domingo, 7 de enero de 2018

La actualización de los valores catastrales repercutirá también en IRPF, actos jurídicos, sucesiones y plusvalía

MADRID.- El pasado 30 de diciembre de 2017 se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social, entre ellas, la que contempla los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018, recuerda Cinco Días

Hasta cinco impuestos podrían verse afectados al alza con esta medida del Gobierno: el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), comúnmente denominado plusvalía.
La cantidad que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) subirá en 2018 en 1.296 municipios españoles, mientras que bajará en 534 localidades. Entre los municipios que revisan al alza sus inmuebles figuran Valencia, Teruel, Logroño, Huesca, Huelva, Cádiz y Badajoz.
Los coeficientes de actualización de valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, quedan fijados para 2018 con arreglo al siguiente cuadro:
La aprobación de estos coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018 supone una medida que tiene una repercusión inmediata en el impuesto sobre bienes inmuebles, ya que dicho impuesto se devenga el 1 de enero de cada año natural.
Así, si tenemos un contribuyente que tiene un bien urbano en un municipio cuya ponencia de valores es del año 1990 (cuyo coeficiente de actualización catastral es de 1,08) y cuyo valor catastral es de 200.000 euros (suponiendo un tipo de gravamen del 0,075), va a pagar 120 euros más respecto al año 2017.
Por otro lado, indirectamente la subida del valor catastral va afectar a otra serie de tributos relacionados con bienes inmuebles para los que la determinación de la base imponible de estos impuestos influye de forma más o menos directa la determinación del valor catastral. Entre otros podemos citar: en el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), por ese mismo inmueble que tiene el contribuyente, si no se trata de su residencia habitual y suponiendo que tiene un valor catastral de 200.0000 euros, el contribuyente va a tener que declarar una imputación de renta inmobiliaria en el IRPF de 4.320 euros, en vez de 4.000 euros.
Tenemos que tener en cuenta que en el IRPF, la determinación de la renta inmobiliaria imputable que corresponda a cada uno de los inmuebles urbanos se realiza mediante la aplicación de los siguientes porcentajes: 
1) con carácter general, el 2% del valor catastral del bien; 2) el 1,1% en los siguientes supuestos: 2.1) inmuebles cuyos valores catastrales hayan sido revisados, modificados o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general y hayan entrado en vigor en el periodo impositivo o en el plazo de los diez periodos impositivos anteriores; 2.2) inmuebles que carezcan de valor catastral o este no se hubiera notificado al contribuyente, la renta a imputar será el 1,1% sobre el 50% del mayor de los siguientes valores: el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adquisición.
Otros impuestos que pueden verse afectados son el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. En estos impuestos, en la gran mayoría de comunidades autónomas de este país la base imponible se determina por el valor que se establece en el Catastro, multiplicado por los coeficientes fijados por cada Administración autonómica. Así ocurre, entre otras, en las siguientes comunidades autónomas de nuestro país: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, País Vasco.
A modo de ejemplo, si transmitimos un bien inmueble urbano cuyo valor catastral es de 200.000 euros, si tenemos que aplicar un coeficiente de actualización del 1,08 y aplicando un tipo impositivo del ITP del 6%, supone que el comprador va tener que pagar 960 euros más que si el mismo bien hubiese sido vendido a finales de 2017.
Finalmente, no debemos olvidar un impuesto muy polémico en el momento actual como es el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), comúnmente denominado plusvalía, cuya base imponible de este impuesto se determina por el valor catastral que tiene el suelo. 
De tal manera que si tenemos un contribuyente que tiene un bien que adquiere en el año 2000 con un valor catastral del suelo de 60.000 euros, aplicando un coeficiente de actualización catastral del 1,08, de venderlo a finales del año 2017 a venderlo a comienzos de 2017 va suponer que aproximadamente tenga que pagar 1.231,20 euros más, si para el citado cálculo del IIVTNU solo tenemos en cuenta la normativa reguladora del IIVTNU que establece la Ley de Haciendas Locales.
Haciendo recopilación de todos los impuestos citados y teniendo en cuenta el supuesto práctico planteado, la subida del valor catastral en este caso puede suponer casi 1.500 euros de ingresos para las arcas de las distintas Administraciones públicas de nuestro país. Si extrapolamos este resultado para en torno a 1.296 municipios y teniendo en cuenta el número de bienes inmuebles que puede existir en cada municipio, podemos llegar a hacernos una ligera idea del impacto económico que puede plantear esta medida.
Para concluir, aconsejamos que revisen el cálculo del valor catastral de sus inmuebles, ya que como hemos podido ver, las consecuencias tributarias de que el valor esté mal calculado no solo afecta exclusivamente para determinar la cuota tributaria del IBI, sino que pueden verse afectados otra serie de tributos como los citados en el presente artículo.

El dato de empleo de Rajoy oculta el descenso de la protección social a los parados

MADRID.- El Gobierno ha acogido con euforia mal disimulada los datos de paro registrado hechos públicos esta semana. El número de inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal bajó en 290.193 el año pasado, según constata Público.

Aunque todavía no se ha vuelto al nivel previo a la crisis, falta ya muy poco para que así sea. A 31 de diciembre había 3.412.781 parados, frente a los 3.128.963 con que cerró 2008.
Sin embargo, estas cifras ocultan una realidad fácilmente constatable: que las personas sin trabajo, aunque sean menos, reciben cada vez un trato peor. 
Todavía no está disponible la información correspondiente al último mes de 2017, pero la de noviembre refleja a las claras hasta qué punto el Estado ha ido retirando la protección a uno de los colectivos ciudadanos más vulnerables.
Para empezar, sólo el 57,9% de los parados reciben algún tipo de prestación de la Seguridad Social, ya sea contributiva o no contributiva. Eso significa que más de un millón y medio carecen de toda ayuda de la Administración central para salir adelante. 
Al estallar la crisis, con un volumen de desempleo muy similar al de ahora, la tasa de cobertura se situaba en el 73,6%, según datos oficiales. 
No sólo hay un porcentaje menor de perceptores de prestación, sino que la contributiva ha disminuido de forma apreciable. En diciembre de 2008, el importe medio era de 830,4 euros mensuales, mientras que en noviembre pasado estaba en 818,9, después de caer un 3,4%. La inflación ha mermado aún más su poder adquisitivo, ya que superó de largo el 10% durante dicho periodo.
Aun así, quienes cobran la prestación contributiva son unos privilegiados en comparación con los perceptores del subsidio o de la renta activa de inserción, que ascienden a 430 euros fijos mensuales. Hay casi 900.000 parados en esta última situación, restringida a personas con especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo o para sobrevivir sin él.
El endurecimiento de las condiciones de acceso y los recortes en la prestación introducidos durante el mandato de Mariano Rajoy han permitido que el Estado ahorre dinero, a costa de empobrecer aún más a los parados. El gasto medio mensual ha pasado de 2.293 a 1.477 millones de euros desde el inicio de la crisis, con un descenso de nada menos que el 36% en diez años.

El mordisco de las autonomías a las herencias roza los 14.000 millones en cinco años


MADRID.- Las autonomías recaudaron el año pasado más de 2.500 millones de euros con el controvertido Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el gravamen que aplica un forzoso «peaje» fiscal cuando alguien muere con propiedades que deja en herencia -o el que se liquida cuando alguien realiza una donación en vida-. En el último quinquenio, 2013-2017, el mordisco propinado por las autonomías a las herencias de los españoles a ascendido a prácticamente 14.000 millones de euros, según los datos manejados por Abc.

