viernes, 11 de noviembre de 2011

Costa Morata (IU-Verdes) dice que las políticas del Gobierno regional "están en guerra con el medio ambiente"

MURCIA.- El cabeza de lista de IU-Verdes al Congreso por Murcia, Pedro Costa Morata, dijo en Totana que las políticas económicas impulsadas en los últimos años por el Gobierno regional "están en guerra" con la preservación del medio ambiente, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   Costa Morata ha indicado que es necesaria la puesta en marcha de un nuevo modelo económico que vele por la protección de los valores naturales y no por grandes proyectos que carecen de interés social y perjudican el entorno natural de la Región.
   Ha planteado la necesidad de apoyar a los autónomos y pymes, así como por una reforma fiscal progresiva por la que tributen más las personas que más tienen y ganan con el fin de obtener más ingresos públicos con los que crear empleo.
   Ha asegurado que el "exceso de poder financiero" en el actual sistema económico contrarresta con los recortes que los gobiernos autonómico y central han llevado a cabo sobre aquellos que "pese a no ser culpables de la crisis, la están pagando".
   Por último, ha pedido una ley de Transparencia de la información pública y de las mayores empresas privadas al objeto de incrementar la calidad democrática.

Acuerdan elaborar un estudio que ponga en valor Murcia y Almería para que queden atendidas en el Corredor Mediterráneo

MURCIA.- El secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, ha planteado este viernes al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, la posibilidad de hacer un estudio "argumental" que comprende la zona de Murcia y Andalucía oriental con el objetivo de "ponerlas en valor", ya que la zona del Mediterráneo "no ha quedado conveniente atendida" en el Corredor Ferroviario Mediterráneo de mercancías.

   Así lo ha anunciado al término del encuentro, celebrado en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo murciano, el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, quien ha explicado que en este estudio, que tardará en elaborarse entre tres o cuatro meses, según ha desvelado, intervendrán "elementos fundamentales de la sociedad civil que tengan profundo conocimiento de ello, como pueda ser alguna universidad o entidad de prestigio más que reconocido".
   No obstante, ha afirmado que aún no se ha decidido quién elaborará dicho estudio, aunque la pretensión es presentarlo para "enero o febrero" del próximo año.
   "El alcance, ha dicho, es poner en conocimiento la importancia del Arco Mediterráneo --Murcia, Almería y Málaga hasta Algeciras-- para intentar justificar la bondad y conveniencia de este trazado".
   En dicho encuentro, Valcárcel ha trasladado a Amorós la necesidad de modificar el diseño actual del proyecto aprobado por la Unión Europea con el fin de que responda a los nuevos retos del transporte de los próximos años y para que incorpore una doble vía en todo el trazado en su configuración definitiva.
   En concreto, desde Estocolmo hasta Alicante irán cuatro vías, integradas en una doble línea, y precisamente por ello lo que se pretende es que esto no se corte en Alicante, sino que continúe hasta Lorca y una vez allí, se bifurque de manera que dos de las vías vayan hacia Granada y enlacen con el eje transversal andaluz y las otras dos sigan hasta Almería y conecten por la costa hasta el Estrecho de Gibraltar.
   En esta línea, Amorós ha comentado que el estudio analizará "las ventajas estratégicas desde el punto de vista socioeconómico, medioambiental y de generación de puestos de trabajo e incremento del PIB". Los puntos del acuerdo reflejan que Murcia y Andalucía oriental "no se pueden quedar en una situación precaria en esta conexión".
   En opinión del secretario general de Ferrmed, asociación empresarial impulsora del Eje Ferroviario de mercancías Escandinavia-Rhin-Ródano-Mediterráneo Occidental, "donde se encuentra el déficit de infraestructuras es en el Corredor Mediterráneo, es el más importante de España", lamentando, en este sentido, "el retraso de 20 ó 30 años en las inversiones".
   Por ello, ha reclamado que "se dé prioridad al Corredor que pasa por la costa, ya que es donde está el 50 por ciento de la economía española y el contacto con el mercado global".
   La zona sur, según ha recalcado, es "estratégica" no solo para España, sino también para Europa, ya que "es la zona por donde circula el tráfico intercontinental más importante del mundo, con 20 millones de contenedores que pasan por el Mediterráneo, mientras que en el Atlántico esta cifra desciende hasta los cinco millones". Tras lo que ha puntualizado que el Mediterráneo "se está convirtiendo en el punto de tráfico más importante del mundo".
   De ahí que al ministro de Fomento que salga de las elecciones generales le vayan a reivindicar que Murcia "tenga una línea complementaria, paralela a la nueva línea de Alta Velocidad, para las mercancías y enlazar convenientemente con el puerto de Cartagena en todas sus dársenas".
   Asimismo, Sevilla ha demandado la elaboración, a instancias del Gobierno central, de un plan de inversiones, así como que en el estudio licitado de la línea Monforte del Cid-Murcia se tenga en cuenta la conveniencia de una doble vía que permita el movimiento de las mercancías.

Los empleados de Latbus ejecutan su tercer día de huelga para reclamar los salarios atrasados

MURCIA.- Los empleados de la empresa de transporte público Latbus han cumplido su tercer día de huelga y han salido a las calles de Murcia en manifestación para reivindicar a la empresa el pago de las nóminas de septiembre y octubre, según ha informado hoy el presidente del Comité de Empresa, Miguel Cano.

   Tras la huelga de este lunes y jueves, los empleados de la empresa han vuelto a reunirse a las 6.00 horas en las cocheras de Latbus, donde han supervisado el cumplimiento de los servicios mínimos, que han salido con un poco de retraso como consecuencia de la inspección y del agolpamiento a las puertas de los garajes.
   Posteriormente, los empleados han recorrido las calles de Murcia para protestar, en una manifestación que ha salido de El Rollo, ha pasado por las calles Floridablanca, Hernández del Águila, avenida Teniente Flomesta y Gran Vía hasta la plaza de la Fuensanta.
   Cano ha explicado que el pasado martes fueron llamados por la Entidad Pública del Transporte (EPT) y citados en la oficina de resolución de conflictos laborales, donde la empresa les ofreció pagar las nóminas a plazos "como si los empleados fuéramos una entidad financiera".
   Desde entonces, los empleados no han vuelto a tener comunicación de la empresa, aunque confían en que este viernes vuelvan a recibir una llamada de la EPT para volver a negociar.

El PSOE denuncia que el Gobierno regional "sigue haciendo caja con el dinero que el Estado envía para Lorca"

MURCIA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, ha denunciado que el Gobierno regional "sigue haciendo caja con lo que llega del Estado para Lorca", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado. 

   "Cuando se cumplen seis meses de los terremotos, los ciudadanos de Lorca se preguntan qué ha ocurrido con las ayudas comprometidas y que el Gobierno de España ha ingresado en las Cuentas de la Comunidad Autónoma", añade la portavoz.
   García Retegui indicó que, al parecer, por el momento, "sólo han llegado a Lorca alrededor de 50.000 euros de todas las ayudas aprobadas y enviadas desde la Administración del Estado".
   El Grupo Parlamentario Socialista pide la comparecencia urgente en la Asamblea Regional del consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, para que explique "cuáles han sido los ingresos del Gobierno de España, las fechas de estos ingresos y cuáles han sido los pagos efectuados por el Gobierno regional".
   "El Gobierno regional no se puede justificar alegando la tramitación de los expedientes, ya que la Administración central sólo los tramita una vez comprobado que cumplen todos los requisitos. Por lo tanto, no valen excusas", ha concluido.

