MURCIA.- Podemos ha dirigido un escrito al Juzgado de Instrucción nº 3 de los de Murcia para
personarse como acusación popular en la causa judicial que se instruye por 13
presuntos homicidios imprudentes por los incendios ocurridos en la madrugada del
pasado domingo en varias discotecas de la zona de ocio de Las Atalayas
de la capital murciana.
Así lo ha anunciado este miércoles en
rueda de prensa el coordinador regional de Podemos, Javier Sánchez
Serna, que ha explicado que la razón de personarse es porque "no nos
creemos las explicaciones del Ayuntamiento de Murcia, no confiamos en
sus responsables", y se niegan a que el Consistorio "sea juez y parte"
en este proceso judicial.
Y es que, denuncia, "no se trata de un
accidente, sino de una negligencia grave y no entendemos cómo dos
locales han operado con normalidad" cuando pesaba una orden de cierre de
los mismos, incluso administrativamente no existía La Fonda Milagros,
solo Teatre S.L., por lo que ha dejado claro que su labor es llegar
"hasta el final para depurar responsabilidades y que un hecho así nunca
más se vuelva a repetir".
"Trabajaremos sin descanso para que
salga a la luz y se sepa toda la verdad", ha dicho Sánchez Serna, que ha
transmitido su apoyo y solidaridad a las familias afectadas por esta
tragedia.
Por
su parte, la diputada regional de la formación morada, María Marín, ha
explicado que "además de la vía judicial", desde Podemos trabajan "para
que se depuren todas las responsabilidades políticas por esta tragedia".
Por ello, Marín registró este martes en la Asamblea Regional una
solicitud para impulsar una Comisión especial de investigación en la que
se pide "que comparezcan en los próximos seis meses todos los técnicos
municipales, los posibles responsables políticos y los empresarios de
las discotecas".
Marín ha dicho estar preocupada "por el silencio
del alcalde José Ballesta (PP) y su antecesor, José Antonio Serrano
(PSOE), desde que se conocieron las irregularidades que había en ambas
discotecas, así como el silencio del resto de grupos parlamentarios ante
el registro de esta Comisión especial para saber la verdad hasta las
últimas consecuencias".
No obstante, ha explicado que dicha
Comisión deberá ser aprobada por la Mesa de la Asamblea, integrada por
diputados de PP y PSOE únicamente, y luego se deberá ordenar en Junta de
Portavoces, un trámite que debería estar resuelto en una semana "si
tienen interés".
A su juicio, si la Mesa no aprueba dicha Comisión, "el Gobierno
regional y el resto de partidos tendría que dar explicaciones de por qué
una comisión que pretende esclarecer lo ocurrido no quieren que se
debata en la Asamblea, por qué no quieren escuchar a los técnicos del
Ayuntamiento, testigos; si no la admiten son muchas las explicaciones
que tendría que dar el Gobierno regional".
A
juicio de Sánchez Serna, la rueda de prensa ofrecida por los concejales
de PSOE y PP fue "vergonzosa" y rechaza que ejerza la acusación "el
Ayuntamiento, que debería haber cerrado los locales".
De hecho,
considera que es el Consistorio el que "tenía que haber cerrado esos
locales y el que debe ser encausado". La denuncia que Podemos ha
presentado en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia incluye 13
presuntos homicidios por imprudencia grave.
En el apartado de
hechos, se pone de manifiesto "la quiebra absoluta de las actividades de
control por parte del Ayuntamiento", poniendo de manifiesto la
"existencia de una presunta responsabilidad penal en los máximos
responsables de los departamentos municipales encargados de verificar el
cumplimiento de la legalidad urbanística vigente, a la sazón del
anterior concejal de Urbanismo, Andrés Guerrero; y el actual teniente de
alcalde, Antonio Navarro".
La representación procesal de Podemos
entender que el origen de las muertes "puede situarse en el aparente
irregular funcionamiento de unas salas de fiesta que, por no cumplir la
legalidad municipal, no deberían encontrarse abiertas y, sin embargo,
desarrollaban su actividad con total normalidad".
Unos hechos
entienden los abogados de la formación morada, según el escrito por el
que solicitan personarse, de "una extrema gravedad que afectarían al
irregular funcionamiento de una institución pública como es el
Ayuntamiento de Murcia, siendo evidente el interés público del
procedimiento".
Según el diputado en el Congreso, "no estamos
hablando de un accidente, sino de una negligencia muy grave y sostenida
en el tiempo. Nadie puede entender cómo dos locales con un aforo
conjunto de más de 600 personas han podido seguir funcionando con total
normalidad 20 meses sin licencia y con una orden de cierre que nunca se
ejecutó".
Un abogado no descarta proceder contra el Ayuntamiento
El letrado de las familias de dos de la víctimas del incendio
declarado el pasado domingo en la zona de ocio de Atalayas, en Murcia,
Pedro López Graña, ha dicho que estudiará "todas las opciones legales"
que permitan actuar "de manera contundente" y "sin contemplaciones", con
el fin de "descubrir la verdad y quiénes son los responsables" del
suceso, en el que perdieron la vida 13 personas.
López Graña ha incidido en que su objetivo como
representante de la acusación particular es actuar con "el máximo rigor y
el máximo empeño" para que "se descubra la verdad", de manera que las
familias "obtengan un poco de justicia después de este drama tan
brutal".
Según ha explicado el abogado, en estos momentos la
"preocupación prioritaria" de los familiares de los fallecidos es
recuperar los cuerpos y darles sepultura.
Aunque ha sostenido que
aún es "muy pronto" y está a la espera de la información que se
desprenda de la investigación policial, López Graña ha señalado que
emprenderá acciones penales porque "entendemos que ha habido una
imprudencia muy grave que ha provocado 13 muertos más un montón de
heridos".
Esas acciones penales serán contra las personas físicas
que podrían ser responsables del incendio, entre los que ha destacado
"dueños, encargados" de los locales afectados.
En paralelo, no
descarta iniciar una acción en los tribunales civiles para reclamar una
indemnización para las familias, y ve "muy posible" impulsar un proceso
contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Murcia, al entender
que "ha tenido algún tipo de intervención llamativa".
En cualquier caso, ha querido dejar claro que "eso está todavía lejos".
"Ahora mismo no podemos aventurar nada porque no tenemos información
prácticamente", más allá de "rumores y comentarios, lo que dicen unos y
otros", ha recalcado López Graña.