Las concesionarias de autopistas podrán solicitar préstamos a Fomento

MADRID.- Las empresas concesionarias de autopistas de peaje podrán solicitar préstamos participativos al Ministerio de Fomento para compensar una parte de la falta de ingresos que sufren como consecuencia de la caída del tráfico a raíz de la crisis económica.

   Así consta en una de las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013, incorporada ya a la norma, y con la que se refuerza las garantías a las concesionarias para "facilitar la negociación" con estas empresas, "atendiendo a las especiales circunstancias por las que están atravesando y garantizando que cualquier actuación que pueda realizarse quede sometida a las disponibilidades presupuestarias".

   La enmienda modifica la Ley del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal para que parte de las cantidades reclamadas por las compañías a través de la cuenta de compensación se pueda cubrir con un préstamo participativo concedido por el Ministerio de Fomento y que las concesionarias podrán solicitar durante los primeros meses de cada ejercicio.

   Las condiciones de este préstamo serán las que se designen de forma general en los Presupuestos Generales del Estado, y se permite reequilibrar la concesión para que las empresas puedan devolver el importe del préstamo y sus intereses.

   "Las cantidades consignadas en la cuenta de compensación y las entregadas en los préstamos participativos, así como los intereses devengados, se consideran pagos a cuenta a descontar del importe que, en concepto de responsabilidad patrimonial, pudiera serle exigido a la Administración con ocasión de la resolución del contrato concesional", añade la enmienda.

   Además, el PP ha incluido, también vía enmienda, tres nuevas autopistas --la de Alicante-Cartagena, la de Santiago-Orense y la de León-Astorga-- al listado de vías que, desde 2011, pueden tener una cuenta de compensación, donde se consigna anualmente la diferencia entre los ingresos reales por los peajes y el 80% de las estimaciones de ingresos que se hicieron en el plan económico financiero de la oferta de licitación.

   También se ha ampliado en cuatro años (hasta 2018) el tiempo en que funcionarán estas compensaciones, que se limitan al 49% del importe resultante de "sumar los ingresos anuales de peaje de la concesión y la cantidad a consignar".

   Por otra parte, se reconoce la posibilidad de que las concesionarias sean declaradas en concursos de acreedores, en cuyo caso los saldos de la cuenta de compensación y los intereses devengados serían exigibles "en todo caso" por la Administración, que recuperaría así parte de los recursos cedidos a las empresas.

   Además, se autoriza al Gobierno para que, "si las circunstancias económicas de las sociedades así lo aconsejan", pueda excluirlas de todas estas medidas (préstamos participativos, compensaciones, etc.); si bien el saldo de las cuentas de compensación devengará intereses a partir de 2014, excepto para las gestoras de las tres nuevas vías incorporadas a la medida, que deberán esperar a 2016.

Exdirectivo de CAM critica "injerencias políticas" y dice que había "búsqueda de influencias y préstamos a amigos"

VALENCIA.- El ex director general de Participaciones Empresariales de Caja Meditarráneo (CAM), Joaquín Meseguer, ha señalado este lunes ante las Cortes Valencianas que en la caída de la entidad confluyeron diversos tipos de factores. Entre los que considera "enemigos", ha destacado la morosidad, el SIP con Cajastur y otras entidades y las "injerencias políticas". 

   Según ha asegurado, había "búsqueda de influencias", en materias como "obra social, recursos humanos, préstamos a amigos". Asimismo, ha destacado que la "pelea" por la renovación de órganos rectores de 2007 "quebró mucho la cohesión" y dio una "mala imagen" de la entidad. También considera que afectó a la caja las declaraciones del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en las que dijo que la CAM era "lo peor de lo peor".

   Meseguer, que ha intervenido este lunes en la comisión de investigación de la CAM en las Corts, cree que también influyeron negativamente en la entidad alicantina la "debilidad" del gobierno socialista, "que retrasó los planes de saneamiento", y ciertos "errores propios", como "la falta de capacidad para encontrar acuerdos con otras entidades", entre otros.

    Joaquín Meseguer entró en la caja en 1975 y, tras varias responsabilidades, en 2007 fue nombrado director general de Participaciones Empresariales. En 2010, con motivo de la constitución del Banco Base y dado que tenía más de 55 años, le pidieron que se prejubilara. De este modo, fue después de su estancia en la caja, cuando ésta fue intervenida, lo que ha calificado como "la mayor sorpresa negativa" de su vida.

   Así, ha señalado que cuando se fue de la CAM "nada hacia sospechar" que fuera intervenida. Al respecto, ha dicho que tenía "dificultades" pero "como todas las entidades financieras" porque "había un problema sectorial importante que no se abordó en su momento", lo que produjo "una situación de debilidad en todas las entidades".

   El ex director general de Participaciones Empresariales de la CAM ha explicado que entre 2007 y 2010, cuando tenía ese cargo, su función era "auxiliar", puesto que "no estaba en el campo de batalla, no me dedicaba a áreas financieras, ni comerciales".  Así, haciendo un símil deportivo ha comentado: "Yo estaba dentro del equipo, pero no jugando el partido".

   Los diputados del PSPV Ángel Luna y de Compromís Mireia Mollà le han preguntado si se leyó el escrito del Banco de España de diciembre de 2010 en el que alertaba de irregularidades en la entidad, a lo que Meseguer ha respondido que "cuando las actas del Banco de España exigían ser leídas, se leían íntegramente". Además, ha afirmado que ante sus requerimientos se tomaban "medidas urgentes". Respecto a la ruptura del SIP de la CAM y Cajastur, entre otras entidades, ha dicho desconocer los motivos.

   Preguntado por los grupos parlamentarios por las remuneraciones, Meseguer ha asegurado: "En mi vida he sabido en que consistían mis derechos de remuneración". En este mismo sentido, ha aseverado que "nunca" ha participado "lo más mínimo" en la fijación de sus condiciones laborales.

   El diputado 'popular' Vicente Betoret le ha inquirido sobre si la deuda que la Generalita tenía con la caja influyó en la caída de la entidad. Meseguer ha contestado que no hubo "ningún impago" por parte del Consell y ha aseverado que la CAM llevaba "un absoluto control de todos los riesgos".

   Por su parte, el exdirector de Recursos de la CAM Vicente Soriano, que ha acudido a la comisión de investigación de las Corts a continuación, ha hecho un repaso por los cargos que ha ostentado en la caja, pero se ha negado a responder a los grupos parlamentarios por estar imputado en la causa abierta por la Audiencia Nacional que investiga supuestas irregularidades en la gestión de la entidad financiera.

   "Estoy imputado en un procedimiento en la Audiencia Nacional y en uso de los derechos que me otorga la ley y especialmente el artículo 24 de la Constitución, a mi pesar no podré contestar, al menos en este momento, a las cuestiones que me pudieran plantear", ha señalado.

   El diputado socialista Ángel Luna ha indicado que Soriano "ha sido el colaborador esencial de López Abad --que también se negó a responder-- en todo lo que ha hecho en la caja; ha sido el fontanero de lujo, por el sueldo, del director general de la CAM". 

Por su parte, la parlamentaria de Compromís Mireia Mollà ha señalado que "es bastante decepcionante su actitud, pero al mismo tiempo muy reveladora", y ha dicho que es "activista y promotor de prácticas ilícitas en la CAM".

   Asimismo, el diputado de EUPV Lluís Torró ha criticado la "falta de respeto" de Soriano, mientras que por parte del PP, Vicente Betoret le ha instado a "reflexionar" sobre su decisión de no responder a las preguntas. Soriano ha reiterado su negativa y ha señalado que "ojalá pueda contestar en un futuro próximo".

   Por otro lado, el presidente de la comisión, Rafael Maluenda, ha dado cuenta de la negativa de la CAM de enviarles informes periciales que han dado lugar a iniciativas de carácter jurídico penal contra antiguos miembros directivos porque, según la caja, esta documentación "se encuentra en posesión de la Audiencia Nacional". La comisión de investigación ha acordado emitir un nuevo escrito ante esta negativa.

El gasto medio en los hogares de Murcia fue de 26.874 euros en 2011, el sexto menor del país

MURCIA.- El gasto medio de cada hogar español alcanzó los 29.482 euros en 2011, lo que significa un descenso del 1% respecto a 2010 y un 3,5% menos en relación a 2006, según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) de 2011 publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge que el gasto medio en los hogares de Murcia fue de 26.874 euros, el sexto menor del país.

