La constructora cuenta con bienes y derechos valorados en 188 millones de euros para atender a este pasivo, del que más de la mitad está contraído con entidades financieras.
Este balance presentado por el grupo constructor en el momento de solicitar el concurso arroja así un déficit patrimonial de 53 millones de euros, según informa Iure Abogados, despacho especializado en concursal, que representa a un grupo de acreedores de la empresa, para los que organiza una reunión informativa.
Los "impagos o retrasos en el pago por parte de la Administración Pública" es una de las causas a las que Ploder atribuye su situación de insolvencia, dado que, según la empresa, en 2009 se "duplicó el plazo medio de cobro". La empresa también señala a otros factores, como la crisis financiera y la ralentización del mercado inmobiliario.
De la documentación aportada por Ploder destaca el descenso registrado por su patrimonio en los últimos ejercicios, desde el importe de 647 millones de 2008, hasta los 443 millones declarados en noviembre de 2009, cuando comunicó al juzgado su situación de insolvencia, hasta los 188 millones actuales. Una de las causas de esta reducción es la "devaluación de derechos de cobro frente a clientes".
No obstante, el grupo también vio mermar su pasivo, desde los 443 millones del último balance, hasta los 241 millones actuales, fruto de las compensaciones de deuda registradas entre empresas del grupo, que "recíprocamente se adeudan cantidades importantes de dinero".
Por otra parte, en el momento de solicitar su concurso, Ploder finalmente no presentó la propuesta de convenio que negoció con sus acreedores en los cuatro meses preconcursales que se dio para alcanzar un acuerdo sobre sus deudas cuando en noviembre del pasado año se declaró insolvente.
De ello, según Iure, cabe deducir que no alcanzó las adhesiones equivalentes al 10% del pasivo total a esta propuesta que ofrecía pagar el 60% de sus deudas (con una quita del 30%) en un plazo de tres años.
No obstante, Ploder manifiesta su intención de presentar una propuesta de convenio que, en este caso, necesitará el visto bueno del 20% de sus acreedores antes del próximo 12 de abril.
