lunes, 27 de julio de 2009

Murcia, Tarragona y San Sebastián tienen las tarifas de taxis más caras de España

MADRID.- Tarragona, San Sebastián, Murcia y Lugo tienen las tarifas de taxi más elevadas, y las más bajas son las de Santa Cruz de Tenerife, Ceuta, Logroño y Cádiz, y en diez municipios se aplican tarifas especiales en los fines de semana que encarecen los viajes hasta 2 euros o un 28 por ciento.

Según explicó en rueda de prensa Rubén Sánchez, portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, esta organización ha realizado un estudio sobre las tarifas de los taxis de cuarenta y una ciudades españolas que revela diferencias de hasta el 169,4% en viajes de similares características.

Desde septiembre de 2008, fecha del anterior estudio de FACUA, hasta julio de 2009, todas las ciudades salvo Melilla y Murcia han actualizado sus tarifas, con una subida media del 5,8%, y todas ellas, con la única excepción de Segovia, las han incrementado más del doble del IPC interanual de 2008, que se situó en el 1,4%.

En diez de las ciudades han aumentado las tarifas más de cinco veces el IPC, y las mayores subidas se han producido en Huelva, un 13,8% de media, Gerona, un 10,4%, y Valladolid, un 9,8%.

"FACUA demanda a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que realicen las inspecciones necesarias a fin de garantizar que los taxímetros pasan cada dos años", ha explicado el portavoz de la Organización, Rubén Sánchez a los periodistas, que pide a las administraciones controles sobre la calidad del sector.

Un trayecto realizado en horario diurno en el que el taxímetro marque la tarifa equivalente a la bajada de bandera más un kilómetro cuesta en Ourense 1,83 euros, mientras que en Tarragona supone 4,93 euros, un 169,4% más.

FACUA ha estudiado los precios de los recorridos de uno, cinco, diez y quince kilómetros realizados de día, de noche y las noches de los fines de semana y, tras analizar los doce trayectos, el estudio clasifica a las ciudades asignándoles puntuaciones, siendo las dos más caras son Tarragona (120) y San Sebastián (66), y las más baratas Ceuta (11) y Santa Cruz de Tenerife (5).

La tarifa media por kilómetro recorrido es de 0,80 euros en horario diurno y de 1,00 euros en noches y festivos, un 25,0% más cara.

Las diferencias en las tarifas por kilómetro alcanzan el 87,0% en la tarifa día y el 146,3% en la tarifa noche y festivos.

En horario diurno la tarifa por kilómetro más elevada se localiza en Tarragona, con un coste de 1,01 euros, seguida de Castellón y Madrid, donde supone un importe de 0,98 euros.

En horario nocturno las más caras se encuentran en Lugo, donde el precio es de 1,33 euros por kilómetro, seguida de los 1,25 de Murcia.

Los precios más económicos por kilómetro tanto en horario diurno como nocturno son los 0,54 euros de Santa Cruz de Tenerife, seguido por el día de los 0,63 euros de Cádiz y de los 0,65 euros de Ceuta por la noche.

De las treinta y nueve ciudades estudiadas que han aumentado sus tarifas, el precio por kilómetro ha subido una media de 6,0% en la tarifa día y un 5,4% por la noche y festivos.

Diez ciudades tienen tarifas especiales durante ciertos horarios en los fines de semana, y así, incrementan el precio con respecto a la tarifa noche entre 0,80 y 2 euros por trayecto o entre un 25% y un 28%.

Se aplican estas tarifas en Barcelona (incremento de 2 euros), Córdoba (un 25%), Gijón (un 28%), Granada (un 25%), Huelva (1,20 euros), Madrid (0,90 euros), Málaga (2 euros), Melilla (0,80 euros), Oviedo (28%) y Sevilla (1,99 euros).

La bajada de bandera cuesta una media de 1,66 euros en la tarifa día y un 33,7% más, 2,22 euros, en la tarifa noche y festivos.

El precio de la bajada de bandera varía en hasta un 335,6% en la tarifa diurna de los días laborables y un 383,6% en la tarifa noche y festivos, según la ciudad.

La más cara en tarifa día es la de Tarragona, 3,92 euros y 5,32 euros en la tarifa noche y festivos. Las bajadas de bandera más económicas son la de Ceuta, 0,90 euros, en la tarifa diurna, y los 1,10 euros de Castellón en la nocturna.

El precio medio de la carrera mínima es de 2,96 euros en horario diurno y de 3,93 euros, un 32,8% más, las noches y los festivos.

Las carreras mínimas varían hasta un 165,7% en la tarifa día y un 201,5% en la tarifa noche y festivos y la más cara en horario diurno es San Sebastián, con un coste de 4,65 euros. En horario nocturno, la carrera mínima más elevada es la de Valencia, 6,00 euros.

Las más baratas, las de Lugo, 1,75 euros en horario diurno y Pontevedra 1,99 euros en nocturno. Se trata de dos de las diez ciudades donde la carrera mínima coincide con la bajada de bandera.

La carrera mínima ha subido este año una media del 4,6% en la tarifa día y un 5,4% en el horario nocturno en las treinta y nueve ciudades que han actualizado sus tarifas. En este caso, la subida más elevada ha sido la de Barcelona, un 11,1% en el horario diurno y en horario nocturno la más excesiva es la de Gerona con un 45%.

Funcas apunta que la Región de Murcia podría percibir financiación de más de un fondo del nuevo modelo

MADRID.- La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) calcula que el nuevo modelo de financiación autonómica dará lugar este año a un repunte del déficit del conjunto de las administraciones públicas hasta situarlo cerca del 10% del PIB, porcentaje del que entre dos y tres puntos será consecuencia de los desequilibrios existentes en las comunidades autónomas.

"En un contexto de fuerte caída de los ingresos tributarios, y sin mecanismos efectivos que garanticen la vigilancia de las desviaciones, podría esperarse un nuevo repunte en el déficit público del conjunto de las administraciones públicas para este ejercicio", señala Funcas al analizar los efectos del nuevo sistema sobre el déficit público.

Así lo asegura Funcas en una nueva edición de sus 'Cuadernos de Información Económica', en los que dedica un artículo firmado por César Cantalapiedra y Susana Borraz, socios de Analistas Financieros Internacionales, a la financiación autonómica.

Funcas reconoce que el nuevo modelo supone un incremento "significativo" de recursos respecto al sistema anterior y concluye que, con el sistema acordado ahora, la capacidad tributaria de los gobiernos autonómicos se "altera sustantivamente" respecto al modelo vigente, al ampliarse su participación en los tributos cedidos hasta el 50% en el caso del IRPF y del IVA y hasta el 58% en los impuestos especiales.

Así, para financiar lo que es propio de sus competencias, las comunidades dispondrán de un 25% de recursos por esta vía, mientras que el 75% restante se aportará a un fondo común denominado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. El montante global de dicho Fondo, según lo acordado, se repartirá en función de la población ajustada.

El modelo contempla además otros tres Fondos. El de Suficiencia Global, que pierde peso en el volumen total de financiación respecto al sistema vigente; el de Cooperación, dotado con 1.200 millones de euros; y el Fondo de Competitividad, que contará con el doble de fondos, financiados con recursos adicionales.

Con respecto a éste último, Funcas anticipa que las comunidades autónomas que podrían acceder a ese Fondo debido que su financiación por habitante se encuentra por debajo de la media serán Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, Valencia y Murcia.

No obstante, considera que queda pendiente de conocer si habrá incompatibilidad en la percepción simultánea de recursos del Fondo de Cooperación y del Fondo de Competitividad, pues, por ejemplo, Murcia podría cumplir los requisitos exigidos para percibir financiación de ambos fondos.

El consejo de administración de CajaSur respalda preacuerdo de Medel y Gómez Sierra para la fusión con Unicaja

CÓRDOBA.- El consejo de administración de CajaSur, reunido hoy en sesión extraordinaria, ha dado su respaldo al preacuerdo que, para negociar un proceso de fusión con Unicaja, ya cerraron el pasado 20 de julio los presidentes de ambas cajas andaluzas, Santiago Gómez Sierra y Braulio Medel, respectivamente.

Según dijeron hoy fuentes financieras, el acuerdo adoptado hoy por el consejo de administración de la caja cordobesa está aún pendiente de ser elevado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Banco de España, "de modo conjunto" por CajaSur y Unicaja, una vez que la caja malagueña también dé luz verde en su propio consejo de administración al inicio formal de la negociación con la entidad cordobesa para la fusión de ambas, además de con Caja de Jaén.

El preacuerdo que perfilaron Medel y Gómez Sierra, que dará lugar a Unicajasur, la quinta caja española en depósitos y la sexta en volumen de activos, requerirá de una modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, dada la 'singularidad' de CajaSur, como entidad fundada por la Iglesia Católica (Cabildo Catedralicio de Córdoba).

El preacuerdo con Unicaja que hoy ha refrendado el consejo de CajaSur contempla, según las mismas fuentes, gran parte de las condiciones planteadas previamente por la caja cordobesa, en cuanto a la estabilidad del empleo en la misma y sobre otras cuestiones, como mantener "el compromiso con Córdoba", pues, aunque que la nueva entidad tendrá domicilio social en Málaga, habrá una cosede operativa en Córdoba "que será cabecera del negocio de la nueva caja en lo que se refiere a Córdoba y el resto de Andalucía occidental, menos Cádiz".

