MADRID.- El Ministerio de Fomento pretende que las nueve autopistas españolas en quiebra - la Cartagena-Vera entre ellas- puedan seguir en servicio y que "generen ingresos suficientes para pagar los intereses de su deuda", sin tener que inyectar dinero público.
Así lo indicó la titular del Ministerio, Ana Pastor, que aseguró
que cuando su Departamento tome la decisión definitiva sobre el rescate
de estas vías estará "encantada" de explicarla en el Congreso.
El Gobierno planteó hace unas semanas a concesionarias,
constructoras y la banca acreedora de las autopistas una solución que
pasa por integrar las autopistas en una empresa pública tras,
previamente, realizar una quita a su deuda financiera y dejarla en unos
2.400 millones de euros
En una intervención en el pleno del Congreso, Pastor reiteró su
compromiso de que, mientras ella siga al frente del Ministerio, los
españoles no pagarán "ni un euro" para rescatar a las empresas
concesionarias de estas autopistas quebradas.
Por ello, aseguró que el Gobierno "trabaja para que la decisión
que se tome no cueste un euro".
"Para que el Estado no tenga que poner
ni 5.000 ni 3.000 millones", añadió en referencia a la responsabilidad
patrimonial que el Estado debería afrontar en caso de que las autopistas
fueran a liquidación.
"Todo el trabajo que estamos haciendo es con el fin de buscar
soluciones que hagan posible que a los ciudadanos no les cueste ni un
solo euro. Y, desde luego, mientras yo sea ministra no le va a costar ni
un euro a ningún español, porque cuando decimos una cosa la hacemos.
Tienen mi compromiso de que esto será así", apostilló.
En su respuesta a una interpelación sobre la situación de las
autopistas de peaje en concurso de acreedores planteada por el diputado
socialista Rafael Simancas, la ministra criticó que el anterior Gobierno
del PSOE no reaccionara los "signos clarísimos" de los problemas que ya
atravesaban las concesionarias de peajes, manifestados por ejemplo en
la caída "vertiginosa" de los tráficos.
Asimismo, denunció que cuando el anterior Ejecutivo por fin se
decidió a tomar medidas, éstas fueron costosas para los españoles, ya
que se optó por las cuentas de compensación y los préstamos
participativos.
"El Gobierno socialista llegó a esto tarde, mal y a rastras, y no
se puso a tomar medidas hasta 2010. Y qué medidas", lamentó, recordando
que los españoles están pagando 483 millones de euros de los préstamos
participativos y 80 millones de las cuentas de compensación concedidos a
las vías por el anterior Ejecutivo.
En cuanto a las causas de la actual situación de las autopistas,
Pastor rechazó que su origen esté con la Ley del Suelo que aprobó el
Gobierno de José María Aznar y en el eventual incremento de los
justiprecios de las expropiaciones que hubiera podido generar.
Por contra, según Pastor, el PSOE tampoco tomó medidas ante estos
sobrecostes de las expropiaciones acudiendo a las declaraciones de
lesividad ante el aumento de los precios que estaban decretando los
tribunales.
Además, ha asegurado que los socialistas llegaron a plantearse
prolongar el plazo de las "concesiones maduras" mediante la fusión de
unas con otras. "Es decir, que los ciudadanos que ya veían la luz al
final del túnel para dejar de pagar peajes iban a ver vista ampliada la
situación durante más de diez años. Ya estaba el estudio hecho y todo",
afirmó.
"No se quiere abordar que lo que se hizo no sirvió para
absolutamente nada más que para tirar el dinero público. Por eso este
Gobierno trabaja en buscar soluciones a lo que está ocurriendo",
aseveró, recordando que su equipo ha introducido mayor control económico
sobre los jurados provinciales de expropiación forzosa y ha limitado el
derecho a retasación tras el pago o la consignación del justiprecio.
Asimismo, ha aprobado un decreto ley en el que permite al Estado
detraer de la responsabilidad patrimonial las cantidades a las que tenga
que hacer frente a resultas de expropiaciones impagadas, para
"garantizar que no tenga que hacer frente a los incumplimientos de las
concesionarias", si bien la Ley Concesional prevé que cuando una
concesionaria entre en concurso será el Estado el que asuma la gestión
de la vía y abone la responsabilidad patrimonial.
Por su parte, el portavoz socialista de Fomento en el Congreso,
Rafael Simancas, asegura que la ciudadanía está "indignada e irritada"
ante la posibilidad de que "se cubran con recursos públicos las pérdidas
de un negocio fallido".
"Es una indignación lógica, porque en una crisis tan grave, con
importantes rebajas en las prestaciones sociales básicas, no es
aceptable dedicar dinero público a cubrir pérdidas en negocios privados,
que no compartían sus ganancias cuando las tenían".
Además, afirma que si se ha llegado a esta situación es por culpa
del PP, que hizo un "diseño absurdo" de la red de vías de peaje, unos
cálculos "absolutamente fantasioso" sobre los tráficos y planteó unas
cifras de expropiaciones "disparatadas" como consecuencia de la Ley del
Suelo de 1998. "Este desastre es suyo", ha llegado a afirmar, mirando a
la bancada 'popular'.
Ante esta situación, considera que el PSOE "intentó buscar una
solución justa" reconvirtiendo el sector a través de paquetes
concesionales que combinaran concesiones viables con otras no
sostenibles; y aplicando préstamos participativos hasta resolver el
proceso. Sin embargo, los 'populares' pararon este camino cuando
llegaron a La Moncloa porque "a algunos empresarios concernidos no les
venía bien".
Según Simancas, desde entonces el PP se ha dedicado a no hacer
nada para "dejar quebrar una tras otra a todas las empresas", de modo
que ahora "no queda más remedio que sacar la chequera de la ciudadanía
para cubrir las pérdidas". "Lástima, no queda más remedio", ha
ironizado, preguntándose si también las autopistas de peaje plantean un
riesgo sistémico para el país, como se dijo para justificar el rescate
bancario.
"Y el colmo es que intentan vender la operación como una buena
noticia. Se presentan como un Gobierno heroico que negocia una quita. Y
le dicen a los españoles que les van a dar dos puñetazos, pero que no se
quejen porque les podrían dar cuatro o cinco", ha reprochado, apuntando
que esta forma de actuar "no es economía de mercado sino ventajismo".
Por último, Simancas ha recomendado al Gobierno que, antes de
pagar, intente acudir a los tribunales para no ejecutar la
responsabilidad patrimonial porque incluso con quita serán los españoles
los que pierdan, ya que los mayores acreedores de las concesionarias
son entidades como Bankia, que también son propiedad pública.
En su réplica, Pastor ha señalado que "es fácil subir a la tribuna
y decir cosas" pero que la credibilidad "no se gana en 20 minutos" sino
que "se adquiere a lo largo de toda una vida, cuando uno no miente,
cuando dice lo mismo en privado que en público y, sobre todo, cuando
trabaja duro para sacar el país adelante".
"Pero no se consigue estando todo el día hablando y criticando sin
traer ni una propuesta de solución para las autopistas. Unos trabajamos
y otros son muy listos, tienen ideas geniales", ha recriminado la
ministra a los socialistas.
