Valcárcel acude mañana a La Moncloa a tratar de su eventual sucesión a corto plazo

MADRID.- El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, mantendrá mañana viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, una reunión en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a petición propia y una vez resuelta su eventual sucesión en la persona de Juan Bernal, que podría convertirse así, a corto plazo, en presidente autonómico y consejero a un tiempo.

   El encuentro, que tendrá lugar a las 16.30 horas en el Palacio de La Moncloa, ha sido solicitado por el aún presidente Valcárcel "para tratar cuanto antes los asuntos prioritarios para la Región de Murcia en el arranque de la nueva legislatura", según han informado fuentes del Gobierno regional, omitiendo, en cambio, la verdadera causa de tal urgencia tras sus reiteradas ausencias de las convocatorias de Génova 13 desde las pasadas elecciones generales.

   De esta forma, Valcárcel será el primer presidente autonómico al que reciba el jefe del Ejecutivo desde que Mariano Rajoy llegó al Palacio de La Moncloa hace un mes, acuciado por la necesidad de dimitir y dejar cuanto antes el liderazgo de la Región y del PP murciano, una vez que el presidente del Gobierno no lo ha nombrado ministro de Agricultura o secretario de Estado de Agua, tal como él esperaba, pese a no hablar inglés, tras ciertas insinuaciones.

Empeora la solvencia

  La visita se va a producir pocas horas después de que la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings haya advertido de las dificultades a las que podrían enfrentarse las comunidades autónomas para obtener financiación para su deuda debido a la situación del sector bancario y a la incertidumbre en torno a su desempeño financiero.


   En un informe, la agencia destaca que el entorno operativo actual es probable que siga siendo complicado en 2012 a medida que los gobiernos de la eurozona implementen medidas de austeridad para recortar sus déficits y las perspectivas en torno al crecimiento económico sigan siendo débiles.

   "Una mayor incertidumbre en torno al comportamiento financiero y el desapalancamiento de los bancos podría hacer más difícil para algunos gobiernos territoriales, especialmente en España, obtener financiación para de su deuda nueva o existentes", señaló.

   En este sentido, añadió que estas tensiones financieras serán "más evidentes" en países que están experimentando una mayor incertidumbre en torno al éxito de las medidas de los gobiernos nacionales para reducir deuda, como Italia, Portugal o España.

   Fitch recuerda que un gran número de ratings de gobiernos territoriales tienen perspectiva 'negativa' o están en revisión para una posible rebaja después de los recortes de las calificaciones de Italia, Portugal o España en la segunda mitad de 2011. En algunos casos, incluyen además las perspectivas de un menor crecimiento económico, el deterioro de la generación de ingresos o los posibles recortes en la financiación de los gobiernos nacionales.

    Por otro lado, señala que la intensificación de la crisis de la eurozona en la segunda mitad de 2011 ha provocado un aumento general en el número de ratings con perspectiva 'negativa' asignados por la agencia, después de años de estabilidad en los ratings globales.

   "Los tentáculos de la crisis de la eurozona se han expandido a lo largo y a lo ancho, ahogando la solvencia de una gran número de sectores en todo el mundo", incide.

   En concreto, la proporción de ratings con perspectiva negativa aumentó globalmente hasta el 9,3% a finales del año 2011, por encima del mínimo del 6,8% registrado tras la quiebra de Lehman BrotHers. Sin embargo, este aumento sigue estando por debajo del 18,3% visto en el tercer trimestre de 2009.

   En concreto, la agencia destaca que el sector en el que más han aumentado las perspectivas 'negativas' es el de los bancos, donde pasaron del 8,5% de finales de la primera mitad del año hasta el 11,5%.

   En este contexto, Fitch subraya que el fin de la crisis de la eurozona, algo que no contempla en el corto plazo, se traduciría en una estabilización de las perspectivas 'negativas' más que en medidas positivas de rating, y apunta que incluso sus previsiones más conservadoras esperan nuevas rebajas en este escenario.

   La agencia mantiene desde el pasado mes de diciembre en vigilancia negativa las calificaciones de España, Italia, Chipre, Bélgica, Eslovenia e Irlanda y prevé tomar una decisión, que en la mayor parte de los casos será una rebaja, antes de finales de enero.

Ecologistas revela la inviabilidad económica de la Marina de Cope tras una sentencia recurrida del TSJRM

MURCIA.- El macroproyecto turístico de Marina de Cope no se hará porque no puede ser rentable, según Ecologistas en Acción, que ha 'traducido' lo que puede suponer en la práctica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de mayo de 2011, que rechaza transformar determinados suelos protegidos para situar sistemas generales (viales y zonas verdes), que de este modo tendrían que construirse sobre la superficie destinada a viviendas. 

Esta sentencia, que estimaba parcialmente el recurso que presentó en 2006 la asociación Prolitoral, supone una merma del 15% en la edificabilidad total del complejo turístico en la costa virgen de Águilas y Lorca, según los cálculos del grupo conservacionista, lo que significa 440.000 metros disponibles menos.

De esta manera, y según un estudio urbanístico y legal de Ecologistas en Acción, la Actuación de Interés Regional de Marina de Cope solo podría albergar 4.000 de las 9.000 viviendas previstas. «Se trata de una sentencia de muerte para la rentabilidad y la viabilidad económica del conjunto de la operación», señalaron. 

 

Es un «varapalo para las expectativas de edificación» y «la puntilla» al proyecto, según Pedro Luengo, coordinador del grupo ecologista, quien asegura que es el «hundimiento del macro-proyecto» y entiende la «retirada de Caja Murcia» como inversor porque «esto supone un mala inversión para cualquier promotor que pretenda obtener ganancias».

 

El proyecto urbanístico, que pretendía edificar 9.000 viviendas y más de 20.000 plazas hoteleras en 21 millones de metros cuadardos de costa virgen entre Lorca y Águilas, se verá así sensiblemente mermado con esa sentencia judicial.

El fallo judicial declara la nulidad de los artículos de las Directrices del Litoral de la Región de Murcia en los que se establece «que los nuevos sectores urbanizables colindantes con zonas afectadas por las categorías de Suelo de Protección Paisajística, Suelo de Protección Geomorfológica y Suelo de Protección de Cauces se incluya una parte de ellas como sistemas generales adscritos con el objetivo de su incorporación al patrimonio público de suelo».

 

Esto significa, según Ecologistas, que la modificación realizada en los planes urbanísticos de Lorca y Águilas para permitir la edificación en suelos protegidos ha sido declarada contraria a la propia Ley regional del Suelo.

La demanda fue presentada por Iniciativa Ciudadana y Profesional para la Defensa Jurídica del Litoral –integrado por Ecologistas en Acción, ANSE y Amacora– contra el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Consorcio Marina de Cope, integrado por el Ejecutivo regional, la Asociación de Propietarios y los ayuntamientos de Lorca y Águilas.

El portavoz de la organización ecologista, Pedro Luengo, y el abogado Eduardo Salazar interpretan que la sentencia confirma la condición de Parque Regional de la Marina de Cope y advierten de que el proyecto, tal y como se quedará con la decisión judicial, «es una sentencia de muerte para rentabilidad, para la viabilidad económica del conjunto de la operación». 

 

Y es que Luengo considera que «la retirada de Caja Murcia del proyecto» y «el fracaso» de la autopista Cartagena-Vera –sus propietarios han asegurado que están al borde de la quiebra– son otros duros varapalos para el proyecto turístico, «porque las expectativas de la venta y especulación de viviendas, como en el resto de proyectos fracasados en toda la Región de Murcia, es la que anima este tipo de iniciativas urbano-turísticas».

 

«Los inversores podrían dejar solas a las autoridades regionales y a los más empecinados propietarios», señala el portavoz de Ecologistas.

La asociación ecologista insiste en las posibilidades que Marina de Cope, espacio de costa virgen, ofrece al «turismo sostenible», al «turismo medioambiental» porque, según asegura Luengo, «tenemos informes de la Universidad de Murcia en los que se pone de manifiesto la puesta en valor de todo el territorio de Marina de Cope como espacio natural», dándole usos «ligados al turismo de naturaleza y al turismo rural», ya que cuenta con «importantísimos valores ambientales, geomorfológicos, paleontológicos y culturales».

 

La Comunidad Autónoma recurrió esta sentencia en el Tribunal Supremo, aunque no se espera una resolución «al menos en dos años», según Eduardo Salazar.

