KPMG, que avaló la solvencia de la fusión gallega, auditó las cuentas de la CAM durante 20 años

LA CORUÑA.- La CAM ocultó su debilidad financiera y obvió sus problemas de solvencia, liquidez y rentabilidad en las cuentas de marzo de este año. Además liberó provisiones de créditos de forma incorrecta y no realizó los saneamientos obligados en las cuentas anuales de 2010, según el diario 'La Opinión'. 

También pagó gastos que no debería haber abonado por estar en pérdidas, como incentivos y aportaciones adicionales a los planes de pensiones. Incluso infradotó el fondo de prejubilaciones, mejoró ficticiamente el balance individual de la caja y abusó de las operaciones de refinanciación de deuda para evitar que afloraran activos tóxicos.

Todas estas tachas fueron descubiertas por el Banco de España tras intervenir la caja alicantina y enviar a sus técnicos a hurgar en las cuentas. Al destaparse las graves irregularidades cometidas por la entidad valenciana, todas las miradas se dirigen a sus gestores, su exdirectora general acaba de ser despedida precisamente por falsear las cuentas y dar beneficios ficticios sin derecho a indemnización, pero también hacia KPMG, la empresa que durante los últimos veinte años ha auditado a la CAM.

Precisamente KPMG es la auditora que fue contratada por la Xunta de Galicia para hacer la polémica due diligence que debía respaldar que la fusión de las entonces Caixa Galicia y Caixanova era "solvente y garantizaba la galleguidad". La auditoría sobre la fusión gallega fue controvertida, pues se filtró un avance del informe tan solo quince días después de que fuese encargado el trabajo.

15,5 millones de euros

Cinco altos ejecutivos de Caja del Mediterráneo (CAM) se repartieron 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figura en la carta de despido de la ex directora general de la entidad, María Dolores Amorós. 

Todos ellos, además, podrán cobrar cuando se jubilen una renta vitalicia de 369.497 euros anuales. Esta misma renta pretendía cobrarla Amorós, pero ha sido anulada con su despido disciplinario, según informó el diario Expansión. Los ejecutivos beneficiarios de las prejubilaciones son Roberto López Abad (director general hasta el pasado diciembre), Agustín Llorca (director general adjunto), Vicente Soriano (director general de Recursos), Joaquín Meseguer (director general de Participaciones Empresariales) y Gabriel Sagristá (responsable de expansión de la caja).

Los 15,5 millones de euros con los que se compensaron las salidas de estos directivos procedían de un fondo de prejubilaciones y bajas anticipadas constituido para el proyecto de Banco Base, como se denominó al plan de fusión de CAM con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, y que finalmente se frustró, precisamente después de que la caja asturiana alegase que la entidad alicantina les había ocultado información crucial sobre su verdadera situación financiera, peor de lo que había reconocido durante las negociaciones.

El último día del plazo dado por el Gobierno y el Banco de España para que las entidades españolas cumplan los requisitos de solvencia no deparará grandes sorpresas.

Tras las salidas a Bolsa de La Caixa, Bankia y Bancaja, cinco entidades estaban pendientes de este proceso. El Banco de España ya ha confirmado que concederá un mes más a Liberbank -la entidad heredera del SIP de Cajastur- y Banco Mare Nostrum -la fusión que encabeza Caja Murcia- para cerrar procesos de recapitalización con inversores privados y desinversiones que considera avanzados.

Junto a Novacaixagalicia, otras dos entidades catalanas recurrirán en exclusiva al FROB, Unnim y CaixaCatalunya. La primera recibirá 568 millones de euros del fondo estatal, con los que, según las últimas estimaciones sobre la valoración que hará de ella el Banco de España, el Estado controlará un 100% de Unnim Bank.

CaixaCatalunya recibirá los 1.718 millones que necesita y que según los planes del supervisor supondrán que el Estado controle entre un 85 y un 90% de su banco.

Unicaja y Caja Duero-España, tras su fusión, no necesitarán más capital.

El fondo de rescate valorará en menos del 20% el patrimonio de las cajas intervenidas

MADRID.- La recapitalización de las cajas de ahorros cerrará mañana un capítulo importante. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) entrará en el capital de las cajas que no alcanzaron el 10% de capital principal que marcó el Gobierno, recuerda hoy 'El País'.

El fondo de rescate valorará en menos del 20% el patrimonio de las entidades, por lo que tomará alrededor del 80% del capital de estas. En algún caso la valoración podría estar cercana al 10%. Las cajas han trasladado a bancos su actividad financiera y es en ellos en donde entrará el Estado. Liberbank, controlada por Cajastur, y BMN, gestionada por Caja Murcia, tienen un mes de plazo para conseguir inversores privados y esquivar la nacionalización total o parcial.

Estos precios son los que espera el mercado, sobre todo después de que la valoración de Bankia y Banca Cívica en sus salidas a Bolsa marcaron precios muy bajos. Bankia, después de una rebaja de precios, salió con una valoración inferior al 30% de su patrimonio en el precio marcado antes de la entrada de los inversores. Con Banca Cívica ocurrió algo muy similar. El patrimonio se valoró en el 27% del total. Con la caída en Bolsa que ha sufrido, del 18%, su valoración actual rondará el 20% del patrimonio.

La razón de estos fuertes descuentos es la baja valoración que los bancos de inversión hacen de los activos inmobiliarios de estas tres cajas. Tras conocerse las cifras de la CAM, que ha admitido una morosidad del 19%, los expertos consideran adecuado que se aplique fuertes descuentos a los activos de las entidades afectadas.

Pese a que el Estado tome la mayoría de una entidad, la caja no perderá su condición de entidad financiera y, por lo tanto, no pasará a ser una fundación. Si en lugar del FROB hubiera sido un inversor particular, la caja sí quedaría reducida a un simple accionista del banco donde ha traspasado su negocio financiero. El fondo de rescate podrá vender a inversores o un competidor su participación.

Armando Sala dice que "sí hay responsables" de las condiciones laborales de Amorós en la CAM y "son culpables"

ALICANTE.- El exvicepresidente primero de Caja Mediterráneo (CAM), Armando Sala, se ha referido a las condiciones laborales de la directora general, María Dolores Amorós, que ha sido despedida sin derecho a indemnización, para señalar que "sí hay responsables" y en su opinión "los responsables son culpables".

   Al término de la toma de posesión de José Joaquín Ripoll como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, a preguntas de los medios de comunicación sobre la situación por la que atraviesa la entidad, que se encuentra intervenida por el Banco de España, Sala ha indicado que él desconocía las cifras del contrato de Amorós y sus condiciones laborales.

   "No soy conocedor de esas cifras que están comentando algunos medios de comunicación, pero la verdad, es que si hay responsables... Claro que los hay, y los responsables son culpables", ha indicado.

   Además, ha asegurado que el estado de las cuentas de la Caja "ha sorprendido a todos", pese a que "algunos" eran "en principio conocedores, más o menos, de que la que la situación de la Caja no era tan boyante como se estaba transmitiendo".

   El ex vicepresidente ha opinado que "la forma en que la están presentado, tampoco es exactamente así". "No digo que esté mal, sino la rigurosidad que se está aplicando en estos momentos a Caja Mediterráneo, si se hubiera aplicado a muchísimas de las cajas de España, probablemente los resultados hubieran sido muy similares", ha aclarado.

   Así mismo, en referencia a la presunta manipulación de los balances de la entidad por parte de Amorós, ha asegurado que él no tiene "elementos de juicio" para opinar, dado que los balances que él conocía eran los que la directora general o su antecesor en el cargo presentaban al consejo de administración.

   "Si estaban arreglados, yo creo que el Banco de España hubiera sido consciente, o debía de haber sido consciente en ese momento y haberse dirigido al consejo de administración", ha señalado.

