viernes, 13 de enero de 2012

Un juzgado de Alicante envía a la Audiencia Nacional una denuncia contra la anterior cúpula de la CAM

ALICANTE.- El Juzgado de Instrucción nº 8 de Alicante ha acordado su inhibición en favor de la Audiencia Nacional de la denuncia presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho, representada por el abogado oriolano José Luis Mazón, contra la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) destituida por el Banco de España.

   Según el auto dictado el pasado 10 de diciembre, la asociación acusa a la antigua directiva de la caja de ahorros de presuntos delitos societarios, falseamiento de cuentas y acuerdos abusivos con ánimo de lucro.
   La asociación pide a los jueces que investiguen porque "falsear las cuentas de una caja no puede ser solo obra de la directora general de la misma, sino que exige un concurso más amplio de voluntades y deben ser investigados otros responsables, como el anterior presidente y los altos directivos".
   La denuncia se remitirá al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que el pasado mes de noviembre admitió a trámite otra denuncia presentada por el abogado murciano Diego de Ramón contra la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, por presunta estafa, delito societarios y falsedad documental.
   Además, Mazón considera que la antigua cúpula de la CAM tomó "acuerdos abusivos en materia de blindaje de indemnizaciones y pensiones, en detrimento de los depositarios y a cuenta de partícipes".
   El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional está pendiente de recibir un informe de las presuntas irregularidades a los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que gestionan la entidad desde la intervención del pasado mes de julio.
   Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción también mantiene abierta una investigación de oficio contra la antigua cúpula de la CAM por estos hechos, que. El caso está en manos del fiscal José Miguel Alonso, dependiente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
   Las pesquisas se centran en los informes emitidos por los interventores del Banco de España y los administradores del FROB tras la intervención, que reflejan que los responsables de la caja valenciana comunicaron unos beneficios de 38,9 millones de euros en marzo de 2011 cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
   Además, se investigan las causas del despido disciplinario impuesto el pasado 28 de septiembre por el Banco de España a la exdirectora por haber pactado con el expresidente de la caja, Modesto Crespo, una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% anual desde su jubilación, y un sueldo de 593.040 euros.
   María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en noviembre de 2010, y el 10 de agosto de 2011, una vez intervenida la entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus competencias, si bien hasta su despido disciplinario seguía cobrando su sueldo.

AIVCAM propone dar a los afectados de Lorca un 10% del importe de las cuotas participativas

ALICANTE.- El presidente de la Asociación de Impositores Valencianos de Caja de Ahorros del Mediterráneo-CAM (AIVCAM), Víctor Baeta, propondrá este sábado en una asamblea en Elche que, si el Banco Sabadell da "soluciones" respecto a las cuotas participativas, donar un 10 por ciento del importe a los afectados por el terremoto de Lorca.

   AIVCAM ha convocado este sábado una asamblea en Elche, en la que Baeta hará esta propuesta, ya que el Banco Sabadell se ha mostrado favorable a realizar "acciones comerciales para recuperar la franquicia y el crédito" en la zona de origen de la CAM.
   En este sentido, Baeta ha explicado que si el Banco Sabadell "cumple con las expectativas de los cuotapartícipes", planteará que el 10 por ciento del importe de las cuotas "sean para los damnificados del territorio de Lorca".
   Así, ha indicado que los cuotapartícipes son "solidarios con el mal ajeno" y por ello pretenden "hacer una llamada de atención de los poderosos para que, de la misma forma que los pequeños ahorradores reclaman su dinero, también piensan en los que están en peor situación" que ellos.
  El Centro de congresos 'Ciutat d'Elx' acoge a las 18.00 horas de este sábado una reunión de la Asociación de Impositores Valencianos de Caja Mediterráneo (AIVCAM) en la que sus responsable informarán sobre las conversaciones que se han mantenido con el Banco de Sabadell, entidad que ha comprado la CAM.
   Los afectados piden al Banco de Sabadell que sus cuotas participativas tengan valor, dado que en las condiciones actuales se pierden en su totalidad. En caso de que no fuera así, los 50.000 impositores de Caja Mediterráneo que hay en el conjunto del Estado perderían hasta 230 millones de euros.
   Los afectados señalan en que ellos confiaron en la CAM e instan al Gobierno central a que evite que esas cuotas participativas queden sin valor. Baeta ha señalado que "si no se encuentra una solución será una estafa santificada por las leyes del Estado".
  "Si no se resuelve la situación el Estado estará fomentando el antisistema porque no el sistema no sirve y nos habrá estafado", sostuvo Baeta que estimó que este sábado se pueden reunir en el centro de congresos 'Ciutat d'Elx' entre 200 y 300 afectados.

La población empadronada en la Región de Murcia crece un 0,6% en 2011

MURCIA.- La población empadronada en la Región de Murcia creció un 0,6 por ciento en 2011 respecto al año anterior, hasta alcanzar los 1,4 millones de personas a 1 de enero de 2011, un aumento superior al de la media nacional del 0,4 por ciento, según las cifras de población difundidas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 0,4 por ciento más que en el año anterior. 

   La Región de Murcia experimentó de esta manera el cuarto mayor crecimiento por comunidades junto con Baleares, solo inferior al aumento registrado en Andalucía, Castilla-La Mancha y Navarra, donde la población se incrementó un 0,8 por ciento.
   La población empadronada en España ascendía a 47.190.493 personas a 1 de enero de 2011.

El IPC subió en Murcia un 2,2% en 2011

MURCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) permaneció invariable en la Región de Murcia durante el pasado mes de diciembre, y la tasa interanual se situó en el 2,2 por ciento, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En todo el año 2011, los precios subieron en la Región un 2,2 por ciento, igual que la inflación interanual murciana, que alcanzó también el 2,2 por ciento.
   Por grupos, los más inflacionistas fueron Ocio y Cultura (2,5 por ciento), Hoteles, cafés y restaurantes (0,4 por ciento), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,3 por ciento), Menaje y Otros (ambos con un 0,2 por ciento), y Medicina (0,1 por ciento).
   Por contra, la congelación de precios en Comunicaciones y el descenso experimentado en Vestido y calzado (-2,7 por ciento), Transporte (-0,3 por ciento), Enseñanza (-0,2 por ciento), y Bebidas alcohólicas y tabaco y Vivienda (ambas con un -0,1 por ciento), equilibraron el precio de la cesta de la compra murciana en diciembre y propiciaron el estancamiento.

La profesión médica advierte del deterioro de la sanidad pública

MADRID.- - El Foro de la Profesión Médica ha advertido hoy del "deterioro" del Sistema Nacional de Salud, ha criticado que la actual coyuntura de crisis económica complica "enormemente" la vida social y la sanitaria, y ha reclamado un pacto de Estado por la Sanidad.