Retegui considera una "cobardía" achacar a Pedro Saura toda la responsabilidad de los resultados electorales del PSRM

MURCIA.-   La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, considera una "cobardía" achacar al actual secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, toda la responsabilidad de los resultados electorales del partido.

  La socialista ha destacado la difícil época que le ha tocado gestionar como secretario general del PSRM, "donde se ha ido debilitando el partido y el apoyo al mismo".

   "Esto ha sido una losa para él y para los anteriores secretarios generales de no encontrar realmente la salida entre todos", ha apostillado. Por lo que, a su juicio, achacarle toda la responsabilidad a Pedro Saura sería una cobardía "absoluta y total".

   Al tiempo que ha destacado el "valor" de Saura al decidir no volver a presentarse a la Secretaría General del partido.

   Es un acto que le honra, añadió, "es consciente de que con su imagen no crecíamos, aparentemente", porque, recordó, "mis resultados electorales han sido peores".

  , "De lo que ocurre en el PSOE somos todos responsables, por no haber sabido, quizás, encontrar el punto de conexión necesario para que los ciudadanos entendieran que éramos y somos la única alternativa al PP".

   Pero, zanjó, claramente, "si los ciudadanos no nos han votado es porque no hemos hecho bien algo".

 

Congreso del PSRM

Tras el debate federal, recordó, se abre el congreso ordinario del PSRM, pero, aseguró, "todavía se está elaborando la ponencia marco regional", posteriormente se abrirá un proceso de debate en todas las agrupaciones.    Lo que está claro, apuntó, es que Pedro Saura no va a liderar el cambio del partido, puesto que ya anunció que no se presentaría a la Secretaría General, "algo que le honra"; y que se trata de un congreso "donde nos interesa mucho cuál es el modelo de partido a nivel regional, cómo se configuran las agrupaciones y en el que, de momento, vamos a entrar en un debate sobre ideas".
   Luego, en caso de existir diferentes formas de ver el partido o espíritus para llevarlo a cabo, saldrán, previsiblemente, los candidatos, pero, indicó, "ahora no hay ninguno porque tampoco está abierto el proceso".
   A su juicio, "lo primero que hay que ver es cuál es el modelo de partido y cómo queremos cambiar el PSOE regional, qué tenemos que hacer; luego elegiremos a la persona que mejor pueda hacerlo, no al revés".
   Hay que esperar a conocer el proyecto político del PSOE a nivel general, para después adaptarlo a la realidad de la Región de Murcia. "El partido que decidamos en Sevilla es el que se tiene que adaptar a la Región", matizó.

 La Región de Murcia "necesita definir un proyecto político como contraposición al que ofrece el PP, que pide pasar del despilfarro a la austeridad de quienes no son responsables y mayor recorte a los que menos tienen", reprobó.    "Tenemos que hacer un proyecto alternativo de Región en donde se pueda visualizar que hay que pedir impuestos más progresivos, que paguen aquellos que más tienen, y revisar todo aquello que nos sitúe por debajo del conjunto de España, hay que reclamar y poner a la Región donde le corresponda porque sus ciudadanos no son de segunda ni de tercera".
   También hay que definir cuál es el modelo que se quiere, que debería diferenciarse por la calidad, por universidades potentes, la formación como seña de identidad y recuperar el sector industrial y el turístico, prosiguió.
   "Una Región diferente a la actual y a la que ofrece el PP, mucho más justa fiscal y socialmente". Y es que, insistió, "la política del PP nos lleva a las castas, a una sociedad donde los ricos serán más ricos y donde desaparece prácticamente la clase media".

 

Apoyo a Rubalcaba

Retegui ha asegurado finalmente que votará a Alfredo Pérez Rubalcaba a la Secretaría General del PSOE, en el XXXVIII Congreso Federal del PSOE en Sevilla, ya que, a su parecer, "es lo que ahora necesita el partido".    Retegui es uno de los 26 delegados por Murcia que irá con voto al Congreso Federal.

La causa contra el exsenador Manuel Hurtado regresa a los juzgados de Molina de Segura

MURCIA.- La causa abierta contra el exsenador socialista y exalcalde de la localidad murciana de Ceutí, Manuel Hurtado, por las supuestas irregularidades cometidas en las obras de adjudicación y contratación de un complejo polideportivo en el municipio murciano de Ceutí, regresa al juzgado de Molina de Segura, tras perder éste su condición de aforado.  

   Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha acordado declarar la no competencia de esta Sala por carecer actualmente de la condición de diputado o senador, remitiendo las presentes actuaciones al Juzgado de Instrucción nº 5 de Molina de Segura.

   La resolución del Tribunal Supremo recuerda que en noviembre de 2010, esta Sala acordaba asumir la competencia de la causa y designaba Instructor al magistrado Carlos Granados Pérez.

   El pasado mes de julio el Magistrado Instructor acordó citar al imputado aforado a fin de oír su versión sobre los hechos; tras la declaración, Hurtado manifestó su "inocencia" y su deseo de que se resolviera "pronto" la resolución sobre el caso.

   Meses antes, Hurtado defendió también su inocencia y dejó claro que las obras de contratación fueron "perfectas". El que fuera alcalde de Ceutí durante casi tres décadas manifestó entonces que se trata de un tema que "movió" el PP y cuestionó que presentara en 2007 una denuncia por unos hechos de 2003.

   Los hechos se remontan al pasado mes de mayo de 2007, cuando la presidenta del Partido Popular en Ceutí, Beatriz Sandoval, y la concejala, Adoración Ayala, anunciaron la presentación de una "querella criminal" ante el Juzgado de Instrucción de Molina de Segura contra Hurtado, por "presunto delito de prevaricación y un presunto delito de falsedad documental en la adjudicación y contratación de una obra a espaldas del órgano competente".

   En concreto, las ediles del PP presentaron una querella sobre la adjudicación a una empresa para la construcción del Complejo Deportivo 'José Antonio Camacho' de Ceutí, por valor de 1.883.263,85 euros.

   Sandoval y Ayala denunciaron entonces que Hurtado adjudicó la obra "sin respetar los procesos de contratación que contempla la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".

Los hospitales públicos en la Región de Murcia adeudan 265 millones en medicamentos

MURCIA.- La deuda por suministro de medicamentos a hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) asciende a 6.369,3 millones de euros, un 36 por ciento más que en la misma fecha de 2010 cuando la deuda superaba los 4.684 millones de euros, informa Farmaindustria, que sitúa la deuda de los hospitales de la Región de Murcia por este concepto en 265,1 millones de euros (un 4,3 por ciento más que en 2010), el sexto mayor incremento a nivel nacional.

   Respecto al periodo medio de pago, Murcia es la séptima CCAA con mayor demora, hasta situarse en 633 días, frente a los 625 de 2010 (1,4 por ciento).

   Los datos, que ha compilado la patronal farmacéutica dentro de la monitorización trimestral con fecha a 31 de diciembre, muestran además que la demora media de pago es de 525 días, aunque pero cuatro comunidades autónomas superan los 800 días.

   "El importante aumento de la deuda (36%) contrasta con el estancamiento de las ventas a hospitales (1,1%) en 2011, de lo que se deduce que el aumento de la demora se debe a la dramática caída de los pagos por parte de las comunidades autónomas y no a nuevas compras", advierten.

   Farmaindustria pide que esta situación no se prolongue por más tiempo y advierten de que las consecuencias de esta situación "son verdaderamente dramáticas", ya que las compañías no tienen capacidad de seguir funcionando y puede llegar a estar en riesgo el suministro de medicamentos estratégicos en términos de normalidad. Además, entienden que "la imagen internacional de España se está desmoronando al no hacer frente a estos pagos"

   Ante esta coyuntura la patronal farmacéutica ya le ha hecho llegar al Gobieno central y a las comunidades autónomas con mayores demoras la necesidades del sector. Asimismo, manifiesta su interés por colaborar con las administraciones en la articulación de una solución que suponga normalizar el pago de las nuevas compras a partir de 2012 en los plazos legales establecidos para evitar que se siga incrementando el volumen de la deuda. Asimismo, con  el necesario establecimiento de una fórmula que permita hacer frente a un plan de pagos de la deuda acumulada hasta la fecha con las suficientes garantías.

   Por comunidades autónomas, Andalucía es la que registra el mayor nivel de deuda (1.523,7 millones de euros), seguida de la Comunidad Valenciana (1.292,5 millones), Madrid (762,3 millones) y Castilla y León (573,4 millones). Les siguen Castilla-La Mancha (408,2 millones), Murcia (265,1 millones), Galicia (264,7 millones), Cataluña (252,3 millones), Baleares (216,3 millones) y Aragón (202,6 millones).