   No obstante, "la única comunicación" que el consejo de administración tuvo, "lamentablemente" fue el 21 de julio, en la que se les comunicaba la opinión del Banco de España.

   "Y en base a eso, ha sido por lo que muchos de nosotros nos hemos enterado, y no quiero eximir mi responsabilidad, porque también por omisión somos responsables de muchas cosas", ha reconocido.

Bruselas expedienta a España por no aplicar las normas sobre capital de la banca

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum a España para que aplique en un plazo de dos meses las nuevas normas de la UE sobre requisitos de capital para bancos y empresas de inversión. La fecha límite para incorporar esta norma a la legislación nacional era el 31 de octubre de 2010.

   El ultimátum, que afecta también a Países Bajos, se ha enviado a través de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si las autoridades españolas no corrigen la situación, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

   "España tiene que completar la aplicación mediante la adopción de determinadas disposiciones técnicas contempladas en la directiva" sobre requisitos de capital, ha dicho la Comisión en un comunicado.

   El Ejecutivo comunitario ha resaltado que las normas "deben aplicarse en todos los Estados miembros para velar por que las mismas normas de alto nivel se apliquen en toda la UE y que ningún banco ni empresa de inversión se beneficie de una ventaja competitiva desleal".

   Las reglas en cuestión estipulan la cuantía de los recursos financieros propios que deben poseer los bancos y las empresas de inversión para cubrir sus riesgos y proteger los depósitos y crean colegios de supervisores para las entidades que operan en varios Estados miembros.

El PSOE de San Javier asegura que no renunciará a un aeropuerto "rentable" y advierte que lo defenderá

SAN JAVIER.- El portavoz del Grupo Municipal Socialista de San Javier, José Ángel Noguera, y el secretario de Organización de la Agrupación socialista del municipio, Manuel Leal, han dejado claro que los socialistas de la localidad "no vamos a renunciar a un aeropuerto que es rentable y eficaz, y más cuando AENA ha hecho recientemente una inversión superior a 70 millones de euros para adecuar la pista número 2, que permite realizar vuelos durante todo el día".

   Por ello, han advertido que van a defender esta infraestructura "con uñas y dientes", ya que, ha destacado, "no estamos dispuestos a que se pierdan los 1.500 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, que proporciona el aeropuerto de San Javier".

   Ambos dirigentes socialistas han realizado estas declaraciones tras una reunión con el secretario general de la Sección Sindical de CCOO de AENA, José Luís García Carrasco, después de la Asamblea de los trabajadores de Aena San Javier.

   En esta línea, han recordado que "aunque AENA afirma que un aeropuerto es rentable cuando el número de pasajeros anuales supera los cuatro millones, San Javier lo es con dos millones de pasajeros porque está exento de los gastos de controladores aéreos y mantenimiento aéreo, que cubre directamente el Ministerio de Defensa. Y advirtieron que estos servicios "sí tendrían que pagarse en Corvera".

   "Además del prestigio a nivel mundial que significa para el municipio el aeropuerto de San Javier, si se cerrase al uso civil muchas empresas hoteleras, restaurantes y taxistas, verían muy disminuidos sus ingresos al perder ese movimiento de dos millones de personas en su entorno", han subrayado en un comunicado.

Lorca registra el mayor incremento en el precio de la vivienda usada de la Región hasta septiembre

MURCIA.- El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia creció un 0,2 por ciento durante el tercer trimestre del año, según el último índice inmobiliario de idealista.com. Así, entre los municipios que han subido de precio, el mayor incremento se ha producido en Lorca, con un 3,1 por ciento.

   Mientras que la ciudad de Murcia experimentó un decremento del 0,4 por ciento en sus precios en el mismo periodo, hasta situarse en 1.918 euros/m2.

   La caída más significativa de la Región se ha producido en el municipio de Alhama, donde los propietarios piden un 5 por ciento menos por sus viviendas que hace tres meses; seguida de Torre Pacheco (-4,3 por ciento) y Puerto de Mazarrón (-3,9 por ciento).

   En el conjunto del país, el precio medio de la vivienda de segunda mano acumula un descenso del 6,1 por ciento en el último año, tras mantenerse prácticamente estable (-0,5 por ciento) en el tercer trimestre de este ejercicio. Así, a cierre del pasado mes de septiembre, el precio medio de los pisos usados se situó en 2.167 euros por metro cuadrado.

   Idealista considera que "no hay indicios que hagan pensar en una posible recuperación del mercado, aunque durante el tercer trimestre del año los precios de los pisos suavizaran su caída".

   "Durante los próximos meses asistiremos ocasionalmente a pequeñas estabilizaciones e incluso leves subidas, pero la tendencia a medio y largo plazo continúa bajista", aseguró en un comunicado el jefe de Estudios del portal inmobiliario, Fernando Encinar.

   Entre los factores que, en su opinión, seguirán afectando al mercado destaca el hecho de que el "'stock' de nuevas viviendas en venta no disminuirá significativamente en los próximos meses, así como los datos de empleo, y la rigidez en la concesión de hipotecas".

   Por comunidades autónomas, cinco regiones siguieron registrando subidas de precios de los pisos usados en el tercer trimestre de 2011. Los mayores incrementos se localizaron en Canarias (+1,1 por ciento), Valencia (+1 por ciento), Asturias (+0,9 por ciento) y en Murcia y Cantabria, con repuntes del 0,2 por ciento en cada una. En el lado opuesto, sobresalen los ajustes de Aragón (-3 por ciento) y La Rioja (-2,5 por ciento).

   De esta forma, el País Vasco y la Comunidad de Madrid siguen siendo las regiones más caras para comprar un piso de segunda mano, con precios que superan los 3.000 euros por metro cuadrado.

   Por contra, las regiones más económicas para adquirir una vivienda usada son Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha, donde el metro cuadrado de estos pisos oscila entre los 1.376 y 1.470 euros.

   Por provincias, 35 de ellas registraron nuevas bajadas de precio en los pisos de segunda mano durante el tercer trimestre del año. No obstante, se trata de diez provincias menos respecto a los tres meses anteriores.

   En las dos grandes capitales, Madrid y Barcelona siguen registrando descensos en los precios de los pisos usados, del 2,7 por ciento en Barcelona y del 0,6 por ciento en Madrid. Desde que los precios máximos registrados antes de la crisis, las viviendas de segunda mano acumulan un ajuste de su precio del 25,3 por ciento en Barcelona y del 17,7 por ciento en el caso del Madrid.

La Región de Murcia encabeza en agosto la mayor caída en el empleo del comercio minorista

MURCIA.- La Región de Murcia experimentó en agosto una caída en el empleo en el sector del comercio al por menor del tres por ciento en relación al mismo mes del año anterior, un descenso superior al experimentado en el conjunto nacional, del 0,6 por ciento, lo que supone el mayor descenso por comunidades autónomas.

   Respecto a la media en lo que va de año, el descenso en la Región de la ocupación bajó un 2,7 por ciento, según los Índices de Comercio al por Menor (ICM) publicados este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Por su parte, las ventas del comercio al por menor registraron una caída del 4,2 por ciento durante el mes de agosto en la Región de Murcia, en relación al mismo mes del año anterior, una caída superior a la bajada de la media nacional (4 por ciento), y la sexta mayor caída por comunidades.

   En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor cayeron en agosto un 4% con respecto al mismo mes de 2010, lo que supone moderar en más de dos puntos el descenso registrado en julio (-6,1%), según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   La tasa media de las ventas del sector registró una caída del 5,4% en los ocho primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2010.

   Las ventas del comercio minorista suman así catorce meses con signo negativo, tras la subida del 0,9% que experimentaron en junio de 2010.

   Según los datos del organismo estadístico, las ventas de los productos de alimentación cayeron un 1,2%, mientras que las de los no alimenticios retrocedieron un 5,6%, siendo el mayor descenso entre estos últimos el del equipo del hogar, cuyas ventas disminuyeron un 6,7%.

   Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio, descontando el efecto de los precios, bajaron un 5,8% respecto al mes de agosto de 2010.

   Todos los modos de distribución redujeron sus ventas en agosto respecto al mismo mes del año anterior, salvo las grandes cadenas, que las elevaron un 1,6%. Las pequeñas cadenas, con un descenso del 7,1%, presentaron la mayor caída, seguida de las empresas unilocalizadas (-6%) y las grandes superficies (-3,4%).

   Las ventas del comercio minorista disminuyeron en agosto en todas las comunidades autónomas. Las mayores disminuciones se registraron en Andalucía (-6,8%) y Castilla-La Mancha (-6,5%). Por su parte, Extremadura registró el menor descenso, con un -0,3%.

   Los datos del INE también ponen de manifiesto que el empleo en el comercio minorista continuó a la baja, al registrar en agosto un descenso anual del 0,6%, tres décimas por debajo del registrado en julio. En las estaciones de servicio, la ocupación disminuyó un 0,5%.

   Por modos de distribución, todos ellos redujeron su nivel de ocupación en agosto, menos las grandes cadenas, donde aumentó un 1,4%. El mayor retroceso del empleo se lo apuntaron las pequeñas cadenas (-3,1%), seguidas de las grandes superficies (-2,8%) y de las empresas unilocalizadas (-0,1%).

   El empleo en el comercio minorista descendió en diez comunidades autónomas en agosto. Murcia (-3%) y Andalucía (-2%) presentaron los mayores descensos. En cambio, Castilla y León (1,4%) fue la comunidad que presentó el mayor incremento de la ocupación.

Pemex y Sacyr deberán demostrar que no hacen "daño" para seguir en Repsol

MADRID.- La continuidad de Pemex y Sacyr en el consejo de administración de Repsol se producirá si los socios son capaces de demostrar a través de un informe independiente de una consultora de prestigio internacional que no hacen "daño" a la petrolera o que aportarán más beneficios que daños a la misma.

   Este informe de la consultora deberá venir acompañado de otro de la comisión de nombramientos y retribuciones, y lograr además el apoyo de la mayoría del accionariado de Repsol durante una votación de la junta de accionistas en la que no participen los afectados. Si la junta aprueba su presencia pero los informes la desaconsejan, el asunto acabará en los tribunales.

   Este es el nuevo mecanismo de Repsol para la "dispensa" a empresas competidoras que deseen estar en el consejo de administración, incluido en la reformulación del reglamento del órgano rector aprobada en la reunión de ayer. Hasta ahora, el abanico de posibilidades para lograr este beneplácito era más amplio y no exigía ni acuerdo de la junta ni un informe independiente.

   El cambio en el artículo 19 del reglamento afecta directamente a la petrolera mexicana Pemex, que prevé la toma de un 9,8% de Repsol, pero también puede dejar fuera del consejo a los tres representantes de Sacyr, ya que a su vez incluye una nueva definición de competidor en la que se alude no solo a las empresas del sector, sino también a las que estén concertadas" con ellas. La constructora ha sindicado su 20% con Pemex.

   Pemex y Sacyr no podrán presentar su actual presencia en el Repsol como un hecho consumado no sometido a revisión, al menos según el nuevo reglamento. "Si la situación de competencia indispensada apareciese con posterioridad al nombramiento de un consejero, el afectado deberá dimitir inmediatamente de su cargo", dice ahora el reglamento.

   Repsol, que excluye de la definición de competencia a empresas del sector con las que mantenga una alianza estratégica, blinda el nuevo cambio incorporando un punto en el que, de forma hasta ahora inusitada, exige el voto de tres cuartas partes del consejo de administración para cambiar la norma.

   En la actualidad, estas tres cuartas partes coinciden con el bloque conformado por el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, en torno a La Caixa y los independientes en contra del acuerdo de Pemex y Sacyr.

   La otra modificación reglamentaria afecta al artículo 22 y también requiere el apoyo de tres cuartas partes del consejo para su modificación. Afecta a las operaciones vinculadas y hace hincapié en la necesidad de controlar movimientos que afecten a activos estratégicos de la compañía o que impliquen "transferencia de tecnología relevante".

   Precisamente, esta transferencia tecnológica se había convertido en motivo de controversia con la publicación de un informe en el que Pemex justificaba su inversión en Repsol e identificaba este ámbito como uno de los más atractivos de la petrolera española.

El Gobierno de España aprueba el informe de evaluación de las actuaciones en Lorca

MURCIA.- La sexta Comisión Interministerial para el desarrollo de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno con motivo de los graves seísmos de Lorca del pasado 11 de mayo aprobó el informe de evaluación de dichas actuaciones, realizado en cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado día 13.

   El informe da cuenta del estado de ejecución de las medidas urgentes incluidas en el Real Decreto 6/2011, de 13 de mayo, y de otras actuaciones puestas en marcha con el fin de paliar las graves consecuencias de la catástrofe.

   A causa de los seísmos fallecieron nueve personas, 324 resultaron heridas y miles se vieron desalojadas de sus viviendas. Se produjeron importantes daños en numerosos edificios particulares, en infraestructuras, equipamientos públicos y bienes del patrimonio cultural.

   La magnitud del desastre requirió una respuesta rápida. El Gobierno de España, aprobó sólo 48 horas después el Real Decreto-ley de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados, y a la semana siguiente, entre otros acuerdos, el Real Decreto de 20 de mayo, por el que se concede una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Murcia, para financiar actuaciones de reparación de los daños causados en infraestructuras educativas.

   Una vez superado el primer momento de emergencia, en el que la actuación fue rápida y eficaz, según ha evaluado la Comisión, se iniciaron inmediatamente las tareas de reconstrucción, reparación y ayuda económica, reguladas por el Real Decreto-Ley de 13 de mayo, prestando especial atención a las actuaciones en materia de edificación y vivienda.

   De las 33.000 con que cuenta Lorca, hay 23.855 que sufren algún tipo de daño. Hasta ahora 1.164 viviendas, de las que el 70 por ciento estaban habitadas, han sido ya demolidas y se espera superar las 1.300.

   Hasta el momento se han presentado 13.176 solicitudes de ayuda para reconstrucción o reparación, pero sólo 574 han sido aprobadas por la Comisión Mixta por un importe total de 2,5 millones de euros. El coste total estimado de estas ayudas ascenderá a más de 225millones de euros, importe que será sufragado al 50 por ciento por la AGE.

   También se han solicitado 1.006 ayudas al alquiler por destrucción o daños en la vivienda y sólo 105 expedientes han sido aprobados por la Comisión Mixta por un importe de 628.000 euros, de los que el Gobierno ha abonado ya su parte (314.000 euros). El coste total de estas ayudas se estima en 16,6 millones.

   Para la reposición de enseres se han presentado 160 solicitudes de las que hasta el momento la Comisión Mixta no ha concedido ninguna. El coste total estimado ascenderá a 412.800 euros.

   La comisión interministerial ha constatado en todos estos casos la lentitud con que se está produciendo la tramitación de los expedientes, que han de llegar a la Comisión Mixta desde la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento.

   El Gobierno financiará íntegramente un Programa de construcción de 300 viviendas. Los técnicos ya están trabajando en el estudio de los terrenos que el Ayuntamiento ha propuesto para saber si son aptos para esta construcción. Una vez ceda el Ayuntamiento los terrenos y conceda los permisos necesarios, el Ministerio de Fomento empezará a construir las primeras viviendas.

   Se han establecido también algunos beneficios fiscales, como la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para fincas dañadas -cuya cuantía prevista se acerca a los 11 millones de euros-, la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas de 2011en función del periodo de cese de actividad y la exención de las tasas por baja de vehículos siniestrados. La minoración de ingresos en la hacienda local que estos beneficios fiscales suponen, será compensada con cargo a los presupuestos generales del Estado.

