miércoles, 20 de marzo de 2013

UPyD advierte que la reserva de 400 hm3 en la cabecera del Tajo "puede producir de facto el cierre del trasvase"

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha calificado de "increíble" que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel "diga ahora que el acuerdo del Plan Hidrológico del Tajo es muy positivo", ya que, ha advertido, "la reserva de 400 hectómetros en la cabecera del Tajo puede producir de facto el cierre del trasvase, teniendo en cuenta que con ese volumen de reserva durante los periodos de déficit de precipitaciones no se trasvasará ni una gota" . 

   Para Sánchez, "es incluso bochornoso el perfil bajo que está mostrando el Gobierno regional o comprobar cómo el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, resta importancia al hecho de que se incrementen hasta los 400 hectómetros cúbicos las reservas que se han de mantener en la cabecera del Tajo".
   En ese sentido, el coordinador de la formación magenta ha insistido en "la necesidad de que se articule un Plan Hidrológico Nacional que establezca las necesidades reales de las cuencas y asuma el origen de los recursos para cada una de ellas".
   Así, ha recordado que el déficit anual de la cuenca del Segura "es de unos 400 hectómetros cúbicos" y que UPyD propuso en su programa electoral de las elecciones autonómicas de 2011 "el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura con las actuales condiciones y normas".
   De igual modo, ha afirmado que "la política del agua seguida por el PP murciano ha seguido un curso aberrante". Sánchez ha recordado el "viraje" efectuado por el PP, "desde la reivindicación a ultranza del agua del Ebro con manifestaciones de miles de ciudadanos con la cúpula del PP a la cabeza, para ahora desaparecer como por arte de magia".
   Del mismo modo, ha señalado que ha ocurrido algo parecido, a la pancarta de 'Agua para Todos', que "desde hace días ya no se puede ver en el balcón del Ayuntamiento de Murcia, pasando todo ello, además, por la enorme inversión en una desalinizadora para abastecer de agua a unas urbanizaciones fantasma, y que ahora hipotecan un poco más a los murcianos".
   Para Sánchez, "la inadmisible reducción de reivindicaciones del Gobierno murciano a partir del cambio de color del Ejecutivo nacional, y ante temas de tanta transcendencia como el del agua, soterramiento de las vías, o el retraso incomprensible en las obras de reconstrucción de Lorca, plantean serias dudas de sí los murcianos estamos lo suficientemente defendidos y representados por el Gobierno de Valcárcel".

José Manuel Claver confiesa que no le gusta "nada" el aumento de las reservas de agua de 400 hm3

MURCIA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), José Manuel Claver, ha confesado que no le gusta "absolutamente nada" el aumento de las reservas de agua en Entrepeñas y Buendía de 240 a 400 hm3, recogido en el borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, ya que "es un problema añadido a toda la regulación del trasvase".

   En declaraciones a Onda Regional Claver ha subrayado que "habrá que comprobar y gestionar muy bien la cabecera para que los efectos sean los menos perjudiciales posibles y comprobar la realidad de esas nuevas necesidades del Tajo, que son prioritarias".
   "Tenemos que aceptar, aunque no nos gusten, siempre que sean necesidades reales", ha resaltado Claver, quien ha dejado claro que "el trasvase se ve afectado, pero no se ve en una situación de extinción".
   Y es que, manifiesta, "si se gestiona bien podría incluso no tener tantos problemas como en principio pudiera parecer".
   Al mismo tiempo, ha destacado la "receptividad" del ministro Miguel Arias Cañete, que "se ha comprometido a ayudar al trasvase y mantenerlo".
   Así, ha anunciado que "a partir de ahora se formará una comisión en la que tendremos participación y en unos meses deberá de elaborar una serie de propuestas en temas relacionados con el trasvase Tajo-Segura que permitan paliar ese problema y consolidarlo en otros aspectos fundamentales".

Valcárcel busca legitimidad para una planificación ambiental trucada en contra del consejero Campos

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, se ha mostrado "muy receptivo" y ha entendido "perfectamente" la propuesta de empresarios y agricultores que, en el transcurso de una reunión, le han solicitado que la Comunidad paralice los instrumentos de planificación ambiental puestos en marcha por la Consejería de Presidencia y, a cambio, ponga en marcha un único plan director, aplicable en todos los espacios protegidos de la Región, y que sea "compatible" con el desarrollo socioeconómico.

   Así lo han hecho saber los presidentes de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), Miguel del Toro; de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García-Balibrea; de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM), Santiago Martínez; de COAG, Miguel Padilla; y de la Federación de Asociaciones de Propietarios de Espacios Naturales, José Luis Hernández, en una rueda de prensa posterior al encuentro que han mantenido conjuntamente con Valcárcel.
   El consejero de Presidencia, Manuel Campos, responsable del departamento que ha iniciado los instrumentos de planificación ambiental, no ha participado en el encuentro al estar de viaje en Bruselas, aunque era "perfectamente conocedor" de la reunión.
   Del Toro ha recordado que diferentes agentes sociales y económicos han hecho llegar en diferentes ocasiones al Gobierno regional "la preocupación" que les procuraba la compleja legislación ambiental existente y su excesiva burocracia, que dificultaba la atracción de inversiones en nuevos proyectos empresariales, en unos casos, y la ampliación de otros que ya existían".
   El presidente de la patronal ha remarcado que este estado de preocupación se ha visto acrecentado últimamente "ante la iniciativa para a puesta en marcha de distintos instrumentos de planificación que, en su contenido y alcance, iban a nuestro entender, más allá de la necesaria trasposición de la normativa comunitaria y estatal". Además, lamenta que esta iniciativa "no reportaba garantía a los derechos de miles de empresarios y agricultores".
   Del Toro ha reiterado que el objetivo de los empresarios de la Región de Murcia es establecer de forma consensuada la estrategia y el modelo de planificación ambiental para el futuro, y hacerlo "desde el respeto a la biodiversidad y a la normativa superior que la ampara, como no podía ser de otra manera".
   De todas formas, los empresarios instan a tener "igualmente claro" que dicho respeto "tiene que ser compatible con la actividad económica y con el desarrollo socioeconómico de la Región de Murcia".
   En segundo lugar, empresarios y agricultores han solicitado a Valcárcel "un proceso de negociación para establecer los ejes estratégicos del modelo de política ambiental de la Región".
 "Somos tremendamente dialogantes, y lo somos porque entendemos que es la única forma de llegar a acuerdos satisfactorios y que redunden en beneficio de todos", ha matizado.
   Para que esto suceda, Del Toro considera "importante y necesario" paralizar las actuaciones puestas en marcha dentro de la orden de planificación de los espacios protegidos de la Región de Murcia y trabajar en "un único documento de planificación y gestión o, si quieren, plan director".
   Además, piden que este plan director sea aplicable al conjunto de los espacios naturales de la Comunidad Autónoma, tal y como "se hace en otras comunidades, tales como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cataluña". Del Toro cree que la planificación debe hacerse así "sin perjuicio de que se cumplan los plazos establecidos por la legislación vigente".
   Del Toro ha asegurado que Valcárcel ha sido "muy receptivo" y ha entendido "perfectamente" el planteamiento de empresarios y agricultores.
   El presidente de la patronal considera "lógico" hacer un único plan director "que rija la política medioambiental de la Región de Murcia", porque cree que es "más sensato" que "repetir 14 veces en los 14 planes distintos que tenemos en la Región de Murcia".
   Al ser preguntado por el plan ambiental del Noroeste, Hernández ha explicado que no se sabe "qué actitud va a adoptar el Gobierno regional", y los reunidos tampoco han abordado en detalle "las alegaciones" presentadas, porque es un tema "muy específico que lleva la Dirección General de Medio Natural".
   Al ser preguntados por las repercusiones de paralizar los instrumentos de planificación ambiental puestos en marcha, Martínez ha explicado que todo son "ventajas", porque se trata de una iniciativa que ha tenido a todos "en vilo durante tres meses".
   Según Martínez, el presidente Valcárcel "se ha comprometido a que el 99 por ciento de las alegaciones sean consideradas", y a tener una reunión con el consejero de Presidencia y su director general "para intentar poner orden en este asunto".
   "No se entiende cómo otras comunidades autónomas como Castilla y León, que multiplica por diez la superficie de la Región de Murcia van a hacer un sólo plan, y en la Región hacen falta 14", añade Martínez, quien ha considerado que el presidente "lo ha entendido".

