MADRID.- Un total de 49 diputados autonómicos de Podemos, de los 133 con los que
cuenta la formación en 13 parlamentos regionales, se han sumado al
manifiesto 'Podemos es participación' que rechaza el reglamento de
primarias diseñado por la dirección nacional y reclama que se someta a
consulta entre las bases, según consta en la información difundida por
los propios firmantes.
Si el pasado lunes, día en el que presentaron su iniciativa, eran 33
diputados autonómicos de Podemos que se habían sumado, este grupo ha
aumentado ya hasta 49. Entre estas últimas incorporaciones destaca la
del diputado asturiano y secretario general del partido en el
Principiado, Daniel Ripa.
Se trata de la mayor rebelión interna que ha vivido el partido
liderado por Pablo Iglesias desde que naciera hace un año y medio, que
cada vez suma más cargos. Aunque la dirección nacional se ha enfrentado
en varias ocasiones a las críticas de los sectores más activos y
cercanos a las bases, nunca antes esta corriente había recabado, de
forma pública, el apoyo de más de 900 dirigentes y representantes de la
formación morada.
Con el líder asturiano de Podemos ya son tres los 'barones'
autonómicos que piden públicamente que se convoque una consulta popular,
ya que la líder andaluza, Teresa Rodríguez, y la secretaria general en
Navarra, Laura Pérez, fueron dos de las impulsoras, junto a otros cargos
y representantes destacados, como los eurodiputados Miguel Urbán y Lola
Sánchez.
Entre las últimas incorporaciones también destaca la del
portavoz de Podemos en el Parlamento asturiano y candidato a la
Presidencia de la Comunidad en las pasadas elecciones autonómicas,
Emilio León, y el concejal de Ahora Madrid Pablo Soto, que esta tarde
tiene previsto participar en la presentación de la plataforma 'Ahora en
Común', que reclama una candidatura de confluencia para las próximas
elecciones generales.
En total, ya son más de 900 los cargos y representantes
institucionales de Podemos que han firmado el manifiesto de rechazo al
reglamento aprobado por la dirección nacional. Además de los 49
diputados, y los dos eurodiputados, figuran entre los firmantes 108
concejales y más de 150 secretarios generales y otros 582 dirigentes
autonómicos y municipales.
Andalucía y Madrid, las más críticas
Por Comunidades, la mayor contestación al proceso de primarias llega
desde Andalucía y Madrid. Así, de los casi 1.000 cargos críticos, 211
son andaluces -el 23,1%- y 126, madrileños -13,8%-. Le siguen Asturias
(60), Castilla-La Mancha (60), Comunidad Valenciana (59), Cataluña (59),
Aragón (46), Canarias (45), Baleares (44), Castilla y León (40), País
Vasco (38), Galicia (30), Extremadura (29), Murcia (27), Navarra (19) y
Cantabria (15).
Todos ellos lamentan en el texto difundido que el reglamento aprobado
por la dirección nacional, que permite la posibilidad de votar a
equipos completos con un solo 'click' -el sistema conocido como 'lista
plancha' ya criticado en otros procesos anteiores- y fija una única
circunscripción a nivel estatal para conformar las candidaturas al
Congreso de los Diputados, no garantiza la participación ni la cercanía.
"Necesitamos unas primarias que abran un plazo razonable que permita
discutir con otras fuerzas sociales y políticas sin caer en una suma de
siglas o de aparatos. Necesitamos unas primarias que faciliten la
pluralidad para reflejar la diversidad de quienes nos sumamos al
cambio", señala el manifiesto publicado en la web 'Podemos es
participación', a través de la cual sus impulsores pretenden recoger las
firmas necesarias para reclamar la celebración de una consulta.
Este manifiesto ha logrado ya recabar, en total, más de 7.400 de
simpatizantes. Según los estatutos de Podemos, aprobados en la asamblea
constituyente que el partido celebró en otoño en Vistalegre, la
dirección está obligada a celebrar una consulta ciudadana si ésta es
avalada, en un plazo máximo de tres meses, por el 20% de los círculos o por
el 10% del censo de inscritos, que en estos momentos es, según el
partido, de unas 350.000 personas. Es decir, necesitarían recabar unas
35.000 firmas.
Esta iniciativa se suma además a las resoluciones aprobadas las
direcciones de Baleares, Aragón, País Vasco, Madrid y Asturias con las
que pedían al Consejo Ciudadano Estatal que corrija el reglamento para
encontrar una fórmula que respete más la territorialidad.