La moratoria a los rumanos obliga a 200.000 a trabajar en la economía sumergida

MADRID.- El presidente de la Federacion de asociaciondes rumanas de Europa (FADERE), Daniel Tecu, ha asegurado que 200.000 rumanos están trabajando en España en la economía sumergida "por culpa" del Gobierno y de su decisión de recuperar la moratoria que restringe el acceso al mercado laboral de los ciudadanos de esta nacionalidad. La asociación ha denunciado al Ministerio de la Presidencia por esta decisión. 

  Tecu ha denunciado que con el restablecimiento de la moratoria, "todos los que no estaban inscritos en ese momento en el INEM, aunque tuvieran documentación desde hacía 20 años, perdieron su permiso de trabajo" y, como la medida se aprobó en verano (22 de julio), muchos se habían vuelto a Rumanía para pasar la temporada sin haberse inscrito primero.
   "Los rumanos suelen darse de baja e irse a Rumanía por tres o cuatro meses. Al regresar, se han encontrado con que no han podido darse de alta de nuevo y como tienen aquí sus casas y sus vidas, no van a quedarse sin comer, así que están trabajando en el mercado negro", ha asegurado.
   Según explica, la cifra es tan elevada porque "para un rumano estar o no inscrito carece de importancia".
"Si ellos no están trabajando se ponen a buscar trabajo, que es su prioridad, pero lo buscan por ahí, la mayoría no busca trabajo inscribiéndose en el Inem", ha apuntado.
   Fadere calcula que hay 200.000 personas afectadas por la restricción y estima que si cotizasen por los trabajos que están desempeñando actualmente, se alcanzaría "una cifra muy alta de ingresos a la Seguridad Social". 
"El Gobierno está perdiendo este dinero y la sociedad española también", ha apostillado.
   Para Tecu, los afectados no son los trabajadores del campo, "un 10 o 15 por ciento de los rumanos que viven en España" y que se concentran en la zona sur del país. "A esos no les ha afectado tanto porque vienen de temporada pero tienen su casa en Rumanía. Los que yo señalo son los que tienen su vivienda en España y la están pagando", ha aclarado.
   El responsable de Fadere ha apuntado que muchas de estas personas se han dirigido a las autoridades para intentar conseguir el permiso de trabajo que ahora necesitan si quieren estar empleados por cuenta ajena, pero hasta hace "unos días" no han comenzado a expedirse. En cualquier caso, afirma, el procedimiento es muy irregular, ya que "hay gente que en tres meses no obtiene respuesta y gente que la recibe en ocho días".
   Por otra parte, Tecu ha explicado que la organización ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden del Gobierno que recuperó la moratoria así como las instrucciones y la adenda que la desarrollan, en el que sostiene que la medida "no se ajusta a derecho" y es "gravemente perjudicial para los derechos e intereses del colectivo que representa" Fadere.
   En paralelo, la organización ha interpuesto un recurso de alzada ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración en el que explica que sus instrucciones están impidiendo trabajar "a aquellos ciudadanos rumanos que estaban trabajando legalmente en España antes del 22 de julio pasado y que por cualquier razón, a esa fecha concreta no figuraban de alta en la Seguridad Social o no constaban como demandantes de empleo en el INEM".
   "Esto vulnera de plano los derechos adquiridos de esas personas que, por cualquier causa, de modo transitorio hayan dejado de encontrarse justo en esa fecha en cualquiera de esas dos situaciones y antes lo hubieran estado durante muchos meses", señala el recurso.
   Según un informe publicado este viernes por la Comisión Europea sobre el impacto de la libre circulación de trabajadores y las restricciones laborales para rumanos y búlgaros que todavía se mantienen en una decena de Estados miembros, España es el país de la UE con más parados de estas nacionalidades, con algo más del 60 por ciento del total, seguido de Italia con un 23 por ciento.
   Además, España es el país más beneficiado económicamente por la llegada de trabajadores rumanos y búlgaros, que han contribuido a un crecimiento del PIB español del 1,7% entre el 2004 y el 2009, frente al 0,3% de media en el conjunto de los Veintisiete y del 0,4% en los 15 antiguos Estados miembros.

José Blanco: 'España cumplirá en 2011 con el déficit si las CC AA cumplen'

MADRID.- El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, ha asegurado que el conjunto de la Administración General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas "va por buen camino" para cumplir sus objetivos de déficit en 2011, pero si hay que adoptar medidas "en 2012 o 2013" la decisión corresponderá al Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre. 

   En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Blanco ha respondido de esta forma al ser preguntado por las previsiones de la Comisión Europea de que España cerrará 2011 con un déficit público del 6,6%, frente al 6% previsto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
   Blanco ha recalcado que ahora es "prioritario" que las comunidades "asuman sus compromisos y cumplan" con las medidas contenidas en los planes de reequilibrio remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda.
"Si cumplen con los planes de reequilibrio al final de año, cumpliremos con los objetivos de déficit", ha asegurado.

Banco Mare Nostrum coloca bonos convertibles en acciones por 242 millones

MADRID.- El Banco Mare Nostrum (BMN) dijo hoy viernes que ha cerrado su emisión de bonos obligaciones convertibles en acciones por importe de 242,5 millones de euros destinada a reforzar su balance ante las necesidades de recapitalización exigidas por el Banco de España y puesto que hoy ha sido la fecha de desembolso de esa cantidad. La conversión dará a los tenedores de bonos un 25,11% del capital del banco. El banco buscaba colocar bonos convertibles por importe de 250 millones de euros.

En una nota a la CNMV, Mare Nostrum dice que la conversión dará a los tenedores de esos bonos un 25,11% del capital del banco. Con la operación, BMN reconoce que ha elevado su capital principal al 9,2%.
Banco Mare Nostrum ha dado entrada a inversores privados hasta ese 25,11% de su capital tras emitir esas obligaciones subordinadas, necesariamente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, valoradas en 2,89 euros cada una, lo que supone un descuento sobre el valor en libros de la entidad del 67 % y con el fin de fortalecer su solvencia y evitar así la ayuda pública con la entrada del Estado en su accionariado.
   Según comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco integrado por Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedés y Sa Nostra ha alcanzado tras esta operación un capital principal del 9,2%.
   El importe total de la emisión ascendió a 242,2 millones de euros, divididos en 1.615 obligaciones de 150.000 euros de valor nominal cada una de ellas y una rentabilidad fija anual del 8 %.
BMN, que se compromete a cotizar en Bolsa antes de diciembre de 2014, fecha límite para convertir esas obligaciones en acciones, ha informado además de que solicitará la admisión a cotización de las mismas en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo.
BMN tenía inicialmente unas necesidades de capital de 637 millones de euros para llegar a un capital básico del 10% en el caso de no completar una colocación de al menos el 20% del capital entre inversores privados. .
Mediante la venta de activos y la generación de fondos orgánica ya contaba a junio con un ratio de capital de entre 8,8 y 8,9% con el que ya cumple de facto las exigencias del banco emisor, ya que la colocación de al menos un 20% del capital entre inversores privados reduce las exigencias al 8%.
BMN finalizaría así unos planes de reforzamiento de solvencia que fue imposible cumplir mediante la colocación de acciones en Bolsa.