   Por su parte, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido a fecha de 20 de septiembre 28.558 solicitudes de indemnización, de las que ya se han abonado 23.070, cuyo importe asciende a 182.900.000 euros (el 85% del total de solicitudes). El Consorcio tiene como objetivo haber peritado y pagado completamente cuando el presente mes haya terminado, la práctica totalidad de los expedientes registrados hasta el 15 de agosto.

   Finalmente, a más de 16.000 pensionistas de la zona se les anticipó al 1 de junio el abono de la paga extraordinaria (10,7 millones de euros)y  se han resuelto 259 expedientes de diferimiento de cuotas de la Seguridad Social que afectan a 866 trabajadores.

   El Ayuntamiento de Lorca ha presentado 440 solicitudes por importe de más de 23 millones de euros al Ministerio del Interior en concepto de gastos de emergencia realizados por el Consistorio, como trabajos de demoliciones o limpieza. El Gobierno ya ha transferido más de 3,1 millones al Ayuntamiento por este concepto.

   Además, por consenso de las Comunidades Autónomas, en el mes de julio se adoptó la decisión de destinar a Lorca en este ejercicio 2011 el 25% del presupuesto del Plan Estatal de Mejora de la Competitividad del Comercio. Esto supone destinar un millón y medio de euros de un total de seis millones de euros.  

   Importantes elementos del patrimonio cultural sufrieron desperfectos que están siendo rehabilitados con urgencia para evitar su ruina total. El Ministerio de Fomento, con un presupuesto total de 8.243.148 euros, de los cuales ya han sido ejecutados 2.663.722 euros, está financiando las siguientes obras: Consolidación del Palacio Guevara, restauración de la Muralla de Lorca y del Porche de San Antonio y actuaciones en Iglesia de San Mateo.

   Asimismo, el Ministerio de Cultura está implicado en varias acciones de rehabilitación y consolidación, entre ellas la restauración de piezas del Museo Arqueológico, la rehabilitación de la torre del Espolón y las murallas del Castillo, que suman un total de 4.472.505 euros para el periodo 2011-2013, de los cuales 1.151.000 euros ya han sido ejecutados.

   También se vio dañado el nuevo Parador de Turismo de Lorca, ubicado en el recinto del Castillo. Para su rehabilitación, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha acometido una actuación de emergencia que supondrá un coste de 4.953.869 euros. Las obras estarán finalizadas, previsiblemente, en la Semana Santa de 2012.

   La semana que viene, una delegación de la Comisión viajará a Lorca para estudiar sobre el terreno la situación y las próximas actuaciones.

   La Comisión Interministerial para Lorca está presidida por el Ministro Ramón Jáuregui, y de ella forman parte los Secretarios de Estado de Cooperación Territorial y Vivienda, el Delegado del Gobierno en Murcia y los subsecretarios y otros altos cargos de los Ministerios de Presidencia, Interior, Cultura, Defensa, Fomento, Economía y Hacienda, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Trabajo, Sanidad y Educación.

El despido de Amorós abre la depuración de responsabilidades en Caja Mediterráneo

MADRID.- Las fichas empiezan a caer en Caja Mediterráneo. La entidad alicantina, que hasta hace pocos meses había pasado desapercibida dentro del grupo Banco Base, comienza a ver cómo la intervención acordada por el Banco de España el 22 de julio tiene ya sus consecuencias legales, según piensa 'Cinco Días'.

Después de que, en un primer momento, el supervisor apartara de sus funciones al presidente y al resto del consejo de administración, ayer se hizo efectivo el despido disciplinario de María Dolores Amorós, directora general de la entidad en el momento del rescate.
El organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha tomado esta decisión al entender que, en su labor como primera ejecutiva de la caja murciano-alicantina, Amorós "ha buscado el beneficio propio, ha falseado las cuentas para engañar al supervisor y ha realizado una gestión deficiente", según confirmaron ayer fuentes de la entidad.
Entre los argumentos más demoledores esgrimidos por el Banco de España para acordar el despido de la directiva está la pensión vitalicia que Amorós pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, para su jubilación, por importe de 370.000 euros anuales.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), facultado por el supervisor bancario para administrar temporalmente CAM antes de su posterior subasta, considera que los anteriores gestores de la caja falsearon las cuentas para hacer creer que la situación financiera era mejor de la que realmente tenía.
María Dolores Amorós, contactada por 'Cinco Días' para poder ofrecer su versión de los hechos, ha declinado entrar a valorar la decisión del Banco de España.
Reacciones políticas
Las reacciones políticas tras el fulminante despido de Amorós no se han hecho esperar. La secretaria general del partido socialista en Alicante, Ana Barceló, mostraba su indignación. "Nos parece inmoral que Amorós pactara su futuro nada más llegar a su cargo, cuando el puesto de trabajo de 6.000 trabajadores de Caja Mediterráneo está en el aire por la reestructuración de la entidad". Barceló ha pedido que la depuración de responsabilidades "llegue hasta donde tenga que llegar".
El Banco de España ya está investigando el papel desempeñado por los consejeros de la entidad y por su cúpula directiva en el deterioro de la situación financiera de CAM. De acuerdo con varios expertos jurídicos consultados, es muy probable que los miembros del consejo cuando la caja fue intervenida, así como la alta dirección de la entidad, sean sancionados por el regulador por la comisión de infracciones muy graves, que conllevan sanciones económicas e inhabilitación para trabajar en el sector bancario.
Fuentes sindicales de Caja Mediterráneo aseguraban que el argumentario utilizado por el FROB y el Banco de España para justificar el despido disciplinario de Amorós será más que suficiente para imponer sanciones administrativas a los gestores de la caja. "Con estos precedentes, no me extrañaría que se llegaran a iniciar acciones penales contra ellos", apunta.
El abogado José Ángel González Franco, que asesora al ex presidente de Caja Castilla La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, en el proceso abierto contra él en la Audiencia Nacional, considera que "el delito principal que en su caso puede ser objeto de imputación en CAM, por lo que aparece en los medios, normalmente sería el de administración social fraudulenta". La pena que contempla en este caso el Código Penal es de entre seis meses y cuatro años de prisión. También argumenta que, en el caso de su defendido, no hubo ninguna intención de lucro personal en su actuación al frente de CCM.

Es el secreto mejor guardado en CAM: la cantidad que percibió su anterior director general, Roberto López Abad, cuando se apuntó al plan de prejubilaciones puesto en marcha por la entidad a finales del pasado mes de julio. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que la cifra alcanza los 5,6 millones de euros brutos, 3,8 millones netos, aunque la oficial no se conocerá hasta que CAM presente su informe de buen gobierno corporativo de este año.

No es la única incógnita, ya que el anterior máximo ejecutivo de la que fue la tercera mayor caja de ahorros española podría haber recibido una indemnización al dejar su cargo, a lo que habría que sumar los compromisos por pensiones acumulados. En círculos financieros se especula con la posibilidad de que la cifra total ronde los 10 millones de euros.

López Abad fue director general de CAM entre 2001 y noviembre de 2010, cuando pasó a ocupar este puesto pero en Banco Base, la alianza que tejió la entidad alicantina con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria y que se rompió a finales del pasado mes de marzo.

Cinco jefes de la CAM cobraron 13 millones antes de la intervención

ALICANTE.- Jamás un quebranto financiero tan grande obtuvo una recompensa tan extraordinaria. La cúpula directiva de la CAM, la misma que con su gestión condujo a la cuarta caja de ahorros de España a la bancarrota, se embolsó 13,3 millones de euros en indemnizaciones justo antes de que la entidad fuese intervenida por el Banco de España, según revela hoy 'El Mundo'.

