ALMERÍA.- Cuando la Audiencia Provincial de Murcia declaró inicialmente
caducada la instrucción judicial sobre el fiasco económico de la
desaladora de Escombreras, todo el mundo pensó que el ex presidente
regional, Ramón Luis Valcarcel (PP), se quedaba fuera una vez más y se
libraba por la campana de depurar su responsabilidad penal.
Pero los tenaces abogados Diego de Ramón y
José Luis Mazón acordaron dar curso a una denuncia nueva contra el
mandamás del PPRM, que finalmente ha acabado prosperando y que lo va a
sentar en el banquillo como reo.
El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano,
"a regañadientes", siguió la nueva denuncia de estos dos letrados, según
fuentes de ambos bufetes de prestigio en Murcia y Madrid
respectivamente.
No obstante en medios demócratas murcianos no
impera mucha confianza en la Justicia local en este caso, dados los
lazos de intereses (¿favores cruzados?) entre algunos jueces y
magistrados con políticos de muchos años en el poder regional, tras la
colocación de familiares en las consejerías.
Sólo en el ámbito murciano de la jurisdicción de lo contencioso no prospera casi ningún procedimiento de particulares
contra decisiones administrativas de la Comunidad Autónoma de Murcia,
según estadística contrastada. Lo que da muchas pistas sobre lo
anterior.
No obstante, desde ambientes de la abogacía
local se piensa que siempre habrá más altas instancias que la judiciales
murcianas y que la denuncia tiene recorrido procesal, inquietante para
Valcárcel.
"El agua urgente por situación de emergencia se convirtió en
innecesaria para consumo humano y ése fue el final al agua desalada en
la planta de Escombreras, según el fiscal del Caso Desaladora y que recoge la Cadena SER.
Esta inversión millonaria que sigue lastrando las arcas públicas del
gobierno regional murciano se dedicó así a producir un agua que "acabó
destinándose al riego agrícola de forma lenta y totalmente innecesaria".
Y todo ello a pesar del empeño de salvar esta infraestructura de la "ruina inevitable" a la que parecía abocada.
El fiscal relata el empeño por parte de Ramón Luís Valcárcel y su
consejero de Agricultura y Agua, el alicantino Antonio Cerdá, para
alcanzar acuerdos con buen número de ayuntamientos de la Región de
Murcia, la gran mayoría de ellos del PP, y para que se comprometieran a
adquirir el agua de esa desaladora.
El problema, como sostiene el fiscal Lozano, es que esos recursos
hídricos no se podían suministrar porque ni había capacidad para
producirlos ni redes para hacerlos llegar a esas localidades.
A la Fiscalía se remitieron, entre otros documentos, las conclusiones
de la Comisión de Investigación que se llevó a cabo sobre la desaladora
de Escombreras en la Asamblea Regional de Murcia.
En las comparecencias que se llevaron a cabo, el ex presidente y
sucesor inmediato de Valcárcel, el inesperado Alberto Garre, habló de
"entramado" de empresas y lo calificó de "galimatías".
Detrás de ese entramado, había unas condiciones "leoninas" que, según Garre, él nunca habría aceptado.
Lo que dice el fiscal sobre ese entramado, que tiene como núcleo
central las negociaciones entre el EPA (Ente Público del Agua, un órgano
público de nueva creación) y la empresa privada Hydromanagement, es que fue "una operativa concatenada y sincronizada".
Detrás de cada uno de los hitos que se fueron alcanzando para
construir y gestionar la desaladora, se encontraba Ramón Luís Valcárcel y
su consejero Antonio Cerdá, con la única finalidad de que el proyecto
escapara al control de los Servicios de Intervención, Servicios
Jurídicos y Servicios Técnicos de la Comunidad Autónoma, según recoge la
Cadena SER.
A ambos los señala por actuar con el ánimo "de favorecer la obtención
irreal de informes favorables de disponibilidad de recursos hídricos
para futuros proyectos urbanísticos y crecimientos de los PGOU en
tramitación, y sustituir y soslayar los informes preceptivos de la CHS y
justificar así la ilícita operativa diseñada, sabiendo la inevitable
ruina económica y de los sobrecostes que implicaba".
El medio empleado para la adquisición de la desaladora por parte de
la Comunidad Autónoma de Murcia "incrementaba notablemente los gastos
públicos con desprecio del buen uso de los caudales públicos" y lo que
se pretendía era crear "un mecanismo de obtención de agua y de informes
de disponibilidad de recursos hídricos para imponer su voluntad de
favorecer el crecimiento urbanístico y económico de distintos
municipios".
El problema de esta "arbitraria estrategia" es que era imposible
suministrar dicha agua "supuestamente garantizada". ¿Y a quién se podía
vender ese agua? A los ayuntamientos, en un momento de expansión
urbanística que acabó con el pinchazo de la burbuja y en el que el
gobierno regional tensionaba también sus relaciones con el ejecutivo
central del PSOE con el Plan A.G.U.A. como centro de la controversia.
Entre noviembre y diciembre de 2005, se firmaron convenios del EPA
con los Ayuntamientos de Alcantarilla, Fuente Álamo, Torres de Cotillas,
Librilla, Mazarrón, Molina de Segura, Puerto Lumbreras, San Javier,
Totana y Torre Pacheco.