jueves, 10 de noviembre de 2011

Los Ayuntamientos, a un paso de la quiebra / Javier Gil Sanz

La mayoría de los Ayuntamientos españoles tiene problemas para llegar a fin de mes y pagar las nóminas, la luz, el teléfono o la recogida de basuras. Los ingresos les han caído en picado, por la crisis del ladrillo, y tienen que mantener un tinglado de gastos, servicios y organismos creados con el “boom” pero que ahora no pueden sostener. Por eso están haciendo recortes, no pagan sus facturas a miles de empresas y tratan de subir tasas e impuestos. El mayor problema lo tendrán en 2012, porque  tendrán que recortar 5.000 millones más para cumplir lo acordado con Bruselas. Ello va a obligar a reformar la financiación local, con más ingresos (a costa de las autonomías y de nuestros bolsillos), menos gastos y menos Ayuntamientos.
enrique ortega
Los Ayuntamientos son la administración que menos gasta (13% del gasto público, frente al 36% las autonomías y el 51% la administración central), pero el gasto municipal se disparó con el boom inmobiliario (+72 % entre 2001 y 2008), en obras faraónicas y dispendios sin control. Y ahora, con la crisis, les han caído en picado los ingresos (la cuarta parte y más), que en un 54% venían del ladrillo. Con ello, los Ayuntamientos tendrán este año un déficit de 8.719 millones de euros, un 27% más que en 2010 (aunque su agujero es la cuarta parte del de las autonomías). Y como ahora el Gobierno les ha prohibido endeudarse más (ya tienen una deuda de 29.503 millones de euros, casi la cuarta parte sólo Madrid), no les queda más remedio que recortar gastos y tratar de ingresar más.
Para darles la puntilla, la mayor parte de las autonomías (Cataluña y Asturias entre ellas) les han recortado transferencias este año. Además, tendrán que devolver al Estado, en 2011 y 2012, unos 6.200 millones en anticipos que cobraron de más en 2008 y 2009. Y para colmo, otros 1.022 municipios no cobrarán la transferencia de Hacienda en octubre (13,5 millones) como castigo por no haber presentado sus cuentas de 2010. En suma, menos ingresos.
Así que toca hacer recortes. Lo primero que están haciendo los Ayuntamientos es no pagar las facturas: luz (Valencia debe 12 millones), teléfono (León tiene 800.000 € sin pagar), recogida de basuras (Madrid paga con 9 meses de retraso) y miles de servicios. Se estima que los Ayuntamientos deben unos 35.000 millones de euros a proveedores y que tardan una media de 296 días en pagar (la Ley de Morosidad marca 50 días), lo que ha provocado ya algunos cortes de luz y teléfono. Lo segundo que hace la mayoría es recortar gastos corrientes, un tercio del presupuesto municipal: menos alumbrado, menos alquileres, gastos en fiestas, coches oficiales, móviles, tarjetas, viajes, publicidad… Y lo tercero, reducir subvenciones y ayudas: actos culturales, eventos deportivos y clubs, asociaciones, ayudas a comedores y transporte, a familias y colectivos desfavorecidos y recorte de gastos sociales.
Otro capítulo de recorte es el de personal, que se lleva otro tercio del gasto municipal, con 660.000 empleados públicos (un 60% contratados). Aquí las medidas van desde reducir sueldos de alcaldes y concejales a reducir horas extras e incluso sueldos, llegando a no renovar eventuales ni jubilados y hasta despidos de funcionarios. El problema es que los Ayuntamientos han creado una administración municipal paralela, una maraña de organismos autónomos (1.751) y empresas, Fundaciones y consorcios municipales (otros 1.602), para eludir controles y gastar más libremente en los años de “vacas gordas”:  sociedades de gestión de urbanismo, teatros, auditorios, polideportivos, zoos, parques de atracciones, campos de golf, RTV locales, hasta hoteles… Y ahora hay que ver cómo se desmonta el tinglado. Y mientras, no hay un duro para inversiones nuevas ni para mantenimiento (desde calles a instalaciones).
No basta con los recortes y no pagar las facturas: hay que ingresar más. Por eso, la mayoría de los Ayuntamientos están subiendo las tasas, desde las basuras al pago por bodas, los vados, el agua, la tasa de circulación, la cuota de los polideportivos, la tasa de incendios, la expedición de documentos o una tasa por tener perro (Benidorm o Coslada)...  Y algunos el impuesto sobre la vivienda, el IBI, tras la revisión del catastro, que la mayoría hará en 2012. Pero no pueden subir mucho sus ingresos, ya que los impuestos propios sólo son la mitad del presupuesto y los de vehículos, obras, terrenos y sobre la actividad económica (IAE) están de capa caída por la crisis.  
Con ello, la vía obligada es el recorte de gastos, en muchos casos gastos sociales que les han crecido con la crisis. Y lo peor será el año 2012, ya que el Gobierno y los Ayuntamientos se han comprometido con Bruselas a recortar su déficit del 0,8 % del PIB (2011) al 0,3%. Y eso supone recortar 5.000 millones más, algo imposible para los Ayuntamientos si no se reforma su financiación, con una nueva Ley que lleva años esperando. Y también habrá que reducir el número de Ayuntamientos (8.116), para compartir servicios y ahorrar costes, como acaban de hacer ya Italia y Grecia: en España, el 85% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes (945 menos de 1.000), lo que encarece su gestión.
Pasado el 20-N, una de las tareas urgentes debía ser conseguir un gran pacto municipal, que fijara dos cosas: las competencias que deben tener los Ayuntamientos y cómo financiarlas. Y es que un 26% de los servicios que prestan los municipios (y que les cuestan 9.000 millones al año) son “gastos impropios”, que deberían hacer las autonomías (o el Estado central): seguridad y protección civil, cultura, protección social y servicios sociales (vivienda, educación, sanidad, bienestar comunitario, ayudas). Si lo siguen haciendo (España es el país europeo con menos peso del gasto local), hay que darles más ingresos y quitarlos de otro lado. No duplicar y triplicar servicios en distintas administraciones, cada una con su chiringuito, para que al final nos cueste más a los contribuyentes. Y ya puestos a elegir, menos autonomías y más Ayuntamientos. Pero saneados.

Cascos avisa de que Rajoy no sabe lo que va a hacer con el "futuro de España"

MADRID.- El presidente de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, aseguró anoche que el líder del PP, Mariano Rajoy, no quiere explicar sus propuestas porque sencillamente "no sabe lo que va a hacer a partir del 21 de noviembre con el futuro de España".

Durante un acto electoral en Madrid, el líder de Foro Ciudadanos ha criticado la actitud de Rajoy y también la del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, del que ha dicho que no tiene "ninguna credibilidad" y que aunque en su programa llevara "milagros" no le votarán los ciudadanos porque ya no le creen al haber situado el PSOE a España en este "punto dramático".
Álvarez-Cascos ha lamentado la actitud de los candidatos de los partido mayoritarios en el debate de pasado lunes y ha defendido que su fuerza concurre a estos comicios como el "único contrapeso" para que se apoye el Gobierno ante las "tensiones nacionalistas".
"No somos antinacionalistas", ha remarcado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha explicado que su formación lo que quiere es "más España, mejor España" frente al discurso de los nacionalistas de "pedir menos España".
Para Álvarez-Cascos, Foro es el "tensor" que puede neutralizar "los vientos dominantes" de los nacionalistas para que el Gobierno no tenga que ceder y sea fuerte en la defensa de los intereses del Estado.
Por ello, ha incidido en la necesidad de que su partido consiga grupo parlamentario propio en las Cortes Generales para que su programa no se quede en un ejercicio "teórico", pueda estar donde se toman las grande decisiones y contribuya a una España "mejor en los próximos cuatro años".
En este sentido, ha resaltado que su formación es la alternativa al bipartidismo y que surge para "romper la falta de credibilidad de unos y la falta de programa de otros".
Tras denunciar la situación económica de España, el presidente asturiano ha insistido en que lo más "urgente" es un política de recortes del gasto público, un asunto sobre el que hay "muchas diferencias" según los partidos.
En su comunidad no van a hacer ajustes en "servicios esenciales" como la sanidad, la educación y las políticas sociales, ha añadido Álvarez-Cascos, que prefiere "recortar" en las televisiones autonómicas y no cerrar ambulatorios como Cataluña o dejar de pagar medicamentos como ocurre en otras autonomías.
"Estamos recortando sin tocar las prestaciones esenciales que los ciudadanos consideran prioritarias en el Estado del Bienestar", ha agregado.
Ha detallado una serie de propuestas de su formación, como la de contribuir a que las empresas españolas ganen "competencia", una nueva reforma laboral, reordenar el sistema fiscal y que los empresarios no tengan que pagar el IVA hasta que no hayan cobrado las facturas.
También ha abogado por reducir burocracia, bajar el impuesto de Sociedades y que las empresas que se creen estén exentas de tributos durante el primer año y del cincuenta por ciento en el segundo.
"Hay que hacer muchas reformas estructurales", ha continuado Álvarez-Cascos, que además ha apostado por reducir el coste energético y ayudar al sector de la gran industria, que tiene un "gravísimo problema de competitividad".
Además, dedicó parte de su mitin a la política internacional e instado a hacer una diplomacia "comercial" para ayudar a abrir mercados a las empresas en vez de una política exterior que haga "amistades ideológicas en función de intereses políticos".
Álvarez-Cascos ha subrayado que es necesario un Gobierno "serio" que no tenga que "estar de rodillas ante la UE escribiendo al dictado".

