MURCIA.- Unas 2.000 personas, según fuentes sindicales, han rodeado este jueves el palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, para pedirle al Ejecutivo murciano que derogue la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, más conocido como 'tijeretazo' o 'ley Valcárcel'.
Al acto, en el que se ha leído un manifiesto realizado por las federaciones de enseñanza de los sindicatos que componen el 'Comité de Resistencia', han acudido los secretarios generales de UGT y CCOO, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, respectivamente, así como el portavoz de Sterm-Intersindical, Toni Carrasco, que han coincidido en que es el Ejecutivo murciano el que tiene que tomar la iniciativa para erradicar las medidas que trajo consigo la ley 5/2010.
En este sentido, Bueno ha indicado que la cadena humana "es un acto de protesta en torno a la sede del Gobierno regional, exigiendo al presidente que solucione el grado de conflicto que se ha abierto con la Ley de los Recortes".
Asimismo, Jiménez ha incidido en que "el valor de la cadena humana es el de insistir en la necesidad de que se deroguen unas medidas que son muy regresivas para los trabajadores públicos, para la calidad de los servicios públicos que prestan y que son perjudiciales para la economía murciana".
De este modo, ha apuntado que "el objetivo es situar en el problema en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo murciano, porque creemos que es el que tiene que tomar la iniciativa para erradicar las medidas que trajo consigo el tijeretazo".
Al hilo, Jiménez ha pedido al Gobierno regional que "modifique esa postura y que convoque a las organizaciones sindicales que representamos a la mayoría de los trabajadores, porque tenemos que resolver el problema con la Comunidad", un problema, que en su opinión, "está motivado por una incapacidad en la gestión económica y la falta de previsión".
Por otro lado, Carrasco ha afirmado que esta nueva movilización "demuestra la tozudez de lo trabajadores públicos en la defensa de sus derechos, frente a la tozudez del Gobierno regional que se empeña en recortarlos".
Y es que, para el portavoz de la Intersindical, "es curioso que, cada vez que se anuncia una nueva movilización, el Gobierno regional saque de la chistera una nueva forma más positiva de leer la ley 5/2010 pero incongruente con los contenidos de la misma".
Así, ha señalado que este jueves "se han repartido en los centros de trabajo una hoja de los horarios laborales con 35 horas, pero no han dicho nada de lo que se va a hacer con la hora y media que, claramente, están obligados a pedir por la ley".
Por ello, ha pedido a la Comunidad "que se deje de rodeos y que directamente arregle la ley, fijándose la jornada en 35 horas", al tiempo que ha añadido que, "de paso, puede mejorar las otras medidas que recortaron, como la ayuda social, y que no pretendan privatizar la gestión de la incapacidad transitoria a través de mutuas privadas".
Respecto a las nuevas movilizaciones, Carrasco ha explicado que, durante toda la semana próxima, "se realizarán asambleas en los centros de trabajo para definir el nuevo calendario de modificaciones, que llegará, por lo menos, hasta la Semana Santa".
Antes de la lectura del manifiesto, las personas que formaban la cadena humana, que han conseguido rodear el palacio de San Esteban, han dado una vuelta completa a la sede del Gobierno regional, para volver cada uno a su posición inicial.
Una vez realizara esa vuelta, se ha leído un manifiesto realizado por las federaciones de enseñanza de UGT, CCOO y Sterm-Intersindical, en el que han denunciado públicamente la actuación del Servicio de Inspección Educativa el pasado 4 de marzo en el IES Cañada de las Eras, con la misión de levantar acta de un acto informativo consistente en la representación teatral de la obra 'El señor de las Tijeras'.
De este modo, a través del manifiesto, han expresado su solidaridad con el director del citado instituto, así como con los 64 profesores del mismo, "que pueden verse afectados por la actuación de la Inspección, cuyo carácter intimidatorio resulta evidente".
Finalmente, han considerado que "este tipo de actividades se enmarcan en el ejercicio de los derechos de los trabajadores, por lo que demandamos del Servicio de Inspección la inmediata paralización a las actuaciones que hubieran podido derivarse del acta levantada por sus inspectores".