Dos meses después del rescate, el supervisor destapó unas pérdidas de 1.136 millones de euros en el primer semestre de 2011. El Estado ha tenido que inyectar 2.800 millones para recapitalizar la caja y prestarle 3.000 millones para que atienda sus problemas de liquidez. Unos números que no impidieron que sólo cinco ejecutivos de alto rango accedieran a repartirse 13,3 millones en indemnizaciones.

Los beneficiarios de tan jugosas indemnizaciones son Roberto López Abad, ex director general de la caja y al que todas las fuentes apuntan como primer responsable de su desaguisado; Vicente Soriano, jefe de Recursos Humanos; Joaquín Meseguer, responsable de Participaciones Empresariales; Agustín Llorca, director general adjunto, que abandonó la entidad un día antes de su intervención por el Banco de España, y Gabriel Sagristá, director de la zona Norte.

Los cinco se acogieron al expediente de regulación de empleo (ERE) que puso en marcha la CAM este mismo año después de haber sido los máximos responsables de una gestión que ha llevado a la entidad a una morosidad del 51% con el sector inmobiliario, pérdidas de 1.136 millones en apenas seis meses y una posición de liquidez que obligó al Banco de España a rescatarla.

López Abad se fue con 5,8 millones de euros brutos bajo el brazo. La que fue su sucesora, María Dolores Amorós, que iba a permanecer en la entidad, intentó blindar su futuro pactando con el ex presidente Modesto Crespo una pensión anual de casi 370.000 euros.

Amorós, que ha sido despedida por los administradores del Frob, buscó el beneficio propio, falseó las cuentas y realizó una gestión deficiente mientras ocupó el cargo de directora general. Ése es, al menos, el juicio de los interventores del Banco de España.

La ex directora general de CAM ocultó al consejo de administración de la caja la espectacular subida que experimentó su sueldo nada más acceder al cargo, en noviembre de 2010 (pasó de 350.000 a 593.000 euros al año), así como el resto de jugosos complementos que iban aparejados a su contrato. Varios ex miembros del órgano de gobierno de la entidad, consultados ayer por este diario, coincidieron en que el consejo nunca fue informado del incremento salarial que Amorós pactó con el presidente, Modesto Crespo.

Ni el sueldo de Amorós ni su pensión pasaron por la Comisión de Retribuciones, presidida por el secretario del consejo de administración, José Forner. Esta comisión tiene como misión informar al consejo sobre la política general de retribuciones e incentivos para los miembros de los órganos de gobierno y el personal directivo. Entre sus funciones figura «conocer e informar sobre los criterios generales de retribución de altos directivos» y «conocer e informar sobre el sistema general de incentivos anuales o retribución variable de aplicación al personal de Caja Mediterráneo».

En vista de los acontecimientos, todo este proceso fue obviado. Fue Modesto Crespo quien, haciendo uso de la competencia que le atribuyen los estatutos de la caja, fijó el sueldo de la primera directiva de la CAM, incluso, antes de que la asamblea general de la caja ratificara el nombramiento de Amorós.

Además de subirse el sueldo, a Amorós también le dio tiempo, en su breve estancia en la dirección general, a ascender a su hermana, empleada de la CAM, a la cúpula de la entidad.

El pasado abril, tras la ruptura de la fusión con CajAstur, Amorós rediseñó el equipo directivo y al mismo ascendió a su hermana, Luisa Esperanza Amorós, a quien colocó en la la dirección de Particulares.

Todos estos elementos van a formar parte del expediente administrativo que el Banco de España está elaborando contra el equipo directivo y el consejo de la entidad.

Fuentes financieras apuntan que, además de la vía administrativa, hay suficientes indicios de delitos penales, por lo que el Banco de España optará por, una vez concluido el expediente, elevarlo a la Fiscalía para que inicie la oportuna investigación y depure responsabilidades.

Mientras tanto, continúa el proceso de adjudicación de la caja. Ayer concluyó el plazo para que los interesados presentarán ofertas no vinculantes por una entidad que suma 70.000 millones de euros en activos.

Según fuentes financieras consultadas por este diario, en la lista de ofertantes aparecen el Santander (que acometería la integración a través de Banesto), BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Ibercaja y Barclays. A ese listado se podría sumar algún fondo de inversión, como ya sucedió en el caso de CajaSur, aunque difícilmente el Banco de España se inclinará por entregarles la caja a ellos.

Ahora es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) el que debe analizar las propuestas recibidas. En función de las solicitudes que hayan realizado los interesados, el fondo reformulará las condiciones para quedarse con la entidad. Inicialmente había incluido un esquema de protección de activos para cubrir las pérdidas de los créditos más tóxicos de la caja y ayudas para financiar sus problemas de liquidez.

Muere la catedrática murciana Mª Teresa Pérez Picazo

MURCIA.- Mª Teresa Pérez Picazo,  durante años catedrática de Historia e Instituciones Económicas y  actualmente Profesora Emérita Honoraria de la Universidad de Murcia, en el Departamento de Economía Aplicada (Facultad de Economía y Empresa), ha fallecido hoy a los 76 años tras una larga enfermedad oncológica, según fuentes de la Universidad de Murcia.

Pérez Picazo, gallega de El Ferrol y diputada regional socialista en los ochenta, en 2008 fue condecorada con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y así se convertía en la primera profesora de la Universidad de Murcia que la recibía, tras sus 45 años en la docencia universitaria.


Accedió en Murcia a la Escuela Normal de Magisterio en 1960 como catedrática, con sólo 24 años, y donde su renovada visión de la historia contemporánea española, le valió la apertura de un expediente en la etapa final del franquismo. Luego vino su incorporación en 1982 a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Estuvo en la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA), desde su creación en 1990, y en la Asociación Española de Historia Económica, de la que fue presidenta entre 2005-2008.

Y fue presidenta del IV Congreso Ibérico de la Fundación Nueva Cultura del Agua en 2004 tras colaborar en la redacción del Libro Blanco del Agua.

Su marido, el investigador francés Guy Lemeunier, falleció el pasado año y con él compartió la autoría del libro El proceso de modernización de la Región de Murcia, siglos XIX-XIX. También tiene una Historia de España del siglo XX (Crítica, 1996).

La Universidad de Murcia ha ordenado bajar las banderas de sus edificios a media asta en señal de luto por su fallecimiento.

En el Tanatorio de Jesús (Espinardo), mañana jueves, 29 de septiembre,  a las 11:30 horas, se celebrará una misa funeral, según las mismas fuentes.

Perfil

Licenciada en Geografía e Historia (1957), se doctoró en Historia (1959) por la Universidad de Valencia. Ha sido Catedrática de la E.U. de Magisterio (1960), de Historia e Instituciones Económicas en la Facultad de Economía y Empresa (1986) y Catedrática Emérita desde 2005.

 Entre otros cargos académicos, presidenta de la Asociación Española de Historia Económica (2005- 2008). En 2008 recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo concedida por el Ministerio de Trabajo. 

Su investigación se desarrolla en torno a la historia agraria y la historia económica general, especializándose en historia hidráulica. Investiga la relación entre el crecimiento económico y las estructuras agrarias y la influencia de los problemas medioambientales en la gestión de los regadíos mediterráneos. Colaboró en la redacción del Libro Blanco del Agua y en el Informe sobre el Plan Hidrológico Nacional (Ministerio de Agua y Medio Ambiente, 2001), y ha sido Presidenta del IV Congreso Ibérico de la Fundación Nueva Cultura del Agua (2004). 

Es autora de casi cuarenta artículos publicados en Ayer, Agricultura y Sociedad, Économies et Sociétés, Estudios Geográficos, Estudis d’Història Agrària, Geocrítica, Hacienda Pública Española, Histoire et Sociétés Rurales, Histoire et Mesure, Hispania, Historia Agraria, Investigaciones de Historia Económica, Mèlanges de la Casa de Velázquez, Papeles de Economía Española, Revista de Historia Económica, Revista de Historia Industrial, entre otras revistas especializadas. 