Mientras crece el clamor social para exigir la supresión de este impuesto, las autonomías –que son las que lo regulan y cobran íntegramente- siguen haciendo caja. De hecho, en 2017 la mayoría de ellas ingresaron por este impuesto más que en 2016. Los mayores incrementos se dieron, por este orden, en la Comunidad Valenciana y Aragón.
A falta de las liquidaciones oficiales de noviembre y diciembre, hasta el 31 de octubre las autonomías en su conjunto habían ingresado con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones un total de 2.421 millones de euros, 39 millones más que en el mismo período de 2016, lo que supone un incremento del 1,65%. 
Eso significa que, con absoluta seguridad, la cifra final de recaudación de 2017 por el Impuesto de Sucesiones habrá superado ampliamente los 2.500 millones de euros tras añadírsele los datos de noviembre y de diciembre. Todo apunta a que, de nuevo, la redaudación total del último ejercicio por el Impuesto de Sucesiones será similar a la que se dio en 2016, cuando rozó los 2.700 millones de euros.
En cifras absolutas, Andalucía, Cataluña y Madrid son, por este orden, las autonomías que más ingresan con este tributo. Eso sí, Madrid lo consigue por su fortaleza económica más que por la presión fiscal, porque es de las comunidades con menor carga tributaria en Sucesiones, junto a Canarias, Cantabria y La Rioja. Andalucía, sin embargo, está en el extremo contrario, en el grupo de autonomías con un Impuesto de Sucesiones más alto, junto a otras regiones como Aragón o Extremadura.
Hasta el 31 de octubre, el conjunto de las autonomías ya habían recaudado 2.421 millones de euros por este tributo. Andalucía lideró la lista, con 392 millones de euros ingresados en diez meses con este tributo. Le siguió Cataluña, con 381 millones. A continuación, la Comunidad de Madrid -343,5 millones-, Galicia -293,5-, Comunidad Valenciana -223-, Aragón -172 - y Castilla y León, con 162 millones de euros hasta el 31 de octubre.
De enero a octubre de 2017 -últimos datos oficiales disponibles-, la Comunidad Valenciana y Aragón habían incrementado sus ingresos por el Impuesto de Sucesiones un 45% y un 41,4% respecto a 2016. Fueron, con mucha diferencia, las regiones que el año pasado más dispararon su recaudación tributaria por esta vía. 
En el lado contrario, Madrid y Canarias, con un descenso interanual de la recaudación por Sucesiones del -26% y del -23%, respectivamente. Asturias, Murcia y Navarra también aminoraron sus ingresos por este impuesto, mientras que todas las demás regiones –al menos hasta el 31 de octubre- se anotaron incrementos más o menos elevados.
Las progresivas rebajas aplicadas a lo largo de los años por algunas autonomías en el Impuesto de Sucesiones ha permitido que la recaudación global se haya reducido levemente en los últimos ejercicios. En 2013, el conjunto de las autonomías recaudaron con este tributo un total de 2.790 millones de euros; 2.812 millones en 2014, 2.757 millones en 2015, y 2.699 millones de euros en 2016. 

El Delta de l’Ebre lleva a la cazuela a su último invasor


TARRAGONA.- No habrá paz para el Delta de l’Ebre. El principal humedal de Cataluña encadena sustos al ritmo al que se suceden las incursiones de especies invasoras. El cangrejo azul es el último en tratar de adueñarse de la badía de los Alfaques. El crustáceo se reproduce a toda velocidad y solo se vislumbra un freno para evitar su expansión: los cocineros lo persiguen por sus buenas propiedades gastronómicas, según revela El País.

Se cumplen cinco años de la primera vez que los pescadores del Delta capturaron un ejemplar de cangrejo azul (Callinectes sapidus). El crustáceo, que puede llegar a tener hasta un kilo de peso, es muy vistoso porque tiene un característico veteado azulón en sus extremidades. Lo que entonces fue considerado un hallazgo extravagante ha dado lugar a una plaga que ha derivado, también, en negocio. 
“Al principio se vendía a dos euros el kilo en la lonja; ahora va a 10 euros el kilo”, cuenta Carmen, propietaria de una pescadería en el mercado municipal de Sant Carles de la Ràpita (Montsià). Estos días el cangrejo azul cotiza en la pescadería a 12 euros el kilo.
Fueron los propios pescadores los que presionaron para introducir este producto en la subasta de la lonja. A medida que los restaurantes de la zona han ido popularizando el uso del cangrejo azul se ha extendido su fama de óptimo condimento culinario. 
Su sabor es gustoso y se ha convertido en un magnífico aliado para aliñar arroces y calderetas. En todo el año 2016 se vendieron alrededor de 1.000 kilos de cangrejo azul. En 2017, la comercialización se disparó y se comercializaron 1.000 kilos al mes de este crustáceo.
La especie es originaria de la costa atlántica americana pero consta su introducción en el litoral occidental de Francia a principios del siglo XX. También es un veterano inquilino de las playas del Mar del Norte, en Dinamarca, Holanda, Bélgica y Alemania.
En el mediterráneo español, aunque su llegada ha sido posterior, la expansión se prevé imparable. El Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) calcula que ya está presente en toda la franja litoral que abarca desde Murcia hasta el norte de la costa de Tarragona. 
A diferencia de lo que sucede con el caracol manzana, la gran especie invasora que coloniza el Delta de l’Ebre pese a no tener capacidad motora, el cangrejo azul sí se moviliza de manera autónoma. En este contexto, la alta capacidad reproductora y su voraz apetito lo convierten en una maldición para la fauna autóctona, como por ejemplo el mejillón.

Fallece Rafael Marín, exdirector del IES 'Alfonso X el Sabio' de Murcia


MURCIA.-El exdirector del Instituto murciano Alfonso X el Sabio, Rafael Marín Hernández (Hellín, 1956), ha fallecido este fín de semana.

La misa de córpore insepulto se celebra esta tarde a las 18.00 horas en el tanatorio Murcia Centro, en Las Atalayas.

Marín recibió la medalla de oro el Día de la Región en 2013.

Clausurado el Año Jubilar de Caravaca 2017


CARAVACA DE LA CRUZ.- El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asistido esta mañana a la clausura del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz 2017, un acto solemne que ha tenido lugar en la Basílica Santuario de la Vera Cruz y que ha estado presidido por el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española.