   El gasto medio por persona ascendió el año pasado a 11.137 euros, un 0,2% menos que en 2010 y un 0,5% superior al del ejercicio 2006, cuando empezó a elaborarse esta encuesta. En Murcia este gasto se situó en los 9.566 euros, el tercero menor del país.

   En total, el gasto en consumo de los hogares cayó un 2,8% el año pasado en términos constantes, mientras que se mantuvo en niveles similares a los de 2010 en términos corrientes.

  Los valores más elevados del gasto medio por persona se registraron en País Vasco (13.774 euros), que supera en un 23,7% la media nacional (11.137 euros); Madrid (13.412 euros) y Navarra (13.043 euros).

   Les siguieron Cataluña (12.149 euros), Cantabria (11.591 euros), Asturias (11.387 euros), Baleares (11.369 euros), La Rioja (11.341 euros), Aragón (11.130 euros), Castilla y León (10.782 euros), Galicia (10.759 euros) y Comunidad Valenciana (10.140 euros).

   Completan la lista, con gastos medios por debajo de los 10.000 euros por persona, Andalucía (9.854 euros), Castilla-La Mancha (9.683 euros), Murcia (9.566 euros), Extremadura (9.206 euros) y Canarias (9.066 euros).

Hallan más de 400 piezas de oro y plata andalusíes en un solar de la calle Jabonerías, de Murcia

MURCIA.- El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, ha presentado este lunes el mayor tesoro arqueológico de monedas andalusíes de la Región de Murcia, hallado en un solar de la calle Jabonerías, de la capital regional.

   Se trata de un conjunto de monedas andalusíes que se encontró en el transcurso de una intervención arqueológica realizada en el número 18 de esta calle de la ciudad de Murcia, como parte de una medidas de protección para el patrimonio arqueológico urbano y que ha sido supervisado por el servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Turismo.

   El tesoro se localizó en una de las alhanías o alcobas de los restos de una vivienda andalusí de los siglos X al XV. Se encontraba dentro de una pequeña orcita de cerámica donde estaban ocultadas 423 monedas de oro y plata.

   De ellas, 347, entre monedas y fragmentos, corresponden a piezas de oro (sólo dos son dinares, el resto se trata de fracciones de dinar) y 76, incluyendo también los fragmentos, a dirhames de plata. El conjunto lo completan cinco pequeños elementos en oro que debieron formar parte de adornos de joyería.

   Las monedas se expondrán en el Museo de Santa Clara, "cuya temática y entorno encaja perfectamente con la procedencia de estas monedas ", ha dicho Cruz.

   Cruz, que ha estado acompañado por el director general de Bienes Culturales, Francisco Giménez, ha destacado que "se trata de una joya arqueológica de primer orden que encaja perfectamente dentro de la consideración que a nivel arqueológico se tiene de los denominados tesoros". Esto es, aquellos conjuntos de monedas (y, como en este caso, también de piezas de oro que no son monedas) formado intencionadamente y ocultado, abandonado o perdido accidentalmente por su propietario.

   A su juicio, "es el conjunto de monedas andalusíes más numeroso de los documentados hasta el momento en la Región" y, por otra parte, "el que mayor porcentaje de piezas en oro presenta en su composición, aun cuando se trate en su mayoría de moneda fraccionaria".

   En este sentido, ha apuntado que tanto por su heterogeneidad, con presencia de ejemplares califales, de los reinos de taifas y almorávides, así como probablemente moneda fatimí emitida en Sicilia y el norte de África, "marca también la singularidad de este conjunto frente a los ya conocidos".

   "El único referente más cercano, a este respecto, lo constituye el tesoro hallado en 2005 en la antigua ciudad de Begastri (Cehegín), fechado hacia el siglo XI y compuesto de manera exclusiva por 237 monedas de plata junto con algunas piezas de orfebrería", ha puntualizado Cruz.

   El proceso de limpieza y estudio en detalle del tesoro apenas se ha iniciado, y que el avance del mismo podrá determinar, en algún caso, si existen piezas de otro tipo y otras precisiones de carácter metalográfico y cronológico.

   De acuerdo a los datos aportados por los técnicos responsables de la excavación, las características del depósito arqueológico donde fue enterrado parecen corresponder a un primer momento de abandono y desmoronamiento de la vivienda construida a fines del siglo X, al que siguió un episodio de inundación que selló este nivel, a finales del siglo XI.

   Sobre ese nivel, hacia la primera mitad del siglo XII, se levantaría una nueva vivienda, manteniendo a grandes rasgos la disposición original de la anterior. Es, pues, en ese momento de finales del siglo XI, donde debe encuadrarse el momento de la ocultación.

Cruz Roja y los bancos de alimentos repartirán 3,5 millones de kg de comida entre más de 120.000 murcianos en 2012

MURCIA.- Cruz Roja Española y los dos bancos de alimentos de la Región de Murcia repartirán durante 2012 un total de 3,5 millones de kilogramos de comida entre 120.917 murcianos necesitados, una cifra de beneficiarios que ha crecido entre el cuatro y el cinco por ciento anualmente en los últimos años.

   Así se ha hecho saber durante la presentación del Plan de Ayuda Alimentaria en la Región de Murcia, cuyo objetivo es proporcionar gratuitamente a los más necesitados alimentos básicos procedentes de los excedentes agrarios.

   El Plan está gestionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Español de la Garantía Agraria (FEGA), que lleva más de 25 años actuando en España a favor de las personas necesitadas.

   El dinero procede de la Comisión Europea, que es la encargada de aprobar el reglamento y distribuir las ayudas entre 20 países que concurren voluntariamente al programa. En concreto, España recibirá 80 millones de euros para 2012, de los cuales 3,7 millones corresponden a la Región de Murcia.

   Este dinero se está empleando para distribuir 67,4 millones de kilogramos de alimentos en toda España, de los que 3,5 millones de kilogramos corresponden a la Región de Murcia, lo que supone un 4,9 por ciento del total. "Se trata de un número importante de kilogramos, pero es una cifra también muy importante de beneficiarios, que representa el 5,9 por ciento del total nacional", se ha concluido.

   La entrega de alimentos ha crecido en los últimos años. Así, en 2009, la Región de Murcia recibió 1,6 millones de kilogramos; mientras que en 2010 la cifra aumentó a 2,4 millones de kilogramos; y en 2011 se incrementó hasta los 5,7 millones de kilogramos de forma extraordinaria, debido a los excedentes excepcionales de la agricultura el pasado año.

   El Ministerio de Agricultura aprovechó la coyuntura para repartir más alimentos entre la población, según Bascuñana, quien achaca a esta circunstancia el descenso de los alimentos repartidos en 2012, hasta los 3,5 millones de kilogramos.

   El 50 por ciento de la comida se entrega a Cruz Roja Española, y el 50 por ciento restante corresponde a los dos bancos de alimentos de la Comunidad. Estas entidades, su vez, se encargan de repartirlo entre las 304 entidades benéficas colaboradoras, que son las que distribuyen los alimentos a los beneficiarios finales y hacen una labor "indispensable", según los presentadores.

   Han remarcado que el reparto está regulado por una normativa "muy exhaustiva" e, incluso, el tipo de alimento está especificado para cada una de las fases y tramos de edad. Los beneficiarios deben justificar plenamente que son necesitados en base a unos baremos establecidos.

   Se ha explicado que el área de agricultura de la Delegación del Gobierno hace controles periódicamente para comprobar que la entrega de ayuda se cumple, y "hasta ahora todas las entidades colaboradoras están cumpliendo perfectamente", han añadido.

   El Plan se articula en tres plazos, uno en junio que ya se ejecutó, otro en octubre y una fase final para principios de 2013. A partir de esa fecha, se ha augurado que se volverá a repetir el procedimiento.

   En concreto, en la primera fase se repartieron leche, galletas y pasta, mientras que en la segunda y en la tercera se van a repartir hasta 16 productos como aceite de oliva, alubias, arroz, cereales infantiles, conservas de atún, frutas en conserva, garbanzos, judías verdes en conserva, leche de continuación, lentejas, potitos, tomate frito y zumos.

   Se ha anunciado que el Plan para 2013 "ya está en marcha", y a España ya se le han asignado 85,6 millones de euros para la compra de más de 67 millones de kilogramos de alimentos que se repartirán entre cerca de dos millones de personas.

   Todavía está por determinar la cantidad que será destinada a la Región de Murcia, aunque se prevé un aumento del cinco por ciento, lo que supondrá la adquisición de 250.000 kilogramos más de comida.