Esta plataforma ha denunciado en un manifiesto que las administraciones públicas están imponiendo "con poca transparencia" medidas de recortes "en función de intereses políticos y de calendarios electorales".
El Foro de la Profesión Médica está integrado por la Organización Médica Colegial (OMC), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME), el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CNDFM), y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).
"Como profesionales médicos, no podemos negar ni ignorar la realidad, pero los recortes sanitarios indiscriminados condicionan seriamente la respuesta a las necesidades asistenciales de los ciudadanos", advierte el manifiesto que ha hecho público este Foro.
Consideran además los profesionales médicos que la forma y el modelo de aplicación de las restricciones económicas impuestas son "erróneos e injustos, porque con idéntico presupuesto se puede hacer de diferente manera con menores daños".
La primera crítica del Foro es a la clase política, a la que responsabilizan de no haber sabido prever y gestionar una situación que, aunque se enmarca en una crisis de carácter internacional, "en nuestro país presenta caracteres específicos".
El Sistema Nacional de Salud, recuerdan las organizaciones, acumula progresivas deudas; "se habla de 20.000 millones de euros pero no se conoce la verdad definitiva, ni como está distribuida entre las diferentes comunidades, ni tampoco cómo está estructurada por partidas presupuestarias".
Han recordado además que los médicos llevan años reclamando una política sanitaria que garantice los recursos suficientes y que vele "por su calidad y gestión óptima".
"Tenemos -advierten- un sistema sanitario fragmentado, heterogéneo, que no ofrece las mismas prestaciones según las comunidades de que se trate, con una inadecuada gestión de recursos, una desprofesionalización de la clase directiva y una excesiva burocratización".
Reclaman por ello el derecho de los médicos a criticar la falta de medidas ante las "ineficiencias económicas" en el sector público y se oponen a las formas inadecuadas y de recortes indiscriminados que se están llevando a cabo.
Ante esta situación, han reclamado un pacto de Estado por la Sanidad que permita hacer posible la financiación sanitaria de un Sistema Nacional de Salud "que ya ha demostrado ser de los mejores y sostenible a un precio razonable".
Ese pacto, según este Foro, debería ser del máximo nivel político para no utilizar la sanidad con fines partidistas y alcanzar unos presupuestos reales y finalistas que respondan a una cartera de servicios claramente definida y que respete los principios de equidad, universalidad y solidaridad.
El Foro de la Profesión Médica ha rechazado la aplicación de los recortes, " que están provocando pérdidas ostensibles de la calidad asistencial de los pacientes".
En el manifiesto llaman además la atención de los médicos, ante una situación que creen que va a ser "larga, compleja y de imprevisibles consecuencias", y piden a los profesionales y a sus organizaciones la máxima responsabilidad, disponibilidad y coordinación para responder con las medidas necesarias en defensa de la salud de los ciudadanos.

Greenpeace emprenderá movilizaciones si el Gobierno recorta la Ley de Costas

MADRID.- Greenpeace ha advertido hoy de que "no dudará" en denunciar por la vía judicial o con movilizaciones cualquier recorte que se lleve a cabo en la Ley de Costas y que "vuelva a promover la destrucción del litoral".

En un comunicado, Greenpeace responde así al anuncio del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que esta mañana ha avanzado que entre sus primeras iniciativas ambientales figura la de llevar a cabo "una reforma muy profunda" de la Ley de Costas.
"Hasta el momento, las reformas a la Ley de Costas planteadas en el Senado y en el Congreso por el Partido Popular desde la oposición han estado encaminadas a privatizar el litoral permitiendo un uso industrial y una destrucción masiva de la costa" ha denunciado Pilar Marcos, responsable de la campaña Costas de Greenpeace.
La organización ecologista señala que la Ley de Costas, vigente desde 1988, "es la única herramienta legal para defender el uso público de la costa y su reforma supondría una nueva burbuja inmobiliaria".
Asimismo, recuerda que el deslinde no se ha ejecutado completamente, por lo que acometer una reforma de la Ley de Costas "supondría un gasto inasumible para el Estado y su presupuesto", ya que se tendrían que compensar económicamente los derribos ya acometidos.
Denuncia que una reforma de la ley que suponga un recorte "bajo la excusa de "armonizar el desarrollo económico con la protección de los recursos naturales" hace peligrar los últimos tramos de costa virgen, mientras que proyectos como los de Marina de Cope (Murcia), diez puertos deportivos en Baleares, las concesiones de costas para los puertos de Pasaia (Guipúzcoa) o Tarifa (Cádiz) o el desarrollo macrourbanístico en El Palmar "tendrían vía libre para desarrollarse sobre la primera línea de costa".
Greenpeace recuerda al Ejecutivo que en tan solo una semana recogió 10.000 firmas a favor de la Ley de Costas y advierte: "si la reforma profunda amenaza el litoral virgen no dudaremos en usar toda nuestra fuerza para impedirlo".

Banco Sabadell ampliará su capital en un 43%

MADRID.-   Sabadell ampliará su capital social un 42,8%, con la emisión de 692 millones de nuevas acciones, por un importe nominal de 86,5 millones de euros, en su intento de fortalecer su solvencia para integrar la Caja del Mediterráneo (CAM). 

   Según comunicó la entidad catalana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta ampliación de capital se planteará en la junta general extraordinaria de accionistas que la entidad catalana celebrará el próximo 23 de febrero.
   El pasado 7 de diciembre el Banco de España adjudicó a Sabadell la CAM por un precio simbólico de un euro, operación en la que se incluía la inyección de 5.249 millones por parte del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
   En otro de los puntos del orden del día de la junta, Oliu informará a sus accionistas sobre los aspectos más relevantes de 2011, como el canje por acciones de cuatro emisiones de participaciones preferentes emitidas entre 1999 y 2009, por un importe nominal máximo de 850 millones de euros.
   La cotización de la nuevas acciones para este canje comenzaron a cotizar en la sesión de hoy. Así, los títulos de la entidad catalana encabezaba los recortes con un descenso superior al 2%, a pesar de que el Ibex 35 subía por encima del 1%.

Ayuntamientos y CC.AA. tendran 10 años para devolver anticipos a cuenta

MÁLAGA.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y vicepresidente del PP-A, Cristóbal Montoro, ha asegurado este viernes que el Gobierno va a "favorecer" la liquidez de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, para lo que se aplazarán a 10 años las devoluciones que tienen que hacer al Estado de los anticipos a cuenta.

   De este modo, el titular de Economía, que ha asistido en Málaga a la inauguración de la Convención Autonómica del PP-A, ha dicho que se trata de "promover la financiación que necesitan para la provisión de servicios públicos básicos".
   Sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará la próxima semana, ha indicado que "todas las comunidades se presentarán unidas en el compromiso del equilibrio presupuestario para reducir lo más rápidamente posible el déficit público, asegurando los servicios públicos básicos, la educación, la correcta financiación de la sanidad y la gran mayoría de las prestaciones sociales".

El PP ve a las CC.AA. "un poquito desmandadas"

MADRID.- La próxima presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, Elvira Rodríguez, ha apuntado que los ajustes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy deben trasladarse también a las comunidades autónomas y trabajarán "con ellas y sus presupuestos" para lograr un "redimensionamiento de la Administración" y poner orden en unas instituciones "un poquito desmandadas".

   En declaraciones a Gestiona Radio, Rodríguez ha destacado el ejemplo de Cataluña, una comunidad que "se ha pasado gastando", pese a que el Ejecutivo de Artur Mas insiste en que el único problema es de ingresos. Así, ha recalcado que la Generalitat "ha llegado a pedir aval al Estado para hacer sus emisiones de deuda".
   Pese a todo, Rodríguez confía que "se llegará a un acuerdo" con CiU en virtud de su "buena disposición" a la hora de apoyar el nuevo plan de ajuste.
   La parlamentaria 'popular' ha defendido el decreto de ajuste convalidado el pasado miércoles en el Congreso como "un esfuerzo provisional hasta que se conozca la evolución de la economía" y que afecta "principalmente" a los Ministerios.
   Asimismo, ha insistido en que el PP no conocía los datos de desviación del déficit antes de llegar al Gobierno porque estaban en manos del anterior Ministerio de Economía y Hacienda y éste les aseguró que se cumpliría el objetivo del 6%.
   "De haber sabido que en realidad se situaba en el 8% se habrían tomado medidas mucho antes", ha asegurado Rodríguez, que ha explicado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy presentará sus nuevas actuaciones "poco a poco", empezando por la Ley de Emprendedores, que se verá "en breve" en el Parlamento.
   Por último, ha asegurado que la reforma del sistema financiero es una de las mayores prioridades del Gobierno de Mariano Rajoy porque si no se culmina la reestructuración de la banca y la financiación no vuelve al sector privado "no se podrá arreglar nada".

El PSOE repasa las críticas de Rajoy a la subida de impuestos socialista

MADRID.- El PSOE ha lanzado un vídeo en el que recopila imágenes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, criticando durante la pasada Legislatura, cuando era líder de la oposición, la subida de impuestos acometida por el anterior Ejecutivo y asegurando que el PP no tomaría este tipo de medidas para salir de la crisis.