El TSJ pide que 20 nuevos jueces titulares ocupen las vacantes o plazas libres en la Región de Murcia

MURCIA.- La planta judicial de la Región de Murcia, formada por 150 unidades judiciales, ha sufrido un importante reajuste en los últimos meses tras los concursos de traslados de los jueces titulares y las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para el ahorro. En concreto, están vacantes los Juzgados 1, 2 y 3 de Caravaca de la Cruz; los Juzgados 1, 2 y 4 de San Javier; y el número 1 de Lorca. Plazas todas ellas que serán cubiertas por siete titulares de la nueva promoción de la Escuela Judicial, el próximo mes de abril.

   Pero, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, respaldada por la Sala de Gobierno, insiste en que es imprescindible mantener los refuerzos existentes en San Javier (un segundo juez tenían los juzgados número 2 y 4 -continúa el refuerzo del número 3-).
   "La estabilidad de la planta judicial es un factor esencial de la calidad de la Justicia, por ello vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en establecer medidas para que los naturales cambios de titular no influyan en la marcha de los procesos", recalca Martínez Moya.
   "Si no se crean nuevas unidades judiciales por el coste que acarrean, es imprescindible que, al menos, se mantengan los refuerzos", concluye el presidente en comunicado de prensa.
   Además, fruto de las medidas adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial en aplicación de la Ley Orgánica de eficiencia presupuestaria, quedan libres -por haber obtenido sus titulares un traslado en comisión de servicio-, el Juzgado número 1 de Molina; los Juzgados 1 y 2 de Totana; el de 1ªInstancia 2 de Cartagena; el 6 de San Javier; el Juzgado de Instrucción 5 de Murcia y una de las plaza de Juez de Adscripción Territorial. También se traslada el juez de refuerzo del Juzgado número 4 de Molina.

   Con lo que, en total, según los informes remitidos al Consejo General del Poder Judicial para cubrir la planta judicial existente en la Región, habrán de incorporarse en abril 17 nuevos jueces (contando con los refuerzos que han quedado libres en San Javier y Molina).
   A los que habría que sumar los tres refuerzos solicitados en el informe remitido por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, y avalado por los vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial, sobre las causas complejas o relacionadas con la corrupción que se siguen en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
   En concreto, en dicho informe se estimaba necesario mantener la medida de refuerzo existente en la Sala Civil y Penal de dicho Tribunal, y "asistir con otros tantos refuerzos a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Javier (órgano de mayor carga de trabajo de España) y a los Juzgados de Instrucción números 6 y 8 de Murcia".

FSP-UGT denuncia que el Catastro "quiere integrar las oficinas de Cartagena y Murcia en la capital"

MURCIA.- La Federación de Servicios Públicos de UGT Murcia ha denunciado públicamente que la Dirección General del Catastro "pretende integrar la Subgerencia de este organismo en Cartagena en la Gerencia Regional, situada en la capital, lo que supondría una merma muy importante en los servicios que actualmente presta la oficina de Cartagena a los ciudadanos de su ámbito de actuación, que son los municipios de Cartagena, Fuente Álamo y La Unión". 

   Así, cualquier persona que necesite realizar algún trámite "deberá desplazarse hasta Murcia, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero".
   Para FSP-UGT Murcia, "la justificación de este traslado no puede ser económica, ya que los empleados públicos van a seguir ejerciendo sus funciones, aunque en lugar de Cartagena en Murcia".
   "Tampoco se ahorrará en el precio del local, ya que en Cartagena se usan las dependencias de la Agencia Tributaria, mientras en Murcia tendrían que alojar a una veintena de trabajadores, lo que podría llevar aparejado algún coste", indica.
   Para FSP-UGT, "está claro que no supone ahorro alguno, ya que la intención es que el Ayuntamiento de Cartagena suscriba un convenio con el Catastro en lugar de mantener la tramitación directa que ahora existe, lo que obligará a privatizar la gestión contratando a una empresa privada".
   Esto supondrá "un mayor gasto para el Ayuntamiento y una clara disminución en la eficiencia al pasar del camino directo que existe actualmente a una tramitación indirecta".
   Por todo ello, UGT exigirá a la administración "un compromiso por escrito para que no siga adelante con este traslado sinsentido y menoscabe la atención a los ciudadanos, manteniendo el servicio que se presta actualmente por parte de la Subgerencia del Catastro".

El socialista Tovar teme que Valcárcel continue con los recortes al no poder doblegar el déficit

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha afirmado este miércoles que los socialistas apoyarán al Gobierno regional "si éste se muestra reivindicativo a favor de los intereses de nuestra Comunidad Autónoma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