   Por debajo de los 200 millones, se encuentra Cantabria (180,9 millones), Asturias (153,6 millones) y Canarias (120,9 millones). Las comunidades con menor nivel de endeudamiento por suministro de medicamentos son las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (800 mil euros) Navarra (14,4 millones), País Vasco (37 millones), La Rioja (46,6), y Extremadura (54,3).

   Asimismo, sólo dos comunidades consiguieron reducir el montante de su deuda hospitalaria en 2011 -- Navarra un 51,4% y País Vasco un 28,9%--. Por el contrario, entre las regiones que más la han incrementado se encuentran Castilla-La Mancha (un 89%), Aragón (67,2%), Comunidad Valenciana (un 57,9%), Galicia (un 54,4 %), y La Rioja (un 51,4 %).

   El periodo medio de pago queda establecido en 525 días, 135 más que en 2010, lo que supone un incremento del 34,6 por ciento. Hasta cuatro comunidades acumulan más de 800 días de retraso en el pago por suministro de medicamentos a hospitales.

   La Comunidad Valenciana es la que registra una mayor demora (884 días), seguida de Baleares (848), Castilla y León (816) y Cantabria (804). Por encima de la media les siguen Andalucía (746), Castilla-La Mancha (742) y Murcia (633).

   Por debajo de la medida, Asturias (476), Aragón (451), La Rioja (439), Madrid (363), Galicia (306), Cataluña (275), Canarias (220), Extremadura (161), Navarra (73), País Vasco (70) y la Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla (28).

   Nuevamente Navarra y País Vasco fueron las dos únicas comunidades que redujeron su periodo medio de pago, un 50,6 y un 23,9 por ciento respectivamente, mientras que Castilla-La Mancha fue la que más lo aumentó (un 91%), seguida de Aragón (66,7%), Galicia (61,1%), Comunidad Valenciana (57,7%) y Baleares (44,1%).

La Comunidad quiere recaudar 735.000 euros en tasas a desfavorecidos y se niega a ingresar 21 millones de ricos

CARTAGENA.- La responsable de Sanidad y Política Social del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, ha denunciado públicamente que el Gobierno regional pretende recaudar 735.800 euros en 2012 imponiendo tasas a las personas en situación de dependencia, las personas con discapacidad y las familias numerosas, mientras que "se niega a implantar el Impuesto de Patrimonio a los ricos", que supondría "21 millones de euros de ingresos a las arcas regionales".

   En una rueda de prensa, Rosique ha tachado esta política de la Comunidad como "indecente" y recordado que ya pidieron la eliminación de estas tasas en el debate parlamentario presentando enmiendas. Comoquiera fueron rechazadas por el PP, la portavoz socialista ha anunciado que el PSOE ha presentado una moción este mismo jueves en la Asamblea Regional para exigir su eliminación.

   Además, Rosique ha señalado que el PSOE va a utilizar el cauce que posibilita el reglamento de la Asamblea Regional para intentar que esta moción se pueda tramitar con carácter de urgencia, con lo que la Junta de Portavoces tendrá que pronunciarse al respecto.

   Rosique ha recordado que la Ley de Acompañamiento, que fue aprobada en la Asamblea Regional con los votos mayoritarios del PP, fijaba tres tasas que afectan a los colectivos "más vulnerables" de la Comunidad Autónoma, como los dependientes, las personas con discapacidad y las familias numerosas.

   Así, la tasa por expedición y renovación del título de familia numerosa "hay que pagarla cuando pidas la expedición del título y certificado del mismo". En concreto, este gravamen oscila entre los 25 euros si la categoría es especial o los 15 euros si es una categoría general.

   Igualmente, ha reprochado que el Gobierno regional cobra diez euros por la renovación del título de familia numerosa, y pide cuatro euros por solicitar un duplicado.

   La tasa por solicitud del reconocimiento y revisión del grado de dependencia, solo por su solicitud y acogerse a la Ley, cuesta 30 euros. Mientras que las tasas planteadas para el reconocimiento, revisión o certificación del grado de discapacidad oscila entre los 20 euros para la solicitud de reconocimiento, 20 euros para la petición de renovación y diez euros para la certificación.

   Retegui ha insistido en que el Gobierno regional pretende recaudar 735.800 euros por estas tasas, tal y como consta en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

   A su juicio, el Gobierno regional "tiene a la Comunidad Autónoma sumida en prácticamente una quiebra financiera y cree que metiendo la mano en el bolsillo de las personas con discapacidad, de las personas en situación de dependencia y de las familias numerosas va a resolver la irresponsable y grave situación a la que nos ha llevado la política del presidente Ramón Luis Valcárcel y su Gobierno".

   Sin embargo, Rosique reprocha que la Administración regional "se niega a aplicar el Impuesto de Patrimonio, que supondría una recaudación para las arcas públicas ni más ni menos que de 21 millones de euros". Asimismo, recuerda que el Gobierno regional puede recurrir a otras figuras fiscales que el PSOE propuso en sus enmiendas como las "tasas a las grandes superficies y entidades financieras, entre otras".

   Precisamente, ha recordado que el Impuesto de Patrimonio ya está siendo aplicado por otras comunidades, incluida Castilla-La Mancha, gobernada por María Dolores de Cospedal, que se "oponía abiertamente a su aprobación pero que ahora ha tirado de él para conseguir una recaudación".

   Para la diputada socialista "resulta inaceptable por indecente que el Gobierno regional demuestre tan desmedido afán recaudatorio hacia los colectivos más vulnerables, metiendo la mano en sus bolsillos para recaudar 735.800 euros, mientras se niega a aplicar en la Región el Impuesto de Patrimonio a los ricos que supondría 21 millones de euros de ingresos para las arcas regionales".

   Más allá de las cuantías económicas, esta política "dice mucho del talante y de la ideología, de la insolidaridad y del carácter injusto de las políticas que el presidente Ramón Luis Valcárcel y su Gobierno tienen en la Comunidad de Murcia", ha añadido.

   Cabe recordar que estas tasas también han merecido la denuncia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que las ha calificado como "injustas", además de considerar que "no se ajustan a la legalidad fiscal y por lo tanto son contrarias a la legislación tributaria básica".

   El PSOE considera que estas tasas "incumplen la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, que en su artículo 39.4 dice textualmente: "En todo caso, tendrán el carácter de gratuito los Servicios de Información, Valoración y Asesoramiento, de Inserción Social, de Promoción y Cooperación Social, así como los servicios de reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía".

   Rosique ha recordado que se trata de un punto que "sigue en vigor, ya que en ningún apartado de la Ley de Acompañamiento aprobada por el PP se dice que queda derogado". Por tanto, el PSOE se suma a la denuncia del CERMI, al considerar que "no cumple la legislación general básica", y añade que tampoco cumple la Ley de Servicios Sociales que "establece la gratuidad de estas solicitudes".

   A su juicio, no tiene "ni pies ni cabeza que, para solicitar un derecho que establece la Ley, tenga que pagar simplemente por el hecho de acogerse al mismo, máxime cuando se trata de colectivos tan vulnerables".

   Rosique ha recordado que los colectivos afectados "necesitan un sobrecoste para hacer frente a sus necesidades diarias, y precisan más recursos que una persona que no se encuentre en la situación en la que se encuentran estas personas".

   Por tanto, defiende que lo que necesitan estos colectivos "son ayudas de las administraciones, y no la aplicación de tasas fiscales con un fin recaudatorio, es decir, que metan la mano en sus bolsillos".

   Rosique ha mostrado su deseo de que el Gobierno regional "rectifique esta injusticia indecente e inaceptable", y estima que la vía más rápida para lograrlo es la vía institucional y política, mientras que el recurso contencioso-administrativo que se podría presentar "llevaría muchísimo tiempo".

   Mientras se resuelve el procedimiento judicial, Rosique recuerda que los colectivos más vulnerables "seguirían pagando las tasas mientras no fuesen anuladas". Por ello apela a la reflexión del Gobierno regional y que corrija este "error".

Los inversores, atentos a los edificios de oficinas embargados que liquidarán los bancos

MADRID.- Los inversores inmobiliarios están a la espera de que las entidades financieras liquiden los activos de oficinas procedentes de embargos que tienen en balance, muchas de ellas en Murcia, según indica un estudio de mercado de Jones Lang LaSalle.