   El vídeo, titulado 'Donde dije digo... digo impuestos', comienza con la imagen de un discurso de Rajoy en el que afirmaba que "lo primero que tiene que hacer el gobierno es decir la verdad", tras lo cual comienzan a sucederse imágenes del entonces líder de la oposición en mítines o entrevistas, en los que no se especifica la fecha, asegurando que subir los impuestos implica "más paro, más recesión y peor situación económica para las clases medias".
   "Subir los impuestos es algo disparatado"; "lo que hay que hacer es bajar los impuestos"; "subir los impuestos sólo servirá para retrasar la salida de la crisis", son algunas de las frases de Rajoy que destaca el PSOE en un vídeo que se emitió hoy a las doce del mediodía en PSOETV y que difundirá a través de las Redes Sociales y de su página web.
   Con la subida de impuestos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Rajoy también dijo que no podía "apoyar una subida de impuestos de 15.000 millones de euros, que es la mayor de la democracia" porque "estaría haciendo algo malo para los ciudadanos y para España".
   Además del jefe del Ejecutivo, también son protagonistas de este vídeo la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, así como el ahora ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, cuando los 'populares' ejercían la oposición.
   "Nunca se ha salido de la crisis en España subiendo los impuestos" o "El PP es partidario de bajar los impuestos", son dos de los comentarios de Cospedal, también en discursos o entrevistas, que recoge el vídeo. "No compartimos que como solución a la crisis haya que subir los impuestos", se escucha decir a Montoro.
   En el vídeo también se recogen dos frases de Rajoy durante su discurso de investidura en el Congreso el pasado 19 de diciembre: "Mi intención no es subir los impuestos" y "El mayor esfuerzo no debe recaer en los ciudadanos".
   Con un rótulo, el PSOE denuncia que "dos semanas después" de este discurso, "el nuevo Gobierno de Rajoy aprobó la mayor subida de impuestos de la historia", y para ilustrarlo se introduce la imagen de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando hizo el anuncio del aumento del IRPF durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 30 de diciembre.
   El vídeo finaliza con el rótulo "Donde dije digo... digo impuestos" para insistir en denunciar que el discurso del PP ha cambiado una vez que ha llegado al Gobierno.

Antifraude de Cataluña investiga pensiones de seis exdirectivos de Unnim

BARCELONA.- La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha abierto investigación para confirmar que los planes de pensiones de seis exdirectivos de Unnim son legales, ya que suman ocho millones de euros en una entidad que ha recibido ayudas públicas, han confirmado a hoy fuentes del organismo adscrito al Parlament.

   La OAC firmó la apertura del expediente de investigación este jueves, según han publicado La Vanguardia y ABC, y ahora el organismo investigará el caso para decidir si es susceptible o no de trasladar a los tribunales.
   Fuentes de Unnim han explicado hoy que desconocían que se hubiese iniciado dicho procedimiento y que este viernes el departamento jurídico de Unnim se ha puesto en contacto con la OAC, pero han declinado hacer valoraciones.
   Entre los seis exdirectivos que suman los ocho millones en planes de pensiones figura el exdirector general de Unnim, Enric Mata, que se jubiló en 2011 tras una trayectoria de más de 30 años.
   Él es el único que ya disfruta de la remuneración, que decidió recibir fraccionada cada mes en vez de cobrarla en una sola vez, ya que los otros cinco exdirectivos todavía no han alcanzado la edad de jubilación para poder beneficarse de los planes de pensiones.
   Los otros cinco exdirectivos son el exdirector general de Caixa Manlleu, Dídac Herrero; Josep Maria Coma, Emili Pané, Lluís Faura y Antoni Cruz, que abandonaron Unnim en la primera mitad de 2011.
   Respecto a las remuneraciones por ocho millones, dos corresponden directamente a planes de pensiones, y los otros seis a pólizas adicionales, establecidas para equiparar la jubilación al sueldo de los directivos cuando estaban en activo, ya que los planes de pensiones tienen limitaciones máximas de aportación.
   Respecto a calendario, 1,33 millones fueron aportados en 2011, cuando Unnim ya pidió ayuda pública, siguiendo el plan de fondos que se destinaba anualmente a estas partidas, según la entidad: 33.000 euros para planes de pensiones y 1,3 para las pólizas adicionales, según la documentación publicada a finales de año por Unnim y consultada por Europa Press.
   Los otros 6,6 millones se habían aportado en años anteriores tras su aprobación en la comisión de retribuciones correspondiente.
   Unnim está controlada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras inyectarle 948 millones, y actualmente está en proceso de venta.
   La entidad entró en pérdidas en el tercer trimestre de 2011 hasta unos números rojos de 107 millones de euros que atribuyó al deterioro de la cartera crediticia e inmobiliaria y el impacto del coste de la reestructuración de la entidad de 77 millones en cumplimiento del Plan de Integración de la fusión.

Las sanciones a las CC AA tendrán en cuenta reincidencia y gravedad

MADRID.- Las comunidades autónomas tendrán que elaborar techos de gasto previos a sus presupuestos autonómicos ajustándose a una regla de gasto adaptada a la normativa europea, y serán sancionadas si no cumplen los objetivos fijados teniendo en cuenta los criterios de "reincidencia" y la "gravedad" del incumplimiento.

   Así lo ha adelantado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado las líneas generales del anteproyecto de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que el Gobierno planteará el martes a las CC.AA.
   Según Sáenz de Santamaría, todas las comunidades tendrán que ceñirse a esa regla de gasto a la hora de elaborar sus techos de gasto y sus posteriores presupuestos autonómicos. "Será un elemento clave para cumplir el objetivo de déficit", ha señalado la portavoz.
   Así y siempre que se ajusten a dicha regla, cada comunidad elaborará sus propias cuentas y decidirá a qué quiere destinar sus presupuestos sin que el Gobierno interfiera en los mismos. Si luego hay desviaciones, entrarán en juego los mecanismos correctores para reorientar los objetivos y la implementación de sanciones si es necesario.
   Los mecanismos correctores, según la portavoz, podrían ser reducciones "mínimas y obligatorias" referenciadas al PIB en los presupuestos de las administraciones responsables. "Son mecanismos de corrección casi automáticos", ha dicho.
   Por su parte, las sanciones tendrán en cuenta los criterios de "reincidencia" y "gravedad", aunque Sáenz de Santamaría no ha explicado que tipo de 'castigo' se puede poner a las comunidades que no cumplan los objetivos fijados.
   Además, la norma reforzará los principios y criterios de transparencia, ya que cada presupuesto autonómico deberá incluir la equivalencia en déficit o superávit en términos de contabilidad nacional, tal y como hace el Estado, y deberán recoger información adicional sobre niveles endeudamiento y organismos y empresas públicas, entre otras cosas.
   Al finalizar el periodo transitorio que marca la reforma de la Constitución, a partir del año 2020, todas las administraciones deberán presentar equilibrio presupuestario o superávit, de forma que el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional, salvo en situaciones excepcionales.
   Estas son las principales líneas del anteproyecto de Ley que el Gobierno llevará el martes al CPFF y después a la Comisión Nacional de Administración Local para buscar "el máximo acuerdo y consenso" entre todas las administraciones.
   Según la portavoz, la futura Ley va a ser un "elemento clave" para el control de déficit, ya que la estabilidad y la sostenibilidad son "esenciales" a la hora de construir una plataforma que permita avanzar en la senda del crecimiento y del empleo.
   Con la futura Ley, el Gobierno persigue tres objetivos: garantizar la sostenibilidad de todas las administraciones, fortalecer la confianza en las posibilidades de España y cumplir los compromisos que se han asumido con Bruselas y que se tendrán que asumir.
   De hecho, el Ejecutivo ha incluido el concepto "sostenibilidad" en el nombre de la Ley porque se trata de una norma que tiene que buscar medidas a medio y largo plazo y no solo responder a una situación coyuntural. "Hay que trasladar un mensaje de compromiso con el control de déficit público general y permanente", ha dicho.
   La portavoz ha repasado la reunión que mantuvo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con las comunidades gobernadas por el PP, a las que trasladó la necesidad de cumplir los objetivos fijados y la voluntad del Gobierno de trabajar para poder ofrecer soluciones a problemas puntuales de tesorería y liquidez.
   Además, ha dicho que Montoro también ha hablado ya con los consejeros económicos de otras comunidades autónomas para preparar la reunión del próximo martes, en la que se abordarán todas estas materias. De hecho, se analizará la situación de tesorería de cada comunidad para trabajar "todos" en la resolución de los problemas.
   De la misma forma, se abordará la reducción del sector público en las comunidades, ya que las primeras informaciones de los ministerios no llegarán hasta finales de mes, la parte que corresponde al ámbito del Estado. 
   Con todo, Sáenz de Santamaría ha trasladado la "voluntad decidida" del Gobierno de llegar a acuerdos porque se trata de asuntos que afectan a "todos". 
"Los ciudadanos reclaman un esfuerzo de contención y austeridad", ha recordado, tras mostrarse convencida de que se alcanzarán "acuerdos importantes" que permitirán volver a la senda de crecimiento económico.