Monseñor Blázquez señaló durante la homilía que años jubilares como éste "son aldabonazos a la conciencia cristiana", y las limosnas recogidas son destinadas a los pobres.
Blázquez subrayó que la Cruz de Caravaca, astilla del madero usado por los romanos para crucificar a Jesús de Nazaret, se encuentra entre las reliquias custodiadas y veneradas con mayor devoción en todo el mundo.
“Para gloria y exaltación de Nuestro Señor Jesucristo; para testimonio del amor misericordioso de Dios a la Humanidad; para aumento de la fe y de la vida cristiana en el pueblo fiel; declaramos clausurado y damos gracias a Dios por la celebración del tercer Año Jubilar Perpetuo en la Basílica-Santuario de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca”, con estas palabras del cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), finalizaba el Año Jubilar de la Vera Cruz de Caravaca.
Durante la homilía, el cardenal Blázquez manifestó su gozo por poder participar en esta “fiesta de la fe y veneración del Lignum Crucis”, explicando a los presentes que la cruz dejó de ser considerada un instrumento de martirio para pasar a ser Árbol de la Vida porque en ella murió Jesucristo, “es la concentración de su entrega al Padre y a nosotros los hombres… Es símbolo supremo de su amor”.
El arzobispo de Valladolid insistió en que el Año Jubilar de Caravaca es una “oportunidad para acogernos a la misericordia inagotable de Dios”, recibir la gracia del perdón y fortalecer la reconciliación entre los hombres.
“Caravaca de la Cruz es meta de peregrinaciones, donde los cristianos, con buen instinto evangélico, buscan al Señor crucificado y son estimulados en su seguimiento”, dijo el presidente de la CEE, explicando, además, que la Cruz es signo de la comunión con Jesucristo y vínculo de paz entre los hombres porque “en la Cruz, Jesús ha dado muerte al odio, perdonando y otorgándonos la fuerza para perdonar”.
A las 12:00 horas se iniciaba, en la Basílica Menor-Santuario de la Vera Cruz, la última Misa Jubilar de este año de gracia que comenzó con el saludo del Obispo de Cartagena al cardenal Blázquez, agradeciendo su visita.
“El Lignum Crucis es, para todos los caravaqueños y para toda la Diócesis, el signo más excelente del amor misericordioso de Dios, que nos ha convocado a una verdadera tarea evangelizadora”, dijo Lorca Planes.
Aunque todavía no se conocen las cifras totales de las personas que han llegado hasta la Basílica Menor Santuario de la Vera Cruz, Mons. Lorca Planes destacó que los miles de peregrinos que han llegado en este Año Jubilar a Caravaca han sido “invitados a caminar y a confiar, a escuchar a Dios y a abrir los ojos del corazón, para sentir en la vida diaria el latir del corazón de los que les rodean, especialmente de los más necesitados”.
El Obispo de Cartagena explicó, además, que lo recaudado con la limosna jubilar –cerca de 100.000 euros– se destinará la mitad al Óbolo de San Pedro, que se entregará al Papa en febrero, y la otra mitad a Proyecto Hombre en la comarca del Noroeste murciano: “En esta zona están haciendo una gran labor para liberar, especialmente a los jóvenes, de cualquiera de las adicciones que les esclavizan.
Más de medio millar de fieles participaron en la celebración de clausura, entre los que se encontraba el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo; el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras; y el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Moreno.
A su llegada a la Plaza del Arco, de Caravaca de la Cruz, el ministro había sido recibido por el presidente regional, Fernando López Miras.
La jornada de clausura comenzó con una misa solemne presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal y cooficiada también por el obispo de la Diócesis de Cartagena.
En el momento de la acción de gracias, la hermana mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Elisa Giménez-Girón, tomó la palabra para dar gracias al obispo, a todas las instituciones, voluntarios, administraciones públicas y empresas que han unido esfuerzos durante este año.
“Quiero darte las gracias, Señor, por habernos permitido ser el instrumento de fe necesario para acoger a todos los peregrinos que con fe cristiana se han acercado a esta Basílica buscando el don del santo jubileo… Felices y satisfechos, con la sensación del deber cumplido, cerramos este Año Jubilar 2017. Muchas gracias a todos. ¡Viva la Santísima Cruz!”.
Tras la eucaristía, el ministro, el presidente regional y las autoridades presentes, han firmado en el libro de visitantes de 'Caravaca Jubilar'.
López Miras, que había acompañado al ministro en la subida a la Basílica Santuario de la Vera Cruz, ve en la clausura de Caravaca Jubilar "la primera piedra de cara a la preparación del siguiente año jubilar, que tendrá lugar dentro de siete años". 
"Hoy empezamos a preparar ese proyecto que será 'Murcia Sacra', en el que 16 municipios de la Región de Murcia harán una oferta conjunta de todo el patrimonio cultural, turístico y religioso que tienen para ofrecer", ha subrayado.
El ministro Méndez de Vigo, por su parte, ha recordado que ha sido un año importante en España, que tiene tres ciudades santas, Compostela, Caravaca de la Cruz y Liébana, para mostrar "el gran patrimonio histórico, artístico, cultural y religioso que tenemos y que compartimos, no solo entre todos los españoles, sino también con todos aquellos que quieren venir y disfrutarlo".
En 1998 el Papa San Juan Pablo II otorgó al Santuario de la Vera Cruz el privilegio de un Año Jubilar a perpetuidad, en torno a la devoción a la Sagrada Reliquia, a celebrar cada siete años; teniendo lugar el primero en el año 2003. Un privilegio que permite seguir lucrando las Indulgencias Plenarias si se peregrina en grupo a la Basílica Santuario cualquier día de cualquier año. “Quien quiera puede venir a la Cruz de Caravaca y encontrarse con el amor y la misericordia de Dios, porque Caravaca sigue siendo lugar de peregrinación”, recordó Mons. Lorca Planes.

Los trabajadores de Bankia y BMN temen más cierres de sucursales en Baleares

PALMA.- El cierre de 35 oficinas en Baleares (unas 145 a nivel estatal) comunicado por Bankia tras la fusión con Banco Mare Nostrum (BMN) –donde se integró en su día Sa Nostra– podría ser sólo el preludio de las clausuras que están por venir. Éste es el principal temor que expresan los sindicatos, ante el inminente inicio de la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), según ha publicado Diario de Mallorca

En esa idea coincidieron ayer representantes sindicales como Joan Torrens, portavoz de Unió Obrera Balear (UOB) –que se define como el sindicato mayoritario dentro de BMN en la Comunidad–, y el secretario general estatal de UGT–Bankia, Jesús Vázquez, quien lamentó que las fusiones se aprovechen para "adelgazar la red de oficinas y abaratar costes laborales".
El comienzo de la negociación del ERE está previsto para el próximo 11 de enero en Madrid, y uno de los aspectos clave que pondrán sobre la mesa los sindicatos es que se tenga en cuenta la realidad insular en futuros procesos de recolocación de trabajadores.
"Hay que tener un trato especial para Baleares al ser unas islas. Por eso, pedimos la movilidad funcional", argumentó Vázquez. Por su parte, Torrens, quien se mostró convencido de que habrá recolocaciones de empleados, remarcó la necesidad de que éste –el de la movilidad– sea un tema a pactar en cualquier proceso negociador.
La negociación dirimirá el futuro laboral de cerca de 2.500 trabajadores de Bankia y BMN, que son los afectados por el ERE. En Baleares, el número total de empleados de ambas entidades, que no de afectados por el expediente de regulación de empleo, ronda el millar (877 de BMN y unos 120 de Bankia). 
 Unió Obrera Balear lamentó que la entidad bancaria no haya actuado de "buena fe", porque, aseguró, el cierre de sucursales "aumenta la presión" sobre la negociación del ERE que empezará previsiblemente la semana que viene en Madrid.
En opinión de este sindicato, el cierre de oficinas en Baleares limita las posibilidades de recolocación de los trabajadores "dentro de un radio geográfico razonable", en referencia a los problemas que supondría para un empleado de las islas tener que desplazarse a una sucursal bancaria situada en la Península.
UOB sostuvo que la entidad bancaria "ha renegado de la orientación social y de la proximidad al cliente, de la presencia en todos los pueblos y barrios, de hacer la vida más fácil a los clientes mayores, de fomentar el ahorro entre los más jóvenes"; todos ellos, remarcaron desde el sindicato, eran aspectos que caracterizaban a las cajas de ahorro de toda la vida.
"Es una barbaridad. Aprovechan las fusiones para adelgazar la red. Para ellos, parece que sólo hay costes laborales que abaratar. La mala gestión nunca la pagan los gestores", declaró, por su parte, el secretario general estatal de UGT–Bankia, quien informó de que barajan la estimación de que pueden llegar a cerrar "300 oficinas más a nivel estatal".
De cara a la negociación sobre el expediente de regulación de empleo, Vázquez avanzó que plantearán reducir la cifra de afectados por el ERE (2.500 empleados) y tener en cuenta la movilidad geográfica.

La Unidad Mixta de 'Navantia' y la UDC logra avances pioneros en el sector naval


FERROL.- Navantia y la Universidad de La Coruña (UDC) crearon en el campus de Ferrol en octubre de 2015 una Unidad Mixta de Investigación (UMI), denominada “Astillero del Futuro”, con un período de vigencia de tres años y cuyos objetivos eran la mejora de los procesos y el acercamiento de la tecnología al puesto de trabajo en el astillero de Ferrol, para afrontar el desafío técnico-industrial del programa de fragatas F-110, según publica hoy http://www.diariodeferrol.com.