   Esta consultora inmobiliaria estima que este tipo de inmuebles comenzarán a salir al mercado en el segundo trimestre de este año.

   "Las instituciones financieras todavía no están dispuestas a aceptar los ajustes de precio necesarios y además se encuentran limitados por el hecho de que algunos de estos activos forman parte de préstamos sindicatos firmados con otras entidades", indica la  firma para explicar la demora en la venta de estos activos.

   Por el momento, en 2011 la inversión en edificios de oficinas de Madrid fue de menos de la mitad respecto al total de 2010. El pasado año se cerraron operaciones de compraventa por un importe de 311 millones de euros, un 40% menos que un año antes.

   En este importe no se incluye la operación por la que el fundador de Inditex, Amancio Ortega, adquirió la Torre Picasso de Madrid a FCC por 400 millones de euros, una transacción que "se espera que concluya en el primer trimestre" de este año.

   No obstante, para Jones Lang LaSalle, esta operación "confirma" que se mantiene el interés de los inversores inmobiliarios nacionales "en buenos productos".

   En este sentido, el estudio de mercado de la firma destaca que las rentabilidades para edificios de oficinas en inversión ha alcanzado el 6% por vez primera desde 2009, equiparando así esta tasa a las que presentan Barcelona y Bruselas.

   Respecto al mercado de alquiler de oficinas en la capital, la consultora constata un descenso en las rentas de alrededor del 1% durante el pasado año, como consecuencia de la menor oferta y la alta tasa de disponibilidad.

   Según sus datos, a cierre del pasado mes de año casi el 11% de la superficie del parque total de oficinas de Madrid estaba vacío, porcentaje superior al de 2010 "a causa de desocupaciones graduales".

La Plataforma CAM consigue 120 apoyos para la denuncia colectiva presentada hoy en la Audiencia Nacional

MADRID.- La Plataforma CAM presentó esta mañana en la Audiencia Nacional una denuncia colectiva contra la anterior cúpula directiva de la Caja de Ahorros del Mediterráneo con la firma de cerca de 120 afectados por las cuotas participativas y participaciones preferentes.

Sin embargo, según explicó el portavoz, Carlos Pena, estos datos son provisionales, puesto que la plataforma sigue «haciendo recuento para evitar repeticiones».
Además, en palabras de Pena, recibe por correo «entre siete u ocho firmas diarias» para adherirse a la iniciativa judicial.

El abogado Diego de Ramón, que ya presentó una querella contra la CAM, ha sido el encargado de entregar la denuncia en la Audiencia Nacional.

Asimismo, la intención futura  es ampliar la demanda para pedir también responsabilidades a los órganos encargados de supervisar la gestión de la CAM, como son el Banco de España, el  Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenado (FROB), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Además, en esta iniciativa se solicita también el embargo de parte del dinero de la Obra Social de CAM para destinarlo al pago de la deuda con los afectados.

Paralelamente, hoy entregó en el Congreso de los Diputados una carta solicitando la comparecencia del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que explique «la situación de los ahorradores atrapados en los productos tóxicos».

La mayoría de las CC.AA acumulará la oferta de empleo público docente en 2013

MADRID.- El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha afirmado que la "gran mayoría" de las comunidades autónomas se han mostrado partidarias de acumular la oferta de empleo público docente en 2013, de manera que este año no van a convocar plazas. 

   "Se ha producido una muy mayoritaria convergencia de las comunidades para considerar que esa tasa de reposición resulta en muchos casos antieconómica y que es más conveniente acumularla al año siguiente", ha puntualizado el ministro tras presidir la Conferencia Sectorial de Educación.

   Se trata de la primera reunión con todas las comunidades autónomas desde que Wert tomara posesión del cargo, hace más de un mes, y antes de comparecer en el Congreso de los Diputados, el próximo martes 31 de enero, donde detallará las políticas de su departamento para la Legislatura.

Desestimado el recurso de Ryanair para embarcar a pie de forma cautelar en el aeropuerto de Alicante

ALICANTE.- La sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado el recurso de apelación presentado por Ryanair, en el que pedía como medida cautelar el mantenimiento del embarque y desembarque a pie en la nueva terminal del Aeropuerto de Alicante sin necesidad de emplear pasarelas o 'fingers'.

   El auto reafirma la sentencia del juzgado de lo Mercantil nº 3 de Alicante, que ya desestimó las medidas cautelares que la aerolínea de bajo coste pedía para continuar haciendo el embarque y desembarque a pie en la nueva terminal.

   El tribunal insiste en que hay "dudas razonables de que exista perjuicio inmediato e irreversible a la compañía" por el uso de pasarelas, por lo que desestima el recurso de apelación, y entiende que las razones de seguridad alegadas por Aena "no son infundadas".

   La compañía aérea recurrió la decisión del juzgado alicantino al considerar que en base al principio de libertad de empresa, se constituyó como compañía aérea 'low cost', que fundamenta su modelo de negocio para la captación de pasajeros en el menor costo del viaje sobre la base de reducción de costes operacionales, tales como desembarque y embarque de pasajeros, para lo cual prescinde de los 'fingers' o pasarelas, optando por el acceso a pie.

   Según Ryanair, Aena ha "impuesto" el uso de pasarelas en la nueva terminal, a pesar de que la apertura de la base en Alicante había tenido como "condición determinante" el poder embarcar y desembarcar sin uso de pasarelas.

   Para la compañía, ese cambio es una "imposición unilateral que supone una infracción de la normativa de defensa de la competencia", por lo que sería "procedente adoptar como medida cautelar mantener las condiciones" anteriores.

  Además, la aerolínea irlandesa consideraba que Aena "ha abusado de su posición dominante al imponer un determinado servicio, cuya prestación no desea", con una "imposición de precios abusiva".

   No obstante, el auto argumenta que la compañía opera en otros aeropuertos mediante pasarelas o jardineras, lo que demuestra que estas operaciones "no son un factor necesariamente y característico, por exclusivo y absolutamente general de la compañía".

   Por ello, considera que no está acreditada la exclusividad en la compañía en una fórmula de embarque o desembarque, ni la exención general de tasas por tales operaciones, ni la pérdida de puntualidad derivada de aquella situación.

   Ante estos argumentos, Aena reiteró que la razón que le ha llevado a adoptar el uso de los 'fingers' se sustenta en las condiciones de las infraestructuras que la Nueva Área Terminal (NAT) del Aeropuerto de El Altet impone, y que hacen de dichas operaciones a pie "un hecho gravado de inseguridad".

   Así, reconoce que los embarques a pie son factibles en 15 de las prepasarelas con las que cuenta la NAT, 12 de las cuales disponen de puerta de embarque para estacionamientos remotos que son puertas de acceso desde las terminales a las zonas de estacionamiento.

   Por ello, en la actualidad están autorizados los embarques y desembarques a pie, si bien para ello Aena ha debido adoptar medidas temporales porque supone "una relevante restricción de las instalaciones".

   En este sentido, el auto entiende que las razones de seguridad de pasaje alegadas por Aena "no son infundadas", y destaca que "durante estas operaciones a pie, los pasajeros invaden los estacionamientos contiguos, comprometiendo su seguridad e incumplimiendo la normativa de seguridad en plataforma".

   Por este motivo, para poder realizar este tipo de embarque, Aena se ve obligada a eliminar el estacionamiento simultáneo de una aeronave en el stand contiguo izquierdo, lo que conlleva la reducción de la capacidad de estacionamiento al inutilizarse seis de las quince posiciones de contacto.

   De igual modo, el auto valora la documentación aportada por Aena en la que comparaba los datos de junio y julio de 2011, que demuestra una mejora en los índices de puntualidad desde el uso de las pasarelas, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

   El tribunal considera que no está probado el perjuicio a Ryanair y por ello desestima el recurso de apelación, le impone las costas procesales, y le recuerda que ha perdido el depósito efectuado para recurrir. Este auto es firme, por lo que no cabe recurso alguno.

Las administraciones que no corrijan el déficit pagarán multas si reinciden

MADRID.- Las administraciones que no cumplan sus planes económicos-financieros para corregir las desviaciones de déficit deberán constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.

   Esta es una de las novedades que se incluirán en el anteproyecto de ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las administraciones públicas, que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado este jueves en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.

   Además, las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable, puesto que el anteproyecto que aprobará el Ejecutivo este viernes transpone los mecanismos correctores de la Unión Europea.