Ha publicado ocho libros, destacan Oligarquía urbana y campesinado en Murcia, 1875-1902 (Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1979); Los mayorazgos en la historia económica de la región murciana. Expansión, crisis y abolición, ss. XVII-XIX (Madrid, MAPA, 1990); Historia de España del siglo XX (Barcelona, Crítica, 1996). En colaboración con Guy Lemeunier, El proceso de modernización de la región murciana, ss. XVI-XIX (Murcia, Editora Regional, 1984); Agua y modo de producción (Barcelona, Crítica, 1990) y L´Espagne au XXe siècle (París, Armand Colin, 1994). 

Ha participado en la Historia de España de Menéndez Pidal (tomo XXX, 1998) y además es coautora en más de cincuenta libros. Ha dirigido nueve tesis doctorales de historia económica y numerosos proyectos de investigación como investigadora responsable. Dirige la revista Areas. Revista de Ciencias Sociales desde su fundación en 1981.

El Banco de España destituye sin indemnización a la directora general de CAM

ALICANTE.- Los interventores del Banco de España han despedido a la directora general de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, según han confirmado hoy fuentes de la entidad, quienes han detallado que es un despido disciplinario y, por tanto, no tiene derecho a indemnización.

   Los gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROP) han adoptado esta medida al considerar que Amorós "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", así como por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".

   María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en noviembre de 2010 y el 10 de agosto de 2011, una vez intervenida la entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus competencias, si bien hasta ahora seguía cobrando su sueldo.

   Esta decisión le fue comunicada formalmente a la interesada este martes, y es efectivo a partir de este miércoles, según las mismas fuentes. Ante esta decisión, Amorós puede presentar un recurso para intentar cobrar la indemnización por despido.

   Según publica este miércoles el diario Expansión, Amorós acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su contrato y pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, lo que elevaría esta cuantía a 369.497 euros anuales.

El Gobierno central aprueba el informe de evaluación de las actuaciones a desarrollar en Lorca

MADRID.- La sexta Comisión Interministerial para el desarrollo de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno con motivo de los graves seísmos de Lorca del pasado 11 de mayo ha aprobado este miércoles el informe de evaluación de dichas actuaciones, realizado en cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado día 13.

   El informe da cuenta del estado de ejecución de las medidas urgentes incluidas en el Real Decreto 6/2011, de 13 de mayo, y de otras actuaciones puestas en marcha con el fin de paliar las graves consecuencias de la catástrofe.

   A causa de los seísmos fallecieron nueve personas, 324 resultaron heridas y miles se vieron desalojadas de sus viviendas. Se produjeron importantes daños en numerosos edificios particulares, en infraestructuras, equipamientos públicos y bienes del patrimonio cultural.

   La magnitud del desastre requirió una respuesta rápida. El Gobierno de España, aprobó sólo 48 horas después el Real Decreto-ley de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados, y a la semana siguiente, entre otros acuerdos, el Real Decreto de 20 de mayo, por el que se concede una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Murcia, para financiar actuaciones de reparación de los daños causados en infraestructuras educativas.

   Una vez superado el primer momento de emergencia, en el que la actuación fue rápida y eficaz, según ha evaluado la Comisión, se iniciaron inmediatamente las tareas de reconstrucción, reparación y ayuda económica, reguladas por el Real Decreto-Ley de 13 de mayo, prestando especial atención a las actuaciones en materia de edificación y vivienda.

   De las 33.000 con que cuenta Lorca, hay 23.855 que sufren algún tipo de daño. Hasta ahora 1.164 viviendas, de las que el 70 por ciento estaban habitadas, han sido ya demolidas y se espera superar las 1.300.

   Hasta el momento se han presentado 13.176 solicitudes de ayuda para reconstrucción o reparación, pero sólo 574 han sido aprobadas por la Comisión Mixta por un importe total de 2,5 millones de euros. El coste total estimado de estas ayudas ascenderá a más de 225millones de euros, importe que será sufragado al 50 por ciento por la AGE.

   También se han solicitado 1.006 ayudas al alquiler por destrucción o daños en la vivienda y sólo 105 expedientes han sido aprobados por la Comisión Mixta por un importe de 628.000 euros, de los que el Gobierno ha abonado ya su parte (314.000 euros). El coste total de estas ayudas se estima en 16,6 millones.

   Para la reposición de enseres se han presentado 160 solicitudes de las que hasta el momento la Comisión Mixta no ha concedido ninguna. El coste total estimado ascenderá a 412.800 euros.

   La comisión interministerial ha constatado en todos estos casos la lentitud con que se está produciendo la tramitación de los expedientes, que han de llegar a la Comisión Mixta desde la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento.

   El Gobierno financiará íntegramente un Programa de construcción de 300 viviendas. Los técnicos ya están trabajando en el estudio de los terrenos que el Ayuntamiento ha propuesto para saber si son aptos para esta construcción. Una vez ceda el Ayuntamiento los terrenos y conceda los permisos necesarios, el Ministerio de Fomento empezará a construir las primeras viviendas.

   Se han establecido también algunos beneficios fiscales, como la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para fincas dañadas -cuya cuantía prevista se acerca a los 11 millones de euros-, la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas de 2011en función del periodo de cese de actividad y la exención de las tasas por baja de vehículos siniestrados. La minoración de ingresos en la hacienda local que estos beneficios fiscales suponen, será compensada con cargo a los presupuestos generales del Estado.

   Por su parte, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido a fecha de 20 de septiembre 28.558 solicitudes de indemnización, de las que ya se han abonado 23.070, cuyo importe asciende a 182.900.000 euros (el 85% del total de solicitudes). El Consorcio tiene como objetivo haber peritado y pagado completamente cuando el presente mes haya terminado, la práctica totalidad de los expedientes registrados hasta el 15 de agosto.

   Finalmente, a más de 16.000 pensionistas de la zona se les anticipó al 1 de junio el abono de la paga extraordinaria (10,7 millones de euros)y  se han resuelto 259 expedientes de diferimiento de cuotas de la Seguridad Social que afectan a 866 trabajadores.

   El Ayuntamiento de Lorca ha presentado 440 solicitudes por importe de más de 23 millones de euros al Ministerio del Interior en concepto de gastos de emergencia realizados por el Consistorio, como trabajos de demoliciones o limpieza. El Gobierno ya ha transferido más de 24 millones al Ayuntamiento por este concepto.

   Además, por consenso de las Comunidades Autónomas, en el mes de julio se adoptó la decisión de destinar a Lorca en este ejercicio 2011 el 25% del presupuesto del Plan Estatal de Mejora de la Competitividad del Comercio. Esto supone destinar un millón y medio de euros de un total de seis millones de euros.  

   Importantes elementos del patrimonio cultural sufrieron desperfectos que están siendo rehabilitados con urgencia para evitar su ruina total. El Ministerio de Fomento, con un presupuesto total de 8.243.148 euros, de los cuales ya han sido ejecutados 2.663.722 euros, está financiando las siguientes obras: Consolidación del Palacio Guevara, restauración de la Muralla de Lorca y del Porche de San Antonio y actuaciones en Iglesia de San Mateo.

   Asimismo, el Ministerio de Cultura está implicado en varias acciones de rehabilitación y consolidación, entre ellas la restauración de piezas del Museo Arqueológico, la rehabilitación de la torre del Espolón y las murallas del Castillo, que suman un total de 4.472.505 euros para el periodo 2011-2013, de los cuales 1.151.000 euros ya han sido ejecutados.

   También se vio dañado el nuevo Parador de Turismo de Lorca, ubicado en el recinto del Castillo. Para su rehabilitación, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha acometido una actuación de emergencia que supondrá un coste de 4.953.869 euros. Las obras estarán finalizadas, previsiblemente, en la Semana Santa de 2012.