   Tovar ha subrayado que este Consejo, en el que se va a discutir sobre la distribución de los 23.000 millones de euros del FLA, la creación de un grupo de trabajo sobre financiación autonómica, "que ya tenía que estar en marcha", y sobre los objetivos de déficit, "es vital para la Región, pues está en juego la viabilidad económica y nuestro futuro".
   Así, ha instado al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, a que exija una flexibilización del objetivo de déficit, porque los objetivos que hay marcados actualmente "no se pueden cumplir -un 0,7% en 2013, un 0,7% en 2014, y superávit en 2015-, y en eso todas las fuerzas políticas tenemos que estar completamente de acuerdo".
   El líder socialista ha insistido en que nuestra Comunidad no puede soportar un nuevo ajuste presupuestario que implicaría más recortes "porque traería más sufrimiento a los murcianos, y lastraría el crecimiento económico que tanto necesitamos".
   Tras lo que ha recordado que los datos de deuda publicados el pasado viernes nos dicen que la deuda de la Región ha crecido más de un 65% en 2012, la tercera comunidad española en la que más ha aumentado, y que la deuda -de alrededor de 4.300 millones de euros- ya equivale al presupuesto regional.
   González Tovar, que ha afirmado que "no estamos dispuestos a permitir que Montoro, que ya nos ha amenazado, vuelva a castigar a la Región de Murcia", se ha referido al anuncio de recortes en la formación de los profesionales sanitarios que realizan trasplantes.
   "Si ese anuncio es cierto, lo rechazamos frontalmente" pues, a su juicio, "es inadmisible ese ataque a la joya de la corona de nuestra Sanidad, una agresión a una herencia recibida que supone un orgullo para España, modélica a nivel mundial, y para la propia Región de Murcia, pionera en trasplantes y no lo vamos a permitir".
   González Tovar se ha mostrado muy crítico con "la incapacidad del Gobierno de Valcárcel para controlar la situación de la Región y estimular el crecimiento". Y señaló el retroceso que ha sufrido nuestra Comunidad en el PIB en 2012 -el 1,7%-, lo que nos distancia cada vez más de otras comunidades españolas.
   "Somos una gran Región, de futuro, pero esta Región está muy mal gobernada, y ese es el problema número uno que tenemos los murcianos, el de un Gobierno del PP desnortado, sin soluciones, que, o reacciona pronto, o va a llevar esta Región a un punto sin retorno", ha finalizado.

UPyD tacha de "intolerable" que PP "suprima ayudas a CCAA para trasplantes y permita gasto en televisiones autonómicas"

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha calificado como "intolerable" que el Gobierno del PP "suprima ayudas a las comunidades autónomas para trasplantes y permita el gasto en televisiones autonómicas y embajadas en el extranjero". 

   Sánchez se ha referido a la posición que este martes defendió el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, "en la que se opuso a la Proposición no de Ley (PNL) de UPyD en la que la que se pedía un compromiso de lealtad constitucional de las comunidades autónomas que se acogiesen a los Fondos de Liquidez Autonómica (FLA)".
   La PNL de UPyD también reclamaba que "esos fondos no se pueden utilizar para financiar proyectos o iniciativas políticas de secesión o para gastos en embajadas en el extranjero o televisiones autonómicas".
   Por eso, Sánchez considera "irresponsable y oportunista" la actitud del PP de "no aplicar la misma vara de medir en todos los capítulos a las comunidades autónomas que incumplen la cifra de déficit".
   Así, considera "contradictorio" que el Gobierno "sí tenga autoridad para suprimir las ayudas a los trasplantes a las comunidades que no cumplen con la cifra de déficit, pero descalifique a UPyD cuando se reclama esa misma autoridad para impedir que los fondos públicos vayan a gastos innecesarios y prescindibles, que en algunas CCAA van asociados a procesos soberanistas".
   Sánchez ha recordado la posición de UPyD en la Región, contraria a que el Gobierno regional "destine 12 millones de euros en 2013 para el nuevo contrato de la televisión autonómica".
   A su juicio, "sería incomprensible que se gastase esa cantidad para la televisión y que, al mismo tiempo, viésemos suprimidos los programas de trasplantes que tan buenos resultados están dando en la Comunidad Autónoma de Murcia".

martes, 19 de marzo de 2013

Los exconsejeros de la CAM declaran ante el juez que aprobaban el 100% de las operaciones de crédito

MADRID.-   Los seis exconsejeros de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que aprobaban el 100% de las operaciones de crédito elevadas al Consejo de Administración, pero que éstas aparecían ligadas al nombre de sociedades y no de sus propietarios, por lo que desconocían que algunas de ellas fueran dirigidas al expresidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, según informaron fuentes jurídicas.

   Así lo ha declarado el primer grupo de testigos que ha comparecido en el marco de la causa en la que se investigan los créditos que la entidad financiera concedió a las empresas de Avilés por valor de 17 millones de euros.
  El juez ha escuchado este martes a los exconsejeros Luis Esteban, Gregorio Fernández, Natalia Ferrando, José Forner, José García Gómez y Jesús Navarro, así como el exdirector de Negocio de la caja alicantina, Fernando Martín Yáñez. El exconsejero Aniceto Benito se ha ausentado de la comparecencia dada su avanzada edad, mientras que Natalia Caballé ha excusado su presencia y será llamada para declarar en próximas fechas.
   El órgano de decisión de la CAM ha afirmado que la norma era aprobar la totalidad de las operaciones de crédito que llegaban para su deliberación, pero que los consejeros, a diferencia de los directivos, sólo conocían el nombre de la empresa peticionaria.
   De este modo, han dicho desconocer que los créditos investigados fueran a parar a Avilés, a quien el juez imputa indiciariamente delitos societarios y de administración desleal en una pieza separada de la causa principal en la que investiga si la entidad concedió a sus empresas de forma irregular créditos por 17 millones de euros.
  Gómez Bermúdez ha comenzado a tomar declaración "en calidad de testigos" a 34 exdirectivos y exconsejeros de la entidad. No obstante, les aconsejó en una providencia que acudieran "acompañados de letrado", que podrá "estar presente sin intervenir" en la declaración, al objeto de "garantizar al máximo el derecho de defensa" en el caso de que su "condición procesal" cambiara a la de imputado.
   El juez interrogará mañana al exdirector de Inversiones y Riesgo Francisco Martínez García y los exmiembros del Consejo de Administración Manuel Navarro, Benito José Nemesio, Raquel Páez, Elia María Rodríguez, José Rovira, Martín Sevilla, Angel Oscar Strada y Ginés Pérez.
   Las comparecencias se reanudarán el 2 de abril cuando tendrán que comparecer en la Audiencia Nacional el vicepresidente del Gobierno de Murcia, Juan Bernal; el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós; y los exconsejeros Pilar Cáceres, Pere Joan Devesa, Susana Maestre, Manuel Muelas, Juan Pacheco y Rosa Ana Perán.
   El día 3 están citados a declarar el exvicepresidente de la entidad Vicente Sala, ya fallecido; los exvicepresidentes Angel Martínez y Armando Sala; el exdirector general de Participaciones Empresariales, Joaquín Meseguer; el exdirector general adjunto, Agustín Llorca; y los exconsejeros Luis Esteban, Salvador Pilés y Enrique Puig.
   Según un informe del Banco de España que consta en la causa, Avilés utilizó uno de los créditos ICO Renove Turismo que le fueron concedidos para adquirir 80.000 euros en participaciones preferentes de la entidad de las que se deshizo "antes de que aflorara de forma pública la delicada situación de la caja". En concreto, pagó un interés del 1,50% para obtener el crédito y obtuvo una remuneración por sus participaciones preferentes del 7,25%, obteniendo un beneficio neto del 5,75%.
   El informe también revelaba que el expresidente de la CAM Modesto Crespo percibió 640.000 euros entre los años 2009 y el 2011 en concepto de dietas que no fueron aprobadas por la Asamblea, lo que supone 30 veces más de la cantidad máxima autorizada por la entidad. En función de su cargo le habrían correspondido 20.645.
   En el caso de Avilés, la Asamblea General aprobó que percibiese en el conjunto de los tres ejercicios un total de 14.996 euros, aunque se llegó a embolsar 308.000.