   Asimismo, se establecerá un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores. De hecho, Hacienda podrá enviar una delegación a los territorios que considere oportunos para valorar la situación de la administración incumplidora, tal y como ocurre en la Unión Europea.

Montoro rechaza que Estado autonómico sea sinónimo de "despilfarro"

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha rechazado la idea de que el Estado de las autonomías sea sinónimo de "despilfarro" y ha sostenido que es "perfectamente compatible" un sistema descentralizado con una prestación "eficiente" de los servicios. Además, ha trasladado a las comunidades autónomas el compromiso del Gobierno de "respeto" a sus competencias más allá de la coordinación y control necesarios. 

   En su primera comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro ha sostenido que el Estado de las autonomías es "consustancial" a la democracia española y se ha marcado el objetivo de "desterrar" la "asimilación que se ha instalado en la opinión pública" igualando el Estado de las autonomías con el "despilfarro".

   "No tiene nada que ver con un estado del despilfarro. Es perfectamente compatible con administraciones descentralizadas eficientes en la prestación de servicios públicos", ha insistido antes de poner como ejemplo a países de nuestro entorno "con rigor" y una administración federal.

   Además, ha querido trasladar a las comunidades autónomas y entidades locales la decisión del Gobierno de actuar con "máximo respeto" a sus competencias y su nivel de autogobierno y ha pedido no confundirlo con la transparencia, controles y exigencias del Estado en ámbitos como, por ejemplo, la futura ley de estabilidad presupuestaria.

   En este sentido, Montoro ha valorado el compromiso por el cumplimiento del déficit alcanzado por todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado la pasada semana y ha repasado las líneas principales que incluirá la futura legislación.

   El ministro ha realizado además una breve referencia en el comienzo de su intervención a la decisión del Gobierno de penalizar a los malos gestores públicos y ha sostenido que es una práctica que se debe "desterrar" y "erradicar por ley".

   "Los gestores públicos que falseen las cuentas públicas en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, esas prácticas hay que erradicarlas porque van contra la transparencia más fundamental del ejercicio del gobierno y contra los principios esenciales de la democracia", ha explicado.

   Montoro ha situado a las administraciones públicas como elementos de "primer orden" para la competitividad de la economía española y por ello ha fijado el objetivo de modernizarlas "para avanzar en el ámbito económico, social y su impacto medioambiental" favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo.

   En esta línea de reforma de las administraciones públicas ha recordado la necesidad de suprimir el número de organismos, fundaciones o entes públicos dependientes de la administración central, autonómica o local, "en aras de la transparencia y buen gobierno".

   Para el ministro, estos entes "no son empresas públicas", sino "procedimientos de toma de decisiones políticas arbitrarias y fuera de control".

"Tenemos que volver al redil de la conducta ortodoxa, identificada y transparente propia de los gobiernos actuales", ha defendido antes de adelantar que se trabajará en este sentido "en el plazo más breve posible".

   Además, ha adelantado que el Ejecutivo también pondrá en marcha una homogeneización de leyes y normativas autonómicas y locales que "impiden hoy en día la actividad económica de libre circulación en España" y ponen "barreras" al desarrollo de las empresas y el crecimiento económico.

   Montoro ha dedicado también unas palabras a la situación de los municipios y ha garantizado la voluntad del Gobierno de "equiparar" su trato al de las comunidades autónomas. "Las entidades locales deben dejar de ser esa cenicienta de orden menor", ha reconocido antes de avanzar su voluntad de "reordenar instrumentos".

   En este sentido, ha apuntado una reforma de la administración que suprima competencias "reproducidas" hasta llegar al cumplimiento del lema de "una administración, una competencia" y se supere la actual situación "anómala" por la que los ayuntamientos prestan servicios que no les corresponden, con la correspondiente "carga" que eso les supone.

   Desde el PSOE, la diputada Inmaculada Rodríguez Piñeiro ha pedido a Montoro que el Gobierno cumpla con su compromiso de sacar adelante la ley de estabilidad presupuestaria con consenso y le ha reclamado que cumpla con su "responsabilidad". Además, ha reconocido que comparte su discurso de respeto a la autonomía de las comunidades y le ha pedido que lleve estas palabras también "a los hechos".

   Desde el PSC, Meritxell Batet ha criticado la parte del discurso del ministro referida al sector público empresarial y ha advertido de que no supone "un buen inicio" para poner en marcha una remodelación del sector. De la misma forma, le ha pedido un discurso "más rico y riguroso" en lo referido a las duplicidades entre las administraciones públicas.

   Los representantes de todos los grupos parlamentarios han agradecido la garantía de Montoro de respeto a las competencias de las comunidades autónomas y entidades locales y le han avisado de que estarán vigilantes de que este compromiso se cumpla.

   El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha pedido también consenso en la ley de estabilidad presupuestaria para que las comunidades autónomas "no salgan perjudicadas" y ha exigido al Ejecutivo un "escrupuloso" respeto al autogobierno de las autonomías y sus competencias. "De entrada nos tranquiliza", ha reconocido.

   En este contexto, la diputada de ICV, Laia Ortiz, ha advertido a Montoro de que, a su juicio, "empieza mal la legislatura" jugando un papel de "policía" de las comunidades autónomas. Y mientras, ha recordado, el Estado "no cumple sus compromisos" con las administraciones y "no paga sus deudas".

   De la misma forma, la representante de ERC, Teresa Jordà, ha reivindicado la "independencia fiscal" para Cataluña mediante un sistema similar a los conciertos del País Vasco o Navarra. "Queremos recaudar nuestros impuestos y decidir qué hacemos con ellos --ha sostenido--. Los catalanes viven muy por debajo de sus posibilidades y empiezan a ser conscientes de ello".

   Por su parte, el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, ha afirmado que su grupo parlamentario pedirá siempre el máximo nivel de respeto a las comunidades autónomas. "Vamos a ser implacables", ha avisado antes de pedir que la ley de estabilidad presupuestaria respete "escrupulosamente" el actual marco estatutario y "no trate de imponer con la excusa de la crisis económica".

   Por último, la diputada de Amaiur Maite Ariztegui ha mostrado su rechazo a todo tipo de medidas "recentralizadoras" y ha reivindicado el "derecho" de la sociedad vasca a "decidir su futuro con un marco propio de ingresos y gastos". .

La Eurocámara, a favor del nuevo acuerdo agrícola con Rabat

BRUSELAS.- La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) ha votado a favor del nuevo acuerdo agrícola con Marruecos, que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de tomate marroquí. Los agricultores españoles critican el acuerdo porque creen que Rabat no respeta las reglas de precios y contingentes del convenio en vigor y los eurodiputados españoles del PP y PSOE habían anunciado que votarían en contra.

   El nuevo acuerdo fue negociado en 2010 entre Rabat y Bruselas y ha recibido el visto bueno de los Veintisiete, pero necesita la ratificación de la Eurocámara para su entrada en vigor. Tras el voto de este jueves, está previsto que el pleno se pronuncie definitivamente el próximo 15 de febrero.

   Los eurodiputados han enmendado la recomendación redactada por el francés José Bové (Verdes) que pedía tumbar el acuerdo porque colocaría a los productores europeos "en una dura competencia difícil de mantener". Bové también criticaba la falta de una evaluación de impacto económico y medioambiental del nuevo convenio y la situación del Sáhara occidental, cuya población reclama ser excluida de los acuerdos con Marruecos.

   Con los cambios introducidos  por las enmiendas adoptadas en la comisión INTA, el proyecto de recomendación que llegará al pleno del Parlamento Europeo pedirá "conceder" el visto bueno definitivo al nuevo convenio comercial de productos agrícolas y pesqueros con Rabat.

   La ratificación de la Eurocámara es el último requisito para que entre en vigor el acuerdo que prevé la liberalización progresiva de casi todos los productos agroalimentarios, aunque también incluye un régimen arancelario por contingentes para alimentos "sensibles" como el tomate, el pepino, la fresa, la mandarina, el ajo, el calabacín y el azúcar.

   La entrada en el mercado comunitario de un mayor volumen de tomate marroquí con arancel reducido es una ventaja fuertemente criticada por los agricultores españoles, en especial desde Canarias, Andalucía y Murcia. Otras comunidades autónomas como la valenciana se han sumado a las críticas por temor a que perjudique a otras producciones como la naranja.