El Grupo Generala comienza a negociar para evitar el concurso de acreedores


MURCIA.- La deuda que las administraciones públicas mantienen con Grupo Generala, cifrada en 90 millones de euros, ha llevado a la empresa a acogerse al artículo 5.3. para comenzar, de este modo, una negociación con los acreedores, y principalmente con las administraciones públicas, con la finalidad de evitar el procedimiento concursal, garantizar los empleos y responder a las obligaciones con clientes y proveedores.

   Esta deuda contraída como consecuencia de los servicios que presta a las diferentes comunidades autónomas, ayuntamientos y el Gobierno central, ha obligado a Grupo Generala a recurrir a esta fórmula legal para ordenar su situación financiera ante los constantes "impagos" de la Administración.
   No obstante, la compañía ha precisado en un comunicado que está al día en el abono de las nóminas de sus trabajadores, genera beneficios y mantiene un balance sólido "con el único problema del retraso en los cobros de la Administración pública".
   Su objetivo, y principal preocupación, es "mantener a toda la plantilla para continuar desarrollando los servicios que tiene contratados".
   Grupo Generala suma 25 años de trayectoria con una actividad diversificada en diferentes sectores que incluyen servicios de mantenimiento de zonas verdes, limpieza de hospitales, prevención de incendios, conservación de espacios naturales, limpieza viaria y recogida de residuos, construcción y jardinería.

Los empleados de Latbus se manifiestan para exigir el pago de sus nóminas atrasadas

MURCIA.- Los empleados de la empresa de transporte público Latbus han cumplido su segundo día de huelga y han salido a las calles de Murcia en manifestación para reivindicar a la empresa el pago de las nóminas de septiembre y octubre, según ha informado el presidente del Comité de Empresa, Miguel Cano.

   Tras la huelga del pasado lunes, los empleados de la empresa han vuelto a reunirse a las 6.00 horas en las cocheras de Latbus, donde han supervisado el cumplimiento de los servicios mínimos, que han salido con un poco de retraso como consecuencia de la inspección y del agolpamiento a las puertas de los garajes.
   Posteriormente, los empleados han recorrido las calles de Murcia para protestar, en una manifestación que ha salido de El Rollo, ha pasado por las calles Floridablanca, Hernández del Águila, avenida Teniente Flomesta y Gran Vía hasta la plaza de la Fuensanta.
   Cano confirma que el pasado martes fueron llamados por la Entidad Pública del Transporte (EPT) y citados en la oficina de resolución de conflictos laborales, donde la empresa les ofreció pagar las nóminas a plazos "como si los empleados fuéramos una entidad financiera".
   Los trabajadores se negaron rotundamente a esa posibilidad, ya que su deseo es cobrar "tal y como está pactado en el contrato, del 1 al 5 y todo el mes". En contrapartida, la oferta de la empresa pasa por pagarles las nóminas que les deben en la semana del 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre.
   El problema de esta alternativa, según Cano, es que tras cumplir con los atrasos de septiembre y octubre, los empleados "volverían a quedar con atrasos de las nóminas de noviembre y diciembre", una posibilidad que rechazan porque supondría "financiar el transporte público".
   Por lo tanto, Cano prevé que la huelga continúe este viernes, a no ser que "alguien saque una varita mágica y resuelva el conflicto, porque el dinero que había para el transporte en Murcia ha desaparecido, según manifiesta la EPT".
   Así, lamenta que la negociación "se prevé dura", y no confía en una resolución a corto plazo, aunque ha dicho preferir estar de huelga y sin cobrar a estar sin cobrar y seguir trabajando. "Vamos a aguantar lo que sea necesario", ha advertido.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia mantiene su competencia para enjuiciar caso Tótem

MURCIA.- La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia mantiene su competencia para el enjuiciamiento del denominado caso Tótem, de corrupción urbanística en Totana, contra el ex alcalde de Totana, Juan Morales, y otras doce personas, según lo acordado en el auto de 2 de noviembre.

   Respondiendo a la solicitud formulada por una de las partes de inhibición a favor del Juzgado de Instrucción nº 1 de Totana, el tribunal ha acordado que "no ha lugar a la misma conforme al criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo plasmado en sentencia de 8 de marzo de 2002".
   Se establece pues que la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia queda fijada en el momento en que deban comenzar las sesiones del juicio oral. De modo que, al haberse fijado el primer señalamiento antes de que el diputado acusado, Juan Morales, perdiera su condición de aforado, "la Sala debe mantener su competencia para el enjuiciamiento del asunto y rechazar la solicitud de inhibición", según fuentes del TSJ.
   La Sala del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial desestimó ya la recusación contra los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia, encargados de enjuiciar el caso. Esta recusación sostenía que estos magistrados podían haber quedado 'contaminados' al haber intervenido en la resolución de distintos recursos y hubieran realizado un juicio 'valorativo' de las diligencias sumariales.
   Fue a finales de noviembre de 2007 cuando la Guardia Civil destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana.
   El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio.
   En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas, entre ellas el que fuera alcalde de Totana (PP) hasta las pasadas elecciones autonómicas y municipales, José Martínez Andreo, que permaneció en prisión dos meses y el partido lo dio de baja; así como el ex regidor totanero de este mismo municipio, Juan Morales, que aunque por su condición de diputado (primeramente del PP y tras ser expulsado, del Grupo Parlamentario Mixto) no fue detenido, la Sala competente del caso acordó, tras más de 12 horas de declaración, su prisión provisional eludible bajo una fianza de 200.000 euros que hizo efectiva antes de que se agotara el plazo fijado por el magistrado.
   De ahí que una pieza de la operación 'Tótem' la asumiera el Juzgado de Totana, mientras que la que afecta a la persona del ex diputado se declaró competente para enjuiciar la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia al entender que hay "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por el ex parlamentario, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones".
   Está previsto que pasen por el banquillo el ex alcalde y ex diputado, Juan Morales; Gabriel Martínez, de la empresa Huevos Maryper; Joaquín Carmona, gerente de Nubia Inversiones; y su socio, José Antonio Alcántara; el propietario de Inmonuar y Nuarias Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Consistorio totanero, Manuel Núñez Arias; y el empleado de Núñez, Pablo Maceiras; además del director general del Grupo Nuaria, José Antonio Carrocera.
   Así como la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán; el testaferro de éste, Juan Antonio Álvarez; Fulgencio Marín Bravo, de Agroproducciones Integradas S.L.; Domingo Sánchez Martínez, de Visanfer S.S; la novia de Morales, Vaneyde Freita; y José Miguel Martínez Soler.