EAPN-RM dice que gran parte del presupuesto de RBI para 2013 está cubierto

MURCIA.- La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN-RM) teme que no se puedan atender las solicitudes de Renta Básica de Inserción a partir de este mes, ya que según le han manifestado los trabajadores sociales, con el presupuesto de 2013 "se habrían atendido las solicitudes que quedaron paralizadas desde abril del pasado año y las de enero y febrero de 2013".

   Así lo ha anunciado hoy la vocal de Inclusión de la Red de Lucha contra la Pobreza en la Región de Murcia (EAPN), Eva León, que asegura que "gran parte" del presupuesto para el ejercicio actual destinado a Renta Básica de Inserción, y que asciende a cinco millones de euros, "ya está cubierto".
   Tras vaticinar que "habrá un aumento" en el número de solicitudes "en la medida en que van desapareciendo las prestaciones del sistema contributivo y la gente se queda sin ingresos", León califica de "insuficiente" el aumento de un 25% en la partida de este año, porque en 2012 "ya vimos que con cuatro millones se pudieron atender de forma correcta las solicitudes que se hicieron entre enero y marzo, de forma que las que entraron en abril quedaron paralizadas, dándose respuesta este año".
   De forma, lamenta, "se está en la misma situación que el pasado año y a partir de ahora será difícil que se puedan atender de forma adecuada las nuevas solicitudes".
   En su opinión, lo que debería hacer la Comunidad es "no limitar la previsión del 15 por ciento de aumento, sino que como la ley reconoce como derecho subjetivo el derecho a la prestación de la RBI, se tienen que plantear la cobertura a todas las solicitudes".
   Por todo ello, considera que "se ha producido un desmantelamiento, se está desmantelando a grandes pasos, no solo en ayudas directas a las personas, también en programas y oferta de recursos que están desapareciendo cada día".
   Al mismo tiempo en que la partida para la RBI ha aumentado un 25% en el ejercicio actual, "se ha observado como diversas ayudas han ido desapareciendo de 2010 a 2013, como son las ayudas periódicas de inserción y protección social de 2010 a este año, que se han reducido en un 43%; las ayudas no periódicas de inserción y protección social, desaparecidas en 2011, al igual que las ayudas especiales para circunstancias de carácter excepcional (por ejemplo una familia que tuviera que afrontar un gasto extra en un momento puntual) han desaparecido este año, como las de programas de exclusión".
   A ello se suma el anuncio en el BORM hace unos días sobre la publicación, por parte del IMAS, de una resolución por la que "suspende las Auydas Periódicas de Inserción y Protección Social (Ayudas económicas a familias con menores a cargo en situación de riesgo) para este año", de forma, denuncia públicamente, que "han desaparecido todas las ayudas, excepto la Renta Básica, siendo este el último recurso que queda".
   Desde la Red de Lucha contra la Pobreza se ha dejado claro que esta "será nuestra línea roja en la lucha contra la exclusión", anunciando que trabajarán para que "no solo se mantenga, sino que empiece a funcionar de manera adecuada, ya que es el único recurso que queda".
   León, que descarta imaginar que la Comunidad pueda "llegar a plantearse la eliminación de la RBI", advierte que de producirse esta situación "la vida de mucha personas sería algo totalmente insostenible".
   Y es que, reprocha, "cinco millones de euros sobre el presupuesto regional realmente no es nada, por lo que esperemos que empiecen a priorizar por cubrir las necesidades de las personas en situación de exclusión social".
   Hay que tener en cuenta que el 22,2% de los hogares murcianos manifestó durante el pasado año llegar a fin de mes con mucha dificultad, siendo la tasa más alta registrada por CCAA y casi el doble de la media nacional (12,7 por ciento), según se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2012 publicada por el INE.
   Igualmente, Murcia presenta el mayor porcentaje de hogares que no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, con un 60,2%; y el 57,3% de los hogares murcianos no tiene capacidad para afrontar los gastos imprevistos, el segundo mayor porcentaje, por detrás de Canarias (60,8%).
   En esta línea, León ha hecho referencia a la aparición de un nuevo perfil solicitante de la RBI. Se trata de "trabajadores con baja cualificación que hasta ahora habían tenido trabajo y que ahora comienzan a estar por debajo del umbral de la pobreza, y sobre todo familias con menores a cargo".
   "Los puestos que requerían baja cualificación, personas de mediana edad que en su día no tenían formación, solo la básica, pasan al mundo laboral, siendo estos puestos de trabajo los primeros en destruirse", ha confirmado León, quien habla de una situación de "pobreza puntual, de falta de recursos económicos".
   No obstante, ha constatado que el caso de Murcia "no es aislado a la hora de los recortes en el ámbito social, ya que incluso algunas comunidades que en su momento diseñaron y tenían funcionando un sistema de protección social más avanzando vemos como empiezan a frenar esa inversión en lo social".
   Ante esta situación regional, "donde muchas familias carecen de cualquier tipo de ingresos", resalta la necesidad de "contar con una herramienta ágil para dar cobertura y protección social a los más vulnerables, la Renta Básica de Inserción".
   Desde EAPN-RM advierten que "es contradictorio que, a pesar de las elevadas tasas de paro y pobreza, la Renta Básica en la Región de Murcia solo dio cobertura en el año 2011 a 1,29 perceptores por cada mil habitantes, mientras la media estatal se sitúa en el 4,75, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, publicados en su Informe de Rentas Mínimas de Inserción 2011".  
   En base a la cobertura media estatal de las Rentas Mínimas, las "elevadas" tasas de paro y pobreza regional y la cobertura del desempleo y otras rentas, la estimación que desde la Red se hace es que "en torno a 8.000 personas en la Región deberían ser beneficiarias de la Renta Básica de Inserción".
   EAPN-RM estima, en función de los datos del Ministerio, que "8.000 murcianos deberían ser beneficiarios de la Renta Mínima y que el coste anual de esta prestación estaría por encima de los 40 millones de euros".
   Por lo tanto, la Red reclama al Gobierno regional que incluya entre sus prioridades la RBI, para lo que proponen "la publicación urgente del reglamento de aplicación de la Ley de Renta Básica, necesario para la regulación y seguridad jurídica de los perceptores frente a la administración".
   Así como la "agilización en la tramitación de los expedientes, ya que todavía hay solicitudes del año 2012 que no han sido resueltas, a pesar de establecer la ley el plazo máximo de resolución en dos meses; la información amplia y generalizada a toda la población sobre la Renta Básica, así como de sus requisitos; y contundencia en las fechas de pago, evitando los retrasos y acumulación de hasta dos meses como sucedió en el año 2012".
   Igualmente, reclaman que "se dé cobertura a todas las solicitudes que tengan derecho a la prestación, sin establecer limitaciones presupuestarias, ya que en el año 2012 fueron 744 expedientes los no atendidos por falta de presupuesto; y aumento de la cuantía económica, que actualmente es de 300 euros, la más baja de las 17 CCAA, y que sigue dejando a los perceptores por debajo del umbral de la pobreza extrema".