El Banco Sabadell afrontará vencimientos de 11.000 millones este año

BARCELONA.- Banco Sabadell afrontará vencimientos de deuda por 11.000 millones de euros este año, de los que 4.000 corresponden a la entidad y 7.000 a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

   El director financiero de Banco Sabadell, Tomás Varela, ha explicado que la entidad ha captado financiación por 4.000 millones en el Banco Central Europeo (BCE), al que el Sabadell no había recurrido desde hacía un año pero al que acudió en la subasta de diciembre porque tenía vencimiento a tres años, lo que supone más largo plazo, en vez de corto como antes.

   Esta liquidez ha servido para adquirir deuda soberana --objetivo del BCE con la subasta de diciembre-- y para anticipar la cobertura de los vencimientos de 4.000 millones de 2012, pero no se ha dedicado a los resultados de 2011, ha señalado Varela en la presentación de las cuentas del pasado año.

   El presidente de la entidad, Josep Oliu, ha explicado que, con las subastas del BCE a más largo plazo, el Sabadell tendrá al banco europeo como "fuente estable de financiación a medio plazo", frente a las reticencias que tenía hasta ahora porque la financiación a corto plazo era más peligrosa.

   Oliu ha señalado que se han preparado para afrontar los retos de 2012 en España con la elevada tasa de paro y los ajustes en el sector público --que ve necesarios--, en definitiva "para afrontar los momentos de incertidumbre y seguir creciendo", especialmente entre las rentas medias.

   La plantilla ha pasado en un año de 10.777 empleados a 10.675, y la red de oficinas de 1.467 a 1.382, lo que supone una ligera caída.

   Oliu ha repasado las adquisiciones de los últimos años --una por año desde 2008--, todas para crear valor para el accionista, ha incidido.

   Sobre la operación de Banco CAM, ha descartado poner fecha para cerrar la operación, ya que depende de las autorizaciones pertinentes, y ha insistido en que es "transformacional" para el banco, que pasará de unos activos de 100.000 a 166.000 millones, a un 6,2% de cuota de mercado y a más de 5 millones de clientes.

   "Con CAM alcanzaremos casi todos los objetivos del plan estratégico CREA (2011-2013) en la mitad de tiempo", ha remarcado.

   El consejero delegado del banco, Jaume Guardiola, ha insistido en que el objetivo del Sabadell es "iniciar la recuperación de CAM rápido, porque tenemos los mimbres para hacerlo, en cuanto tengamos la gestión".

   Oliu ha expuesto que CAM mantendrá la marca en la Comunidad Valenciana y Murcia --sus territorios clave--, probablemente con la denominación SabadellCAM, y puede que también en Baleares, siguiendo el modelo aplicado en Banco Herrero y el Guipuzcoano, a la vez que ha descartado pujar por el de Valencia.

   Asimismo, el banco estará "encantado" de contar con la incorporación de accionistas valencianos, como ha pasado en otras adquisiciones, a las que se han incorporado accionistas (muchos también clientes) de las entidades absorbidas.
Respecto a la morosidad de la CAM (del 20 por ciento), Oliu ha apuntado que con el proceso de saneamiento de la operación de compraventa, deja de ser relevante este dato pasado para la aportación al resultado futuro.

Los ayuntamientos también tendrán 10 años para devolver liquidaciones de 2008 y 2009

MADRID.- El Gobierno ha extendido a los ayuntamientos la ampliación de cinco a diez años del tiempo del que disponen para devolver las liquidaciones negativas correspondientes a los años 2008 y 2009, que en este caso ascienden a unos 6.000 millones de euros.

   Así lo han adelantado anoche  el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cirstóbal Montoro, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, en una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local.

   En dicha reunión, el Gobierno ha planteado a los ayuntamientos las líneas básicas del anteproyecto de ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria y ha planteado y extendido las medidas pactadas con las comunidades la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   Así, los ayuntamientos también podrán acceder a la línea ICO para facilitar el pago a proveedores y mejorar su liquidez  y dispondrán de un anticipo del 50% de la liquidación positiva correspondiente al año 2010, igual que las comunidades.

   Estas medidas requerirán la presentación de un plan de ajuste por parte de las entidades locales en los términos previstos en la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

   Por su parte, los ayuntamientos han asumido las principales líneas del anteproyecto de ley que se aprobará el viernes, que incluye la creación de una regla de gasto y el establecimiento de sanciones para las regiones que no cumplan los objetivos fijados.

   Además, las entidades locales se han comprometido a elaborar presupuestos o ejecutar los mismo teniendo en cuenta que los ingresos del sistema de financiación y el resto de recursos se verán condicionados por la recesión.

   Asimismo, las entidades locales emprenderán las actuaciones que sean necesarias para la mejora de la eficiencia en su prestación y evitar duplicidades, al tiempo que remitirán trimestralmente a Hacienda información sobre la evolución de su tesorería y los saldos con los proveedores.

   Montoro ha explicado su satisfacción tras la reunión porque las entidades locales, como ya hicieran las comunidades, han asumido las líneas básicas del anteproyecto de ley, algo muy importante porque la reducción del déficit se tiene que hacer de manera conjunta.

   A su parecer, los pactos a los que ha llegado el Gobierno con las comunidades y los ayuntamientos son casi "pactos de Estado" que facilitan la tarea de reconducir las cuentas públicas trabajando junto al resto de administraciones, pero sin interferir en sus competencias.

   Para el presidente de la FEMP, los compromisos alcanzados por Montoro con las entidades locales demuestran la "voluntad de diálogo y seriedad" del Gobierno, ya que se van a tomar "medidas urgentes", como la línea ICO y el aplazamiento de la devolución de las liquidaciones negativas, pero también se determinarán las competencias de estas corporaciones así como la financiación que les corresponde.

   "Es un planteamiento serio, con mucha sensatez, y un compromiso que estábamos deseando escuchar", ha señalado el también alcalde de Sevilla, quien ha prometido que las entidades locales se van a "apretar el cinturón" y también a ser "más eficaces y eficientes".

   No obstante, ha remarcado que hasta que no se reforme la ley de financiación local "es muy difícil saber hasta donde se puede apretar uno el cinturón", si bien ha dicho que, en cualquier caso, las administraciones públicas "siempre" deben procurar ser más eficientes, "como ocurre en cualquier empresa o familia".

   A la pregunta de si en la reunión se ha abordado la posibilidad de fusionar o suprimir entidades locales, Zoido ha asegurado que este asunto no ha salido a relucir, pero que, en todo caso, la intención es "controlar y racionalizar el gasto público" porque "no puede haber dos órganos dentro de una misma administración haciendo lo mismo".

   En cuanto a la fijación de sanciones a los que no cumplan, Zoido ha dejado claro que las entidades locales aceptan "los principios básicos de la estabilidad presupuestaria porque es la única manera de empezar a crecer y crear empleo".

   Aunque ha manifestado que está "convencido" de que los ayuntamientos cumplirán estos compromisos, ha subrayado que "el que no lo haga tiene que asumir las consecuencias" y que "el rigor es el mismo para todos porque es la credibilidad del Estado la que está en juego".

   El presidente de la FEMP ha agradecido a Montoro haber recibido a los ayuntamientos cuando el Gobierno "acaba de llegar" para abordar la difícil situación financiera por la que están pasando las administraciones locales.

De Guindos aboga por controles trimestrales a las cuentas de las CCAA

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que, en su opinión, sería "perfecto" que los controles a las cuentas autonómicas se hicieran cada tres meses, pero en todo caso ha dicho que deben ser controles "suficientes" porque lo que hay ahora no ha funcionado a la vista de la desviación de los objetivos de déficit público de las comunidades. "Ellas saben mejor que yo (que se les ha ido la mano)", ha apuntado.

   De Guindos, en declaraciones a TVE , ha subrayado que el Gobierno "no pretende hacer de policía" de las comunidades autónomas, aunque ha subrayado que tiene que haber más transparencia y la asunción de responsabilidades por parte de las comunidades en el objetivo de déficit, cuestiones que figurarán en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Ejecutivo aprobará este viernes en el Consejo de Ministros.

   El titular de Economía ha insistido en que el déficit fijado para este año es del 4,4% del PIB, que el cumplimiento de los compromisos con Bruselas es ineludible e imprescindible para volver a generar confianza, pese a que no va a ser "ni sencillo ni fácil" conseguirlo y ha costado medidas "dolorosas" como el recargo temporal en el IRPF.