   La semana que viene, una delegación de la Comisión viajará a Lorca para estudiar sobre el terreno la situación y las próximas actuaciones.

   La Comisión Interministerial para Lorca está presidida por el Ministro Ramón Jáuregui, y de ella forman parte los Secretarios de Estado de Cooperación Territorial y Vivienda, el Delegado del Gobierno en Murcia y los subsecretarios y otros altos cargos de los Ministerios de Presidencia, Interior, Cultura, Defensa, Fomento, Economía y Hacienda, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Trabajo, Sanidad y Educación.

El Gobierno murciano trabaja en colocar en los mercados unos 600 millones de euros de deuda

MURCIA.- El Gobierno regional trabajará en las próximas semanas en la colocación de los 600 millones de euros de deuda que, aproximadamente, le quedan aún por endosar en los mercados. Se trata de unos 180 millones de euros pendientes de los 200 que el Gobierno central autorizó para el primer tramo de 2011, y los 424 millones que el Estado le autorizó a emitir el pasado viernes, correspondientes al segundo tramo del año.

   El consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, recibió la autorización para emitir este segundo tramo de deuda en la reunión que mantuvo el viernes pasado con el secretario de Estado de Hacienda. Del total de 424 millones de euros autorizados en esta ocasión para el segundo tramo, 319 serán destinados para Sanidad y el resto para la devolución de deuda.

   En rueda de prensa, Marín ha recordado que la Región de Murcia, junto a otras comunidades como Valencia, ha pedido al Gobierno de España que estudie la posibilidad de implantar una estrategia "nacional e integral para la colocación de la deuda de las comunidades autónomas".

   Esto permitiría a las comunidades "ir mucho mejor", ya que no tendrían que competir entre ellas por unos recursos "que son escasos", según el consejero, quien ha precisado que la colocación de la deuda "costaría muchísimo menos, se haría a unas tasas inferiores, y lograría agilizar el montante de liquidez que hay en el sistema".

   Además, implantar esta estrategia unificada para la concesión de deuda permitiría a las autonomías "tener certidumbre" para seguir haciendo sus pagos a los proveedores, según Marín, quien ha recordado que es el Estado el que "genera el 80 por ciento del déficit" total del país.

   En concreto, esta estrategia unificada no consistiría en que  todas las comunidades coloquen la deuda al mismo tiempo. Para Marín, hay fórmulas "suficientes" como, por ejemplo, que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o el Instituto de Crédito Oficial (ICO) hagan una adquisición de la deuda de las comunidades, a un tipo de interés normal.

   Otra posibilidad que baraja el Gobierno murciano es emplear en la compra de la deuda los fondos que de forma obligada se tienen que invertir, como los fondos de la Seguridad Social, que "no están guardados debajo de una losa, sino que se invierten en activos".

   "Si se demuestran que los activos de las comunidades autónomas son importantes, que lo son, a lo mejor el Gobierno central podría tomar la decisión de comprar la deuda de comunidades que tengan una credibilidad importante", ha sugerido el consejero.

   Otra posibilidad es que, a la hora de pedir los eurobonos a nivel europeo, también se incluya la deuda de las comunidades autónomas, ha precisado el consejero.

   Marín presidió este miércoles la reunión con la patronal y los sindicatos mayoritarios para hacer un seguimiento del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013 (PERM), cuya ejecución alcanza los 6.663 millones euros en los primeros cuatro años de ejecución, es decir, entre 2007 y 2010.

   El plan de trabajo del PERM establecía para este periodo una inversión de 3.704 millones de euros, pero la labor para poner "las bases sólidas del desarrollo económico en el periodo más agudo de la crisis ha llevado a una ejecución, a fecha de 31 de diciembre de 2010, del 180 por ciento", según ha añadido.

   En concreto, la inversión enmarcada en el Plan Estratégico que realizó la Comunidad Autónoma en 2010 fue de 1.544 millones. Al respecto el consejero de Economía y Hacienda puntualizó que "hay que seguir invirtiendo, pero de una forma priorizada y más intensa en todo lo relativo a la economía productiva y empleo, buscando sacar valor añadido a lo ya realizado".

   Esta Plan fijaba la obligación de alcanzar en 2013 el 90 por ciento del PIB per cápita de la UE, una tasa de empleo al 70 por ciento de la media europea, una tasa de abandono prematuro de la educación por parte de los adolescentes por debajo del 20 por ciento, y una lista de espera quirúrgica inferior a los 40 días de media, por citar sólo cuatro objetivos concretos

   Por ejemplo, ha dicho que el área de 'Sostenibilidad Territorial y Ambiental' tiene una ejecución del 139,14 por ciento entre 2007 y 2010, lo que supone una inversión realizada de más de 1.000 millones de euros; mientras que el área de 'Sociedad del Conocimiento' tiene una ejecución de 251,51 por ciento y 2.000 millones de euros, la mayor asignación acumulada.

   El eje relativo a la 'Capacidad institucional e Imagen Exterior' alcanza una ejecución de casi 252 millones, es decir, el 211,21 por ciento; y el eje de 'Crecimiento y calidad del Empleo' alcanza los 1.600 millones de euros, es decir, el 152 por ciento; una cantidad similar a la ejecutada en 'Cohesión y Bienestar Social' (ejecución del 178 por ciento).

   De cara a 2012, Marín ha apostado por "incidir en la economía productiva y en el empleo, dada la situación de crisis económica actual, con el apoyo a los proyectos estratégicos de la Región, apoyo a todo lo que supongan los emprendedores en la economía productiva y apoyo a la generación de empleo, todo ello buscando la eficiencia en el gasto público, seguimiento de cada euro gastado.

   Los datos recogidos en el informe debatido en la mesa del Plan Estratégico indican que de los años 2009 y 2010, el primero fue especialmente duro para el conjunto de la economía regional y nacional. Asimismo, Marín expuso en la reunión las expectativas abiertas con el trabajo de colaboración público-privada y el desarrollo y ejecución de los proyectos estratégicos de la Región de Murcia.

   El Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013 es la estrategia de desarrollo de la Comunidad Autónoma plasmada en cinco Objetivos Estratégicos y 25 Objetivos Intermedios. El PERM marca las orientaciones clave que han de seguir, en su actuación, diversas administraciones, organismos e instituciones que operan en la Región de Murcia y sirve de marco general para orientar la actividad de las empresas privadas y demás agentes económicos radicados en la Región.

   Al ser preguntado por la posibilidad de futuros recortes, Marín ha garantizado que el Gobierno regional "solo está trabajando en hacer presupuestos realistas que apuesten por la estabilidad presupuestaria y por la economía productiva, y lo único que va a hacer es ajustar los gastos a los ingresos". Por lo tanto, ha descartado hacer "ningún tipo de recorte".

   El objetivo es "buscar la eficiencia de cada euro gastado", según Marín, quien ha garantizado que el presupuesto de 2012 tendrá "una serie de prioridades, que pasan por apostar por los servicios públicos, como la Sanidad, la Educación y la Política Social, sin olvidar la economía productiva".

   Marín ha insistido en que el presupuesto para 2012 del Estado "está basado en estimaciones e ingresos que siguen siendo muy optimistas", por lo que ha pedido al Gobierno "que saque un Real Decreto Ley ajustándose a esas previsiones, a la situación que se prevén para 2012".

El consejo de Repsol insta a Pemex y Sacyr a dejar sin efecto su acuerdo

MADRID.- El consejo de administración de Repsol ha acordado, tras una reunión de cerca de cinco horas y media de duración, instar a Sacyr y a Pemex a "dejar sin efecto" su acuerdo de sindicación de acciones de la petrolera y ha ratificado su "total confianza" en la gestión tanto del presidente de la compañía, Antonio Brufau, como de la alta dirección.

   Fuentes de Repsol indicaron posteriormente que las decisiones adoptadas no han contado con la unanimidad del consejo, en el que se sientan tres representantes de Sacyr y uno de Pemex, además de otros dos de La Caixa.