Bruselas alerta de "riesgos" en la banca española por la exposición a la vivienda

MADRID.- La Comisión Europea ha alertado de "riesgos" en el sector bancario español por la fuerte exposición al sector de la construcción, que se está traduciendo en una reducción de los beneficios y una contracción del crédito.

   La rebaja del pronóstico de crecimiento para España en 2011 y 2012 -que Bruselas ha situado en el 0,7% del PIB cada año- "tiene consecuencias negativas para el sector bancario español", según alerta el Ejecutivo comunitario en sus previsiones económicas de otoño.
   "Pese a unas minusvalías ya significativas (que representan el 10% del PIB desde 2008), los bancos todavía tienen una exposición importante al sector de la construcción. Debido a las difíciles condiciones de financiación el proceso de desapalancamiento se ha acelerado, reduciendo más el crédito al sector privado, lo que puede tener consecuencias negativas para la inversión y el consumo de bienes duraderos", insiste el informe.
   "La rentabilidad de los bancos está reduciéndose y el riesgo de crédito sigue siendo una preocupación, ya que los préstamos morosos están aumentando y el ajuste del sector de la vivienda prosigue", resalta la Comisión.
   El Ejecutivo comunitario avisa en este sentido de que el ajuste tras la burbuja inmobiliaria, que en principio debería haberse completado en 2013, "está siendo retrasado por una restricción más aguda del crédito en este sector".
   En todo caso, la Comisión recuerda que para aumentar la resistencia del sector bancario español, el Banco de España ha aumentado los requisitos mínimos de capital, que "ya han sido cumplidos por una gran mayoría de los bancos".

Estiman que el 90% de las participaciones de CAM fueron colocadas con engaños

ALICANTE.- La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) calcula que el 90% de las participaciones preferentes "colocadas" por Caja Mediterráneo (CAM) a sus clientes fueron comercializadas mediante "engaños".
 
Así lo ha defendido hoy en Alicante el presidente nacional de ADICAE, Manuel Pardos, en varias asambleas para informar a los consumidores de los productos tóxicos emitidos tanto por CAM y como por otros bancos y cajas.
Pardos ha afirmado que las participaciones preferentes de CAM fueron comercializadas bajo "la apariencia de una renta fija" ya que la mayoría de los clientes las compraron pensando que se trataban de un producto de plazo fijo y en el que la entidad adquiría un compromiso para su venta casi inmediato.
Todo esto cuando, en realidad, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las considera un "producto de riesgo" porque supone un tipo de deuda de la entidad de carácter perpetuo que únicamente es reconvertible en los mercados secundarios.
Ha añadido que con la crisis financiera el movimiento de estos mercados "ha caído muchísimo" hasta el punto de que se puede considerar que está "cerradísimo".
Además, ha recordado que las citadas participaciones preferentes carecen de un fondo de garantía que las respalde en caso de insolvencia de la entidad financiera y, además, en caso de quiebra los titulares estarían por detrás de los acreedores para los pagos y sólo por delante de los accionistas.
Por todo ello, el presidente de ADICAE cree que los clientes podrían en un futuro reclamar y obtener por la vía extrajudicial o judicial el capital aportado, siempre que se demuestre que las participaciones les fueron colocadas de forma engañosa.
Ha agregado que esto ha ocurrido en 9 de cada 10 casos porque es difícil que un porcentaje mayor sea conocedor por sí mismo de un producto financiero tan complejo.
Pese a la "incertidumbre e inquietud" suscitada por la situación de CAM, Pardos ha recordado que la caja alicantina cuenta con el respaldo del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) y que, previsiblemente, éste sólo procederá a la venta de la entidad a otra que sea "solvente y que debería cumplir sus obligaciones".
Sobre la situación de Banco de Valencia, el presidente de ADICAE ha comparado la gestión de la entidad con la de CAM por compartir una "situación contable ruinosa", y ha opinado que deberá ser su matriz, Bankia, la que deba asumir cualquiera de los compromisos del banco.

El Ministerio de Defensa admite su falta de liquidez para hacer frente a los pagos comprometidos

MADRID.- La ministra Carmen Chacón ha dicho públicamente que el Ministerio de Defensa por falta de liquidez no puede hacer frente al pago de 26.692 millones de euros correspondientes a los 19 Programas Especiales de Armamentos (Peas) comprometidos con diversas industrias, según el digital www.rebelion.org

El secretario de Estado de su Ministerio, Constantino Méndez, fue más lejos, y en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso (6/10/2011) afirmó que “no deberíamos haber adquirido sistemas que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora”.

Sorprendente, pero claro y llano, el Ministerio de Defensa se encuentra en suspensión de pagos. No tiene recursos suficientes para hacer frente a los grandes programas de armamentos y como se tendrán que renegociar con las industrias militares y aplazar sus pagos, el mismo Ministerio avisa que la deuda se incrementará de manera importante. 

Los técnicos del propio Ministerio han hecho una proyección para el año 2015 con un importe final de la deuda que ascenderá a 36.876 millones €.

El juez Grande-Marlaska asume la instrucción de la causa tras la denuncia contra la dirección general de la CAM

MADRID.- El juez Fernando Grande-Marlaska Gómez, titular del juzgado central nº 3 de la Audiencia Nacional ha aceptado instruir la causa contra la ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, tras el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción y una vez admitida a trámite la denuncia por varios presuntos delitos efectuada en su día por el letrado murciano Diego de Ramón Hernández. Y así lo ha hecho saber hoy a las partes mediante una providencia fechada el pasado día 8 de noviembre.

La decisión judicial es consecuencia, además, del oficio remitido a Grande-Marlaska por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada asumiendo las competencias con el conocimiento de las citadas diligencias por parte de los fiscales Luis Pastor Mota y Luis Rodríguez Sol.

Grande-Marlaska justifica, por su parte, la asunción de competencias en la denuncia de Diego de Ramón y otros por los presuntos delitos de estafa, societario y falsedad documental, por el informe fiscal favorable del pasado 7 de noviembre por cuanto que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de los delitos comprendidos en el artículo 65.1c de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


El magistrado de la Audiencia Nacional entiende que, del exámen de las actuaciones y basándose en lo dispuesto en los artículos 65 y 88 de la citada ley orgánica, procede, de conformidad con el dictámen del ministerio fiscal, aceptar la competencia para el conocimiento de la presente causa por cuanto que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delitos contemplados en los artículos 248, 290 y 390 y siguientes del vigente Código Penal.


En su Providencia, Grande-Marlaska ordena finalmente se libre oficio al Banco de España para que los administradores provisionales de la CAM y Banco CAM den cuenta de su situación y, principalmente, de cuantas irregularidades e incumplimientos de la normativa bancaria y mercantil se pudieran haber cometido por los anteriores responsables, debiendo presentar un primer informe de avance a la mayor brevedad posible.

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Según 'Adicae', entidades financieras habían iniciado una "fuga adelante" de recapitalización con productos tóxicos

ALICANTE.- El presidente de Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, ha destacado que ahora se empieza a saber "la actuación de las entidades financieras" en la venta de productos "cada vez más complejos" y, en algunos casos, "tóxicos" porque "querían recapitalizarse, tapar sus agujeros en una especie de la fuga hacia adelante intentando no llegar a que el Banco de España o el FROB las interviniera".