Asimismo, en este acuerdo se presta especial atención al hecho de mantener la vinculación de la Obra Social y Cultural a Córdoba y al Cabildo Catedralicio, de forma que se creará una vicepresidencia ejecutiva en la nueva caja vinculada a la obra social, para su gestión desde Córdoba, a lo que se sumará la creación de una fundación específica dentro de la nueva caja, vinculada especialmente al Cabildo y a Córdoba, a la que quedarán adscritos una serie de inmuebles y activos de CajaSur.

En cuanto a la presencia de la Iglesia y de la otra entidad fundadora de CajaSur (la Diputación de Córdoba) en la nueva caja, las fuentes precisaron que ambas tendrán un peso en la nueva caja del ocho por ciento en los órganos de gobierno, mientras que las cinco entidades fundadoras de Unicaja tendrán un diez por ciento de representación.

La Unión Europea aprueba la norma que obliga a registrar y supervisar las agencias de 'rating'

BRUSELAS.- Los países de la UE aprobaron este lunes de manera definitiva y sin discusión una norma que obligará a registrar y supervisar el funcionamiento de las agencias de calificación de riesgos --entre ellas, las tres que dominan el sector, Moody's, Standard & Poor's y Fitch-- tras las insuficiencias detectadas a raíz de la crisis financiera.

El texto aprobado entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Los Estados miembros tendrán 6 meses para aplicar las nuevas disposiciones.

Las agencias de 'rating' han sido acusadas de no avisar a tiempo de los problemas de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos y de tener por ello una gran responsabilidad en la actual crisis financiera.

Para evitar que estos problemas se repitan, la nueva norma pretende garantizar que las calificaciones no se vean afectadas por conflictos de intereses, que las agencias velen de forma constante por la calidad de la metodología empleada y que actúen con mayor transparencia.

El reglamento prevé que el Comité Europeo de Reguladores Bursátiles (CESR), un órgano consultivo creado en 2001, actúe a modo de ventanilla única en la que tendrán que registrarse las agencias de 'rating' que quieran operar en la UE. El CESR tramitará todas las solicitudes de registro e informará a las autoridades competentes en todos los Estados miembros.

Los reguladores nacionales decidirán sobre el registro y también sobre la pérdida de la licencia en caso de incumplimiento de las reglas comunitarias. La norma prevé la creación de un colegio de supervisores, en el que estén representadas las autoridades de los 27, que servirá como plataforma para intercambiar información en materia de supervisión y para mejorar la coordinación.

Para evitar los conflictos de interés entre las agencias y las empresas a las que evalúan, la norma establece que los analistas que elaboran los 'rating' estén sometidos a un mecanismo de rotación. Las agencias deberán desvelar las metodologías que utilizan para elaborar su calificaciones y publicar anualmente un informe sobre transparencia.

Además, no podrán prestar servicios de asesoría y deberán poner en marcha un sistema de control interno de la calidad de sus calificaciones. Su consejo de administración deberá contar con al menos dos miembros independientes cuya remuneración no dependa de los resultados económicos de la agencia.

Estos miembros estarán nombrados para un mandato único de cinco años. Sólo podrán ser destituidos en caso de falta profesional. Uno de ellos, como mínimo, deberá ser experto en seguros y financiación estructurada.

Los Veintisiete dieron también su aprobación a la nueva norma sobre requisitos de capital para los bancos. Su principal novedad es que trata de restringir las inversiones de los bancos comunitarios en productos de alto resgo y evitar así que se repita el 'efecto contagio' que han provocado los activos tóxicos que tienen su origen en las hipotecas de alto riesgo estadounidenses.

Para ello, la norma prohibirá a los bancos de la UE invertir en instrumentos con riesgo transferible, como titulizaciones de créditos, a menos que la entidad que les haya vendido este tipo de producto conserve al menos el 5% como medida de seguridad.

De este modo se garantiza que el creador de estos productos esté expuesto a los mismos riesgos que los bancos que los compran y así no se atreva a vender activos tóxicos porque en última instancia él también resultaría perjudicado.

Además, se limitará también la cantidad de dinero que los bancos pueden prestarse entre sí en el mercado interbancario. La exposición de un banco a otra entidad no podrá superar en ningún caso el 25% de sus fondos propios o bien un límite de 150 millones de euros.

Finalmente, se crearán "colegios de supervisores" para controlar a los grupos bancarios que tengan actividades en más de un Estado miembro. Estos colegios reunirán a las autoridades de control de los diferentes países en los que esté presente la entidad paneuropea.

El PP sitúa en 40.000 millones "el agujero" de las CC.AA.

MADRID.- El Partido Popular estima que las CC.AA. tendrán "un agujero" de casi 40.000 millones de euros de deuda con el Estado en el año 2011, a pesar de la puesta en marcha del nuevo modelo de financiación autonómica, que aportará un cantidad adicional de 11.000 millones a las CC.AA. en un periodo de tres años.

Así lo pusieron de manifiesto hoy en un encuentro informativo el portavoz económico del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, y el secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, que explicaron que el partido ha realizado estos cálculos a partir de la propia previsión de caída de ingresos del Gobierno para este año y de una congelación de los anticipos del Estado a las CC.AA.

En concreto, el PP estima que las CC.AA. tendrán que devolver al Estado un total de 12.313,3 millones de euros sólo en 2008 debido a unos anticipos a cuenta muy superiores a la cifra final recaudada por los impuestos cedidos y el fondo de suficiencia, cantidad que se elevará a 14.774,9 millones en 2009 y que caerá a 9.224,7 millones en 2010 y 3.719,4 millones en 2011, gracias a las aportaciones del nuevo modelo de financiación.

En conjunto, estas cantidades suponen que las CC.AA., según los cálculos del PP, tengan una deuda con el Estado en el año 2011 próxima a los 40.000 millones de euros, lo que supone un "agujero" que no es "sostenible" porque deja a las comunidades con un déficit "muy sustancial" que se irá acumulando en el tiempo.

Por este motivo, Montoro aseguró que los territorios deberán una cantidad mucho mayor a la que recibirán del nuevo modelo de financiación autonómica, un sistema que, a su parecer, no llegará a compensar "ni de lejos" lo que deben las CC.AA. al Estado por culpa de la mala gestión presupuestaria acometida por el Gobierno socialista en los últimos años.

En este sentido, aseveró que un Gobierno "responsable y sensato" no puede presentar este nuevo modelo como una reforma en un momento como el actual, en el que ni siquiera puede garantizar los ingresos de las CC.AA. ni la cobertura de los servicios mínimos a los ciudadanos. De hecho, consideró que lo que tendría que haber hecho el Ejecutivo era un Presupuesto de emergencia y no reinventar el modelo de reparto en estas circunstancias.

"Era el peor momento para vertebrar una nueva Hacienda Pública", añadió.

Por otro lado, Nadal aventuró que el nuevo modelo llevará inevitablemente a una "salvaje y masiva" subida de impuestos que tendrá que afectar a todas las figuras impositivas y a todas las rentas porque el actual sistema "no es sostenible" y porque se necesitarán unos 18.000 millones más al año en impuestos para equilibrar las cuentas de las comunidades.

Todo esto llevará, según los 'populares', a que en los próximos años haya menos recursos que hoy en día para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales, ya que, a su parecer, las comunidades aún no se han visto plenamente afectadas por la caída de la recaudación de las principales figuras impositivas, algo que sí se notará cuando se liquide definitivamente el ejercicio 2008.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Fátima Báñez, también presente en el encuentro informativo, se limitó a criticar el nuevo modelo de financiación autonómica, y recordó que el Partido Popular votará en contra del proyecto a su paso por el Congreso de los Diputados y por el Senado.

Criticó la forma del Gobierno en el desarrollo y pacto del nuevo modelo y recordó que el sistema es "inoportuno" en el tiempo e "insolidario" con algunas

Consideró que se trata de un modelo que castiga las bajadas de impuestos, que se desentiende de la dependencia, que utiliza variables de reparto "muy arbitrarias" en ocasiones, que abre la puerta a la desigualdad, que no garantiza la suficiencia dinámica del modelo y que es "poco transparente y muy complejo".

El Banco Popular prevé que haya "cinco o seis grandes cajas" en España en 2012

MADRID.- El director financiero del Banco Popular, Jacobo González-Robatto, pronosticó este lunes que "acabarán quedando cinco o seis grandes cajas de ahorros" en España tras las fusiones e integraciones que se llevarán a cabo en el proceso de reestructuración financiera que se desarrollará entre 2010 y 2012 al amparo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En la presentación de resultados semestrales de la entidad, González-Robatto consideró que el número de cajas de ahorros en el país se reducirá "significativamente", porque este tipo de entidades financieras presentan una mayor morosidad que los bancos, asi como un mayor solapamiento de oficinas.

En este sentido, González-Robatto valoró la creación del FROB para depurar los excesos llevados a cabo en la expansión de la red comercial e incentivar las integraciones, al tiempo que confió en que el fondo no sirva para que las entidades obtengan recursos públicos y no compitan en igualdad de condiciones con las que no los reciban.

Un decálogo sobre recursos hídricos insta a considerar el agua como motor de desarrollo económico sostenible

VALENCIA.- El Parque Natural de L'Albufera acogió hoy la presentación del 'Nuevo Decálogo del Agua' en la que se resumen las propuestas de actuación con respecto al uso de los recursos hídricos en la Comunidad Valenciana. Entre otras medidas, el documento insta a considerar este bien como "motor de desarrollo económico sostenible".

El decálogo está extraído de las conclusiones obtenidas tras la realización de tres Jornadas Formativas en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. El acto de presentación estuvo a cargo del secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), José Antonio Redorat Fresquet.

Además, el equipo de profesionales quienes impartieron sus ponencias ha llegado a unas conclusiones sobre los recursos hídricos, su utilización y tratamiento plasmándolo en el siguiente Decálogo.