En la actualidad trabajan en la UMI más de cien personas entre el personal experto de Navantia, los profesores e investigadores de la UDC, el personal contratado específicamente por la UMI y el personal de centros colaboradores, entre los que destacan la Universidad de Vigo, Siemens, PTC o el CTAG y también empresas como Emetel, Avansig, o SCIO.
De acuerdo con los objetivos de la propia UMI, se trabaja en cinco líneas de investigación. Por un lado, la optimización de procesos de fabricación mediante técnicas de modelado y simulación, con actuaciones concretas en la construcción de buques, procesos de eólica marina, robótica y automatización.
Fruto de estos trabajos, ya se ha logrado completar el modelo virtual de las factorías de Ferrol y Fene y se está optimizando tanto la fabricación de las primeras fragatas F-110, como de proyectos de eólica marina. En los próximos meses se modelizará la nueva planta prevista de Ferrol, con la que se espera fabricar las últimas unidades de estos buques.
Además, se está definiendo la logística interna necesaria para apoyar la fabricación en línea –aprendida del sector de la automoción–, lo cual supondrá un cambio radical en la forma de fabricar barcos.
Por otro lado, el proyecto de automatización de paneles pre-armados supondrá la robotización de más del 80% de estas piezas en la zona de cubierta, mamparo y forro del buque.
Otra de las líneas de investigación de la UMI en el contexto del astillero 4.0 tiene que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). El objetivo de estos estudios es poner a disposición del trabajador de forma digital toda la información de los sistemas corporativos.
La actuación más destacable lograda hasta el momento por los miembros de la UMI se refiere a la identificación y localización de productos (principalmente tubos y palets). De hecho, como resultado del éxito conseguido en las investigaciones, el sistema se ha implementado en el taller de tubería de Navantia Ferrol, construyendo una solución capaz de procesar hasta 250.000 etiquetas activas. Actualmente, se está trabajando en una actualización de este sistema para analizar estas etiquetas en interior de buques.

El otro proyecto, llamado
TagWAN”, da una vuelta de tuerca a este sistema y tiene como objetivo la monitorización remota de la posición de cualquier producto del buque de forma precisa, pudiendo examinar su trazabilidad desde el inicio al fin de su vida útil. Asimismo, el sistema ofrece la posibilidad de consultar y analizar el histórico de posiciones de un producto. “El prototipo desarrollado se considera muy prometedor y novedoso, por lo que se están iniciando los trámites de su patente”, explica Carlos Merino, presidente del comité de dirección de la UMI.
Paralelamente, se está trabajando un proyecto piloto en base a aplicaciones de realidad aumentada y la utilización tanto de gafas especiales como otras líneas de investigación para incorporar las nuevas tecnologías digitales a los talleres y procesos del astillero.

Sin cables
La línea de investigación de tecnologías disruptivas específicas para las fragatas F-110 trata de incorporar a este programa militar los últimos avances de la Industria 4.0. Una de las principales actuaciones tiene que ver con el concepto “wireless” –sin cables–, que pretende reducir en un 20% el volumen de cableado del buque. La UMI trabaja junto a la Armada y la Universidad de Vigo en este proyecto. En las fragatas más modernas de la marina española también se pretende sustituir la soldadura tradicional por el uso de adhesivos en todos los elementos estructurales ya pintados, algo en lo que la UMI lleva trabajando desde sus inicios.
La utilización de la inteligencia artificial para las difíciles tareas de control de averías a través de un sistemas auto reconfigurables es otro de los retos que se pretenden incorporar a las F-110. El objetivo es implementar, por primera vez en el mundo, una solución automática para sistemas distribuidos de contraincendios y agua refrigerada en alguna de las nuevas fragatas. En los próximos meses comenzarán las pruebas de validación.
En un mundo tremendamente conectado, tanto horizontal como verticalmente, las líneas de investigación de ciberseguridad y de vehículos autónomos son una parte fundamental de las investigaciones de la UMI.
Además de avanzar en la búsqueda de la necesaria y cada día más difícil seguridad de los sistemas informáticos, también trabajan en las aplicaciones de los vehículos autónomos y, en particular de drones, tanto en espacios confinados para medición de espesores, como en espacios exteriores, para vigilancia y medición.
Adicionalmente a los logros conseguidos en las diversas actuaciones, miembros de la UMI han publicado más de una decena de artículos técnicos en revistas de prestigio internacional, presentado ponencias en diversos congresos técnicos (destacan los dos galardones conseguidos sobre Modelado y Simulación e Internet Industrial de las Cosas (IIoT) en el 56º Congreso de Ingeniería Naval y Oceánica) y artículos generales sobre la UMI en revistas del sector, como GMT o PLC++.
También se ha intensificado el apoyo al Plan de Transformación Digital de Navantia y la coordinación con las actuaciones que la empresa viene desarrollando en las otras zonas geográficas, como la Bahía de Cádiz, Cartagena y Madrid.

Defensa estudia la equiparación salarial de los militares a Policía y Guardia Civil

MADRID.- La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha anunciado la elaboración de «un estudio serio y riguroso» que aborde también la equiparación salarial de los efectivos de las Fuerzas Armadas con el de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La iniciativa, que ya fue presentada en la última reunión del Consejo de Personal, fue parte de su discurso por la Pascua Militar, donde también anunció la intención de su departamento de aprobar este año un Plan Integral de Orientación Laboral en las Fuerzas Armadas o un Plan General de Cultura y Concienciación de Defensa «que permitirá que la sociedad reciba una mejor información sobre la Defensa y sus Fuerzas Armadas».

El tráfico en las autopistas crece por cuarto año consecutivo

MADRID.- La red de autopistas de peaje española ha encadenado en 2017 su cuarto año consecutivo de crecimiento del tráfico, que además se sitúa en máximos de los últimos siete años al superar la cota de los 19.000 vehículos diarios.

Así se desprende de los datos del Ministerio de Fomento correspondientes a la conclusión del pasado mes de noviembre, cuando esas vías presentaron una media de 19.293 usuarios al día, un 4,5% más que en el mismo periodo de 2016.
Este volumen de vehículos está aún lejos del máximo de 23.909 que las autopistas contabilizaron al día en 2006, el ejercicio previo a la crisis, a pesar de que entonces la longitud de la red de pago era algo inferior a la actual (de 2.382 kilómetros, frente a los 2.560 kilómetros actuales).
A pesar de ello, los datos de 2017 consolidan la tendencia a la recuperación que las autopistas vienen experimentando desde 2014. La mejora de la economía, con el consiguiente aumento de la movilidad de personas y bienes, así como la contención del precio de los combustibles, el incremento del turismo y el decenso del precio de los peajes en los dos últimos años son algunos de los factores que apuntalan este aumento de usuarios.
El sector avanza en su recuperación en vísperas de que el Estado, a través del Ministerio de Fomento, 'rescate' las nueve autopistas de peaje que quebraron a lo largo de 2012, en plena crisis económica.
Precisamente, el desplome del tráfico que estas vías sufieron en esos años, junto a los problemas de deuda causados por los sobrecostes de las expropiaciones, constituyeron los principales motivos de la insolvencia de las vías.
El Departamento que dirige Íñigo de la Serna prevé abordar este año el 'rescate' y la posterior vuelta de las vías a la gestión por parte de empresas privadas, toda vez que los procesos concursales en que están inmersas sus actuales concesionarias están desembocando ya en la liquidación
Se da la circunstancia de que alguna de estas autopistas en quiebra son las que más aumentaron su tráfico entre enero y noviembre del pasado año. Es el caso de la radial R-5 Madrid-Navalcarnero, que contabilizó 10.696 vehículos al día, un 33,6% más.
La AP-41 Madrid-Toledo elevó un 14,5% su volumen de usuarios diarios, aunque se mantiene como la que menos registra (996 al día). De su lado, la radial R-4 Madrid-Ocaña elevó un 10,6% su tráfico (5.721 usuarios diarios), la R-2 Madrid-Guadalajara creció un 8,1% (5.316 vehículos) y la AP-36 Ocaña-La Roda contabilizó 3.220 coches, un 6,7% más.
Respecto a las autopistas más maduras y sin problemas económico-financieros, tres tramos de la AP-7 a su paso por Cataluña se mantienen como los de mayor tráfico de la red. El comprendido entre Montmeló y El Papiol el que más, dado que contabiliza 115.135 circulaciones al día y además crece un 3,9%.
También se anotaron crecimientos superiores a la media la AP-4 Sevilla-Cádiz (22.065 tránsitos al día, un 5,6% más) y el tramo de la AP-7 entre Málaga y Guadiaro (32.262 vehículos al día, un 7,1% más). La AP-71 León-Astorga registró 4.446 circulaciones diarias, un 6,28% más.