jueves, 12 de enero de 2012

El PSOE pide a Marín que explique por qué la Región no ha cumplido el objetivo de déficit de 2011

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, ha pedido al consejero de Economía, Salvador Marín, "que explique a los ciudadanos por qué Murcia ha vuelto a incumplir el objetivo de déficit para 2011, con las consecuencias negativas que eso puede tener para la Región, a pesar de que durante todo el pasado año ha estado anunciando una y otra vez que se estaban tomando las medidas para cumplirlo".

   "Somos la quinta comunidad autónoma española que más colabora en el incumplimiento nacional, somos el origen del hachazo de 40.000 millones que ahora nos anuncia el presidente Rajoy", señaló en rueda de prensa.
   García Retegui informó que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado los datos de los objetivos de déficit incumplidos en 2011 por las comunidades autónomas españolas, y se constata que, si en 2010 la Región de Murcia había superado el 4 por ciento (en torno a 1.300 millones de euros más de gastos que de ingresos), en 2011 el exceso de déficit está en torno al 4% (unos 1.000 millones de euros), "cifra que coincide con las estimaciones que habíamos hecho en el PSOE".  
   Dicho de otra manera, añadió, que "la Región de Murcia necesita todos los años como mínimo 1.000 millones de euros más para poder cuadrar las cuentas, porque todos los años gasta -de media- 1.000 millones de euros más de los que ingresa".
   Para la portavoz socialista, "el Gobierno regional no ha tomado las medidas oportunas para cumplir los objetivos de déficit, pese a que ha rebajado salarios y derechos a los funcionarios, ha puesto en riesgo empleos al no pagar a las empresas y al reducir la inversión pública, y ha recortado prestaciones sociales".
   No es que hayan caído los ingresos, es que, criticó Retegui, "no se han corregido los excesos de los gastos".
   En opinión de Retegui, "la Comunidad Autónoma está absolutamente tocada, puesto que un mayor déficit hace que no sólo nos pongan problemas en los Ministerios para mandar fondos a la Región, sino que tengamos un enorme problema de financiación, porque ningún banco nos va a prestar, ni ninguna agencia de calificación va a generar ninguna confianza para la Región, si no cumplimos los objetivos".
   Y eso significa, a juicio de Retegui, menos inversión, más paro, y menos derecho para los funcionarios y para los ciudadanos.
   Por otra parte, la diputada recordó que la semana próxima se celebra un Consejo de Política Fiscal y Financiera, "donde, a las comunidades que, como la Región de Murcia, no han cumplido, se les pedirá que pongan en marcha medidas, que se aprieten el cinturón".
   Además, auguró, "nos espera en marzo un tijeretazo anunciado que tiene como origen, precisamente, los incumplimientos de comunidades como la nuestra, un hachazo no se lo sufrirán Valcárcel o Marín, sino el bolsillo de todos los ciudadanos, y fundamentalmente de las clases medias y las medias-bajas".
   "Salvador Marín nos tiene que explicar qué medidas nuevas va a tomar si el Gobierno de España le pide nuevos recortes y sacrificios, porque, a pesar de tanto anuncio y tanto plan, la realidad es que, además de no cumplirse el objetivo de déficit, ni ha pagado a los proveedores, ni ha mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos", apostilló.
   Así como que, concluyó García Retegui, "ha seguido aumentando el paro y destruyéndose empresas, y hemos ido peor que nadie en el sector turístico".

UPyD afirma que el déficit de la Región justifica el control de las cuentas autonómicas por parte del Estado

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha afirmado que la gestión y el control del gasto por parte Gobierno regional durante los últimos ejercicios de 2010 y 2011, no fueron los adecuados. 

   "El hecho de que, a pesar de las medidas que se han tomado en el último año, la Región sea la quinta Comunidad Autónoma con mayor déficit, viene a confirmar que el descontrol entre lo que se ingresaba y lo que se gastaba fue mayúsculo", ha señalado Sánchez.
   En este sentido, ha recordado que la situación de déficit en la Región fue la que obligó al Gobierno regional a adoptar  la Ley de Medidas Extraordinarias que afectó directamente a los empleados públicos de la educación y sanidad, y ha señalado que el Gobierno regional "debería insistir en la senda de reducir gastos superfluos e innecesarios y suprimir entes y consorcios que en la actual situación son insostenibles."
   Sánchez ha recordado que el problema del déficit afecta por  igual a CC AA de uno u otro color político. "De hecho, Cataluña, Valencia y Andalucía ocupan  el podio de las CC AA campeonas del déficit". Este hecho, ha continuado, "justifica el control de las cuentas autonómicas por parte del Estado".
   Para UPyD no tiene sentido que el Estado no ejerza sobre las CC AA el mismo control presupuestario que la UE ejerce sobre sus países miembros.
   Así, ha señalado que cree necesaria la propuesta del ministro de Economía, Luis de Guindos, de aprobar en marzo una ley para poder controlar de forma previa los presupuestos de las comunidades autónomas, algo sobre lo que ayer  el ministro de Hacienda, Cristóbal  Montoro, no se pronunció en la reunión que mantuvo con los consejeros de Economía de las CC AA del PP. Esta medida de control presupuestario ya había sido demandada por UPyD durante la pasada legislatura
   UPyD viene proponiendo desde  hace más de tres años y para todo el Estado, la racionalización de las administraciones públicas y la reforma del modelo territorial como la mejor herramienta para eliminar duplicidades, disminuir gastos y reducir el déficit.
   "Hemos sido los primeros en poner encima de la mesa cuestiones como la supresión de las Diputaciones, la fusión de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y la devolución de competencias al Estado, como Sanidad y Educación. Lo que hace falta es decisión política para abordar esas imprescindibles reformas", ha concluido Sánchez.

UPyD califica de preocupante el descenso de pasajeros en San Javier durante 2011

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha mostrado su preocupación por el descenso de un 6,4 por ciento del número de pasajeros en el aeropuerto de San Javier durante 2011. 

   Sánchez considera el dato especialmente negativo, teniendo en cuenta que en el resto de aeropuertos españoles se ha incrementado el tránsito de viajeros en una media de un 6 por ciento. "El de Alicante, que es nuestra referencia más cercana, ha tenido un incremento del 5 por ciento", añadió en comunicado de prensa.
   En este sentido, Sánchez ha afirmado que "a unos poco meses de la inauguración de Corvera, este descenso no aporta optimismo". Rafael Sánchez ha expresado el deseo de su formación de que la actividad del nuevo aeropuerto "sea un éxito", aunque ha mostrado sus dudas sobre la cifra de tres millones de viajeros anuales para Corvera, que el consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, mencionó hace unos días.
   Rafael Sánchez ha señalado que "para UPyD está claro que el Gobierno regional magnificó lo que el aeropuerto de Corvera, su número de viajeros, su impacto en el turismo y la economía regional o la creación de empleo, podrían suponer para la Región.
   Así, cree que el modelo económico basado en una "actividad inmobiliaria desmesurada, contribuyó a éste cálculo erróneo sobre el numero de visitantes o residentes que podrían venir a la Región utilizando el aeropuerto".
   Para finalizar, Sánchez ha manifestado que quiere ser moderadamente optimista, y ha mostrado su confianza en que el aeropuerto mantenga el número de viajeros de San Javier, incluso algunos más, y "que no vivamos la frustración colectiva de encontrarnos con un aeropuerto sin aviones".
   En ese caso, ha resaltado Sánchez, "la responsabilidad política sería del Gobierno regional, pero su coste sería para todos los ciudadanos".