El grupo está formado por Manuel Lázaro Armengol, presidente de FoSAMA Valencia, Alberto Comos, director de la Fundación Agua y Progreso de la Comunidad Valenciana; y Francisco Cabezas Calvo-Rubio, director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, en Murcia.

Entre otros puntos el decálogo de agua contempla que hay que considerar el medio ambiente y la gestión integral del agua, como un importante motor de desarrollo económico sostenible, así como generador de empleo duradero y confiable.

Asimismo, recalca que la recirculación del agua en suelo y atmósfera son necesarios. La reforestación selectiva y los trasvases son además "indispensables" por cuanto mitigan y palian los efectos negativos del cambio climático.

También es preciso continuar con las políticas de ahorro y de eficacia en el uso del agua. La Comunidad Valenciana es "ejemplo en ello con una superficie del 80% de nuestro regadío modernizado por riego por goteo y reutilizando prácticamente el 50% del agua que se depura en España", señalan los responsables de la iniciativa.

Las mismas fuentes indicaron que es necesario satisfacer adecuadamente las demandas hídricas, garantizando definitivamente, a las futuras generaciones, las demandas ambientales y de recuperación del ciclo hídrico y la "solidaridad territorial" en lo referente a energía, agua, infraestructuras y recursos naturales.

El acto fue clausurado por José María Benlliure, director general del Agua, quien recalcó la labor de los ponentes y "padres" del nuevo 'Decálogo del Agua', que está destinado a "dilucidar y resolver dudas y a aportar soluciones respecto a nuestras políticas hídricas", dijo.

El Gobierno Zapatero comienza a modernizar el ferrocarril de la Región

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha aprobado, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, los expedientes de información pública y audiencia y los Estudios Informativos para la remodelación de las redes arteriales ferroviarias de las ciudades de Murcia y Cartagena.

Estos estudios informativos definen los accesos e instalaciones necesarias para la llegada de la red de alta velocidad a estas ciudades, así como para su integración urbana, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado de prensa.

Esta actuación se lleva a cabo en desarrollo del Protocolo de colaboración suscrito el 22 de junio de 2006 entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Región de Murcia, los Ayuntamientos de Cartagena y Murcia y el ADIF para la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia.

La actuación aprobada tiene su origen a la salida de la estación de Murcia-Cargas y se desarrolla a lo largo del actual pasillo ferroviario hasta la zona de conexión con la nueva variante ferroviaria de acceso a Murcia por el Norte, la Variante del Reguerón. La longitud de la actuación es de 7,8 kilómetros.

En todo el pasillo ferroviario existente se han contemplado los equipamientos y parámetros necesarios para la implantación de servicios ferroviarios de alta velocidad, de forma compatible con los restantes tipos de tráfico, disponiéndose triple vía en todo su recorrido. Inicialmente sólo estaba previsto implantar triple vía en el acceso Norte.

La estación de Murcia del Carmen se ha mantenido en su céntrico emplazamiento actual, adecuándola a la prestación de los nuevos servicios previstos, manteniendo y mejorando su accesibilidad y garantizando su intermodalidad. La estación contará con ocho vías, cinco de ellas con andén de 400 metros de longitud útil. Inicialmente estaban previstas siete.

En lo referente a la integración urbana del pasillo ferroviario, se ha contemplado el soterramiento a lo largo de 4.272 metros entre la futura ronda de Barriomar y la zona de inicio de la variante del Reguerón.

El ámbito del Proyecto se extiende desde el actual punto kilométrico 497,500 de la Línea Férrea Chinchilla-Cartagena hasta la actual estación de Cartagena, siendo la longitud de actuación de 5,9 kilómetros.

En el proyecto se ha contemplado la adecuación del actual pasillo ferroviario de acceso a Cartagena a los parámetros y equipamientos necesarios para la implantación de servicios ferroviarios de alta velocidad.

En particular se ha previsto la ampliación de la plataforma para permitir la implantación de una doble vía en el acceso a la estación de Cartagena y una tercera vía de conexión con el puerto de Escombreras.

Asimismo, se ha previsto la adecuación de la estación para la prestación de los servicios previstos, manteniendo y mejorando la accesibilidad y centralidad actuales; además se ha definido una nueva configuración de la estación con dos zonas diferentes, una con cuatro vías y andenes de 200 metros de longitud y otra subterránea paralela a la anterior con dos vías que permitirán acoger trenes de 400 metros de longitud.

En lo referente a la integración urbana del pasillo ferroviario, se ha contemplado su soterramiento, a lo largo de 762 metros, entre la avenida del Pintor Portela y la futura prolongación de la avenida de Alfonso XIII.

Saura cree que hay que llegar a un pacto para salvar la agricultura regional

MURCIA.- El secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM), Pedro Saura, afirmó hoy, tras reunirse con los representantes del sector agroalimentario regional, que "el PSOE está dispuesto a llegar a un acuerdo con el Partido Popular (PP) para la creación de un pacto para salvar y potenciar la Agricultura, porque es un sector claramente de futuro".

En la reunión se repasó la situación actual del sector agroalimentario la Región de Murcia, en el que "el sufrimiento de los agricultores es mucho mayor de lo que se refleja en las estadísticas", subrayó Saura.

Y es que, para el dirigente socialista, la Agricultura es un sector "verdaderamente estratégico que ha sido olvidado por los dirigentes del Partido Popular (PP) en los últimos años", y recordó que hubo municipios de la Región de Murcia "que cambiaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para hacer urbanizable el 90 por ciento del suelo".

Saura criticó que el Gobierno regional "entendiera antes que la agricultura no era un sector estratégico y ahora se acuerdan de la ella. Bienvenidos sean a la idea de que es un sector de futuro".

En este sentido, confirmó que el PSRM está dispuestos a llegar a un acuerdo con el PP para alcanzar un Pacto por la Agricultura, "porque entendemos es un sector claramente de futuro y porque el año que viene puede ser un año muy complicado para los trabajadores del sector".

Asimismo, explicó que las competencias en la materia están residenciadas en la Comunidad Autónoma, al tiempo que recordó que en la Región de Murcia existe un Plan del Sector Agroalimentario que se creó hace dos años.

"Vamos a pedir en la Asamblea Regional un pleno monográfico para hablar de la evolución de la agricultura y evaluar el cumplimiento de ese plan", adelantó Saura.

Por otro lado, mostró su preocupación por la diferencia "tan exagerada" y "tan poco justificable" que existe entre los precios que reciben los agricultores y los que pagamos los consumidores.

"En ese sentido habría que trabajar en la Región de Murcia, porque ¿cómo es posible que la Región de Murcia sea la comunidad autónoma donde más han crecido las grandes superficies en los últimos años?", preguntó.

El dirigente socialista explicó que esto es un error porque, al final, "con los oligopolios no se consigue abaratar el precio de los productos y los agricultores pierden, además, poder de negociación", por lo que añadió que con estas decisiones del Gobierno regional "Murcia va en la dirección equivocada".

Por su parte, Lencina indicó que en estos momentos en los que se están ultimando las cosechas y los agricultores tienen que comenzar a preparar los terrenos para la nueva campaña, "nos encontramos con un problema de circulante, por la diferencia de precios en origen y destino que han motivado los monopolios y oligopolios del sector".

Aún así, el presidente de COAG señaló que la agricultura murciana "es la mejor y más competitiva del Mediterráneo, pero no por las subvenciones que reciben los agricultores, sino por su trabajo diario", y añadió que "aunque ha servido de colchón, la Agricultura no puede sostener más la situación de crisis en la Región, como dijo el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá".

Finalmente, recordó que la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, dijo a los representantes de los agricultores, durante la inauguración de la depuradora de San Javier, que "debe ser el sector el que regule los precios", aunque Lencina se mostró en desacuerdo con estas afirmaciones y pidió a los políticos leyes para que las condiciones sean más justas.

Valcárcel exigirá en septiembre a la ministra Espinosa la regeneración de Portmán

LA UNIÓN.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, se reunirá a principios de septiembre con la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, para exigirle que se inicie la regeneración de la Bahía de Portmán y salgan a licitación sus obras, según informaron fuentes municipales.

El alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, que mantuvo hoy una reunión con el presidente autonómico, agradeció "la especial sensibilidad mostrada y el firme compromiso de Ramón Luis Valcárcel con los importantes proyectos de futuro de La Unión".

El municipio de Murcia se encamina a superar el medio millón de habitantes

MURCIA.- El municipio de Murcia tendrá 552.870 habitantes en el año 2014, lo que supone un incremento del 26,02% en relación a las casi 440.000 personas que integran el Anuario de Población de 2008, según datos de las Proyecciones de Población difundidas por el Centro Regional de Estadística.

En la actualidad, y según la última información del censo disponible correspondiente a 2008, el municipio de Murcia cuenta con 438.687 habitantes, lo que supone un 2,96% menos que la proyección realizada por el citado informe, que para ese año estimaba una población de 451.674 personas, esto es, 12.987 residentes más.

El 58,8% de la población del municipio de Murcia vive en pedanías, ya de que del total de habitantes censados a 31 de diciembre del pasado año, un total de 180.361 reside en los barrios que configuran el casco urbano.

El Palmar es la pedanía más poblada de Murcia, con 22.111 habitantes según el Padrón Municipal de 2008, mientras que Cañada Hermosa y Carrascoy son las que menos población cuentan, ya que en cada una de ellas residen 121 personas.

Respecto a la proyección de población para la Región de Murcia, el estudio estima que en 2014 se llegará a los 1.824.509 habitantes.