Un estudio revela que la población de los caballitos en el Mar Menor se ha reducido en un 90%


CARTAGENA.- El caballito de mar podría terminar desapareciendo del Mar Menor. Y es que su población podría haber descendido en torno a un 90 por ciento según los resultados preliminares de un estudio de la asociación Hippocampus, que concluirá en el verano de 2018 y que subraya que esta especie "no podía ser ajena a la tragedia del Mar Menor".

La asociación, que se dedica al estudio y conservación del Mar Menor en general y del caballito de mar en particular, como especie emblemática del mismo, surgió en el año 2007 a partir del 'Proyecto Hippocampus', incluido en el Programa de Acción del Voluntariado Ambiental de la Región de Murcia, y en la actualidad es una de la más de 30 asociaciones y organizaciones que integran la plataforma ciudadana 'Pacto por el Mar Menor'.
En su asamblea anual, el 16 de diciembre esta asociación presentó un informe sobre la situación del caballito de mar durante el año que finaliza. 
Miguel Vivas, voluntario de esta asociación, presentó los resultados preliminares del estudio sobre el estado actual de la población en la laguna basados en los 15 muestreos que se han llevado a cabo durante 2017 y que se caracterizaron por una "bajísima densidad" de Hippocampus guttulatus, una especie que era abundantísima en el pasado en la laguna y que está catalogada en "peligro crítico", según el Libro Rojo de los Vertebrados de la Región de Murcia.
Este descenso en el tamaño de la población parece estar ligado a los episodios de eutrofia que durante el 2016 provocaron la pérdida de la cobertura vegetal en la práctica totalidad del interior de la cubeta y la anoxia de los fondos, según la asociación.
Según explica la misma, el caballito de mar necesita de esas praderas para su supervivencia, "de modo que en la actualidad y debido a las gravísimas alteraciones ambientales de la laguna, ésta se encuentra seriamente comprometida".
Desde la asociación indican que aunque la pesca extractiva de caballitos con fines comerciales ha desaparecido, existen otras amenazas que se ciernen sobre esta especie como el aumento de especies depredadoras como la lubina, la dorada o el cangrejo azul (Callinectes sapidus) -esta última especie introducida recientemente en la laguna-.
A estas amenazas se suman la mediterranización de sus aguas, "en lo que no ayudará si se lleva a cabo un dragado de sus golas"; o la mortalidad accidental provocada por la retirada de las redes anti-medusas cada otoño.

La sierra del Carche (Jumilla-Yecla) ha amanecido ligeramente nevada este domingo igual que Sierra Espuña

JUMILLA/TOTANA.- Aunque de forma leve, las primeras nevadas del año ya han hecho su aparición en la Región. Según informó esta mañana Meteoaltiplano, el pico la Madama, en la sierra del Carche, amanecía este domingo con un fino manto blanco. Ayer tarde ya se pudo ver nieve en las cimas del Noroeste y Sierra Espuña (imagen inferior).

La Aemet ha informado de que no se descartan nevadas hoy en cotas superiores a los 900 metros en la Región.

Las temperaturas durante esta jornada van en descenso, con heladas débiles en las zonas del Altiplano y el Noroeste. Los vientos del oeste, girando por la tarde al suroeste, serán en general flojos, pero más intensos en el Campo de Cartagena.

En concreto, para hoy se esperan 6 grados de temperatura mínima y 14 de máxima en Cartagena; -1 de mínima y 10 de máxima en Caravaca de la Cruz; 1 de mínima y 13 de máxima en Lorca; -1 de mínima y 9 de máxima en Yecla; y 3 de mínima y 15 de máxima en Murcia.  


Hasta cuarenta y seis provincias y la ciudad de Melilla se encuentran en alerta roja, naranja o amarilla por riesgo de nevadas, aludes, fenómenos costeros, tormentas, lluvia y viento, siendo Navarra y La Rioja las más afectadas por nevadas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las provincias vecinas de la Región también sufren el azote del temporal. En Andalucía, Jaén y Granada están en alerta naranja por nevadas, y en la segunda, además, en amarilla por lluvia, viento, tormenta y fenómenos costeros. En Cádiz son las lluvias las que ponen a la provincia en alerta naranja. Además, Málaga y Almería están en alerta amarilla por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

Desde la Aemet prevén para hoy en la Región cielos con intervalos nubosos en el interior, poco nubosos en el litoral y con nubes altas. No se descartan precipitaciones, aunque débiles y ocasionales en el Noroeste. La cota de nieve se sitúa en torno a los 900 metros en el Noroeste y el Altiplano. 

Las temperaturas, por otro lado, irán en descenso, con heladas débiles en algunas zona del Altiplano y el Noroeste. Eso sí, los vientos seguirán siendo intensos en el Campo de Cartagena. 

La nieve tiñe de blanco buena parte de la provincia de Albacete





ALBACETE.- El Gobierno regional ha activado el Plan de Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) ante el riesgo de nevadas en toda Castilla-La Mancha. La nieve ha hecho presencia en Villarrobledo, Bienservida, Munera, Tus... En Albacete capital también han caído ligeros copos, según publica El Digital de Albacete.

Más de 30 incidentes se registraron este sábado por acumulación de nieve en Castilla-La Mancha, según han confirmado fuentes del 112 de la región.
Desde las 11.00 horas, que quedó activado el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en fase de alerta, hasta las 19.00 horas, se han registrado 30 incidentes en Guadalajara, dos en Toledo, dos en Cuenca, uno en Albacete y otro en Ciudad Real.
Los más graves han tenido lugar sobre las 15.00 horas uno en Miedes de Atienza (Guadalajara) en la CM-1005, que ha quedado cortada por nieve y otro a la altura de la CM-1006, donde se han quedado atrapados dos vehículos, que posteriormente han sido rescatados.
Cuando se prevén nevadas de cierta intensidad es preferible evitar los desplazamientos por carretera. En el caso de que sean necesarios, antes de iniciar el viaje es conveniente informarse sobre el estado de la vía y la previsión meteorológica, revisar los neumáticos, llenar el depósito de combustible, asegurarse de llevar cadenas y llevar un móvil con la batería cargada.
Si queda atrapado por la nieve debe permanecer en el interior del coche con el motor encendido y la calefacción puesta. Compruebe, cada cierto tiempo, que la salida del tubo de escape no se encuentra obstruida para evitar que el humo penetre en el interior del vehículo.
Por último, se recuerda que ante cualquier tipo de incidencia que sufra puede llamar al teléfono del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, solicitando a todos los ciudadanos hacer un uso responsable del mismo.



 Arriba, proximidades de Riópar y, abajo, las Lagunas de Ruidera y Yeste.

La esquela / Joaquín García Cruz *

Una esquela de página entera en los primeros periódicos del nuevo año, con su cruz gigante, su D. E. P., sus letras negras y su mal rollo, fue la forma elegida por los populares para comunicar a los cuatro vientos la defunción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

En realidad, el gravamen habita aún entre nosotros, aunque ciertamente reducido a cenizas porque se ha minorado hasta un simbólico 1% el dineral que antes se apoquinaba por recibir una herencia entre padres, hijos y cónyuges y por realizar una donación ‘inter vivos’ con estos mismos grados de consanguinidad. 

La publicidad mortuoria no parece el mejor modo de felicitar a nadie ni de alborozarse ante una rebaja fiscal, pero el logro está conseguido, y con creces, si lo que se pretendía era hacer ruido y llamar la atención en las redes sociales, donde Mariano Rajoy contribuyó al debate con un ‘me gusta’ y la oposición sigue dándole cera a la esquela. 

Lo sustantivo del asunto, sin embargo, no radica en tan singular alboroque, sino en la supresión misma del impuesto. Lleva razón el consejero Andrés Carrillo cuando la considera «una medida de política social de primer orden». 