  También se ha reconocido que no le gustaría que creciera el número de beneficiarios en 2013. Así, cree que ya se están alcanzando límites "bastante altos", y se confía en que la cifra alcance un incremento "cero" en base a las previsiones del Ministerio de Hacienda que apuntan a que la situación económica en España se estabilizará en 2013.

   Además, se ha adelantado que "posiblemente el plan pueda mantenerse hasta 2010", lo que es una garantía y da "una cierta tranquilidad a las asociaciones".

   Según datos facilitados por Cruz Roja, en la fase comprendida desde el 11 de junio hasta el 30 de septiembre, sólo esta ONG repartió 336.142 kilogramos de alimentos a 59.800 usuarios, a través de 97 entidades diferentes.

   En la segunda fase, desde el 1 de octubre hasta el comienzo de la tercera fase, Cruz Roja recibirá un total de 709.206 kilos de diferentes tipos de alimentos. El número de beneficiarios a los que va destinada la ayuda es de 60.000 personas que se encuentran en situación de extrema necesidad, como familias en paro e infancia desprotegida, entre otros colectivos.

   Cruz Roja realiza este reparto a través de 100 entidades de la Región de Murcia como, por ejemplo, sus propias asambleas locales, entidades religiosas católicas y de otras confesiones, así como fundaciones, asociaciones y ayuntamientos.

Murcia lidera la mayor caída en las ventas del comercio minorista

MURCIA.- Las ventas del comercio al por menor en la Región de Murcia registraron una caída del 15,8 por ciento durante el mes de septiembre, en relación al mismo mes del año anterior, el mayor descenso por comunidades.

   Así se desprende de los Índices de Comercio al por Menor (ICM) publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan que la Región de Murcia experimentó en septiembre una caída en el empleo en el sector del comercio al por menor del 1,5 por ciento en relación al mismo mes del año anterior, tres décimas superior a la caída experimentada en el conjunto nacional, lo que supone la octava mayor caída por comunidades autónomas.

   Respecto a la media en lo que va de año, el descenso en la Región de la ocupación bajó un 1,5 por ciento, según la estadística.

   En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor bajaron en septiembre un 12,6 por ciento en relación a igual mes de 2011, acentuando en más de diez puntos la caída interanual que habían experimentado en agosto (-2 por ciento).

   El desplome de las ventas del comercio minorista en septiembre, el más elevado de todo el periodo de crisis, coincide con la subida del IVA, que entró en vigor a principios de ese mes. El INE señala que el índice del comercio minorista hace referencia a las ventas incluyendo el IVA facturado.  

   Con el descenso de septiembre, el comercio minorista acumula ya 27 meses consecutivos de caída de sus ventas. En los nueve primeros meses de 2012, el sector ha reducido un 6 por ciento sus ventas en comparación con el mismo periodo de 2011.

   Por modos de distribución, todos ellos recortaron sus ventas en septiembre. El mayor descenso de las ventas lo registraron las empresas unilocalizadas (-15,3 por ciento), seguidas de las grandes superficies (-14,8 por ciento), las pequeñas cadenas (-14,1 por ciento) y las grandes cadenas, que redujeron su facturación un 5,5 por ciento.

   El empleo en el sector del comercio minorista siguió bajando y en septiembre registró un retroceso del 1,2 por ciento respecto al mismo mes de 2011.

Valcárcel pedirá a Sáenz de Santamaría la declaración de interés preferente del nuevo proyecto de El Gorguel

MURCIA.- El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, ha presentado este lunes al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, el Informe de Sostenibilidad Ambiental del proyecto del plan director del nuevo puerto de El Gorguel ya terminado.

   Tras la reunión, celebrada en el Palacio de San Esteban --sede del Ejecutivo regional--, Viudes ha desvelado que Valcárcel "se ha ofrecido a solicitar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la declaración de interés preferente, por tema económico, de este puerto como gran infraestructura al servicio de los intereses de España".

   Al hilo, ha adelantado que la primera piedra del nuevo puerto se pondría en 2017 "si todo sale como normalmente debe salir", tras lo que ha subrayado que la financiación para dicho proyecto "está completamente asegurada".

   En concreto, ha precisado que en la primera fase "serían 700 millones de euros, de los que la Autoridad Portuaria pondría alrededor de 500 millones". De estos 500 millones, "en el proceso constructivo más de 200 los tendría la Autoridad de fondos propios que se generarían gracias a nuestros excedentes, ya que el Puerto de Cartagena es el más rentable de los 28 de interés general del sistema portuario español".

   De forma que, ha explicado, "entre la aportación de la Autoridad Portuaria, de la iniciativa privada y entre un préstamo que se obtendría del Banco Europeo de Inversiones, que visitarán el próximo mes acompañados de Valcárcel, o de otra entidad financiera, la financiación del nuevo puerto está absolutamente asegurada sin que tengamos que demandar ni un solo euro de los Presupuestos Generales del Estado".

   Tras destacar que Valcárcel "abandera el proyecto", el presidente de la Autoridad Portuaria ha desgranado las conclusiones de dicho Informe de Sostenibilidad Ambiental, en el que se justifica la necesidad de hacer este proyecto, dado que "en el horizonte 2017-2020 la demanda de infraestructuras portuarias como la que se hará en El Gorguel superará la oferta, por lo que está garantizado el éxito de una terminal capaz para más de tres millones de contenedores".

   Igualmente, dice el informe, "de todas las alternativas estudiadas se demuestra que la única alternativa viable para dar cabida a esta infraestructura es El Gorguel", no existiendo "afectación significativa al LIC marino".

   Viudes ha resaltado que existe una afectación al LIC terrestre por una pareja de búho real y otra de halcón peregrino que hay en la zona, aunque "son parejas que están en expansión en la Comunidad".

   Tras concluir este informe, se someterá a información pública. Además, Viudes ha comentado los dos informes que serán preceptivos en este sentido, el del Ministerio de Medio Ambiente, "por cuanto tiene competencia sobre el LIC marino", y el de la Comunidad, "por competencia exclusiva sobre el LIC terrestre".

   En función de los informes, el Ministerio "podrá decidir si el tema queda resuelto a nivel de Gobierno central o si tiene que ir a Bruselas a efecto de notificación o decisión de la Comunidad europea, porque entiendan que haya afectación importante a la Red Natura".

   En cualquier caso, concluye, "terminado el tema corresponde al órgano promotor, junto con el Ministerio, la redacción de la memoria ambiental".

Hostetur cree que la falta de presupuesto para turismo en 2013 es "una postura suicida por parte de los políticos"

CARTAGENA.- Los miembros de la Asociación de Hostelería y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur) cree que la falta de presupuesto para turismo en 2013 es "una postura suicida por parte de los políticos".

   Hostetur lamenta que en un sector como el turístico, "que es fundamental y estratégico para la Región", según recuerdan "ha dicho en numerosas ocasiones el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel", no disponga prácticamente de presupuesto para promoción en el 2013.

   Tras analizar en un encuentro de trabajo los datos de este verano, Hostetur ha puesto de manifiesto "la relativa satisfacción por haber mantenido, incluso en algún caso sobrepasado, la ocupación del 2011", aun así, añaden su preocupación por haber tenido que bajar precios "de una forma importante".

   Al tiempo que han mostrado su preocupación por la "constante e imparable" caída de pasajeros en el aeropuerto de San Javier, "principal entrada de turismo internacional de la Región".

   Finalmente, los empresarios del sector han acordado trabajar para que en un futuro "las redes antimedusas se pueden mantener durante todo el año".

Hasta 795 trabajadores de Sabadell-CAM se han adherido ya voluntariamente al ERE

ALICANTE.- Un total de 795 trabajadores de Sabadell-CAM se han adherido ya voluntariamente al expediente de regulación de empleo (ERE) de la entidad. La cifra supone un 63,6% del recorte total de 1.250 empleados de la plantilla pactado a mediados de mes entre los sindicatos y la dirección.

La semana pasada se celebró la primera comisión de seguimiento del expediente de regulación de empleo (ERE) en Sabadell-CAM, y ya se han adscrito voluntariamente 795 personas, según un comunicado de Sicam, sindicato mayoritario en el banco alicantino adquirido por el Sabadell.

En total, se han inscrito 665 trabajadores a las prejubilaciones, 495 de ellos mayores de 55 años en 2013, y otros 170 entre el colectivo que cumplirá entre 53 y 55 años en 2013. Con estas adscripciones, ya estaría cubierto el cupo de personas máximas prejubilables.

A ellos hay que sumar que 127 empleados menores de 53 años se han adherido a las bajas voluntarias indemnizadas, y otros tres a las extinciones de contrato con posibilidad de retorno.

A mediados de octubre y tras unas tensas negociaciones, la dirección de Sabadell-CAM llegó a un acuerdo ‘in extremis’ con los sindicatos sobre el expediente de regulación de empleo (ERE), que finalmente afectará a 1.250 trabajadores, en vez de los 1.751 previstos inicialmente, incluidas 710 prejubilaciones.

La propuesta definitiva de la empresa fue suscrita por la totalidad de la representación sindical: Sicam-Sabadell, UGT, CGT, ALTA, CSICA, y Sindicato Vietnamita, aunque CCOO tiene que valorar el acuerdo.

El acuerdo contempla 710 prejubilaciones voluntarias. Los trabajadores que se acojan recibirán un 80% de salario neto hasta los 63 años, con un tope de 245.000 euros, que únicamente se concederá durante los 15 primeros días de adhesión a la medida. Este tope no incluye desempleo, ni aportación adicional periódica que se abonará en un solo pago. Transcurrido el plazo de 15 días, el tope bajará a 240.000 euros.

La adhesión voluntaria a las prejubilaciones comenzará con el colectivo que cumpla hasta 55 años en 2013 y se ampliará la oferta, a 54 y 53 años, hasta cubrirse el número establecido.

En el caso de las bajas indemnizadas, la empresa ofrecerá a los trabajadores con salarios inferiores a 30.000 euros anuales, 35 días de salario/año, con prima de adhesión de
10.000 euros (Mínimo de 30.000 euros). Para salarios a partir de 30.000 euros anuales: 35 días salario/año, y una prima de adhesión de 15.000 euros. Para salarios de más de 40.000 euros anuales: 35 días salario/año, y una prima de adhesión 15.000 euros. En todo caso, el tope máximo de indemnización se establece en 150.000 euros, y el mínimo en 30.000.

También se realizarán suspensiones temporales, en las que se dará en el momento de la adscripción 20 días salario por año trabajado, con un mínimo de 10.000 euros. En caso de no retorno por imposibilidad de la empresa, a los dos años, el trabajador recibirá una compensación económica por la diferencia entre la cantidad percibida y la cantidad que le correspondiera por despido improcedente, más una prima de 10.000 euros.

Las autopistas vacías, otra cara de la burbuja española

MADRID.- En la garita del peaje de Leganés, a la entrada de Madrid, los empleados miran a la distancia, pero los coches llegan con cuentagotas: la crisis hace que los españoles deserten de las autopistas, llevando a varias de ellas al borde de la quiebra.

"Hemos solicitado el concurso de acreedores, por cuanto ahora mismo no podemos hacer frente a los vencimientos que tenemos de la deuda... ya estamos en manos del juez", explica José Antonio López Casas, director general de Accesos de Madrid, que gestiona las autopistas Radial 3 y Radial 5.

En el caso de estas dos vías, puestas en marcha en 2004, la carga es pesada: 660 millones de euros de deuda con los bancos, 340 millones con los constructores originarios del proyecto y 400 millones que se deben pagar a los vecinos por las expropiaciones para la construcción de esas autopistas.

Una situación que se repite en los últimos meses en España, cuarta economía de la zona euro en plena recesión.

La autopista Madrid-Toledo fue la primera en solicitar un concurso de acreedores en mayo, seguida en septiembre por las Radiales 3, 4 y 5, que sirven para entrar a la capital y luego continuar hacia Cartagena-Vera y Ocaña-La Roda.

"No hay ninguna sorpresa", comenta Paco Segura, especialista del sector transportes de la ONG Ecologistas en Acción. "En España, del mismo modo que ha habido una burbuja inmobiliaria, ha habido otra burbuja de infraestructuras, y una de las que más se ha desarrollado ha sido la de las autovías", explica antes de denunciar "una situación absolutamente aberrante".

 "Hemos estado construyendo miles y miles de kilómetros de autovías en itinerarios que no tenían la densidad de tráfico que lo justificase", afirma.

"Está fuera de duda que se construyeron demasiadas infraestructuras en un momento determinado, muchas de las cuales han resultado que posteriormente no tienen utilización: ha pasado con carreteras, ha pasado con aeropuertos y antes o después se descubrirá que esta pasando con el AVE", el tren de alta velocidad, admite López Casas.

Esta política, muy activa hasta el estallido de la burbuja en 2008, permitió a España alcanzar auténticos récords: líder europea en kilómetros de autopistas y en número de aeropuertos comerciales de vocación internacional; número dos mundial en kilómetros de vías de alta velocidad, sólo por detrás de China.

Los concesionarios de autopistas ponen cara larga, sufriendo por el frenesí constructor incluso antes del inicio de la crisis, ya que el Estado, mientras daba curso a una serie de vías de peaje, siguió construyendo una red paralela de carreteras gratuitas, muy preferidas por los automovilistas.

La crisis agravó los efectos perjudiciales: en el primer trimestre, el tráfico por las autopistas de pago bajó un 8,2% interanual, alcanzando su nivel más bajo desde 1998, según el ministerio de Fomento.

"Los cálculos más solventes dicen que el tráfico en el entorno de Madrid ha caído en los últimos cinco años en el orden de un 15-20%" y "en nuestro caso ha caído mucho más", se lamenta el propietario de Accesos de Madrid.

"La coyuntura económica nacional hace que el coste del peaje es un elemento que se mide mucho más a la hora de tomar la decisión de si se va por una carretera de pago o no, siempre que hay una alternativa gratuita", destaca Jacobo Díaz, director general de la Asociación Española de Carreteras (AEC). Globalmente, "es evidente que ha habido una sobrevaluación de la demanda estimada y el tráfico real es la cuarta parte frente a lo previsto", añade.

Según Ecologistas en Acción, la autopista Madrid-Toledo sólo ve pasar el 11% del tráfico inicialmente previsto, mientras que en los accesos a la capital, "en casi todas las que están quebrando, prácticamente ninguna llegaba al 40% del tráfico estimado para el que se habían construído", asegura Paco Segura.

"Donde tendríamos que tener 35.000 vehículos diarios, tenemos 10.000", confirma López Casas, mostrándose poco optimista en cuanto a una ayuda del Gobierno, enzarzado en un esfuerzo de austeridad sin precedentes. "Si no hay dinero para prácticamente nada, tampoco debe haberlo para resolver los problemas de los privados", como los concesionarios, concluye.

La crisis deja a la Armada española con solo dos submarinos, basados en Cartagena

MADRID.-   La crisis ha reducido a la mitad la flota de submarinos de la Armada, ya que después de que el 'Siroco' fuera dado de baja el pasado junio los presupuestos para el próximo año no contemplan la gran revisión a la que se tendría que someter el 'Tramontana' para continuar operativo. De esta manera, España permanecerá sólo con dos submarinos disponibles a la espera de que se incorpore la nueva flota que está siendo construida por Navantia en Cartagena, un programa de más de 2.000 millones de euros.

   La Armada espera que el primero de los nuevos submarinos, que ya está en avanzado estado de construcción en los astilleros de Navantia en Cartagena, esté operativo en 2016. Ese mismo año tendrá que darse de baja uno de los dos submarinos de la actual flota, el 'Galerna', que ya se ha pasado su última gran carena posible.

   Por ello, el comandante de la flotilla de submarinos de la Armada, capitán de navío Carlos Martínez-Merello, advierte de que "si se produjesen retrasos en la entrega del S-81, dada la complejidad de la construcción, que lo llevaran más allá de 2016" las Fuerzas Armadas se quedarían "con un sólo submarino operativo". Sería el 'Mistral', que en estos momentos está pasando su última gran revisión, y que en esos años estaría agotando su vida operativa.

   Según ha explicado el comandante Martínez-Merello, si finalmente no se somete a la gran carena al 'Tramontana', la actual serie de submarinos S-70 finalizará su vida operativa en 2018. Para entonces, la Armada espera tener ya las primeras unidades de la serie S-80.

   La situación actual del Arma Submarina contrasta con la de los últimos años del siglo XX y primeros del XXI, cuando la Armada llegó a contar con ocho submarinos: los cuatro de la serie 70 y los de la anterior serie S-60, que se dieron de baja entre 2003 y 2006.

   En la actualidad, la Armada sólo cuenta con dos submarinos operativos con una media de 27 años, el 'Galerna' y el 'Tramontana', ya que el 'Mistral' está en revisión hasta la primavera de 2013, momento en que debería entrar en este proceso el 'Tramontana', el más moderno de la serie. Sin embargo, según han indicado fuentes del Ministerio de Defensa, a fecha de hoy no se han previsto los más de 30 millones que costaría.

   El "efecto perjudicial" de que no se haga esta gran carena, según explica el comandante de la flotilla, además del "obvio de contar con una unidad menos", tiene que ver con la "transición" de una serie a otra desde el punto de vista del personal.

   "Si el submarino 'Tramontana' es dado de baja, la mayor parte de los miembros de su dotación ocuparán otros destinos fuera del ámbito del Arma Submarina --explica--, perdiéndose así una parte del núcleo de personal del que deben salir las dotaciones de los submarinos de la serie S-80, lo que indudablemente irá en detrimento de una mejor selección del citado personal".

   Según indica, la formación de "una buena plantilla de personal submarinista" precisa de "un esfuerzo significativo y tiempo", ya que las dotaciones de los submarinos están compuestas por "personal muy especializado, que requiere conocimientos y experiencia".

   Según explica el jefe de la flotilla, el Arma Submarina es un "factor de gran importancia para la defensa nacional", un instrumento fundamental de disuasión cuyas características propias de "discreción, movilidad y autonomía logística" le permiten llevar a cabo "múltiples cometidos", algunos de forma "exclusiva".

   Entre sus misiones están la neutralización de amenazas, la obtención de inteligencia y reconocimiento encubierto, el reconocimiento avanzado en situaciones de crisis y el despliegue encubierto de operaciones especiales en objetivos situados en la franja costera.

   Algunas de estas misiones se llevaron a cabo en la reciente participación de España en la misión internacional en Libia, en la que las Fuerzas Armadas aportaron su Arma Submarina. De hecho, el 'Tramontana' fue el primer submarino español en acudir a la zona y en su primera misión identificó a alrededor de 450 embarcaciones, entre las que se encontraban al menos 40 de carácter sospechoso. También participó en la resolución de la crisis con Marruecos por el islote de Perejil.

   "El hecho de poseer un arma submarina es un factor de gran importancia para la defensa nacional de un país", recalca el comandante, antes de recordar que "tanto los países aliados del entorno, como Portugal, Francia o Italia, como países fuera del ámbito de la OTAN, por ejemplo Argelia o Chile, están modernizando sus unidades o adquiriendo otras nuevas".

   Una vez se incorporen los nuevos submarinos S-80 a la Armada, España contará con "uno de los mejores submarinos convencionales del mundo", que permitirá "actuar más lejos y más discretamente, así como disponer de armas más eficaces", explica el comandante.

   El buque que construye Navantia es un submarino "más grande, con mayor autonomía" y con un sistema de "propulsión independiente de la atmósfera (AIP) que mejora su discreción, sin perder las cualidades que le permitan operar en aguas litorales". Entre sus novedades también se incluye la capacidad de ataque a tierra.

   El programa, cuyo coste tostal se estima en más de 2.000 millones de euros, incluye un "alto componente de innovación tecnológica", al que se atribuye parte del retraso que ya acumula y los que todavía se puedan producir, según han indicado fuentes del Ministerio de Defensa.

   Los planes iniciales del programa, firmado tras años de estudio en 2004, contemplaban que el primero de los cuatro submarinos fuera entregado a la Armada a finales de 2013 y el último en 2016. Ahora, la Armada espera que el primero de los S-80 "tome el relevo" de la actual flota en 2016.

   A estos avatares hay que añadir la revisión que está haciendo de todos los Programas Especiales de Armamento el Ministerio de Defensa con el objetivo de reducir su carga en los presupuestos, un plan que contempla retrasos en entregas y reducciones de los pedidos. La primera decisión tomada en este sentido es el aplazamiento hasta 2015 de la llegada de aviones de combate 'Eurofighter'.

   Con los retrasos de entregas, Defensa pretende aplazar los pagos y evitar que la deuda por material entregado y no abonado pasara a convertirse en déficit del Estado. Además, está estudiando reducciones de pedidos, en función de las necesidades que defina para las Fuerzas Armadas.

Lorca y la comisionada / José García Murcia *

Como las cosas no iban bien, el Gobierno de España, presidido entonces por el señor Zapatero, creó la figura del Comisionado para las actuaciones derivadas del terremoto y nombró a Jesús Miranda para coordinarlas e impulsarlas. Realmente este primer comisionado puso voluntad. Alumbró un segundo Real Decreto Ley, el 17/2011 de 31 de octubre (el primero fue el de medidas urgentes de 13 de mayo), pero a la postre, como pasó con el primero, también se demostró insuficiente, porque entre otras cosas no contempló programas de recuperación económica globales (Plan Lorca) ni tampoco intervención directa de la Administración en la reconstrucción de Lorca.

Con el triunfo del PP en las elecciones de noviembre, el Comisionado Miranda decayó de sus funciones y el Gobierno entrante nombró el 31 de diciembre a Mario Garcés, que al poco tiempo, tras declarar que el presidente Valcárcel incumplía sus compromisos y que las ayudas a los damnificados estaban retenidas en la Comunidad Autónoma, terminó su corto mandato, viéndonos sorprendidos el 16 de marzo de 2012 con la noticia del nombramiento de Inmaculada García como nueva y tercera persona que ocupaba el cargo, y lo hacía, con la clara finalidad, se decía, de «dar un impulso clave y aportar al Gobierno las bases para un Plan de Dinamización de la zona».

Aunque no lo parezca, porque apenas su presencia se ha notado, García es, de los tres, la que más tiempo ha desempeñado el cargo. Ya lleva siete meses y aún está por ver de qué es capaz. El RD-ley 11/2012 de 30 de marzo (y ya son tres), que contempló el préstamo ICO y la ejecución forzosa, ya estaba preparado cuando ella fue nombrada, por lo que no se le deben atribuir méritos en el asunto. 

¿Y después, qué ? Pues básicamente que la participación de la Comisionada se viene caracterizando por lo que podríamos denominar ´actividad plana´: escasas declaraciones con apreciaciones erróneas de la realidad y del proceso; pocas visitas a Lorca y casi siempre a hurtadillas; interlocución mínima con los damnificados y sus asociaciones; y, sobre todo, sin cartera de resultados. 

Con siete meses en el cargo, salvo la «Ley 7/2012, de 20 de julio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, reguladora de la reedificación por sustitución forzosa para la urgente reconstrucción de Lorca», que se acometió precipitadamente por ausencia de la figura del agente edificador en la Ley del Suelo de la Región, que será de dudosa eficacia práctica, y en la que ella poco o nada ha hecho, nos preguntamos qué logros puede presentar. 

No son conocidos ni análisis, ni balances, ni informes elevados al Gobierno de España que hayan salido de su departamento. No ha agilizado los trabajos de la Comisión Mixta y después de diecisiete meses de los terremotos aún quedan por resolver 5.000 solicitudes de ayuda (aproximadamente un tercio de las solicitadas). El denominado Plan Lorca sigue siendo una entelequia sin reflejo práctico en los presupuestos estatales pese a las reiteradas llamadas a la ´cuestión de Estado´ hechas por los dirigentes populares. La Comisionada tampoco ha accionado los mecanismos para el cumplimiento del compromiso de construcción de 300 viviendas por parte del Sepes en Lorca, ni su mano se ha sentido en los barrios más afectados, como por ejemplo en San Fernando donde aún están por derribar nueve bloques de viviendas. Además, no ha conseguido que los veintiún millones de euros del fondo de solidaridad europea lleguen directamente a Lorca, ni siquiera que los costes de los derribos posteriores al 31 de agosto de 2011 los asuma el Estado. Ni tampoco que el préstamo anunciado de 185 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones logre su correspondiente aportación de España para hacerse efectivo.

Entonces decimos, ¿qué es lo que hace la Comisionada? Podríamos pensar que está pendiente del «plan integral de recuperación del patrimonio o de la rehabilitación de palacetes y casas solariegas», pero todos sabemos que salvo actuaciones puntuales el fin está muy lejano, por lo que hay que concluir que su intervención es mínima y que Lorca sigue esperando.

Y espera que los desplazados de la ciudad vuelvan, que sus viviendas sean reconstruidas y rehabilitadas, que los dos institutos derribados se vuelvan a levantar, que los centros de salud se construyan, que su conservatorio se rehabilite, que su complejo deportivo Europa y sus centros culturales funcionen, y espera el tan necesario plan de reactivación económica, máxime ahora cuando a la catástrofe de los terremotos se ha sumado el desastre del pasado 28 de septiembre.

El Partido Popular de Lorca y de la Comunidad de Murcia, y principalmente el presidente Valcárcel esquivando su alta responsabilidad en el tema (sobre todo antes de la entrada de Rajoy en el Gobierno) siempre ha lanzado balones fuera aludiendo a que la recuperación de Lorca tras los terremotos era ´cuestión de Estado´. Debemos suponer que la Comisionada comparte dicho criterio y que precisamente ella en uso de sus facultades y de la responsabilidad que le otorga el cargo debería actuar en coherencia y promover cuantas iniciativas fuesen necesarias para llevar a buen fin dicho principio y lograr en plazos no muy lejanos la ansiada recuperación de Lorca.

Realmente es increíble que hasta la fecha el Estado, ante la magnitud de la catástrofe ocurrida en Lorca el 11 de mayo de 2011, no haya tenido una intervención directa en la reconstrucción. Por el contrario, hay que concluir que los avances en Lorca provienen de loables y entusiastas, pero insuficientes, iniciativas privadas o comunales, y por tanto ha entrado en un proceso con múltiples y variadas complicaciones para levantar de nuevo sus edificios y activar la vida social y económica. 

Es esperpéntico pensar que el Estado, precisamente en coincidencia temporal con la tragedia de Lorca, cuya dimensión no tiene precedentes cercanos en España, haya cubierto los desmanes financieros de los bancos y no haya sido capaz de atender las necesidades de vivienda de los damnificados lorquinos. 

Los hechos lo demuestran. Todavía no se ha inaugurado la reconstrucción de ninguna de las 1.500 viviendas derribadas y la Comisionada ni sabe ni contesta. Por su parte, Valcárcel se ha salido por la tangente y con los 115 millones del préstamo ICO que la Administración estatal ha puesto a disposición de las ayudas después de más de un año de sufrimiento (por cierto, sin que todavía se hayan hecho efectivas), da por zanjado su compromiso con Lorca, aunque, sin ninguna duda, la historia lo pondrá en su sitio. Y deja a la Comisionada, la aguileña Inmaculada García, como nexo entre Lorca y Madrid sin que para ello esté preparada, y ni siquiera ponga voluntad.

La Comisionada no ha ofrecido resultados; la Comisionada, por dignidad, debe dimitir. Quizás a la cuarta vaya la vencida. De momento la tercera ha sido ineficaz e ineficiente.

(*) Concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/10/27/lorca-comisionada/435600.html  

El Gobierno aprueba el reglamento para despedir a empleados públicos

MADRID.- El sector público podrá recurrir a los Expedientes de Regulación de Empleo de forma similar a como lo hace el sector privado, según Libre Mercado. La medida no afectará a los funcionarios, que tienen su puesto asegurado por ley, pero sí al resto de empleados de las administraciones y de las empresas públicas, que tendrán un modelo disciplinario similar al del resto de los trabajadores.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Las principales novedades, presentadas por Fátima Báñez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, son los cambios en los ERE de la función pública y el endurecimiento de las prejubilaciones para los mayores de 50 años.

La reforma laboral ya contempla la posibilidad de despedir empleados públicos, pero su plena aplicación está a la esperaba de desarrollo reglamentario. El borrador del proyecto se elaboró el pasado julio y clarifica las circunstancias en las que se podrá despedir empleados públicos no funcionarios.

Por un lado, las empresas propiedad del Estado, las autonomías o los ayuntamientos podrán despedir a sus empleados por causas económicas, al igual que hacen las compañías 100% privadas.

En el caso de las administraciones públicas, también se abre la puerta para que puedan aplicar despidos colectivos, aunque estos no afectarán a los funcionarios, sino al resto del personal laboral. El reglamento incluye "tres garantías reforzadas en relación al sector privado":

• Será necesario un informe previo vinculante del órgano competente en materia de función pública. Intervendrá la Inspección de Trabajo cuando afecte al Estado o las autonomías.
• Se refuerzan los requerimientos de documentación justificativa.
• Cuando se trate de causas económicas, la documentación exigida también es más rigurosa, incluyendo los presupuestos del organismo en cuestión.

Además, también en materia de ERE el Gobierno ha anunciado un endurecimiento de las condiciones de los despidos colectivos para los mayores de 50 años. En realidad, con esta medida de lo que se trata es de limitar el uso de las prejubilaciones. Se trata de endurecer la llamada Enmienda Telefónica que puso en marcha el anterior Gobierno socialista y que se conoce así porque se puso en marcha después del último proceso de prejubilaciones puesto en marcha por la compañía de telecomunicaciones.

Quizás sea más sencillo explicar la situación con un ejemplo. Imaginemos que una empresa quería prejubilar a algunos sus trabajadores. Hasta ahora, lo que hacía era llegar a un pacto con estos empleados: primero se iban al paro dos años y cobraban de los servicios públicos de empleo. Por ejemplo, alguien de 55 años en el momento de la prejubilación cobraba dos años el paro y luego pasaba a recibir su paga de la empresa desde los 57 años hasta su jubilación. Normalmente el pacto era cobrar algo menos que su último sueldo (lo habitual era estar entre el 60 y el 80%) durante esos ocho años. Con este esquema, la empresa se ahorraba el pago del paro durante los dos primeros años tras la prejubilación.

Pues bien, con la nueva reforma, las empresas con más de 100 trabajadores que hayan tenido beneficios en los dos últimos años y que inicien o hayan iniciado desde el 27 de abril de 2011 despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 años o más tendrán que pagar la prestación por desempleo de estos empleados. Este nuevo real decreto amplía la normativa que al respecto sacó adelante el Gobierno socialista en 2011, ya que entonces la obligación de pagar el desempleo de trabajadores de 50 años o mas se limitaba a las empresas de más de 500 trabajadores y siempre que el ERE afectara al menos a un centenar de empleados.

Por último, el Real Decreto que desarrolla este nuevo reglamento, incluye nuevas disposiciones que afectarán a todos los ERE, con el objetivo, según ha declarado la propia Fátima Báñez de "proteger a los trabajadores" ante este tipo de despidos colectivos:

• Nuevo papel de la autoridad laboral: tendrá funciones de vigilancia y control de cómo se desarrolla el período de consultas. También ayudará a las partes implicadas en el procedimientos.
• Regula las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a quien le corresponde la emisión de informe preceptivo.
• Delimita "de modo más objetivo" las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
• Regula de manera detallada el período de consultas con los representantes de los trabajadores, con el objetivo de las partes lleguen a un acuerdo para tratar de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias.
• Concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores.
• Para los supuestos de despido colectivo que afecten a más de cincuenta trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa.
• En los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.

Un euro en descubierto en cuenta corriente puede costarle 35 al titular

MADRID.- La necesidad de captar liquidez por parte de los bancos debido a la bajada de su actividad crediticia ha hecho que estas entidades vean en las comisiones de las cuentas bancarias una fuente extra y continua de ingresos. Según el Banco de España (BdE), desde 2011 hasta ahora las comisiones de las cuentas bancarias han subido en España un 15,73%. Este aumento ha hecho que los bancos ingresaran por comisiones más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012. Una cantidad a la que las comisiones por descubierto aportan un elevado porcentaje. 

Según Fernando López, responsable de Asuntos Económicos de la confederación de consumidores Ceaccu, las comisiones por descubierto han subido en el último año más de un 20% y, por ello, recomienda a los usuarios de servicios bancarios que no se queden en números rojos, ya que “por un descubierto de un euro los bancos pueden cobrarte entre 15 y 35 euros debido a que tienen una comisión fija, independientemente del valor del descubierto”.

Entre las comisiones que más han subido en los dos últimos años, según el BdE, destacan las de mantenimiento de cuenta corriente, con un incremento del 21,78%, hasta alcanzar los 27,34 euros; la de mantenimiento de cuenta de ahorro, con una subida del 22,36%, y un coste de 26,70 euros, las cobradas por transferencias nacionales (+41,56%), que alcanzan los 4,53 euros, o las cuotas anuales de las tarjetas de débito (+11,66%), que suponen 20,02 euros y las de crédito (+8,99%), por las que el usuario paga unos 37,48 euros. A ellas se suman las comisiones por descubierto cuyo incremento medio ha sido del 20%, pero hay casos en que este ascenso ha llegado hasta el 40%, asegura Fernando López.

El motivo de estas comisiones “desproporcionadas”, según él, es que los bancos tienen unas comisiones fijas, mínimas y máximas, que aplican a los descubiertos independientemente del valor al que asciendan estos. Por ello, “un descubierto de uno o dos euros puede costar al usuario entre 15 y 35 euros, a lo que hay que añadir el interés que te cobra el banco por prestarte ese dinero”, afirma Fernando López.

Estos datos reflejan que en el mercado bancario actual un descubierto en cuenta puede resultar un descuido “muy costoso” para el ciudadano, y el comparador de productos bancarios Helpmycash ofrece un ejemplo: una persona con la cuenta a cero que reciba una factura de la luz por valor de 100 euros, si ésta es abonada por su banco, el usuario le tendrá que pagar los 100 euros más 50,8 euros en gastos y comisiones de descubierto, ya que le aplicarían tres conceptos: unos 35 euros por gastos de reclamación por posiciones deudoras; la comisión por descubierto que, aunque en la mayoría de los bancos es del 4,5%, se establece un mínimo a pagar de 15 euros, y, por último, el interés de demora que responde al ‘préstamo’ que le ha hecho el banco mientras dura el descubierto y que ronda el 29% TAE.

Al aumento de las comisiones ha contribuido de manera directa la entrada en vigor en abril de este año de la Orden de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, según la cual “las comisiones percibidas por servicios prestados por las entidades de crédito serán las que se fijen libremente entre dichas entidades y los clientes”. Las asociaciones de consumidores aseguran que esta norma, “a pesar de su nombre, no aboga precisamente por la protección del cliente”.

Ahora el Banco de España no pone ningún límite a los bancos en relación a sus comisiones. Lo único que les exige es publicar las comisiones que suelen aplicar con mayor frecuencia, es decir, ni todas ni las máximas, por lo que “muchos bancos juegan con la legalidad y con el desconocimiento de los usuarios”, afirma Fernando López. Para evitarlo, considera que el BdE “debe de establecer un tope máximo en el precio de las comisiones para evitar desequilibrios que perjudican al consumidor”.

Aunque las comisiones bancarias “exprimen” los presupuestos de muchos ciudadanos, la mayor parte desconocen lo que pagan por ellas. Las más desconocidas son, según las asociaciones de consumidores, la emisión de cheques bancarios, por las que llegan a cobrar 18 euros, la solicitud de talonarios de cheques que hay entidades que cobran 2 euros por cheque (20 euros el talonario de 10), la reposición de tarjetas por la que cobran 3 euros o ingreso de dinero en efectivo por no titulares que pueden ir de 1,5 euros a 2.

Negociar o pagar

Para evitar el pago de las comisiones bancarias que, como ya adelantó ARNdigital en junio (http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=2561), al usuario pueden costarle entre 350 y 567 euros al año, el afectado puede emprender una serie de iniciativas. Antonio Acosta, letrado de los Servicios Jurídicos de la Asociación de Consumidores Ausbanc, recomienda negociar con el banco. “Todo se puede negociar con la entidad. Si soy un cliente importante de ese banco puedo amenazarles con irme a otro si me siguen cobrando comisiones”. 

También aconseja negociar con la entidad una tarifa plana, es decir, pagar una única comisión por un solo concepto, “por ejemplo, pagar seis euros al mes y así me dejan de cobrar el resto de comisiones que puedan aplicarme”. Por último, propone al usuario acudir a entidades que tienen vinculadas el coste cero de comisiones a la fidelización del cliente. “Si tienes contratado con ese banco un seguro, un fondo de pensiones o tienes domiciliada en él la nómina o la pensión es más fácil que te quiten las comisiones”.

Siempre que se llegue a un acuerdo con la entidad debe reflejarse por escrito, recomienda Antonio Acosta. “No debe limitarse a un acuerdo verbal sino que quede reflejado en un documento, ya que hay bancos que dicen que no cobrarán comisiones y después sí cobran la comisión por descubierto. Hay que dejar claro si esta comisión está incluida o no en el acuerdo”. Además, asegura que cuando un banco decide no cobrar comisiones lo hace voluntariamente, como una atención comercial, pero “dentro de un tiempo, por necesidades de la entidad, puede volver a cobrarla, por ello es importante que cuando se llegue a un acuerdo todo tiene que quedar especificado por escrito”.

Pagan los que menos tienen

Pero no todos los clientes de los bancos pueden ahorrarse las comisiones. “Depende de qué tipo de cliente seas y del número de ceros de tus cuentas”, asegura Fernando López. “El comportamiento de los bancos no es igual con todos sus usuarios, hay una discriminación absoluta que depende de los beneficios que generes a tu entidad. A menor poder adquisitivo menor margen de negociación del cliente y más comisiones tiene que pagar. Cuanto menos dinero tengas más comisiones te cobrará el banco”.

El ascenso continúa

Tras los últimos datos del Banco de España sobre la subida de las comisiones –un 15,73% en los últimos dos años–, todo parece indicar que su ascenso no ha tocado techo y más si se tiene en cuenta la caída de los márgenes de las entidades bancarias y su necesidad de dinero efectivo. A ello hay que añadir los elevados ingresos que obtienen los bancos por este concepto, más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012.

Según Antonio Acosta, “la situación por la que atraviesan determinadas entidades financieras les lleva a maximizar hasta el extremo la obtención de liquidez y la subida de las comisiones es una de las maneras de conseguirla, como lo demuestra que antes de la crisis los bancos llegaban a autofinanciar sus gastos corrientes con las comisiones que cobraban a sus clientes”.

http://arndigital.com/economia/noticias/4019/un-euro-en-descubierto-en-cuenta-corriente-puede-costarle-35-al-titular/

El PSRM reprocha a Valcárcel y Cámara que permitieran a Carrillo presentarse a Alcaldía una vez ya imputado

MURCIA.- El secretario de Justicia y Libertades Públicas del PSRM, José Miguel Muñoz Andreo, no entiende cómo los dos máximos responsables del PP en la Región, Ramón Luis Valcárcel y Miguel Ángel Cámara, permitieron al alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, volver a presentarse a la Alcaldía en las últimas elecciones, "una vez que ya estaba imputado por la Justicia por actos cometidos en 2003, lo que es un apoyo más que explícito".

   Tampoco entiende que unos meses después, cuando ya fue condenado Carrillo por la Audiencia Provincial, "no lo hicieran dimitir como alcalde con la excusa de el edil había recurrido la sentencia al Supremo", ha destacado en comunicado.

   En este asunto, como en otros, "el Partido Popular no cumple ni siquiera sus propios estatutos, que se supone que obligan a abrir un expediente informativo a los militantes imputados, y un expediente disciplinario a los que sean llevados a juicio oral", ni tan siquiera con Cámara.

   A su juicio, "se ha puesto de manifiesto que el Partido Popular ganó al menos unas elecciones municipales de forma fraudulenta, haciendo trampas, y que el resultado fue un alcalde ilegítimo, con todas las consecuencias negativas que esto ha tenido durante los últimos años para el municipio de Fortuna y sus habitantes, para la democracia, y para la propia credibilidad del PP".

  "Además, el que Carrillo se aprovechara de votos comprados tiene otro efecto, y es que Valcárcel también se pudo beneficiar de votos para el PP regional", ha insistido el líder socialista, quien ha reiterado la petición de dimisión de Valcárcel y de Cámara "por este escándalo tan grande que nos causa tanta vergüenza a todos los demócratas".

La PAH detecta que las entidades financieras están agilizando los desahucios ante la puesta en marcha del 'Banco Malo'

MURCIA.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha empezado a detectar que las entidades financieras están agilizando las ejecuciones hipotecarias para apropiarse de los inmuebles de sus clientes morosos, ante la inminencia de la creación de un 'Banco Malo' al que transferir esas viviendas objeto de desahucio.

   Asimismo, la PAH ha advertido que las entidades financieras son más reticentes a negociar con sus clientes morosos posibles soluciones, tales como la dación en pago o el alquiler social, con el mismo fin de apropiarse de las viviendas, según ha hecho saber el portavoz de la Plataforma, Paco Morote.

   Por lo tanto, Morote ha explicado que el 'Banco Malo' está empezando a generar ya un coste social y está perjudicando a la gente, lejos de las previsiones del ministro de Economía, Luis de Guindos, quien consideraba que la creación de este nuevo instrumento no iba a conllevar ningún coste.

   "Estamos notando que las negociaciones con los bancos son mucho más difíciles", según Morote, quien critica que algunas entidades financieras se niegan, incluso, a recibirlos, y hay otras que están "metiendo prisa a los juzgados" para agilizar los trámites de desahucio.

   La Plataforma achaca esta conducta a que la creación del 'Banco Malo' es "inminente" y las entidades financieras esperan transferirle todos los bienes inmobiliarios que hayan conseguido desahuciar, con el fin de obtener de esa manera algún ingreso de los activos tóxicos.

   Cabe recordar que actualmente está en tramitación el Real Decreto que desarrolla la creación del 'banco malo', que se llamará Sareb, y que prevé estar listo para el 16 de noviembre. En principio, su función será absorber activos tóxicos de los bancos para reintroducirlos en el mercado y, de esa manera, aliviar la contabilidad de los bancos.

   Morote explica que, mientras que la ejecución hipotecaria no se ha consumado y se ha subastado el bien, la entidad financiera no puede disponer del inmueble para transferirlo al 'Banco Malo'. Por eso, están teniendo "mucha prisa" en que los procedimientos judiciales se resuelvan lo antes posible "para sus intereses".

    A través del 'Banco Malo', los denominados bancos 'buenos' obtienen más beneficio de los activos tóxicos porque, por un lado, se quedan con la deuda que todavía tenga contraída el moroso, que pierde la casa y tiene que seguir pagando. Además, las entidades financieras ganarían lo que el 'Banco Malo' les abone por el activo.

   Morote también se ha referido a los casos más extremos y desesperados como, por ejemplo, los del vecino de Granada que quitó la vida este viernes horas antes de ser desahuciado, y el del hombre de Burjassot (Valencia) que se arrojó al vacío cuando una comisión judicial se disponía a ejecutar la hipoteca.

   Al ser preguntado a este respecto, Morote advierte que estos dos casos se han hecho públicos porque los sucesos han estado "muy directamente relacionados con el momento del desahucio", pero se ha mostrado seguro de que "hay muchos más casos que se camuflan de otras formas o que pasan de otra manera".

   Morote ha alertado que se trata de "una evidencia del drama que supone para la gente verse en la calle, sin ingresos y sin alternativa habitacional para poder tener una residencia". A su juicio, estos hechos "tendrían que hacer reflexionar a quienes gobiernan sobre la necesidad de cambiar la Ley Hipotecaria, que es de 1909".

   "Nosotros aconsejamos a la gente que luche, ya que hay experiencias que demuestran que se pueden conseguir cosas importantes", según Morote, quien insta a los afectados a quitarse la idea de que son los culpables de la situación, ya que "han sido víctimas del timo de la estampita".

   La PAH ha logrado paralizar un total de 89 desahucios desde su puesta en marcha en la Navidad de 2010. Precisamente, la última ejecución paralizada tuvo lugar este viernes, 26 de octubre, en Ceutí, según Morote, quien explica que otras veces no tienen tanta "suerte" y no pueden paralizarlas por los despliegues policiales.

   Además, Morote ha destacado que la Plataforma cuenta con un grupo de apoyo que está atendiendo del orden de 30 ó 35 familias cada semana sólo en el municipio de Murcia, la mitad de las cuales llegan por primera vez a la Plataforma a pedir consejo.

   En estos grupos de trabajo, las familias comparten su situación con otras familias afectadas y, según Morote, les viene muy bien psicológicamente comprender que no son los únicos afectados. Además, en esas reuniones se les hace ver que en realidad son víctimas, a pesar de que tienen sentimiento de que suelen tener sentimiento de culpabilidad.

   Posteriormente, la Plataforma se encarga de dar un tratamiento individualizado a cada caso, en función de la situación en la que se encuentra, si el banco ha ejecutado el desahucio o si no, y si cabe negociación.

   De todas formas, Morote recuerda que la Plataforma no atiende todos los casos, sino que sólo presta ayuda a las familias que acuden a ellos. De hecho, recuerda que en la Región de Murcia se están produciendo 15 desahucios cada día, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   En este sentido, ha alabado el informe elaborado por jueces de lo Civil de distintas audiencias provinciales que pone de manifiesto "la mala praxis bancaria y lo injusto de la Ley". Incluso, recuerda que este trabajo sugiere que una parte del dinero que se está destinando a rescatar a los bancos se emplee para ayudar a los desahuciados.

    Ha recordado que la PAH está promoviendo una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ara modificar esa Ley, para lo cual lleva ya "bastantes firmas recogidas". Asimismo, ensalza la iniciativa de IU-Verdes a nivel municipal, para que el Ayuntamiento de Murcia cree una comisión de ayuda a gente hipotecada.

   Asimismo, ha valorado la iniciativa presentada por el PSOE a nivel nacional, un partido al que da la "bienvenida" en la lucha contra los desahucios, porque recuerda que la legislatura anterior, cuando estaba gobernando, rechazó cuatro iniciativas en el Congreso que proponían introducir la dación en pago.

   De todas formas, Morote señala que esta propuesta del PSOE es "insuficiente" porque no tiene carácter retroactivo, y "no va a servir para cancelar la deuda de la gente que ya se ha visto desahuciada". Además, establece unos límites en cuestión de ingresos, pero la PAH cree que si el préstamo cuenta con garantía hipotecaria, el hecho de entregar el bien que se hipoteca "debería ser siempre suficiente para saldar cualquier deuda".

   Por el contrario, la ILP de la Plataforma propone que el Banco se vea obligado siempre a ofrecer a los afectados un alquiler social por un máximo del 30 por ciento de los ingresos de la familia, cuando se trate de la vivienda habitual.

Murcia es la primera región productora y exportadora de España en uva sin semilla

MURCIA.-   Murcia es la principal zona productora y exportadora de España en uva de mesa sin semilla (apirena), que supone el 70 por ciento de la uva cultivada en la Región, tal y como se expuso en el II Congreso Internacional de Uva de Mesa sin Semilla, 'Grape Attraction 2012'.

   Se trata de un evento organizado por la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y Otros Productos Agrarios (Apoexpa) y la Federación española de productores exportadores de frutas, hortalizas, flores y plantas vivas (Fepex), celebrado en el marco de la feria hortofrutícola Fruit Attraction.

   Este Congreso reunió a más de un centenar de investigadores y representantes de la cadena de distribución internacional.

   Así, el programa de mejora genética de variedades de uva de mesa, que están desarrollando los investigadores del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario (Imida), dependiente de la Consejería, junto con el sector privado, ha permitido "disponer de una oferta propia" con más de 10.000 híbridos anuales frente a los 1.500 de hace unos años, que han dado como resultado doce nuevas selecciones listas para su registro y protección, y su posterior comercialización.

   Y es que, estos programas han permitido la obtención de variedades con cualidades mejoradas en cuanto a sabor, calibre y textura, y más resistentes frente a la amenaza de plagas y enfermedades.

   De esta forma, y según los datos de Apoexpa, la uva sin semilla cultivada en la Región es el producto en fresco más consumido en Sudáfrica, y se está trabajando para la apertura de los mercados asiáticos y de Oriente Medio. Los países europeos siguen siendo los principales consumidores de este producto.

   En este cultivo se ha conseguido además la obtención de cosechas con un factor cero de residuos, debido a la aplicación de las técnicas del programa 'Murcia, Agricultura Limpia.

   En este sentido, las empresas productoras que forman parte de Apoexpa están trabajando en el proyecto 'Uvas saludables de la Región de Murcia', que pretende ofrecer una visión de la uva de mesa murciana que avale las técnicas más sostenibles y de buenas prácticas bajo las que ha sido cultivado este producto.

   Las empresas hortofrutícolas murcianas que han participado esta semana en Fruit Attraction, en Madrid, han mostrado y reforzado la imagen de la oferta regional de frutas y hortalizas ante los distribuidores de países internacionales interesados en las producciones murcianas.

   Las empresas asociadas en Apoexpa, la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) y la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) han acudido a la cuarta edición de evento, y han tenido un importante nivel de aceptación por parte del sector comercial.

   Y es que, la Región de Murcia exporta el 28 por ciento de las frutas y hortalizas que España vende al exterior. Desde la Comunidad murciana se exporta el 79 por ciento de las hortalizas y el 76 por ciento de las frutas que se producen.