En este auto, el TSJ transforma el procedimiento en abreviado e insta a las partes a presentar las alegaciones que consideren oportunas antes de continuar con el proceso.
Además, el Tribunal «decreta el sobreseimiento y archivo» de dos imputados, los ex concejales del Partido Popular, Jesús López Molina y Fernando Otálora Muñoz, y mantiene abiertas las de 16, entre los que se encuentran el ex alcalde, Miguel Navarro; tres ex concejales socialistas, el diputado regional Bartolomé Soler, Jesús Molina y Manuel Sevilla; el ex interventor del Ayuntamiento, Francisco Poyato; el ex director de Limusa, Francisco Gil Eguino; y su mujer y su hermano, Ofelia González y Alfredo Gil Eguino.
También forman parte de la nómina de imputados, que recoge el auto del Alto Tribunal, los proveedores de Limusa, Juan Antonio Ortega y Nicasio Gázquez; el interventor accidental del Ayuntamiento, Juan José Martínez; y cinco funcionarios del Consistorio vinculados con el servicio municipal de Intervención, María del Mar Bastida Ibáñez, Carmelo Martínez Rael, María Pilar Lorente López, Antonio Manzanares Martínez y Francisco Bartolomé Ruiz Franco.
El magistrado-instructor asegura en el caso del ex alcalde Miguel Navarro que «su imputación» se basa en las diligencias practicadas, en su día, por el Juzgado Número 4 de Lorca, «de las que este procedimiento es continuación», de manera que «este instructor» no ha practicado diligencias diferentes a las realizadas en Lorca.
En el auto del TSJ se señala que Navarro «recibió dinero en efectivo» correspondiente a diversos gastos, en concreto «comidas sin justificación, pues muchas de ellas se emiten en sábados y domingos» por restaurantes y marisquerías de Águilas y «próximas a su vivienda de Calabardina».
Y se apunta un dato que «permite creer» que «conocía el sistema irregular de pago» que se hacía desde Limusa, ya que «él mismo hizo uso del citado sistema en su propio beneficio», pues «cobró de Limusa dinero en efectivo para cubrir gastos particulares». Esos gastos «no pasaron» por la Secretaría del Ayuntamiento, ni por Intervención, «ni se sometieron al sistema de aprobación por la Junta correspondiente».
Llama la atención, el TSJ, que el propio Navarro, en su declaración, afirmase que recordaba que en una ocasión, «como tenía un taco de facturas de comidas y no había dinero en el Ayuntamiento, llamó al director de Limusa y recibió el dinero en efectivo y en mano». En su declaración también reconoce, según el auto, «que podía haber cometido el error de haber incluido alguna factura de comida familiar como gasto de representación».
Del diputado regional socialista, Bartolomé Soler, que fue consejero delegado de Limusa desde el 28 de julio de 2003 hasta el 11 de julio de 2007, el magistrado-instructor afirma que «existen datos que dan veracidad a que el señor Soler ha podido tener participación en gastos, comidas y viajes cargados a Limusa, sin que haya justificación de actuación o actividad propia del cargo que los justifique».
El señor Soler, en su declaración, reconoce que en alguna ocasión había presentado facturas directamente y se las habían pagado, aunque negó otros extremos y «trató de justificar, con documentación variopinta, su asistencia a determinadas comidas, viajes y otras actividades».
Y señala que «existen documentos firmados por el señor Soler, sin que negara su firma, por los que autoriza a D. Francisco Gil a utilizar las instalaciones de Limusa para la gestión de sus empresas privadas».
En concreto, se «autoriza» la utilización del ordenador de Limusa para «guardar la contabilidad de sociedades dedicadas a la promoción de viviendas». Hay también, señala el Alto Tribunal, un documento, firmado por el señor Soler, que «autoriza a Francisco Gil para que los honorarios de su defensa por denuncia interpuesta contra él, fuesen cargados a Limusa».
Igualmente, se detalla que Soler «acudió a comidas, viajes y otros fastos, cargados en Limusa», aunque esto último fue «negado repetida, firme y tajantemente en su declaración». Y agrega que «conocía, finalmente, el imputado las irregularidades contables de Limusa», pues el «denunciante inicial» se las había participado «personalmente».
Del ex director de Limusa, Francisco Ignacio Gil Eguino, afirma que «ha producido, al menos desde el año 2002, un auténtico desajuste en el control de cuentas, sistema de dietas, salarios, administración de bienes, contrataciones, pagos, viajes, comidas... Como consecuencia de ese modo de proceder ha obtenido un ilícito enriquecimiento para él mismo y para otros que se citarán».
Añade que de forma arbitraria «utilizó habitualmente» la estructura de Limusa en su «propio beneficio». Utilizó no sólo los medios materiales de la entidad Limusa, sino también personales. «Exigía y presionaba» a los trabajadores de la empresa para que dedicaran gran parte de su jornada laboral al desempeño de labores «que nada tenían que ver con su función».
Les compelía a hacer «trabajos impropios» como «limpieza de vehículos, actividades personales de su entorno familiar» e incluso «obligó» a algunos empleados a la «destrucción» de documentación y al «borrado» de datos informáticos.
Fueron cargados, según el magistrado-instructor, en las cuentas de Limusa «teléfonos móviles, alguna televisión, GPS y recargas de móvil». Hay «comidas en fines de semana», desplazamientos a Madrid y Barcelona para acudir a partidos de fútbol y dos viajes a Sevilla «en los que se efectuaron importantes cargos, por importes elevados, en una casa de 'alterne' con acogedor nombre 'La Casita', en donde se efectuaron pagos de una nada desdeñable cantidad».
Llama también la atención a este instructor, se reseña en el auto del Tribunal Superior de Justicia, que el señor Gil Eguino en su declaración dijo textualmente, refiriéndose a todas sus actividades, «esto se hace, se ha hecho y se hará».