En relación a la situación actual, con datos a 31 de diciembre de 2008 del Instituto Nacional de Estadística, en la Región viven 1.445.410 personas, por lo que el incremento estimado para 2014 es del 26,22%.

domingo, 26 de julio de 2009

Obispo Lorca Planes: 'La calumnia no es cristiana'

TERUEL.- Es el primer prelado que habla, y lo hace sin tapujos, sobre el pasado conflicto entre el Obispado y la Fundación San Antonio en torno a la propiedad y titularidad de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), que provocó el traslado de su antecesor, Juan Antonio Reig Pla. El nuevo pastor de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes (Espinardo, 1949), considera hoy en 'La Verdad' que se han cometido calumnias sacando de contexto las donaciones de la Fundación que dirige la UCAM y se siente dolido por los ataques que han recibido los obispos Javier Azagra, Antonio Cañizares y Manuel Ureña, con los que trabajó antes de marcharse a Teruel.

El nuevo obispo defiende a todos los movimientos y sensibilidades que crecen dentro de la Iglesia, como el Opus y los kikos. «Si no existieran, habría que inventarlos», señala. Está preparando las maletas para dejar Teruel y tomar el sábado próximo las riendas de una diócesis quince veces mayor.

Regresa a una Diócesis que conocía al dedillo hasta 2004 en que se fue a Teruel, pero que en los últimos tiempos ha estado sacudida por el conflicto entre el Obispado y la Fundación San Antonio que rige la Universidad Católica. Los ecos de ese enfrentamiento obligaron a la Santa Sede a intervenir directamente, que decidió el traslado de su antecesor, Reig Pla. ¿Ve demasiado poder en la Fundación que dirige José Luis Mendoza?

- Me han sorprendido muchas manifestaciones que se han realizado sobre este asunto. He visto en muchos blogs y cosas así verdaderos disparates con las interpretaciones que se han hecho. Creo que hay... no sé si intenciones ocultas en toda esta serie de manifestaciones. Que hubieran más o mejores dificultades en las relaciones soy consciente de ellas porque nadie podrá decir que no las supiera, pero cuando uno ha estado cinco años fuera no es sensible para todos los detalles de las cosas y pretender juzgarlas cuando no se conocen al dedillo es una irresponsabilidad. Con respecto a todas las afirmaciones que se hacen de poderes, de dominio sobre personas y de comprar voluntades creo que son calumnias y la calumnia no es cristiana. Alguno tendrá que confesarse.

- ¿Se refiere a las donaciones realizadas por la Fundación San Antonio?

- Toda aquella historia está sacada de contexto. Me dolió muchísimo que se hayan metido con mis obispos, a los que he conocido y con los que he trabajado de una forma muy próxima. Jamás se me habría pasado por la cabeza que hubieran actuado así. He estado cerca de ellos, de don Javier Azagra y de don Antonio Cañizares y de otros que han salido en los medios, y nunca pasó por la mente de ninguno de ellos algo semejante. Quienes han movido esas calumnias deberán confesarse.

- Usted fue testigo directo del nacimiento de la UCAM. ¿La propiedad y titularidad de esta universidad pertenece a la Fundación o al Obispado?

- Me remito a lo que ha dicho la Santa Sede, que es de la Fundación San Antonio. Desde el origen, este proyecto universitario lo estuvo moviendo la Fundación. Yo estaba en la Mesa del Consejo de Vicarios donde quedó claro que la intención y la voluntad de todos, incluida la del Consejo, era que no hiciéramos nada que luego pudiera revertir negativamente en la Diócesis. Así se lo transmitimos a don Javier Azagra. La Universidad Católica y la Diócesis de Cartagena eran realidades diferentes por vías diferentes. Es lo que siempre se pretendió. Yo hablo de lo que fui testigo. Ahora la Santa Sede ha hablado y este tema no me ofrece ningún problema. Es una causa cerrada. Seguiré trabajando en la Diócesis porque es el primer y principal objetivo que me ha puesto el Papa. Pero en la Diócesis también está la UCAM, a la que ofreceré todo mi apoyo porque hay 7.000 alumnos y trabajadores y un amplio claustro de profesores. Esa realidad no se puede despreciar. Una universidad católica necesita también toda la cobertura para su desarrollo y crecimiento. ¿En qué otras diócesis existe una realidad tan hermosa? Es verdad que su inspiración católica le puede molestar a alguien, pero recuerdo que estamos en un Estado de Derecho y por lo tanto puede haber una universidad católica.

- Como nuevo obispo, ¿desea recuperar la tarea de vigilancia de la fe y la catolicidad de la UCAM que se traspasó a la Nunciatura Apostólica?

- No tengo ninguna prisa en nada. Haré lo que me diga la Santa Sede. Estoy tranquilo porque esa responsabilidad la tienen Roma y el nuncio. Descanso porque está en buenas manos. No me preocupa ahora que me digan si lo llevo yo o no. Mi punto de partida es hacer las cosas lo mejor posible y trabajar por la Iglesia. Si la Santa Sede me asigna otras responsabilidades, lo aceptaré porque siempre le dicho sí a todo lo que me ha pedido la Iglesia.

Paraísos fiscales y desarrollo: un resumen del Informe noruego / Juan H. Vigueras *

Con la intermediación de los paraísos fiscales, el dinero que sale de los países en desarrollo corresponde aproximadamente a diez veces la ayuda al desarrollo que se les concede. Es uno de los muchos datos que aporta el informe publicado el 18 junio 2009 por la Comisión sobre “Fuga de capital desde los países pobres”, que hace un año recibió tal encargo del gobierno de Noruega. Con abundante información rigurosa obtenida de fuentes solventes, llega a la conclusión del nefasto papel que desempeñan los paraísos fiscales en las relaciones comerciales y financieras con los países en desarrollo; con un significado adicional por su carácter de documento oficial de un país pequeño pero influyente y con cierta relevancia en las finanzas mundiales derivada de su riqueza petrolífera.

El sector petrolífero de Noruega alimenta unos fondos estatales de inversiones en el exterior, los llamados fondos soberanos, que canalizan el excedente de ingresos públicos y que se invierten en el extranjero siguiendo criterios políticos legalmente establecidos. Entre estos se encuentra el Norfund (Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo) que está legalmente destinado a facilitar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, mediante inversiones de capital riesgo en negocios rentables de países en desarrollo. Estas inversiones noruegas abarcan una gama muy variada que van desde una central hidroeléctrica en Chile, a un banco en Uganda, pasando por un hotel en Kabul; y revisten modalidades también diversas, desde participaciones financieras en empresas gestoras o la gestión directa con empresas propias de referido Fondo soberano. La crisis financiera global ha generado inquietud entre los políticos noruegos sobre la eficacia real de esas inversiones de dinero público para el logro de los objetivos de desarrollo.

Con el mandato de definir una nuevas directrices para el Norfund, en junio de 2008 el gobierno de Noruega nombraba por Real Decreto una comisión multidisciplinar, integrada por reputados profesores de Escuelas de Negocios, un fiscal especializado en delincuencia y otros altos funcionarios entre los cuales estaba la ex magistrada francesa y ciudadana noruega, Eva Joly, famosa desde su instrucción del caso de la petrolera francesa Total-Elf en años recientes y recientemente elegida presidenta de la comisión de desarrollo en el nuevo Parlamento europeo.

Esta comisión gubernamental recibió el mandato de examinar el papel de las “secrecy jurisdictions” en relación con la fuga de capitales desde los países en desarrollo; con el encargo de evaluar los efectos dañinos que los paraísos fiscales están causando en los países en desarrollo, documentando su alcance y asimismo se le pedía que presentara recomendaciones que pudieran aliviar los problemas de los países en desarrollo creados por los paraísos fiscales, proponiendo una guía para las operaciones del Norfund.

Después de un año de investigaciones y trabajos, el pasado 27 junio la Comisión designada entregó al gobierno noruego su informe, bajo el título Tax havens and development (Paraísos fiscales y desarrollo), disponible en inglés en Internet. Sus 217 páginas documentadas se apoyan en estudios solventes, informes de organismos internacionales, de ONGs y los documentos de Tax Justice Network (La Red por la Justicia Fiscal, una coalición de organizaciones y expertos, a la que pertenece Attac-España y a la que está vinculado el autor de este articulo).

A modo de resumen incompleto del citado informe noruego, expondremos algunos de sus apartados más significativos a nuestro juicio, a la espera que el gobierno noruego o alguna ONG publique pronto su traducción íntegra al español.

La imprecisión de la expresión “paraísos fiscales”

Una muestra del rigor y la solvencia de este informe es que comience por subrayar que “paraíso fiscal” (tax haven) “no es un término preciso” y que “no existen criterios generalmente aceptados que determinen los elementos que deberían pesar en la clasificación de paraísos fiscales. Por tanto, el concepto no tiene aplicación en el derecho internacional o en los textos legales nacionales, pero aparece en ciertas propuestas legislativas que buscan la autorización de medidas contra las estructuras dañinas y la falta de intercambio de información fiscal en asuntos tributarios”.

Sin embargo, se reconoce que paraíso fiscal es una expresión muy conocida y usada frecuentemente en los medios de comunicación y en las conversaciones diarias, aplicándose con imprecisión a Estados caracterizados por la adopción de tipos impositivos inusualmente bajos, tanto para toda la economía como para las sociedades fantasma de propietarios extranjeros. A menudo paraíso fiscal tiene como sinónimo centro financiero extraterritorial u offshore y jurisdicción con secretismo (secrecy jurisdiction), pero no existe consenso sobre qué define esa condición.