UPyD pregunta en el Parlamento Europeo por la ayudas de la Unión Europea para los terremotos de Lorca

BRUSELAS.- El europarlamentario de UPyD, Francisco Sosa Wagner, ha formulado tres preguntas a la Comisión Europea ante el "retraso en la reconstrucción de la urbanización y edificación en Lorca", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   Sosa recuerda en su pregunta que han transcurrido casi dos años desde que se produjeron los terremotos y que el grado de reconstrucción y edificación en Lorca son, a su juicio, "claramente insuficiente" a estas alturas.
   En el texto presentado a la Comisión, Sosa Wagner recuerda que el pasado 11 de mayo de 2011 dos terremotos sacudieron Lorca "causando ocho muertos y la mayor catástrofe patrimonial en Europa en los últimos años".
   A las ayudas económicas aprobadas por las administraciones españoles, "se unió la solidaridad de la Unión Europea y la solidaridad europea". Así, explica que el Banco Europeo de Inversiones concedió un crédito de 185 millones y también, a propuesta de esa Comisión, el Parlamento aprobó una ayuda de más de veinte millones de euros a través del Fondo de Solidaridad.
   Sin embargo, ante el "retraso" en la reconstrucción de la urbanización y edificación de la localidad de Lorca, Francisco Sosa Wagner pregunta a la Comisión si "se ha dispuesto ya de toda la ayuda aprobada del Fondo de solidaridad europeo".
   Además, pregunta "qué concretos logros ha culminado esa ayuda", y si dispone esa Comisión "de datos precisos sobre los planes de ejecución y supervisión de esa ayuda".

AIDMUR pide procesos de baremación para todos los políticos

MURCIA.- La Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR) ha defendido la "alta cualificación, teórica y práctica" de los interinos docentes, y considera que "deberían abrirse procesos de 'rebaremación' en todos los puestos políticos, y especialmente en el personal designado "a dedo", como personal de confianza, personal eventual de libre designación y asesores".

   En un comunicado, AIDMUR ha destacado que el Acuerdo de Interinos actual "ha permitido la estabilidad laboral de un colectivo altamente cualificado, mucho más que algunos diputados y  asesores en este país".
   "Los interinos tienen alta cualificación teórica y práctica y decir lo contrario es una falsedad, pues para acceder al sistema educativo público hay que demostrar méritos académicos en primer lugar", según AIDMUR.
   La Asociación cree que resulta "curioso" querer prescindir de profesionales bien formados y con experiencia, cuando "resulta un factor fundamental para atender las necesidades individuales de nuestros alumnos".
   En este sentido, lamentan que el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, "ha recortado en profesores, becas, transporte escolar, en recursos para los centros educativos y ahora quiere quitarse de encima a miles de profesores con altísima cualificación y experiencia, cosa que resulta impensable en cualquier organización".
   Achacan esta decisión "sólo a reducir el coste económico de la experiencia a costa de la calidad en la atención educativa a los alumnos de la Región de Murcia".
   A su juicio, este nuevo recorte "responde únicamente a la incompetencia del Gobierno regional para reducir el déficit, y nos lo hacen pagar a nosotros. La Consejería ha reducido su plantilla en 2.700 unidades; sin recortes, habría casi 3.000 maestros más trabajando, incluyendo a muchos recién incorporados".
   AIDMUR recuerda que los profesores que integran la famosa lista preferente "están ordenados por la puntuación obtenida en oposiciones y, en su gran mayoría, han aprobado una o más veces los procedimientos selectivos, y si no son propietarios de una plaza ha sido por la insuficiencia de vacantes convocadas, lo que ha hecho que tengamos altas tasas de interinidad, lo cual constituye una decisión exclusivamente política".
   Además, afirma que todas las organizaciones sindicales, sin excepción, "valoran dicho acuerdo positivamente porque ha dado estabilidad al colectivo, ha permitido que sus integrantes se vayan incorporando como funcionarios de carrera gracias a la suma de su cualificación práctica y teórica y ha introducido medidas de protección a la maternidad, algo que queda en el aire con la decisión de no prorrogar el Acuerdo".
   En su opinión, no prorrogar el acuerdo "supone una nueva agresión al colectivo interino, que ya ha sufrido reducción de 2.200 puestos, reducción de salario, despidos para no cobrar las vacaciones o la negativa a remunerar sexenios. Introducir mayor precariedad supone una disminución de la calidad".
   La Asociación se pregunta "en qué manos quiere dejar Sotoca la Educación de los más jóvenes, si quiere deshacerse de profesionales con experiencia y que han demostrado su valía y conocimientos, y si acaso quiere decir que cualquiera puede ejercer esta labor".
   Si esa es la apuesta del Consejero de Educación, entonces AIDMUR cree que "debería predicar con el ejemplo. Es decir, deberían abrirse procesos de 'rebaremación' en todos los puestos políticos, y especialmente en el personal designado a dedo".
   La Asociación exige, por tanto, "que se hagan públicos los currículum vitae de todos los políticos de la Región de Murcia y de sus asesores, que publiquen sus expedientes y méritos académicos, y se sustituyan por los profesionales mejor formados en un procedimiento público de cobertura de dichos puestos, con criterios objetivos".
   En su opinión, dicho proceso de 'rebaremación' "debería ser refrendado por el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel para que todas las consejerías aplicasen el mismo criterio para ordenar las listas de aspirantes a todos los puestos de trabajo de la Administración".
   Sin embargo, la Asociación no ha pedido que se haga lo mismo con el ámbito sanitario "por responsabilidad".
 "Nos parecería una temeridad que se expulsaran de las listas a los médicos, enfermeros y técnicos sanitarios con más experiencia en favor de quienes aleguen mayores méritos académicos, pero ninguna o poca experiencia en la atención al paciente".

Seis equipos de investigación de la UPCT elaborarán recomendaciones para la construcción de Lorca

CARTAGENA.- El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, y el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), José Antonio Franco, han firmado un convenio de colaboración para realizar lo que será el primer estudio de 'microzonificación' sísmica de una ciudad española, en este caso del municipio de Lorca, en el que intervendrán seis equipos de investigadores.