Lo que se pretendía con ello era dar apariencia de viabilidad a la
desaladora "aunque los convenios se firmaran por una mayor capacidad de
agua de la que era capaz de producir la planta desaladora y con
municipios a los que no alcanzaba la red de distribución".
Los municipios enumerados por el fiscal tienen en común que entonces
se encontraban gobernados por el PP. La mayoría de los ayuntamientos que
alcanzaron estos acuerdos, unos 26 en total, estaban gobernados por los
populares, precisa también el escrito de acusación. Sólo tres de ellos contaban con redes de distribución para recibir esta agua.
El fiscal dice que "era una burda escenificación auspiciada por el
acusado (Valcárcel) al ser en realidad "puro humo", y era el modo de
pretender simular una posible viabilidad financiera de la desaladora
adquirida, a sabiendas de que el pretendido "coste cero" era imposible
en origen".
Al EPA le correspondía, en función a estos convenios, elaborar los
informes de disponibilidad de recursos hídricos para los nuevos
desarrollos urbanos.
El primero de ellos fue el que se aprobó para el proyecto 'Condado de Alhama', de Polaris World, y lo considera el fiscal "mendaz" debido a la "inexistencia de disponibilidad de agua alguna".
"Esa falsa disponibilidad de agua bajo la excusa de afirmar su
existencia por el EPA, en aras de poder aprobar un proyecto urbanístico,
reflejaba la verdadera intencionalidad ilícita que escondía la voluntad
del proyecto auspiciado por el acusado".
Tras enumerar también el proceso de contratos y acuerdos (algunos de
muy dudosa legalidad, según el fiscal) por los que la Comunidad Autónoma
también asumía los posibles sobrecostes y deudas que generara el
proyecto, dice la acusación del Ministerio Fiscal que se aceptó la
operación "a sabiendas de la inevitable ruina del proyecto al no
preverse la financiación de las redes de suministro a los ayuntamientos
conveniados con el EPA".
Esa ruina era inevitable ya que el modelo de viabilidad del proyecto
estaba hecho "con desprecio y ausencia patente del mínimo análisis
riguroso de las verdaderas necesidades hídricas de los municipios de
Murcia".
Durante el tiempo que se tardó en poner en marcha esta desaladora al
amparo de una presunta "emergencia hídrica", enumera el escrito del
Ministerio Fiscal, todas y cada una de las nuevas desaladoras y
ampliaciones que llevaron a cabo en ese periodo por el Gobierno Central:
en Alicante, en San Pedro del Pinatar, en Valdelentisco...
"La emergencia hídrica de los ayuntamientos nunca se llegó a
satisfacer por el EPA ni podría hacerse por la inexistencia de redes de
suministro y, sólo desde el año 2009, comenzó a suministrarse agua por
la desaladora de Escombreras a Cartagena, y en el 2011, a Murcia y Torre
Pacheco".
Este escrito es el que sostiene la acusación con el que la jueza de
Instrucción nº 1 de Murcia, Concepción Monerri Guillén, ha decretado la apertura
de juicio oral contra el ex presidente de la Región de Murcia, Ramón
Luís Valcárcel, por los presuntos delitos de prevaricación continuada,
fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras.
También se le pide a Valcárcel una fianza de 74 millones de euros,
para lo que se ha tenido en cuenta el perjuicio económico causado a las
arcas públicas.
La Audiencia Provincial tumbó un sobreseimiento de la jueza instructora por un recurso del fiscal
De las declaraciones de los testigos y de
otros investigados, entre ellos antiguos altos cargos y funcionarios de
la Administración regional murciana, se desprende un papel primordial
del expresidente Valcárcel para que la desaladora de Escombreras pudiera
salir adelante.
En cuanto a las pruebas documentales, correos
electrónicos desvelan supuestas reuniones en San Esteban directamente
relacionadas con los entresijos de esta infraestructura.
En una declaración en sede judicial el 19 de
junio de 2020, Ramón Luis Valcárcel (quien todavía ostenta la
presidencia de honor del Partido Popular de la Región de Murcia) «aceptó
un conocimiento significativo de lo sucedido con la desaladora a partir
de momentos temporales muy concretos y ciertas consecuencias negativas
para la Comunidad Autónoma».
A lo largo de la instrucción, han aparecido
indicios de que Valcárcel cooperó de forma relevante en esta trama, «con
la adopción de acuerdos en el seno del Consejo de Gobierno presidido
por él mismo, que si bien en sí podrían no ser ilegales, iban
permitiendo la operativa desde el principio diseñada».
Eso abre la puerta a que se haya imputado al
exjefe del Ejecutivo murciano una actuación omisiva, «pues, estando en
posición de garante, mantuvo una actuación pasiva durante muchos años
ante el proyecto de adquirir una desaladora con inversiones millonarias,
comprometiendo el patrimonio de la Comunidad, pese a la posibilidad de
haber intervenido de modo directo por su posición de dominio del hecho».
La Audiencia Provincial de Murcia, a finales de marzo de 2022, en una resolución en la que, ante un recurso del fiscal,
tumbaba el auto de sobreseimiento
de las acusaciones contra Ramón Luis Valcárcel dictado inicialmente por
la jueza instructora, y remarcaba que el expresidente «conocía y sabía
bastante» de los pasos dados en el desarrollo del proyecto de la
desaladora de Escombreras.