Este grupo de trabajo muestra sin pretenderlo la falacia de las declaraciones de los gobiernos del G-20 cuando decían combatir los paraísos fiscales sin precisar previamente de que estaban hablando. Y cuando llegó la hora, el G-20 se acogió al falso criterio determinante de la suscripción de convenios bilaterales de intercambio de información fiscal a petición de parte, como se denuncia en nuestro libro Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20 (Icaria. Colección Más Madera, junio 2009)

En cualquier caso, dependiendo de la definición que se elija, aparecen entre 30 ó 70 paraísos fiscales, lo que supone que entre el 15 y el 30 % de los países del mundo podrían entrar en la catalogación de “paraísos fiscales” y las expresiones afines. De ahí que a la Comisión haya considerado oportuno no incluir ningún listado en su informe, aunque ofrece un cuadro comparativo con los listados de la OCDE, del FMI, del Senado estadounidense y de Tax Justice Network. La Comisión gubernamental noruega considera que “los paraísos fiscales” se caracterizan por el modo en que se regula el secreto bancario y su protección, dentro de un sistema normativo construido de manera que pretende sortear los intereses públicos y privados en otros Estados, es decir, aquellos Estados donde los propietarios de las compañías tienen su domicilio o están sometidos a sus obligaciones legales. Luego “el secretismo y la falta de transparencia son la principal característica”, se concluye en el informe.

Son particularmente interesantes las análisis de ciertas estructuras de los paraísos fiscales, como las regulaciones del secreto bancario, las ficticias sociedades instrumentales y los fideicomisos (trusts) así como sus efectos perjudiciales en general; incluso se dedica un apartado para exponer la interferencia de los paraísos fiscales con los derechos humanos definidos por la Convención europea de 1950.

El significativo sector financiero de los paraísos fiscales

En un apartado especifico ilustrado con cuadros de datos reales, la Comisión noruega señala que el capital fluye a las “secrecy jurisdictions” de muchas maneras diferentes. En parte, los fondos entran como depósitos u otros tipos de cuentas bancarias; otra parte se vale de sociedades mercantiles instrumentales, fideicomisos (trusts) y otras entidades propias de los paraísos fiscales y luego ese dinero se coloca en bancos o en otras entidades financieras antes de que sea canalizado hacia países con actividades rentables financieramente.

Aunque sean importantes las inversiones directas hacia o desde los paraísos fiscales, son muchos mayores las inversiones financieras y es mucho mayor el sector financiero en esos países y territorios offshore. Y cita, entre los paraísos fiscales mas notorios (con pequeñas economías y grandes balances financieros), el caso de las Islas Caimán que disponen de la mayor cifra de depósitos bancarios con 1,67 billones $ (doce ceros); en comparación con los 150,000 millones $ de las Islas Vírgenes Británicas. Cierto número de paraísos fiscales, incluidos Hong Kong, Holanda y Suiza, reciben mayores inversiones que las Islas Vírgenes, pero estos países tienen una actividad económica sustancial que no está asociada con el secreto bancario.

En un cuadro estadístico (Página 107) con las cifras de activos bancarios internacionales, Suiza aparece en segundo lugar y el enorme sector bancario de las Caimán dispone de unos activos internacionales que totalizan 700 veces su PIB; mientras los activos nacionales e internacionales de los bancos noruegos se corresponden con 1,3 veces el PIB y los de los bancos de la Eurozona alcanzan 2,5 veces el PIB conjunto.

Con datos de 2008 se recoge otro cuadro sobre la importancia de los sectores financieros en los paraísos fiscales. Por comparación, mientras los EEUU y el Reino Unido representan los dos centros financieros mayores del mundo, con una actividad financiera muy significativa, el sector financiero de la Isla de Jersey representa el 50 % de su PIB y muchos otros paraísos fiscales superan el 17 % del PIB.

La Comisión registra, asimismo, la importancia de las sociedades instrumentales o ficticias domiciliadas en paraísos fiscales que ejercen su actividad económica fuera de esa jurisdicción, en el plano internacional. Como ejemplos relevantes, el citado informe registra que el número de sociedades o compañías por cada 1000 habitantes es de 17.917 en las Islas Vírgenes Británicas; de 1815 en las Islas Caimán y de 213 en las Bermudas. Como comparación, Noruega tiene 40 sociedades mercantiles por 1000 habitantes.

Los flujos de capital desde y hacia los paraísos fiscales

El referido informe reconoce que no se puede determinar con precisión el alcance del dinero ilícito que fluye desde los países en vías de desarrollo hacia los paraísos fiscales; pero es indiscutible que excede con mucho, por ejemplo, a la ayuda al desarrollo o a las inversiones directas en esos países. El Banco Mundial estimaba en 571,000 millones $ el volumen total registrado de capital que llegó a los países en desarrollo en 2006; mientras que la ayuda de los países donantes alcanzó los 70,000 millones $. Sobre el dinero ilegal que sale desde los países en desarrollo, la estimación mas solvente (Kar & Mamadoy, 2008) señala que el total de estos flujos de capital ilegal se sitúa entre los 641,000 y 979,000 millones $. Incluso la estimación menor sugiere que los flujos de salida de capitales exceden las entradas netas de capital. Los fondos que salen corresponden grosso modo a diez veces la ayuda al desarrollo que se concede a los países en desarrollo.

Aunque no todo el dinero ilícito va a parar a los paraísos fiscales, el informe considera documentado que son enormes las inversiones en esas jurisdicciones y que gran parte de esos fondos colocado allí no se declaran para la tributación. Y el informe hace referencia a la estimación que hizo Tax Justice Network para 2004, que cifraba entre 11 y 12 billones $ las fortunas personales colocadas en paraísos fiscales. Y las estadísticas oficiales indican que esas cifras se elevaron en años posteriores, aunque la crisis financiera ha llevado a su disminución desde 2007.

La justificación de la utilización de paraísos fiscales por Norfund

El informe gubernamental referido deja constancia que en la información aportada por el propio fondo soberano Norfund (Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo) a la Comisión, se explica por qué los fondos de inversiones en los que invierte están a menudo localizados en paraísos fiscales. Los directivos del Fondo estatal argumentan que “no es el secretismo lo que hace a los paraísos fiscales atractivos para localizar los fondos sino el hecho de que estas jurisdicciones frecuentemente ofrecen lo siguiente:

  • La gestión segura y menores costes en las transacciones entre los países de origen de los inversores y las compañías en las que se invierten los fondos.
  • Un buen marco legal estable especialmente a la medida de las exigencias del sector financiero.
  • Disposiciones que evitan la tributación innecesaria en terceros países.
  • Y estabilidad política.”

Más aún, los directivos del Norfund aseguran que con frecuencia los paraísos fiscales donde se localizan los fondos disponen de sistemas avanzados para los pagos transfronterizos, destacando, por ejemplo, que los fondos en la Isla Mauricio en los que participa se benefician de las redes bancarias de que disponen en el continente africano los bancos que utilizan; en muchos casos con disposiciones legales muy apropiadas para los fondos porque permiten operaciones que no serían posibles bajo la legislación noruega. Otras argumentaciones abundan en esta defensa.

Es obvio – añadimos nosotros – que, como era de esperar, los argumentos presentados por los gestores son puramente funcionales, pero resultan muy ilustrativos de la filosofía neoliberal que fundamenta las practicas de las entidades financieras globales, privadas y públicas, y que subyace en la globalización de los mercados financieros sin control por los Estados.

Los efectos dañinos de los paraísos fiscales

La Comisión noruega ha identificado los conocidos efectos dañinos que genera la utilización de los paraísos fiscales. Puesto que estos centros financieros offshore o para no residentes contribuyen a la pérdida de ingresos fiscales en los países en desarrollo; asimismo contribuyen a su perpetuación al proporcionarles rentas y legitimación, al mismo tiempo que disminuyen el crecimiento en los países pobres; e igualmente contribuyen al blanqueo de dinero sucio y al fraude fiscal

Sin embargo, el citado informe apunta otros nuevos efectos dañinos menos divulgados, de los cuales tres merecen especial atención; como son el hecho de que los paraísos fiscales incrementen la prima de riesgo en los mercados financieros internacionales; que socaven el funcionamiento de los sistemas tributarios y las finanzas públicas; y que dañen la calidad institucional y el crecimiento de los países en desarrollo.

A) Los paraísos fiscales incrementan la prima de riesgo en los mercados financieros internacionales

La crisis financiera ha revelado que muchas entidades financieras soportaban deudas extracontables que parcialmente estaban registradas en paraísos fiscales y, por tanto, eran opacas. Los ejemplos incluyen instrumentos de inversión y productos estructurados registrados en paraísos fiscales, que al final aumentaban los riesgos de la contraparte y al aumento de los costes de los préstamos las primas de riesgo para todos los países. El informe referido alude a las consecuencias nefastas del funcionamiento financiero opaco que la crisis ha puesto de manifiesto; y que por nuestra parte hemos desvelado con el análisis de casos de rescate bancarios significativos y del sistema bancario en la sombra analizados en nuestro reciente libro ya citado sobre el rescate de los paraísos fiscales por la cumbre de Londres del G-20.

B) Los paraísos fiscales socavan el funcionamiento de los sistemas tributarios y las finanzas públicas

Al ofrecer normas de secreto bancario y domicilios ficticios combinados con regímenes de “cero impuestos” destinados a incentivar la llegada de fondos que dejan de tributar en sus países de origen, los paraísos fiscales incrementan la competencia para atraer el capital volátil, haciendo difícil para los demás países mantener sus tipos impositivos sobre el capital y, por consiguiente, contribuyen a disminuir esta tributación. Los países en desarrollo tienen una base impositiva más estrecha que la de los países ricos y la mayor parte de sus ingresos fiscales procede de la tributación del capital. Según esto, menores impuestos sobre el capital significan bien una disminución en los ingresos y/o bien impuestos más elevados sobre una base mas estrecha. En definitiva, el resultado es que los paraísos fiscales contribuyen a elevar los costes socioeconómicos de la tributación y debilitan el crecimiento en los países en desarrollo.