   Por su parte, fuentes empresariales indicaron que las decisiones fueron adoptadas con el apoyo de La Caixa y de los consejeros independientes. En representación de la petrolera mexicana acudió su director general y uno de los principales defensores del acuerdo con Sacyr, Juan José Suárez Coppel.

   En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la petrolera indica además que el consejo ha ratificado todas las actuaciones realizadas por los consejeros ejecutivos y la alta dirección en relación con el acuerdo de Sacyr y Pemex.

   También a propósito de este asunto, se han dado instrucciones a los servicios de la compañía para que emprendan las acciones que consideren oportunas para la defensa de los intereses de Repsol y se ha pedido a los consejeros independientes que realicen un análisis sobre los daños y perjuicios que podría provocar el pacto entre Sacyr y Pemex.

   Junto a esto, el consejo ha acordado estudiar una reforma del gobierno corporativo que refuerce tanto las medidas de interés social en caso de conflicto de interés como la independencia del consejo. Para ello, se ha pedido a la comisión de nombramientos y retribuciones que haga un estudio sobre este aspecto y lo presente en futuras reuniones del órgano rector.

   En total, el consejo ha aprobado un total de nueve puntos, entre los que figura la necesidad de "destacar la importancia de perseverar la independencia de Repsol y el desarrollo de su propia estrategia en interés de todos los accionistas", así como el de estudiar una reforma del gobierno corporativo que refuerce tanto las medidas de interés social en caso de conflicto de interés como la independencia del consejo.

   Entre los puntos acordados también figuran un cambio de los artículos 19 y 22 del reglamento del consejo de administración de la petrolera con el objetivo de defender la compañía ante la entrada de competidores en el órgano rector y el daño relacionado con operaciones vinculadas.

   En la nueva redacción del artículo 19 se indica que los consejeros no podrán dedicarse a actividades que entren en competencia con Repsol, salvo que se demuestre que esta circunstancia no causará daño a la empresa.

   Además, este artículo establece ahora que si esta situación de competencia se produce con posterioridad al nombramiento del vocal, este deberá dimitir de forma inmediata. Esta nueva redacción podría obligar al consejero de Pemex a abandonar el órgano rector.

Habrá impugnaciones

Sacyr y Pemex impugnarán los acuerdos adoptados en el consejo de administración de Repsol por considerar que "se ha pretendido quitarles sus derechos y negarles la información más elemental alegando un inexistente conflicto de intereses".

   El grupo de construcción y la petrolera mexicana respondieron así a la decisión del consejo de la compañía que preside Antonio Brufau de instarles a dejar sin efecto su acuerdo de sindicar sus participaciones en la compañía, que suman el 29,8% de su capital.

   Esta medida supone una muestra de que los dos socios ratifican su acuerdo en el accionariado de Repsol y de que tienen intención de mantenerlo, según apuntaron fuentes del sector.

   En un comunicado conjunto, Sacyr y Pemex añaden que "han votado a favor de todas las medidas tendentes a la mejora del gobierno corporativo" de la petrolera para finalmente advertir de que "se reservan todas las acciones legales procedentes".

   Repsol celebró este miércoles la primera reunión de su consejo de administración desde que a finales del pasado mes de agosto Sacyr, primer accionista del grupo con un 20% del capital, y Pemex, que actualmente suma otro 9,8% de la petrolera, anunciaran su acuerdo para sindicar sus acciones de la compañía presidida por Brufau.

   En aquel momento manifestaron su intención de impulsar las medidas necesarias para que Repsol tuviera el valor que consideran le corresponde y para promover la separación entre el puesto de presidente y primer ejecutivo de la compañía, cargos que actualmente recaen ambos en Antonio Brufau.

Presentan en los juzgados un recurso contencioso-administrativo contra el “plan Fuensanta”.

MURCIA.- Representantes de las organizaciones integrantes de la Plataforma en Defensa del Paisaje de la Fuensanta han presentado hoy en los juzgados de Murcia una nueva iniciativa contra el plan aprobado que pretende construir 1.300 viviendas a los pies del santuario de la Patrona de Murcia.

Esta nueva iniciativa consiste en un recurso contencioso-administrativo, lo que supone que la justicia tendrá que decidir sobre la legalidad o no de dicho plan parcial. Desde los colectivos, ya han advertido en varias ocasiones sobre posibles irregularidades que podría contener el plan y que harían inviable que siguiera adelante, y por las que el Ayuntamiento no debería haberlo aprobado.

Algunas de ellas son:

-El plan nunca contó con aprobación inicial, por lo que no se ha sometido a exposición pública.

-Afecta a zonas de campeo de aves protegidas que viven en el parque regional El Valle-Carrascoy, sin haberse realizado estudio de impacto ambiental.

-El listado de propietarios que indican los planos del plan no coincide con un informe oficial de la Gerencia de Urbanismo, que con datos del Catastro certifica que el mayor propietario del plan es el Obispado de Cartagena a través del Cabildo de la Catedral.

-El plan arrasa el mirador más emblemático de Murcia, el de la Fuensanta.

El recuso administrativo, que ha sido el paso previo al recurso contencioso en el juzgado, se presentó en la Gerencia de Urbanismo el 1 de julio de 2011. Según el artículo 117.2 de la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo “El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes”, siendo el silencio administrativo desestimatorio. Una vez producido este silencio ya se debe continuar por la vía judicial.

Por lo tanto, el recurso de HUERMUR ya ha sido contestado por silencio administrativo del Ayuntamiento de Murcia de forma desestimatoria, obligando así a la Plataforma en Defensa del Pasaje de la Fuensanta, donde está integrada Huermur, a continuar por la vía judicial.

Es por todo ello que las entidades integrantes de esta Plataforma van a seguir trabajando desde todos los frentes posibles para que esta actuación no se lleve a cabo, y si los propios promotores y el Ayuntamiento no quieren reconocer su error, tendrá que ser la justicia la que lo haga.

Nuevo conflicto para BMN: ahora es BMW quien le reclama por uso indebido de marca

MADRID.- La alianza financiera liderada por Cajamurcia y Caixa Penedès no termina de encontrar su lugar en el proceloso universo de las marcas y los logotipos. Después de pleitear y perder contra Axa por el uso de la denominación Mare Nostrum, ahora es la financiera de BMW quién está poniendo reparos a la utilización de las siglas BMN, adelanta hoy 'Cinco Días'.

Las dos cajas citadas, junto con Caja Granada y Sa Nostra, se presentaron a los mercados como Banco Mare Nostrum cuando sellaron su alianza. Optaron por esta denominación porque las cuatro entidades originales tienen costa en el Mar Mediterráneo. A los pocos días de hacer público el nombre, comenzaron los problemas. 

El grupo francés Axa les advirtió que no podían utilizar esa marca porque en 1985 había comprado una aseguradora balear que se llamaba exactamente así, Mare Nostrum. Después de tener las espadas en alto, las cajas decidieron dar marcha atrás y optar por una segunda denominación: grupo BMN. Los expertos en marcas que asesoraban a la entidad les recomendaron a renunciar a Mare Nostrum ante la cuantiosa indemnización que tendrían que abonar a Axa por utilizar este nombre.

Superado el primer escollo, ahora es la compañía automovilística alemana BMW quien ha puesto reparos al nombre escogido. La multinacional ofrece servicios financieros en España a través de una filial, con ficha bancaria, que se llama BMW Bank GMBH. 

Al considerar que las siglas BMN pueden confundir a algunos de sus clientes, BMW ha solicitado a la oficina de patentes y marcas que exija el cese de su utilización a Cajamurcia y sus socios.

Pese a todo, fuentes próximas al grupo financiero aseguran que en las últimas semanas se han limado asperezas con BMW y se muestran convencidos de que próximamente podrán alcanzar un acuerdo.