   Los primeros resultados se esperan en un plazo de nueve meses, y se podrán derivar nuevas líneas de trabajo en este campo, en ámbitos tan importantes como la alerta temprana o la edificación sismo-resistente.
   El objetivo del convenio "es claramente práctico", según ha dicho Sevilla en el acto de firma, ya que lo que se pretende es "contar con recomendaciones para la construcción de edificios e infraestructuras que puedan ser utilizadas por los técnicos y empresas constructoras".
   Para ello, se trabajará en la caracterización del modelo sísmico del subsuelo, responsable de la propagación de los movimientos sísmicos, para "decidir cuál es la tipología de las estructuras de los edificios más adecuada en cada área, en función de la información que se extraiga", ha comentado el consejero.
   Este trabajo formará parte del compendio de estudios que se desarrollan desde el pasado 11 de mayo de 2011 con los que el Gobierno regional analiza qué efectos sufrió el terreno tras las aceleraciones sísmicas en las diferentes partes de la ciudad.
   La concesión de esta subvención nominativa, por importe de 120.000 euros, se financia en su totalidad gracias al préstamo que la Administración regional ha suscrito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
   Estos estudios se realizan desde diversos ámbitos, el geológico, el geotécnico y el estructural, afectando a disciplinas como la Geodinámica, la Geofísica, la Geotécnica o la Construcción.
   Concretamente, en el trabajo intervendrán seis equipos de investigación, correspondientes a cada una de las especialidades, liderados por los especialistas Tomás Rodríguez (Neotectónica), Pedro Martínez (Geofísica), Rafael Blázquez (Ingeniería Sísmica), Antonio Tomás (Ingeniería de la Construcción), Emilio Trigueros (Geotecnia) y Manuel Alcaraz (SIG y ordenación territorial).
   En opinión de Sevilla, "será un estudio multidisciplinar que tendrá un ámbito espacial coincidente con el casco urbano". Comenzará con una recopilación sistemática y temporal de la información relevante para configurar la síntesis de partida definiendo ésta en un sistema espacial de información geográfica SIG.
   Este sistema espacial permitirá la selección de zonas en las que se realizarán los estudios de detalle y la posterior correlación espacial de resultados.
   La ejecución de este estudio se realizará en seis fases. Una primera, de Neotectónica y definición de los eventos sísmicos; la segunda, de Modelización del medio propagador. Caracterización del subsuelo; Clasificación de tipologías estructurales: Cimentaciones en una tercera fase; Clasificación de tipologías estructurales: Estructuras y elementos de edificación, una cuarta fase; una quinta de Mapas de zonificación y memoria final; y finalmente, Ensayos de Propagación y modelización numérica.

El PSOE de Murcia anuncia una moción de urgencia para evitar que los desahuciados tengan que pagar la plusvalía

MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha anunciado que va a presentar una moción de urgencia en el próximo Pleno tras conocer que las personas desahuciadas que pierden su casa por ejecuciones hipotecarias o dación en pago tienen que hacer frente al impuesto municipal de "plusvalía" mientras que, por el contrario, están exentos de ese impuesto los bancos que traspasan esa misma vivienda al denominado 'banco malo'.

   Para el portavoz socialista, Pedro López, se trata de una "inmoralidad absoluta" que demuestra "la perversidad del sistema" y, por ello, plantearán el jueves una moción para poner fin a esta injusticia social en el municipio de Murcia, ya que no existe ninguna exención en las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento para estos casos en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente conocido como de "plusvalía".
   Por ello, avanza López, el Grupo Socialista va a solicitar al Pleno que se dirija al Gobierno Central para que modifique la Ley de Haciendas Locales y acabar así "con esta injusticia", según informaron fuentes del PSOE de Murcia en un comunicado.
   Además, los socialistas van a reclamar en dicha moción de urgencia la creación de un fondo social para hacer frente a este pago de las personas desahuciadas mientras no se cambie la ley de tributos locales.

CCOO critica a Valcárcel por atribuir a la enseñanza privada "una mayor calidad que a la pública"

MURCIA.- La Federación de Enseñanza de CCOO considera "incomprensible" que el presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, "máximo responsable de la primera empresa educativa de la región que es la enseñanza pública representa el 73% de la oferta educativa regional", alabe a la educación privada y afirme "que presta un servicio de más alta calidad que el que dan los centros que dependen de él".

   Ha recordado que el Gobierno regional, a través de la Consejería de Educación gestiona los colegios, institutos y centros de enseñanza de régimen especial, y es "igualmente responsable de la insuficiente financiación de los mismos", según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.
   A su juicio, las palabras de Valcárcel "suponen reconocer que no está gestionando adecuadamente el sector educativo del que es titular y señala a los recortes aplicados por su propio gobierno como causantes de esa supuesta, y en opinión de CCOO inexistente, menor calidad educativa".
   CCOO considera que lo que se ha producido es una "autodescalificación" de los gestores educativos regionales que "solo puede tener como salida o el cese de los responsables de tal situación o la renuncia expresa a seguir gestionando unas competencias educativas a las que se mostraría incapaz de dotar de una calidad equivalente a las de la oferta privada".
   En este sentido, el sindicato denuncia que la afirmación de Valcárcel "carece de cualquier tipo de fundamento", y rechaza que se correspondan a la realidad; por lo que "realmente constituyen una grave irresponsabilidad". CCOO exige que el presidente "desmienta lo afirmado la noche del pasado viernes y se excuse públicamente con la totalidad de la comunidad educativa regional".
   En caso de que Valcárcel no desmintiera tal valoración, CCOO exige "que haga públicos los datos en que la basa y que proceda a la destitución de los gestores directos de tal desastre".

domingo, 17 de marzo de 2013

Agricultura investiga cómo paliar el efecto del azufre sublimado en los materiales de cubierta de los invernaderos


MURCIA.- La Consejería de Agricultura y Agua, a través del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), estudia cómo paliar el efecto del azufre sublimado en los materiales plásticos de la cubierta de los invernaderos dedicados al cultivo de pimiento.

   Así, el director del IMIDA, Adrián Martínez, destacó la importancia de este cultivo en la Región, que abarcó el pasado año 1.224 hectáreas, de las que 1.013 son en invernadero, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   En este sentido, apuntó que "el 90 por ciento del pimiento es de producción integrada, que compatibiliza el uso de diversas técnicas, lo que incluye el empleo de quemadores de azufre para combatir enfermedades como el oidio, en sustitución de los productos fungicidas".
   Al quemar azufre se produce su difusión acompañada de una acción exotérmica, que impide que la enfermedad del oidio pueda prosperar. Desde el punto de vista fitosanitario, el tratamiento con azufre en este cultivo se considera ideal, ya que es económico, no contamina, ni deja residuos en los frutos.
   Sin embargo, al estar los quemadores situados por encima de las plantas, el calor y los vapores que producen deterioran los materiales de cubierta de los invernaderos y debilitan su estructura molecular, con el consiguiente peligro de que ésta se pueda ver seriamente dañada en caso de producirse un temporal de viento y perjudicar así a los cultivos que proteja.
   Y es que, según Josefa López, investigadora del IMIDA, se estudian posibles soluciones, tales como reducir las secuencias de aplicación de las sublimaciones de azufre o variar la tipología de estos hasta conseguir optimizarlos. También se contempla investigar la composición, aditivos y espesor de los plásticos para conseguir materiales más resistentes.