C) Los paraísos fiscales dañan la calidad institucional y el crecimiento de los países en desarrollo

Las mayores consecuencias negativas potenciales de los paraísos fiscales son su contribución a la debilitación de la calidad de las instituciones y del sistema político en los países en desarrollo. Esto se debe a que incentivan el propio interés de ciertos políticos y burócratas en que se debiliten esas instituciones propias. La falta de una efectiva vigencia de las organizaciones locales significa que los políticos pueden en mayor medida aprovecharse de las oportunidades que los paraísos fiscales les ofrecen para ocultar los beneficios derivados de los delitos económicos, de la corrupción, de la búsqueda ilegal de ingresos provenientes del erario público o de la ayuda exterior. Al facilitar la ocultación de los beneficios de la delincuencia económica, los paraísos fiscales crean incentivos políticos para demoler en lugar de fortalecer las instituciones y/o debilitar en vez de reforzar los procesos de la gobernación democrática.

Apelando a la benevolencia del lector, hemos de expresar nuestra complacencia porque este Informe oficial del gobierno noruego corrobore la conclusión básica de nuestra primera investigación al respecto sintetizada en el subtítulo “cómo los centros offshore socavan las democracias” de nuestro libro Los paraísos fiscales (AKAL, 2005).

Recomendaciones del informe noruego

La principal recomendación del Informe de la Comisión gubernamental atañe a la política de desarrollo de Noruega como país que, como es sabido, es muy activo internacionalmente. La Comisión señala que las autoridades noruegas deberían aumentar su compromiso para reforzar y mejorar los regímenes fiscales y las medidas anticorrupción en los países en desarrollo, trabajando para reforzar sus procesos democráticos, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras cosas.

Pero, asimismo, el Informe de la comisión gubernamental presenta unas “guidelines for Norfund”, es decir una serie de pautas detalladas para las políticas de este Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo, que incluyen la preparación de unas directrices éticas sobre las opciones de la localización de esas inversiones y sobre cómo este Fondo estatal debería informar de sus operaciones.

“En opinión de la Comisión, Norfund debería gradualmente dejar de hacer nuevas inversiones financieras mediante paraísos fiscales en un período de tres años desde la aprobación del Informe de la Comisión. La Comisión ha notado que las consecuencias de eso probablemente serán que Norfund incremente las inversiones directas en compañías de países en desarrollo sin que necesariamente tenga un efecto negativo en los beneficios de las inversiones de la institución. Más aún, la Comisión es de la opinión que, como Norfund tiene objetivos relacionados con la creación de valor y los ingresos fiscales en países en desarrollo, la rentabilidad antes de impuestos de sus inversiones debería ser el parámetro de inversiones más importante. La gestión de conformidad con la rentabilidad post impuestos significa que Norfund dedicaría recursos para minimizar sus pagos tributarios en países en desarrollo. Esto no es reconciliable con el objetivo de la institución de contribuir al desarrollo en los países pobres. A la Comisión no le ha parecido apropiado recomendar que el gobierno pida a Norfund que se retire de los fondos existentes en paraísos fiscales.”

La Comisión dice haber optado, pues, por un período de transición que enviará una señal importante sobre el significado de la no utilización de los paraísos fiscales. Una conclusión final que no puede considerarse revolucionaria; pero que hemos de admitir que marca un camino para todos los gobernantes europeos, particularmente españoles, que han expresado públicamente su disposición a combatir los paraísos fiscales.-

(*) Juan H. Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

http://www.redjusticiafiscal.org

Caso Gürtel: más allá de favores, trajes, bolsos... y anchoas / Antonio Fuertes Esteban *

A tenor del denominado caso Gürtel y siguiendo las diatribas diarias entre políticos, los medios nacionales prodigan y nos cultivan con noticias en primera página de una mayoría de periódicos e informativos televisivos, redactadas con estilos y códigos que secuestran a la ciudadanía la información necesaria para poder interpretar la vida política y alimentan al mismo tiempo una forma de analizar hechos cruciales que puede resultar ramplona, frívola y provinciana.

Digo esto, porque parece que en este país políticos y mas media de toda laya, lejos de prodigar cultura política a través de su discurso y de su ejemplo, parecen anclados aún en La Restauración como si el tiempo no hubiera pasado y aparte del insulto y del “y tú más” no se propongan en absoluto dignificar la vida política ni en las formas ni en los contenidos, y así nos va. ¿Cómo vamos a crear ciudadanía activa? ¿o es que en el fondo no se quiere? La tan traída desafección política se la ganan a pulso diariamente. Como entonces durante La Restauración es necesaria una profunda Regeneración de la vida política y en la que necesariamente los ciudadanos han de poder tomar parte.

Porque más allá en importancia de los tan divulgados comadreos, regalos y favores entre grupos de amiguetes, la realidad corrupta de nuestra llamada democracia está arraigada en nuestro propio sistema político y económico y tiene raíces más profundas y no bien publicitadas. Esta realidad corrupta tiene diversos mimbres, pero fundamentalmente está basada en que el sistema actual establece muchas más garantías a la libertad de negocios y de todo tipo de transacciones de capital sin cortapisas, que para desarrollar un adecuado estatus de ciudadanía y su acción cívica. Al mismo tiempo que en el sometimiento permanente del poder político al poder económico.

Y es que, como se ha demostrado en diversas ocasiones en nuestra joven aún democracia, existen en este país poderes intocables y son la gran patronal y la Banca, de la que todos los partidos beben en uno u otro momento con vistas a satisfacer sus necesidades, de financiación de sus campañas electorales o de sus programas políticos. Y es este el poder que domina y siempre marca límites a diestra y a siniestra.

A estas alturas, después de las declaraciones del Ministro de Justicia Francisco Caamaño, es evidente que si nada lo impide el Estado, a instancias del Gobierno de la Nación, se personará como acusación particular en el caso Gürtel, está en liza la respuesta a un importante entramado institucional corrupto del PP, primer partido de la oposición, que se configuró con el último gobierno de Aznar y que desde entonces ha venido parasitando bienes del Estado Central y de las Comunidades de Madrid y Valencia.

Y es aquí donde se demuestra quien manda en este País. Nunca antes el Estado, ni con el Gobierno del PP, ni con el Gobierno socialista, se personó como acusación particular en los diversos e importantes casos de delito económico y fraude fiscal, cuando los imputados eran Presidentes o miembros del consejo de administración de importantes grupos bancarios españoles.

Esto se pudo ver en los casos de las “cuentas secretas” del BBV o en el de las “cesiones de crédito” del BSCH y ello a pesar de que fueron lesivos, aparte de para los accionistas y ahorradores, para la Hacienda del Estado.

Pero aparte de este inciso, y respecto a lo que nos trae, tanto el Juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional, como posteriormente el Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que en sucesivas fases han instruido el caso Gürtel han encontrado indicios fundamentados de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

En mayor o menor medida hay más de 70 imputados, tres de ellos entre los que se encuentra el supuesto cerebro de la trama Francisco Correa (Correa es Gürtel en Alemán) permanecen en prisión y hay diversos aforados y cargos públicos implicados, entre ellos Luis Bárcenas, senador y responsable de finanzas del PP, así como el Presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.

Correa es la cabeza visible de un entramado o holding empresarial cuya matriz es Special Evens, propiedad de Correa, y que está compuesta por empresas inmobiliarias y constructoras, de comunicación, de organización de eventos, sociedades de inversión..etc.

Pero más allá de los imputados y de enumeración de hechos y delitos que han aparecido en la prensa, nos interesa aquí hablar de los instrumentos y mecanismos que a partir de ahora la justicia tendrá para actuar e implantarse.

Y no es cuestión menor, ya que una vez el Estado acepta el reto de presentarse como acusación, su éxito depende de la información que proporcionen a la justicia Española países o territorios como Panamá, Islas del Canal, Mónaco, Colombia, Holanda, Antillas Holandesas, Suiza, Reino Unido, EE. UU (algunos estados) o la Isla caribeña de Las Nieves. Todos ellos considerados centros offshore o países no colaboradores con la jurisdicción internacional en lo que respecta a proporcionar datos de las personas físicas y/o jurídicas titulares de cuentas o empresas instrumentales en ellos.

En lo que respecta al caso Gürtel está por ver que las diversas comisiones rogatorias realizadas a dichos países y territorios tanto por el juez Garzón, como por el magistrado Antonio Pedreira, en el sentido de ayuda judicial e información fiscal, vayan a ser aceptadas por dichos centros offshore.

La información que la justicia Española solicita tiene que ver con la información proporcionada por diversos testigos y con la presunta de la llamada caja X, de una cuenta de Caja Madrid y vinculada a la contabilidad B de las empresas de Correa, ligada a diversos intercambios con territorios offshore y a partir de la que fluía buena parte del dinero.

El éxito de la justicia depende de que se de un intercambio de información efectiva necesaria para conseguir pruebas fehacientes, que hasta el presente le ha sido negado anteriormente a la justicia española en otras causas por otros territorios offshore.