Bruselas augura menor volatilidad en precios de cereales y otros productos del campo

BRUSELAS.- La Comisión Europea cree que en los próximos años habrá una menor volatilidad en los precios de productos agrícolas como el cereal, el azúcar y las oleaginosas, si bien espera que tales precios se mantengan en niveles altos por una mayor demanda de alimentos y de materias primas para biocombustibles, según un informe publicado este jueves.

   "En el futuro habrá menos volatilidad, pero los precios serán mayores que los registrados en el pasado", según han explicado fuentes comunitarias sobre la evolución de distintos cereales, fundamentalmente maíz, trigo blando y cebada.
   El Ejecutivo comunitario ha publicado un informe con las perspectivas del mercado de productos agrícolas hasta 2020 que tiene en cuenta datos de organismos como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que combina distintos escenarios, pero que obvia el impacto que tendrá la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que la Unión Europea va a decidir de aquí a 2014.
   Entre las principales conclusiones, el documento apunta que "puede darse una presión al alza" sobre algunos productos agrícolas debido a la progresión de los biocombustibles, pero desde la Comisión no dan por seguro que esta evolución "se traduzca en un aumento del precio".
   Sobre el mercado de los cereales, Bruselas estima que las condiciones serán "estrictas" por los bajos niveles de las reservas y unos precios superiores a la media de los últimos años, si bien contempla un incremento en el consumo interno en la UE, sobre todo para destinar el producto a biocarburantes.
   Dentro del mercado europeo, Bruselas cree que aumentarán los cultivos de trigo blando y maíz, mientras que otros cereales perderán presencia, como la cebada, cuya siembra caerá un 21 por ciento.
   El informe del Ejecutivo comunitario estudia otros mercados agrícolas como el lácteo y el cárnico, para los que ofrece perspectivas favorables respecto a la situación difícil de los últimos años.
   Así, ve un futuro "favorable" para el sector lácteo a medio plazo gracias al crecimiento de la demanda mundial y prevé un aumento "moderado" de la producción de leche en la Unión Europea de entorno al 7 por ciento de aquí a 2020. También espera una mayor producción de derivados del lácteo como el queso y productos frescos.
   De la producción cárnica en la Unión Europea, Bruselas espera que "siga su recuperación", tras la caída en los años 2008 y 2009, y calcula un incremento del 2,4 por ciento para 2020. Con todo, el informe señala diferencias por sectores, desde caídas de entre el 1,3 y el 7,9 por ciento para vacuno y bovino hasta aumentos del 3,6 por ciento en el cerdo y las aves.

Condenada una entidad socia de Caja Murcia en 'Mare Nostrum' por práctica bancaria inadecuada

BARCELONA.- La justicia ha decidido embargar las cuentas de Caixa Penedés, la caja catalana del grupo Banco Mare Nostrum (BMN) liderado por Caja Murcia. La intención es presionar a la caja catalana para que devuelva el dinero obtenido a través de contratos swap.

Un contrato swap consiste en un pacto entre dos entidades financieras para intercambiar bienes o servicios en el futuro y de acuerdo con algún tipo de variable económica. Es un tipo de contrato de cobertura financiera.
Pues bien, el Juzgado de primera instancia nº 6 de Barcelona ha embargado 55.000 € de Caixa Penedés para que devuelva cuanto antes los 19.932 € que le debe a un empresario con el que la caja habría firmado uno de estos contratos.
Anteriormente, el juzgado había fallado a favor del empresario representado por el bufete de abogados Colectivo Ronda
Además de declarar nulos los contratos, la sentencia, del pasado mes de septiembre, establecía la necesidad de que la caja indemnizase al demandante porque la caja no había proporcionado toda la información debida al empresario, con el agravante de que los productos acordados no le convenían al perjudicado.
El embargo ha sido ejecutado tras una solicitud del bufete de abogados, que exige la aplicación del embargo y el pago de un recargo al perjudicado.

Ana Pastor dice que el AVE es "irrenunciable"

MADRID.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, considera que la construcción de la red ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) es "irrenunciable", con lo que asegura que "velará" para que las obras de estos proyectos "se puedan hacer y se puedan pagar".

   En este sentido, en declaraciones a Onda Cero, indicó que "la financiación estará dispuesta para que las obras avancen a la velocidad que permitan los medios técnicos".
   La titular de Fomento reveló que "en estos días" se está reuniendo "uno a uno" con los correspondientes consejeros de las distintas comunidades autónomas para analizar las distintas obras y proyectos de todo el país, y anunció que la próxima semana mantendrá encuentros con los distintos partidos políticos con ese mismo fin.
   "Tenemos un montón de infraestructuras, de zanjas abiertas, en toda España y ahora hay que planificarlo todo, hacer un diagnóstico, gestionar y dirigir bien, y comprometerse con la conexión territorial", declaró la ministra.
   En materias de carreteras, Pastor reveló que se ha encontrado con que el compromiso de gasto para el ejercicio 2012 "casi duplica" al presupuesto con que el Ministerio contó para esa materia en 2011. "Se ha comprometido dinero que no hay y eso sí que es un problema", añadió.
   En este punto se refirió a las concesiones (infraestructuras cuya construcción y gestión se ceden a la iniciativa privada y que el Estado empieza a pagar una vez se ponen en servicio) para reconocer que actualmente "es un tema muy delicado" y avanzar que lo está "revisando, con la posibilidad de abordar un nuevo modelo concesional en España".
   Pastor reiteró su disposición y voluntad de trabajar, acordar y priorizar las necesidades con todos (sector privado, partidos y comunidades autónomas).

Moody's amenaza con rebajar el rating de la Región de Murcia

LONDRES.- La agencia de calificación de riesgos Moody's ha rebajado dos escalones, dentro ya del grado especulativo o 'bono basura', la nota de solvencia de la Comunidad Valenciana, que pasa a 'Ba3' desde 'Ba1', a la vez que mantiene su amenaza de más recortes de 'rating' sobre la región levantina, que extiende además a otras nueve comunidades autónomas españolas, entre ellas Andalucía, por las presiones de liquidez y sus dudas sobre si estas serán capaces de cumplir con los objetivos de déficit para 2012.

   En concreto, Moody's explica que ha decidido recortar la nota de la Comunidad Valenciana "por sus problemas de liquidez y por los inminentes e importantes vencimientos de deuda" a los que debe hacer frente la región.
   Asimismo, la agencia mantiene bajo vigilancia la calificación de la Comunidad Valenciana para otro posible recorte porque entiende que la posición de liquidez de la región es todavía "muy precaria" y depende de las medidas de apoyo que tome el Gobierno central.
   En este sentido, Moody's recuerda las dificultades de la Comunidad Valenciana para hacer frente en plazo a un pago de 123 millones al Deutsche Bank, lo que subraya, a juicio de la agencia, la cada vez más complicada posición de liquidez de la región.
   Por otro lado, Moody's ha situado en "revisión para una posible rebaja" las calificaciones de País Vasco, Galicia, Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Cataluña y Castilla-La Mancha, además de los 'ratings' de Guipúzcoa, Vizcaya y del Consorcio de Transportes de Vizcaya.
   A este respecto, la calificadora de riesgos destaca las "crecientes presiones de liquidez sobre los gobiernos regionales y locales" por el deterioro de las condiciones de los mercados para los emisores subnacionales españoles.
   "Las regiones calificadas por Moody's se enfrentan a vencimientos de deuda por importe aproximado de 17.000 millones de euros en 2012", apunta la agencia, que subraya que las comunidades cuentan "cada vez con menos opciones de financiación, normalmente con altos intereses y vencimientos más cortos" ante sus dificultades para acceder a los mercados de capitales.
   "De hecho, varias regiones emitieron bonos dirigidos a inversores minoristas en 2011, lo que incrementa aún más los riesgos de refinanciación, tal como evidenció la incapacidad de Valencia de refinanciar completamente sus 1.500 millones en bonos minoristas del pasado mes de diciembre", añade.
   Por otro lado, Moody's explica que su amenaza de rebajar el 'rating' de estas autonomías refleja su preocupación respecto a la capacidad de las regiones españolas de cumplir con el objetivo de déficit fijado para 2012, después de que el Gobierno anunciara que las regiones incumplieron el objetivo de 2011 por un amplio margen, con un saldo negativo estimado del 2,7% frente al 1,3% previsto.
    De este modo, Moody's subraya la incertidumbre respecto al cumplimiento de objetivos de déficit en 2012 por parte de las regiones en el actual contexto, así como por el deterioro del entorno macroeconómico, tal y como refleja la previsión de Moody's de que el PIB español se contraiga entre un 0,5% y un 1% este año.