   Con motivo de la celebración de varias asambleas en Alicante para informar a los clientes sobre "productos tóxicos de la CAM y de otros bancos y cajas", Manuel Pardos ha lamentado la "venta engañosa" de "productos complejos" que algunas entidades han venido haciendo con la finalidad de "retrasar" o evitar una posible intervención.
  "Nos estamos enterando de la actuación de las entidades financieras españolas", ha dicho Pardos, quien ha considerado que en "el caso de las cajas son más flagrantes por su carácter social". Desde su punto de vista, "querían recapitalizarse, tapar sus agujeros en una especie de la fuga hacia adelante intentando no llegar a que el Banco de España o el FROB las interviniera".
   Por ello, ha vaticinado que "aún veremos otras muchas, pero como se ha visto el Banco de Valencia hacía publicidad de depósitos muy agresiva, y los demás no sabíamos lo que iba a pasar, ellos sí". Según ha dicho, la situación de las entidades las conoce "el Banco de España y el Gobierno y ellos, y nadie más".
   Adicae ya sabía que existían "este tipo de productos pero no comercializados tan masivamente y con esos caracteres, a personas mayores, con menos cultura financiera, abusando claramente de su confianza". Pardo ha destacado que hay "un estándar de venta engañosa: no te preocupes, esto es lo que te conviene...". Esta táctica de venta "es lo que permite su defensa, el carácter engañoso", ha dicho.
   En el caso de Caja Mediterráneo, ha señalado que tienen 200 quejas, y esperan más tras las asambleas que van a celebrarse, por la venta de un producto que, en principio, era supuestamente vendido como plazo fijo y que, posteriormente, estaba ligado a la compra de deuda perpetua. Cuando vence el plazo, el usuario se acerca a recuperar el dinero o se interesa porque la caja ha sido intervenida "se encuentra con que no puede sacar el dinero".
   Según Pardos, se les decía "puedes venderlo en cualquier momento, pero lo que no les decían y que no podían entender los usuarios es que era en el mercado secundario, llamado AIAF, un mercado muy difícil y que con la crisis financiera está prácticamente colapsado, y que con el caso de las participaciones preferentes de la mayoría de las entidades, incluso con penalizaciones de pérdida de hasta un 40 por ciento del dinero invertido, pero incluso poco vendibles en este momento ni con penalización, dada la situación del mercado".
   A su modo de ver, "un usuario no puede entender eso" y no se les pasaba el cuestionario previo que acredite que entiende las condiciones de los productos que estaban adquiriendo.  
  Este incumplimiento, según Pardos hace tener "una esperanza" de que los clientes puedan recuperar su dinero porque las entidades "estuvieron incumpliendo la normativa MiFID, vigente desde noviembre de 2007, referente a que para contratar un producto de riesgo le tienes que pasar un test de conveniencia".
   "Estos depósitos estructurados con obligación de coger preferentes, no sabemos si otras lo hicieron, pero es particularmente dañino", ha dicho. Pardos ha matizado que este tipo de productos los "hay en todas las entidades pero las noticias sobre la CAM y su intervención han levantado las alarmas entre los usuarios, particularmente en la Comunitat Valenciana porque habían vendido mucho, estaban muy concentrados".
   Las asambleas, con tres turnos a las 12.00, a las 17.00 y a las 19.30 horas de este miércoles en la sede que Adicae tiene en la calle Arquitecto Guardiola de Alicante, tienen como misión recopilar "documentación, fotocopias y se adhieren o no a una reclamación colectiva, judicial o extrajudicial con la asociación", ha explicado Pardos.
  "Preferimos una acción extrajudicial pero informamos a cualquier usuario sobre la situación concreta, se revisa, se informa de las preferentes y se les invita a adherirse a una plataforma para reclamar por diversos medios: presión, mediación, negociación, denuncias a la CNMV o Banco de España, si hubiera lugar, y finalmente si no se logra resolver mediante una acción judicial colectiva", ha explicado.

'Adicae' cuestiona alguna acción reciente de Caja Murcia

ALICANTE.- El presidente de Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros(Adicae), Manuel Pardos, ha explicado que este mismo martes se han enterado de que  hubo "unos créditos sin intereses del ICO para los afectados de Fórum y Afinsa, del 10 por ciento de las pérdidas, Caja Murcia lo tramitaba pero a cambio decía: ahora lo metes en participaciones preferentes o productos de este tipo o parecidos".

   En Adicae, ha dicho, "estamos indignados porque la actitud de los bancos y cajas es engañosa casi siempre en la comercialización de productos hacia los usuarios, queremos acabar con esa situación".
   En su opinión, "que los productos financieros sean tan complejos y que a la vez no lo quieran explicar, incumpliendo la Ley, e introduciendo cláusulas abusivas".
   Según ha asegurado, la CNMV "está emitiendo resoluciones favorables al cliente todos los días, aunque no son ejecutivas, si la entidad no se atiene es cuando se tiene que ir a una acción colectiva judicial porque la comercialización ha sido engañosa en más del 90 por ciento de los casos".
A pesar de todo esto, ha resaltado que está claro que "la relativa tranquilidad de los usuarios es que en España y en Europa es que existe el FROB que tiene previsto más de 100.000 millones si hicieran falta ante cualquier problema que tengan las entidades bancarias para intervenirlas, es decir, que no van a dejar caer ninguna".

Sáenz de Santamaría: la austeridad presupuestaria "no tiene vuelta atrás"

MADRID.- La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que la política de estabilidad presupuestaria y austeridad "ya no tiene vuelta atrás".

   "Es necesaria, porque hasta que no se sanee la deuda pública, será imposible salir de la crisis", indicó la dirigente popular en declaraciones a TVE.
   Según Sáenz de Santamaría, los intereses de la deuda pública "se comen" ocho de cada diez euros que los españoles pagan por IRPF, "dinero que, si la deuda fuera menor podría dedicarse a sanidad, educación o inversión".
   En este sentido, subrayó que los "primeros que tienen que practicar la austeridad son las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas y los ayuntamientos".
"Cuando logremos que esa deuda pública se ajuste, se derivarán recursos para otras cuestiones", añadió.
   La número dos de la lista del PP por Madrid, considera que el Gobierno del PSOE "va a dejar el país en una situación límite y ruinosa", lo que llevará a que "el próximo Ejecutivo empiece a trabajar cuanto antes para generar empleo".
   En este punto indicó que "si el PP cuenta con la confianza de los españoles para gobernar se empezará a ordenar el país con la puesta en marcha de un plan y un calendario con el objetivo fundamental de crear empleo".
   Sáenz de Santamaría considera que la situación económica en España es "difícil" por lo que entre las medidas que el PP propone, además de la austeridad, pasan por un plan de apoyo a pymes y autónomos, "que son los que crean empleo".
   Este plan incluiría medidas fiscales, ayuda a la reinversión, cambiar el momento en que se pague el IVA de las facturas, una vez que se han cobrado o la bonificación por el primer trabajador de 3.000 euros, entre otras iniciativas. Además señaló que se necesitará también llevar a cabo una reforma laboral y medidas de fomento de la competividad.
   Además, la portavoz del PP en el Congreso señaló el "compromiso firme" del presidente del PP y candidato de la formación a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, para actualizar las pensiones a partir del 1 de enero de 2012 en cumplimiento de la ley de 1998, en caso de que resulte vencedor de las próximas elecciones.

El Banco de España obligará a la banca a dar más información sobre sus activos 'tóxicos'

MADRID.- El Banco de España obligará a la banca a remitir al mercado y al propio organismo más información sobre su exposición al ladrillo, tanto acerca de la financiación a la construcción y promoción inmobiliaria y adquisición de viviendas como de los activos recibidos en pago de deudas en España, según el proyecto de norma.