Muchos de los 15.000 murcianos que cada año afrontaban el pago de este tributo terminaban renunciando por cientos al legado de una casa paterna, o de cuatro tahúllas en la huerta, ante la imposibilidad de abonar el gravamen, que no siempre era soportable para una economía modesta: recibir en herencia un bien valorado en 180.000 euros, por ejemplo, comporta ahora el pago previo a Hacienda de 240 euros, pero hasta 2015 suponía un castigo de 24.000 euros, que ya en 2016 se limitó a ‘solo’ 3.000 merced a una primera rebaja, también significativa (del 60%), pero que entonces no se anunció con tantas alharacas. 

La eliminación del impuesto no es, por consiguiente, una decisión que favorezca únicamente a los ricos. Y objetar que los 26 millones que la hacienda regional dejará de ingresar este año podrían destinarse a mejorar la sanidad llevaría al absurdo de preguntarnos por qué no volcar en el maltrecho sistema de salud la totalidad de las arcas públicas, dada la voracidad insaciable del gasto sanitario, que solo podrá contenerse -y va veremos hasta qué punto- de la mano de un nuevo y más razonable sistema de financiación autonómica. 

A mi parecer, la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones constituye una buena noticia, quizá el primer mojón de un año, 2018, del que Fernando López Miras vaticinó en su discurso de Nochevieja que será el «más positivo de la historia reciente», empujado sin duda por un entusiasmo que, con independencia de que se antoja exagerado, anticipa la ruta de campaña que el PP ha dibujado ya, y que está marcada por la necesidad de poner tierra de por medio con Ciudadanos. 

El partido de Albert Rivera le comió la tostada a los populares en Cataluña y amenaza con un crecimiento electoral análogo en el resto de las comunidades, así que en esta pugna a codazos con la formación naranja es donde encaja el hecho de que PP y Ciudadanos se disputen como niños el mérito de haber eliminado el impuesto sucesorio. Tan lejos llegan unos y otros en su empeño por atribuirse la gloria de la rebaja fiscal -incluida por el PP en su programa electoral de 2015- que a la esquela de marras respondió enseguida en Twitter el jefe de filas de Ciudadanos, Miguel Sánchez, con un mensaje más propio de un consejero con mando en plaza que de un portavoz de la oposición: «Comenzamos el año eliminando impuestos». 

La gresca durará hasta que las urnas se abran en 2019. Aún no habían terminado los dos partidos de enterrar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y allí mismo, en el velatorio, volvieron a chocar, pero esta vez por algo más peliagudo, de mayor gravedad y de resonancia nacional: la citación por el Tribunal Supremo de la senadora Pilar Barreiro, imputada en ‘Púnica’, el mismo caso que tumbó al expresidente Pedro Antonio Sánchez. Ciudadanos quiere su cabeza, y está en su derecho a cobrársela porque firmó un pacto de investidura con Mariano Rajoy, y los pactos se cumplen o se tiran a la basura.

Pilar Barreiro es ya el problema principal de Fernando López Miras. Si el PP sigue haciéndose el remolón con sus imputados, no podrá afianzar la solvencia de su candidato a la Comunidad Autónoma y su virginidad política quedará desautorizada como principal activo para conducir al PP hasta una victoria electoral. 

O López Miras hace valer su condición de presidente regional del partido, y aparta del Senado a la exalcaldesa de Cartagena -inmediatamente y sin la menor conmiseración-, o quedará tocado para siempre por la misma conchabanza que tantos disgustos ha traído al PP cuando le ha tocado lidiar con la corrupción y se ha cruzado de manos. 

Malo sería que López Miras se dejara conducir por su antecesor en la resolución de este asunto, y peor aún que aceptara las presiones de la propia Barreiro para mantenerse en el escaño, desoyendo el consejo que Paul Aster ofreció ante los periodistas durante la reciente presentación en Madrid de su (soberbia) novela ‘4 3 2 1’: «Los moribundos nunca deberían dar consejos». 


(*) Columnista


El gran robo del siglo / Ramón Cotarelo *

El robo del siglo y del país. Y en más de un sentido.

Es una convicción generalizada: los que venían a gestionar bien, con sentido común, sin gastar más de lo que tenemos, a acabar con el paro en dos años, han destruido, han esquilmado el país. Han descapitalizado todos los servicios públicos, reducido los salarios a la miseria, recortado o suprimido todo tipo de subsidios, arruinado la I+D y expoliado el fondo de reserva de la seguridad social. Y han creado una deuda pública billonaria que habrán de pagar las generaciones futuras.

Un crimen. Perpetrado por una mezcla de incompetencia y corrupción y, la verdad, no se sabe cuál será mayor. Porque sinvergüenzas son un rato largo (mil imputados, se dice pronto), pero estúpidos, aun más. Basta con oírlos hablar, empezando por el presidente de los sobresueldos, que no sabe ni en qué año vive. 

Un crimen palmario, público, evidente, trufado de verdaderas afrentas a la dignidad (y los bolsillos) de la ciudadanía, como los rescates bancarios o el hecho de que Urdangarin y Rato anden por ahí mientras Junqueras y otros están en la cárcel. Paladino, notorio, humillante. Tanto que ya está saltando a los medios internacionales como lo que es, un gobierno de una asociación de presuntos delincuentes (vulgo mafia) .

Claro que no es la resonancia internacional de la corrupción lo que preocupa al gobierno. Si es capaz de censurar y manipular la información interior, más podrá hacerlo con la exterior. Lo que le preocupa es la solidez del apoyo judicial a su política represiva en Cataluña. Represiva y provocadora pues, valiéndose del 155, busca impedir el normal desarrollo de la política institucional catalana a base de torpedear el cumplimiento del resultado de las elecciones del 21D, como se le exige en la UE. 
 
Lo que le preocupa es hasta qué punto en Europa se aceptará la excusa judicial para sancionar un estado de excepción que ni hay modo de justificar ni tiene expectativa alguna de viabilidad. En qué medida Europa no relacionará el conocimiento de la corrupción en España, la falta de independencia judicial que denuncian el Consejo de Europa y la Comisión Europa con un procedimiento judicial que tiene caracteres de "justicia política", incluso inquisitoriales.

Si de lo que se trata es de hacer, como dice el abogado de Junqueras, una causa general contra el independentismo, conviene que los estrategas de la derecha piensen en la eventualidad de tener que ampliar la causa a los más de dos millones de votantes de partidos independentistas. 

Para encontrar una cortina de humo capaz de ocultar la catástrofe que han organizado a fuer de incompetentes y ladrones van a necesitar algo más que partir el país que heredaron de sus padres.
 
 
 
 
Richard R. Weiner & Iván López (2017) Los indignados: Tides of Social Insertion in Spain Washington/Winchester: Zero books, (217 págs)
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Recordarán los lectores que, a principios de diciembre pasado, Palinuro daba cuenta de la publicación de la obra de teatro de Marcel Vilarós, titulada Mi abuelo fue a Cuba. Además de asignarme el ocasional papel (los grandes actores tenemos siempre comienzos modestos) Marcel me pidió un prólogo, que aparece antes de la obra con el título de Menos se perdió en Cuba.

De prólogos a postfacios, la vida es un balancín. Los profesores Weiner y López han publicado un interesante trabajo de investigación y reflexión sobre el fenómeno de los indignados que tanta alharaca mediática suscitó en los primeros cinco años de la crisis y su deriva político-institucional posterior de Podemos y sus confluencias. Para acabar de arreglarlo tuvieron la caritativa idea de honrarme pidiéndome unas líneas que figuran como "Afterword" en el texto.

El libro tiene muchos méritos. Enumerarlos haría interminable la reseña y no en todos los casos con la debida justicia. Es un trabajo académico, claramente expuesto y bien apoyado en fuentes empíricas, estadísticas y doctrinales. Pero, al mismo tiempo, es un ensayo elegantemente escrito, con capítulos de longitud muy desigual como desiguales son las cosas en la vida y en un estilo fresco y original. Es una rendición de cuentas de una cultura política desde dentro y fuera de ella, desde las perspectivas emic y etic de los antropólogos.

