CARTAGENA.- PSOE e IU-Verdes han confirmado en la Asamblea Regional que han recibido varios correos electrónicos del sector de la construcción y de empresarios de la Región pidiéndoles la tramitación de la proposición de la ley del Suelo.
Durante el debate de totalidad del texto en el que se han rechazado las enmiendas de los grupos de la oposición, el portavoz de IU-Verdes, José Antonio Pujante, reconoce haber sentido presiones "muy sutiles" para aprobar esta ley. Los socialistas también han asegurado haber recibido varios e-mails y consideran, como IU-Verdes, que el PP "se ha dejado presionar por el lobby del ladrillo, que le ha engañado".
Según Pujante, ha recibido dos tipos de correos electrónicos unos en los que se pide abiertamente la tramitación de esta ley y otros en los que se sugiere su aprobación. "No tengo inconveniente en hacer públicos esos e-mails y a mí no me va a presionar nadie", ha garantizado el parlamentario.
Los socialistas opinan del mismo modo que IU-Verdes. Su diputado, Joaquín López, admite que su grupo "no nos sentimos presionados" y ha advertido que la ley "se ha hecho deprisa porque lo que importa para el PP son determinados lobbys de presión que engañan a los grupos parlamentarios. El PP pensaba que la ley era un disparate y ahora ha desfallecido ante un lobby que no ha beneficiado a la Región".
El Grupo Parlamentario Popular ha desmentido las afirmaciones de los diputados del PSOE e IU-Verdes. Para el popular Juan Guillamón "es falso que hayamos caído en presiones". El parlamentario ha explicado que el texto que se aprobará mañana por la tarde en la Asamblea contiene 300 artículos diferentes "y cuenta con la colaboración de los agentes sociales".
Para Guillamón, la oposición "debería presentar alternativas que nos ayude a mejorar y no caer siempre en las mismas cuestiones sobre los mismos temas".
Asimismo, el portavoz de IU-Verdes ha denunciado que el PP ha tenido ocho años para tramitar la ley "y ahora lo hacen deprisa y corriendo" y les ha echado en cara la "falta de consenso que hay con esta ley entre la sociedad" al tiempo que ha expuesto que los representantes de los partidos de la oposición "no estamos de acuerdo, con lo que no puede haber consenso".
Entre las críticas que ha recibido la futura ley destaca que se pueda construir en cualquier lugar aduciendo al interés público. En este sentido, el socialista Joaquín López ha puesto como ejemplo proyectos como el de la Paramount y Marina de Cope. Según él, "la ley pasa introduce actuaciones de interés regional, pasa por encima del planeamiento municipal, no dice nada de transparencia, es opaca y liga la corrupción con el gobierno".
Por otro lado, los diputados se han mostrado en contra del texto que prevé aprobar el PP porque, a su juicio, legitima la figura del teletransporte y piensan que "es una barbaridad" que se establezca una declaración responsable para que se permita obrar sin necesidad de conseguir una licencia ni permisos y se autorice a posteriori la obra.
Del mismo modo, PSOE e IU-Verdes han advertido que la ley se está tramitando como proposición de ley, cuando creen que debería haber sido el propio gobierno el que la trajera a la Cámara como proyecto de ley "debido a la importancia de la ley y la gran repercusión que tiene".
Frente a esto se ha manifestado el popular Juan Guillamón, que ha defendido el procedimiento escogido "por la simplificación de trámites porque si tuviéramos que hacerlo a través del proyecto de ley sería demasiado largo. Nos hemos reunido con todos los que tienen que ver con el Consejo Económico y Social para tener en cuenta sus puntualizaciones".
Por contra, los populares han insistido en que llevan trabajando 4 años en colaboración con la consejería para elaborar esta normativa y adaptarla a la ley estatal que se aprobó en el año 2006. "No es una ley improvisada y respeta la normativa ambiental", ha asegurado Guillamón.
Desde el PP se ha insistido en que han establecido conversaciones con los distintos agentes sociales para consensuar el texto y ha informado de que su grupo ha presentado 53 enmiendas parciales de carácter técnico al texto.
Rechazadas las enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición, la ley continuará con su trámite parlamentario y se aprobará finalmente mañana por la tarde en la Asamblea Regional.
La opinión de IU al respecto
La opinión de IU al respecto
El diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha criticado hoy la
aprobación de la proposición de ley del PP en materia de suelo y
ordenación del territorio al considerar que no corrige los problemas
fundamentales que arrastraba la ley regional de 2005, sino que "los
empeora y los agrava" y, además, "sigue siendo caldo de cultivo y cauce
para la corrupción y la destrucción ambiental".
Según Pujante, la citada proposición apuesta por las principales figuras que han dado lugar a la corrupción urbanística y la desprotección del medio natural, que son, a su juicio, los convenios urbanísticos, las Actuaciones de Interés Regional (AIR) y el llamado teletransporte.
Sobre los convenios urbanísticos, ha resaltado que la experiencia ha demostrado que con ellos se abandona la idea de planificación racional de las ciudades, sustituyéndola por la construcción de "islas urbanizadas" en las afueras de los municipios "en función de lo que paguen en maletines de 500 euros algunos empresarios y piratas del ladrillo".
Respecto a las AIR, Pujante ha asegurado que, al igual que los convenios, implica "destrozar la idea de la ordenación racional del territorio", ya que la ley del PP "les hace prevalecer sobre otros instrumentos elaborados racionalmente, como son los planes y directrices de ordenación, cuando detrás de las AIR no suele haber ningún interés general, sino más bien particular".
El teletransporte es otra de las cuestiones criticadas por el diputado de IU-Verdes, quien ha recordado que el hecho de que suelos protegidos puedan generar aprovechamiento urbanístico va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y algunas sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Otros "defectos evidentes" de la proposición, en opinión de Pujante, tienen que ver con el "escaso relieve de la protección y defensa ambiental"; la "ilegal invasión" de competencias municipales y la "facilidad" que se da a los ayuntamientos para enajenar su patrimonio municipal del suelo, con los efectos que ello tiene en orden a la promoción de vivienda pública y la correcta dotación de servicios e infraestructuras.
Según Pujante, la citada proposición apuesta por las principales figuras que han dado lugar a la corrupción urbanística y la desprotección del medio natural, que son, a su juicio, los convenios urbanísticos, las Actuaciones de Interés Regional (AIR) y el llamado teletransporte.
Sobre los convenios urbanísticos, ha resaltado que la experiencia ha demostrado que con ellos se abandona la idea de planificación racional de las ciudades, sustituyéndola por la construcción de "islas urbanizadas" en las afueras de los municipios "en función de lo que paguen en maletines de 500 euros algunos empresarios y piratas del ladrillo".
Respecto a las AIR, Pujante ha asegurado que, al igual que los convenios, implica "destrozar la idea de la ordenación racional del territorio", ya que la ley del PP "les hace prevalecer sobre otros instrumentos elaborados racionalmente, como son los planes y directrices de ordenación, cuando detrás de las AIR no suele haber ningún interés general, sino más bien particular".
El teletransporte es otra de las cuestiones criticadas por el diputado de IU-Verdes, quien ha recordado que el hecho de que suelos protegidos puedan generar aprovechamiento urbanístico va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y algunas sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Otros "defectos evidentes" de la proposición, en opinión de Pujante, tienen que ver con el "escaso relieve de la protección y defensa ambiental"; la "ilegal invasión" de competencias municipales y la "facilidad" que se da a los ayuntamientos para enajenar su patrimonio municipal del suelo, con los efectos que ello tiene en orden a la promoción de vivienda pública y la correcta dotación de servicios e infraestructuras.