   De Guindos, que ha descartado una subida del IVA por ser un impuesto más "indiscriminado" que el IRPF y la implantación por ahora del copago sanitario, ha dejado claro que España cumplirá sus objetivos, a pesar de que el FMI ha dicho lo contrario, y ha recordado que esta institución, a la que él "toma en serio" por se una referencia importante, se equivoca también de vez en cuando.

   "La reducción del déficit público es imprescindible, pero simultáneamente tenemos que compensar esos efectos a través de reformas económicas que fomenten el crecimiento, como la reforma laboral y del sector bancario", ha destacado.

   El ministro se ha referido también a la reforma laboral, de la que ha dicho que es el "punto clave" para generar confianza, "incluso más importante" si cabe que el ajuste presupuestario que España debe llevar a cabo, habida cuenta de que el país tiene una tasa de paro del 22% y de que la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011 no arrojará "datos buenos" si sigue la tendencia del paro registrado y de la afiliación de la Seguridad Social de los últimos meses.

   En este sentido, ha recordado que España ha sido el país donde más se ha deteriorado el mercado laboral durante la crisis, más incluso que en los países que han tenido que ser rescatados. "La reforma laboral va a generar vibraciones positivas en la evolución del mercado laboral y va a mejorar la confianza", ha indicado el ministro, quien ha subrayado que también contribuirá al crecimiento económico.

   En este punto, ha afirmado que los líderes europeos ya están empezando a hacer énfasis no tanto en políticas de austeridad, sino en aquellas que estimulen el crecimiento.

   De Guindos ha señalado que la reforma laboral del Gobierno introducirá cambios en la negociación colectiva, con mayor preponderancia de los convenios de empresa, y simplificará la "selva incomprensible" de contratos que hay en España, pero no hasta llegar a un único contrato.

   "Hay que simplificarlo muchísimo. Se dice contrato único aunque no es el único que existe. Yo me estaba refiriendo a un contrato con cláusulas comunes para jóvenes, que son los que más están sufriendo la lacra del paro", ha precisado en alusión a su artículo de opinión en 'The Wall Street Journal'.

   Para el ministro, el acuerdo salarial alcanzado entre sindicatos y empresarios es positivo y una buena "plataforma de salida" para la reforma del mercado laboral que está diseñando el Gobierno y que entrará en todos aquellos aspectos en los que los agentes sociales no han sido capaces de llegar a acuerdos.

   "El acuerdo salarial no es un acuerdo completo, es un buen punto de partida y manda señal positiva, pero el Gobierno va a hacer una reforma mucho más amplia", ha manifestado el titular de Economía, que ha valorado especialmente que los agentes sociales hayan roto la vinculación de los salarios a la inflación.

   De Guindos ha indicado que el coste del despido no es una cuestión clave en España y ha explicado que lo que el Gobierno quiere evitar es que se despida a los temporales cuando cae la actividad de las empresas, introduciendo "mecanismos completamente distintos" a los actuales a través de la negociación colectiva.

   "El 35% de la fuerza laboral en España tiene un coste de despido prácticamente cero en España, los temporales, que es donde se concentra el ajuste. Queremos sustituir muchísima temporalidad por otro tipo de contratación indefinida", ha precisado el ministro, que ha añadido que el Gobierno "se tiene que ubicar en el interés general y que el interés general no es el coste del despido".

   Por otro lado, y en relación a su pasado en Lehman Brothers, entidad que quebró mientras ocupaba la Presidencia del banco para España y Portugal, el ministro ha asegurado que "si se considerara responsable lo más mínimo de la crisis económica mundial", no sería ahora ministro de Economía.

   Sobre su relación con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, De Guindos ha resaltado su respeto profesional y personal por él y ha indicado que mantienen una comunicación prácticamente diaria.

Sigue sin estar claro un eventual cierre del aeropuerto de San Javier en favor del de Corvera

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, ha asegurado este miércoles que la entrada de AENA en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, ubicado en Corvera, "tendría que ser a costa de compensaciones" por el cierre del aeródromo de San Javier, ya que, explicó, "no querrá perder la inversión realizada".

   La diputada socialista ha recordado que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, "dijo que los dos aeropuertos eran compatibles y que se hacía el de Corvera sin necesidad de que cerrara San Javier".

   Así, en época de Gobierno de José María Aznar se diseñó la segunda pista de San Javier porque además, indicó Retegui, "Francisco Álvarez Cascos, entonces ministro, no quería que se hiciera Corvera".

   Las obras de una segunda pista y los trabajos de ampliación de un aeropuerto "no se hacen en medio año", apostilló Retegui, "y en estos momentos se están acabando esos trabajos cuya finalidad era tener una mejor terminal en San Javier porque, entonces, se creía que era compatible con Corvera".

   Así, subrayó, "lo había visto el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel", y ahora cuando se está terminando las mejoras de San Javier, a la vez que se acaba con el aeródromo de Corvera, "el gobierno del PP dice que son incompatibles". Por lo que, zanjó, "las explicaciones tendrán que darlas desde el Gobierno regional".

   A pesar de ello, espera que el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel "recoloque" a todos los trabajadores del aeródromo de San Javier en caso de su cierre.

Retegui dice que Valcárcel se irá antes de terminar legislatura y revela que Bernal es el sucesor

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, augura que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, se irá "corriendo" antes de cumplir la legislatura, de hecho, "ahora trabaja menos de un 20% para la Región de Murcia, el 80% lo trabaja para intentar buscar su futuro en Europa".

   "Esto no es bueno para la Región", así que manifestó "o se va ya o debería acallar esas voces, justificar y comprometerse a continuar en la Región hasta las siguientes elecciones autonómicas".

   A su juicio, "Valcárcel está intentando buscar su futuro, no el de la Región de Murcia, sin dejar que crezca debajo de él nada".

"Se encuentra ausente en un momento complicado, con tres consejeros de Economía y Hacienda en siete meses", ha criticado.

   Al hilo, la socialista ha recordado que el presidente no mantiene a ningún consejero en su puesto de diputado en la Asamblea Regional porque, según explicaba el propio Valcárcel, "quería tener a los consejeros en el Consejo de Gobierno". Así ha declarado que la lectura que hacen desde el PP "es que mantiene a Juan Bernal como diputado para que sea su sucesor".

   Algo que critica la socialista, porque, desde su punto de vista, "no podemos tener un presidente interino si además no hay una Vicepresidencia económica y un poder político real, ya que no hay nadie que coordine sin Valcárcel".

   Retegui ha afirmado así que uno de los problemas de los últimos años es que "no ha habido coordinación entre las distintas consejerías", por ello, incidió, "parte del despilfarro y déficit que tenemos es de descontrol sobre las cuentas de las consejerías y organismos públicos que dependen de éstas".

   "No ha habido nadie con autoridad", ha lamentado la diputada quien ha criticado la actitud de Valcárcel, "que no quiere que le hagan sombra".

   El presidente, insistió, "cree que todavía tiene el favor de muchos ciudadanos, y el que los resultados electorales hayan mantenido el apoyo al PP ha sido malo para la ciudadanía de la Región de Murcia, ya que Valcárcel se siente impune", tal como en los últimos años de denuncias por corrupción y especulación de altos cargos del Gobierno, "incluido un consejero que fue delegado del Gobierno".

   "Es como si todo lo malo no tiene que ver con él y la culpa siempre está en otros, y cuando hay una noticia buena por supuesto la da el presidente Valcárcel, que asume toda su responsabilidad", añadió.

   Tras lo que ha manifestado que los avales que trae el nuevo consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, "no son los mejores". Por lo que espera que "tengamos más suerte" y el nuevo consejero del ramo "tenga más éxito y sea más exigente" que en su anterior época.

   Begoña García hizo alusión, de tal forma, a la faceta de Juan Bernal en la empresa privada, concretamente, en Halcón Food, empresa desaparecida y el Consejo de Administración de la CAM.

   Así como la de gestor público, de hecho, expuso, "como consejero entre los años 1995-2003 fue responsable de una ley del Suelo y un modelo especulativo que contribuyó a que las consecuencias de la burbuja inmobiliaria sean hoy mucho más graves en la Región".

   De la época de gobierno de Juan Bernal es también la Ley de Financiación "que más daño ha hecho a las Cuentas regionales, aprobada en 2001, con unas transferencias de Sanidad que ahogaron a la economía regional".

   Igualmente, apostilló, "Juan Bernal fue el que perdonó la deuda histórica que la Asamblea había aprobado reclamar al Gobierno de España".

