El porcentaje de personas que podrían acceder a la sanidad en España es ligeramente superior a la media (69,8%) de los once países que han participado en el estudio -Suecia, Reino Unido, Holanda, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Grecia y Suiza, además de España-.
"España es uno de los países más favorables" a la hora de prestar asistencia sanitaria a los extranjeros indocumentados, explicó hoy a los medios la presidenta de la ONG en España, Teresa González, tras una rueda de prensa para presentar el estudio.
Sin embargo, González puntualizó que el acceso a la sanidad en España "se complica por los trámites administrativos", ya que los inmigrantes se ven obligados a acreditar que no tienen recursos y, además, a presentar su certificado de empadronamiento.
De este modo, aproximadamente el 30% de los indocumentados "se queda fuera del sistema", lamentó.
No obstante, valoró el "esfuerzo" de determinadas comunidades autónomas para garantizar la asistencia a estas personas y, de este modo, reconocer la realidad a la que se enfrenta una parte de la población.
Murcia, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Andalucía ya han flexibilizado el sistema de obtención de la tarjeta sanitaria, puesto que todas las personas inmigrantes sin permiso de residencia pueden ser titulares de dicho documento sin necesidad de presentar ninguna acreditación administrativa.
La presidenta de la ONG en España puso como ejemplo a la Comunidad Valenciana, donde las autoridades han diseñado una "tarjeta solidaria" que evita tener que acreditar el empadronamiento.
También manifestó su satisfacción por el hecho de que el País Vasco esté estudiando incorporar un sistema por el cual la residencia quedaría demostrada gracias a la confirmación de un vecino del demandante de la tarjeta.
En cualquier caso, los niños y las mujeres embarazadas están exentos de los requisitos administrativos en todas las comunidades autónomas.
De este modo, de los once países de la UE objeto del estudio, España, Bélgica y Francia son los más abiertos a la hora de prestar cuidados sanitarios a los inmigrantes sin papeles.
Frente a ello, los del Norte, concretamente Suecia, Reino Unido y Alemania, son los que menos reconocen el derecho a la asistencia sanitaria, denunció la española.
Así, los inmigrantes sin permiso de residencia en Suecia, incluidos los menores y las mujeres embarazadas, no tienen ningún tipo de acceso gratuito a la sanidad, aunque se encuentren en una situación de urgencia o con una enfermedad infecciosa grave.
En Alemania, las instituciones administrativas públicas, incluidas las que tienen competencia en materia sanitaria, tienen la obligación de denunciar a los inmigrantes sin papeles que acudan a sus centros, lo que evita que se generalice la atención sanitaria.
González defendió que la sanidad "no es un artículo de lujo, es un servicio público y un derecho de todas las personas".
Además, alertó de los riesgos que puede conllevar "poner a la gente más vulnerable fuera del sistema" desde el punto de vista sanitario y, concretamente, alertó sobre las consecuencias epidemiológicas.
"Me preocupa que los Gobiernos no estén aprobando políticas de salud, sino de control migratorio", dijo.
El informe refleja que la mayoría de los inmigrantes llega a la UE por razones económicas (56%), mientras que tan sólo un 6% lo hace por razones sanitarias.
Por ello, la responsable de Médicos del Mundo abogó por desterrar la idea de la "inmigración sanitaria", aunque reconoció que es un mito que "se está alimentando".
"No me imagino a un maliense cruzando el estrecho en patera para hacerse tratar una enfermedad", dijo.
En su opinión, existe un turismo sanitario, pero protagonizado por personas de países ricos y fríos, como Alemania o Reino Unido, que buscan "un mejor sistema de salud y un clima más cálido".
Por ello, el estudio concluye que los indocumentados "no han venido para aprovecharse del sistema social y sanitario europeo ni para recibir tratamientos médicos".
Finalmente, la ONG demanda la protección del secreto médico y la prohibición de denunciar a las personas sin permiso de residencia cuando estas sean recibidas en consulta.
También solicita que el Parlamento Europeo apruebe una resolución para "reafirmar la necesidad de igualdad en el acceso a la atención médica" y la concesión del permiso de residencia para los indocumentados que sufran enfermedades de gravedad.