La Defensora del Pueblo investiga la gestión de las bolsas de maestros interinos en todas las CC AA

MADRID.-  La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha iniciado una investigación de oficio para conocer cómo se gestiona la bolsa de interinos del cuerpo de maestros de Educación Primaria en las 17 administraciones educativas autonómicas y en Ceuta y Melilla. 
 
   Según informa este organismo, la investigación se inició tras las quejas de ciudadanos llegadas al Defensor del Pueblo, que ponían de manifiesto que en varias comunidades autónomas, el procedimiento de gestión de la bolsa de interinos de este cuerpo no estaba dando preferencia los maestros especializados en Primaria, sino en otras materias, como Música, Educación Física, Educación Infantil, Lengua extranjera, Educación Especial, Audición y Lenguaje y Pedagogía terapéutica.
   Por tanto, los maestros que se consideran perjudicados por esta situación, reivindican que en la bolsa de maestros se debe dar prioridad a los especializados en primaria, por delante de maestros que no tengan dicha especialidad.

La crisis pone en el disparadero las delegaciones autonómicas en el extranjero

MADRID.- Bruselas, París, Berlín, Nueva York, México DF, pero también Maputo, Osaka, La Paz, Vancouver o Brisbane. Viajar por el mapa de la representación exterior española supone literalmente dar una vuelta al mundo, aunque, en muchos casos, esa presencia pueda parecer más simbólica que estrátegicamente necesaria. Antes de nada, porque, en la mayoría de esas etapas, a las embajadas, consulados y organismos del Estado se añaden dos, tres, cinco o más delegaciones u oficinas autonómicas. A la diplomacia se suma así la llamada paradiplomacia y, con ella, más gastos y, a menudo, duplicidades de funciones o descoordinación.

Esta es la clave de un debate de actualidad desde que el pasado 22 de mayo se renovaran la mayoría de Gobiernos autónomos y, dentro de los nuevos planes de austeridad, se planteara la reducción de las embajadas territoriales como medida de ahorro, a juicio de 'El País'.

Entonces solo algunas Administraciones lo hicieron (por ejemplo, María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y Francisco Álvarez-Cascos en Asturias), mientras que hace una semana el recién estrenado ministro de Asuntos Exteriores del Gabinete de Mariano Rajoy, José Manuel García-Margallo, volvió sobre la cuestión y ofreció a las comunidades autónomas las instalaciones de las sedes diplomáticas del Estado para reducir costes de intendencia. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no tardó en rechazar públicamente la oferta para hacer valer el “perfil propio” de Cataluña en el extranjero. Otras comunidades, como Cantabria o La Rioja, apoyan esa propuesta. La pelota en el aire ya se la disputan por un lado un ejército de expertos, políticos y gestores que hablan de despilfarro, y por otro, quienes alertan del riesgo de hacer demagogia fácil alegando que la mayoría de estos organismos sobrevive gracias a becarios y personal aún en etapa de formación.
César Colino, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UNED, resume así las implicaciones para España: “Las hay positivas, ya que la acción exterior autonómica proporciona en algunos ámbitos valor añadido a la política exterior española y, por otro lado, existen riesgos de una proliferación desordenada, de despilfarro de recursos y un potencial conflictivo a veces de carácter simbólico y de imagen exterior”. De esto se trata precisamente ahora, cuando cada partida de gasto de las Administraciones públicas adquiere un valor insospechado en épocas de bonanza.
Para comprenderlo mejor, veamos en qué consiste el entramado de la paradiplomacia autonómica en el mundo. Las comunidades autónomas tienen alrededor de 200 oficinas en el exterior, entre las que se cuentan delegaciones del Ejecutivo regional, institutos de comercio, turismo o misiones de cooperación al desarrollo. Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía (que ha multiplicado su representación en la última legislatura) son las autonomías con mayor presencia, con unas 50 oficinas la primera y más de 20 las otras dos. En total, existen dos centenares de embajadas repartidas por casi 40 países y todas las comunidades tienen su delegación en Bruselas, salvo Castilla-La Mancha y Asturias, que decidieron cerrarla tras los últimos comicios autonómicos. El Partido Popular pidió hace año y medio al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero una estimación del gasto que generaban estos organismos y el Ejecutivo lo cifró en 150 millones por ejercicio. Pese a eso, los nuevos estatutos de autonomía aprobados en los últimos ocho años han reforzado entre otros también el capítulo dedicado a la acción exterior.
Lo recuerdan, por ejemplo, desde la Secretaría de Asuntos Exteriores de la Generalitat, destacando que el Estatuto de 2006 establece que Cataluña “debe” impulsar su representación en el extranjero, promover los intereses de la Generalitat en el exterior a través de oficinas y delegaciones y apoyar la cooperación al desarrollo. La consecuencia es que el Gobierno catalán tiene, de una forma o de otra, presencia en Mozambique, Ucrania y otros países (según el mapa del Departamento de la Presidencia) donde la intensidad de las relaciones bilaterales no parece, a simple vista, determinante.
En opinión de Jaume Saura i Estapà, profesor de Derecho Internacional y coordinador del master interuniversitario en Diplomacia y Función Pública, “la paradiplomacia es un tema muy amplio y [con respecto a los recortes] se corre el riesgo de hacer demagogia”. “Lo que hay que valorar en cada caso es la forma en que se justifica esa presencia en el exterior. Cataluña tiene delegaciones que suponen un valor añadido”. A este respecto, la mayoría de los expertos coincide en que una sede diplomática en Bruselas puede ser clave para el desarrollo de la región. “En cualquier caso”, agrega, “sí hay que tener margen para cooperar. Siempre lo hay. La diplomacia siempre tiene que ser cooperativa y tener una presencia física cuando esté justificada”. Saura aborda así otro de los aspectos clave de la cuestión: la colaboración entre organismos del Estado y los territoriales.
Abundemos en eso. “La coordinación no viaja en primera clase, sino en el vagón de carga. Las instancias e instrumentos de coordinación intergubernamental no forman parte del núcleo de las políticas del Gobierno central y las comunidades autónomas, sino que constituyen un apéndice, que en su diseño y funcionamiento reproducen esta idea de segundo orden y excepcionalidad”, razona Kattya Cascante. Esta analista de la Fundación Alternativas se refiere a un ámbito concreto, el de la cooperación internacional, que sin embargo puede resultar revelador. La experiencia de Cascante habla de retrasos, falta de información, duplicidades, descoordinación en definitiva: inconvenientes habituales en las relaciones con las instituciones y la burocracia y que, sin embargo, se multiplican exponencialmente como los actores del proceso.
“Se observa”, prosigue “un paralelismo con la construcción de la Unión Europea, en el que uno de sus padres fundadores, Altiero Spinelli, advertía que no acabaría convirtiéndose en una unión política a través de pasos económicos... Parece que la cooperación española necesita con urgencia un Altiero Spinelli que nos recuerde que la construcción de 18 sistemas paralelos, pero en todo caso separados, es una maniobra políticamente legítima pero ineficiente”.
Pero ¿qué ocurre en otros países? Canadá y Alemania cuentan con una larga tradición de representación territorial exterior, respectivamente la provincia de Québec (que tiene actualmente una veintena de delegaciones en el extranjero, entre ellas una en Barcelona) y los länder, como Baviera. Sin embargo, una de las experiencias más interesantes de gestión diplomática frente a la crisis económica es la de los países nórdicos. La solución que han adoptado Dinamarca, Suecia o Noruega se parece al fin y al cabo a la que propone García-Margallo. Se trata de compartir instalaciones, parte del personal, limpieza e intendencia y racionalizar así los gastos. Ocurre en una veintena de destinos, por ejemplo, Amman, Bagdad, Bamako o Jakarta. Además, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia, cuentan en Berlín con una embajada en el mismo edificio. “En la ultima reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de los países nórdicos”, explica Catharina Skoog, de la Embajada sueca en Madrid, “se discutió precisamente el tener en un futuro cercano más delegaciones nórdicas en un mismo recinto o edificio, sobre todo en países donde se requieren muchas y costosas medidas de seguridad”.
Este tipo de soluciones y una mayor coordinación entre instituciones constituyen el camino señalado por la mayoría de los expertos. Lo demuestra también el índice de presencia global elaborado por el Real Instituto Elcano, que mide “la proyección exterior de los países en los terrenos económico, militar, científico, social y cultural”. “Durante mucho tiempo se dijo que España boxeaba por encima de su peso porque iba cumpliendo con éxito su objetivo de ser reconocida como potencia media, pese a no disponer objetivamente de empresas, ejército, u otros activos internacionalizados en la escena mundial”, apuntan los investigadores Ignacio Molina e Iliana Olivié. Pero ahora, con una alta presencia global efectiva en casi todos los ámbitos, “podría concluirse que se corre el riesgo de boxear por debajo de peso”. Y así, alertan, podría ocurrir “si el empeño continúa demasiado enfocado a la inserción en una foto histórica antes que en planificar a largo plazo una actuación” más racional y coordinada. También con respecto a la acción exterior autonómica Molina destaca la “falta de una planificación estratégica”. Esto es, un panorama en el que, quizá con las salvedades de Cataluña y País Vasco, se diseña primero “el instrumento antes de reflexionar sobre el producto que se quiere lograr”, además de una reducción razonable de los gastos y una mayor colaboración.

