad calendas graecas la
deliberación sobre tan urgentísimo y sanguinoliento recurso,
correspondido por sus promotores con cuatro años de antiséptica
pasividad en el poder? ¿A alguien le sorprende que tanto los jueces
cuyas opiniones coinciden con las de Rajoy en 2010 como los jueces cuyas
opiniones coinciden con las de Rajoy en 2015 se sientan
instrumentalizados en el altar del más zafio utilitarismo electoralista?
¿A alguien le sorprende que este precedente pese sobre sus togas cuando
se dan cuenta de que con la reforma, también urgentísima, de la ley del
propio TC, con Albiol ahora en el papel de Trillo, Rajoy pretende
repetir la jugada con otra fruslería de nada como la unidad de España?
Si el principio de separación
de poderes figura entre las primeras Obsesiones de EL ESPAÑOL no es sólo
para proteger su independencia sino principalmente para estimular su
responsabilidad. Los jueces juzgan, los parlamentos legislan, los
gobiernos gobiernan. Es cierto que a los tribunales les corresponde
también ejecutar sus sentencias y que la especial jurisdicción del
Constitucional le sitúa en un cierto limbo sin resortes directos de
autoridad. Pero el desafío separatista es ante todo político y es al
ejecutivo al que le corresponde hacerle frente con su rica panoplia de
armas jurídicas y su monopolio legal del uso de la fuerza.
Tras cuatro años cruzado de
brazos, esta respuesta de Rajoy al filo de la campana, consistente en
que los magistrados puedan multar o suspender a quien les desobedezca,
resultaría ridícula si no escondiera mucho más. Alguien empeñado, como
dice Guerra, en dar “un golpe de Estado a cámara lenta”, no va a
pensárselo dos veces ni por el riesgo de tener que pagar “entre tres mil
y treinta mil euros” ni por el de tener que ceder el cargo al siguiente
-o más bien al precedente- de la lista.
La destitución de alguien como
Mas sólo tendría sentido y eficacia si, en aplicación del artículo 155
de la Constitución, el Gobierno recurriera al Senado para suspender la
autonomía catalana y sustituir sus instituciones por otras de carácter
interino, tal y como ocurrió en octubre del 34. Algo que ya tenía que
haberse hecho cuando el año pasado se llevó a cabo la consulta prohibida
por el TC o a la vista de que, como acaba de recordar Rafael Hernández -este dechado de sindéresis que tanto nos hace añorar a su colombroño intelectual Floriández-, la Generalitat sigue costeando el fantasmagórico Consejo para la Transición Nacional, declarado anticonstitucional.
Como en el caso del aborto, el
estafermo con mayoría absoluta ha optado, sin embargo, por transferir la
responsabilidad de gestionar una situación límite a los magistrados del
alto tribunal. Eso le permite justificar su parálisis en la expectativa
de una acometida institucional ajena. Y mantener abiertas todas las
opciones como el monigote giraldilla que despliega a la vez la maza y el
escudo.
Qué más podía querer el
aprendiz de golpista que una iniciativa de dudosa constitucionalidad,
atufadoramente oportunista y palmariamente divisiva de los partidos no
separatistas, para alimentar su desbarre. Ahí le tienen, hablando nada
menos que de la Inquisición para camuflar la mangancia organizada del
3%. La torpe cobardía gubernamental le ha permitido así acercar de nuevo
el ascua de la falta de calidad democrática de las leyes vigentes a la
sardina de su delirio secesionista.
Como entre ballenas y
clupeidas cabe algún término medio, la situación recuerda una estampa
pintoresca del Bilbao de 1915 -tendremos que volver sobre ese año para
hablar de Dato y de Cambó-, recogida en las páginas de El Pueblo Vasco.
Sucedió al caer la tarde cuando el guardia urbano Pablo Sáez abordó
junto al Cafe del Norte al vendedor de besugos Lorenzo Hernández,
conminándole a cesar en su actividad, de acuerdo con “el artículo 31,
párrafo tercero, apartado 16 de las ordenanzas municipales que prohíbe
terminantemente la expedición de besugos con luz artificial”. El
vendedor rehusó obedecer al guardia, dando grandes voces y “manifestando
a la autoridad que los besugos se imponían a toda disposición emanada
del municipio”. El lance derivó en tumulto y el tumulto en gresca, en
medio de “un corro de curiosos y desocupados que no bajaría seguramente
de 300 a 400″.
No es tanto el conflicto entre
el derecho a decidir de los besugos y un rígido marco legal, reforzado
por un precepto arbitrario, lo que llama mi atención, sino la
descripción y coda final del gacetillero: “Y mientras se desarrollaban
tales acontecimientos los besugos, rígidos, yacentes sobre la banasta,
parecían mirar con sus ojos opacos a los actores de este suceso, en el
cual se veían envueltos por no haber sido capaces de escapar a las
arteras redes de los hombres… Los besugos son siempre unos filósofos”.
Philosophia perenne, que
diría Leibnitz. Anteayer Soraya salió en sus teles reprochando al PSOE
que utilizara “frases fáciles para problemas difíciles” -¡se refería a
la crisis de la inmigración!- y pronto comenzará la pesca milagrosa. Una
vez que las “arteras redes” hayan hecho su cosecha el 27-S en Cataluña,
asistiremos a su despliegue en toda España y la manada de refulgentes
peces rosáceos de ojos saltones será conducida de nuevo hacia el vientre
de la bestia. Nada sería tan coherente como que se confirmara la fecha
del 20 de diciembre, apuntada por Rajoy para las elecciones generales,
pues pocos platos han adquirido la tradición navideña del besugo al
horno. Y habrá que tener los “ojos” muy “opacos” o sentirse muy
“filósofo” para respaldar a quien pretende hacerte cómplice no ya de un
asesinato en masa o de un alarde de truculencia demagógica, sino de
ambas cosas a la vez.
(*) Periodista