Weiner y López son ellos mismos indignados, se sienten indignados y, al mismo tiempo, son optimistas al considerar que el movimiento lleva a una potencialidad y realidad (especialmente en el ámbito municipal) de cambio emancipatorio por medios nuevos. Su conclusión está contenida en el título : mareas de inserción social en España. Reténgase el complemento circunstancial de lugar, España, pues es importante. Al fin y al cabo la idea de indignarse nace en Francia pero toma cuerpo en España. Un poco al modo en que, según Heine, la filosofía alemana soñaba con la revolución que los franceses hacían.

La idea y esperanza de los autores es que el movimiento indignados es una forma única, original, rizomática de reinserción social de una generación de marginados, desplazados y privados de futuro. A este extremo se ha llegado por la diabólica conjunción de una crisis económica que ha doblegado a los Estados como instituciones soberanas, haciéndolos incapaces de garantizar una gobernanza justa y un trastorno sociodemográfico sin precedentes en cuanto a esperanza de vida, robotización el trabajo y restricción del empleo.

Junto a Deleuze se recurre asimismo a Gorz por lo de la desaparición de la clase, que era un viejo y seguro mecanismo de integración. Junto a estas dos, el discurso de los autores tiene fuertes apoyos doctrinales en Lipset, Luhmann, Habermas, Turaine, etc., en un arco que va desde la primera "crisis de legitimidad" hasta las formulaciones de sociedades postcapitalistas, desde las elaboraciones teóricas de otro mundo es posible a la aplicación práctica de las plataformas antidesahucios, en fuerte hermandad de espíritu con el municipalismo del movimiento.

Los autores incluyen una especie de tabla cronológica de la evolución que estudian desde febrero de 2009 (formación de la PAH ) hasta el 3 de junio de 2016, lo que no obsta para que analicen el resultado de las elecciones del 26 de junio de ese año. La narrativa tiene una ruptura en 2014. Hasta entonces, se habla, considera e investiga a los indignados; desde entonces, el foco se pone en el desarrollo de Podemos y sus confluencias. La primera parte señala el movimiento Indignados como asambleario, rizomático, democrático, abierto, grass roots, desvertebrado, sin jerarquía, espontáneo y español. 
 
 A este respecto, en un apartado relativo a la crisis del Estado de la Transición, los autores, dejan caer una observación, claramente dirigida a orientar a los lectores extranjeros que dice: For centuries, Spain scarcely developed a democratic culture (p. 47). Este es el sentido profundo de la determinación circunstancial de lugar antes señalada. Sobre el fondo de la resignada afirmación ha de entenderse la alegría, casi regeneracionista, con que los autores saludan y analizan el surgimiento de Podemos, y sus confluencias, surgidas según este avanzaba, al modo en que los seres humanos nacen de la tierra al paso de Cadmo tirando los huesos de su madre.

Para valernos de Luhmann, Podemos traía una promesa de poner en contacto dos sistemas que se habían distanciado, el político y el social, haciéndolo en el terreno que el sociólogo alemán considera coextensivo de la acción social: la comunicación. Es muy de resaltar cómo Podemos se crea un espacio mediático propio y prestado, novedoso, que posibilita esa comunicación entre los sistemas. La reiterada firmación de Iglesias acerca de la política bifronte de Podemos, en las instituciones y en la calle, bien claro lo deja. Hacia la calle, ruptura de la razón de Estado; hacia el Parlamento, la voz del pueblo. ¿O es una visión excesivamente radical?

Los autores dedican la segunda parte al análisis de Podemos como formación política, surgida de los "iracundos nietos del segundo aburguesamiento" (p. 69). Presionados por la precariedad, léase precariado, de Guy Standing (p. 103) que nos explica el carácter de movimientos anti-neoliberales estos "nietos" organizan partidos políticos alternativos. Podemos. El estudio de la organización incluye su estructura interna, sus tendencias, sus relaciones con los medios, su electorado, etc. y los sitúa luego sobre tres grandes fondos electorales: las elecciones locales de mayo de 2015 y las generales del 20 de diciembre de 2015 y 26 de junio de 2016.

Las municipales (y autonómicas) desplegaron una amplia variedad organizativa local que se articuló en las famosas confluencias. Un tratamiento específico de este asunto que tuviera en cuenta factores diversos como los distintos nacionalismos y/o peculiaridades locales requeriría otro libro. Señalada queda la importancia de las confluencias en la estructura de Podemos y la cuestión de hasta qué punto sean compatibles.

Las generales presentan otro cariz. Juegan consideraciones de gran política, alianzas, coaliciones de gobierno, mociones de censura, investiduras, la política institucional como vértigo. Sorpasso, conflicto interno en el PSOE, impacto de C's en el PP, todo este batiburrillo, acompañado de la presión lateral del independentismo catalán, cada vez más dominante, se resolverá (es un decir) a raíz de las elecciones de nuevo generales de 26 de junio. Los autores registran el fracaso del Sorpasso como determinante de la estrategia de Podemos, que pierde más de un millón de votos con su unión con IU en Unidos Podemos (p. 174).

A la espera de la evolución posterior, no hay inconveniente en saludar la fórmula propuesta por los autores de Podemos como un partido-movimiento, yéndose a buscar inspiración para ello al alma de varios movimientos partidos latinoamericanos, lo que traza el pedigrí del concepto laclaviano de "significantes vacíos" (p. 166).

Insisto en la claridad expositiva, muy útil para tema tan abigarrado. Y la audacia con que quedan planteados los dos temas cruciales a la hora de analizar conjuntamente los Indignados y Podemos: a) hasta qué punto llega esta conexión entre movimiento y partido y si Podemos es el representante, el albacea o el tapón del movimiento; b) hasta qué punto es compatible una estructura de partido con las confluencias y, especialmente, con una realidad tan inestable y cambiante como la política municipal, en un país que reverbera de "ciudades rebeldes" (p. 25), interesante concepto de David Harvey que me propongo investigar.

 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Puigdemont y el pacto de impunidad / José Antonio Zarzalejos *

La maquinaria de fabulación secesionista -esa que ha elaborado el relato de lo que iba a ser y nunca fue: la república catalana- trabaja a pleno rendimiento con el concepto de la legitimidad de Puigdemont como presidente, presente y futuro, del Govern de la Generalitat de Catalunya. No hay tal. 

Se trata de otra añagaza que busca solo un propósito: diluir todas las posibles responsabilidades penales del 'expresident' para que pueda regresar a España y ser investido por el Parlament. En otras palabras: se intenta un remedo del exilio de Josep Tarradellas y un regreso similar, en loor de multitud.

La historia solo rima o, de repetirse, lo hace como farsa. Y esa es en la que estamos. Puigdemont y JxCat saben a la perfección que las urnas no absuelven de posibles infracciones penales y que estas, siendo el responsable electo, no las depuran sino que las sancionan los tribunales de justicia. El destino del 'expresident' de la Generalitat, si quiere salir de su encarcelamiento en Bruselas, pasa por regresar a España, ser detenido, llevado a presencia del magistrado Pablo Llarena, ingresado en prisión provisional incondicional y, en el mejor de los casos para él, ser investido y regresar a Estremera o al centro penitenciario que señale el togado.

¿Cabe un pacto político que evitase el trayecto descrito? Obviamente no. El Gobierno no puede transar con los poderes jurisdiccionales, ni interesar del ministerio fiscal que retire las querellas sin una causa de índole fáctica o jurídica que lo justifique. Ni Rajoy, ni el Congreso, ni el Senado, ni ninguna institución del Estado, aunque lo quisiera, podría ofrecer a Puigdemont un pacto, un acuerdo de impunidad, es decir, aquel que le deje libre, de antemano, de las acusaciones que están planteadas formalmente contra él y en fase de instrucción en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

Y evitar este relato -este sí, auténtico- es de nuevo engañar a los partidarios de JxCat y a sus votantes que emitieron su sufragio quizá sugestionados por la convicción de que una legitimación democrática liberaría a los electos de sus responsabilidades penales. Así no funcionan las democracias, solo lo hacen las dictaduras o las autocracias. Conviene no olvidarlo cuando se acerca la constitución del Parlament -el día 17- y corren los plazos para la primera sesión de investidura.