También a que la investigación judicial y de la Hacienda Española puedan salvar los obstáculos y la complejidad de la trama tejida por Correa, testaferros y asesores a través de empresas instrumentales y fideicomisos entrelazados unos con otros en estos paraísos fiscales necesarios para realizar todo tipo de operaciones corruptas sin apenas dejar huellas visibles a la justicia.

Todo ello unido a la lentitud de la justicia supone que no podamos ser muy optimistas. Aún así habrá que esperar a ver como se comportan países que como Panamá firmó recientemente con España un acuerdo de intercambio de información con cláusula sobre la doble tributación.

El limbo jurídico y dumping fiscal que constituyen los denominados Paraísos fiscales y/o Centros offshore o extraterritoriales, no nos cansaremos de repetirlo en ATTAC, constituye un claro atentado a la justicia y a la democracia en el mundo.

La opacidad ha sido y es un arma política al servicio del capital financiero, un capital financiero globalizado que socava la democracia. La lucha para conseguir su abolición es necesaria para establecer realmente la soberanía popular en contra del poder plutocrático del dinero.

Una ciudadanía informada y activa es necesaria. ¡¡¡Acabemos con los Paraísos Fiscales!!!

(*) Antonio Fuertes Esteban – Comisión de Justicia Fiscal Global de ATTAC España

Especulación y caciquismo / José Manuel Naredo *

No puede haber cambio del modelo económico imperante sin corregir la marcada dimensión especulativa y caciquil que ha venido caracterizando a la economía española durante el pasado auge. ¿Por qué no ha mejorado sensiblemente la calidad de vida de la población cuando la economía española ha venido disfrutando de una financiación inusualmente barata y abundante? ¿Cuál ha sido el destino de esa financiación?

Una parte importante de la misma se invirtió en la compraventa de empresas y activos patrimoniales preexistentes como tarea mucho más prioritaria en la lucha por el poder y por la “creación de valor” de las grandes corporaciones que la de cuidar su propia actividad ordinaria, ligada a la venta de bienes o servicios.

Las mismas empresas no financieras vinieron invirtiendo en adquirir activos financieros, más del doble de lo que destinaban a mejorar o ampliar sus infraestructuras y equipos, privilegiando así, la especulación frente a la fabricación de bienes o servicios, cada vez más subcontratada y precarizada. Las copiosas inyecciones de liquidez que se vienen practicando reanimarán, evidentemente, este juego especulativo si no se modifica el contexto que lo propicia.

Otra gran parte de la financiación ha venido alimentando la burbuja inmobiliario-financiera y la constelación de megaproyectos e infraestructuras generalmente asociados a ella. Una vez obtenidas las plusvalías de la recalificación de terrenos y/o los beneficios de la fase de construcción, suele evidenciarse el fiasco económico y el sinsentido de los megaproyectos, ahora subrayado por la crisis inmobiliaria.

Numerosos exponentes de este proceder han venido desordenando el territorio al dictado de oligarquías político-empresariales que sembraban por doquier, con el apoyo del dinero público, parques temáticos, nuevas “ciudades” e infraestructuras, sin contar con las necesidades de la población ni con las vocaciones del territorio.

Tal vez la operación denominada Reino de Don Quijote, en Ciudad Real, pase a la historia por haber contribuido a la bancarrota de Caja Castilla La Mancha, al forzarla, entre otras cosas, a financiar un ruinoso aeropuerto privado para que accedieran los ricos del mundo a jugar en el nuevo casino que servía de pretexto a la operación. Pero esto parece un juego de niños en comparación con la treintena de casinos y la megalópolis del juego que se pretendían instalar en el desierto de Los Monegros…

Afortunadamente la crisis vino a parar tamaños despropósitos. Pero, una vez pinchada la burbuja inmobiliaria, queda el negocio puro y duro de la construcción de infraestructuras inflado por el dinero público que fluye ahora con redobladas pretensiones anticíclicas, haciendo que la letra E de España avale las obras que sin ton ni son salpican el territorio.

¿Ha preguntado alguien a la ciudadanía cuáles son sus prioridades, antes de emprender un programa de este porte? No parece que así sea y, sin cambiar las reglas del juego, las nuevas inversiones seguirán alimentando la dimensión especulativa y caciquil de la economía española que nos ha llevado a la penosa situación actual.

(*) José Manuel Naredo es economista y estadístico -------- www.publico.es

sábado, 25 de julio de 2009

La fusión de Unicaja, Caja de Jaén y Cajasur irá a dos velocidades

MADRID.- La creación de una gran caja andaluza integrada por Unicaja, Caja de Jaén y Cajasur se llevará a cabo a dos velocidades, porque la integración de la entidad controlada por la iglesia obliga a reformar la Ley de cajas andaluza y necesita recursos públicos, y las otras dos entidades no están dispuestas a esperar para materializar su fusión, según informaron hoy fuentes conocedoras del proceso.

El presidente de Unicaja, Braulio Medel, y su homólogo en Caja de Jaén, José Antonio Arcos, no quieren postergar una integración acordada ya para esperar los cambios normativos necesarios para que pueda sumarse la entidad que preside el cura Santiago Gómez Sierra, ya que dichas modificaciones pueden llevar seis meses como mínimo.

Tras las reuniones celebradas entre Unicaja y Caja de Jaén con responsables del Banco de España, las entidades andaluzas están a la espera de poder formalizar su fusión, planteamiento que no van a modificar pese a entablar conversaciones con Cajasur para que se sume al proyecto.

La integración entre Unicaja y Caja de Jaén no precisa recursos públicos para llevarse a cabo, mientras que la caja controlada por la Iglesia podría necesitar una inyección de dinero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para participar de la gran caja andaluza.

De esta forma, no se constituirá una fusión a tres bandas de forma inmediata, sino que la integración de las dos primeras entidades podría abrir sus puertas posteriormente a Cajasur. Si esta última no cuenta finalmente con la cobertura legal y los recursos necesarios para entrar en el equipo, los planes de Unicaja y de Caja de Jaén no se verán afectados.

El FROB contempla la remoción de los gestores de entidades financieras que necesiten dinero público para llevar a cabo su reestructuración, situación en la que también quedaría en suspenso la capacidad de veto de los gobiernos regionales a la fusión de una entidad de su comunidad con otra.

El fondo diseñado por el Gobierno capacita así al organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez para decidir el destino último de las entidades financieras que necesiten dinero de los contribuyentes para garantizar su viabilidad futura, lo que podría constituir un escollo más que dificultaría los planes de Cajasur de integrarse en el proyecto de Unicaja y Caja de Jaén.

Unicaja y Caja de Jaén ya han iniciado sus auditoras externas o 'due diligence' para verificar la viabilidad de su fusión, unas auditorías que prevén tener concluidas en agosto para estar en condiciones de llevar el proyecto de fusión antes de septiembre a los respectivos consejos de administración.

Esas auditorías se iniciaron hace varios días y están elaboradas por PricewaterhouseCoopers (PWC) en el caso de Unicaja y de Ernst and Young en el caso de Caja de Jaén, en colaboración en ambos casos con equipos jurídicos-económicos de cada una de las entidades.

Ambas auditoras están comprobando cerca de doce requisitos y parámetros técnicos en ambas entidades, revisan los estatutos actuales y analizan de forma pormenorizada los balances de resultados de los tres últimos ejercicios.

El aire que respiramos en la Región de Murcia

CARTAGENA.- En la Región de Murcia se ha producido recientemente, en junio de 2009, un retroceso insólito al desaparecer, de repente y sin ningún tipo de explicación, algunos de los datos sobre niveles de contaminantes de la página web de la Consejería de Agricultura y Agua.

Concretamente se han retirado de la web los datos de Tolueno, Benceno y Xileno, y se ha transformado la presentación de los datos de partículas PM10, dificultando su consulta y recopilación de datos, según denuncia 'Ecologistas en Acción'.

Casualmente esto sucede tras varios meses de denuncias de esta organización sobre los continuos episodios de contaminación por Tolueno, Benceno y Xileno en Alumbres y en Murcia-Alcantarilla, y en las que se pedía la intervención de dicha Consejería.

A lo que hay que añadir las denuncias sobre niveles de partículas PM10 que esta asociación lleva varios años realizando de manera mensual, y solicitando a su vez la elaboración y puesta en marcha de los Planes de Acción para la reducción de la contaminación que exige la ley.

Días antes de esta desaparición, se produjo la comparecencia en la Asamblea Regional del Consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, para dar explicaciones sobre un informe del Defensor del Pueblo estatal que daba la razón a Ecologistas en Acción a raíz de una queja sobre falta de información al público sobre episodios de contaminación por Ozono troposférico y por dióxido de azufre en 2007 y 2008, incumpliendo los preceptos legales.

También fue consultado por los episodios de contaminación por Tolueno, Benceno y Xileno que se venían produciendo en los últimos meses en Alumbres y Murcia-Alcantarilla.

Tras esta comparecencia, los grupos parlamentarios votaron por unanimidad una resolución en la que se instaba a la Consejería a poner los medios para evitar la superación de los niveles de contaminación permitidos, y para establecer unos protocolos de información al público adecuados a la legislación.

Esta asociación interpuso recientemente una denuncia ante el Fiscal de Medio Ambiente, sobre el incumplimiento legal, por parte de dicha consejería, de informar al público de la superación de los umbrales de información y de alerta al público ocurridos en 2007 y 2008, para los contaminantes Ozono troposférico y Dióxido de azufre.

En cuanto a la situación de la Calidad del Aire en la Región de Murcia durante 2008:

El principal contaminante son las partículas PM10, que presenta superaciones en 6 de las siete zonas en las que se divide la Región.