Los agricultores aguileños "han sido punteros en la modernización y renovación de explotaciones agrícolas"

ÁGUILAS.- El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, destacó que esta localidad "fue puntera en aplicar el programa 'Agricultura Limpia' para el control de plagas con técnicas biológicas y biotecnológicas" y resaltó que los sistemas de producción que se emplean en Águilas "deben imitarse". 

   Asimismo, añadió que la Unión Europea publicó recientemente una Directiva sobre uso sostenible de plaguicidas que "la Región de Murcia lleva ya más de diez años aplicando", según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   Por otro lado, destacó que los agricultores aguileños "han sido punteros en la modernización y renovación agrícola" y añadió que "están reconvirtiendo sus cultivos tradicionales hacia otras producciones que tienen más demanda actualmente en el mercado". Resaltó que la figura del agricultor "tiene que ir a más" y apuntó que hasta ahora "no ha sido bien tratada".
   En este sentido, indicó que la rentabilidad de las explotaciones y los precios que recibe el agricultor "son todavía los puntos débiles de esta actividad" y explicó que la futura Ley de Transparencia de la Cadena Agroalimentaria, que ha preparado el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación "debe poner sobre la mesa mecanismos que permitan cambiar las cosas".

González (BBVA) denuncia "mucha laxitud" de los reguladores y supervisores antes de la crisis

MADRID.- El presidente de BBVA, Francisco González, ha denunciado este fín de semana "mucha laxitud" por parte de los reguladores y supervisores antes de que se desencadenara la actual crisis, y ha apuntado indirectamente a estos organismos en España al asegurar que "no están muy lejos de este país".

    González ha aprovechado para lamentar "malos hábitos y conductas fraudulentas" que dieron lugar a la crisis actual, lo que ha considerado una "mala noticia", pero no una "estafa".
   El presidente del BBVA ha defendido que la crisis se "veía venir" desde 2002, ante las señales que mostraba la burbuja inmobiliaria. Y se ha declarado optimista sobre las lecciones de las crisis: "Las crisis dan información con anticipación".
   González ha defendido la elección de Deloitte como auditor de las cuentas y ha reconocido que en la comercialización de algunas participaciones preferentes "hubo abusos", si bien ha afirmado que el banco ha dado y busca "soluciones" al respecto.
   Por último, ha avanzado que la política de retribución de la entidad pasará a ser "vinculante" y no sólo consultiva ante la junta de accionistas, como hasta ahora.

IU-Verdes advierte del "desmantelamiento continuo" de la red pública de servicios sociales en la Región


MURCIA.- Victoria Rodríguez, miembro de la Presidencia de IU-Verdes de la Región, ha advertido de "un desmantelamiento continuo de lo que es una red pública de servicios sociales, que se verá ahora mucho más amenazada con la reforma de la ley de bases de régimen local, que se les condena prácticamente a desaparecer".

   En esta línea, Rodríguez considera que la RBI "podría ir acompañada de otras medidas económicas, porque lo único que se pretende con esta ayuda es que una familia o una persona tenga medios para cubrir sus necesidades básicas".
   Al mismo tiempo, ha resaltado, que una Renta Básica "no puede mantener a una familia entera con la prestación, tal como está la Región".
   En clave legislativa, ha recordado que la aplicación de la RBI "no tiene un decreto que la regule y genera confusión", tras lo que advierte "del tiempo de demora hasta que te llega la ayuda, que puede llegar hasta de seis meses y durante ese periodo, esa persona o familia de qué vive".
   A su juicio, en Murcia "se ha dado un alto incremento de la pobreza", por lo que ha vuelto a demandar "la creación de un fondo de emergencia ante esta situación".
   Mientras que la responsable de Política Social de IU-Verdes de la Región de Murcia, Adoración Peñas, advierte que "difícilmente se puede apostar por el Estado de Bienestar cuando desde los propios presupuestos de la Comunidad se pegó uno de los mayores tijeretazos".
   "No vemos nada claro la apuesta por el Estado de Bienestar del presidente Ramón Luis Valcárcel, sino más bien la ruptura del sistema de servicios sociales ya debilitado, que generará una gran brecha de desigualdad en la Región y pobreza extrema", ha precisado.
   Así, denuncia públicamente "el cierre y el ahogamiento económico de las organizaciones no gubernamentales que trabajaban con sectores de población desfavorecidos, supliendo muchas veces la responsabilidad de la propia administración pública".
   "La restricciones en los distintos programas, concretamente en el de familia, menores; así como la reducción de los puntos de encuentro y los que quedan solo acuden familias por resolución judicial; y la eliminación del servicio de mediación en acogida" son ejemplos que ha puesto de manifiesto.
   Además de que en el servicio de acogida familiar "se elimina la responsabilidad de tutela de los padres acogedores, lo que significa una gran desprotección para ellos y los menores, además del anuncio por parte de la Consejería de que los gastos ahora irían a cargo de las familias de acogida suspendiendo las ayudas".
   Los "retrasos" en los pagos de Renta Básica de Inserción y en su tramitación de "casi siete meses", y la "suspensión" de la solicitud de ayudas periódicas de inserción y protección social, ayudas destinadas a familias con menores a su cargo en situación de riesgo social y con carencia de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas de los mismos.
   El diputado de IU-Verdes y portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, José Antonio Pujante, presentó ante la Mesa de la Asamblea Regional una moción en la que se exige la creación de un Fondo de Ayuda Urgente para personas que se encuentran sin ningún tipo de recurso económico o en espera de percibir una prestación, así como las que se encuentran en situación de pobreza extrema.
   Pujante alerta del "incremento de la pobreza en la Región, donde colectivos en riesgo de exclusión han pasado a situaciones de pobreza extrema". De hecho, resalta que "uno de cada tres murcianos, más de 150.000 aproximadamente, no tienen recursos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda digna (datos del 2010)".
   También lamenta "los recortes en las políticas sociales, que afectan directamente a los ayuntamientos de la Región que son los receptores de las demandas de la ciudadanía, afectan directamente a una población cada vez más vulnerable que necesita de ayudas inmediatas para cubrir necesidades básicas".
   Pujante también presentó ante la Mesa de la Asamblea Regional solicitud de información dirigida a la consejera de Sanidad y Política Social, Mª Ángeles Palacios, sobre la Renta Básica de Inserción en la Región de Murcia.