Ranking de oficinas

Número de delegaciones, oficinas de turismo y comercio, según el último informe oficial del Gobierno, anterior a los recortes:
  • Cataluña: 48.
  • Valencia: 23.
  • Andalucía: 22.
  • País Vasco y Asturias: 13.
  • Galicia y Murcia: 12.
  • Madrid: 11.
  • Castilla y Leon, Aragón, Canarias y Navarra: 5.
  • Extremadura: 4
  • La Rioja, Baleares, Cantabria y Castilla-La Mancha: 2.

Despilfarros exteriores / J.I. Torreblanca *

Jean Monnet decía que un problema no podía entenderse correctamente hasta que no se visualizaba en una tabla. Sus tablas, a cuya preparación dedicaba ingentes esfuerzos, ayudaban a los estados a visualizar las ineficiencias que se derivaban de las duplicidades en su gasto y las ventajas de la cooperación y la coordinación. Siguiendo su inspiración, en algún momento de la pasada década, alguien decidió contar cuántas embajadas y consulados tenían los (entonces) 25 estados miembros de la Unión Europea.

El resultado fue revelador: frente a las 243 misiones que mantenía EEUU, los 25, a los que había que añadir la Comisión y el Consejo Europeo, sumaban nada menos que 3.230 delegaciones. Con 110.545 personas a su servicio, la UE era el actor diplomático más extenso dotado del mundo. Si nadie se había dado cuenta hasta la fecha, era por una buena razón: el retorno de ese inmenso despliegue era ínfimo. La UE era el primer bloque económico y comercial del mundo, también el segundo en gasto militar, muy por delante de China o Rusia, pero diplomáticamente apenas existía.

Con ese diagnóstico en la mano, la UE adoptó un plan increíblemente ambicioso: fusionar los servicios diplomáticos de la Comisión y el Consejo e integrar en el nuevo servicio hasta un tercio de diplomáticos provenientes de los Estados miembros. En la cúspide del sistema habría un “ministro” de Exteriores (llamado alto representante) asistido por un comité de embajadores permanentes con sede en Bruselas, además de otros servicios de planeamiento, gestión de crisis, etcétera. 

Para muchos Estados, este plan, plasmado en el Tratado de Lisboa, abriría la posibilidad de cerrar o compartir embajadas en todos aquellos lugares donde sus intereses fueran sobre todo europeos más que exclusivamente nacionales, permitiéndoles concentrarse en aquellos temas y regiones donde su valor añadido fuera mayor. Las diplomacias nacionales se veían obligadas a pensar en cómo reinventarse y desplegarse, toda vez que una gran parte de sus funciones tradicionales (especialmente en el ámbito comercial y consular) estaban ya en manos de la Unión Europea, no de los Estados.


Pero resulta que mientras los 27 Estados de la UE dedicaban casi una década a la ingente tarea de diseñar los instrumentos legales, políticos y financieros que les permitieran coordinar sus capacidades diplomáticas y racionalizar su despliegue exterior, dentro de España, las Comunidades Autónomas recorrían el camino exactamente inverso abriendo un ingente número de delegaciones exteriores (hasta 200) y estableciendo sus propias agencias de cooperación al desarrollo pese a sus elevados niveles de endeudamiento o incluso, al hecho de que, como en el caso de Andalucía, se tratara de regiones que recibían importantes subsidios por parte de los países más ricos de la UE.


Retrospectivamente, el problema no reside tanto en las competencias de acción exterior en sí, pues estas tienen cierto sentido en un Estado descentralizado, máxime en los ámbitos de promoción cultural, turística o comercial, sino en el volumen de gasto (150 millones de euros) y, sobre todo, en la falta de coordinación y búsqueda de sinergias. Se trata de un problema endémico de nuestro sistema autonómico, en el que la cooperación horizontal entre CCAA y la supervisión por parte de terceros actores brillan por su ausencia o son extremadamente débiles. Esto da lugar a situaciones paradójicas.

Por ejemplo: de acuerdo con el procedimiento denominado “semestre europeo” Bruselas puede examinar los presupuestos del Estado con antelación a su aprobación por la Cortes Generales, pero las Comunidades Autónomas no estén sometidas a la misma exigencia por parte del Estado central, ello pese a que este tendrá luego que responsabilizarse de su déficit ante Bruselas, incluso haciendo frente a importantes multas y sanciones.


Todo ello pone de manifiesto una situación difícil de entender y para la que en absoluto parecíamos estábamos preparados. Mientras, como consecuencia del proceso de integración europeo, el Estado central se ha “europeizado” y cedido competencias de supervisión a Bruselas hasta niveles insospechados (y más que lo está haciendo y lo hará con la crisis actual), las Comunidades Autónomas han logrado en gran medida zafarse del control y supervisión, de sus ciudadanos, por abajo, y de otros entes, sean el Estado o la UE, por arriba. La crisis podría, al menos, servir para corregir esta contradicción entre la europeización de la Administración central y la “deseuropeización” de las Comunidades Autónomas.

(*)  Del Instituto Juan March, de estudios e investigaciones

¡Que prediquen con el ejemplo! / Carta de CC OO en Banco Mare Nostrum

El pasado 30 de diciembre, ante la presión del Banco de España (sensibilizado por la repercusión mediática de la publicación del dossier de CC.OO. sobre las remuneraciones de los consejeros y la alta dirección del sector financiero), la mayoría de las direcciones de las entidades intervenidas o que han precisado ayudas del FROB se rindieron e hicieron públicas de manera individualizada los datos referidos a su remuneración fija y variable, las cláusulas de blindaje, las pensiones, los créditos y retribuciones en acciones que perciben.

Os adjuntamos los links a la información referida a Banco Mare Nostrum y a las cuatro cajas que lo han creado.