En cinco de estas zonas se superan los valores límite establecidos por la Directiva:

1. Estación Medidora – “Comunidad de Murcia Norte” 2. Estación Medidora – “Comunidad de Murcia Centro” 3. Estación Medidora – “Comunidad de Murcia Litoral” 4. Estación Medidora – “Valle de Escombreras” 5. Estación Medidora – “Cartagena”

Es decir todas las zonas menos las de “Ciudad de Murcia”, donde se superan los valores límites recomendados por la OMS, y “Mar Menor”, de la que no se proporcionaron datos.

En las zonas de “Cartagena” y “Comunidad de Murcia Litoral”, además de superaciones del valor límite anual, se duplican las superaciones del valor límite diario; y en la zona de “Comunidad de Murcia Centro”, que incluye el municipio de Lorca, las superaciones están muy por encima del doble del valor límite diario.

Respecto a superaciones de otros contaminantes, cabe destacar que en Murcia capital se han producido varios episodios anormales de contaminación por Benceno y Tolueno. Esta situación se repite los primeros meses del presente año, produciéndose también en la zona de Alumbres.

Por último, durante los meses estivales, se produjeron en San Basilio (Murcia) dos superaciones del umbral de información a la población por ozono troposférico, y sin embargo la Consejería no informó a la población a través de los medios de comunicación, incumpliendo la legislación vigente.

Como ya se ha comentado, las autoridades competentes eluden su responsabilidad en el control de la calidad del aire que respiramos los ciudadanos, ya que a pesar de tener multitud de datos sobre los niveles de contaminación, no se realizan actuaciones eficaces para la reducción de dicha contaminación, llegando incluso a incumplir las leyes al menos en dos puntos:

- 1º.- No se informa a la población a través de los medios de comunicación cuando se superan los niveles de información o de alerta al público de los contaminantes Ozono troposférico y Dióxido de azufre.

- 2º.- No se han elaborado, ni parece que haya intención de hacerlo, los necesarios Planes de Acción para la reducción de la contaminación. Según la ley son de obligada redacción y puesta en marcha para casi todas las zonas de la Región de Murcia, ya que la mayoría han tenido en 2008 más de 35 días al año en que los niveles de contaminación por PM10 superan el límite diario permitido, condición que según la ley obliga a la redacción de los Planes de Acción.

En resumen, a pesar de la mala calidad del aire en buena parte de la geografía regional, no se aprecia una apuesta clara de las administraciones regional y locales para el control y reducción de esta contaminación.

Y todo esto a pesar de la importancia y repercusión que tiene este tipo de contaminación en la salud pública y el medio ambiente.

El ex senador Adolfo Fernández solicita su baja 'urgente' en el PP de Valcárcel

MURCIA.- El ex parlamentario del PP Adolfo Fernández ha decidido cortar por lo sano ante lo que califica de «inmundicia» y «villanía». En una carta manuscrita dirigida al presidente nacional popular, Mariano Rajoy, el pasado 15 de julio, Fernández le solicita la baja «urgente» en el PP, adelanta hoy La Verdad.

La razón de este divorcio está en el expediente disciplinario abierto por la dirección regional del PP a Fernández, con 18 años de experiencia parlamentaria en la Asamblea, el Senado y el Congreso, por defender el voto en blanco en las pasadas elecciones europeas a través de un artículo publicado en La Verdad el 25 de mayo, al considerar que ningún partido recogía en sus programas «la defensa de la necesaria interconexión de cuencas».

En la carta a Rajoy, el ex senador indica que dicho artículo lo escribió «como periodista y ciudadano, no como militante», y precisa que el mismo «no contenía connotación alguna de carácter crítico personal».

Fernández esgrime la libertad de expresión y de voto, por encima del interés partidista, para defender su actuación. «Parece que las personas decentes y comprometidas son más fáciles de enviar al Comité de Conflictos que los numerosos militantes inculpados por la Justicia», agrega en la carta.

IU exige al Gobierno regional que "medie" en el conflicto entre Cofrusa y trabajadores de Conservas Fernández

MURCIA.- El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, mostró su apoyo a los trabajadores de Conservas Fernández de Calasparra y exigió al Gobierno autonómico que "medie" en el conflicto que mantienen éstos con la empresa Cofrusa.

Pujante recordó que el Ejecutivo murciano otorgó a Cofrusa un aval de 28 millones de euros para la adquisición de Halcón Foods y Conservas Fernández con la condición de mantener los puestos de trabajo, lo que ahora, aseguró, "se está incumpliendo".

Según el dirigente de la federación de izquierdas, "es necesario que el Gobierno regional dé explicaciones sobre este asunto y exija a Cofrusa que no efectúe los despidos, ya que esta es una condición que se puso para la concesión del aval".

Aseguró asimismo, en un comunicado de prensa, que el cometido de la Administración "no es avalar a Cofrusa, una empresa que ha dinamitado el convenio de la Conserva, sino velar porque el dinero público sirva para el mantenimiento de la actividad y los puestos de trabajo".

Por último, indicó que IU+Los Verdes ha presentado una interpelación para que el consejero de Empresa, Salvador Marín, explique los motivos por los que el Gobierno regional ha avalado la compra de sendas empresas por medio de acuerdos "que conculcan los derechos esenciales de los trabajadores".

UGT discrepa

La Federación Agroalimentaria de UGT Murcia destacó que los más de 400 empleados de la fábrica de Halcón Food se encuentran trabajando desde hace días en la campaña del melocotón.

Al respecto, FTA-UGT Murcia recordó en comunicado de prensa que el sindicato asesoró en las negaciones de compraventa de la factoría de Campos del Río, mientras en Calasparra dejó el asesoramiento en manos del responsable sindical de UGT en la localidad, Francisco Javier Jiménez, y de tres personas del Comité de Empresa de La Diosa, quienes no consiguieron llegar a un acuerdo.

De igual forma, FTA-UGT señaló que el acuerdo alcanzado en Campos del Río entre el Comité de Empresa y los nuevos propietarios fue presentado ante el Comité de Empresa de 'La Diosa', "quien lo rechazó".

La Federación Agroalimentario de UGT Murcia insistió así en que los más de 400 empleados de Halcón Food trabajan desde hace días, "mientras en Calasparra no sólo no están trabajando, sino que además están recibiendo cartas de despido, por lo que el sindicato se pregunta si el asesoramiento que han recibido los trabajadores de 'La Diosa' ha sido el adecuado".

"Dado que han impedido la continuidad en la actividad de Conservas Fernández y han acabo con 200 puestos de trabajo reales, UGT decidió en su día llevar a las personas que negociaron con la empresa por parte del sindicato, desoyendo las directrices de su organización, a un expediente de expulsión", añadió.

Finalmente, FTA-UGT también indicó que los alcaldes de los pueblos afectados, todos ellos del partido socialista, y el Gobierno del PP "han trabajado en la línea de dar solución a la viabilidad de estas dos empresas junto a la Federación Agroalimentaria de UGT, algo que este sindicato valora muy positivamente".

Manifestación ante San Esteban

Más de un centenar de trabajadores de Conservas Fernández 'La Diosa', de Calasparra, se manifestaron ayer ante las puertas del Palacio de San Esteban con el fin de exigir al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, de explicaciones sobre el aval de 43 millones de euros que el Gobierno regional dio a la empresa Cofrusa para la compra del Grupo Halcón; así como su "desesperación" por la situación crítica por la que atraviesan.

Según explicó un miembro del Comité de Empresa, Juan Santos, "pedimos una explicación", al tiempo que denunció "el chantaje" que la empresa Cofrusa viene ejerciendo sobre los 311 trabajadores de la plantilla de Conservas Fernández, "y las pésimas condiciones laborales plateadas para salvaguardar sus puestos de trabajo".

Por ello, CCOO y el Comité de Empresa se preguntaron "si es lícito que la empresa Cofrusa utilice el aval de la Comunidad, es decir, dinero público, para despedir a los trabajadores". Condiciones que el sindicato CCOO considera "una total desregulación del convenio del sector de la Conserva".

Al respecto, la portavoz del Ejecutivo regional, María Pedro Reverte, destacó que, desde las 11.30 horas, representantes de la empresa están reunidos con el secretario general de la Consejería de Presidencia, José Gabriel Ruiz, y apuntó que "la empresa está cumpliendo el plan de viabilidad y el compromiso de mantenimiento de los puestos de trabajo, que es lo esencial".

De hecho, prosiguió, "en la planta de Campos del Ríos se encuentran trabajando 350 personas, que además durante esta semana lo hacen a dos turnos con la campaña del melocotón".

Desgraciadamente, añadió la consejera, "lo que está sucediendo en la planta de Calasparra es un conflicto laboral entre los sindicatos y la empresa, que es lo que está impidiendo el desarrollo normal del inicio de la actividad".

Al tiempo que recordó que la planta de Conservas Fernández "lleva ya más de un año sin actividad y lo que se planteó por la empresa fue precisamente un plan de viabilidad que permitiera su reanudación, lo que el Gobierno ha hecho ha sido avalar para esto que pueda ser así".

El Gobierno, aclaró, "no está dando dinero, lo que está es avalando para que se cumpla el plan y todo vaya bien, de lo contrario sí se pondrá dinero".

"No creo que estos momentos sean los mejores para polemizar la situación de la crisis de las empresas. Se trata de que todos trabajemos conjuntamente, es decir, ayuntamientos, empresas, sindicatos y Gobierno regional para la defensa de estos puestos de trabajo", puntualizó Reverte.

Tras lo que solicitó el apoyo de la Delegación del Gobierno para que "garantice la seguridad de todos aquellos trabajadores que sí que quieren precisamente trabajar".