   Al hilo, la portavoz socialista agregó que el anterior consejero Salvador Marín "ha sido utilizado por Valcárcel a la espera de colocar a Bernal".

   Según García Retegui, el presidente murciano "ha esperado a que ganara Mariano Rajoy para intentar buscarle una salida", pero desde luego, añadió, "en su nuevo sitio no trabajará para la Región de Murcia".

   De todas formas "su paso ha sido de mucha más pena que gloria", ha subrayado la socialista, quien indicó que Marín "ni siquiera ha sido capaz de tener un equipo de trabajo entendible para los propios funcionarios de la consejería".

   A su juicio, "ha hecho buena a Inmaculada García" y sale poco menos que huyendo del Gobierno regional, "después de haber dejado a la Región en una situación aún más complicada de la que la dejó su antecesora".

   Pero esta responsabilidad, continuó, "no es sólo del ex consejero de Economía, sino que el máximo responsable de que la Región se encuentre al borde del abismo es del presidente Valcárcel, por no coordinar ni dirigir".

   Según Retegui, es fruto todo ello del "gobierno especulativo de Valcárcel y de la política del PP en la Región de Murcia", que sigue manteniendo, a pesar de la crisis, "demasiado chiringuitos, cargos, gasto inútil y déficit".

   De hecho, concluyó, "los gobiernos de Valcárcel han sido débiles desde que se inició la crisis". A este respecto, la diputada socialista criticó el Plan de Pagos de la Comunidad Autónoma, "que utiliza el impago como vía de financiación, prohibido por la Ley de Morosidad" y que muchos proveedores aceptarán para evitar su cierre.

Bernal se compromete a cumplir los objetivos de estabilidad y déficit y finge sobre su futuro político

MURCIA.- El nuevo consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha asegurado que los problemas de la Región de Murcia "tienen solución", y se ha propuesto para ello como tarea "prioritaria" el control del déficit, la supervisión de las cuentas para que estén "equilibradas", y la ejecución del Presupuesto de la Comunidad para 2012 con la intención de que se mantenga "en la línea definida".

   Bernal ha hecho estas declaraciones un contacto con los medios de comunicación mantenido después de su toma de posesión como nuevo consejero, cargo que ha jurado en un acto en el que ha estado arropado por el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, así como por sus nuevos compañeros del Consejo de Gobierno, familiares y personalidades de la sociedad murciana.

   Entre sus tareas de futuro, Bernal ha fijado como prioritario que las cuentas estén "equilibradas" y que la Comunidad "cumpla con su parte" para que España satisfaga los escenarios de convergencia pactados con la Unión Europea. Para ello, ha explicado que el control del déficit "es un objetivo fundamental en este momento".

   Igualmente, ha calificado como fundamental "ayudar a la creación de empleo", en un momento en que la sociedad murciana "está angustiada por una economía que no funciona, en la que no se crea empleo, en la que se cierran empresas, no fluye el crédito bancario, y las administraciones tienen una situación de morosidad".

   El nuevo consejero también ha considerado "verdaderamente urgente" la negociación de la Mesa General de la Función Pública, que se ha comprometido a convocar "inmediatamente" para tomar los acuerdos pertinentes en materia de horarios y de función pública, aunque todavía no hay fecha para ello.

   A su juicio, los problemas de la Región se podría resolver "si funcionara la economía", y ha indicado que el Gobierno murciano "tiene que poner en marcha aquellas medidas que sirvan, efectivamente, para conseguir ese estímulo y haya esperanzas de crear empleo".

   Bernal ha indicado que hay muchas medidas para dinamizar la economía, pero ha señalado que están pendientes de que se discutan con empresarios, con sindicatos o con personas concretas.

   De todas formas, ha anunciado que "todo lo que sea favorecer la tramitación de proyectos empresarial puede ser muy importante", al tiempo que se ha mostrado partidario de poner en marcha medidas de estímulo en el sector turístico y en el ámbito de la actividad agraria, que son sectores con "potencia en la Región y en los que hay que incentivar las actuaciones".

   Igualmente, Bernal ha afirmado que un sector eficiente ligado a la construcción es "imprescindible para superar la crisis". Por tanto, se ha mostrado partidario de una construcción "de calidad y de categoría que permita la creación de puestos de trabajo y de actividad empresarial".

   El nuevo consejero también ha adelantado que la Comunidad puede implementar medidas para "poner en ventas el 'stock' de viviendas turísticas terminadas", lo que a su juicio podría servir de "revulsivo enormemente importante".

   Al ser preguntado por los impagos de la Comunidad a los proveedores, Bernal ha recordado que él mismo procede del sector privado y ha mostrado su comprensión hacia el "disgusto" de los empresarios y personas a quienes se les debe dinero. Por ello, se ha comprometido a hacer "todo lo que esté en su mano para encontrar soluciones con las que poder remediar esta situación".

   Así, ha recordado que el consejero saliente, Salvador Marín, ha puesto en marcha un Plan de Pagos que es un instrumento "que permite enfrentarse a estas situaciones de aplazamiento", pero si ese no es el caso, ha avanzado que tendrá que estudiar la situación, lo que ha considerado "una prioridad absoluta".

   Y es que, según ha admitido, lo mejor que la Comunidad puede hacer si quiere dinamizar la economía es "pagar a los proveedores lo que se les debe, porque un empresario que ha cobrado es, sin duda, un empresario que puede mantener su empleo y que puede pensar en crear puestos de trabajo y en iniciar o lanzar proyectos e inversiones".

   Bernal también ha hecho referencia al acuerdo firmado recientemente entre UGT, CCOO, CROEM y Gobierno regional, que establece un calendario de trabajo de una "intensidad enorme" en estos seis primeros meses, con proyectos previstos como la nueva Ley de Función Pública, el nuevo Plan económico y el Plan de la economía sumergida, entre otros.

   En este sentido, ha mostrado su intención de conceder mucha importancia al diálogo con los empresarios y los sindicatos. Así, ha explicado su creencia firme en esa política de "diálogo y entendimiento", máxime en esta situación económica "difícil" en la que la peor posibilidad es "tener una continua situación de desencuentro".

   Por ello, ha ofrecido "toda" su disposición a los sindicatos y empresarios para que ese diálogo "se inicie lo antes posible y sea tan fluido como en la anterior etapa de gobierno". A su juicio, la Región de Murcia se encuentra en una situación difícil "en la que es preciso tomar decisiones rápidas y con cierta firmeza".

   Ante los rumores de que se perfila como sucesor de Valcárcel, Bernal ha asegurado que no les va a hacer "el más mínimo caso". A su parecer, la sucesión "no es un tema que esté sobre la mesa" y, desde luego, ha afirmado que se trata de una decisión que no recae sobre su persona.

   En cualquier caso, ha dicho estar preocupado por el hecho de que se hable "demasiado" de este tema de la sucesión y les quite la atención de otros temas que "verdaderamente tienen importancia". En su opinión, el Gobierno regional "tiene que estar centrado en dinamizar la actividad económica, generar oportunidades de creación de empleo, controlar el déficit y cumplir sus escenarios de consolidación presupuestaria".

   Durante su intervención en la toma de posesión, Valcárcel ha confirmado que el nuevo consejero continuará en la Asamblea como diputado regional y compaginará los dos cargos. A este respecto, Bernal ha recordado que en su anterior etapa como consejero ya compaginó las dos tareas, y ha confesado que se trata de una posibilidad que a él le "agrada".

   En este sentido, Bernal ha afirmado que es una persona "muy disciplinada" como diputado y como consejero, por lo que se ha mostrado dispuesto a continuar o dejar el escaño si a Valcárcel "le apetece", ya que se trata de una decisión que no depende de él, sino del presidente.

   Para poner en marcha un programa de Gobierno en la Consejería, Bernal también ha avanzado que es preciso nombrar a los miembros de su equipo, una labor a la que ha adelantado que se dedicará en los próximos días, ya que en estos momentos "aún no están pensadas" y hay que "hablar con ellos".

   Aunque ha afirmado que no va a modificar la estructura del departamento, ha indicado que se van a hacer "algunos cambios" y está pendiente de ver "en qué personas recaen". Así, ha adelantado que "primero hay que hablar con las personas, que tienen sus trabajos y ocupaciones".

   Bernal ha precisado que va a hacer un gran esfuerzo por convencer a determinadas personas que considera "muy importantes" para que se incorporen al equipo de la Consejería.