   La institución que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha elevado a rango de circular el requerimiento de mayor transparencia que hizo por carta a las entidades financieras a finales del pasado año, y que ha hecho llegar a las patronales del sector para que realicen las alegaciones que crean pertinentes hasta el próximo lunes día 14.
   La banca deberá enviar dicha información al instituto emisor en sus estados financieros reservados y al mercado a través de sus informes semestrales y memorias anuales. Concretamente, habrá de incluir sus políticas y estrategias para hacer frente a las financiaciones inmobiliarias de recuperación problemática.
   La situación y perspectivas de recuperación de la liquidez de dichos activos financieros deberá figurar en la información con el fin de facilitar la mejor comprensión de los riesgos e incertidumbres a que se enfrentan las entidades.
   Como mínimo, la información detallará las correcciones de valor por deterioro de activos en forma de préstamos a la construcción y promoción inmobiliaria, con un desglose adicional de los calificados como subestándar y dudosos. Se indicará tanto el importe bruto de las financiaciones calificadas como activos fallidos como el importe de las provisiones genéricas.
   Asimismo, se especificará si los préstamos a la construcción y promoción inmobiliaria tienen o no garantía hipotecaria, y en su caso, la naturaleza del activo, ya sean edificios terminados (vivienda y resto), en construcción o suelo.
   Las entidades financieras deben desglosar también el importe de dudosos en los créditos a los hogares para la compra de vivienda en diferentes tramos en función del porcentaje de riesgo asociado.
   El Banco de España exige también que se incluya la manifestación expresa del consejo de administración de la entidad sobre la política y procedimientos de actividades en el mercado hipotecario aprobados, lo que le convierte en responsable del cumplimiento de la normativa hipotecaria.
   Ese órgano de gobierno debe indicar si dichas políticas y procedimientos incluyen criterios sobre la concentración de riesgos y activos no corrientes en venta.
   Por otro lado, la circular incluye requerimientos de información respecto a las tasaciones, como qué servicio se ha utilizado, si son conformes a la ley del mercado hipotecario o la fecha en que se ha realizado la última sobre determinado activo.
   El objetivo de este proyecto de norma es generalizar determinada información a incluir en las cuentas anuales de las entidades de crédito cuya publicación se demandaba hasta ahora mediante escritos del Banco de España a la gran mayoría de entidades.
   Asimismo, establece la incorporación de dicha información al conjunto de la que periódicamente y con carácter reservado deben rendir las entidades al Banco de España.
   La exposición problemática de la banca vinculada a la actividad de promoción inmobiliaria asciende a 176.000 millones de euros, según figura en el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España.
   Dicha exposición problemática, que engloba créditos dudosos, activos adjudicados y activos normales bajo vigilancia, representa un 11,4% de la cartera crediticia de las entidades y un 5,2% del activo consolidado.

martes, 8 de noviembre de 2011

Sindicatos de la CAM piden al FROB que sancione a los directivos beneficiados

ALICANTE.- La unidad sindical de Caja Mediterráneo (CAM) --formada por los sindicatos Sicam, UGT, CCOO, Csica, Vienamita y Altacam--, han enviado a la Fiscalía Anticorrupción un informe denunciando las supuestas "irregularidades" que presuntamente existen en la entidad "por la contratación del seguro privado que garantiza pensiones vitalicias millonarias a los miembros del comité de dirección", según han indicado hoy fuentes sindicales.

   Los sindicatos tienen previsto poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, aunque posiblemente este asunto sea derivado a la Audiencia Nacional, donde ya se han admitido a trámite otras denuncias sobre este asunto.
   La póliza, que fue firmada en 2007, podría ascender a unos 59 millones de euros en total, según las mismas fuentes, y, de esta cantidad, adelantaron alrededor de 30 millones de euros en julio de 2010, lo que representa una cantidad equivalente a "la aportación de dos años".
   Esta póliza tenía como finalidad garantizar a los miembros del comité de dirección de la CAM, un total de trece personas, una pensión que cobrarían a partir de los 65 años. Así, estos pasarían a cobrar sueldos aproximados de 390.000 euros al año, que se sumarían a su pensión de jubilación.
   Según fuentes sindicales, la habilitación de esta póliza no pasó por el Consejo de Administración de Caja Mediterráneo, por lo que piden que se "investigue el tema".
   Los sindicatos han enviado un escrito a los administradores del FROB en la CAM, en el que le comunican sus intenciones y les advierten de que "ante estos hechos tan deleznables e injustos, observamos que de las personas beneficiarias de dicho seguro, todavía permanecen en el organigrama CAM y con altos cargos de responsabilidad parte de ellas".
   "No entendemos como ustedes, máximos responsables en estos momentos de la entidad, mantienen a estas personas en puestos de gestión directa, aun a sabiendas de que han sido partícipes en la aprobación de dicho seguro privado así como en la toma de todas las decisiones en los órganos de gestión que han llevado a CAM a la situación actual", añaden en su misiva. Según han precisado, seis personas beneficiadas por la póliza aún continúan trabajando en la entidad.
   Por todo esto, les han exigido que estas personas "sean relevadas inmediatamente de los puestos que desempeñan actualmente y sean sancionadas conforme a la legislación laboral vigente". Igualmente,. según añaden, también reclaman que los "nombramientos efectuados por la alta dirección a familiares directos sean anulados con carácter retroactivo por nepotismo".

El murciano Luis del Rivero vuelve al consejo de Sacyr, sale Víctor Guillamón y se consolida Tomás Fuertes

MADRID.- El ex presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero ha vuelto al consejo de administración del grupo en calidad de consejero dominical, según se acordó en la reunión extraordinaria que el máximo órgano de gestión de la compañía celebró este martes.

   Del Rivero regresa al consejo de la firma de construcción y servicios después de que en la última reunión de este órgano de la compañía, la del pasado 20 de octubre, fuera destituido como presidente y presentara la dimisión como consejero.
   El ex presidente retorna al consejo de Sacyr para ocupar uno de los dos puestos a los que tiene derecho por la participación del 12,6% que ostenta como segundo máximo accionista de Sacyr. Antes de su destitución, Luis del Rivero se sentaba en el consejo del grupo en calidad de ejecutivo de la compañía.
   El otro sillón que le corresponde lo ocupará Ángel López-Corona, que de esta forma también se reincorpora al consejo de Sacyr, del que salió el pasado 7 de octubre, al renunciar al puesto que entonces ocupaba en representación de las cajas de ahorros accionistas de la compañía.
   La vuelta de Del Rivero y López-Corona ha supuesto la salida de dos consejeros, el también murciano y economista Víctor Guillamón y Miguel Ángel Peña, quienes hasta ahora representaban los intereses de la inversión del ex presidente.
   Sacyr considera "previsible y normal" que Del Rivero se reincorpore a su máximo órgano de gestión, dado que se trata del segundo máximo accionista de la compañía y es "lógico" que "no quiera desligarse de ella y que siga con interés su futuro", según indicaron hoy fuentes cercanas al grupo.
   Las mismas fuentes apuntaron que el consejo extraordinario del grupo celebrado este martes, el primero tras la destitución de Del Rivero, transcurrió en un ambiente "pacífico y amistoso".
   En esta reunión, Sacyr aceptó la renuncia al cargo de secretario del consejo presentada por Vicente Benedito y aprobó reestructurar las comisiones delegadas del consejo para adecuarlas a los cambios registrados en este órgano de gestión en las últimas semanas.
   Así, la Comisión Ejecutiva de Sacyr quedó formada por cinco miembros, frente a los ocho que la integraban hasta el momento, lo que ha supuesto la salida de este organismo de Juan Abelló, José Moreno Carretero y José Luis Méndez.
   El nuevo presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha relevado a Del Rivero en la Presidencia de esta Comisión, que se completa con cuatro vocales. Se trata de Pedro del Corro (consejero en representación de Juan Abelló), el ex presidente José Manuel Loureda, el actual primer accionista de la compañía Demetrio Carceller y Manuel Azuaga, uno de los dos nuevos consejeros en representación de las cajas de ahorro.
   Asimismo, Sacyr ha acordado disolver la nueva Comisión de Estrategia de Inversiones que el grupo había creado hacía apenas cuatro meses, el pasado mes de julio. Estaba presidida por Loureda y entre sus vocales figuraban el grupo Satocan (socio de Demetrio Carceller), el murciano Grupo Fuertes y el propio Del Rivero.
   Además, el consejo del grupo ha nombrado al presidente del Grupo Fuertes, el empresario murciano Tomás Fuertes, nuevo miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y a la consejera de Novacaixagalicia, María Victoria Vázquez, nueva vocal de la Comisión de Auditoría.