El Gobierno niega que las CC AA hayan ralentizado su contabilidad

MADRID.- El Gobierno niega que las comunidades autónomas hayan ralentizado la contabilidad de sus gastos corrientes y sus transferencias para poder alcanzar el objetivo de déficit que tenían fijado el año pasado (1,5%) y además descarta también impulsar enajenaciones de inversiones reales para que los gobiernos regionales incrementen sus ingresos.

   Así lo asegura en respuesta a una pregunta parlamentaria de UPyD, que el pasado mes de noviembre alertó de que, según el cuarto informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), los gobiernos regionales estaban aplicando la técnica contable de la ralentización para "no disparar" su déficit.

   Además, la formación magenta avisaba de que, de ser ciertas esas acusaciones, todas las previsiones macroeconómicas del Gobierno podrían verse "distorsionadas".

   Sin embargo, el Gobierno afirma en su contestación, que "no se ha detectado ninguna ralentización de contabilidad a efectos de distorsionar previsiones de cumplimiento de déficit por parte de las comunidades autónomas" y además asegura que "no se ha elaborado ninguna medida que impulse la enajenación de inversiones reales para aumentar los ingresos" de estas administraciones.

sábado, 16 de marzo de 2013

Unas 25.000 personas se manifiestan en Murcia en contra de la desposesión de derechos sociales


MURCIA.- Cerca de 40.000 personas, según los convocantes, y menos de 25.000 según otras fuentes más neutrales, se han manifestado por las calles de Murcia en la 'Marcha de Mareas' que se ha celebrado este sábado para protestar por los recortes y para defender la Sanidad, la Educación, los Servicios Públicos y pedir un acceso a la vivienda, entre otras reivindicaciones.

   De este modo, las distintas 'mareas', protagonizadas por los colores 'Multicolor', 'Verde', 'Blanca' y 'Negra', han partido desde diferentes puntos de la ciudad de Murcia, sobre las 18.00 horas, para encontrarse tras un recorrido en la plaza Circular.

   La 'Marea Multicolor', que defiende el derecho a la vivienda, los derechos de los discapacitados o el Trabajo Digno y la Renta Básica,  ha salido desde el Banco de España, en la Gran Vía Francisco Salzillo, hacia la calle Maestro Alonso, en cuyo cruce se ha unido a la manifestación de las otras 'mareas'.  

   Por su parte, la 'Marea Blanca', en Defensa de la Sanidad Pública, ha partido, a la misma hora, del Hospital Reina Sofía (Avenida Intendente Palacios), para seguir por el Paseo de Garay, Plaza Cruz Roja, avenida Teniente Floresta hasta la calle Ceballos, donde ha confluido con la 'Marea Negra'.

   Juntas han seguido por las calles Pintor Villacís, Isidoro de la Cierva y Alejandro Seiquer, hasta la Plaza de Santo Domingo, donde se han unido a la 'Marea Verde'.

   La 'Marea Negra', en Defensa de los Servicios Públicos y de los derechos laborales del Personal Empleado Público, ha partido del Ayuntamiento de Murcia (Glorieta de España), y ha recorrido la avenida Teniente Floresta, hasta la calle Ceballos por donde continuó con la 'Marea Blanca'.

   Ambas Mareas han continuado por las calles Pintor Villacís, Isidoro de la Cierva y Alejandro Seiquer, hasta la Plaza de Santo Domingo, donde se han unido a la 'Marea Verde'.

   Finalmente, la 'Marea Verde', en Defensa de la Enseñanza Pública, ha partido de la Consejería de Educación (Avenida de la Fama), recorriendo las calles Melilla, Puerta de Orihuela, Mariano Vergara, Obispo Frutos, Plaza de Universidad, Santo Cristo, La Merced, hasta Santo Domingo.

   A partir de ahí, junto a la manifestación de las 'Mareas Negra' y 'Blanca', ha seguido por la calles Santa Clara y Maestro Alonso, hasta la Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, donde se han unido con las Mareas 'Roja' y 'Naranja'.

   Hay que destacar que, junto a otros colectivos y organizaciones, como es el caso de Consumur, el cuerpo de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) del Ayuntamiento de Murcia se ha unido a la Marea Negra.

   Los bomberos, que recientemente manifestaron su negativa a participar en los desahucios, se unen así a la 'Marcha de Mareas' del 16M con el apoyo unánime de todas sus organizaciones sindicales.

   De esta manera, los bomberos han participado saliendo desde sus respectivos parques, a las 17.00 horas, para unirse a la 'Marea Negra', que ha salido, a las 18.00 horas, desde el Ayuntamiento de Murcia, en la Glorieta de España.
La plataforma de los llamados 'Yayoflautas' también se ha hecho sentir en la manifestación, que ha transcurrido sin incidentes y de la que la Policía no ha facilitado datos del número de asistentes, con gritos de "Gobierno dimisión, corruptos a prisión".

   Así, para uno de los coordinadores de la 'Marcha de Mareas', Ángel Hernández, ha señalado que "la gran victoria" de la convocatoria ha sido la "la de unir a los colectivos ciudadanos que están luchando por sus derechos".

   Todas las 'Mareas' anteriores y juntas han continuado hacia la avenida de la Constitución, hasta llegar a la Plaza Circular (La Redonda). Allí, pasadas las 20.00 horas, se han congregado para dar lectura, ante las personas allí concentradas, a los cuatro manifiestos de las distintas Mareas.

   Todos los manifiestos, cada uno con sus propias reivindicaciones, han tenido como punto en común "la unión frente a los terribles ataques que están sufriendo los ciudadanos por parte del Gobierno", como ha comentado uno de los coordinadores de la marcha.

   Por último, antes de dar por finalizado el acto, Ángel Hernández, ha leído un manifiesto general de la 'Marcha de Mareas', con una plaza Circular repleta de gente.

La Red Agua Pública se suma a la manifestación ciudadana

Este nuevo frente está constituido por más de diez municipios de la Región y su número aumenta día a día. El objeto es luchar contra la privatización de los servicios de suministro de agua potable que en los últimos tiempos han visto subir las tarifas de manera astronómica  y abusiva, al tiempo que bajaba la calidad.


Asímismo, cuestionan de manera frontal los cortes de agua por impago; al entender que son ilegales, ya que el derecho al agua  es un derecho básico inherente a la condición de ciudadanos o asimilados.



En la actualidad han presentados dos contenciosos-administrativos contra la subida de las tarifas en Murcia y Cartagena por considerarlas ilegales. Sendas demandas han sido admitidas a trámite.



En las próximos meses esperan presentar demandas por subidas ilegales y abusivas en otros diez municipios murcianos.



La Red Agua Pública aspira a reunir a todos los municipios en los que se den  este tipo de prácticas, por su manifiesta ilegalidad. Están en estrecho contacto con la Red Agua Pública a nivel nacional e internacional; al tiempo que forman parte de un movimiento internacional más amplio: “Por el Derecho a la Ciudad”, que tiene como objetivo la mejora radical de las condiciones de vida en las ciudades, sustrayéndolas de la lógica impuesta por la especulación y la aniquilación de lo público.