Consejo de Administración
Comité de Dirección

Lo que queda patente es que esas retribuciones son del todo desproporcionadas para los tiempos que corren y está totalmente fuera de lugar que quienes se las han auto asignado se atrevan a plantearnos a los trabajadores de a pie, totalmente ajenos a la orgía de despropósitos cometidos a la hora de conceder estratosféricos préstamos prácticamente irrecuperables, que aceptemos una moderación salarial si esa misma cúpula no predica con el ejemplo.

Y eso que sólo hablamos de los datos “voluntariamente” publicados (algunos directivos se han acogido a la Ley de Protección de Datos Personales), que no hacen referencia a dietas por asistencia a los Consejos de Administración de las empresas participadas (que en nuestro grupo bien pasan del centenar), ni hablamos tampoco de los viajes en preferente, ni de los gastos cargados a la tarjeta-empresa, ni de los cargados a la tarjeta-empresa-participada.

¿Qué purgante necesitaremos los trabajadores de a pie para paliar la indigestión que nos produce el tenernos que tragar que encima se repartan incentivos los que nos han llevado a esta situación insostenible? ¿Desde cuándo se premia la incompetencia? Se ha eliminado mucho empleo en el sector. La intervención sindical ha posibilitado que se haya hecho de manera no traumática y compañeros prejubilados están contentos con su nueva situación, pero... nos proponen más destrucción de empleo directo. Y no nos olvidamos que, en su afán por reducir gastos, no sea que se les acabe el chollo, han destruido mucho, muchísimo empleo indirecto. ¿O es que quizás reducir la frecuencia con la que se limpian las oficinas a la mitad no destruye empleo? ¿O distribuir la valija interna cada no se sabe cuando, no reduce empleo? 

Pues esa política es como el pez que se muerde la cola: esos trabajadores que han perdido su ocupación son los que al final no están pudiendo pagar su hipoteca (en más de una ocasión contratada con alguna de estas cuatro cajas), con la consiguiente asignación de más ladrillo a los balances de las cajas, origen, según nos explican, de todos los actuales males que nos afectan.

Estamos en plena negociación para homologar las condiciones laborales de todos los que conformamos el Grupo BMN. Las propuestas que hemos recibido por parte de la Dirección, como ya ha denunciado la totalidad de la representación laboral, nos parecen insultantes. ¿Qué tal si empezásemos a discutir cuál ha de ser la retribución total de nuestros directivos? ¡Qué el salario del Grupo 1, Nivel I del Convenio de Cajas de Ahorro tampoco está tan mal!

miércoles, 11 de enero de 2012

IU-Verdes ve en la caída de pasajeros del aeropuerto de San Javier un "anuncio" para el de Corvera

MURCIA.-   El coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha dicho este miércoles que el descenso de pasajeros en el aeropuerto de San Javier en 2011 es "un anuncio de lo que se le puede venir encima" al aeropuerto de Corvera.

    Pujante ha indicado que en los últimos años "se ha vendido mucho humo y ladrillo", lo que ha dado lugar a una "deriva especulativa" que, sumada a la "incapacidad" del Gobierno regional, ha desembocado en una crisis del sector turístico de la Región.
    Asimismo, ha hecho referencia a casos de aeropuertos privados como el de Castellón, todavía inactivo pese a que fue inaugurado en marzo de 2011, y ha insistido en la cercanía de los aeropuertos de Corvera y El Altet, en Alicante.

Datos de San Javier
El aeropuerto de San Javier ha registrado un total de 1.262.541 pasajeros de enero a diciembre de 2011, lo que supone un descenso del 6,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
   Asimismo, el aeropuerto murciano realizó menos operaciones de tráfico aéreo con respecto a 2010, un total de 12.711, un 5,7 por ciento menos que sobre el año anterior.
   Respecto al transporte de mercancías, el total transportado fueron 1.454 kilos, un 43,7 por ciento menos entre enero y diciembre de 2010.
   En concreto, en el pasado mes de diciembre el aeródromo registró 28.753 pasajeros y contabilizó 495 operaciones, lo que supone un crecimiento del 2,5 por ciento. En noviembre fueron 36.141 pasajeros, 562 operaciones (-1,9%).
   Además, transportó 44 kilos de mercancía, es decir, un 91,3 por ciento más que en diciembre de 2010.

El Gobierno baraja congelar sus aportaciones a las CCAA si incumplen el déficit

MADRID.- El Gobierno quiere que el régimen de sanciones a las comunidades comprometido en la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria permita al Estado congelar o incluso reducir las aportaciones que realiza a las autonomías que no cumplan los objetivos de déficit público, en la línea de las medidas previstas por la Unión Europea.

Así lo ha explicado el ministro de Hacienda y Presupuestos, Cristóbal Montoro, en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso, donde ha indicado que primero escuchará las demandas que las regiones le transmitan. Este miércoles recibe a las presididas por el PP y la próxima semana organizará una reunión del Consejo Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Montoro está dispuesto a atender demandas de las comunidades autónomas que se quejan de asfixia económica, e incluso no descarta nuevos incentivos, pero ha recalcado que todo ello estará condicionado al cumplimiento de los objetivos de déficit.

Su deseo es no llegar a la posibilidad de recortar o congelar aportaciones del Estado, pero en todo caso quiere contar con las herramientas adecuadas para actuar si se llega a ese extremo.

El modelo sería el que se aplica en la Unión Europea con los Estados miembros, aunque el diseño concreto busca una mayor eficacia que las sanciones de Bruselas. Su objetivo es empezar a trabajar para "crear una imagen de país" comprometido con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Asimismo, ha explicado que la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno aprobará antes de los Presupuestos Generales del Estado, comprometida en la reforma constitucional que impulsaron el PP y el PSOE, incluirá techos de gasto y, "como consecuencia de la situación económica", también de déficit.

Respecto a otra de las cuestiones que se abordarán en el próximo CPFF, la reducción de entes públicos, el Gobierno ha encargado un informe sobre esta cuestión para evaluar la situación.

Inyección de recursos

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha garantizado a los gobiernos regionales del PP que la subida de impuestos supondrá una inyección de recursos adicionales para las regiones y los ayuntamientos y ha defendido la autonomía económica y financiera de las Comunidades Autónomas.


   Montoro ha mantenido este miércoles una reunión "informal" con los consejeros de Economía y Hacienda de las CCAA en las que gobierna el PP para trasladarles el compromiso del Gobierno y del partido con el déficit público y el equilibrio presupuestario, así como con las medidas necesarias para alcanzar dicho objetivo.

   Tras repasar el contenido del real decreto ley de medidas urgentes económicas aprobado por el Congreso, el titular de Hacienda ha explicado a los consejeros que los ajustes contemplados serán soportados prácticamente por el Estado y ha enfatizado que la subida de impuestos supondrá una inyección de recursos adicionales para las Comunidades y ayuntamientos porque revierte en parte en las administraciones locales y autonómicas.

   Asimismo, Montoro ha reafirmado el "pleno respeto" del PP a la autonomía económica, política y financiera de las Comunidades Autónomas y, en esta línea, ha recalcado que un Estado descentralizado no tiene por qué ser despilfarrador y generador de déficit.

   El titular de Hacienda ha abordado con los consejeros la necesidad de reducir el déficit y racionalizar el gasto público de todas las administraciones, una prioridad para el Ejecutivo, y en este contexto se ha abordado la posibilidad de establecer sanciones a las CCAA que no cumplan con el objetivo de déficit en línea con lo que aplica la Unión Europea con los Estados miembros.

   La reunión también ha servido para debatir otros temas como la Ley de Estabilidad presupuestaria, el plan de saneamiento del sector público en el que trabaja el nuevo Ejecutivo de Rajoy, la necesidad de establecer un techo de gasto para las regiones, así como de atender a los problemas de liquidez para que las CCAA puedan seguir financiando los servicios públicos.

   Finalmente, Montoro ha insistido en la responsabilidad de los gestores públicos y en la transparencia de los distintos gobiernos.