La estrategia de fuga de Puigdemont, previendo lo que penalmente se le venía encima, ha fallado. La revocación de la euroorden por el magistrado-instructor de la causa especial 20907/2017 resultó la gran contrariedad a los planes del 'expresident'. Su cálculo no era ingenuo: regresar devuelto por Bélgica pero por cargos menores, nunca por delitos tan graves como los de rebelión, sedición y malversación de fondos. 

La decisión de Llarena de mantener al jefe de filas de JxCat como un turista en la capital de Bélgica fue un torpedo en la línea de flotación del plan del 'president'. Y aunque las urnas le dieron ventaja sobre ERC cuando las encuestas anticipaban que no sería así, las posibilidades de Junqueras son ahora superiores a las suyas, aunque su apelación haya sido desestimada y deba permanecer en la cárcel 'sine die'. Pero como ha declarado Gabriel Rufián el plan b consiste en hacerle 'president'. Plan b muy improbable también.

La legitimidad democrática se somete, para serlo auténticamente, a la ley, sea esta la penal o cualquier otra. No hay legitimidad que se sobreponga a la norma, mucho menos cuando esta es de carácter punitivo. Siendo así las cosas -y hasta el más elemental análisis lo acreditaría- el sudoku que han montado el 21-D los exconvergentes y los republicanos no cabría suponerlo ni en la hipótesis más inverosímil. 

De tal manera que si ya la fugaz proclamación de la república catalana fue un mero voluntarismo, el planteamiento por parte de ambas fuerzas políticas del 21-D consistió en un teatrillo: llevar en cabecera a huidos, presos e imputados que, antes o después, salvo error u omisión, terminarán inhabilitados para el ejercicio de las funciones representativas. 

El hecho de que lo sean –es decir: que como electos representen a ciudadanos- no es eximente de clase alguna en el Código Penal sino una causa de exigencia de mayor responsabilidad y rigor en el cumplimiento de la ley. 

Estas son las reglas del juego en las que la impunidad no  encaja. Los acontecimientos en Catalunya abocan a designar 'presidents' del Govern y del Parlament a electos limpios de polvo y paja penal, o a repetir elecciones sin la presencia de huidos, presos e imputados.


(*) Periodista y ex director de Abc


Esto no puede acabar bien nunca / Javier Pérez Royo *

"Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: …5º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional" (art. 472 Código Penal)
El presupuesto de hecho del delito de rebelión es un alzamiento violento. La violencia es un elemento constitutivo del tipo penal. La acción política o cívica pacífica o, en todo caso, no violenta, con el objetivo de "declarar la independencia de una parte del territorio nacional", podrá ser, sin duda, una acción antijurídica, pero no es una acción constitutiva del delito de rebelión. Porque sin violencia no hay rebelión.

Esto, que yo sepa, no se ha discutido nunca. No hay ningún Manual de Derecho Penal en el que no se explique el delito de rebelión de esta manera. Y por eso resulta difícil de entender que el Fiscal General se querellara contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por un delito de rebelión.

En todo el desarrollo del llamado 'procés' no ha habido ni un solo acto de violencia por parte de los protagonistas del mismo. Se han sucedido a lo largo de siete años manifestaciones y concentraciones extraordinariamente masivas y se han celebrado dos consultas con participación de algo más de dos millones de personas, sin que se haya registrado ni un solo acto de violencia sobre las personas y ni siquiera algún acto de vandalismo. Todas las personas que han participado, fueran autoridades o ciudadanos normales y corrientes, lo han hecho de manera completamente pacífica. Esto no se ha discutido por nadie.

¿Cómo se justifican, entonces, las querellas por rebelión? ¿De qué manera acreditan el Ministerio Fiscal, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo la conducta violenta de las personas contra las que se dirigen las querellas? ¿En qué momento se ha producido un "alzamiento violento" por parte de Oriol Junqueras, por ejemplo, que lo convierta en "reo del delito de rebelión"?

No hay una respuesta que no sea disparatada para estos interrogantes en los escritos de la Fiscalía o en los autos de la Audiencia Nacional o del Supremo. El auto dictado por la Sala del Tribunal Supremo el viernes por el que se decide mantener la medida de prisión provisional para el señor Junqueras proporciona el mejor ejemplo de lo que digo.

La Sala reconoce expresamente que no es posible imputar ni directa ni indirectamente ningún acto de violencia al vicepresident del Govern. Ni actuó ni ordenó actuar con violencia en ningún momento. Esto está acreditado. Y sin embargo, la Sala le hace responsable de la violencia contra las personas que pretendían votar en el referéndum convocado por la Generalitat el día 1 de octubre, ordenada por el Gobierno de la nación a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

Al convocar el referéndum, el Govern obligó al Estado, esto es, al Gobierno de la Nación, a reaccionar ejerciendo violencia contra los ciudadanos. Como nadie puede desconocer que un Estado reaccionará con todos los medios a su disposición para evitar la quiebra de su integridad territorial, son los que provocan esa reacción los responsables de la violencia.

El "alzamiento violento" del Govern consistió en que provocó que el Gobierno de la Nación tuviera que ordenar las cargas de la Policía y la Guardia Civil contra los ciudadanos que querían votar. Dichas cargas, conviene no olvidarlo, condujeron a que el Grupo Socialista tomara la iniciativa de reprobar a la vicepresidenta del Gobierno. Iniciativa que quedó sin efecto con la votación del 155 de la Constitución. Y sin embargo, en el auto de la Sala del Supremo se traslada la responsabilidad de la vicepresidenta Saénz de Santamaría al vicepresident Junqueras y con esa operación se justifica la querella por rebelión contra este último.

El auto, desde la perspectiva del delito de rebelión, es esperpéntico. No lo es en absoluto en la descripción que hace del 'procés' y en el carácter antijurídico del mismo, pero sí en su calificación como delito de rebelión. No hubo 'alzamiento violento' por parte del Govern, pero sí 'contra-alzamiento violento' por parte del Gobierno de la Nación. En la provocación de este contra-alzamiento está la justificación del delito de rebelión por parte de los miembros del Govern. La Generalitat es la responsable de la violencia ejercida por el Estado contra sus ciudadanos. Esa es la violencia que convierte a Oriol Junqueras en reo del delito de rebelión.

Esto no puede acabar bien nunca.


(*) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla


La política sin política / José Antich *

Hace unos días, un corresponsal de un medio de comunicación extranjero me formulaba la siguiente pregunta: "¿Puede explicarme qué acciones está realizando el gobierno español para solucionar el conflicto catalán?". 

Mi respuesta no pudo ser más directa: "ninguna". El periodista quedó desconcertado con la respuesta y se pensó que simplemente no le había entendido bien y prosiguió: "Se lo pregunto, si quiere, en off the record para que mis lectores se hagan una idea de por dónde van las conversaciones y cuáles pueden ser las discrepancias".

Ante su insistencia, comprensible por otra parte, mi respuesta no pudo ser tan sencilla como con la primera pregunta y le expliqué que el gobierno español abordaba este tema únicamente como un contencioso en el que solo debían pronunciarse los fiscales y los jueces y que la política, tal como se entendía en su país, había hecho dejación de funciones. 

No fue muy diferente la conversación a la que había mantenido, en este caso hace algo más de tiempo, con un cualificado representante diplomático de un país que tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En este caso, su experiencia le llevaba a vaticinar que tarde o temprano en un conflicto siempre se abren vías de diálogo y que la clave estaba en llegar a este momento en condiciones de negociar con tu adversario. 

Viendo el comportamiento del Estado español con los miembros del Govern en el exilio o en prisión y los presidentes de las entidades soberanistas también en la cárcel, uno puede preguntarse en qué mundo viven este periodista extranjero y el diplomático. 

A buen seguro son poco conocedores de la realidad española, de la respuesta de su clase dirigente y de la negativa a cualquier diálogo.

Mal asunto esconder la cabeza como un avestruz, porque el problema sigue existiendo. Y seguirá existiendo. Ya ha pasado el tiempo suficiente y se han celebrado varias elecciones para que nadie en su sano juicio piense que un día, sin más, habrá desaparecido. 


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia