MURCIA.- La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) ha empezado a detectar que las entidades financieras
están agilizando las ejecuciones hipotecarias para apropiarse de los
inmuebles de sus clientes morosos, ante la inminencia de la creación de
un 'Banco Malo' al que transferir esas viviendas objeto de desahucio.
Asimismo, la PAH ha advertido que las entidades financieras son
más reticentes a negociar con sus clientes morosos posibles soluciones,
tales como la dación en pago o el alquiler social, con el mismo fin de
apropiarse de las viviendas, según ha hecho saber el portavoz de la Plataforma, Paco Morote.
Por lo tanto, Morote ha explicado que el 'Banco Malo' está
empezando a generar ya un coste social y está perjudicando a la gente,
lejos de las previsiones del ministro de Economía, Luis de Guindos,
quien consideraba que la creación de este nuevo instrumento no iba a
conllevar ningún coste.
"Estamos notando que las negociaciones con los bancos son mucho más difíciles", según Morote, quien critica que algunas entidades financieras se niegan, incluso, a recibirlos, y hay otras que están "metiendo prisa a los juzgados" para agilizar los trámites de desahucio.
La Plataforma achaca esta conducta a que la creación del 'Banco Malo'
es "inminente" y las entidades financieras esperan transferirle todos
los bienes inmobiliarios que hayan conseguido desahuciar, con el fin de
obtener de esa manera algún ingreso de los activos tóxicos.
Cabe recordar que actualmente está en tramitación el Real Decreto
que desarrolla la creación del 'banco malo', que se llamará Sareb, y que
prevé estar listo para el 16 de noviembre. En principio, su función
será absorber activos tóxicos de los bancos para reintroducirlos en el
mercado y, de esa manera, aliviar la contabilidad de los bancos.
Morote explica que, mientras que la ejecución hipotecaria no se ha
consumado y se ha subastado el bien, la entidad financiera no puede
disponer del inmueble para transferirlo al 'Banco Malo'. Por eso, están teniendo "mucha prisa" en que los procedimientos judiciales se resuelvan lo antes posible "para sus intereses".
A través del 'Banco Malo', los denominados bancos 'buenos'
obtienen más beneficio de los activos tóxicos porque, por un lado, se
quedan con la deuda que todavía tenga contraída el moroso, que pierde la
casa y tiene que seguir pagando. Además, las entidades financieras
ganarían lo que el 'Banco Malo' les abone por el activo.
Morote también se ha referido a los casos más extremos y desesperados como, por ejemplo, los del vecino de Granada
que quitó la vida este viernes horas antes de ser desahuciado, y el del
hombre de Burjassot (Valencia) que se arrojó al vacío cuando una
comisión judicial se disponía a ejecutar la hipoteca.
Al ser preguntado a este respecto, Morote advierte que estos dos casos se han hecho públicos porque los sucesos han estado "muy directamente relacionados con el momento del desahucio", pero se ha mostrado seguro de que "hay muchos más casos que se camuflan de otras formas o que pasan de otra manera".
Morote ha alertado que se trata de "una evidencia del drama que
supone para la gente verse en la calle, sin ingresos y sin alternativa
habitacional para poder tener una residencia". A su juicio, estos hechos
"tendrían que hacer reflexionar a quienes gobiernan sobre la necesidad de cambiar la Ley Hipotecaria, que es de 1909".
"Nosotros aconsejamos a la gente que luche, ya que hay experiencias que demuestran que se pueden conseguir cosas importantes", según Morote, quien insta a los afectados a quitarse la idea de que son los culpables de la situación, ya que "han sido víctimas del timo de la estampita".
La PAH ha logrado paralizar un total de 89 desahucios desde su
puesta en marcha en la Navidad de 2010. Precisamente, la última
ejecución paralizada tuvo lugar este viernes, 26 de octubre, en Ceutí,
según Morote, quien explica que otras veces no tienen tanta "suerte" y
no pueden paralizarlas por los despliegues policiales.
Además, Morote ha destacado que la Plataforma cuenta con un grupo
de apoyo que está atendiendo del orden de 30 ó 35 familias cada semana
sólo en el municipio de Murcia, la mitad de las cuales llegan por
primera vez a la Plataforma a pedir consejo.
En estos grupos de trabajo, las familias comparten su situación
con otras familias afectadas y, según Morote, les viene muy bien
psicológicamente comprender que no son los únicos afectados. Además, en
esas reuniones se les hace ver que en realidad son víctimas, a pesar de
que tienen sentimiento de que suelen tener sentimiento de culpabilidad.
Posteriormente, la Plataforma se encarga de dar un tratamiento
individualizado a cada caso, en función de la situación en la que se
encuentra, si el banco ha ejecutado el desahucio o si no, y si cabe
negociación.
De todas formas, Morote recuerda que la Plataforma no atiende
todos los casos, sino que sólo presta ayuda a las familias que acuden a
ellos. De hecho, recuerda que en la Región de Murcia se están
produciendo 15 desahucios cada día, según datos del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ).
En este sentido, ha alabado el informe elaborado por jueces de lo
Civil de distintas audiencias provinciales que pone de manifiesto "la mala praxis bancaria y lo injusto de la Ley".
Incluso, recuerda que este trabajo sugiere que una parte del dinero que
se está destinando a rescatar a los bancos se emplee para ayudar a los
desahuciados.
Ha recordado que la PAH está promoviendo una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) ara modificar esa Ley, para lo cual lleva ya "bastantes firmas recogidas".
Asimismo, ensalza la iniciativa de IU-Verdes a nivel municipal, para
que el Ayuntamiento de Murcia cree una comisión de ayuda a gente
hipotecada.
Asimismo, ha valorado la iniciativa presentada por el PSOE a nivel
nacional, un partido al que da la "bienvenida" en la lucha contra los
desahucios, porque recuerda que la legislatura anterior, cuando estaba
gobernando, rechazó cuatro iniciativas en el Congreso que proponían
introducir la dación en pago.
De todas formas, Morote señala que esta propuesta del PSOE es "insuficiente" porque no tiene carácter retroactivo, y "no va a servir para cancelar la deuda de la gente que ya se ha visto desahuciada".
Además, establece unos límites en cuestión de ingresos, pero la PAH
cree que si el préstamo cuenta con garantía hipotecaria, el hecho de
entregar el bien que se hipoteca "debería ser siempre suficiente para saldar cualquier deuda".
Por el contrario, la ILP de la Plataforma propone que el Banco se
vea obligado siempre a ofrecer a los afectados un alquiler social por un
máximo del 30 por ciento de los ingresos de la familia, cuando se trate
de la vivienda habitual.