El Ayuntamiento de Los Alcázares será acusación particular en la Operación Ninette


LOS ALCÁZARES.- El último pleno municipal del Ayuntamiento de Los Alcázares aprobó la moción presentada por el Partido Popular por la que el Ayuntamiento de Los Alcázares se personará en calidad de acusación particular en el juicio de la Operación Ninette, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio.

   La moción salió adelante con los votos a favor del Partido Popular, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia, una moción que no obtuvo los votos favorables del Partido Socialista Obrero Español, algo que "sorprendió enormemente" a todos los concejales electos, ya que han sido ellos quienes "han repetido sin cesar" que son los primeros que quieren "que todo esto se aclare", según informaron fuentes del PP en un comunicado.
   Cabe recordar que la Operación Ninette, que es una pieza separada que se inicia a raíz de la Operación Malaya, fue llevada a cabo por la Policía Nacional, se saldó con la detención de seis personas, entre ellas el ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, expulsado del PSOE, por un presunto delito relacionado con la malversación de fondos y blanqueo de dinero.
   La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de San Javier decretó prisión provisional y sin fianza para el arquitecto municipal, Mariano Ayuso, que quedó en libertad meses después; y eludible la prisión con fianza de 60.000 euros para el ex alcalde Juan Escudero, que la hizo efectiva.
   El Partido Popular expuso que, tras el sumario abierto de la Operación Ninette, se desprenden "presuntas irregularidades que han podido suponer mermas económicas en ingresos y patrimonio para el Ayuntamiento de Los Alcázares, al tiempo que puede que se hayan vulnerados normativas urbanísticas que puedan acarrear prejuicios a este Ayuntamiento".
   Por ello, el Partido Popular presentó esta moción para que el Ayuntamiento de Los Alcázares "se persone en la instrucción de dicho sumario, en calidad de acusación particular, y así conocer todos los detalles del caso como parte presuntamente afectada, quedando en disposición de poder ejercer sus derechos de indemnización si los hubiere".
   El PP presentó dos veces esta moción en la anterior legislatura, pero no pudo salir adelante porque el Grupo Municipal Socialista, "votaba en contra". Desde el Partido Popular, se preguntan "qué tienen que esconder estos señores, por qué no quieren personarse en la causa, por qué no defienden la transparencia en las arcas municipales, por qué no les interesa que se aclare todo esto ya".
   Así pues, el PP considera que la renovación política del PSOE "no ha llegado y aún queda mucho para que llegue, ya que siguen defendiendo con unas y dientes, una presunta trama de corrupción que podría haber mermado las arcas municipales y vulnerado varias normativas".
   "Por tanto, y ahora si, el Ayuntamiento de Los Alcázares será acusación particular y defenderá sus intereses en el juicio de la llamada Operación Ninette, una trama de presunta corrupción urbanística que se destapó el 16 de enero de 2007 y que se saldó con varias detenciones, entre ellas la del ex alcalde socialista, Juan Escudero", concluye.

Cayo Lara defiende mantener el trasvase Tajo-Segura para la huerta murciana

MURCIA.- El coordinador federal de IU-Verdes y candidato de esta formación política a la Presidencia de España, Cayo Lara, ha defendido el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura con una media de desembalses de 323 hectómetros cúbicos anuales y cubrir las nuevas necesidades "por la vía de la desalación, con una implicación lógica del Gobierno central".

   Lara ha respondido de esta forma en un acto público ofrecido en Murcia, al ser preguntado por los asistentes sobre el tema del agua, que se ha negado a esquivar por tener sus orígenes en Castilla-La Mancha. "Si me escapo dirán que el coordinador de IU-Verdes no ha querido hablar del agua, nada menos que en Murcia, cuando soy manchego", ha explicado el coordinador.
   El candidato, quien ha estado acompañado por el cabeza de lista de IU-Verdes al Congreso por Murcia, Pedro Costa Morata, ha puntualizado que la posición de IU-Verdes federal es la misma en toda España y consiste en que "hay que conservar y mantener la media de trasvases que se produjo en los primeros 15 años del acueducto".
   En aquel entonces, ha recordado que el sentido del trasvase era servir "para alimentar la huerta murciana y permitir el asentamiento de la gente, que pudieran vivir y, además, producir dos productos en un año, algo que no era posible en Castilla-La Mancha por la propia climatología".
   No obstante, ha advertido que el trasvase debe servir "para la huerta, para la agricultura, para la producción y para el empleo", y ha mostrado su oposición frontal "al trasvase para los pelotazos urbanísticos y para que unos cuantos se hayan cargado el territorio como han hecho con algunas aguas".
   En cualquier caso, Lara ha dicho que, ahora que el PP gobierna en Castilla-La Mancha, su Ejecutivo y el murciano "son los que tendrán que decir cómo resuelven el problema del agua".
   Respecto a la visita de José Bono a Murcia, Lara ha contado a modo de anécdota que el expresidente manchego "no debería hablar de agua, porque entiende de poceros, entiende de agua bendita y entiende de besarle el anillo a los obispos. De agua del trasvase entiende poco", ha aseverado.
   Por su parte, Costa Morata ha instado a tener en cuenta que la Región "es árida, lo que no puede conferir derechos necesariamente, sino que a veces confiere obligaciones". En cualquier caso, ha explicado que el agua "es un recurso limitado que cada día lo va a ser más", por lo que ha pedido "que hay que hacerse a la idea fundamental de que hay que arreglarse con los recursos que tenemos".
   A su juicio, el problema del agua en Murcia "ha sido fundamentalmente demagógico, y ha sido una declaración de guerra a las regiones vecinas, sobre todo, a Castilla-La Mancha, y ha sido una reivindicación de algo ficticio".
   Al respecto, ha recordado que el acueducto "se diseñó en su día para desembalsar 600 hectómetros cúbicos, y resulta que la media es poco más de 300, por lo que no hay ni siquiera ese recurso en la cuenca alta del Tajo".
   Así, ha criticado que el eslógan del 'agua para todos' "descalifica a los gobiernos autonómicos que han ido beneficiándose de él, pero si hay que analizarlo a fondo, veríamos que es un techado de tontería, de disparate, de trampa y, en definitiva, de absurdo".
   Costa Morata ha manifestado que el recurso es escaso, lo que "obliga a reducir todos los consumos y, sobre todo, los derroches, porque esta es una Región donde también se derrocha, no solo en el campo".
   En segundo lugar, el candidato por Murcia ha señalado que "no hay más remedio que contar, fundamentalmente, con los recursos propios, que con toda seguridad son más cuantiosos de lo que nos hemos llegado a acostumbrar", por aquello de que hemos focalizado todo nuestro interés y toda nuestra perversidad política en el trasvase y en el agua que no está en nuestra Región".
   "Siempre será más fácil retener lo que tienes que pedir lo que tienen los otros, y eso es algo que es de sentido común", ha concluido.